ELMUNDO* : El fiscal antimobbing inmobiliario de Barcelona, Fernando Rodríguez Rey, ha presentado una querella contra siete personas que trabajaban en cinco sociedades a las que acusa de haber acosado a los inquilinos de 166 pisos de Barcelona -todos ellos situados en el barrio del Raval- con graves artimañas para hacer insoportable su vida y conseguir que abandonasen sus viviendas, "afectando de forma grave a su libertad y seguridad". Se trataba en su mayoría de personas "vulnerables por su edad, poca formación y escasos recursos económicos".
En su escrito, el fiscal se refiere a 10 edificios de esta zona, propiedad de las empresas Quoty List, Ulist y London Homes; y cuya administración corría a cargo de las otras dos sociedades investigadas, Vermicela y Flountrade. Todas ellas, gestionadas por los hermanos Salvador B.V. y Miguel B.V., y en las que trabajaban José María S.S., Antonio M.A., Joaquín M.C., José G.C. y José Antonio G.V, contra los que dirige la querella.
Se les acusa de crear una trama empresarial dedicada no sólo a torturar a los vecinos eludiendo hacer obras en las fincas, sino también de coaccionarles contratando a falsos funcionarios del Ayuntamiento. También pesa sobre ellos el presunto blanqueo de fondos ilícitos obtenidos por el alquiler de los pisos que controlaban a proxenetas y prostitutas del Raval, a los que introducían en las finca, logrando crear un "ambiente hostil" en las escaleras.
La investigación comenzó en el momento en el que culminó una macrorredada antiprostitución y contra el tráfico de personas que tuvo lugar en este barrio de Barcelona en año pasado. A partir de entonces, la Fiscalía se centró en "esclarecer el entramado económico y mercantil que sustentaba tal supuesta red organizada". Las fincas víctimas de estos acosos son el número 12 de la calle Lancaster, el 41 de Ferlandina, el 27 de Valldonzella, el 6 de Vistalegre, el 9 de Corretger, el 8 de Cardona, el 14 de Metges, el 51 de Besalú, el 28 de Lluna y el 33 de Robadors.
El fiscal ha analizado la trama y debido a "la intensidad y reiteración de las conductas desarrolladas y a los concretos medios empleados", considera que se ha cometido un delito de mobbing a gran escala. Los querellados, según su relato, compraron los 166 inmuebles de los 10 edificios, en gran parte ocupados por inquilinos de renta antigua, de bajos alquileres. Una vez adquiridas las fincas, dice que el objetivo de este entramado de empresas fue "intentar desalojar por todos los medios a estos inquilinos" que, por ser de renta antigua, proporcionan a la propiedad un rendimiento económico inferior a los precios actuales del mercado.
Entre las estrategias utilizadas para el desalojo destaca "presiones y engaños" a los alquilados para hacerles creer que existía una obligación de sustituir los anteriores contratos de arrendamiento por otros nuevos con aumento de renta, e incluso "enviaban a personas que simulaban ser funcionarios del Ayuntamiento que les inducían a aceptar las propuestas de la propiedad". También creaban "desconcierto e incertidumbre" en los inquilinos sobre dónde y cómo realizar el pago de la renta, y provocar un "aparente impago de la misma en la que sustentar acciones de desahucio". Para ello, "han aparentado ante los inquilinos una inexistente disputa, incluso judicial, en torno a la titularidad de las fincas".
Empleaban, también, "expresiones verbales amenazantes y actitudes coactivas dirigidas personalmente contra los inquilinos directamente por los querellados o a través de terceras personas por su encargo"; y cometían "omisiones graves e intencionadas" de los deberes legales de conservación, reparación y mantenimiento de los inmuebles. Les cortaban la luz y el agua, creando "un ambiente hostil e inadecuado para el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda", y encima introducían en los inmuebles a "personas que desarrollaban actividades claramente molestas y perjudiciales" para el resto de los inquilinos, como son la "prostitución, sobreocupación, pensiones ilegales, supuesto tráfico de drogas", según el fiscal.
Los investigadores dieron con la trama a raíz de la declaración de una de las personas que trabajaba en esta red, que explicó que Miguel B.V. alquilaba preferentemente a rumanos para que en los pisos se ejerciera la prostitución, ya que entonces pasaba de cobrar 650 euros mensuales a cantidades que oscilaban entre los 1.200 y los 1.500 euros.
* El Mundo - Xiana Siccardi - 7.03.09
Foto: Número 28 de la calle Lluna del Raval, uno de los sometidos a coacciones | C. Maury, elmundo.es
Ofensiva de la Fiscalía contra el 'mobbing' salvaje en viviendas del Raval
La justicia investiga el urbanismo de 18 de los 29 alcaldes de la Axarquía
ELPAÍS/Málaga* : El descontrol urbanístico de La Axarquía sobrecarga el trabajo de los juzgados de la provincia de Málaga. La desmesurada construcción de viviendas en suelos rústicos no urbanizables en la comarca y las numerosas denuncias al respecto formuladas en los últimos años han deparado la apertura ya de un buen cúmulo de procedimientos judiciales.
Las investigaciones abiertas por la Fiscalía o por los distintos juzgados de la provincia de Málaga afectan al menos a 18 de los 29 municipios de la comarca en no menos de 70 diligencias por presuntos delitos contra la ordenación del territorio.
El grueso de los casos de momento está pendiente del pronunciamiento de la Fiscalía sobre si procede o no la apertura de una causa judicial.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, informó anteayer de que los inspectores de Urbanismo autonómicos han emitido en los últimos dos años 62 informes a requerimiento de jueces y fiscales.
Además, por propia iniciativa, la Dirección General de Inspección Urbanística ha formulado siete denuncias en Fiscalía.
Los municipios que han sido objeto de alguna pesquisa judicial por irregularidades urbanísticas son Alcaucín, Alfarnate, Arenas, Benamargosa, Benamocarra, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Algarrobo, Cómpeta, Macharaviaya, Periana, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Torrox, Vélez Málaga y Viñuela. La mayoría de estos municipios están gobernados por el PSOE (12), que es hegemómico en la comarca; tres por el PA, dos por el PP y uno por IU; aunque ése es el mapa actual, en algunos de ellos ha habido alternativas a lo largo de los años.
Pese a que la construcción de viviendas en suelo no urbanizable
es un fenómeno común en la comarca, las irregularidades con alcance judicial no se reparten en todos por igual. Alcaucín, Viñuela y Cómpeta son los municipios que más han requerido la atención de la Fiscalía y que tienen procedimientos judiciales más avanzados.
La Junta estimó hace cinco años que en la comarca existen unas 10.000 viviendas en suelo rústico, cifra que el Gabinete de estudios de la Naturaleza de La Axarquía (Gena) eleva a 21.000 en el conjunto de los 29 municipios de ámbito del Plan de Ordenación del Territorio (POT) más Rincón de la Victoria y Totalán.
Según este censo, tras Vélez Málaga y Torrox, ciudades con un término municipal mucho más grande que ocupan también costa, Alcaucín y Cómpeta son los dos municipios con más casas en situación irregular (1.420 y 1.392, respectivamente).
De momento la única condena por prevaricación urbanística en La Axarquía es para un alcalde del PP, Leovigildo López, que ha sido regidor de los dos municipios gobernados por esta formación que figuran en la lista de los investigados: Canillas de Albaida y Cómpeta. Cuando ya había abandonado la política, en marzo de 2008, fue condenado a siete años de inhabilitación por haber dado una licencia en 2001 en suelo no urbanizable en Cómpeta.
Éste es el municipio sobre el que más informes han requerido los órganos judiciales a los inspectores de Urbanismo, 14 de los 62 realizados en la comarca, según los datos facilitados el jueves por Juan espadas.
Con más de medio centenar de impugnaciones de licencias, el nuevo alcalde de Cómpeta, José Luis Torres, que hasta 2007 fue su párroco, ha sido uno de los primeros ediles de la comarca que solicitó a la Junta acogerse al plan de inspección para poner en orden su urbanismo.
El alcalde de Viñuela, Juan Millán (PSOE), será juzgado en breve por dar tres licencias en suelo no urbanizable por las que el ministerio público le solicita un año y medio de prisión.
Millán se enfrentó a la Junta en octubre de 2007 al dar por aprobado por silencio administrativo un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que contemplaba un crecimiento muy superior al permitido por la normativa autonómica.
El alcalde ignoró que el trámite había sido suspendido por una resolución de la Junta, que impugnó la aprobación del plan en lo contencioso.
Pero el alcalde de Viñuela tiene ahora en su haber haber sido el primer munícipe de La Axarquía en ordenar el derribo de una construcción ilegal. También colabora con la Junta en el plan de revisión.
Mención aparte es el caso de Alcaucín, cuyo alcalde José Manuel Martín Alba, ha traspasado con su actuación el ámbito del ordenamiento urbanístico y ha protagonizado el primer caso de corrupción.
Martín Alba, que dimitió la noche del martes poco antes de ingresar en prisión, está acusado de haber cobrado comisiones a cambio de recalificaciones y licencias de obras en el municipio. Antes de destaparse este caso por el que han sido detenidas otras 12 personas en la operación Arcos, los juzgados ya instruían alguna causa por prevaricación urbanística contra Martín Alba. Los inspectores de Urbanismo han redactado seis informes sobre el municipio a requerimiento judicial.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 07/03/2009
Foto: axarquia.com
