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EFE/LasPalmas* : La Guardia Civil ha detenido esta mañana a dos antiguos alcaldes del municipio grancanario de Santa Brígida, Carmelo Vega y Antonio Díaz (ambos del Partido Popular), por un presunto caso de corrupción. También han sido arrestados el ex primer teniente de alcalde Luis Troya (que en alguna ocasión fue regidor accidental), también del PP, y tres técnicos municipales -Santiago y Antonio Hernández Ávarez y Antonio Ventura Rodríguez-.
Fuentes de la investigación sospechan que los imputados contrataban los servicios de empresas en las que ellos mismos tenían intereses. Han sido detenidos por irregularidades urbanísticas que implican seis delitos (fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, falsificación documental, prevaricación, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios público), cometidos durante su gestión al frente del Ayuntamiento de la localidad canaria (de 20.000 habitantes) a partir de 2003.
Vega y Díaz siguen siendo concejales del grupo mixto del ayuntamiento, que ahora gobierna el PP en alianza con Los Verdes. Fue precisamente esta última formación la que denunció las supuestas irregularidades en Ayuntamiento a la Audiencia de Cuentas durante el mandato de Vega, que comenzó en 2003.
A Vega le sustituyó al frente de la alcaldía Díaz. Luego sería edil accidental Troya, que además era concejal de Urbanismo (en la anterior legislatura lo había sido de Vías y Obras; a las elecciones de 2003 se presentó como candidato de Coalición Canaria, pero luego se afilió al PP).
Desde hace más de un año, el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria investigaba el caso tras una denuncia de varios concejales. El pasado 20 de junio, la Guardia Civil registró el consistorio por orden del juez ante la negativa del Ayuntamiento a remitir unos documentos.
Sin embargo, la denuncia ante la Audiencia de Cuentas, presentada con anterioridad, no había prosperado. Los técnicos de tribunal tramitaron la documentación que ilustraba las presuntas irregularidades, pero el presidente, Rafael Medina Jaber, y el resto de consejeros no lo transmitieron a la vía penal.
La cuarta macrooperación
Las detenciones efectuadas hoy en el municipio grancanario de Santa Brígida forman parte de la denominada operación Brisán, la cuarta operación contra la corrupción municipal en la isla después de que en marzo de 2006 se destapara el caso Faycán en Telde.La primera fue la operación Faycán, que arrancó el 1 de marzo de 2006, contra una supuesta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales por parte del Ayuntamiento de Telde, el tercer municipio más poblado de Gran Canaria, con 97.525 habitantes.Entre los casi cuarenta imputados en esta operación figuran el que fuera alcalde del municipio, Francisco Valido (PP), que tuvo que dimitir por su implicación en el caso, varios concejales de su partido, empresarios y empleados municipales.El ex alcalde Francisco Valido, así como otros cinco concejales del PP renunciaron a sus cargos el 24 de noviembre del año pasado.A Faycán le siguió, en enero de 2007, la operación "Góndola", desarrollada en el municipio grancanario de Mogán, uno de los núcleos turísticos más importantes de la isla que tiene 16.569 habitantes.Tras "Góndola", este verano una nueva operación anticorrupción llamada Paraíso y desarrollada en el principal municipio turístico de la isla, San Bartolomé de Tirajana, con casi 48.000 habitantes, provocó nuevas detenciones de ediles.
* ELPAIS.com - Las Palmas de Gran Canaria - 23/10/2007
Foto: Santa Brígida (gran Canaria), ayuntamiento - A.Medina, EFE
Detenidos por corrupción dos ex alcaldes del municipio grancanario de Santa Brígida
Madrid encabeza la lista de las comunidades más contaminantes
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MDO/EUROPAPRESS* : Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas más contaminantes, al consumir y generar una contaminación de casi veinte veces (19,9) la capacidad de recarga de los recursos naturales (biocapacidad) de su territorio, mientras que la tasa global de España es de 2,6 veces. Así se desprende del informe 'La huella ecológica como elemento de valoración integrada de la sostenibilidad del desarrollo', que ha sido presentado este lunes por el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, durante la inauguración de un seminario, organizado por la Fundación Biodiversidad.
El informe, primero de estas características que se realiza en España, ha sido elaborado por un equipo de expertos, según ha explicado la presidenta de esa Fundación, María Artola.
La huella ecológica, cuyos primeros cálculos datan de finales de los años 90, es un indicador de carácter global que fija la superficie (en hectáreas) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población determinada.
Este indicador en España en el año 2005 era de 6,4, lo que significa que cada español necesita 6,4 hectáreas para que produzca todo lo que consume y pueda integrar en la naturaleza la contaminación que genera.
El informe determina también la biocapacidad (capacidad de carga) del territorio, que en el caso de España es de 2,43, por lo que la relación huella/biocapacidad es de 2,6.
Este valor, aunque elevado, es inferior, no obstante, al de otros países como Estados Unidos (9,7) o Japón (4,7), e incluso a la media europea (4,7).
Para ilustrar todos estos datos Serrano utilizó el símil de un vehículo que se conduce por encima de la línea roja de sus revoluciones, lo que a nivel mundial significa que se está utilizando el planeta "con una sobre-revolución".
Lo más preocupante, según el director general, es que los incrementos en la huella ecológica son "tremendamente elevados" y en algunos países los niveles son "absolutamente inaceptables".
La tala de bosques, el agua potable y las emisiones de CO2 asociadas al consumo energético son las principales razones de esa insostenibilidad.
En cuanto a la distribución regional de la huella ecológica, los niveles más altos se registran en las comunidades autónomas con fuertes procesos de urbanización y las que siguen teniendo suelos potencialmente urbanizables.
Así, la Comunidad de Madrid encabeza la clasificación, ya que consume y genera una contaminación de casi veinte veces (19,9) la biocapacidad de su territorio, seguida de Canarias (10,4) y Comunidad Valenciana (7,2), además de Ceuta (41,9) y Melilla (38,7).
Por el contrario, las regiones mejor situadas desde el punto de vista de la sostenibilidad son Castilla y León (0,7) y Castilla-La Mancha y Extremadura (0,8 en ambos casos), por lo que tienen biocapacidad excedentaria.
Serrano aseguró que España está creciendo a una renta per cápita superior a la media de la Unión Europea, mientras que desde una perspectiva medioambiental aún se está lejos de converger.
Explico, asimismo, que la huella ecológica va a seguir aumentando de manera significativa de aquí al año 2020, de tal forma que con las políticas puestas en marcha y suponiendo que se cumplan el 80 por ciento de los objetivos, ese valor permanecerá constante pero no mejorará respecto a los niveles de 2004.
* Madridiario - 22 de Octubre de 2007
Foto: Madrid, contaminación M-40 - J.París (20minutos.es)
La Isla de La Toja enladrillada hasta el exceso
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ELPAÍS* : La Illa da Toxa (Isla de la Toja) en Pontevedra, frente a O Grove, paraíso del marisco, se está convirtiendo en una pura urbanización. La parte norte de esta isla está ocupada por un hotel de lujo y un campo de golf. La isla está dividida en su centro por una carretera que te lleva al balneario y a otro hotel, aparte de a un área comercial, mejor dicho, a dos, todo en la parte sur. Pues bien, toda la parte sur de la isla es una gran urbanización.
Estas viviendas que se ven en la foto han llegado al mismo balneario, ya no se puede construir más; está el mar.
* ELPAIS.com - Yo Periodista - RAFAEL GORGOJO - La Toja (Galicia) - 19/10/2007
Foto: La Toja - elpais.com
Notas para el debate sobre la vivienda
ANÍBAL BAGAUDA* : Una vez que el tándem Zapatero-Chacón presentó públicamente su “plan estrella” sobre vivienda, gran parte del debate ha girado en torno a si éste es (y/o en qué medida) copia del establecido en 2004 siendo Trujillo ministra del ramo. Esa falsa discusión no hace sino obviar el meollo del asunto y dificultar la observación del hecho de que dichas medidas dejan intacto el fondo del problema, ya que éste no es superestructural, que se pueda arreglar con dos o tres leyes o con un paquete de disposiciones, sino estructural, que exige un cambio de raíz de la política de vivienda, junto con el de política fiscal, presupuestaria y económica, cambio que sería inasumible por el Régimen dada su naturaleza.
Veamos. Las estrellas del plan que dicen lucir más son:
a) ayuda de 210 euros a jóvenes de entre 22 y 30 años con unos ingresos máximos de 22.000 euros y durante un máximo de 4 años;
b) deducción de un 10.05 % en la cuota estatal del IRPF para el inquilino arrendatario, sin límite de edad, con unos ingresos máximos de 24.000 euros netos;
c) deducción fiscal para los propietarios de pisos que los pongan en alquiler a menores de 35 años: 100 % de exención para los ingresos obtenidos por ello.
Las tres medidas tienen como objetivo, apunta el Ministerio, promover el alquiler. Las dos primeras actúan sobre el inquilino; la tercera sobre el propietario.
Habría mucho que comentar, mas el objeto de estas notas es centrarse en lo que creemos esencial. Lo primero que se pone en evidencia es que si van a dar ayudas, bien directas (“a”), bien indirectas (“b”), es porque el alquiler va a seguir estando alto (el alquiler medio, ahora, es de 720 euros/mes).
Es más, las ayudas directas posiblemente lo encarezcan (todos sabemos lo que pasa en un pueblo o ciudad cuando toca la lotería), lo que resulta harto jugoso para los propietarios, que a su vez, hemos visto, van a tener exenciones fiscales. No sólo se siguen enriqueciéndose los mismos a costa de las clases populares sino que lo harán en mayor cuantía, y esto a costa del erario público (se calcula que sólo la primera medida citada supondrá unos 68.385 millones de pesetas).
En modo alguno, por lo tanto, cumple el objetivo señalado y sí el de fomentar la especulación de grandes y pequeños propietarios. Fomentar realmente el alquiler implicaría muy especialmente crear un potente parque público de viviendas alquilándolas la administración a unos precios asequibles para las familias trabajadoras, nunca superiores al 15-20 % de su salario, lo que atacaría directamente a la especulación. Tampoco podemos olvidar que hay en España 3 millones de viviendas vacías y otros 3 millones semivacías. La vivienda como bien y servicio público, que debiera ser, exige que todo este parque inmobiliario se ponga a disposición de los ciudadanos y para ello debe hacerse lo contrario de lo que se quiere: gravar todas esas viviendas, de forma que la carga impositiva sea mayor cuanto mayor sea el número de viviendas vacías en posesión.
Ayer anunciaban los medios de comunicación (¿?) que el Euribor sube en septiembre al 4.72 %. Y con él, de nuevo, las letras a pagar por las hipotecas. ¿Este “plan estrella” va a impedir esto? ¿Va a solucionar el endeudamiento generalizado de los ciudadanos (88 % del PIB); va a romper las cadenas que nos atan a los bancos? ¿Se va a impedir que la gran burguesía haga recaer la crisis financiera en ciernes, que ya actúa sobre ese Euribor (1), sobre las espaldas de los trabajadores? La respuesta a las tres cuestiones es que no.
Ahora bien, ¿podría el Ejecutivo de Zapatero dar solución a estos problemas? La respuesta sigue siendo negativa. Y lo es porque con nuestro endeudamiento los bancos ganan mucho dinero y ya sabemos lo amigos que son los señores Botín (nunca mejor nombre para un usurero) y el talentoso Zapatero; porque el modelo económico asentado por los distintos gobiernos de la Monarquía es altamente especulativo y no productivo lo que le hace más sensible a esta crisis, producto del sistema capitalista, que deja sentir ya sus efectos sobre el aumento del Euribor; porque “Es una crisis avivada y consentida por los bancos centrales” “Y es una crisis de las que podrían evitarse con otras políticas y con otros objetivos sociales” (2). Estas otras políticas y objetivos sociales pasan por que la vivienda sea de hecho un bien social y por la intervención sin complejos de la administración en la economía, de manera que tenga un importante control sobre los medios de producción en lo que a viviendas se refiere: disposición y control, en primer lugar, del suelo (3) y de toda suerte de infraestructuras, entre ellas de empresas públicas de vivienda, que permitan construir, por ejemplo, el parque de viviendas en alquiler mencionado arriba. Pasa también por hacer del Banco de España y, en general, de la banca unos servidores de los ciudadanos y no al revés como se viene haciendo.
Se entenderá fácilmente que este tipo de políticas no caben en el angosto Régimen monárquico.
El problema, pues, persiste (pero claro, hay que hacer gestos populistas; lanzar medidas electoralistas). Con el plan estrella la vivienda sigue siendo una mercancía con la que obtener plusvalías. Mientras la vivienda, bien en compra, bien en alquiler, esté sometida al mercado, a la ganancia rápida, a la especulación inmobiliaria (promovida por las distintas administraciones, constructoras y bancos), que se enseñorea por las tierras de España, este problema crónico de nuestra sociedad tendrá difícil solución. No olvidemos tampoco la corrupción, consubstancial a aquélla, que como cáncer tiene metástasis por todos los territorios del Estado (4). ¿La erradicará el plan de la ministra?
Ya para terminar traemos aquí el anuncio de la señora Chacón de un segundo paquete de medidas encaminadas a desahuciar a los inquilinos morosos, que aparte de injustas (una resolución, a sabiendas, de manifiesta injusticia por parte de empleados públicos el diccionario lo define como prevaricación), pues la morosidad no es, en general, una cuestión subjetiva de impago voluntario para fastidiar al propietario sino una cuestión objetiva de falta de poder adquisitivo, supondrán una burocratización mayor de la administración con los costes de ello derivados. Este desahucio, por lo expuesto hasta aquí, sería bien recibido por nuestra parte si recayera sobre los inquilinos de la Zarzuela, de la Moncloa y de esos magníficos y bonitos edificios que son los bancos.
La vivienda, como muchas otras, en definitiva es una cuestión de clase, y convenimos con Engels en que “Para acabar con esta escasez de vivienda (digna y asequible) no hay más que un medio: abolir la explotación y la opresión de las clases laboriosas por la clase dominante” (5).
Notas:
(1) “Esa diferencia tan grande (entre los tipos de interés -4%- y el Euribor -4.72 %) no responde tanto a las expectativas de nuevas subidas de tipos como a las tensiones de liquidez que han sacudido el mercado financiero” (EL País, 27/9/07).
(2) Juan Torres López, “Diez ideas para entender la crisis financiera”.
(3) Torres López (id.) apunta que “Se calcula, por ejemplo, que los bancos han adquirido la mitad del suelo urbanizable puesto a la venta en España en los últimos quince años”.
(4) El País de fecha 24 de septiembre del presente se despachaba en primera plana con este titular: “El fiscal alerta de que la corrupción se expande por la costa andaluza”.
(5) F. Engels, “El problema de la vivienda”. El paréntesis es nuestro.
http://www.pceml.info
* Rebelión - 20-10-2007
Interior pone a la venta un cuartel en Segovia que sólo puede tener uso militar
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ABC* : El Ministerio de Interior ha sacado a subasta pública la antigua casa cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Valverde del Majano (Segovia), aunque las normas urbanísticas no permiten para este inmueble otro uso que el militar. Tiene un precio de licitación para la primera subasta, que se celebrará el próximo 27 de noviembre, de 346.000 euros. Si la primera cita quedara desierta, se celebraría una segunda subasta en la que el precio de licitación se rebajaría hasta llegar a los 311.400 euros, informa Ical.
El anuncio de la licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 de octubre, precisamente el día de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, según las mismas fuentes.
Cedido por la Guardia Civil
Aunque en principio podría pujar cualquier persona, lo cierto es que el edificio no podría tener otro uso que el destinado a seguridad, detalle no especificado en el anuncio y que lo publicita como de uso residencial o talleres.
El inmueble fue cedido en su día a la Guardia Civil para destinarlo a casa cuartel.
Tras haberlo ocupado unos años, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad (Giese) del Ministerio del Interior lo ha puesto a la venta.
El edificio se ubica en el número 29 de la calle Iglesia, en plena travesía de la localidad. Cuenta con tres plantas y, desde que quedó abandonado, su aspecto se ha ido degradando hasta el punto de que en algunas ocasiones ha recibido quejas vecinales por la existencia de ratas en el interior.
La propia web del Ministerio del Interior, a través de la Giese, informa de que el inmueble cuenta con 678 metros cuadrados de superficie sobre un solar de 1.700 metros cuadrados.
Junto a este anuncio de subasta, el Ministerio también publica en el BOE la enajenación de otros inmuebles similares como la antigua casa cuartel de la Guardia Civil de Cañete de las Torres (Albacete) por 481.250 euros. El cuartel de Salvaleón, en la provincia de Badajoz, se anuncia por un precio base de 227.526 euros, y otro de Valverde de Fresno (Cáceres) sale a subasta por 24.624 euros.
En todos los casos las ofertas para optar a su propiedad deben presentarse hasta el próximo día 6 de noviembre.
* ABC - SEGOVIA - 22 de octubre de 2007
Foto: Segovia, acueducto - Manuel González Olaechea y Franco (wikipedia.org)
