ELPAÍS/Cádiz* : Construyeron sin permiso, pagaron por sus casas mucho menos que por una vivienda habitual, e infringieron la ley. Pero ahora piden más. En torno a las barriadas ilegales surgidas en Andalucía al amparo del descontrol urbanístico se han creado grupos de presión: vecinos que han unido sus fuerzas para convencer a las administraciones de que pasen por alto los delitos que cometieron, y para rebajar el coste que deben afrontar por la regularización de sus casas.
El coordinador de fiscales de Medio Ambiente de Andalucía, Ángel Núñez, ha puesto su mirada sobre ellos. Alerta sobre el poder de estos lobbies cuyas demandan no pueden -o no quieren- ignorar los gobiernos municipales.
"No somos ilegales". Las federaciones vecinales de Chiclana (Cádiz), que protegen los derechos de los propietarios de las casas que desde hace dos décadas comenzaron a construirse sin control en este municipio -hoy hay 15.000-, se agarran a la legislación urbanística. "Construimos sin licencia, pero la mayoría de viviendas tienen más de cuatro años. Son intocables", argumenta Rafael Ortiz, uno de sus portavoces.
Una de las primeras reuniones del recién nombrado alcalde José María Román (PSOE) ha sido con este colectivo, y ya les ha anunciado que rebajará las ordenanzas municipales redactadas por el anterior gobierno local, que preveía el pago de entre 20 y 36 euros por metro cuadrado para alcantarillado, suministro de luz o abastecimiento de agua.
La presión llega en otros municipios por la vía de la movilización. Vecinos de El Puerto y Chipiona han hecho frente común para denunciar el "impacto social" que genera la política de sanciones contra construcciones ilegales y han convocado una manifestación para el día 16. En Chipiona, con unos 300 expedientes de demolición, el propio alcalde, el socialista Manuel García, llegó a reconocer en una carta a la Junta de Andalucía que el derribo podría provocar un "conflicto social", informa Pedro Espinosa.
En El Puerto, el Ayuntamiento (PP) ha creado una mesa sectorial sobre viviendas ilegales -unas 500- dentro del equipo redactor del plan de ordenación urbana, lo que para los ecologistas significa hacer depender el desarrollo de la ciudad de estas construcciones ilegales, informa F. J. Román. Pero éstos no son los únicos casos en la provincia gaditana.
En Vejer, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio va a respetar las viviendas de El Palmar, levantadas sobre suelo no urbanizable, a cambio de que los vecinos ejerzan de controladores y no permitan que se levanten nuevas construcciones.
La urbanización ilegal de Las Pitas se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para las administraciones públicas en Córdoba y sus vecinos no dejan de manifestarse y presionar a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento cordobés en busca de una regularización de su situación, informa M. J. Albert.
Levantada en las inmediaciones del yacimiento arqueológico de Medina Azahara, el suelo donde se encuentra la urbanización Las Pitas fue declarado Bien de Interés Cultural en 2003. Ello ha provocado el procesamiento de seis familias que realizaron obras con posterioridad a 2006, fecha en el que las autoridades empezaron a tomar cartas en el asunto.
A los juicios, los vecinos han respondido con una verdadera campaña de presión, protagonizada por manifestaciones por las calles de Córdoba, cortes de carreteras, concentraciones en las puertas de la Audiencia de Córdoba y marchas a pie hasta el yacimiento arqueológico. Junta y Ayuntamiento se han reunido con los vecinos para explicarles el contenido del nuevo decreto que declara la expropiación de algunas parcelas sin edificar en Medina Azahara. Los propietarios de Las Pitas siguen movilizándose junto a vecinos de otras urbanizaciones de la zona, como La Gorgoja II o Córdoba La Vieja.
La comunidad británica que habita en el Valle del Almanzora, en la provincia de Almería, ha unido sus fuerzas bajo el colectivo AUAN (Abusos Urbanísticos Almanzora No) mediante el cual han reivindicado que se lleve a cabo un plan por parte de la Administración para legalizar las 5.000 viviendas que se encuentran fuera de ordenación en la comarca. El colectivo británico vivió con desasosiego el derribo de una vivienda en Vera, propiedad de una familia extranjera, así como la operación policial denominada Costurero que imputó a concejales y al alcalde de Zurgena por presuntos delitos urbanísticos. La comunidad inglesa ha criticado con dureza el "tardío" funcionamiento de la Justicia contra estos casos.
La visita de una delegación de parlamentarios europeos en 2007 que quisieron ver in situ la situación vivida por las familias británicas también tuvo su efecto meses después para que la Junta intentara resolver la situación. Los británicos escribieron incluso una carta al rey Juan Carlos en la que explicaban al monarca el problema de los residentes, la mayoría jubilados.
Fue en septiembre pasado cuando la Junta anunció que las viviendas construidas sobre suelo no urbanizable en ocho municipios del Valle del Almanzora -sobre las que pesa expediente de disciplina urbanística o procesos penales y contencioso-administrativos- tendrán prioridad en un plan de actuación para dar "solución" al problema. El delegado de Vivienda, Luis Caparrós, aventuró que las primeras estimaciones apuntan a que sólo un 5% de las viviendas quedarían "fuera de ordenación" pese a ocupar dominio público o suelo de especial protección.
* ELPAIS.com - LIBERTAD PALOMA - Cádiz - 07/12/2008
Foto: El Palmar, Vejer de la Frontera - mma.es
Los 'lobbies' de las viviendas ilegales
Aburridos del Plan Rabassa
MANUEL ALCARAZ RAMOS/Alicante* : Lo confieso: estoy harto, absolutamente harto del Plan Rabassa. Y creo poder decir que algunos buenos amigos y amigas sienten lo mismo que yo. ¿A alguien puede sorprender esta confesión? Va para tres años que algunos orquestamos una pequeña sublevación de las conciencias, en esta ciudad de llanuras éticas, para oponernos a lo que nos parece la mayor aberración urbanística de la historia moderna de Alicante.
La sensación, ahora, es ambivalente: sabemos que hemos conseguido, sin asesores a sueldo ni dinero a espuertas, crear una corriente de opinión crítica lo suficientemente importante como para convertir el Plan Rabassa en un símbolo de otras muchas cosas que en la ciudad sólo se atienen al beneficio privado y a la sinrazón urbanística: ni un solo técnico independiente y respetado ha apoyado el plan, el asunto dio como para que tuvieran que cambiar al redactor del PGOU -poniendo de relieve la miseria política del anterior alcalde- y al portavoz del PSOE, y hasta hubo voces discrepantes entre el empresariado y el PP. Lo nunca visto. Pero, a la vez, somos conscientes de que, por mucha fuerza que atesoremos, estamos destinados, según los parámetros habituales, a la derrota. Salvo, claro está, que el plan lo paren los tribunales, lo que es más que probable. Pero esa perspectiva nos conduce a nuevos años de elaboración de papeles, de pérdida de horas de sueño o trabajo, de rascar el bolsillo. ¿Por qué lo hacemos?
Bueno, yo diría que lo hacemos, aunque estemos hartos del Plan Rabassa, porque alguien tiene que hacerlo, porque si ese hueco no lo cubriera nadie esto ya no sería una sociedad democrática y libre. Y no crea usted que es fácil: muchos luchadores de las primeras semanas se han ido sumiendo en el silencio y no escasean intelectuales de firma fácil que se resignan con una facilidad pasmosa con tal de poder seguir repitiendo que aquí no es posible cambiar nada. Otros críticos se oponen, por fin, pero con una frialdad burocrática que les augura plan para hoy y hambre para mañana. La verdad es que es difícil seguir removiendo conciencias, en la medida en que la madeja se enreda jurídicamente. Tener enfrente maquinarias políticas y empresariales potentísimas jode, por decirlo con claridad. No sé si Sonia Castedo y Enrique Ortiz, o viceversa, han unificado ya sus servicios de agitación y propaganda, pero bien podrían hacerlo en cualquier momento; seguro, además, que la Obra Social de la CAM les daría una subvención. Pero el reparto de faena está muy claro: unos repiten machaconamente lo de la necesidad de empleo y vivienda y otra distrae a la concurrencia con sus macetitas. En conjunto el sepulcro queda muy blanqueado y los cadáveres inconfesables se pudren con prudencia. Y, mientras, a ver si nos aburrimos. Pues sí, yo estoy aburrido, muy aburrido del Plan Rabassa, de repetir que nadie es capaz de explicar en qué se beneficia la ciudad entregando a uno sólo de sus ciudadanos 4 millones de metros cuadrados cuando no se están comprando casas, cuando hay miles vacías, cuando ese mismo ciudadano podría haber hecho VPO y no ha querido, cuando podría estar construyendo en otros sitios y no lo hace, cuando abusó de la buena fe de cientos de personas creando una oficina para su mayor gloria, cuando sus fabulosas ganancias de estos años podrían invertirse en otros asuntos.
Y estoy aburrido de haber ido a otro pleno municipal -al menos hoy no me ha sacado la policía- para no escuchar de la alcaldesa ni un sólo argumento favorable y, sí, unas cuantas mentiras y banalidades contra la oposición. Alcaldesa, por cierto, que se ha reservado la concejalía de Urbanismo, igual que los generales golpistas de repúblicas bananeras gustan de guardarse el Ministerio de la Guerra. Pues eso: otro pleno aburrido y burocrático. Y más cuando es imposible no deducir que la primera decisión, la básica, la radicalmente concluyente sobre el Plan Rabassa, se adoptó en un despacho, con muy poca gente alrededor de una mesa y con unos gestos o pactos implícitos que, seguramente, nunca conoceremos. Y así se va haciendo/deshaciendo la ciudad. Y eso no cambia. Aunque forren la parcelita, a la espera de que otros tiempos aseguren la rentabilidad, con 4 millones de césped artificial que daría gloria, que a lo mejor se ve desde la luna y eso es bueno para el turismo.
O sea, sí, que estoy, que estamos hartos y aburridos del Plan Rabassa. Pero, aún, no lo bastante como para tirar la toalla, para sumirnos en esa rendición y doma que algunos tanto ambicionan para poder justificar sus cobardías. Incluso en algún momento se nos trató de insultar aludiendo a extrañas componendas económicas o políticas -¿cuántos imbéciles predijeron que todo era un montaje para "montar" una candidatura?-. Creo que a estas alturas nadie lo piensa, aunque, claro, se cree el ladrón que todos son de su condición. Eliminadas las que mueven a los señores de este mundo, las razones para perseverar son diversas y pueden discurrir desde el masoquismo hasta el amor leal a la tierra. La mía es muy sencilla: harto y aburrido, aguanto, diciendo stop al Plan Rabassa, para poder mirar a los ojos a Ortiz y preguntarle: "Enrique: ¿hasta cuándo exprimirás a esta ciudad?"; para poder mirar a los ojos a Castedo y preguntarle: "Sonia: ¿qué compromisos o herencias asumiste para poder acceder a la Alcaldía?".
* Manuel Alcaraz Ramos es profesor de Derecho Constitucional de la UA.
* Información - Opinión - 7.12.2008
