ELCONFIDENCIAL* : La distancia entre oferta y demanda de viviendas se ensanchó un poco más en 2009. O dicho en términos más directos: el stock de viviendas sin vender continúa creciendo de forma importante en medio de la mayor crisis del ladrillo a lo largo de más de medio siglo. Los datos los dio ayer el Ministerio de Fomento, y reflejan que el año pasado se concedieron 387.075 certificaciones de fin de obra. Por el contrario, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el año pasado la compraventa de viviendas nuevas ascendió únicamente a 220.633 pisos. Es decir, que el mercado tendrá que absorber otras 166.442 viviendas ya terminadas que buscan comprador.
La cifra de viviendas terminadas es la más baja desde el año 2001, pero continúa siendo muy elevada respecto de la demanda real debido al tiempo que transcurre entre el inicio y el final de una obra. Muchas de las viviendas con certificado de fin de obra en 2009 comenzaron a construirse en 2007 o, incluso, los primeros meses de 2008, cuando la crisis del ‘ladrillo’ comenzaba a manifestarse de forma intensa. Pese a que la crisis era evidente, los promotores inmobiliarios continuaron adelante con las obras como mal menor.
La consecuencia de esta estrategia -en algunos casos se trata de una verdadera fuga hacia adelante- no puede ser otra que un aumento relevante en el stock de viviendas sin vender. Hasta el punto de que es probable que existan ya en estos momentos más de 1,2 millones de viviendas sin comprador, un parque residencial equivalente al que existe hoy en la ciudad de Madrid. Recientemente, el Servicio de Estudios del BBVA estimó que el número de pisos sin vender se situaba en 1,1 millones, a los que habría añadir los 166.000 pisos nuevos con certificado de fin de obra entregado a lo largo de 2009. El propio BBVA ha estimado que la absorción de esta sobreoferta sólo podrá materializarse “a partir de principios de 2010 y seguirá empujando los precios a la baja durante todo 2010 y 2011”.
Creación de nuevos hogares
El Ministerio de la Vivienda ha rebajado el stock a cerca de 700.000 viviendas, en cualquier caso una cifra que tardará años en absorberse debido a que la creación de nuevos hogares (la variable fundamental) ha caído por la crisis. El año pasado se crearon 225.500 hogares, según la Encuesta de Población Activa (EPA), cuando en la fase expansiva del ciclo económico se llegaron a sobrepasar ampliamente los 300.000. La patronal de los promotores inmobiliarios, por su parte, ha elevado el número de pisos sin vender a unos 750.000.
Para hacerse una idea de lo que significa el parón del sector de la construcción, hay que tener en cuenta que en 2009 el número de visados de dirección de obra nueva ascendió a 110.849 viviendas, la cifra más baja desde que se tienen series históricas. De ese número, la cuarta parte son viviendas unifamiliares. La cifra es, incluso, inferior a los registros de los años 70, cuando la población española era sensiblemente inferior a la actual. Sólo hay que tener en cuenta que hace apenas tres años, en 2006, el número de visados alcanzó una cifra histórica que tardará años en superarse. Ese año se concedieron nada menos que 865.561 visados de dirección de obra. Si se incluyen los visados de reformas y restauraciones, se llegaría a un increíble número de 911.568.
Esa cifra, sin embargo, nunca se llegó a ejecutar en su totalidad, ya que una cosa es pedir el visado y otra muy distinta finalizar las obras, lo que explica que ese año el número de certificaciones de fin de obra se situara en 585.583. Es decir, que la construcción de unas 280.000 viviendas se quedó por el camino. Sólo existieron sobre los planos de los arquitectos.
El año en que se concedieron más certificaciones de fin de obra (las efectivamente construidas) fue 2007, cuando, según datos del Ministerio de Fomento, se concluyeron 641.419 viviendas, dato que marca un hito en la historia del sector de la construcción. Se trata de una cifra que representa casi el doble de los pisos que se acabaron en el año 2000, al comienzo del boom del ladrillo. Ese año, se entregaron 366.776 certificados de fin de obra, una cifra similar a la del ejercicio pasado. Las diferencia, sin embargo, radica en el stock de viviendas sin vender, que ha alcanzado el año 2009 cotas históricas.
La caída en la actividad inmobiliaria es tan acusada que en una ciudad como Málaga, con más de 550.000 habitantes y con un indudable influjo turístico e inversor, se concedieron el año pasado visados de obras para construir únicamente 808 viviendas, cuando en 2003 se llegaron a dar licencias para levantar 7.544 pisos. El caso de Madrid capital es, igualmente, signficativo. El año pasado se entregaron visados de dirección de obras para construir 3.375 viviendas, a años luz de los 35.286 concedidos en 2003. Prácticamente la décima parte.
* El Confidencial - 26.02.10
Foto: Imagen de archivo de un edificio de viviendas con precios de oferta (Efe).
Más leña al fuego: España construye el doble de viviendas que vende
Hay 500 pueblos a la venta, y al precio de un piso
20MINUTOS* : Comprar un pueblo entero por menos de lo que vale un piso. Con esta atractiva consigna, los promotores inmobiliarios intentan abrir un canal novedoso en el sector. Hay más de 500 aldeas en estas condiciones. El pueblo de Lacasta, en la provincia de Zaragoza, es el precedente más conocido de este tipo de transacciones. Se puso en venta hace dos años por 189.000 euros y tuvo un gran impacto mediático. Y, como éste, ha habido otros, incluso más económicos.
Para muestra, Oteruelo de Ocón, en La Rioja, donde se ofrecían once edificaciones del casco urbano y 5.000 metros cuadrados de terreno a cambio de 176.000 euros.
La oferta parece tan buena que lleva a preguntarse si es real o, al menos, dónde está el truco.
Cualquier núcleo de población, aunque esté deshabitado, se compone de bienes privados y públicos. Es posible comprar varios inmuebles en una aldea, incluso comprarlos todos, pero siempre habrá zonas de carácter público con jurisdicción municipal, autonómica o estatal. Y ésas no están en venta.
Es posible comprar todos los inmuebles de una aldea, pero siempre hay zonas de carácter público que no se venden
Perfiles de comprador
Entre los perfiles habituales de comprador destacan los inversores inmobiliarios y los particulares con un proyecto concreto de negocio. Los primeros centran su interés en la compraventa: adquieren por separado un buen número de propiedades y, después, las venden como un paquete urbanístico
Los particulares, por el contrario, se sienten atraídos por el conjunto y sus posibilidades. Orientan sus expectativas al sector turístico o a los proyectos sociales y ecológicos, como las comunidades naturistas, los huertos orgánicos, los balnearios y casas rurales o los centros de meditación. El agroturismo está de moda y las propuestas rurales "antiestrés" funcionan.
Entre los perfiles más usuales de comprador destacan los inversores inmobiliarios y los particulares con un proyecto concreto de negocioUn ejemplo muy conocido y próximo -aunque fuera de las fronteras-, es el del prestigioso chef Alain Ducasse, quien adquirió un pequeño conjunto urbano en Bidarray (Francia) y reconstruyó todos los inmuebles para fundar allí mismo un hotel. Desde entonces, las antiguas casas funcionan como alojamiento y una de ellas, la más grande, como recepción y restaurante. Proyectos como éste son viables, pero requieren mucho dinero.
Otras personas interesadas en comprar son quienes tienen un gran poder adquisitivo, encuentran un pueblo abandonado que les gusta y deciden reconstruir sus edificios para uso personal, no lucrativo.
Por otra parte, muchas veces son los propios vecinos o ex vecinos de una aldea quienes empiezan a comprar algunas casas y acaban convertidos en los únicos dueños. Este caso es frecuente y no pasa tanto por el dinero como por la parte afectiva: los antiguos moradores de un pueblo intentan así evitar que desaparezca.
Ventajas y desventajas
Por el mismo dinero que cuesta un piso de tamaño medio en la ciudad, pueden adquirirse varios inmuebles de mayores dimensiones e, incluso, restaurar uno de ellos para transformarlo en un hogar. Más espacio, más terrenos, calidad de vida en un entorno natural y, además, la posibilidad de encontrarle una salida comercial.
No es tan fácil, sin embargo, resumir las contraprestaciones. Como primera cuestión, hay que tener en cuenta que la mayoría tiene problemas de accesibilidad: quedan lejos de otros núcleos urbanos o los caminos para llegar hasta el lugar son malos. A su vez, muchos pueblos abandonados se encuentran reducidos a escombros.
Los pueblos abandonados rara vez cuentan con suministros eléctricos o tienen servicio de saneamiento Los pueblos abandonados rara vez disponen de suministros eléctricos o servicio de saneamiento, ya sea porque quedaron deshabitados o porque nunca los tuvieron. Tampoco hay conexión a la red telefónica y, por su ubicación, los móviles no siempre tienen buena cobertura.
Los ayuntamientos, por ley, están obligados a brindar ciertos servicios, como el cableado eléctrico y el alcantarillado, por lo que habrá que dirigirse al consistorio responsable y concretar sus obligaciones. A partir de ahí, será responsabilidad del propietario continuar con la conectividad y las obras.
La excepción a esta regla se da cuando los ayuntamientos tienen especial interés en revitalizar una zona. Puede ocurrir que el enclave en cuestión tenga posibilidades de progreso y beneficio colectivo si se aúnan los recursos privados y públicos.
Consejos útiles en la elección
* En primer lugar, averiguar cuáles son las aldeas abandonadas y dónde se encuentran. La ubicación, las condiciones climatológicas y orográficas, así como la facilidad de acceso.
* Una vez seleccionados los posibles candidatos, lo siguiente será conocer cuáles son los bienes privados que lo componen, y se pueden comprar, y a quiénes pertenecen. Esta información puede solicitarse en la Oficina de Catastro, que depende del Ministerio de Economía y Hacienda.
* Antes de contactar con los propietarios para saber si están interesados en vender sus inmuebles y terrenos, es muy importante dirigirse al ayuntamiento correspondiente para saber cuáles son las posibilidades reales de abastecer al pueblo de los servicios básicos, qué trámites hay que hacer, cuánto tiempo tardaría la gestión y evaluar qué coste tendría.
* 20 Minutos - 26.02.10
Foto: Lacasta es el pueblo abandonado y vendido más conocido - 20minutos.es
Vigo: El Tribunal Superior reclama al Concello que ejecute la sentencia que anuló el plan urbanístico Sensat
LAVOZDEGALICIA* : El Concello vigués tiene que ejecutar con rapidez la sentencia del Tribunal Supremo que hace algo más de un año anuló el plan urbanístico Sensat, en Alcabre, en el que se encuentra el hotel Los Escudos, el edificio anexo del centro hotelero, una batería de viviendas unifamiliares y un inmueble con 113 pisos. Tras un largo pleito que se inició a finales de los años noventa el Supremo confirmó la anulación del plan en diciembre de 2008.
La causa de este varapalo judicial para el Concello fue un motivo formal, concretamente la no publicación de la ficha de la unidad de actuación Sensat, que considera una verdadera norma del Plan Xeral entonces vigente. Aunque existían otros motivos para la demanda, al no ejecutarse la publicación los jueces decidieron la anulación sin entrar en el fondo del asunto.
Ahora, pasado unos meses, el Concello acaba de recibir una resolución de la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativa del Tribunal Superior para que «proceda a ejecutar en debida forma la sentencia del presente proceso». A fin de que el asunto no quede olvidado en el Concello reclama igualmente que «en el plazo de un mes se informe a esta sala de las medidas adoptadas en orden a tal ejecución, indicando quien es el funcionario encargado de la ejecución de la sentencia».
Las fuentes consultadas consideran que dicha ejecución consistiría en retrotraer el proceso administrativo al momento de la publicación de la ficha del anterior Plan Xeral. El problema que puede plantearse es que los inmuebles construidos en dicho ámbito con seguridad incumplirán normas legales que han entrado en vigor en la última década. Este hecho puede dificultar el cumplimiento del fallo judicial y añadir un nuevo quebradero de cabeza a los responsables del urbanismo municipal.
En el ámbito afectado existía entonces un pazo protegido, que contaba con una finca que llegaba hasta el mar. A cambio de la cesión de la finca el Concello autorizó la construcción de un edificio que junto al remozado pazo constituye actualmente el hotel Los Escudos, el único de cinco estrellas existente en la ciudad. También se autorizó la edificación de un inmueble de 113 viviendas y una urbanización de viviendas unifamiliares.
La reclamación contra este proyecto urbanístico fue presentada por Eduardo Canabal, un particular que se ha dado a conocer por la presentación de numerosas demandas. Algunas de ellas han colocado en la ilegalidad importantes proyectos urbanísticos que contaban con licencia municipal.
* La Voz de Galicia - 26.02.10
Foto: El hotel Los Escudos y el edificio de pisos están afectados por el fallo - lavozdegalicia.es
Madrid: Las chabolas se dispersan por la región en nuevos micropoblados
20MINUTOS* : Cuando se destruye un hormiguero, las hormigas no desaparecen sin más, sino que se desperdigan y crean nuevas colonias. Algo similar, salvando todas las distancias, está ocurriendo con los poblados chabolistas en Madrid. Sobre el papel, los planes de erradicación del chabolismo (dirigidos por la Comunidad y los ayuntamientos, principalmente el de la capital) se encargan de derribar los grandes poblados y realojar a sus habitantes en viviendas salubres.
Sin embargo, en la práctica no todos consiguen una nueva casa, con lo que se quedan a la intemperie y sólo tienen la opción de construirse una nueva chabola en otro punto.
Este fenómeno está provocando una dispersión de los chabolistas por el territorio regional y el surgimiento de nuevos microasentamientos con cinco familias como máximo. Actualmente hay 8 grandes poblados en la región (sin contar la Cañada Real), frente a 23 pequeños núcleos, según el censo del Instituto de Realojo e Inserción Social (Iris), de la Consejería de Vivienda. En total hay 900 chabolas en la comunidad.
Patrulla de chabolas
"El plan de desalojos no tiene sentido si no se evita que reaparezcan las chabolas. Se tolera la construcción de pequeños asentamiento", explica la portavoz de Servicios Sociales de IU en Madrid, Milagros Hernández. El área municipal de Urbanismo reconoce que "no se realiza un censo de asentamientos", ya que ésa es tarea del Iris. Este organismo dispone de un grupo de inspectores (el Siviris) que patrulla los núcleos para contabilizar a los chabolistas. El plan de desalojos no tiene sentido si no se evita que reaparezcan las chabolas
La mayoría de microasentamientos surgen en el norte, en los distritos madrileños de Fuencarral y Hortaleza, y en el Corredor de Henares. Mientras, los grandes poblados, como la Cañada Real o Las Mimbreras, se extienden por el sur de la capital.
Los vecinos conviven sin problemas con los pequeños poblados. "Son pocas familias, no generan molestias y están alejados de las viviendas, en descampados o zonas industriales", explica el portavoz de Urbanismo de la Fravm, Vicente Pérez. "Si pierden su vivienda, en algún lugar tendrán que vivir, ¿no? El problema es que se descontrolen y crezcan", concluye Mariano Manjavacas, de la plataforma vecinal de Vallecas.
"Si te echan, te vas a otro lado"
M.ª Jesús y su familia se han hecho una nueva casa en el Cabezón (Fuencarral). Mientras, a San Fernando acaba de llegar un grupo de rumanos. En plena Nochebuena, M.ª Jesús y sus 12 hijos, de etnia gitana, fueron desalojados de la vivienda que ocupaban en Fuencarral. En menos de dos días volvieron a levantar una casa con tablas, chapas y plásticos en la calle Antonio Cabezón. "Si te echan de un sitio, pues te vas a otro. No tenemos casa fija, ¡pero anda que no hay campo!", dice Lola, una de las hijas. Nos tiran y a empezar de nuevo... así es nuestra vida
"Nos tiran y a empezar de nuevo... así es nuestra vida", se lamenta M.ª Jesús, acostumbrada a vivir con la casa a cuestas. Pronto se volverá a mudar: la prolongación de la Castellana pasará sobre los terrenos de su casa provisional.
Veinte metros más abajo, junto a un polígono, se levanta otro pequeño asentamiento. "Son gitanos extremeños, buena gente, no dan problemas", explica un trabajador de una fábrica cercana. "Los chungos son los otros, los rumanos de arriba", añade. Se refiere a otro micropoblado surgido en la otra punta del descampado. "No paran de llegar y nos tienen a todos agobiados", explica una vecina. Los chungos son los otros, los rumanos de arriba
También acuden rumanos a La Fuentecilla (San Fernando), junto al antiguo poblado de Las Castellanas. "Llevamos aquí nueve meses. Hace poco estábamos solos, ahora somos 20 familias", dice Gervase. Éste es un ejemplo de que los pequeños núcleos se convierten en grandes focos si no hay control.
Junto a una casa en ruinas, este grupo de rumanos (y albaneses y marroquíes) han creado su submundo. No confían en los extraños, les cuesta abrirse y echan a los visitantes bajo amenazas. Nada que ver con los gitanos españoles, como Esther, que resiste en Las Castellanas pero desea otra vida: "Sólo quiero que mis hijos no sean como yo, que se eduquen como los payos y salgan a flote, salir de la chabola, vivir en una barriada... Quizá mis nietos tendrán mejor suerte".
* 20 Minutos - 26.02.10
Foto: Núcleo chabolista de La Fuentecilla (San Fernando). -JORGE PARÍS - 20minutos.es
Andalucía: Más de mil 'puntos negros' por riesgo de inundación en 400 municipios
DIARIODESEVILLA*: El mapa de la Junta que alerta de las zonas inundables no satisface al Defensor del Pueblo, que culpa a las administraciones de permisividad en la ordenación del territorio. La Agencia Andaluza del Agua, entidad dependiente de la Consejería andaluza de Medio Ambiente, detectó en octubre de 2007 un total de 1.099 puntos de riesgo por inundaciones en tramos urbanos que afectan a unos 400 municipios, de los que 115 son de alta peligrosidad al estar en juego vidas humanas.
Este mapa es uno de los instrumentos del Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones de 2002 y delimita las zonas inundables en los puntos más conflictivos y con mayor actividad urbanizadora. Tanto el Acuerdo Andaluz por el Agua del año pasado como el borrador de la futura Ley de Aguas urgen a la actualización tanto del plan como del mapa. Para ello, se ha incorporado el uso de las nuevas tecnologías (Red Lidar) para identificar zonas inundables, no sólo de conjuntos de municipios, sino subcuencas enteras empezando por las de Guadiaro, Guadalete y Barbate. El horizonte de finalización de los trabajos estimado es 2015.
Pero con el diagnóstico inicial ya realizado, hay instituciones, como la del Defensor del Pueblo andaluz, que consideran que esos estudios deberían haber servido para algo más en materia de prevención. "Estos trabajos de científicos no se han incorporado al planeamiento de los municipios, donde se ha permitido la edificación de viviendas ilegales con la pasividad de las autoridades. Ahora vienen avenidas de agua e incluso pueden hacer de pantalla y perjudicar a las que están legalmente construidas", comentó ayer un portavoz de la institución a esta redacción. De hecho, no hay pronunciamiento sobre las posibles indemnizaciones a los propietarios de viviendas que en su día se construyeron sin control sobre llanuras, arroyos, zonas próximas a montes y donde ahora circulan con natural lógica las correntías de aguas. "No adelantamos acontecimientos", dijo el miércoles el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, preguntado al respecto.
En un repaso del trabajo del Defensor del Pueblo en los últimos 15 años, sobresalen decenas de quejas por inundaciones o avenidas de agua que provocaron actuaciones urbanísticas o diversas infraestructuras, con las consiguientes pérdidas materiales e, incluso, desgracias personales.
Se investigaron las inundaciones a finales de 1996 en Andújar, ahora de nuevo en alerta, por el continuo desbordamiento del Guadalquivir, que incluso registró la pérdida de una vida humana. El Gobierno, al que llegó el PP, y la Junta se cruzaron "graves" acusaciones sobre a quién correspondía la responsabilidad, recoge aquel informe anual. En 1998 se publicó la formulación del Plan de Prevención, que no llegó a aprobarse hasta 2002 y cada año el Defensor preguntó.
La institución investigó el desarrollo urbanístico de Rincón de la Victoria tras la catástrofe de marzo de 2004. Y tras las graves inundaciones de Almuñécar a finales de 2007, el Defensor del Pueblo hizo un análisis exhaustivo, que sirve de recopilatorio de esos 15 años, de la ocupación de las zonas inundables por parte de las actuaciones urbanísticas, una de las causantes de las inundaciones.
José Chamizo no dudó en responsabilizar a la Junta de las omisiones en la tutela del territorio tras 25 años de gobierno, entonces .
En una resolución que este periódico publicó en octubre de 2008, el Defensor achacó a la inacción de la Junta el aumento de zonas inundables y consideró que la situación creada es fruto de las omisiones en la tutela del territorio "de aquellas administraciones que poseen, desde hace mucho tiempo, competencias muy claras".
La Agencia Andaluza del Agua, dirigida ahora por Juan Paniagua, llegó a responder que el riesgo de inundaciones no se agravaría por la disminución del crecimiento urbanístico debido a la crisis, lo que se aprovecharía para "planificar y acometer medidas concretas y paliativas de disminución del riesgo".
El Defensor del Pueblo andaluz difirió de que la construcción en zonas inundables tenga que ver con la coyuntura económica y culpó a las administraciones públicas. En especial, llamó la atención sobre la Junta de Andalucía, "que posee competencia exclusiva desde la aprobación de su Estatuto en 1981 de la política territorial y el urbanismo". "Con la normativa en vigor desde hace años, gran parte del desarrollo urbano de Almuñécar y de otros de la comunidad no debió aprobarse", expone el Defensor.
Chamizo reclamó además que se actualice el mapa de riesgos al advertir las experiencias recientes que "no están valorados en su totalidad o debidamente" los escasos 1.099 puntos negros. También el plan de prevención: "No nos cabe ninguna duda de que cuando se formuló este plan, se pudieron hacer unos análisis rigurosos de riesgos y elaborar propuestas de medidas para evitarlos", asegura Chamizo.
La Agencia Andaluza del Agua se excusó a requerimiento de esta redacción de informar sobre las actualización del mapa de riesgo de inundaciones y sobre las inversiones ejecutadas desde la advertencia del Defensor. Expusieron que los técnicos se encuentran trabajando en las emergencias. "Se nos está inundando Andalucía", comentó un portavoz de la Agencia.
* Diario de Sevilla - 26.02.10
Foto: Sevilla, inundaciones - elpais.com
Gijón: Ante el PGO: democracia sí, participación no
MIGUEL ÁNGEL LLANA* : Finalizó el período de "Información Pública", la fase previa del proceso para la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) de Gijón que se expuso a la opinión de los ciudadanos mediante lo que técnicamente se denomina "Documento de Prioridades". Ante algo tan complejo como es la planificación y la ordenación de un municipio de 280.000 habitantes y 182 km2, resulta que en sólo 40 días los ciudadanos han tenido que "estudiar" la documentación del nuevo Plan "definido" en un documento de 144 páginas y tres planos con los que pretenden configurar el futuro del municipio, tanto el urbano como el rural. Aunque parece que todo está en orden y que se ha seguido un cuidadoso proceso no ha sido así, como no lo fue en el Plan anterior anulado porque sólo se cumplió con lo superficial de la legalidad.
Lo que ahora se ha sometido a información pública se da ya como irreversible. Es decir, no se plantea cómo queremos que sea la zona urbana, la rural y sus núcleos, las áreas industriales y las de servicios. Porque si de verdad se pretendiera cumplir con la legalidad habría que reconocer el derecho de los ciudadanos a “participar efectivamente” en los procedimientos de elaboración y de ordenación del territorio como así recoge la Ley del Suelo. Es decir, no ha habido ninguna participación en lo ahora sometido a información pública. Es más, el Plan que ahora se pretende “sacar” es una revisión del anterior y guarda en su gestación alguna de sus corruptelas.
Los redactores del plan definen cómo ha de ser este modelo que ya lo dan por hecho y, además, sólo se ofrece la posibilidad de elegir entre tres variantes pero que, esencialmente, son las mismas porque en poco o en nada difieren. Así es que la posible respuesta queda reducida a decir amén.
Pero conviene no olvidar que el pasado verano el TSJA anuló el anterior PGO porque, aparte de los graves defectos en la forma y en el fondo y que ahora se están repitiendo ya desde el inicio, no se contó para nada con la participación ni con el consenso de los ciudadanos, porque no sólo se escamoteó a la opinión pública, sino que incluso todo discurrió con la oposición explícita y expresada en las tres marchas verdes que congregaron a miles de ciudadanos. Pero, aún así, como todo siguió adelante acabó siendo anulado y, ahora, vuelta a empezar pero, una vez más, con el mismo planteamiento aunque agravado por las circunstancias sociales y económicas mucho más complicadas ahora para los ciudadanos y de cuya situación no es ajena la política económica "impuesta" cuando se apuesta por emplear la mayoría de los recursos en la construcción, la recalificación y, en definitiva, para tirar por una economía de especulación con ningún contenido social conocido.
En Gijón hay 20.000 pisos vacíos, miles de bajos comerciales, sin uso, de los que algunos o muchos podrían ser rehabilitados para vivienda, miles de antiguas viviendas que también podrían ser remodeladas, pero no, como consideran que este patrimonio no es suficiente equipamiento, la opción que ahora dan los promotores del nuevo PGO se concreta en tres alternativas (0, 1 y 2) para las que prevén construir respectivamente 10.700, 17.200 y 24.200 viviendas que se sumarían a todos los inmuebles mencionados que están improductivos.
El Documento de Prioridades del Plan sacado a información pública, omite actuaciones tan importantes y con tanto impacto medioambiental como puede ser la incineradora, la regasificadora, la ampliación del puerto y otras grandes obras que después no podrán ser ejecutadas como si fueran simples “modificaciones” cuando en realidad son “revisiones”. Porque un PGO puede admitir “modificaciones” pero nunca “revisiones” ya que darían lugar a su anulación como así sentenció el TSJA anulando el anterior Plan.
Construir más o hacer algo que no se va a utilizar no ofrece más ventajas ni crea más empleo que abrir una zanja para después volver a taparla. La única diferencia es saber en cual de los dos sinsentidos se puede ganar más, hacer más negocio, no otra cosa. Aunque la cuestión es un poco más complicada, y al mismo tiempo simple, Gijón, es un municipio con 28.000 parados, y en aumento, que no puede esperar a que cualquiera de las tres propuestas, que requieren ingentes recursos, sirva para que éstos generen a su vez una espiral de inversiones provechosas en el sentido de que vayan hacia una economía justificable y sostenible. El Plan ahora propuesto es volver de nuevo a otra burbuja que se sumaría a la todavía existente.
Lo mismo que en el anterior PGO anulado, se vuelve a repetir ahora, de modo oficial y oficioso, que estamos ante un período de "sugerencias" y negando reiteradamente que sean "alegaciones" cuando en el primer caso, las “sugerencias” tendrían la papelera municipal como destino, mientras que contrariamente, en el segundo caso, las “alegaciones” ha de ser contestadas razonadamente por los redactores del Plan. Esto no es opinable porque la Ley del Suelo (RDL 2/2008) reconoce el derecho de los ciudadanos a "participar" en la ordenación del territorio, en la ejecución urbanística y, también reconoce, el derecho a la "formulación de alegaciones" y a “obtener de la Administración una respuesta motivada". La "participación" se ha escamoteado y se pretendió negar el derecho a presentar “alegaciones”. Similares derechos también se recogen en la Ley de Ordenación del Territorio de Asturias (DL 1/2004).
Como vemos, en ambas leyes y en alguna más, todo ello viene reconocido explícitamente, como un derecho de los ciudadanos exactamente en los términos citados. Y, por ello, esto es algo muy grave y nada superfluo, porque mantener e insistir ahora en lo contrario supone una buena dosis de dolo por parte de los responsables de la revisión del Plan. Primero han negado la participación en la revisión del Plan y ahora se pretende tergiversar el contenido de las “alegaciones” dejándolas en piadosas “sugerencias”.
* www.asturbulla.org
* Rebelión - Opinión - 25.02.10
