LAVOZDEGALICIA* : El ritmo de adecuación de los planeamientos municipales a las reglas de juego establecidas por la ley urbanística gallega es muy inferior a lo previsto en la propia normativa. Más de 24 meses después de que expirara el plazo establecido por la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural para que los concellos adaptaran sus normas al nuevo marco autonómico, solo 23 cuentan a día de hoy con los deberes hechos.
Las aprobaciones definitivas de planeamientos llegan a cuentagotas. En los últimos siete meses, seis ayuntamientos se han sumado a la lista. Se trata de Curtis, Toques, Castroverde, Avión, Laza y Santiago, cuyo plan general dispone desde octubre de la aprobación parcial. Completan el listado Lousame, Oroso, As Somozas, A Capela, Vilarmaior, Cerdido, Vedra, Boimorto, O Incio, San Cibrao das Viñas, Xunqueira de Ambía, Sandiás, Amoeiro y Ourense.
En este último caso, las objeciones han llegado del Tribunal Superior de Xustiza, que a través de dos sentencias sucesivas publicadas a lo largo de los últimos días ha anulado el plan ourensano de ordenación municipal por una exposición pública que no recogía «lo que se aprobó inicialmente». Además, estos dos fallos del alto tribunal han desatado en la ciudad de As Burgas el choque de intereses políticos que siempre confluyen en torno a la gestión urbanística.
Ese debate es también usual en las decisiones que adopta la Xunta a la hora de suspender planeamientos. En la actualidad, el desarrollo urbanístico de ocho concellos se rige por ordenamientos provisionales, ya que sus planes continúan suspendidos por decreto.
En esa tesitura se encuentran los ayuntamientos de Teo, O Grove y Ponteareas, en los que la suspensión ya fue decretada en la etapa del Gobierno del Partido Popular, y los de Tui, Sada, Viveiro, A Estrada y Barreiros, que fueron penalizados por el actual Ejecutivo bipartito.
Proceso complejo
Algunos casos son elocuentes del tiempo que requiere la elaboración del planeamiento urbanístico. Teo tiene el suyo suspendido desde el 26 de mayo del 2001; y O Grove y Ponteareas, desde el 21 de junio del 2002.
Al margen de los 23 concellos que ya tienen sus planeamientos adaptados, otros 52 municipios de la comunidad han recibido ya algún informe de la Dirección Xeral de Urbanismo correspondiente al proceso de tramitación de sus nuevas normas urbanísticas.
Subvenciones
Los 240 ayuntamientos restantes lo tienen todo por hacer, aunque la gran mayoría ya se han acogido a las subvenciones promovidas por Política Territorial para financiar el coste del planeamiento. La consellería tiene abiertos 178 expedientes de ayudas a entidades locales para elaborar sus planes urbanísticos. El importe de esta línea de financiación, que cuenta con una dotación global de 39 millones de euros a repartir en cinco años, está ligado a la población de cada municipio. En los 196 concellos de menos de 5.000 habitantes, la subvención alcanzará el 100% del coste del planeamiento; en los 97 que tienen entre 5.000 y 20.000 vecinos censados, cubrirá el 90%; y en los 15 ayuntamientos con una población de 20.000 a 50.000, será del 80%.
Política Territorial concede en la orden que regula la concesión de esas ayudas un trato preferente a los municipios en los que anuló o suspendió sus normas, pero esa deferencia no ha impedido que sigan funcionando con reglas provisionales.
* La Voz de Galicia - Serafín Lorenzo - 05.05.2008
Foto: O Grove - aedru.org
Solo 23 concellos han adaptado sus planeamientos a la ley urbanística
El gobierno municipal de Las Palmas subastó un solar reservado a pisos sociales en el que ahora se edifican casas de alto nivel
LAPROVINCIA/GranCanaria* : Cuando el Partido Popular gobernaba en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vendió a una constructora un terreno situado en un lugar muy estratégico de Las Torres que tenía reservado para levantar unas 220 viviendas de promoción pública.
En la citada parcela de 8.900 metros cuadrados se realizan ahora los trabajos de excavación para levantar un edificio de viviendas cuyos precios nada tendrán que ver con los que hubieran pagado aquellas familias de ingresos mínimos para quienes debían ser las casas.
El suelo en cuestión, que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria colocó en manos privadas tras la celebración de una subasta, se había obtenido a través de una permuta con una empresa a la que se le cedió otro suelo también en el barrio de Las Torres.
En principio, las prisas que la alcaldesa Josefa Luzardo tenía por activar la construcción de viviendas públicas para cumplir con una de sus promesas electorales motivó que el PP pidiera al grupo constructor que aceptara otro suelo como permuta del terreno donde ahora otra firma va a levantar un edificio de pisos de renta libre, que pueden oscilar entre los 40 y 50 millones de las antiguas pesetas. Al parecer, en la parcela que el Ayuntamiento cambia al promotor inicial no podía llevarse a cabo la construcción de viviendas porque aún quedaban vecinos a los que expropiar.
El suelo, ahora propiedad de otra empresa, incluso llegó a cederse a la sociedad autonómica Visocan para que hiciera viviendas públicas. Pero el grupo popular liderado por Josefa Luzardo, cuando vio los rendimientos económicos que podía sacar a este patrimonio, se las ingenió y ofreció a Visocan otro terreno en Tamaraceite para recuperar la citada parcela. De esta forma, el suelo vuelve a manos municipales y se saca a subasta junto con el edificio del antiguo Banco Exterior.
Con la subasta de las viejas oficinas municipales de la calle León y Castillo, el PP pretendía ingresar nada menos que 8,8 millones de euros, según la tasación que hizo una empresa de Madrid del antiguo edificio.
No pensaba el equipo municipal dirigido por Luzardo que la subasta quedara desierta y no despertara el interés de ninguna empresa, a pesar de que el inmueble pudiera recalificarse y se permitiera incluso albergar viviendas en donde antes había oficinas. Es por ello que, con el fin de hacer más atractivo el lote, el Ayuntamiento saca a subasta el edificio de oficinas municipales con el terreno de Las Torres que adquirió de una empresa por 24 millones de euros.
Fuentes del PP del grupo de gobierno del último mandato señalaron ayer que el suelo se puso a la venta porque "no tenía un uso establecido". Según destacaron, este terreno se subastó junto a otros bienes inmuebles dentro del plan de reordenación del patrimonio cuyo objetivo primordial era proporcionar recursos para pagar deudas y llevar a cabo otros proyectos.
* La Provincia - M. P. PÉREZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 05 de mayo de 2008
Foto: Imagen de las obras de excavación del solar de Las Torres, previsto inicialmente para viviendas sociales. ANDRÉS CRUZ, laprovincia.es
C. Valenciana: Zanjas por todas partes
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ELPAÍS/Reportaje* : Las grandes obras ponen patas arriba las principales ciudades. Centenares de zanjas salpican el paisaje urbano. Obras de saneamiento, electrificación, del gas y otros servicios levantan diariamente la acera o la calle en algún punto de las principales ciudades.
En Valencia, por ejemplo, se conceden anualmente 3.000 licencias para abrir agujeros y realizar acometidas de servicios que gestiona la Oficina de Coordinación de Obras. Ésta asegura que la planificación permitió en 2007 ahorrar más de una decena de kilómetros de zanjas. Sin embargo, a estas actuaciones menores se suman en estos meses importantes obras de infraestructuras viarias y del metro que han puesto patas arriba Alicante y Valencia, y en menor medida Castellón. Atascos, ruido y polvo, calles cortadas y desvíos afectan a peatones y a miles de conductores. El presidente de la Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible de L'Alacantí, Javier Cobela, asegura que las obras "afectan gravemente a la población en general", pero especialmente "a los usuarios del transporte público y peatones", ya que "la Administración se preocupa más" por los coches.
ALICANTE "Lo han levantado todo a la vez"
Los vecinos de Alicante encaran normalmente con estoicismo las obras públicas que afloran casi en cada esquina. Sin embargo, tres actuaciones de envergadura en puntos neurálgicos empiezan a colmar el ancho vaso de su paciencia. En las últimas semanas, peatones y conductores tienen que extremar la atención cuando circulan por las inmediaciones del puerto, el acceso norte o la céntrica avenida de la Estación, si no quieren quedar atrapados en una de las múltiples zanjas abiertas.
La conexión ciudad-puerto está patas arriba por las obras de la Volvo Ocean Race. La hasta hace unos meses tranquila entrada norte del puerto es ahora un mapa de boquetes, zonas valladas y obreros que trabajan a toda máquina. El puerto, que se prepara para acoger la salida de la vuelta al mundo de vela en octubre, construye un paseo de 500 metros sobre el espaldón del dique de Levante, remodela el acceso norte, la antigua estación de Orán y edifica el Village. Las obras, con 12 millones de presupuesto, deberán estar terminadas entre julio y septiembre. Los que las sufren son, principalmente, los centenares de bañistas de la playa de El Postiguet, así como los clientes de dos hoteles. "Entrar ha sido apoteósico", comentaba esta semana una joven que quedó a comer en uno de los restaurantes del puerto. Un poco desorientada, la joven se mostraba molesta con la agresividad de la obra: "Fatal, porque lo han levantado todo a la vez". "Se ha complicado bastante la circulación por la zona", añade resignado un taxista.
La entrada norte por la avenida de Dénia es ahora una interminable trinchera en la que los conductores acumulan retrasos de 20 minutos. La obra es de envergadura. El acceso a Alicante desde poblaciones del área metropolitana tan populosas como Sant Joan d'Alacant, Mutxamel o El Campello vive una fuerte transformación en el tramo que discurre entre La Goteta y la A-70. Más de 3,5 kilómetros que se amplían a tres carriles por sentido en unos tramos y a cuatro en otros, y en los que se construirán cuatro pasos inferiores, según la Consejería de Infraestructuras.
Los conductores se arman de paciencia para cubrir apenas tres kilómetros de carretera por dos angostos carriles en cada sentido. "Esto es un desastre. Para recorrer apenas 300 metros, cada mañana invierto 20 minutos", asegura Alfonso, un trabajador autónomo. "Está bien señalizado, pero el problema es que hay mucho tráfico", añade. "Muy mal. El cliente se desespera porque parece que no vamos a llegar nunca, y eso que yo soy un profesional", asevera Vicente López, un veterano taxista. "Y no sólo es este punto, si no que a estos atascos hay que sumarles los habituales de cada día", explica. María Jesús, jubilada de la zona, encara el problema con resignación y habilidad: "Procuro salir en coche cuando veo que el tráfico está más despejado, así sufro menos".
Y la tercera gran obra que agota la paciencia en Alicante es la ampliación del tranvía. Son tres los puntos calientes: la avenida de la Estación, en el centro, el ramal que discurre entre el centro y la Universidad de Alicante, en Sant Vicent del Raspeig, y la prolongación entre la plaza del Mar y la avenida de las Naciones.
Dentro de la ciudad el más visible es el de la avenida de la Estación (desde Renfe hasta la plaza de los Luceros), donde se construyen la ampliación de la red subterránea de tranvía y un aparcamiento de tres niveles para 450 vehículos. Los comerciantes son los principales paganos de la obra. En marzo denunciaron que la eliminación de parte de las aceras impide el acceso de clientes y supone recortes en los ingresos de hasta el 50%. Las zanjas se abrieron en diciembre de 2007 y arrancan de la futura estación tranviaria de Luceros hasta la avenida de Salamanca. Y aunque está previsto que un tramo de la avenida retome la normalidad antes de las fiestas de hogueras, las obras al aire libre durarán un año. Después, hasta completar los 18 meses previstos de ejecución, seguirán en subterráneo.
VALENCIA "El reino de los agujeros"
"A ver... Una, dos, y ahora la tercera". Son las veces que Francisco Ródenas y José Jaime March han visto abrirse la acera o la calle de Lluís de Sant Àngel desde el pasado septiembre. A las puertas de su taller mecánico se han instalado ahora las vallas y máquinas para el segundo tramo de la nueva línea de metro T-2, que conectará en 7,5 kilómetros el centro y sureste de Valencia. La obra pública de mayor incidencia en el tránsito de la ciudad ha obligado desde agosto a crear por etapas nuevos itinerarios para miles de vehículos y autobuses urbanos en el área de Russafa, la avenida de Germanías, General Urrutia y estos días en Peris y Valero. Las zanjas se suceden para desviar servicios y colectores, y luego excavar el futuro túnel de la línea.
Rodeados de polvo, los peatones se ven obligados a no perder de vista el laberinto de pasos entre máquinas y obreros, mientras los coches se atascan en muchas calles. En agosto, el taller de Francisco y José Jaime tendrá que cerrar 15 días "por huevos" para que se construya el túnel de la T-2 en su calle. Eso impedirá a los clientes entrar en el taller y mermará sus ingresos. Ya han notado la bajada del negocio por las sucesivas aperturas de la vía. "Si de ésta nos salvamos, que venga lo que quieran", comenta José Jaime. No muy lejos, en Doctor Sumsi, María Luisa Serrano recoge de la guardería a su niño de tres años. Se topó con la obra una mañana, de pronto. "Yo no uso el metro, pero hay que ser solidario. Eso sí, el ruido no es bueno para los niños", grita esta mujer para hacerse oír en medio el ensordecedor estruendo de un martillo hidráulico.
Este verano, la Consejería de Infraestructuras espera reabrir al tráfico General Urrutia y comenzar las obras en Antic Regne de València. Una complicada planificación que implica a la consejería y al Ayuntamiento, que han celebrado reuniones con vecinos para explicar los desvíos "e intentar cubrir las necesidades de aparcamiento", indican desde la Concejalía de Circulación. Ha habido encuentros en Russafa y también en Montolivet, donde la asociación de vecinos considera que "se informó a tiempo" del laberinto de obras, según su presidenta, Amparo García. "Es molesto, pero se aguanta. Han estado trabajando hasta la una de la madrugada para adelantar la obra", añade.
En pleno centro histórico, en el entorno de las calles de Bosseria y Quart también están desde el verano pasado envueltos en polvo por la renovación de la vía, calzada y la red de saneamiento que acomete Infraestructuras. Julia Martínez, siempre con el móvil a mano para avisar de nuevas obras a los miembros de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, afirma que hay "fluidez" con la Administración, pero se queja de que las empresas de servicios reciben permisos para obras que no se advierten a los afectados y les dejan horas sin luz o agua. "Eso causa un perjuicio, hay que avisar con antelación", apunta Martínez. En el centro están a la espera de otro corte, en la calle de Calabazas, donde la semana próxima comienzan los trabajos de la estación de Mercat de la T-2.
A estas obras se suman varios aparcamientos en construcción en distintas zonas que obligan a cortes de calles, y se avecinan los que serán necesarios para las obras del AVE en Sant Marcel.lí y Camí Reial. "Tanto que se habla de Madrid... Ahora mismo parece que Valencia es el reino de los agujeros", ironiza Carmina Castelló, de la federación vecinal. "El objetivo es conocer de antemano los cambios, pero no siempre avisan", afirma.
"Son obras molestas, pero hay que tener paciencia. Lo que pasa es que hay mucho coche circulando", opina Juan García, taxista, en la avenida de Cataluña, inmersa en otra de las obras de envergadura en Valencia. En esa zona junto a las universidades, de gran volumen de tráfico, el Ministerio de Fomento aborda la última fase de obra para eliminar el scalextric, construir un túnel y desviar el tranvía. De momento, dos policías locales se dejan los pulmones en el silbato para mover el tráfico. ¿Mucho conductor cabreado? "Siempre".
CASTELLÓN Quebraderos de cabeza por el trolebús
En Castellón, las obras del trolebús, oficialmente el TVRCAS, han sido las que más conflictos de circulación han causado ya que el trazado atraviesa la ciudad por el centro. Actualmente, las vías que habían permanecido cortadas ya se han abierto, pero se han reducido porque el trolebús viaja por una plataforma reservada. El trolebús traerá nuevos quebraderos de cabeza a los conductores en el momento en el que se inicien las obras del camino de vuelta, ya que llega hasta el centro por un trazado y vuelve hasta la universidad, ubicada en el oeste y desde donde parte. Uno de los problemas que habrá de solventar entonces el Ayuntamiento, será el de salvar la entrada a dos de los aparcamientos subterráneos más utilizados. En las vías de acceso a la ciudad, los conductores se siguen encontrando con una inacabada ronda norte que obliga a que todo el tráfico que entra y sale de Castellón por el norte se colapse en la avenida de Benicàssim.
* Esta información ha sido elaborada por Rosa Biot, Santiago Navarro, María Fabra y Sara Velert.
* ELPAIS.com - Valencia - 05/05/2008
Foto: Valencia, obras circuito F1 - carles francesc (El País)
Baleares: Políticos en el banquillo
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DIARIODEMALLORCA* : Desarrollan su trabajo en el Parlament, en el Consell, al frente de un consistorio o en alguna otra institución pública o, simplemente, están alejados de la política pero fueron imputados durante su trabajo en la cosa pública. Más de cincuenta políticos o ex políticos se encuentran inmersos en procesos judiciales, alguno de los cuales se inició con la vista puesta en altos cargos que finalmente fueron exonerados por la justicia, que acabó acusando a meros funcionarios o empleados públicos de menor nivel.
Estos son los casos en los que están implicados, de una u otra forma, políticos de Balears y cuyas primeras vistas comienzan en breve. La más inmediata, la que abre la serie del caso Andratx, arranca mañana.
CASO ANDRATX
La fiscalía anticorrupción, en estrecha colaboración con la Agencia Tributaria, puso en marcha el 27 de noviembre de 2006 una gran operación contra la corrupción urbanística en Andratx. Ese mismo día, dos políticos del PP fueron detenidos: el entonces alcalde del municipio de Ponent, Eugenio Hidalgo, y Jaume Massot, que ostentaba el cargo de director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas.
Uno de los principales artífices de esta trama de corrupción urbanística, el celador municipal Jaime Gibert, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable, lo que ha dado un espectacular giro a la instrucción de un complejo sumario en el que hay abiertas hasta setenta piezas separadas. El ex empleado municipal podría ser acusado de varios delitos de falsedad documental y de cooperador necesario en delitos de prevaricación urbanística.
La asunción de culpas de Gibert contrasta con la actitud de los dos políticos implicados, que siempre han negado todos los cargos presentados contra ellos. La primera consecuencia de este pacto Gibert-fiscalía se podrá ver mañana en la sección segunda de la Audiencia de Palma, donde tendrán lugar el primer juicio por una pieza separada del caso Andratx. Se juzga la construcción de una vivienda unifamiliar del ex primer edil en un área de especial protección. Hidalgo y Massot están imputados por falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio.
CASO PTM
Uno de los casos de corrupción más sonados destapados últimamente es el del Plan Territorial de Mallorca (PTM). El magistrado Miquel Florit, por el momento, ha citado en calidad de imputados a Bartomeu Vicens, diputado y portavoz de UM en el Parlament, y a Jaume Font, conseller y portavoz popular en el Consell de Mallorca. Junto a ellos, dos notorios promotores inmobiliarios, Vicenç Grande y Mateo Sastre. El presunto delito: el uso de información privilegiada sobre futuras recalificaciones de fincas rústicas a urbanizables, un proceso que materializó el Plan Territorial de Mallorca a través de las Áreas de Reconversión Territorial (ART). Los canjes urbanísticos de diferentes terrenos contemplados en el PTM habrían generado unos pelotazos estimados inicialmente en más de 300 millones de euros. Florit tomará declaración a Vicens, que en la época de autos, los años 2003-2004, era conseller de Territori, el lunes 12 de mayo. Font pasará por los juzgados el viernes 23.
CASO SON OMS
La fiscalía también está investigando quién se quedó con un 15% de los solares que se recalificaron de rústicos a urbanizables industriales en el polígono de Son Oms. El promotor Ángel Ochando denunció que dos dirigentes de UM, Bartomeu Vicens y Maximilià Morales, le habían exigido la cesión de un 15% de sus parcelas en caso de que la zona se recalificase. Morales, ex presidente del Parlament, y Vicens desvincularon sus actuaciones en Son Oms de sus responsabilidades políticas y alegaron que su intervención se ciño a su actividad privada.
CASO CAN DOMENGE
El empresario catalán Josep Lluís Núñez se ha querellado contra todos los consellers del PP y de UM en el Consell de Mallorca durante la pasada legislatura que votaron a favor de la adjudicación de los terrenos de Can Domenge por un valor que considera inferior al precio del mercado. Núñez acusa a los querellados de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales. Los políticos de UM implicados son Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Dolça Mulet. Los del PP: Fernando Rubio, María Binimelis, Rafel Bosch, Bartomeu Vallori, Eduardo Puche, Carme Feliu, Joan Font, Antoni Coll, Miquel Munar, Gaspar Oliver, Miquel Canàves, Catalina Sureda, Andreu Obrador, Carlos Luis Veramendi, Miquel Amengual y Francesc Cañelles. El juzgado número 12 de Palma sigue investigando el asunto, sobre el que han encargado dictámenes tanto el Consell como el Colegio de Arquitectos.
CASO AYUDAS
La presunta trama de corrupción en torno a las subvenciones públicas otorgadas en la anterior legislatura por el Consell de Mallorca a varias entidades afines a UM recibió el sobrenombre de Caso Ayudas. Pese a que la denuncia inicial incluía a más políticos, entre ellos la entonces presidenta Munar, en el sumario sólo figuraban como imputados Dolça Mulet, vicepresidenta entonces del Consell y hoy en día consellera ejecutiva de Esports y Promoció Social de la institución insular, y Joan Josep Mas, ex director insular de Patrimonio Histórico-Artístico. No obstante, el 9 de abril el juez Pedro Barceló exoneró a ambos políticos tras archivar parcialmente el sumario al no ver indicios delictivos en la concesión de los fondos públicos. Sin embargo, la resolución dejó abierto el caso para 11 de los responsables de las entidades beneficiadas por presunto desvío de las ayudas a fines nos subvencionados y falsedades. Anticorrupción estudia recurrir el archivo y el PP, como acusación particular, ya ha anunciado su recurso.
CASO DE SANTOS
Uno de los casos más mediáticos por la truculencia de los hechos ha sido el protagonizado por el ex teniente de alcalde de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, investigado por una presunta malversación de fondos públicos usando abusivamente una tarjeta de crédito municipal para pagar servicios en clubs de alterne homosexuales. Pese a haberse gastado una cantidad superior a los 50.000 euros usando la visa de la EMOP, como el propio imputado ha admitido al devolver esta cantidad, la jueza que instruye la querella formulada por la fiscalía anticorrupción accedió a adelantar la comparecencia del ex alto cargo público que gestionaba el urbanismo de Ciutat para evitarle el "acoso" de los medios de comunicación. Bronceado y con buen aspecto, el ex edil compareció ante la magistrada Ana San José durante apenas 5 minutos, tras lo cual quedó en libertad para regresar a Madrid, donde sigue un tratamiento por su adicción al sexo y a las drogas que, según alegó ante la jueza, no le permiten explicarse.
CASO CASTILLO INFANTIL
El anterior no es el único caso en el que está implicado De Santos. La fiscalía también investiga una presunta prevaricación y otros delitos por el contrato verbal con el que el ex responsable de urbanismo adjudicó a la empresa sueca Hags la construcción del castillo infantil que imita al de Bellver para el Parc de sa Riera. En las diligencias de la fiscalía figuraba también como imputada Gloria Penalva, ex gerente de la EMOP y mano derecha de De Santos. La empresa Hags reclama al Ayuntamiento 1,4 millones de euros, trescientos mil más de lo presupuestado.
CASO BITEL II
Un nuevo escándalo sacudió al PP a finales del pasado mes de abril. Damià Vidal, hombre de confianza del ex president Matas y colocado por éste al frente de la empresa Bitel, es detenido por una presunta malversación de 700.000 euros. Damià Vidal, junto a otras 5 personas, está acusado de los delitos de malversación de caudales, cohecho, defraudación y falsedad en documento mercantil. Anticorrupción postula que Vidal supuestamente urdió con los otros encausados un entramado societario para vaciar las arcas de Bitel. Lo último: los actuales gestores de Bitel han descubierto un segundo descuadre de 440.000 euros que Vidal habría autorizado para aumentar la seguridad de la empresa y de cuyo destino real apenas hay justificación.
CASO MAPAU
De la docena de personas que llegaron a estar imputadas en el sumario del caso Mapau, la presunta trama para la captación ilícita de votos de emigrados a Argentina y Uruguay en favor del PP en las autonómicas de 1999, la jueza instructora ha dictado un auto de "procesamiento" (pase a procedimiento abreviado) contra tres funcionarios del Govern a los que se acusa de falsedad documental y prevaricación continuada por la contratación irregular por el Institut Balear de Desenvolupament Industrial de Maria de la Pau Segura, supuesta agente electoral del entramado. Los tres procesados son Rosa Grijalba, Angel Gallego y Joan Fortuny, que formaron parte de la mesa de contratación convocada para cubrir una plaza de traductor.
CASO GARCÍAS-ESTARÀS
El diputado socialista en el Congreso Antoni Garcías se ha querellado contra la presidenta del PP, Rosa Estaràs, por un delito de calumnias tras haberle acusado ésta de malversación de fondos con unos billetes de un viaje oficial a Cuba durante su etapa de conseller. El juzgado de instrucción 7 lleva las diligencias y ya citó a declarar como imputada a Estaràs el pasado día 10 de abril. Su abogado defensor, Rafael Perera, ha pedido el sobreseimiento de las diligencias al considerar que el asunto no tiene ninguna relevancia penal, ya que, en su opinión, se trata de un asunto limitado al ámbito parlamentario. El juez Antoni Garcías, de mismo nombre que el querellante, habrá de decidirse por esta opción o elevar una consulta al TSJB para imputar a la diputada del PP.
CASO NÁJERA
La sección primera de la Audiencia ha ordenado la reapertura de la última de las causas abiertas contra la ex alcaldesa de Calvià Margarita Nájera, referida a la presunta venta a bajo precio por parte del entonces recaudador municipal del municipio, Jaime Riera, de un solar urbanizable a Manuel Barajas,ex marido de la actual consellera de Trabajo. Según afirma el denunciante, el primer edil calvianer Carlos Delgado, Nájera habría mejorado el contrato del recaudador municipal para conseguir este trato de favor hacia su ex marido.
CASO CABALLISTAS
La implicación de la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, entre la decena de alcaldes, ex alcaldes y funcionarios implicados en la trama de presuntas certificaciones falsas por las que el ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, legalizó su vivienda de na Fonda como un club hípico, ha obligado al TSJB a instruir el caso dada la condición de diputada, y por tanto de aforada, de la primera edil felanitxera.
Será el magistrado Antoni Monserrat quien llevará el caso en el que el anterior magistrado Antoni Rotger, que se inhibió a favor del primero, imputaba un presunto delito de falsedad documental, penado con seis años de privación de libertad y otros tantos de inhabilitación para ejercer cargo público, a la alcaldesa de Felanitx, al alcalde de Santanyí, Miquel Vidal; al alcalde de Selva, Joan Rotger; al de Montuïri, Gabriel Matas; al ex alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo; al ex primer edil de Lloret, Joan Jaume Ramis; al ex alcalde de sa Pobla, Antoni Serra. y al teniente de alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet. En Inca, las certificaciones fueron firmadas por el edil Joan Rubert, para el que se pide la misma pena que a los anteriores.
El ex alcalde de Campos y actual conseller del PP, Andreu Prohens, se enfrenta a dos años de suspensión al ser acusado de presunta falsedad en connivencia con el secretario Sebastià Portell. El presunto causante de este aluvión de certificaciones falsas, el ex alcalde saliner Sebastià Vidal, afrontará una petición de 66 años de privación de libertad y una multa de 800.000 euros.
CASOS DE STELLA MATUTES
La hija del ex ministro de Exteriores Abel Matutes, Stella, tiene abiertos dos pleitos judiciales en la pitiusa mayor por sendas denuncias interpuesta por el GEN, el equivalente ibicenco al GOB mallorquín. En la anterior legislatura, cuando era consellera de Carreteras y Obras del Consell de Eivissa, votó a favor de un Plan Territorial insular que presuntamente permitía la edificabilidad en unos terrenos propiedad de unas empresas en las que la consellera tendría participación. Además de para Stella Matutes, el fiscal ha pedido la imputación por esta presunta recalificación de terrenos de Joan Marí Tur, en el momento de la denuncia conseller de Patrimonio de la institución insular y vicepresidente del Parlament, de su hermano Antoni Marí Tur, ex diputado del Parlament, y José Sala, entonces y ahora alcalde de Sant Antoni.
El otro frente judicial que tiene Stella Matutes, con diligencias penales abiertas por varios delitos pero aún no imputada, es por el presunto vertido de tierras procedentes de las obras de las autovías de Eivissa en unos terrenos de su propiedad que servirían de base para la formación de un campo de golf. Matutes anunció la pasada semana su retirada de la política para dedicarse a la actividad privada.
CASO IBIZA CENTRO
En el caso de las presuntas comisiones en la construcción de un centro comercial en Eivissa figura como imputado José Marí Ribas, en la actualidad alcalde de Sant Josep y en el momento de la denuncia formulada por Roque López, ex secretario general de la Federación Socialista Pitiusa, gerente de la empresa pública que acometía las obras del centro comercial. También está imputado el ex teniente de alcalde de Eivissa, Pedro Campillo. López pidió la imputación del actual presidente del Consell insular, Xicu Tarrés, y el secretario de organización, Miquel Mestre, petición que finalmente no prosperó.
CASO LICENCIAS
La alcaldesa de Felanitx está imputada por presuntamente "retener irregularmente" la entrada en vigor de una norma urbanística restrictiva que habría permitido la concesión de treinta licencias para unas 140 viviendas en bloques plurifamiliares. Catalina Soler, en su declaración del pasado 3 de diciembre, atribuyó el retraso de la norma al Consell de Mallorca.
CASO RABASCO
La primera semana de julio se celebrará el juicio contra el alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, y el ex edil de ASI, Joaquín Rabasco, por varios delitos con presunto fraude de fondos públicos ya que la acusación postula que, entre 1999 y 2002, Tomàs permitió y auspició el desvío de casi 950.000 euros de las arcas municipales a empresas ligadas al ex regidor.
CASO RENT A CAR
La presunta trama de evasión fiscal a través de un entramado de sociedades en los sectores de coches de alquiler y empresas náuticas que señalaban como imputado al alcalde de Montuïri, Gabriel Matas, ha quedado al albur tras emitir Hacienda un informe que consideraba que las presuntas prácticas irregulares no constituían delito. No obstante, el caso continúa abierto.
CASO VARADERO
La empresa Boat Yard Palma (BYP) acusa al ex presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Verger, de irregularidades en la concesión de varadero del puerto de Ciutat. BYP achaca a Verger los presuntos delitos de fraude a la Administración y negociaciones prohibidas a los funcionarios al haber adjudicado la concesión a una UTE en la que participaba un ex socio suyo, Juan Antonio Riutord. Verger sostuvo en su declaración ante el juez el pasado mes de septiembre que la decisión de la adjudicación fue tomada por todo el consejo de administración de manera colegiada y que, por tanto, nunca fue decisivo para la resolución final.
* Diario de Mallorca - I.OLAIZOLA. PALMA - 04 de mayo de 2008
Foto: Felanitx (Mallorca) - hotels.com
Tan cercanos, tan distantes
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ELPAÍS/Vitoria* : Los proyectos de levantar sendos campos de golf con urbanizaciones anejas en Laguardia y Labastida sólo coinciden en su interés especulativo. Distan apenas 20 kilómetros, viven amparadas por la sierra de Toloño (conocida en la Rioja Alavesa más como de Cantabria), presumen de un interesante patrimonio monumental y de sus viñas salen algunos de los mejores vinos del mundo.
Sin embargo, Labastida y Laguardia, tan cerca en principio, suponen dos mundos muy distintos, como muestra el proceso que han vivido con sus respectivos proyectos urbanísticos planeados alrededor de sendos campos de golf.
En ambos casos el punto de partida es el mismo: el Plan Territorial Parcial que impulsó la Diputación alavesa cuando la gobernaba el PP y refrendó el 28 de diciembre de 2004 la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dirigida entonces por Sabin Intxaurraga, de EA. Aquel día de los Santos Inocentes se avalaba la intervención en una de las zonas privilegiadas de Euskadi, de Labastida a Oyón, que ha llevado a numerosos procesos especulativos, con su primera expresión en los dos polémicos campos de golf.
Impulsados por ayuntamientos que el PP gobernaba con mayoría absoluta, cada uno ha mantenido una evolución propia. Sólo coinciden en su intención especulativa. La dimensión de los complejos que deberían acompañar al proyecto deportivo, desproporcionada a juicio de los vecinos, le costó la alcaldía a los populares en ambas localidades en las últimas municipales.
En Laguardia se iba a crear todo un nuevo núcleo urbano (con 500 viviendas en principio, aunque la última propuesta la bajaba a 100) en las faldas de la sierra, aislado de la villa. La urbanización se situaba en un paraje muy cercano al biotopo protegido de las lagunas de Laguardia. En Labastida, la propuesta se dispone en una lengua de terreno que asciende al parque de San Ginés, un millón de metros cuadrados que incluyen terrenos municipales. Si en Laguardia la promotora era privada, en Labastida, cuenta con participación municipal.
La evolución de ambos proyectos también ha sido dispar. En Laguardia, el caso ha llegado a los tribunales. Bajo secreto de sumario se encuentra la investigación del intento de soborno al único edil de EA, Gregorio López Gonzalo, a quien un promotor ofreció 90.000 euros por cambiar su voto para que saliese adelante el proyecto impulsado por el PP (cuatro ediles), frente a la negativa del PNV, ahora en la alcaldía (otros cuatro). El PNV de Laguardia siempre ha visto con recelo el proyecto y se ha opuesto, aunque tibiamente. El presidente de la ejecutiva alavesa del PNV, Iñaki Gerenabarrena, recuerda que su formación "siempre ha estado en contra de la creación de nuevos núcleos urbanos".
Ésa es una de las claves de la postura peneuvista en Labastida. Como en esta localidad la propuesta suponía prolongar el pueblo, en principio sus concejales no se opusieron, pero las denuncias de la asociación Torrolate han comenzado a calar en las bases de la organización. El anterior alcalde, Ignacio Gil, del PP, respalda el proyecto y los dos ediles del PNV le apoyan sin fisuras, lo que ha llevado a una crisis en esta formación. Primero, dimitió uno de ellos, Fernando Eguiluz (sustituido por Karmele Petralanda). Al final, tras el enfrentamiento del sector encabezado por el otro edil, Iosu Landa con otros militantes, el Tribunal Nacional del partido ha terminado por disolver la organización municipal de Labastida. La fiscalía también investiga los terrenos donde se va a levantar la urbanización y el golf.
Lo que dice el Plan Territorial
El Plan Territorial Parcial de Rioja Alavesa, el documento que ordena todo su crecimiento urbanístico, propone construir tres equipamientos deportivos en Labastida, Laguardia y Oyón. El plan señala que debe prevalecer la práctica del deporte sobre otros usos residenciales u hosteleros asociados. Además, no podrán construirse en áreas de especial protección o en detrimento del viñedo. Y, por supuesto, deberán ser autosuficientes, sobre todo en su abastecimiento de agua. El proyecto que impulsa la promotora Golf & Wine en Labastida no cumple muchos de estos requisitos, como tampoco lo hacía el complejo previsto en Laguardia. Sin embargo, los anteriores alcaldes de ambas villas los impulsaron sin titubeos.
El caso de Laguardia está bajo investigación judicial por un supuesto intento de soborno. En Labastida, la asociación Torrolate ha denunciado que el ex alcalde popular Ignacio Gil, principal impulsor del proyecto, tiene propiedades, en concreto su bodega, en el espacio donde se proyecta la urbanización de 750 viviendas.
Ignacio Gil ha precisado que sus terrenos se encuentran fuera del espacio previsto para el proyecto, aunque reconoce que serán recalificados. En cuanto a Iosu Landa, principal defensor del proyecto en el seno del PNV, trabaja como apoderado de la empresa riojana Terrenos, Unidades de Ejecución y Promociones, con sede en Haro, dedicada a la compraventa de fincas y al asesoramiento en operación de transacción inmobiliaria.
Marcados por la polémica
Labastida (1.475 habitantes)
- Proyecto: Campo de golf con una urbanización de 750 viviendas.
- Ubicación: Al norte del pueblo, en una lengua de terreno que parte de la periferia del núcleo urbano para llegar hasta el parque de San Ginés.
- Estado actual: La Comisión de Ordenación y Urbanización del Territorio, en la que participan el Gobierno y Eudel, ha rechazado el proyecto en su redacción actual. El ex alcalde Ignacio Gil (PP) estima que son correcciones mínimas. El actual primer edil, Higinio Arinas (EB), cree que las exigencias impiden que siga adelante el campo. La fiscalía investiga los terrenos.
Laguardia (1.484 vecinos)
- Proyecto: Dos campos de golf con una urbanización de 500 viviendas, que se desinfló hasta quedarse en un campo de golf y 100 viviendas.
- Ubicación:Al norte del pueblo, entre la sierra de Cantabria y el biotopo protegido de las lagunas.
- Estado actual: Se ha abandonado el proyecto tras descubrirse el intento de soborno al único concejal de EA para que cambiase el sentido de su voto. El caso está bajo secreto de sumario. Los terrenos se volverán a calificar como rústicos, tras el apoyo de 48 de los 50 propietarios. Uno de los que se oponen es el anterior alcalde, Javier San Pedro (PP).
* ELPAIS.com - TXEMA G. CRESPO - Vitoria - 05/05/2008
Foto: Labastida (Álava), ayuntamiento - Eduardo Dulce (picasaweb.google.com)
Guía práctica para especuladores en diez cómodos pasos
OLIVEPRESS* : "Cómo comprar todo un pueblo en Andalucía". Imagínense a ustedes mismos como un grupo de inversores con el sano deseo de embolsarse unos mil millones de euros en el menor tiempo posible. Tienen ustedes la maravillosa idea de construir campos de golf, cientos de chalets de lujo, hoteles de cinco estrellas, etc. Ya se han comprado la finca donde piensan desarrollar su proyecto: una propiedad cercana a lo que ustedes consideran un pueblo de catetos en el corazón de Andalucía. Saben perfectamente que si se atienen a la estricta legislación medioambiental, no hay manera de que puedan embolsarse la millonada que sueñan. Saben que no hay suficiente agua para regar los campos de golf y que arriesgan contaminar el acuífero subyacente. Bueno ¿y qué? No vamos a preocuparnos por minucias. Hay que trincar la pasta cuanto antes y largarse.
¿Cómo hay que proceder?
Bueno, pues hay que comprar la ciudad en cuyo municipio se van a realizar nuestros planes. ¿Cómo? He aquí una guía clara y precisa en diez cómodos pasos que les ayudarán a que su maravilloso sueño se haga realidad.
1º. COMPRE A LOS POLÍTICOS
Es necesario comprar a los políticos locales. No se olvide de ninguno de los partidos principales, sea de derechas, de izquierdas o de centro. Consiga que se posicionen a su lado. Llévelos de copas e invítelos a comer tan a menudo como se lo permitan sus estómagos. Asegúrese de que ganan las próximas elecciones locales. ¿Cómo? Corran con los gastos de sus campañas electorales. Anuncie repetidamente su fabuloso proyecto en sus periódicos gratuitos (panfletos, más bien). ¿Y si el partido que ostenta el poder municipal no es muy proclive a sus proyectos? Pues organice un golpe de mano democrático en el ayuntamiento y que los partidos afines a sus ideas se hagan con el gobierno municipal.
Consiga que los políticos de ámbito regional y nacional sean comprensivos con sus planes. ¿Que uno de ellos podría trabajar de arquitecto en su proyecto? ¡Estupendo, dele el puesto! ¿Que el hermano de un ex ministro está dispuesto a encabezar su promotora? Pues miel sobre hojuelas.
2º. COMPRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES
No querrá usted que algún protestón, con la excusa de proteger el entorno natural, haga declaraciones en contra de su proyecto en la radio, televisión o prensa local. ¿Qué hacer? Simple. Bombardee los medios con publicidad de su maravilloso proyecto. Consiga que algún profe mercenario, auto-nombrado catedrático, jure y perjure en los medios las bondades de su proyecto.
3º. COMPRE LA ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESARIOS
Por supuesto, los empresarios locales deben apoyar sus planes incondicionalmente. Y, si al presidente, propietario de una importante empresa constructora local, le encantaría pillar algún trabajillo de su proyecto... ¡maravilloso! Ni se preocupará en buscar acuerdo general entre todos los socios de la asociación. En cambio, se encargará de recoger firmas a favor de sus planes y las entregará al mismísimo defensor del pueblo. Y, con suerte, puede que hasta se encargue de organizar una manifestación de apoyo a su proyecto.
4º. COMPRE LOS CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS
Regáleles camisetas con su logotipo para los entrenamientos y competiciones. Los directivos de estos clubs se encargarán de obligar a sus socios a llevar puestas sus equipaciones, les gusten o no.
5º. COMPRE LA ASOCIACIÓN LOCAL DE VITICULTORES
¡Vaya, está usted de suerte! Así que ha conocido a un ambicioso arquitecto local dispuesto a aceptar un importante puesto en su proyecto y, además, resulta que es el presidente de la asociación local de viticultores. ¡Fantástico! Ya se encargará él de convencer a los otros socios para que respalden su proyecto.
6º. COMPRE LA ASOCIACIÓN LOCAL DE MINUSVÁLIDOS
Este paso es bien fácil. Suelte 20.000 euros (que para usted no supone mucho), y compre a los pobres minusválidos un microbús de segunda mano. Seguro que alguno de ellos se lo agradecerá encabezando una manifestación a su favor.
7º. COMPRE AL CLERO LOCAL
Quizá se acuerde usted del pasaje evangélico en que Jesús expulsa a los mercaderes del templo, y supone que ni el mismísimo diablo le dejaría colgar sus banderolas publicitarias en la iglesia del pueblo. La cosa está difícil pero... ¿no tiene el párroco un pariente ambicioso con intereses en su proyecto? ¡Tío, qué suerte! ¡Cuelga los pendones bien alto del santuario! ¡Más cerca está del cielo!
8º. COMPRE A LA GUARDIA CIVIL
Éste sí que es bueno. Pensará usted que las fuerzas del orden están ahí para proteger a los ciudadanos de manera absolutamente imparcial. Pero, por otro lado, usted sabe que va a necesitar un buen equipo de agentes de seguridad que defiendan su propiedad de los intrusos.
¿Por qué no contrata al pariente de un jefe local de la guardia civil? Seguro que se encarga de denunciar a sus oponentes agitadores y follonistas. Simplemente déle los detalles de aquellos que le están dando la lata más de la cuenta.
9º. YA PUESTOS, INTENTE COMPRAR A TODO EL PUEBLO
Como en cualquier parte, los jóvenes del pueblo y sus padres necesitan trabajo y diversión. Y usted va a necesitar todo un regimiento de picapleitos que denuncien a sus oponentes, va a tener que echar mano de agentes inmobiliarios, periodistas, presidentes de asociaciones vecinales, etc. Invítelos a francachelas y cuchipandas. Regale entradas para los toros, organice conciertos populares gratuitos. El pueblo entero terminará creyendo que su proyecto es lo mejor que le podría haber sucedido.
10º. Y, POR ÚLTIMO, ¿POR QUÉ NO COMPRAR TAMBIÉN A LOS QUE SE OPONEN?
Ha llegado ya al punto en que sólo le queda anular a esos listillos que han tenido la desfachatez de oponerse a su proyecto considerándolo un gravísimo atentado para el futuro del pueblo y de su medio ambiente.
Bien, primero intente comprarlos. ¿Que se resisten? Eche mano de todos los mercenarios que ya se han dejado comprar para amenazarlos e intimidarlos. Si todavía no funciona, bombardéelos con denuncias y querellas apañadas. Verá como encuentra suficientes sinvergüenzas dispuestos a ayudarle.
N.B. Unas palabras de advertencia. Si, a pesar de todo, aquellos ciudadanos insobornables que se oponen a sus proyectos deciden continuar la lucha, terminarán derrotándole. La ley y la justicia están del lado de ellos. Quizás pueda usted comprar algún juez, pero no puede comprar a todos.
* http://www.theolivepress.es/
* JRMora, Humor Gráfico - 28 April 2008
