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ELDIARIOMONTAÑÉS* : «Se ha realizado un desarrollo urbanístico fraudulento, a iniciativa de los promotores, en connivencia con los responsables municipales y con un grave perjuicio para el municipio, a lo que hay que añadir la destrucción de bienes de dominio público que se han producido en dicha unidad de ejecución (1.34 de Santa Catalina)». Esta es la principal conclusión a la que llegó ayer el juez Acayro en un auto en el que acordó -como medida cautelar -la paralización inmediata de la obra promovida por Castrum Varduliex (un supermercado Supercor y unas 150 viviendas) en esa polémica unidad de ejecución, ubicada junto al colegio Arturo Dúo.
Una decisión que según el instructor pretende «evitar la consolidación de una situación de ilegalidad que se produciría con la finalización de la misma y los perjuicios que ello supondría». Aunque durante la jornada de ayer no se hizo efectiva la paralización, el instructor castreño dio las indicaciones pertinentes para que se retire todo el material y la publicidad de la obra y se establezcan unas condiciones de seguridad mientras dure la presente instrucción, «cuya finalización es prácticamente inmediata».
En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, el juez Acayro señala que «existen indicios sólidos de la comisión de un delito continuado de prevaricación administrativa y urbanística». Para llegar a esta conclusión, el instructor se apoya en varios aspectos. Por un lado, el ex secretario municipal, César Saiz, «reconoció en sede judicial la ilegalidad de todo lo realizado». «A parte de los informes de la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) que lo advierten, consta en las actuaciones un informe jurídico de la secretaria municipal del que se desprende que todas las obras realizadas en la unidad de ejecución 1.34 y 1.33 son manifiestamente contrarias al planeamiento».
Por otro lado, el instructor señala que en el proyecto de reparcelación aprobado «se ha manipulado la cabida y situación jurídica de la parcela de equipamiento público que corresponde al Ayuntamiento y de viales al tiempo de inscribirlo en el registro de la propiedad, estando imputado el promotor y representante de Castrum Varduliex por un posible delito de falsedad de documento público». Acayro asegura en su auto que la apertura de un vial general sobre suelo destinado a equipamiento ha ocasionado un perjuicio al municipio, tal y como había advertido reiteradamente la Crotu.
Pérdidas
Dicho perjuicio consiste, según el instructor, en la pérdida en las unidades de ejecución 1.33 y 1.34 de, al menos, 1.512 metros cuadrados de equipamiento público. «En otras palabras, se ha eximido a los promotores de entregar dicha cantidad de suelo para hacer los viales; 412 metros cuadrados de la 1.34 y 1.100 metros de la 1.33.
Pero Acayro no se queda ahí. Asegura que el Ayuntamiento ha perdido entre 500.000 y un millón de euros, si nos atenemos a las valoraciones realizadas para la permuta que se llevó a cabo con el aprovechamiento urbanístico de la unidad de ejecución 1.34. «El suelo que debían entregar los promotores sólo en esas unidad de ejecución y que se han ahorrado en perjuicio del municipio tendría una valoración aproximada de 600.000 euros». Se espera que a lo largo del día la Guardia Civil haga efectiva la paralización de la obras.
* El Diario Montañés - ABEL VERANO / MARIO CERRO - 20.11.09
Foto: Imagen panorámica de la Unidad 1.34 donde Castrum Varduliex construye un Supercor y unas 150 viviendas con garajes. /ABEL VERANO, eldiariomontanes.es
Castro: Acayro ordena la paralización inmediata de las obras del Supercor y de unas 150 viviendas
Una firma de Correa invirtió 756.240 euros en un PAI tras cobrar comisión por los actos del Papa
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LEVANTE/Alicante* : Para la trama Gürtel el cemento fue un medio y un fin. Promotoras y constructoras pagaron comisiones a la red a cambio de concesiones en ayuntamientos cuyos políticos eran comprados por Correa (Madrid) o abonaron a Orange Market facturas de servicios que en realidad fueron prestados al PP (Comunitat Valenciana).
Pero, además, el urbanismo fue también un punto de destino, una inversión para blanquear parte del dinero negro utilizando sociedades patrimoniales gestionadas y a nombre de testaferros, pero bajo el paraguas del imperio mafioso de Correa, según Garzón y la Udef. Una de esas firmas pantalla es Castaño Corporate. El 19 de julio de 2006, esa sociedad compró un terreno de 12.605 metros en la Nucia (Marina Baixa) por 756.240 euros. La elección de la Nucia responde a la estrecha relación de Álvaro Pérez "El Bigotes", con el alcalde popular Bernabé Cano, quien dio contratos a la trama y ha aparecido en diversas grabaciones vinculado a los intentos de Correa de pegar un pelotazo en el municipio.
La finca rústica, de matorral y olivos, se escrituró en la notaría de Ángel Puras, en Madrid, apenas dos semanas después de que esa firma ingresara 230.000 euros a cuenta del negocio que generó el contrato de la constructora Teconsa con Canal 9 para dar cobertura (sonorización, instalación de pantallas y servicios audiovisuales) a los actos de la visita del Papa a Valencia.
Teconsa subcontrató a otras tres firmas, entre ellas la sevillana Apogee Telecomunicaciones. Mientras Valencia vivía consternada por el accidente del metro que segó la vida a 43 personas y aguardaba la llegada de Benedicto XVI, el número dos de la trama, Pablo Crespo, recogió en Sevilla dinero negro de comisiones por haber intercedido ante el anterior director general de RTVV, Pedro García, para lograr ese contrato para Teconsa y el resto de empresas, siempre según los informes policiales. El apunte de 230.000 euros para Castaño Corporate -dedicada a la compra-venta de inmuebles, que nada tiene que ver con luces y sonido- está en la contabilidad B incautada.
Plan bloqueado por el TSJ
El administrador único de esa empresa es Jacobo Gordon, amigo y testigo de la boda de Alejandro Agag con la hija de Aznar. Los dos apoderados de esa sociedad son Pablo Crespo y Ramón Blanco Balín, el número dos y el tres de la organización. Esto es, el hombre que ejecutaba las órdenes de Correa y el ingeniero financiero que diseñó el entramado societario internacional para la generación y blanqueo de capitales.
Al poco de su adquisición, los terrenos pasaron a ser urbanizables. Tal día como hoy, el 20 de noviembre de 2006, la comisión territorial de urbanismo de Alicante aprobó el PAI del Algar, que prevé 2.501 viviendas y del que forma parte la parcela de Castaño Corporate. El pasado mes de junio, el TSJ valenciano bloqueó el proyecto por no garantizar la suficiencia hídrica, por lo mismo que se paralizaron los otros dos PAI de la Nucia: la Serreta y Pie de Monte. El primero logró finalmente luz verde en los tribunales. El ayuntamiento avaló el Plan del Algar, como los otros dos, y de hecho está intentando desatascarlo por la vía judicial. Gordon llevó las negociaciones de esa operación como también los contactos con los propietarios de los PAI Pie de Monte y la Serreta, donde Correa pretendía comprar, desbloquear -gracias a sus conexiones con terminales políticas- y revender. El pelotazo no salió, pero las negociaciones resultaron de lo más divertidas según las grabaciones incorporadas al sumario del TSJ de Madrid. El amigo de Agag, el alcalde Cano, Correa y algún empresario "se lo montaron de puta madre con tías en un restaurante que cerraron" en Valencia. Entre las comisionistas de la visita del Papa figura otra firma administrada por Gordon: Parque Logístico Montalbo, que cobró 60.000 euros.
Castaño Corporate compró los terrenos a los administradores de la firma inmobiliaria Henk & kathy Invest SL, radicada en la Nucia.
El Tribunal Supremo (TS) prorrogó ayer por cuarta vez el secreto de las actuaciones en el caso Gürtel, lo que significa que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso a las mismas. Lo acordó en un auto el magistrado instructor del caso en el TS, Francisco Monterde, quien el 17 de agosto prorrogó por primera vez el secreto de estas actuaciones.
Monterde alegó que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto. Entre ellas, el instructor señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une, añadía, la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el TSJ de Madrid, del que procede esta causa especial, y donde las actuaciones también están "declaradas secretas". Recordó que la prórroga del secreto de actuaciones está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El Constitucional dijo que tal laguna no impide al juez proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario "si el plazo ha resultado insuficiente para hacer efectiva plenamente esa protección"
El TS acordó en junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM, Antonio Pedreira.
* Levante-EMV - FRANCESC ARABÍ - 20.11.09
Foto: Terrenos situados en el Plan del Algar, en el término municipal de la Nucia. rosario pagés, levante-emv.com
'Okupar' un piso en Barcelona, un euro
ELPAÍS* : Un juez deja que los intrusos de la vivienda social del Raval sigan en ella con una fianza mínima. Josep Mediñà y Antonia, su mujer, durmieron ayer en casa de su hijo. Igual que desde hace 16 meses, cuando, al volver de vacaciones se encontraron su piso, en el Raval de Barcelona, ocupado por otra familia. Desde entonces, viven enmarañados en una pesadilla judicial para recuperar su hogar.
El último episodio se produjo el mes pasado, cuando al fin habían logrado que se fijara fecha para el desalojo forzoso de los intrusos de la vivienda, un piso social de la Generalitat gestionado por el Patronato Municipal de la Vivienda por el que pagan un alquiler de 148 euros. Pero en el último momento, tras un recurso de la okupa, el juez sustituto del Juzgado de Primera Instancia número 57, Carlos Tortras, paralizó el proceso, según consta en el expediente judicial. El magistrado, el mismo que había ordenado desalojar el piso semanas antes, adujo en esta ocasión que quedaba "acreditada la precariedad económica" de María José O. E., a quien impuso una fianza de un euro.
El proceso para recuperar el piso ha sido complicado para los Mediñà desde el principio. La noche del 23 de julio de 2008, al volver de vacaciones apresuradamente porque les habían dicho que algo raro ocurría en su casa, el matrimonio descubrió que su llave no abría la puerta. Denunciaron el caso a los Mossos, pero éstos les dijeron que al haber otra familia en la casa, el caso debía resolverse en los tribunales.
La denuncia por vía penal contra la acusada por allanamiento de morada no prosperó. El Juzgado de Instrucción número 13 archivó el caso al apreciar contradicciones entre los testigos sobre si los Mediñà vivían realmente en el piso. Los Mediñà, finalmente, lograron demostrar en abril de este año, por vía civil y con la comparecencia de otros testigos y del Patronato Municipal de la Vivienda, que el piso ocupado sí era su residencia habitual.
Los procedimientos judiciales obligaron entonces a pedir la ejecución de la sentencia, mientras que María José O. E. logró presentar un recurso y que éste fuera admitido. El embrollo terminó, de momento, el pasado 1 de octubre, cuando el juez Tortras suspendió indefinidamente la orden de desalojo por la "precariedad económica" de la okupa.
En el piso viven al menos tres personas, pero sólo se ha procedido contra María José O. E. Ésta contó a la policía, según el sumario, que alquiló la vivienda a alguien llamado Jaime, con quien contactó gracias a un cartel colgado en un locutorio. Jaime le habría dado las llaves del piso a cambio de 1.500 euros, sin mediar documento alguno y sin que se volvieran a ver. EL PAÍS ha tratado repetidamente, sin éxito, de recabar la versión de María José O. E.
La vecina que declaró a su favor en la vía penal es la inquilina del piso 1º 1ª (el ocupado es el 1º 2ª). Esa vecina no está localizable: no pagaba el alquiler y el Patronato de la Vivienda instó un proceso de desahucio que se hizo efectivo hace unas semanas. Los Mediñà sostienen que fue ella la que facilitó a María José O. E. el acceso a la vivienda a través de una ventana trasera. Las ventanas de ambos pisos son contiguas y bajo ellas hay una cornisa metálica.
Las víctimas se han dirigido al juez para pedirle que si verdaderamente cree que la ocupante de su piso se halla en situación de necesidad, se dirija a los servicios sociales para que le faciliten una vivienda y así ellos puedan recuperar la suya. Esta petición, de momento, no ha tenido respuesta, por lo que la abogada, Esther Villaescusa, ha presentado una apelación contra la decisión de frenar el desahucio de la vivienda.Las administraciones públicas se mantienen a la espera. Incasòl (Instituto Catalán del Suelo), propietario de la finca, no interviene porque la gestión depende del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona. "Desde el pasado mes de febrero, cualquier tipo de petición de viviendas en Barcelona se traslada al Patronato Municipal", señaló un portavoz del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. La petición del matrimonio que se ha quedado sin piso se presentó tras paralizarse el desalojo, por lo que es posterior a febrero. El Patronato de la Vivienda sostiene que no puede hacer nada mientras no haya sentencia, pero que da apoyo jurídico a las víctimas.
La abogada del matrimonio pidió al patronato que, mientras se resuelve la situación diera otra vivienda a la familia afectada. La respuesta fue negativa: no se puede hacer nada hasta que se recupere el piso ocupado. El matrimonio Mediñà estaba ayer muy dolido con quienes decían que no vivían en el piso. "Vivíamos, claro que vivíamos. Cómo si no íbamos a tener en el piso desde las cartillas de ahorro hasta las fotografías de la familia. Y nos hemos quedado sin todo eso". La tienda de Antonia está justo enfrente. Otra vecina confirma que los Mediñà eran vecinos. "Sí que lo eran. Alguna noche se iban a dormir a casa de su hija porque tienen una nieta pequeña y aquí hay sarao todas las noches".
Las dos vías penales
- Allanamiento de morada. Si el residente de una vivienda -ya sea propietario o inquilino- se encuentra con que han ocupado su casa, debe acudir a la policía para denunciar el allanamiento de morada. Se trata de un delito tipificado en el artículo 202 del Código Penal y está castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. En caso de que haya habido violencia, la sanción puede llegar a ser de cuatro años de cárcel.
- Usurpación. En el caso de que la vivienda esté vacía, se trata de un delito de usurpación, estipulado en el artículo 245 del Código Penal. Suele ser el más común en los casos de ocupaciones de viviendas, porque la mayoría de las casas en las que entra a vivir alguien indebidamente están deshabitadas. También en este caso el legislador tiene en cuenta si la ocupación ha sido con o sin violencia. En todo caso, la sanción para este delito es siempre una multa.
* ELPAIS.com - FRANCESC ARROYO - Barcelona - 20/11/2009
Foto: Antonia, ayer por la mañana, ante la tienda que regenta en la calle del Om, justo delante del edificio donde tiene el piso.- MARCEL.LÍ SÀENZ
Roca intentó vender su finca a precio de oro sabiendo que iba a ser expropiada
ELCONFIDENCIAL/Málaga* : Su gozo en un pozo. A Juan Antonio Roca le van a expropiar su lujosa finca de La Caridad, a pesar de los infructuosos intentos de éste por dar el pase al inmueble antes de que se hiciera pública la operación. La construcción de un nuevo parque tecnológico en Marbella, por el que se expropiarán 300 fincas ubicadas a lo largo de las 197 hectáreas del valle del río Guadaiza, disparó todas las alarmas en la familia Roca.
Tal es así que el cerebro de la Operación Malaya movió sus fichas a toda prisa, “manejando los hilos de sus marionetas judiciales a su antojo para vender sus propiedades a espaldas de los que en realidad debían recuperar el dinero que cogió de las arcas municipales de Marbella”, según señalan fuentes judiciales que llevan el caso a El Confidencial.
“Mientras Muñoz y otros presuntos delincuentes de Malaya pasean sus miserias por las televisiones, prisioneros de su pasado, Roca desde la prisión sigue siendo un perfecto arquitecto de su futuro, haciendo una buen acopio de sus propiedades para cuando salga en libertad. Sin duda es el más listo”, añaden estas mismas fuentes.
Tal y como adelantó este diario, la finca La Caridad, la vivienda preferida por Juan Antonio Roca, en la que tenía innumerables obras de arte y decenas de caballos de pura raza, ha intentado ser vendida en numerosas ocasiones sin que llegaran a buen término las negociaciones. La finca tiene una superficie de más de cinco hectáreas de terreno y está situada en la orilla del río Guadaiza que da a San Pedro de Alcántara.
“Roca tenía información privilegiada de que iban a ser expropiados los terrenos mucho antes que los demás propietarios, al igual que tuvo información en su día por la Policía del desarrollo de la Operación Malaya. Es por eso que decidió venderla a precio de oro antes de que el tema de las expropiaciones llegara a la opinión pública. Primero lo intentó a través de un intermediario de parte de la familia Roca que se llamaba Boris, pequeñito y con melena. Llegó en un Masserati plateado y realizó los primeros pasos, posteriormente, cuando las cosas se torcían, fue la propia María Roca quien tomó cartas en el asunto”.
Roca quiere quedarse Villagonzalo
Actualmente sólo hay un administrador de las propiedades de Juan Antonio Roca. Según ha podido saber El Confidencial, “el ex asesor de urbanismo está encantado con este administrador, ya que el anterior fue destituido de una manera un poco extraña, al no actuar tal como designaba las providencias el juzgado”.
El administrador Juan Macías ha estado al tanto de las negociaciones de la hija de Roca, “que se lleva un tanto por ciento por su papel de interventora en las negociaciones”. Las fuentes judiciales aseguran que “María Roca esta sacando dinero, supuestamente embargado, gracias a su cargo como interventora de algunas de las sociedades. Es una vergüenza que esta niña tenga un sueldo estando imputada y manejando las empresas a su antojo, ya que sin su consentimiento no se realizan muchas acciones ligadas a su padre”.
Otra de las propiedades, a la que Juan Antonio Roca no quiere renunciar, es el Palacio de Villagonzalo, valorado en unos 60 millones de euros. La cubierta de este palacio, considerado bien nacional, está medio en ruinas y con varias ordenes de embargos. “Había varios compradores interesados en el, pero se están yendo espantados, ya que Juan Antonio Roca va a intentar quedárselo por detrás una vez que salga en subasta” nos confirman fuentes cercanas al caso.
Juicio para recuperar su cargo en el Ayuntamiento
Juan Antonio Roca sigue desafiando a todo el sistema político actual con mensajes desde la cárcel, amenazando que volverá a ocupar su puesto de trabajo en el Consistorio cuando salga en libertad. Todo un desafío. El Ayuntamiento despidió a Roca el pasado 24 de agosto por comisión de una "falta muy grave" consistente en "faltas repetidas e injustificadas a su puesto de trabajo".
La representación de Roca alegó en su momento que podía recuperar su puesto ya que trabajó con la categoría profesional de director administrativo, con una antigüedad en la empresa desde el 22 de abril de 1992, con un salario mensual de 9.066,83 euros y con centro en la Gerencia de Obras del Ayuntamiento de Marbella. El juicio laboral sobre la demanda se celebrará el día 15 de diciembre en el Juzgado de lo Social número 11 de Málaga.
* El Confidencial - Amparo de la Gama (Marbella).- 20/11/2009
Foto: Cortijo dentro de la finca de Juan Antonio Roca (A. de la Gama), elconfidencial.com
La corrupción salpica Galicia
FARODEVIGO* : Galicia no es una isla en el mar de corrupción que afecta a medio centenar de ayuntamientos con un total de 730 causas abiertas contra cargos públicos. Malaya, Gürtel, Palma Arena o Pretoria son las tramas urbanísticas más recientes que sacaron a la palestra a empresarios, funcionarios, alcaldes, concejales e incluso presidentes autonómicos. En Galicia, la Justicia investiga decenas de casos por presunta prevaricación o tráfico de influencias.
Uno de las últimas operaciones policiales se llevó a cabo en el municipio lucense de Castro de Rei, de apenas 5. 800 habitantes.
Como en las redadas recientes de Palma de Mallorca o las registros en algunos municipios de Levante, hace un mes la Policía Nacional detuvo al alcalde de Castro de Rei, el socialista José Díaz Valiño, y a tres concejales –dos del PSdeG y uno de Terra Galega–. De forma paralela al registro en el Concello de Castro de Rei, en el Ayuntamiento limítrofe de Cospeito –gobernado por el PP– también se recogió documentación referida a aspectos relacionados con contrataciones de personal para la Mancomunidad de Municipios de A Terra Chá.
Con el arresto de Díaz Valiño en Castro de Rei, son ya 18 los alcaldes arrestados en España por corrupción desde el caso “Malaya”, investigación iniciada a finales de 2005 y que dio sus primeros frutos en 2006 con la detención de la entonces alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe (GIL).
Apenas una semana después de la detención del alcalde de Castro de Rei, la vicepresidenta de la Diputación de Lugo y máxima responsable del Instituto Lucense de Desarrollo Económico y Social, Lara Méndez (PSdeG), fue requerida, junto con otros dos funcionarios provinciales, por la juez para declarar en relación a procesos de adjudicación de obras en Lugo.
En febrero de 2007, los concejales del PP en Gondomar –Alejandro Gómez Garrido (Urbanismo) y José Luis Mosquera (Cultura)– así como el arquitecto municipal y la novia de Mosquera fueron detenidos por presunto delito de cohecho y tráfico de influencias por su supuesta relación con sobornos a funcionarios y cobro de comisiones para la concesión de licencias urbanísticas.
La lista de cargos públicos investigados por corrupción incluye también al alcalde de Portas, Roberto Vázquez. Para el registro popular, el fiscal pide dos años de inhabilitación por supuesto trato de favor a sus empresas desde el Ayuntamiento pontevedrés.
Reparto
Según informó el miércoles el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, la Justicia tiene abiertas en España un total de 730 investigaciones a cargos públicos por corrupción. La mayoría afectan a políticos del PSOE (264) frente a las 200 que salpican al PP. Los casos de corrupción no distinguen el color político. Tres políticos del BNG, junto a otros tres del PNV también están siendo investigados.
Al igual que otros 43 de Coalición Canaria, 30 de CiU, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal, 7 de Unión Mallorquina y 5 de Esquerra. Con estos estadísticas sobre la mesa, Conde-Pumpido destacó que las investigaciones afectan a tan sólo un 1% de lo de los más de 66.000 cargos públicos en España. Sobre las críticas del PP sobre la imparcialidad de la Fiscalía, el fiscal general le replicó que “no existe” esa “doble vara de medir” porque no se persigue a los delincuentes por su filiación política, “sino por los delitos que cometen”.
* Faro de Vigo - R. PRIETO - 20.11.09
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Amposta: Un juez critica los intereses urbanísticos de un senador
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ELMUNDO/Tarragona* : Que un alcalde sea a la vez consejero de una promotora urbanística de su municipio, la misma empresa que se beneficia del intento del Consistorio de recalificar unos terrenos no urbanizables, puede no ser delito, pero al menos es de dudosa moralidad. Y que el concejal de Urbanismo de la localidad haya trabajado como abogado de la promotora y tenga una vivienda muy cerca de la zona a urbanizar que resultará beneficiada con la operación es también incuestionable.
Así lo ha manifestado un juez de Barcelona en una sentencia en la que absuelve a EL MUNDO de CATALUNYA de toda responsabilidad penal en relación a una denuncia por calumnias del senador de CiU y ex alcalde de Amposta Joan Maria Roig, y el ex concejal de Urbanismo Daniel Rius. Ambos llevaron al juzgado las noticias que destapó este diario en 2006 acerca de sus vinculaciones empresariales con la promotora de una urbanización en Amposta, a la que ambos cargos intentaron beneficiar con la recalificación urbanística de una zona que quería acometer el Consistorio.
De hecho, el juez también deja ir una crítica velada a Roig al subrayar que "sigue ostentando en la actualidad pese a su condición de senador diferentes intereses empresariales", aludiendo a su cargo en otra promotora, Club de Campo y Golf de Ronda.
La sentencia, del juzgado penal 4 de Barcelona, considera que «desde el punto de vista de la ética democrática» no parece ser conducta "muy adecuada y digna del respeto ciudadano, sobre todo si lo que se quiere transmitir a la ciudadanía son criterios de rigor y apariencia de legalidad" que se lleve a cabo una recalificación municipal "sobre un terreno extenso de uno de los concejales -o de su familia- del propio grupo político", de alguien que además ha sido el anterior alcalde de la localidad, "y que se apruebe la misma con ese voto del primer regidor municipal y que tiene además la máxima facultad de dirección del Ayuntamiento".
Durante el juicio, tanto Joan Maria Roig como Daniel Rius sostuvieron que sus cargos en la promotora Hort dels Capellans nada tenían que ver con sus funciones públicas, lo que al juez le llama la atención, "como si aquellos cargos empresariales pudieran calificarse de meramente honoríficos".
Así las cosas, la sentencia concluye que "se ha probado la vinculación de dichas personas públicas, cuyos cargos son de elección popular y deben rendir cuentas no sólo a sus electores sino también a los ciudadanos del municipio que gobiernan, con las empresas que ostentaban intereses empresariales y urbanísticos en el municipio".
El juez apunta que no es esencial que los terrenos sobre los que se plasmaban los intereses de la promotora fueran ya «urbanos, urbanizables o no urbanizables», porque en cualquier caso «fue necesario un cambio en el planeamiento que de alguna manera benefició» al ex alcalde y al que fuera concejal de urbanismo.
El juez rompe asimismo una lanza en favor de los medios de comunicación y de fiscales y jueces "gracias a cuyo trabajo", señala, «han salido a la luz muchas e importantes irregularidades jurídicas o de dudosa índole moral precisamente en el ámbito político municipal y especialmente por lo que se refiere a materia urbanística». Y además, añade, "es fácil establecer que los ciudadanos están muy interesados en conocer este tipo de cuestiones que afectan directamente a la buena o mala gestión de lo público", lo que convierte en necesarias estas noticias «en un contexto general de mala política urbanística y de necesaria persecución institucional de la corrupción - incluso moral o política, que no necesariamente penal- de este tipo de actuaciones".
* El Mundo - 20.11.09
Foto: Amposta (Tarragona) - costadoradaguide.com
