EUROPA PRESS* : "La Comisión Europea denunció hoy la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) al considerar que infringe la normativa comunitaria en materia de contratación pública. El Ejecutivo comunitario cree que la LUV no remedia las infracciones detectadas en la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), a la que sustituyó en diciembre de 2005, y sigue sin respetar las exigencias de publicidad y transparencia que impone la normativa europea de contratación pública. "Aunque simplifica el procedimiento de selección de los agentes urbanizadores, la LUV sigue incumpliendo las directivas sobre contratación pública de la UE en varios aspectos", aseguró la Comisión a través de un comunicado.
Entre las infracciones detectadas, Bruselas menciona "la situación de los promotores que piden el inicio de un plan de actuación integrada (PAI), el contenido y la publicidad de los anuncios de licitación, algunos criterios de adjudicación del contrato, y la posibilidad de modificar partes del contrato o proyecto seleccionado después de su adjudicación".
El Ejecutivo comunitario denunció además que las autoridades españolas "no han cumplido las obligaciones que les impone el derecho comunitario, al no haber adoptado medidas para impedir que se adjudiquen contratos infringiendo la legislación de la UE".
Finalmente, la Comisión constata que existe una "discrepancia" de interpretación sobre la "cuestión fundamental" de "si los PAI son contratos públicos sometidos a las normas de contratación pública de la UE". "Las autoridades españolas mantienen que los PAI no son contratos públicos y que, por consiguiente, ni la LRAU ni la LUV infringen las directivas de la UE. La Comisión mantiene la opinión contraria", señala.
La actuación de Bruselas contra la legislación urbanística valenciana se inició en marzo de 2005 con una carta de emplazamiento en la que se cuestionaba la compatibilidad de la LRAU con el derecho comunitario. Tras recibir un dictamen motivado, la Comunidad Valenciana derogó la LRAU y la sustituyó por la LUV en diciembre de 2005. Sin embargo, la Comisión consideró que la nueva norma seguía vulnerando el derecho europeo y lanzó un nuevo expediente el 4 de abril de 2006 que acaba este miércoles ante el TUE.
MACROPROYECTOS DE URBANIZACIÓN
También la Eurocámara ha tratado en varias ocasiones la cuestión del urbanismo valenciano tras haber recibido 15.000 peticiones de ciudadanos afectados por abusos. En los últimos años, ha enviado tres misiones de eurodiputados y ha aprobado en pleno dos informes muy críticos con el Gobierno de la Generalitat.
El último informe fue refrendado por la Eurocámara el pasado jueves por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones, y en él se expresa la "más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de urbanización" en España al considerar que en muchos casos han vulnerado "los derechos fundamentales de las personas".
Los diputados "lamentan profundamente" que estas prácticas se hayan extendido a varias regiones españolas, "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea, pero también, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid".
El texto se elaboró a raíz de la última misión, formada por el laborista británico Michael Cashman y el conservador británico Marcin Libicki, que visitó la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería a finales de febrero.
* EUROPA PRESS - 27 de Junio
Foto: Tribunal de Justicia de Luxemburgo /lb:User:Cornischong /wikimedia.org
Bruselas denuncia la ley urbanística valenciana ante el Tribunal de Luxemburgo
Ecología y urbanismo
EL PAÍS/Editorial* : "Greenpeace se ha sumado a la denuncia del urbanismo salvaje en España con un informe titulado Destrucción a toda costa 2007. La organización ecologista hace balance de los principales problemas que está generando la desmedida urbanización del litoral, ordenando los datos por comunidades autónomas, y adelanta que los ayuntamientos próximos al mar han autorizado construir tres millones de nuevas viviendas durante el último año. El informe sostiene que "la utilización del suelo hecha por ayuntamientos y comunidades autónomas no responde al interés general sino a intereses privados". Éste sería, en buena medida, el origen de una fiebre constructora cuyas consecuencias no son sólo medioambientales.
El informe se detiene, en este sentido, en el fenómeno de la corrupción municipal, recordando que la justicia sólo parece haberse puesto definitivamente en marcha durante los últimos meses, encausando a 350 personas, de ellas 55 alcaldes, en procesos referidos a algo menos de un centenar de casos. Entre las recomendaciones de Greenpeace para corregir esta situación se encuentra la limitación a un 10% del aumento de urbanización que pueden realizar los ayuntamientos en sus planes municipales, la eliminación de los convenios urbanísticos y la consideración de los suministros básicos, en concreto agua y energía, como requisito previo e imprescindible a la hora de obtener cualquier licencia para urbanizar. Greenpeace llega a proponer, incluso, la desclasificación de suelo que ha sido declarado urbanizable.
El resultado de las recientes elecciones municipales, en las que no se ha castigado a los candidatos relacionados con casos de corrupción, podría llevar a imaginar que ya ha caducado el momento político de hacer frente al problema. El informe de Greenpeace viene a recordar que no es así, y que los nuevos ayuntamientos y comunidades autónomas, además del Gobierno central, deberían considerar como una prioridad inexcusable corregir el cúmulo de despropósitos y de ilegalidades que han destrozado buena parte del litoral y que ahora amenazan con afectar al sistema político.
* ELPAIS.com - 27/06/2007
La ONU alerta de que España se enfrenta a una "grave crisis" inmobiliaria
EFE/Ginebra* : "El relator especial de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, recomendó este martes al Gobierno español que alerte abiertamente a ciudadanos e inversores de que el país "se enfrenta a una grave crisis" inmobiliaria. "El Gobierno español trabaja en el buen camino, pero debe intervenir más en el mercado e informar claramente de que en unos años llegará una grave crisis que afectará a gran parte de la población", declaró el experto de la ONU. Kothari visitó España el pasado noviembre a invitación del Gobierno y estudió en concreto los casos de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza. Su objetivo era elaborar un informe con recomendaciones que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre, aunque este martes adelantó sus conclusiones preliminares, que ya fueron expuestas hace unos días ante ese mismo organismo.
El precio, principal problema
"El principal problema de la vivienda en España es que no es asequible, con lo que una considerable proporción de la población dedica más del 40% de su salario al pago de hipotecas", explicó Kothari, quien valoró la respuesta del Gobierno español y su compromiso a colaborar con su mandato.
Su temor es que ese elevado porcentaje tenga un efecto directo en el disfrute de otros derechos humanos, como el "acceso a la educación, la alimentación o el vestido".
En ese sentido, apuntó que la alta tasa de violencia doméstica que se registra en España, "de las más altas de Europa", está "directamente relacionada con el problema de accesibilidad".
"Si las mujeres no tuvieran tan difícil acceder a una nueva vivienda se sentirían más libres para salir de su entorno y eso contribuiría enormemente a mejorar su situación", explicó.
Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) incluidos en su informe preliminar, sólo el 0,3% de la población española era vulnerable por impago de hipoteca en septiembre de 2006, aunque Kothari teme que "la situación no pueda sostenerse a largo plazo".
Subida de los tipos
"En cuanto suban un mínimo los tipos de interés -apuntó-, las personas que no podrán hacer frente a su hipoteca aumentarán considerablemente", por lo que es fundamental que aumenten las viviendas de protección oficial de promoción privada en venta y en alquiler y que "se informe claramente a ciudadanos e inversores de que ese momento va a llegar".
Para Kothari, "la solución no pasa por incrementar el suelo edificable, porque el precio al que sale a la venta incluye las expectativas de revalorización, con lo que incluso para el sector público resulta difícil adquirirlo".
Por ello, abogó por intervenir en el sector a través del control de la especulación, la ocupación de las viviendas vacías (el 15% del total) y la reducción de los precios de los inmuebles sociales, que "suelen ser demasiado elevados para la población de ingresos más bajos".
Además, "la promoción de viviendas está restringida a pocos actores, que se reparten ganancias astronómicas", así que habría que abrir el mercado a nuevos promotores, que se encarguen de dinamizar el mercado, especialmente para los jóvenes y en régimen de alquiler.
A la cola en alquiler
En ese sentido, recordó que sólo el 12% de las viviendas se alquilan, "uno de los porcentajes más bajos de Europa", y "prácticamente todas están en manos privadas, con sólo el 2% calificado como vivienda social, frente al entre 10 y 30% de otros países europeos".
Otro aspecto que preocupa al relator es "el aburguesamiento" de las ciudades, que lleva a la segregación, los desalojos y el empleo de violencia física y psicológica para forzar al abandono de los hogares, fenómeno conocido como "mobbing" sobre el que, en su opinión, hay escasa jurisprudencia.
Aunque el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada está incluido en el artículo 47 de la Constitución española, "su respeto está muy lejos de ser una realidad", concluyó Kothari, quien, aún así, reconoció "los esfuerzos realizados por las autoridades españolas para hacerlo efectivo".
* ADN - 26 de junio de 2007
Foto: El piso más caro de España se vende en este edificio de Madrid /ADN
