ABC/Valencia* : «Los casos de Zarrra y Onteniente no son hechos aislados, son la punta del iceberg». Lo dice la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia para justificar su ofensiva contra las construcciones ilegales y por extensión, contra los alcaldes que hacen la vista gorda ante los desmanes urbanísticos que se cometen en los municipios que gobiernan.
Mantiene el Ministerio Público que el «goteo incesante» de denuncias «enmascara un problema más grave»: el de la «prevaricación urbanística» de alcaldes y cargos públicos por acción o por omisión, por permitir las edificaciones ilegales o por no hacer nada para evitarlas.
Como avanzó ABC en su edición del pasado 19 de noviembre, la Fiscalía de Valencia se dirigirá a todos los ayuntamientos de la provincia para reclamar un listado de los expedientes administrativos por irregularidades urbanísticas abiertos por cada uno de ellos.
El objetivo de la Sección de Medio Ambiente, coordinada por Joaquín Baños, es tener un conocimiento preciso de todos aquellos casos que, estando bajo la investigación de los consistorios, deberían traspasar los límites de la vía administrativa y ser remitidos al Ministerio Público por ser constitutivos de delito.
Las cien primeras cartas
La fiscal jefe, Teresa Gisbert, ha hecho suya la propuesta de la Sección de Medio Ambiente y ha redactado un decreto en el que acuerda «recabar el auxilio de la Administración Local a través de los respectivos alcaldes» para que remitan un listado de los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable desde el 10 de diciembre de 2004», fecha en la que entró en vigor la Ley de Suelo No Urbanizable. La misma información será solicitada a la Conselleria de Territorio y Vivienda.
Hay alcaldes que conceden licencia para construir en suelo no urbanizable; otros, que no hacen nada ante edificaciones ilegales; los hay también que incoan expediente administrativo y lo dejan prescribir deliberadamente en busca de una legalización sobrevenida de la construcción ilegal y hasta se sabe de ayuntamientos que cobran impuestos por las construcciones aún a sabiendas de que son ilegales...
«La flagrancia de determinadas conductas cometidas por funcionarios públicos» ha llevado a la Fiscalía a sospechar que son muchas la ilegalidades urbanísticas que no llegan a conocimiento del Ministerio Público, motivo por el cual se dirigirá a los 268 municipios de la provincia de Valencia para «determinar en cuántos se están cometiendo estos delitos». De momento, se abren diligencias informativas. Si se aprecian indicios de ilícito penal se transformarán en diligencias de investigación que concluirán en la correspondiente denuncia. El Ministerio Público propone cárcel, multa e inhabilitación para los alcaldes que incumplen con la obligación de poner en conocimiento del fiscal la existencia de una posible ilegalidad.
La primera remesa de comunicaciones requiriendo información a los Consistorios salió ayer. La Fiscalía ya se ha dirigido a cien ayuntamientos. En los próximos días, lo hará con el resto.
Dice el Ministerio Público que hay un «goteo incesante» de denuncias por construcción de viviendas en suelo no urbanizable; añade que en la mayoría de las ocasiones, la Fiscalía tiene conocimiento de ello gracias al Seprona, a la Conselleria de Territorio y Vivienda y a algunos ayuntamientos; y concluye que «esta manera individual de afrontar el problema de las construcciones ilegales enmascara un problema más grave, que es el de la prevaricación urbanística».
Según la Fiscalía, el caso de Zarra, en el que el propio alcalde y su equipo de gobierno concedían, supuetamente, las licencias para construir en suelo donde no está permitido, «no es la conducta más común por su flagrancia». Pero recuerda que otros «ayuntamientos legalizan de hecho» estas construcciones ilegales, bien no incoando el preceptivo expediente sancionador, bien archivándolo y dejando pasar el tiempo de prescripción, como ocurre en Onteniente, cuya alcaldesa está siendo investigada. «Otros ayuntamientos pasan a considerar legales estas construcciones cobrando los impuestos municipales». Ante esto, «debe ser la Fiscalía la que tome la iniciativa».
* ABC - I.R.T. - 27.11.2008
Foto: ALEX DOMINGUEZ. Las irregularidades en Catral llevaron al Consell a suspender las competencias urbanísticas Información publicada por ABC el pasado 19 de noviembre
La Fiscalía mantiene que «los casos de Zarra y Onteniente son la punta del iceberg»
La Fiscalía investiga al ex alcalde de Teo por conceder licencia a dos edificios en suelo municipal
LAVOZ/A Coruña* : La Fiscalía Superior de Galicia investiga la gestión urbanística del ex alcalde de Teo, Armando Blanco, al existir la sospecha de que este regidor popular dio en el año 1999 el visto bueno a una licencia municipal para dos inmuebles que se construyeron en terrenos públicos, sin que existiese previamente ninguna operación de venta de la parcela, de más de dos mil metros cuadrados de superficie y en un enclave privilegiado del área metropolitana de Compostela.
El inicio de la investigación arrancó de forma casual el pasado mes de octubre tras una reunión solicitada por los vecinos de la urbanización Parque Montouto al actual alcalde, Martiño Noriega (BNG), para reclamar mejoras en el entorno de las viviendas. En dicha reunión, el regidor informó a los vecinos de que el Concello tenía dificultades para atender tales demandas porque, pese a que la urbanización fue construida hace más de 15 años y desde entonces no se realizaron tareas de mantenimiento de los espacios públicos, la obra aún no estaba recepcionada por la Administración local, lo que condiciona cualquier inversión pública en ella.
Tras este contacto inicial, un vecino de Montouto facilitó al Concello de Teo una supuesta acta de recepción de la obra fechada en abril de 1999. El documento incluye la rúbrica del anterior alcalde, Armando Blanco; un representante de la empresa constructora; y dos técnicos municipales: el secretario y el aparejador, ambos funcionarios.
Acta oficial
En dicha documentación, la empresa constructora de Parque Montouto asumía el compromiso de mejorar deficiencias en alumbrado, acceso y aceras, entre otras demandas generales. Y también se acordaba la cesión al Concello de Teo de terrenos de la urbanización, tal y como establece la normativa en concepto de aprovechamiento urbanístico.
Mes y medio después de la firma del acta de recepción, que no se encontraba en las dependencias municipales y de la que posteriormente apareció un original que confirma la recepción de la obra en los mismos términos, la comisión de gobierno de Teo concedió licencia municipal de obras a la promotora Parque Montouto S.?A. para dos edificaciones. Para ello, a la empresa se le exigió un aval de cinco millones de pesetas.
Tras recibir la licencia, esta constructora, hoy sin actividad, vendió en diciembre del mismo año la licencia a otra empresa, que fue la que asumió la construcción de dos edificios de 24 pisos cada uno en terrenos que, según la citada acta de recepción, estaban cedidos al Concello, aunque nunca se llegasen a escriturar ni a incorporar al patrimonio municipal de Teo. Tampoco hay constancia de que se llevase a cabo ninguna enajenación de patrimonio que afectase a los citados terrenos, ya que este tipo de acuerdos los debe tomar la corporación en una sesión plenaria.
Los 48 pisos se comercializaron en los años siguientes como viviendas de lujo por su diseño y emplazamiento privilegiado debido al valor paisajístico de la parcela, ubicada además a menos de cuatro kilómetros del centro urbano de Santiago. Ya en el año 2002, la comisión de gobierno de Teo concede licencia de primera ocupación a estos dos inmuebles, que tienen toda la documentación en regla.
Esta información y la documentación que la avala forma parte del expediente que acompaña la denuncia presentada ante el fiscal Antonio Roma por el actual regidor de Teo. El Concello, que únicamente ha confirmado la denuncia y sus términos, está a la espera de que la Fiscalía abra formalmente una investigación.
* La Voz de Galicia - Emma Araújo - 27/11/2008
Foto: Teo (A Coruña) - consumer.es
Pilas de ladrillos / El Roto
Viñeta: El Roto - 2008.11.19, elpais.com
El Tribunal Superior da otro revés a la Junta por el hotel Algarrobico
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ELPAÍS/Almería* : La justicia ha dado otro revés al Gobierno andaluz por el hotel Algarrobico. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha suspendido de forma cautelar una parte del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) en el sector que afecta al paraje donde está el hotel.
El tribunal considera que el plan, aprobado en febrero de este año, deja la puerta abierta a la rehabilitación de inmuebles con uso turístico y, por tanto, al "uso efectivo" del hotel de Azata del Sol con un "efecto devastador" medioambiental. El auto del TSJA ordena a la Junta de Andalucía que mantenga el grado de protección que el espacio tenía con anterioridad al nuevo documento y que se remite a la planimetría publicada en BOJA en diciembre de 1994, tal y como se solicitaba en el recurso interpuesto por la organización Greenpeace.
La responsable de Campaña de Costas de la organización conservacionista, Pilar Marcos, valoró el auto e instó a la Administración andaluza a dar los pasos pertinentes para echar abajo el hotel de 400 habitaciones a 50 metros del mar.
"La justicia sigue reprobando el comportamiento de la Junta en el Algarrobico. Nuestra pregunta es: ¿a qué espera la Junta para demoler el hotel? En lugar de esa desidia y pasividad empleada para seguir el juego de la promotora en el abanico judicial con diferentes procesos abiertos, que empleen sus esfuerzos en derribarlo", dijo Marcos.
La Consejería de Medio Ambiente anunció ayer el recurso contra la suspensión cautelar dictada por el TSJA y defendió el nuevo plan. El Gobierno autonómico considera que este instrumento "refuerza la protección de este espacio y permitirá en su momento la demolición del hotel ubicado en El Algarrobico".
En un comunicado, la Junta matizó que esta suspensión cautelar afecta a la "mínima zona" donde se ubica el hotel, cuyas obras de construcción se encuentran paralizadas, por lo que el plan sigue vigente en el resto del Parque Natural.
El auto del Tribunal Superior estima "acertada" la suspensión del PORN en lo referido al sector donde se ubica el hotel promovido por la mercantil Azata del Sol, para evitar, en el caso de una eventual sentencia estimatoria en el contencioso-administrativo, "gravísimos e irreparables perjuicios al medio ambiente" derivados de la consolidación del establecimiento turístico.
Así las cosas, el auto desestima el criterio de la Consejería de Medio Ambiente, que se apoyaba en un artículo sobre las excepciones incluidas en los usos y actividades de la zona. Este artículo recogía como "salvedad" las zonas alteradas por la explotación minera y otras zonas degradadas. Sin embargo, el tribunal rechaza el argumento del Gobierno andaluz y estima que no existe una mención expresa al Algarrobico en dicha excepción.
La categoría asignada al suelo donde se levanta el hotel es objeto de litigio en otro proceso seguido en el TSJA. El juez de Almería Jesús Rivera estimó el pasado septiembre que la zona era "no urbanizable", en contra de lo que sostiene la Administración andaluza, que lo sitúa en zona D2, definida como urbanizable. De este modo, este magistrado ordenó en febrero de 2006 la paralización cautelar de las obras del hotel de Azata del Sol en el paraje natural de Carboneras. A continuación, declaró nula la licencia municipal, que deberá ser revisada por el Ayuntamiento (PSOE) al vulnerar la normativa en materia de costas y medio ambiente.
El nuevo Plan del parque natural Cabo de Gata-Níjar (Almería) desclasifica la totalidad del paraje de El Algarrobico (Carboneras), donde se levanta el hotel de Azata del Sol, como suelo urbanizable. La nueva definición afecta a 269 hectáreas, un 0,5% de la superficie del espacio natural. Esta decisión administrativa puso en pie de guerra a las entidades conservacionistas. Así, el nuevo Plan de Ordenación de la Junta motivó que Salvemos Mojácar, Greenpeace y Amigos del Parque Cabo de Gata-Níjar recurrieran la nueva normativa, si bien Greenpeace presentó un recurso separado en lo relativo exclusivamente al paraje del polémico hotel.
* ELPAIS.com - M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 27/11/2008
Foto: Algarrobico (Almería), vista playa hotel ilegal- elpais.com
La especulación ahoga el barrio de la Barceloneta
ELPAÍS/Barcelona* : "Vivíamos en un cuarto, en el piso de mi bisabuelo, en la calle de Berenguer Mallol, y mi madre, hace cinco años, quiso alquilar la planta baja porque mi padre estaba enfermo. Yo me quedé en el de arriba y mi madre, el de abajo. Firmamos dos contratos por cinco años y en marzo se acaban. Las dos nos vamos a la calle. Ayer me llamó una mujer diciendo que ha comprado mi piso y que me marche. Tengo una niña pequeña. ¿Qué hago?"
Lola, una mujer rubia, acaba de ir a la oficina de rehabilitación de la Barceloneta a explicar su caso a la funcionaria. Nerviosa, se retuerce las manos. "Estoy acostumbrada a vivir con poco. ¿Me podréis ayudar?".
Lola explica su historia por si pueden ofrecerle un piso de la red de emergencia social, pero antes, en la calle, lo han hecho Fina, Carmen y María. Un paseo por la Barceloneta revela el profundo contraste entre el hotel Vela, en construcción, símbolo del turismo de lujo, y la angustia con la que viven los vecinos que soportan una presión inmobiliaria altísima, con rentas bajas y la mala fe de muchos propietarios. Fina, de 68 años, sufrió un caso más cruel: tuvo que dejar su piso de toda la vida, con su marido enfermo, por el que pagaba 240 euros, para vivir en un bajo en la calle de Baluard por 620. Allí, en un puñado de metros, muestra una cocina oxidada, un lavabo del que salen bichos y un comedor sin apenas luz.
La presión inmobiliaria la sufre toda Barcelona pero más en este barrio de 15.000 personas, donde se pagan alquileres de entre 850 y 900 euros por los 30 metros cuadrados de los quarts de casa, la tradicional vivienda en la que los inquilinos hacen equilibrios con el espacio, y que los promotores encuentran ideales como apartamentos turísticos. En la casa de Emilia Lloca, presidenta de la asociación de vecinos de l'Òstia, llegaron a vivir nueve personas y además allí su madre trabajaba como modista. Antonio Martínez, camarero, muestra cómo vive feliz con su mujer y tres niños, que comparten cuarto, aunque la ropa, por falta de armarios, es su peor calvario.
Quizá por eso, el famoso plan de los ascensores, frenado ahora por el Consistorio, consistente en eliminar una línea de pisos de una finca para que cupiera un elevador, parece casi una frivolidad (el 83% de los edificios carecen de él, pero en el global de Ciutat Vella tampoco lo tienen el 81% de ellos). El precio del metro cuadrado, tanto de compra como de alquiler, es el más de alto de Barcelona: 5.825 euros frente a 4.930 de toda la ciudad y 18,63 frente a 14,06, respectivamente, según un informe del Ayuntamiento de Barcelona, de 2007. "Desgraciadamente, la gente ha descubierto la maravilla de la Barceloneta. Se piden 800 euros de alquiler cuando la gente vive con 400. Las cuentas no salen", dice Gerard, asistente social. Mucha gente ha tenido que irse.
El Ayuntamiento invertirá en los próximos años 15 millones de euros, previstos en la Ley de Barrios, para darle un empujón a la Barceloneta. Itziar González, la edil, ha impulsado medidas para garantizar els quarts de casa, que consagran una forma de viday asegura que nadie tendrá que irse, que primará el derecho a la vivienda al del ascensor. "Pero ¿quién protege a los inquilinos si el dueño apuesta por ello? ¿Qué pasará cuando se les acabe el contrato?", dice Gala Pin, de la Plataforma en Defensa de la Barceloneta. Del 55% de pisos alquilados del barrio, sólo el 7% son de renta antigua. Los vecinos creen que al final se dependerá de la conciencia de cada propietario. "Lloraba por la calle", narra María Blasco, de 61 años. "Pagaba 460 euros y se me acababa el contrato. Al final, me subieron sólo 60 euros".
El Plan de Barrios incluye datos demoledores: en 2007, 945 vecinos (el 6,1% de la población) fueron atendidos por los servicios sociales. "El poder adquisitivo de los vecinos de la Barceloneta es de los más bajos de Barcelona y eso implica un riesgo de exclusión social", advierte el informe. Emilia Lloca reclama la retirada del plan de los ascensores porque dice que un propietario ganaría un litigio en los tribunales. Y clama al Ayuntamiento: "Si quieren un barrio turístico ¡que nos protejan!", dice, y pide una tarjeta para residentes que recoja descuentos en las tiendas porque intuyen que los precios se dispararán cuando el hotel Vela se inaugure.
Lloca planea una campaña en primavera para explicar a los turistas cómo viven y para que los barceloneses sepan que la Barceloneta es más que un barrio donde ir a comer paella. Eso también lo saben dos hombres que dan vueltas vestidos de negro, con pinta de ser de una inmobiliaria. Carmen ni los mira: "Cobro 500 euros de pensión y quieren que pague 700 u 800. No encuentro nada por 400. Ya les he dicho que yo, de mi casa, no me voy".
* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOL - Barcelona - 24/11/2008
Foto: Barcelona, barrio_de_la_Barceloneta - wikipedia.org
Jornadas de Encuentro y Debate Vecinal. Derecho a la Vivienda. Derecho a la Ciudad
INDYMEDIA/Sevilla* : Jornadas de encuentro y debate vecinal en Sevilla los días 28, 29 y 30 de Noviembre. En el Centro Vecinal El Pumarejo y el Centro Social Fábrica de Sombreros. CRISIS ECONÓMICA Y DERECHO A TECHO: Desde los periódicos serios a los programas de humor; desde el parlamento a la barra de los bares, todo el mundo: políticos, banqueros, empresarios, trabajadores…hasta el Papa, habla de crisis. Sus consecuencias son múltiples y devastadoras, por más que una y otra vez nos inviten a tener confianza ¡con qué descaro! en la misma golfería y en los mismos golfos que han organizado el desastre y se han aprovechado de él durante los últimos años.
Uno de sus efectos nos preocupa de manera especial porque tiene que ver con la necesidad de miles de personas sencillas de tener una vida decente. Nos referimos al terremoto inmobiliario y a sus consecuencias en relación con el ejercicio efectivo del derecho a disfrutar de una vivienda digna.
En realidad, para muchos, el problema no es nuevo. Durante los últimos quince años hemos asistido a una orgía de precios en el mercado de la vivienda en la que algunos disfrutaban como cosacos llevándoselo calentito, otros a duras penas compraban un piso soñando que el esfuerzo las merecía porque era una inversión segura y muchos se angustiaban diariamente porque sus salarios bajos y precarios no le daban para satisfacer la codicia de promotores y caseros. Mientras tanto el Estado permitía la corrupción, saludaba el crecimiento de la economía del ladrillo, no quería oír las advertencias de quienes anunciaban el desastre ni las protestas de los excluidos y simulaba intentar remedios a los daños colaterales más evidentes. En realidad, la crisis viene de lejos: para quienes sufrían el acoso inmobiliario, para los que a diario recibían órdenes de desahucio, para los afortunados por los sorteos de viviendas municipales que no podían pagar, para quienes consumían su juventud en casa de sus padres sin poder emanciparse, para quienes tenía en vilo la hipoteca mensual, para el conjunto de la ciudadanía a la que la corrupción urbanística saqueaba a diario…, las penalidades no son nuevas.
Lo nuevo es que ahora parece que se ha acabado la fiesta para los ricos, y con ella, las migajas que caían para el pueblo. Banqueros y grandes promotores inmobiliarios, con los bolsillos llenos de pasadas ganancias, los mismos que ayer defendían las virtudes del libre mercado y repelían cualquier tipo de intervención pública en la economía, reclaman hoy ayuda del Estado porque si algo no pueden consentir es que sus beneficios dejen de crecer. Lo nuevo es la tristeza y compasión que provocan en los gobernantes que se estrujan los sesos acordando continuas medidas para ayudarlos.
Un día deciden que recalificarán como viviendas protegidas las que se le han quedado colgadas, al otro, que aumentarán la cantidad garantizada de los depósitos bancarios particulares para que la gente (que no olvida el “corralito” argentino) no saque su dinero de los bancos, otro, el Banco Central Europeo rebaja el tipo de interés al que presta dinero a los bancos privados mientras que éstos lo suben a los que les pagamos la hipoteca, el de más allá, que destinarán cincuenta mil millones de euros a comprar la basura con la que han especulado para que sus pérdidas las paguemos entre todos, y siempre, más de lo mismo, que seguirán financiando la promoción inmobiliaria para que no se pare de construir viviendas (300.000 prevé el Pacto andaluz por la vivienda en Andalucía) o campos de golf que arrasarán el medio ambiente, mientras que miles de ellas permanecen vacías. Al final todas sus medidas para combatir la crisis se reducen a una: pagar con dinero público, con dinero de todos, los derroches de los potentados.
Sin embargo, es tan grave la cosa y tan grande su codicia, que las aguas no vuelven a su cauce, sino que, por el contrario, cada vez arrasan con más fuerza. Los poderosos parecen estar desconcertados y mucha gente se pregunta angustiada ¿qué pasará?
Pasará lo que el pueblo quiera que pase. En lo que respecta al derecho a disfrutar de una vivienda digna, la gente tenemos claro tres cosas: una, lo que necesitamos es simplemente un alojamiento digno, estable y al alcance de nuestros ingresos; dos, nuestra necesidad y nuestro derecho es más importante que los negocios de los corruptos, banqueros y promotores; y, tres, somos la inmensa mayoría y por tanto más fuertes que ese puñado de especuladores.
Nada está definitivamente decidido. La salida a la crisis puede tener muchas direcciones. Unas, las que hasta ahora impulsan los gobernantes, benefician a los poderosos y pretenden recomponer el tinglado de sus beneficios a costa del pueblo. Otras harán posible acabar con el sistema que tanta ruina y dolor nos está trayendo a los de abajo y mejorar nuestras condiciones de vida haciéndola más segura, más justa, más feliz y más democrática.
Que la salida sea beneficiosa para nosotros va a depender de nuestra capacidad para unirnos y organizarnos, para plantar cara con firmeza y para descubrir entre todos las soluciones que necesitamos.
Creemos que algunas de estas soluciones son sencillas: la vivienda es un derecho de todos, no un negocio. Como tal derecho, igual que hacemos con la educación o la sanidad, su respeto y satisfacción no puede quedar en manos de los negociantes privados, sino de toda la sociedad y de las instituciones públicas que deben defenderla. Hace falta un servicio público y universal de vivienda: un parque de viviendas de propiedad del Estado a disposición de cualquier persona que lo demande. A este fin deben dedicarse los recursos públicos en vez de malgastarlos en las multimillonarias ayudas a los ricos ni en los miserables paños calientes con los que intentan acallar a algunos sectores particulares de afectados (viviendas de emergencia, ayudas al alquiler, sorteos…). Para esto no hace falta construir más viviendas: muchas más de las que se necesitan están vacías. El estado debe comprar o, en su caso, expropiar, aprovechando la bajada de los precios, las viviendas (o su derecho de uso) que requiera la formación de este parque público, y dejar de malvender las pocas que todavía posee. Las viviendas en situación de abandono deben ser obligatoriamente arrendadas a precio tasado a quien lo pida y su ocupación inmediatamente despenalizada (como lo estuvo hasta 1.995) y regularizada. No se trata de paralizar la industria de la construcción sino de cambiar su tarea. De nada le sirve, sólo aplaza el problema, seguir construyendo hasta arrasar todo el suelo disponible, sin embargo, la rehabilitación y restauración de la ciudad consolidada es una tarea inaplazable que proporciona muchos más puestos de trabajo.
Mientras tanto, es preciso adoptar algunas medidas que impidan que quienes hoy tengan un lugar donde vivir, lo pierdan. Para los arrendamientos, significa decretar su prórroga forzosa a voluntad del inquilino (como antes del Decreto Boyer de 1.985) y una moratoria de los desahucios por falta de pago con aseguramiento público. Para los hipotecados, la reducción temporal de su cuota hipotecaria al 25% del importe de sus ingresos y una moratoria de las ejecuciones hipotecarias por impago.
Discutamos estas propuestas, mejorémoslas entre todos, organicémonos y exijamos a los poderes públicos la apertura inmediata de una mesa de diálogo con efectiva presencia de los afectados y las víctimas de la presente situación en la que se adopten las soluciones que necesitamos.
Viernes 28>> La vivienda como derecho.
A las 17 h en el Centro Vecinal Casa del Pumarejo. En la Pza. del Pumarejo.
Sabado 29 de Noviembre>> La crisis de los espacios públicos.
A las 11 h en el Centro Social Fabrica de Sombreros. Calle Heliotropo.
Domingo 30 de Noviembre>> La crisis. ¿Y ahora qué?
A las 11 h en el Centro Social Fabrica de Sombreros. Calle Heliotropo.
Martes 2 de Diciembre>> Acto público por la vivienda
A las 19 h en e Teatro Alameda. Alameda de Hercules.
* Indymedia Estrecho - 20.11.2008
