*Ecologistas en Acción señala, con motivo del cierre de la actual legislatura, que esta ha sido la más nefasta para el Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid desde que se creó esta institución en 1983. La ejecución de proyectos desestimados durante la legislatura pasada, como el desdoblamiento de la carretera M-501 o la aprobación de instrumentos de ordenación que reducen la protección de espacios protegidos, como el PORN de la Sierra de Guadarrama, son sólo algunos ejemplos de ello. Durante toda la legislatura, Esperanza Aguirre, ha vinculado todas las políticas a favorecer el desarrollo urbanístico e inmobiliario en la Comunidad de Madrid, lo que ha producido daños ambientales enormes.
Además, esa es la política que tenía prevista desde el inicio de la Legislatura, y que se cuidó mucho de informar a los ciudadanos, como demuestra el hecho de que una de la primeras medidas que decidió adoptar fuese la de eliminar la Consejería de Medio Ambiente, y vincular dichas competencias a la Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
El masivo desarrollo de nuevas infraestructuras ha tenido por objeto favorecer los nuevos desarrollos inmobiliarios, no el satisfacer la necesidades en este sentido del conjunto de los ciudadanos, como prueban los nuevos desdoblamientos de carreteras por medio de zonas de interés natural, cuyo tráfico actualmente no alcanza los niveles a partir de los cuales se desdoblan las carreteras. Ese es el caso de los desdoblamientos aprobado y en marcha de las carreteras M-501 y M-600 que tienen como principal finalidad favorecer nuevos desarrollos inmobiliarios en zonas de gran valor natural, especialmente en la Sierra del Guadarrama , en el suroeste de la Región y en la vecina provincia de Ávila. En este sentido, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha empleado el dinero de todos en favorecer los intereses de unos pocos promotores inmobiliarios, en detrimento del conjunto de la sociedad.
Durante esta legislatura se han aprobado en la región auténticos pelotazos urbanísticos, intentando transformar los pequeños pueblos en grandes ciudades-dormitorio, como ha sido el Plan General de Ordenación Urbana de Brunete, donde se pretende pasar la población de los 8.000 habitantes actuales, a más de 80.000. Además, estas operaciones se caracterizan por no exigir prácticamente nada a los promotores, para el conjunto de los ciudadanos, más allá de lo establecido en la normativa (recordemos que en operaciones urbanísticas de anteriores legislaturas se obtuvieron de los promotores miles de hectáreas de pinares y encinares, cuya titularidad se cedía a la Comunidad de Madrid para su conservación, e incluso se obtuvieron para el patrimonio público grandes palacios como el de Nuevo Baztán). A pesar de las facilidades que el Gobierno Regional está dando a los promotores inmobiliarios, en detrimento del conjunto de los ciudadanos, la vivienda en estos últimos años no ha dejado de incrementar su precio, lo que constituye un gran fracaso de Esperanza Aguirre, que se comprometió, a través de su política “liberalizadora” a reducir el precio de la vivienda. Esperanza Aguirre ha convertido la Comunidad de Madrid en el “Paraíso” de los especuladores inmobiliarios, todo ello en detrimento de la calidad de vida de la mayoría de los madrileños.
La política de espacios naturales protegidos también ha sido especialmente nefasta. El Gobierno Regional no ha dudado en promover grandes proyectos de infraestructuras a través de los espacios naturales protegidos, como es el proyecto de cierre norte de la M-50, que dañaría gravemente al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, o el ya citado desdoblamiento de la carretera M-501, que ha sido objeto de la apertura por parte de la Comisión Europea de un procedimiento sancionador contra España, por incumplimiento claro de la normativa ambiental comunitaria.
Asimismo, todos los espacios naturales protegidos han visto sustancialmente reducidos sus presupuestos en los últimos años.
Desde que se creó la Comunidad de Madrid, en cada legislatura se solía crear un nuevo espacio natural protegido, cuya normativa específica establecía una protección efectiva de ese territorio. En esta legislatura la Comunidad de Madrid, ha pretendido crear el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que constituye un auténtico fraude y engaño a los ciudadanos, pues en el PORN (Plan de Ordenación de la Sierra de Guadarrama), no sólo no se incrementan los actuales niveles de protección, sino que incluso se reducen los actualmente existentes. Es decir, se trata de un parque nacional que, en vez de proteger el medio natural, elimina las restricciones que actualmente existen en el mismo para poder urbanizar. Esperanza Aguirre ha inventando lo que desde Ecologistas en Acción calificamos de Parque Nacional para el Desarrollo Urbanístico e inmobiliario.
De todas maneras, si esta legislatura ha sido nefasta para el Medio Ambiente Madrileño, mucho nos tememos que la próxima, si Esperanza Aguirre consigue ser de nuevo Presidenta de la Comunidad de Madrid, puede ser dramática, pues dispone en la “cocina” de una gran batería de proyectos inmobiliarios y de desarrollo de infraestructuras, que pretende convertir el conjunto de la Comunidad de Madrid en una gran urbe totalmente urbanizada, de 9-10 millones de habitantes, cosida literalmente por autovías, cada vez con más carriles y salpicada de campos de golf, que parece que el Gobierno de Esperanza Aguirre quiere convertir a la fuerza en el “deporte regional por excelencia”.
*Ecologistas en Acción - Comunidad de Madrid 21 de mayo
Foto: ecologistasenaccion.org
La legislatura más nefasta para el medio ambiente de Madrid
Querellas en trámite e investigaciones de la Fiscalía contra alcaldes en Murcia
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Vegamediapress* : "Hasta nueve alcaldes y ocho concejales del Partido Popular en la región murciana imputados en procesos en trámite en los tribunales de justicia se presentan a la reelección el domingo, 27 de mayo. El siguiente es un recorrido por el el mapa de las numerosas querellas e investigaciones del ministerio fiscal que afectan, además, a dos arquitectos municipales y a un secretario de corporación local gobernadas por el PP: Águilas, Alcantarilla, Archena, Cartagena, Cieza, Mazarrón, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, Totana, Ulea, Villanueva del Segura...
ÁGUILAS
Querella contra el alcalde, Juan Ramírez, junto al exconcejal del PP, José López, en el caso de La Zerrichera. Se trata de la querella más importante presentada por la Fiscalía ante los tribunales de justicia murcianos, tras un año largo de investigaciones y numerosas comparecencias en el palacio de justicia de Murcia. En este caso se encuentran también imputados dos directores generales, un subdirector general, un jefe de servicio y una exditora general del Gobierno Valcárcel.
ALCANTARILLA
Querella contra el alcalde, Lázaro Mellado Sánchez, por un presunto delito contra el medio ambiente, estando pendiente la celebración del juicio oral. El fiscal solicita un año de prisión y seis años la acusación particular. Se instruye en un juzgado de Murcia.
ARCHENA
Tres querellas contra el alcalde, Manuel Marcos Sánchez Cervantes, y el concejal de Urbanismo, Francisco José Fernández Reina, por presuntos delitos urbanísticos, interpuestas por IU por edificaciones ilegales y sin licencias. Se instruyen en los juzgados de Molina de Segura. También, diligencias abiertas contra el alcalde, por falta de información.
CARTAGENA
El fiscal ha abierto diligencias informativas contra la alcaldesa, Pilar Barreiro Álvarez, por presunto delito urbanístico, por la edificación de 5.300 viviendas y 3.000 plazas hoteleras en el espacio natural protegido del saladar de Lo Poyo, en el Mar Menor, tras una denuncia del PSRM-PSOE. Según el sumario del caso Malaya, uno de los dueños de Lo Poyo, a través de empresas interpuestas, es el cartagenero Juan Antonio Roca. Este se entrevistó a mediados de 2004 con el concejal de Urbanismo de Cartagena, Agustín Guillén, para hablar sobre Lo Poyo. Meses después, el Gobierno regional aprobó esta reclasificación urbanística y Barreiro elevó al pleno municipal la aprobación inicial del plan. También la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) ha reclamado por vía administrativa a Pilar Barreiro, y al el ex consejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, por permitir daños ambientales en Lo Poyo. Tras la apertura de las diligencias de la fiscalía, Valcárcel se vió obligado a paralizar este proyecto y obligó a Barreiro a hacer lo mismo.
CIEZA
Primera querella de la Fiscalía contra el alcalde, Antonio Tamayo; el jefe de servicio de Sanidad Animal de la consejería de Agricultura, José Pastor, y el secretario de la corporación, Bartolomé Buendía, y otro funcionario municipal, por prevaricación y tráfico de influencias, por la concesión de una licencia de ampliación de la explotación porcina Claufer, propiedad de la hermana de la concejala de Urbanismo y de su marido, José Pastor. La segunda querella contra el alcalde es por el convenio urbanístico de Benis, iniciada por la denuncia de IU ante la Fiscalía. Ambas querellas son instruidas por el juzgado de Instrucción de Cieza.
Por otra parte, el Fiscal Jefe ha abierto también diligencias por otro delito urbanístico cometido por el alcalde, Antonio Tamayo, en relación con la empresa Cieza Golf, en el que se desafectan 120 hectáreas de monte público, para construir un campo de golf y 8.000 viviendas.
MAZARRÓN
Una primera querella de la Fiscalía contra el alcalde, Francisco Blaya, amiguísimo de Ramón Luis Valcárcel y José Antonio Ruiz Vivo, y el concejal del Partido Independiente de Mazarrón (PIXM), Domingo Varela, por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos, por el presunto pago de 33.000 euros de Blaya a Varela para que los tres concejales del PIXM apoyaran la recalificación de más de 41 millones de metros cuadrados de suelo rústico a urbanizable. Así el Plan General de Ordenación Urbana hace posible la construcción de hasta 43.000 viviendas, lo que duplicaría la población actual. Las empresas beneficiadas son Polaris World, con más de 7 millones de metros cuadrados; Euromarina, con seis millones, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón, con unos cinco millones. Esta última sociedad fue creada en noviembre de 2005 en Madrid y se ha comprometido, sin ninguna contrapartida conocida, a hacerse cargo de la deuda de 6,5 millones de euros contraídos por el ayuntamiento desde 1995, bajo los mandatos de Varela (ex PP) y Blaya, con la empresa que presta los servicios de limpieza, Urbaser. Esta sociedad desempeña las mismas labores en ciudades como Orihuela, donde está siendo investigada por presuntos pagos ilegales a varios ediles. La instruye el juzgado de Instrucción número 4 de Totana.
Una segunda querella contra el concejal de Hacienda del PP, Segundo Muñoz Paredes, por presunta falsificación en documento público. Ambas se instruyen en el juzgado de Mazarrón.
MULA
Apertura de diligencias del Fiscal Jefe al concejal de Urbanismo, Leandro Pérez de los Cobos, por presunto delito de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios, al comprar, junto a otros socios, 1,8 millones de metros cuadrados en terrenos rústicos en La Muela de Albudeite por un valor de 55.000 euros en 1999, que después vendió, siendo edil en 2004, por 1.162 millones a las empresas inmobiliarias Artecons Mar Menor, S.L., Urbicosta, S.L., ambas de San Pedro del Pinatar, y Galba Inversiones, con sede en Murcia, todas ellas propiedad de Juan Gracia Jiménez, dueño de Peinsa 97, para la construcción de 9.500 viviendas. Gracia era socio con el concejal de San Javier, José Hernández, en la empresa Valencia del Mar. La denuncia la presenta el PSOE.
MURCIA
El juzgado de Instrucción número 4 de Murcia admite a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el arquitecto municipal y jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento, Joaquín Peñalver, tras la denuncia del Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Entre las irregularidades detectadas estaba la paralización de proyectos que no iban firmados por el despacho de arquitectura del padre y el hermano de Peñalver, así como la valoración de uno de los convenios de la zona norte de la ciudad con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, por la que el ayuntamiento regido por Miguel Ángel Cámara dejó de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros. Peñalver se encuentra en excedencia y fue pieza clave en los convenios de Nueva Condomina, Joven Futura y Casino, entre otros. El sumario ha sido decretado secreto.
PUERTO LUMBRERAS
Querella contra el alcalde, Pedro Antonio Sánchez, y los concejales Juan Moisés Gea, José María Parra, Matilde Gloria García, Dolores Arenas, Ginés David Piñero y la arquitecto municipal, Inmaculada García, por presunto delito de prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociación prohibida a los funcionarios y falsedad en documento público, presentada por los ediles socialistas. Por el trato a favor obtenido por el concejal Gea respecto a una finca de su propiedad con la participación directa de la arquitecto municipal en la redacción del proyecto. Se instruye en el juzgado de Lorca. También, diligencias abiertas contra el alcalde, por ocultación de información a la oposición.
SAN JAVIER
Una querella contra el alcalde del municipio, José Hernández, por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y ambiental, por una operación urbanística en la urbanización Las Brisas, al construirse de forma ilegal y ocupar parte de la zona marítimo-terrestre. Se instruye en el juzgado de San Javier.
También, la Fiscalía Anticorrupción tiene abiertas diligencias de investigación contra el alcalde por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y delito urbanístico, por tratos de favor a socios y amigos en operaciones urbanísticas que se desarrollen en el municipio.
TOTANA
Denuncia contra el concejal de Infraestructuras y Obras Públicas y candidato a la alcaldía, José Martínez Andreo, por presunto delito contra la ordenación del territorio en la construcción de obra pública sin expediente administrativo de contratación adjudicada a dedo a la empresa del hermano del alcalde.
ULEA
Una querella contra el alcalde, José Bolarín Cano, por una operación urbanística en donde se encuentran implicados familiares del alcalde que presuntamente se beneficiaron de un convenio redactado en connivencia con el abogado particular del regidor. El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, con el visto bueno de la consejería de Obras Públicas y Vivienda, contempla trece millones de metros cuadrados sectorizados mediante convenios, y prevé la construcción de 21.000 viviendas, por lo que el municipio pasaría de 900 a 64.000 habitantes, a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Segura asegura que no hay agua para su abastecimiento. Entre las empresas beneficiadas se encuentra Fadesa, con tres millones de metros cuadrados en el paraje La Losilla, para la construcción de 3.000 viviendas y un campo de golf; la sociedad Mare Nostrum, para la construcción de Los Juncos Golf Rresort, de Higinio Pérez Mateos, con otras 4.000 viviendas. Se instruye en el juzgado de Cieza.
VILLANUEVA DEL SEGURA
Querella contra el alcalde, José Luis López de Ayala, por otorgar licencia ilegal en contra de la ley del suelo para construir, en zona de dominio público hidráulico del río Segura, en el conocido paraje de La Morra, el resort Spa Valley, llevado a cabo por la empresa Oasis Mediterráneo. Presentada por Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa del Valle de Ricote. El Plan General de Ordenación de este ayuntamiento declara urbanizable el 95 por ciento del municipio, siendo una de las mayores desmesuras de entre todos los municipios del Valle de Ricote, con la construcción de 50.000 viviendas, 236 ya levantadas. Instruida por el juzgado de Instrucción número 3 de Cieza. Prestaron declaración ante el juez, Ayala, el arquitecto municipal, Juan Rubio García, y los tres ediles que integran el consistorio, José Carrillo, Mariano Gómez y Nuria López.
* Vegamediapress - 20/05/2007
Foto: La Zerrichera (Águilas) /ecologistasenaccion.org
Los fiscales denuncian los retrasos al ejecutar órdenes de demolición
M.RAMOS.- DiariodeCádiz* : "Un lamento extendido entre los fiscales especializados en delitos medioambientales y urbanísticos en Andalucía es la demora con la que se ejecutan las sentencias que obligan a la demolición de las construcciones ilegales. Así lo ponen de manifiesto buena parte de ellos en su última memoria, donde analizan las actuaciones realizadas en 2006. En ella, los fiscales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Jaén coinciden en destacar en algún punto de su informe los problemas que están encontrando para que se restituya el patrimonio destruido con la demolición de los edificios ilegales.
El más duro en su discurso sobre la impotencia que genera que las piquetas no actúen contra lo levantado fuera de la legalidad es el fiscal de Cádiz, que llega a advertir en el documento que "se extiende la sensación popular de que, en el peor de los casos se pagará una multa, pero que nunca se producirán las demoliciones de lo ilícitamente construido, con lo que ello supone de efecto llamada para nuevas edificaciones ilícitas". El fiscal Ángel Núñez Sánchez llega a asegurar que incluso se consideran las multas que se imponen en las sentencias "como un gasto más de la edificación ilegal".
A lo largo de sus informes, los fiscales señalan a varios culpables de esta situación. De un lado, la lógica reticencia de los infractores por cumplir la sentencia de demolición; de otro, las administraciones, especialmente los ayuntamientos, "que fomentan la convicción de que una vez finalizada una construcción las irregularidades en las que se haya podido incurrir se van a poder legalizar en todos los casos". Por último, el propio sistema judicial ya que, indica el informe, los juzgados y tribunales penales se abstienen de solicitar el restablecimiento de la legalidad, remitiendo la decisión a la administración, "cuya falta de competencia dio motivo a la creación de estas figuras delictivas".
El fiscal gaditano alerta de otro problema, la fuerza que llegan a tener ante sus consistorios los propietarios de casas ilegales, que acaban convirtiéndose en "grupos de presión para tratar de obtener las modificaciones del planeamiento que legitimen sus edificaciones". Situación que se está dando, por ejemplo, con los propietarios de las parcelaciones ilegales en Medina Azahara, en Córdoba.
El fiscal de esta provincia denuncia que han sido precisamente "las promesas municipales del Plan de Mejora Rural" las que han alentado a que en el último semestre de 2006 se reactivara la construcción ilegal en torno a este Bien de Interés Cultural en la capital cordobesa. También recuerda que, aunque ha logrado durante el pasado año las primeras sentencias condenatorias por la presión urbanística en la sierra de Córdoba, en ninguna de ellas se ha decretado la demolición "alegando razones de desequilibrio y desproporción".
Algo parecido le ocurre a Juan Sánchez Martínez, fiscal de medio ambiente en Almería, que ve como no se ejecutan tres órdenes de demolición en suelos de Dominio Público Marítimo Terrestre. Por eso pide en el informe al Servicio Provincial de Costas que ejecute estas sentencias para, después, pasarle el importe de los derribos a los penados. Así, en el paraje de Fas, en Cantoria, llevan esperando desde 2004 a que se destruya una piscina construida sobre suelo de dominio público. El infractor no sólo no ha cumplido la sentencia, sino que además ha podido, por orden de la Audiencia, sustituir la pena de cárcel por una multa.
Todo esto en un año en el que entró en vigor en Andalucía la nueva Ley de Vivienda Protegida y Suelo, que capacita a los ayuntamientos y a la propia Consejería de Obras Públicas a ejecutar en el plazo máximo de un mes el derribo de las construcciones que incumplan con las normas de ordenación urbanística, previa audiencia del interesado. La Consejería de Obras Públicas incluye en los presupuestos de este año una partida de seis millones de euros para ayudar a los consistorios a financiar el derribo de obras ilegales.
*Diario de Cádiz - 21 de Mayo de 2007
Foto: Algarrobico (Almería) ¡demolición! - greenpeace.org
Alcaldes constructores
CarlosMARTÍNEZ-BUJÁN.- El País* : "Uno de los temas que ha venido marcando la agenda política gallega de cara a las elecciones del 27 de mayo es el de la figura del alcalde-constructor. Convencidos, unos más que otros, de que esta simbiosis es una de las causas que últimamente ha aparecido vinculada a algunos casos de escándalos urbanísticos, los tres principales partidos han realizado diferentes propuestas (con diversos e importantes matices), tendentes a ponerle límites e, incluso, a erradicarla. No obstante, en el análisis de este problema no se puede pasar por alto que nos enfrentamos ante un fenómeno muy arraigado, propiciado por la existencia de un sistema de incompatibilidades en la Administración local mucho más laxo que el que rige en la Administración central y en la autonómica.
El problema posee, pues, ante todo una compleja perspectiva jurídica, cuya solución no resulta sencilla, y que, desde luego, no puede alcanzarse a corto plazo. Por tanto, la única medida que cabría adoptar con carácter inmediato y que sería eficaz ya con vistas a las inminentes elecciones es la de recurrir a lo que en términos sociológicos se conoce como control informal del problema, esto es, un control que no es jurídico, sino estrictamente político, y que los partidos pueden establecer en el seno de sus organizaciones, fijando unas pautas éticas al respecto.
Ahora bien, ello no debería llevar a marginar la conveniencia de abordar el problema también a través del control formal, jurídico, y, en determinados casos de especial gravedad, incluso a través del Derecho penal. Con todo, usualmente se olvida que en nuestro Código penal existen ya unos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, que, si bien han sido poco utilizados en nuestra jurisprudencia, podrían ser aplicables a algunas de las conductas que recientemente hemos conocido en Galicia. Piénsese, por ejemplo, en el caso del alcalde que (infringiendo su deber de abstención, previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo) interviene en votaciones de su ayuntamiento, mediante las cuales se otorgan contratos y se conceden licencias de obra a empresas en las que él tiene intereses privados, especialmente cuando además esas empresas no constan en el registro de bienes, en el que obligatoriamente todos los ediles deben consignar sus propiedades, lo cual indiciariamente supone una prueba de actuación dolosa.
Una cosa es que, con arreglo al Derecho administrativo, una actuación de esta índole no invalide en principio el acto administrativo aprobado por la corporación municipal, y otra muy distinta que no pueda aplicársele al alcalde que obra dolosamente el delito definido en el artículo 441 del Código penal (como lo entendió, por cierto, el Tribunal Supremo en Sentencia de 18 de febrero de 1997), delito que, en lo que atañe al caso ejemplificado, castiga a la "autoridad o funcionario que, fuera de los casos admitidos en las leyes, realizare una actividad profesional al servicio de entidades privadas o de particulares en asunto en que deba intervenir por razón de su cargo".
El elemento fundamental de este delito es el hecho de que el funcionario acceda a una posición jurídica de privilegio y de deber (el funcionario debe intervenir en el asunto por razón de su cargo). Si se cumple esta característica (situación jurídica), la realización de la actividad particular de constructor (por sí misma jurídicamente irrelevante) adquiere entonces un sentido relevante para el Derecho penal, porque afecta a la necesaria imparcialidad del funcionario, que debe inspirar una correcta organización administrativa al servicio de los ciudadanos, lo cual constituye indudablemente un interés jurídico merecedor de protección penal.
Y repárese en que, una vez constatado el citado elemento fundamental, el delito existiría ya con la simple realización de la actividad particular de constructor, sin que se exija una resolución administrativa calificable de injusta ni una efectiva situación de corrupción, puesto que, de concurrir éstas, habría además otros delitos más graves, como la prevaricación, el tráfico de influencias o el cohecho.
* ELPAIS.com - Galicia - 21/05/2007
Una financiación ligada al urbanismo
L.LUCIO.- El País* : " El IBI supuso el 27% del total de los ingresos tributarios de los ayuntamientos andaluces en 2005.
En este mandato municipal, la actividad económica generada por el urbanismo en los ayuntamientos casi siempre ha ido asociada a episodios de corrupción, extendiendo la mancha de sospecha en el imaginario colectivo a los 770 municipios andaluces. Ésta es una de las consecuencias de la potente imagen proyectada por la corrupción urbanística en Marbella (Málaga), destapada con toda crudeza por la operación Malaya.
El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, considera "injusto" que el urbanismo se haya convertido en sinónimo de corrupción. "El urbanismo debe servir para financiar a los ayuntamientos y a veces se confunde al tío que se lleva el dinero a su bolsillo con el hecho de que un municipio deba estructurar sus necesidades", afirma.
El peso de la actividad inmobiliaria en los ingresos de las corporaciones locales ha aumentado año tras año. Según un informe de Virginia Pou, del Servicio de Estudios Económicos del BBVA, sobre El impacto del mercado inmobiliario en las finanzas públicas, los recursos totales vinculados a la actividad inmobiliaria en el conjunto del Estado "han pasado de representar el 22,8% del total de ingresos no financieros municipales en 1992 [año de crisis en el sector] a un 31,9% en 2004".
Este informe, no obstante, advierte que si bien los ingresos por el ladrillo aumentan, también lo hacen y a un ritmo mayor los gastos por el aumento de la población en los municipios. Este incremento genera más obligaciones para los ayuntamientos (transporte público, alumbrado, recogida de basura). Un aspecto que los gobiernos locales, sostiene Pou, no tienen en cuenta con vistas al futuro. Según sus datos, el sector inmobiliario "está aportando un 32% de los ingresos municipales", pero "genera un gasto equivalente al 36% del total de gastos municipales".
Una de las cosas que más llama la atención cuando se intenta bucear en la financiación de los ayuntamientos es la poca información que existe. La FAMP carece de un mínimo banco de datos para saber, por ejemplo, cuánto pagan los ayuntamientos a sus funcionarios o cuál es el nivel salarial de las distintas policías locales de la comunidad. O qué efecto tiene el urbanismo en sus presupuestos. El propio Toscano reconoce que la FAMP no tiene una información adecuada.
Según datos de la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía, elaborados a partir de las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Economía, el 43,2% de los ingresos de los ayuntamientos andaluces el ejercicio 2005 son de naturaleza tributaria. Es decir, son sus propios ingresos los que en mayor parte nutre sus recursos totales.
El 35,79% son transferencias corrientes y de capital procedentes de otras Administraciones -las del Estado suponen el 24,19%, las de Junta, el 9,39%-. Los ingresos patrimoniales y enajenación de inversiones reales representan el 11,60%; y los activos y pasivos financieros, el 9,19%. En el año de referencia, los presupuestos de todas las entidades locales de Andalucía sumaron 9.797.758 millones de euros.
La mayor parte de la financiación procede de los impuestos directos, indirectos y de las tasas por la prestación de servicios y contribuciones especiales.
Dentro de los ingresos de carácter tributario destaca el peso que representa el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que grava el valor catastral de las propiedades urbanas y rústicas. El pago de lo que se conoce popularmente como la contribución representa el 27% del total de lo que ingresaron en 2005 los ayuntamientos andaluces por tributos. Aunque es un impuesto estatal, los ayuntamientos pueden aplicar una escala de gravamen que oscila entre el 0,4% y el 1,10%. En Andalucía, Huelva y Cádiz son los que aplican el tipo más alto (1,06% y 0,91%, respectivamente), frente a Córdoba y Jaén (0,61% y 0,60%).
Otra carga tributaria que ha cobrado protagonismo relacionado con la actividad inmobiliaria es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, un tributo indirecto que se paga cuando se hace una obra o una reforma. Supone el 9,8% de los ingresos tributarios de los municipios.
En las propuestas de los partidos sobre financiación municipal llama la atención que no se hable de estos asuntos y que centren sus expectativas en una mayor participación en los ingresos de la Junta.
* ELPAIS.com - Sevilla - 21/05/2007
Foto: Benalmádena /UrbPatasArriba
