ELMUNDO/Málaga* : El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis años y diez meses de cárcel impuesta en enero de 2009 por la Audiencia Nacional al ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca por un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento mercantil en el conocido como caso 'Saqueo', sobre el desvío de caso 4.000 millones de pesetas del Consistorio marbellí a empresas privadas entre los años 1991 y 1995.
La sentencia del alto tribunal, que también confirma las penas de cárcel impuestas en su día al que fuera asesor jurídico del ex alcalde Jesús Gil, José Luis Sierra, y el contable Manuel Jorge Castel, destaca que ha quedado acreditado el "panorama de absoluto descontrol del gasto municipal", así como la "neutralización de todos los mecanismos jurídico-contables llamados a fiscalizar el uso de fondos públicos".
La resolución rechaza una a una todas las alegaciones expresadas por las defensas en los recursos de casación presentados por los tres acusados, de los que se dice que se concertaron con el objetivo de "desviar fondos públicos llegados desde el Ayuntamiento de Marbella a las sociedades municipales" implicadas. Roca se encontraba al frente de una de ellas, Planeamiento 2.000 S.L., "concebida como uno más de los instrumentos de descapitalización".
La Sala que ha visto estos recursos está integrada por los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde, José Ramón Soriano y Manuel Marchena, siendo este último el ponente de la resolución.
El abogado de Roca, Horacio Oliva, argumentó durante su intervención el pasado 16 de diciembre que entiende vulnerada la presunción de inocencia del ex asesor municipal por "vacío probatorio" y porque las pruebas que se practicaron en el juicio fueron, a su juicio, valoradas de modo "irracional" por la Audiencia Nacional
Añadió que las alusiones a la facturación falsa en sociedades municipales que se incluían en la sentencia hacen referencia a la responsabilidad de Gil, y sólo se refieren circunstancialmente a Roca, y se quejó de que la sentencia de la Audiencia Nacional se limitará a realizar un "copia y pega" de las declaraciones de los diferentes imputados.
La sentencia no fue 'modélica'
En este punto, el Supremo da la razón a Oliva al considerar que la estructura formal de la sentencia que dictó en su día la Audiencia Nacional "no es modélica". "Se extractan las declaraciones de los imputados -incluidas las prestadas en diligencias no judiciales- y se acumulan por aluvión todas ellas, sin expresar el proceso intelectual de su valoración", dice el alto tribunal.
Pese a ello, el Supremo considera que, en su conjunto, la resolución de la Audiencia Nacional "no presenta una carencia argumental que provoque la vulneración del derecho que se dice denunciado" por la defensa de Roca, es decir, "no le faltan los presupuestos precisos para respaldar, de forma racional, el juicio de autoría".
"Y es que la constancia documental de la anarquía contable a la que los acusados sometieron al Ayuntamiento de Marbella -informe de Tribunal de Cuentas, documentos notariales de constitución de las sociedades participadas por fondos municipales, actas referidas a su funcionamiento, adquisición de sociedades factureras por uno de los acusados, documentos contables que reflejan la ficticia anotación de operaciones inexistentes (...)- está incorporada a la causa y es suceptible de ponderación en toda su minuciosidad", agrega.
Para el Tribunal Supremo, Roca "no era uno más" en la trama. Su papel "iba más allá de la condición de gerente nominal, desprovisto de poder (...) El acusado, en fin, se representó y tuvo conocimiento de que por medio de esas sociedades instrumentales, en ejecución del plan que los acusados habían ideado, se iba a iniciar un proceso de facturación absolutamente irreal, pero que iba a dar cobertura a un desapoderamiento de las arcas municipales próximo a los cuatro mil millones de pesetas".
El abogado de Sierra, Manuel Ollé, alegó durante la vista vulneración de los derechos fundamentales de su cliente y ausencia de motivación suficiente de las condenas. A su juicio, el texto de la Audiencia Nacional "no señala pruebas concretas" contra él.
El Supremo considera, sin embargo, que Sierra "no sólo conocía de propia mano la inadecuada gestión y la ausencia absoluta de control respecto de la aplicación de fondos públicos, sino que él mismo ideó un sistema de caja única y controló su funcionamiento cotidiano, desde su condición de secretario de los dintintos consejos de administración de las sociedades de las que forma parte".
Añade que el ex abogado de Gil, en definitiva, "expuso los bienes municipales al riesgo de un gasto 'cuasiclandestino' habida cuenta de la neutralizacón de los mecanismos públicos de control".
Desvío de fondos públicos
La sentencia de la Audiencia Nacional relató que los condenados concibieron y ejecutaron un plan con el que, entre los años 1991 y 1995, llevaron a cabo "actuaciones coordinadas tendentes a desviar fondos públicos llegados desde el Ayuntamiento de Marbella a las sociedades municipales".
El tribunal consideró que para la detracción del patrimonio municipal fueron "relevantes" los conocimientos que tenían cada uno de los condenados, conocimientos jurídicos en el caso de Sierra, contables en el de Castel y de la actividad empresarial, en el de Roca.
El tribunal absolvió a los otros tres acusados, los empleados de las sociedades municipales Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera y a la viuda del que fuera gerente de una de ellas, Purificación Notario, sobre quienes la acusación particular -ejercida por tres concejales del PP del consistorio marbellí-, había retirado su acusación.
* El Mundo - 11.02.10
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
El Supremo confirma la pena para Roca por el 'saqueo de Marbella'
El juez imputa a cinco ex ediles de La Oliva
+-+flickr.com.jpg)
LAPROVINCIA/Fuerteventura* : El 'caso Las Clavellinas' vuelve de nuevo a la luz pública tras la decisión del titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Puerto del Rosario, José Guzmán Herrero, de tomar declaración en calidad de imputados a cinco ex concejales del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de La Oliva por haber votado a favor de la enajenación de unos terrenos que fueron donados para solares destinados a los vecinos de Corralejo.
El caso se remota a 1981 cuando el ciudadano Guy Vandaele donó al Ayuntamiento de La Oliva 27.000 metros cuadrados destinados a cubrir las necesidades de solares para los vecinos de Corralejo. Sin embargo, el Consistorio no sólo enajenó 125.000 metros cuadrados de esa donación sino que no cumplió las condiciones estipuladas en la escritura pública del donante.
Los entonces ediles del Consistorio norteño, Marcelino Umpiérrez, el único que continúa vinculado a las filas del PP y actualmente director general de Ganadería del Gobierno de Canarias; Alejandro Hernández, Andrés Pérez, José Juan Aguiar y Cristóbal Calero deberán comparecer el próximo lunes ante el juez. Otro de los concejales que apoyó el polémico acuerdo, Ismael González, ya falleció.
El entonces alcalde Domingo González Arroyo se encuentra también imputado por este caso, así como el ex secretario Miguel Ángel Rodríguez. Por contra, el Registrador de la Propiedad José Manuel Muñoz Roncero, fue eximido de la causa al no haberse apreciado indicios de conducta delictiva.
Los hechos se remontan a 2002 cuando interpuso una querella la AA VV 'Las Clavellinas" contra los entonces políticos del Ayuntamiento de La Oliva por prevaricación para alterar el precio en subasta pública.
La citada causa se ha dilatado en el tiempo por los múltiples recursos de reforma y apelación presentados por las partes y uno de ellos, el de apelación presentado por el ex-secretatio municipal contra la admisión , estuvo dos años en la Audiencia Provincial de Las Palmas para resolverse. Por otra parte, el Juzgado majorero tuvo también que remitir a la citada Audiencia la causa de González Arroyo por estar en aquellas fechas aforado por su condición de parlamentario regional.
Este periódico intento ayer de forma infructuosa contactar con el ex alcalde de La Oliva. Sin embargo, uno de los ex ediles imputados, Andrés Pérez, señaló que su voto favorable a la citada enajenación "se realizó en base a los informes jurídicos y técnicos que se disponían y que avalaban nuestro posicionamiento de votar favorable". También, apuntó, que "tengo mi conciencia tranquila porque hemos actuado correctamente".
* La Provincia - 11.02.10
Foto: La Oliva (Fuerteventura) - flickr.com
A Coruña: La Unesco alerta de que la presión urbanística amenaza a la Torre
LAOPINIÓN* : De entre todas las posibles amenazas identificadas por la Unesco para la Torre de Hércules, la mayor de ellas, superior incluso a los accidentes marítimos o el efecto de las visitas turísticas, es la presión urbanística derivada del crecimiento de la ciudad. Esta conclusión la obtuvo el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Histórico-Artísticos (Icomos) después de analizar la candidatura presentada para que el monumento se convirtiera en patrimonio de la humanidad.
Está recogida en el informe elaborado por este órgano consultivo de la Unesco para mostrar sus impresiones acerca de la propuesta.
Este documento, disponible en inglés y francés a través del archivo electrónico de la Unesco tiene como fecha de emisión el 10 de marzo de 2009, tres meses y medio antes de que el faro romano fuese declarado patrimonio de la humanidad en Sevilla el sábado 27 de junio del año pasado. Como tal, el informe es una evaluación del proyecto justificativo redactado por varios organismos públicos para que el faro pasase a engrosar la lista de monumentos del patrimonio mundial. Mediante este análisis, el Icomos también emite su opinión acerca de los proyectos y la documentación remitida por el Ayuntamiento, entre la que se cita un plan de doscientas páginas sobre la conservación del monumento.
Pese a esta advertencia documentada sobre la amenaza del desarrollo urbanístico para la Torre, el primer teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica y Turismo, Henrique Tello, restó ayer importancia a las consecuencias que podría tener la urbanización de seis edificios proyectada por el plan general a quinientos metros del faro. Tello calificó de "rumores" los avisos lanzados desde el Icomos acerca de los efectos negativos que esta actuación podría tener sobre el título en futuras revisiones. A pesar también de que no quiso "colgarse medallas", afirmó que el Ayuntamiento ya ha cumplido con el 85% de los requisitos establecidos por la Unesco. Por todo ello, el teniente de alcalde negó sentirse "preocupado" y afirmó que el expediente elaborado en su día para apoyar la candidatura de la Torre está "muy bien hecho". Del trabajo efectuado por el Ayuntamiento dio buena cuenta el Icomos en el informe que a continuación se expone.
. Presión urbanística. En el apartado número cuatro del documento, encabezado por el título Factores que afectan a la propiedad, el Icomos expone que la "falta de espacio" para construir en el área urbana de la ciudad ha obligado en el pasado a emplear el suelo disponible en las afueras. "Es posible que esto ocurra de nuevo si no se presta atención", añade el informe. Para dejar claro que el entorno de la Torre no es de uso residencial, los técnicos del comité internacional encargado de redactar el análisis recuerdan que hoy en día los terrenos existentes alrededor del faro romano son "percibidos y utilizados" por los habitantes de la ciudad como una zona destinada a las actividades deportivas y de ocio. Después de exponer estas características relacionadas con los condicionantes de desarrollo de la ciudad, el Icomos concluye: "Icomos considera que la principal amenaza para la propiedad es la presión del crecimiento urbano". Esta advertencia la lanzó en marzo del año pasado, antes del nombramiento del faro como patrimonio mundial y con el desconocimiento del proyecto para levantar seis edificios, algunos de ellos bloques de pisos de hasta siete alturas, en las cercanías del monumento, en una parcela vacía entre el polígono de Adormideras y la ciudad deportiva existente en las cercanías de la Torre.
. Los efectos del turismo. Dentro del mismo apartado dedicado al urbanismo, el informe analiza las consecuencias que tiene sobre el monumento la llegada de turistas. El Icomos sitúa esta amenaza inmediatamente por debajo del desarrollo urbanístico, a pesar de que reconoce que la Torre soporta bien los niveles de visitas que registraba antes de la fecha de redacción del documento. "Sin embargo -corrige el dictamen de los técnicos- varios problemas se están convirtiendo en aparentes". Entre ellos, el Icomos cita el vandalismo y la falta de ventilación en determinados puntos del faro, que los técnicos experimentaron durante su visita al monumento para examinar su estado.
. Amenazas medioambientales. En este punto del informe se hace referencia a los accidentes marítimos que han ocurrido en el entorno de la Torre. Así, el Icomos recuerda el siniestro del Urquiola (1976) y del Mar Egeo (1992), que vertieron toneladas de petróleo sobre las aguas y el litoral de la costa coruñesa. La Unesco, sin embargo, minimiza este riesgo para el monumento basándose en la construcción del puerto exterior y el traslado hasta punta Langosteira del tráfico de buques cargados de mercancías peligrosas o potencialmente contaminantes.
. La prueba de que la Unesco desconocía la urbanización de San Amaro. El análisis de las zonas de protección establecidas alrededor de la Torre -las conocidas como zonas núcleo y de amortiguamiento- arroja la prueba de que la Unesco desconocía la urbanización prevista por el plan general en San Amaro. El Icomos considera en el informe que los límites de estas dos áreas son "adecuados" y no menciona en ningún momento la construcción de los seis edificios, proyectada dentro de la zona de amortiguamiento fijada para el faro romano.
. Personal insuficiente para el centro museográfico y de interpretación. El cometido del comité encargado de analizar la propuesta de la Torre fue examinar también los proyectos que se comprometió a desarrollar el Ayuntamiento en caso de que el monumento fuera distinguido. En el apartado referente a la gestión del faro, el Icomos lanza otra advertencia, en este caso dirigida a la puesta en funcionamiento del centro museográfico y de interpretación: "Los actuales recursos humanos del Consorcio de Turismo no son apropiados para un centro museográfico y de interpretación".
. Necesidad de un plan director pormenorizado. El Icomos advierte también de que el plan director cojea. Es necesario uno "más completo", recomienda en el informe. También sería aconsejable establecer quién es el responsable de su implementación.
Un grupo de vecinos de San Amaro ha denunciado la posible contradicción que el plan general incluye en el desarrollo urbanístico de esta zona. En un punto situado entre el cementerio y la residencia de mayores Torrente Ballester, en las manzanas existentes entre las calles San Amaro y San Pedro, el documento aprobado el pasado 1 de diciembre de manera inicial recoge la construcción de edificios de nueve pisos, más entreplanta y bajocubierta. Es decir, once alturas en total.
Esto no tendría mayor trascendencia, según los vecinos y la formación local Unión Coruñesa, que ayer también denunció este hecho, de no ser porque en una parcela pegada a este polígono -el identificado en los planos como H3.01- se está finalizando actualmente la construcción de un edificio de seis pisos. Pero es que tanto los vecinos como Unión Coruñesa añadieron que en este punto de San Amaro está prevista la aplicación de la polémica normativa de alturas introducida en el plan general por el Ayuntamiento. De acatarse la ordenanza que obliga a calcular el límite de alzado de los edificios a partir del ancho de la calle, los inmuebles en esta zona no podrían sobrepasar las cinco alturas. En lugar de eso, insistieron los vecinos y Unión Coruñesa, el plan general formula un desarrollo en el que se levantarán edificios de once pisos y a su lado otros de seis, con una diferencia entre ellos de cinco alturas.
* La Opinión Coruña - 11.02.10
Foto: Vista del entorno de la Torre, donde, abajo a la derecha, pueden distinguirse los terrenos en los que se levantará la urbanización. / fran martínez, la opinión
Rus desvía 300.000 euros a una fundación ´fantasma´ del Consell que sólo paga sueldos
LEVANTE/Valencia* : Trasvasa fondos de Turismo a Gestión y Eficiencia Empresarial, que preside Gerardo Camps y no tiene actividad aparente. Ningún nombre, ni logo, ni señal de vida en los timbres del portero automático. Ni el más remoto signo de identificación en los buzones del patio de la escalera y ni rastro en las 48 puertas del edificio de la calle Colón, del primero A, al octavo F, según comprobó ayer este diario.
La fundación Gestión y Eficiencia Empresarial (GEE), dependiente de la Conselleria de Economía y que tiene a Gerardo Camps como presidente del patronato, se creó el 12 de junio de 2007 y no tiene ninguna actividad aparente salvo pagar el salario de sus dos empleadas: la gerente, Dolores Bello, y la técnico Lucía Aparicio, ambas ligadas al Partido Popular, según los socialistas.
Una web "en construcción" y una nota de prensa del Consell en la que se informaba del alumbramiento de GEE son dos de las pocas actuaciones que adornan su currículum. El portavoz del PSPV en la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, y la portavoz adjunta en las Corts Cristina Moreno denunciaron ayer que el presidente de la corporación provincial, Alfonso Rus, ha quitado 300.000 euros del Patronato de Turismo -de una partida de 315.000 prevista para programas de apoyo del sector, básicamente en pueblos del interior- para darlos a esa fundación.
La cifra de la modificación contable aprobada ayer supone el triple del presupuesto de esa fundación para este año, unos 102.000 euros que en su práctica totalidad se destinarán al pago de salarios. En 2008, se destinaron 100.925,42 euros a las nóminas de las dos empleadas. La cantidad representa prácticamente dos tercios de los casi 160.000 euros gastados, según unas cuentas anuales de la entidad que no fueron firmadas por todos los responsables que las formulan. Lo dijo el Síndic de Comptes en su informe de 2008. El vicepresidente del patronato es el número dos de Economía, José Manuel Vela; el secretario es Luis Lobón (Servef) y ejercían de vocales Enrique Pérez Boada (entonces en el IVF) y Antonio Lis, de VCI.
La socialista Cristina Moreno subrayó, además, que Gestión y Eficiencia Empresarial ha tenido tan pocas actuaciones que ni presentó la memoria de actividades correspondiente a 2008 junto a las cuentas anuales. Una contabilidad que retrata, además, el gasto de 16.795,74 euros en el alquiler del despacho; 4.216 en amueblarlo y 3.500 euros en la compra de los ordenadores de sobremesa. También se dedicaron otros 2.657,40 euros a adquirir dos portátiles. A la gerente debe de venirle bien, dado que, según varias fuentes, suele prodigarse poco en apariciones por el despacho. Ayer mismo, este diario no la pudo localizar en la oficina. Tampoco respondió al mensaje de petición de información, que este diario trasladó a la empleada que atendió la llamada. Además de la informática, la fundación gastó 2.279 euros en un manual de imagen corporativa y casi 2.000 en la puesta en marcha de la web. Al pago de "servicios profesionales independientes" se dedicaron 20.094 euros.
¿A qué se destinará el dinero que llega a la fundación? De momento no hay noticia, pero Rubio sospecha que el trasvase de dinero "se justificará con un convenio para estudiar posibles aplicaciones turísticas" sobre el Júcar y los Serranos. Si cumpliera su fines, GEE dedicaría el dinero a la promoción y desarrollo del conocimiento y colaboración entre altos ejecutivos y empresarios de la Comunitat Valenciana para contribuir a la mejora de la actividad empresarial y económica". Es sólo parte del pomposo objeto fundacional de la entidad pública de las dos empleadas. Un de las más desconocidas de entre las 38 fundaciones del Consell.
* Levante-EMV - 11.02.10
Foto: Valencia, Diputación - newslacostera.com
Andratx: Hidalgo y Cañellas se atribuyen mutuamente la idea del convenio torre Sant Elm
+-+Antoni+Sureda+(wikipedia.org).jpg)
ABC/Mallorca* : Hidalgo y Cañellas han declarado hoy ante el titular del juzgado de instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcias, que investiga un supuesto desvío irregular de fondos de la Fundación Illes Balears, que preside Cañellas, la cual cedió el uso de la torre en 2006 al Ayuntamiento de Andratx -gobernado entonces por Hidalgo- a cambio de unos 45.000 euros cuyo destino se está investigando.
Este dinero lo pagó el Ayuntamiento gracias a una aportación de la Conselleria de Turismo, con el popular Joan Flaquer como conseller, que sufragó el 60 por ciento del importe del convenio para la cesión del castillo, en el que se realizaron algunas actividades culturales.
Según ha declarado hoy Cañellas, que ha comparecido por espacio de una hora asistido por el letrado Josep Perelló, en 2004 recibió una oferta del Ayuntamiento de Andratx para coordinar "alguna solución" para el uso del castillo, recién reformado, escrita por el propio Hidalgo.
En cuanto al destino del dinero pagado por el Ayuntamiento a la fundación, ha dicho que se trataba de una aportación y no una subvención, por lo que no se debía detallar la finalidad, ya que se entendía que era para los fines globales de la entidad, cuyo objeto social es recuperar el patrimonio paisajístico y arquitectónico rural.
El ex alcalde Eugenio Hidalgo, que ha sido conducido al juzgado desde la prisión donde cumple condena por otros casos de corrupción, ha explicado que fue Cañellas quien, en 2004, se dirigió a él para proponerle llegar a un acuerdo sobre el castillo.
Finalmente, en 2005, cuando Hidalgo accedió a la alcaldía, se dio luz verde al estudio del convenio, que finalmente fue firmado en 2006.
En 2007, cuando se produjo un cambio de gobierno en el Ayuntamiento, el equipo municipal decidió dejar de pagar el convenio y lo rescindió.
Hidalgo ha dicho que no tenía "estudiado ni leído" el convenio que se investiga porque confiaba en los asesores jurídicos del consistorio y que "en la persona que había sido presidente del Govern (en referencia a Cañellas)".
"No es cierto que el convenio fuera una simulación para transferir ingresos económicos a la fundación o al señor Cañellas", ha agregado Hidalgo.
Este caso de supuesta corrupción parte de una denuncia de la Fiscalía por prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad y defraudación a la administración en relación al uso de dicho contrato de cesión del castillo.
La Fiscalía Anticorrupción indica que el convenio pudo suponer un perjuicio económico para el Ayuntamiento sin reportar ningún "beneficio o utilidad social o pública para el municipio o sus habitantes". EFE
* ABC - 10.02.10
Foto: Andratx (Mallorca) - Antoni Sureda (wikipedia.org)
Vecinos de Montanuy retoman el contencioso por el plan general
+-+Servicio+Especial.jpg)
ELPERIÓDICO/Aragón* : La publicación ayer en el BOA de la ampliación de Cerler activa las denuncias y alegaciones que en su día abrieron en diferentes frentes los grupos conservacionistas y que permanecían dormidas hasta ahora. Unas ante Europa y otras dos son vías administrativas interpuestas por Naturaleza Rural (compuesta por vecinos del valle de Castanesa) contra el Plan General de Montanuy, que prevé la construcción de más de 3.500 viviendas supeditadas a la creación de la estación de esquí y contra la declaración del proyecto de Cerler como de carácter supramunicipal y, por ende, de interés general.
Respecto a la queja europea, fue presentada en el 2007 por Izquierda Unida (IU) de Aragón a través del eurodiputado en la propia Comisión Europea Willy Meyer, y defendida en mayo del 2008 en Bruselas por Adolfo Barrena. Una denuncia sobre el urbanismo en Aragón que incluyó los planes expansivos de Aramón y, entre otros, el macroproyecto del valle de Castanesa.
El Gobierno de Aragón aprobó el PGOU de Montanuy a finales del 2008 con un planeamiento para recalificar terrenos en los que construir más de 3.500 viviendas en un valle que ronda los 300 habitantes censados. Un proyecto que cuenta con la oposición de una parte de la población de Montanuy, que presentó un contencioso administrativo a través de Naturaleza Rural.
INFORME AUKEN Castanesa y Montanuy se añadieron a la queja que Europa admitió a trámite y que se mantenía viva pero en espera hasta conocer con exactitud los citados proyectos.
Hay que recordar, además, que Castanesa también forma parte del demoledor informe de la danesa Margrete Auken, de Los Verdes, aprobado en marzo de 2009. un informe que no es vinculante y que revela los desmanes cometidos en materia urbanística en España y Aragón.
En el caso de la comunidad aragonesa, Auken incluyó la demanda presentada por Adolfo Barrena ante la CE en la que aparecen proyectos urbanísticos como las distintas actuaciones en las estaciones de esquí de Panticosa y Formigal, la ampliación de Cerler a través de Castanesa, actuaciones en Gúdar-Javalambre, Camarena de la Sierra y San Agustín, la ampliación del área metropolitana y la escasa reserva de suelo en la capital aragonesa. Junto a estos desarrollos, IU añadió el proyecto Gran Scala.
* El Periódico de Aragón - 11.02.10
Foto: Montanuy (Huesca) - Servicio Especial
Puerto y Concello no se entienden y el escombro ciega los muelles de Vigo
XORNAL* : Ni un pírrico principio de entendimiento lograron ayer Concello de Vigo y Puerto en la reunión pactada para tratar la paralización de las obras en el muelle de Trasatlánticos. El concejal de Urbanismo, José Mariño, y el director de la Autoridad Portuaria, Luis Lara, se encerraron en un despacho municipal junto a sus técnicos –un técnico de la concejalía y un abogado del Estado–y durante dos horas entablaron un diálogo de sordos, según se puede desprender de las declaraciones de ambos al finalizar el encuentro.
“No nos han propuesto absolutamente nada. No hemos sido capaces de que nos den argumentos ni nos razonan los motivos por qué se ha ejecutado sin licencia el derribo de las naves de cableros”, afirmó el edil. Poco después, Lara respondía que “es obvio que se han argumentado nuestras posiciones y no se ha hablado del tiempo durante dos horas”.
La falta de consenso que los empresarios ya reclamaban para finalizar la ampliación de Areal amenaza ahora el principal escaparate turístico de la ciudad, un muelle de cruceros convertido en escombrera y que la Autoridad Portuaria tenía previsto destinar a zona pública. “La única responsabilidad de lo que pase de aquí en adelante será de Corina Porro”, indicó Mariño. El concejal condiciona el futuro de la obra al informe que le entregarán hoy los técnicos de Urbanismo. “Lo normal es reponer la legalidad, pero tal como está todo parece complicado”, añade. El Concello asegura que no existe licencia para destinar la zona a uso ciudadano y argumenta que el Plan Especial del Puerto señala que la citada nave era un elemento “a consolidar”.
Los responsables portuarios afirman que “han detectado mala fe en la actuación del Concello” y amenazan también con acciones judiciales. Mariño ya anunció que el próximo paso será ir a la Fiscalía y el Puerto respondió que “estudian acciones legales”. Desde la entidad que preside Corina Porro se advierte, además, de que “a la vista de las sorprendentes declaraciones del concejal tras casi dos horas de reunión, se concluye que no hay ninguna disposición de diálogo por parte del Concello y lo único que se pretende es actuar únicamente basándose en un interés político de paralizar cualquier actuación del Puerto”.
El mismo día de la reunión, varios medios locales publicaban una página de publicidad de la Autoridad Portuaria en la que se exponía el proyecto para cableros y se comparaba con el del anterior presidente portuario, Abel Caballero.
“Otros han abierto centros comerciales sin licencia, nosotros no”, señaló José Mariño en clara alusión a la urbanización en la parcela de Finca do Conde sobre la que pesa una orden de derribo por parte de los tribunales.
* Xornal de Galicia - 11.02.10
Foto: Naves de cableros, reducidas a escombros, en el muelle de trasatlánticos del puerto de Vigo - M.G., elcorreogallego
