ELPAÍS* : En la primera comparecencia de un fiscal superior de Galicia ante el Parlamento gallego, Carlos Varela dibujó un sombrío panorama del urbanismo gallego. Las denuncias se disparan de forma "preocupante", impulsadas por el aumento del precio del suelo y "los enormes beneficios que comportan las recalificaciones". Se trata por lo tanto de una "fuente de riesgo de comportamientos corruptos", que combina mal con el "fiasco absoluto de los sistemas de control por parte de las Administraciones públicas".
Una de las causas fundamentales que explican "no pocos casos de impunidad urbanística" radica en el "debilitamiento de las competencias" de control municipal. El fiscal superior alertó de que secretarios, interventores y tesoreros de la Administración municipal "deben jugar un papel clave en el control interno de la gestión urbanística", a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. Pero sus atribuciones menguan y la corrupción crece.
Carlos Varela también abogó por actualizar el régimen de incompatibilidades del personal de los ayuntamientos y por reforzar los cuerpos autonómicos de inspección urbanística y las unidades policiales especializadas. "Constituirían medidas eficaces para combatir este tipo de corrupción", opinó Varela. Todo ello, "acompañado por la obligación de los altos cargos de hacer público su patrimonio al comienzo y al final de su mandato". Otra de sus recomendaciones consiste en la ejecución efectiva de demoliciones de construcciones ilegales y la imposición de sanciones conminatorias, para "disuadir a los potenciales infractores".
Según los datos de la memoria de 2007 de la Fiscalía Superior, que constituyó el objeto de la comparecencia de Varela, destacan por el aumento de las investigaciones en materia urbanística las provincias de A Coruña y Pontevedra, "donde la presión inmobiliaria es más acentuada". En la pontevedresa se concentra el 72% de los procedimientos judiciales relacionados con el urbanismo. Los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio dieron lugar en 2007 a 123 diligencias de investigación penal por las fiscalías provinciales y a la interposición de 32 denuncias por edificaciones presuntamente ilegales. Los juzgados de instrucción incoaron además 58 diligencias previas.
Las cifras globales de 2007 que el fiscal presentó a los diputados reflejan una disminución respecto al año anterior del 6,9% en el número de procedimientos penales, que bajaron a 205.942. Las diligencias previas fueron 200.730, un 7,3% menos que el año anterior, mientras que las de juicios rápidos aumentaron un 10,8%. Los órganos judiciales gallegos dictaron 25.571 sentencias. La población reclusa, mientras, aumentó un 5,09%, hasta alcanzar 4.269 internos, el 6,3% del estatal.
Varela se salió del guión de su repaso a los delitos relacionados con menores, mujeres, accidentes laborales e incendios para detenerse en un grupo delictivo en auge, que tiene como objetivo el patrimonio histórico. El fiscal constató la existencia de un "mercado ilegal de piedra y de objetos religiosos", por lo general a través de Internet. Se trata de hurtos en iglesias, monasterios o ermitas, por una parte, y en hórreos, cruceiros, pazos y puentes medievales, en lo que se refiere a "arquitectura popular". Otro tipo de expolio arqueológico es el de los yacimientos subacuáticos, que llevó al fiscal a proponer una carta arqueológica submarina que permita adoptar medidas de vigilancia.
El fiscal propuso un "nuevo paradigma de política pública de justicia", que pasa por la reorganización del mapa judicial, con una oferta diferenciada en cada zona; la modernización de los órganos judiciales, mediante la introducción de nuevas tecnologías, y la creación de órganos instructores especializados en medio ambiente, urbanismo y delitos económicos. El fiscal recomendó la creación de un observatorio permanente de la justicia.
* ELPAIS.com - PABLO LÓPEZ - Santiago - 11/11/2008
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
Galicia: El fiscal denuncia en el Parlamento la escalada de delitos urbanísticos
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11.11.08
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Tema: NOTICIAS Galicia
El Ministerio de Vivienda apuesta por la vivienda inaccesible
La Plataforma por una Vivienda Digna* quiere transmitir su más profunda indignación por las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Vivienda, casi todas recogidas en el Plan de Vivienda 2009-2012. Para la PVD, las medidas de Corredor demuestran la entrega del Ministerio a las promotoras y gestores urbanísticos, intentan frenar la caída de precios y agravarán las dificultades de acceso de las familias con pocos ingresos y los jóvenes -la mayoría “mileuristas”- a la vivienda protegida.
Compra de suelo innecesaria
En lo referente a la compra de suelo de promotoras, para la PVD el Estado no necesita comprar ni un metro cuadrado de suelo para construir VPO porque tiene millones de metros cuadrados sin uso que son propiedad de distintos ministerios. Pero además, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha afirmado recientemente que los ayuntamientos y comunidades autónomas tienen hoy suelo público en el que cabrían 225.000 viviendas.
El objetivo de esta compra es en realidad solucionar los problemas de liquidez de algunas promotoras, que podrán así “aguantar el tirón” sin tener que bajar precios para dar salida a su stock. Esto dificulta las posibilidades de acceso a la vivienda que podrían derivarse de la propia evolución del mercado. En otras palabras, gracias a la intervención del Ministerio, los pisos bajarán menos.
Por otro lado, no puede ser una prioridad construir vivienda protegida muy cara en un país en el que hay un millón de pisos nuevos sin vender y cerca de cuatro millones de pisos vacíos. Si la razón es el empleo, el Ministerio podría fomentar las cooperativas reales de vivienda, fórmula que concilia el mantenimiento de la actividad con el acceso a una vivienda asequible. La ausencia de esta opción en el Plan de Vivienda demuestra que la prioridad no es ni el acceso, ni el empleo, sino perpetuar los desorbitados beneficios que giran en torno a lo inmobiliario.
Una alternativa más razonable que se podría barajar para destinar los 300 millones de euros que se gastarán en la compra de suelo, es utilizarlos para convertir parte del stock de pisos sin vender en viviendas públicas de alquiler. La Consejería de Vivienda del País Vasco, por ejemplo, ya anunciado esta medida, en la que se prevé adelantar al promotor el equivalente a cinco años de renta.
Vivienda pública para ricos
En cuanto a los requisitos para acceder a una VPO, el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012 eleva los ingresos máximos a 7 veces el IPREM, permitiendo el acceso a alguien que gane nada menos que 48.922 euros anuales. A la vez, recomienda que lo destinado por el adjudicatario al pago de las cuotas no supere el 33% de sus ingresos. A los precios actuales, es alarmante comprobar que será casi imposible para una persona con menos de 24.000 euros de ingresos anuales acceder a una VPO (la inmensa mayoría de los jóvenes).
Como se ve, lo de menos es facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y familias de bajos ingresos. En realidad se trata de “colocar” los pisos protegidos a precios exagerados, garantizando el margen del promotor, las financiaciones anómalas de las instituciones y la solvencia en el préstamo hipotecario. Actualmente, el margen de beneficio para el promotor de vivienda protegida oscila entre un 100% y un 200%. A este coste se añade la “mordida” de las administraciones locales y regionales en cuestión de venta de suelo e impuestos.
Desde la PVD exigimos que se apliquen bajadas urgentes a los módulos de precios oficiales con el fin de adaptarlos a la realidad el mercado y de destinar las viviendas protegidas a quienes realmente las necesitan. Es vergonzoso el hecho de que en algunas ciudades la vivienda protegida tenga ya el mismo precio que la libre, o que incluso lo supere.
Otras medidas
Cabe decir que el Plan incluye algunas medidas positivas, aunque de menor calado, como la propuesta de creación de viviendas públicas de alquiler para determinados colectivos. En Francia existen cuatro millones de viviendas de este tipo, mientras que en España no llegan a las cien mil y este es uno de los grandes déficits que siempre ha caracterizado a la política de vivienda española.
Sin embargo, al introducir la fórmula de alquiler con opción a compra, se sigue apostando tozudamente por el fomento de la venta de vivienda pública, a pesar de que la función del Estado es facilitar el alojamiento y no la propiedad, y así lo han entendido la mayoría de los países de la UE. En cuanto a la limitación de metros, en un país donde sobra suelo es una tomadura de pelo que el Ministerio presente como algo positivo un mínimo de 30 metros para dos personas. Parece que se trata de convertir a la vivienda pública en una opción poco digna con el fin de preservar el mercado de la vivienda libre.
En cualquier caso, la PVD cree necesario resaltar que el Ministerio de la Vivienda ya no cumple el objetivo con el que nació. Sino que por el contrario, se ha convertido en una especie de sucursal del sector inmobiliario dentro del Estado, destinada a convertir en decretos los intereses de los promotores y a intervenir el mercado de forma disimulada, intentando que la burbuja de precios se desinfle lo menos posible.
Dinero, según para quién
Desde la Plataforma por una Vivienda Digna reclamamos al Gobierno que los tiempos de crisis no sean la excusa para no poner en marcha una política de vivienda seria, estructural y para los ciudadanos.
Hoy por hoy la edad de emancipación en España sigue siendo superior a los 30 años. Si hay 50.000 millones de euros para ayudar al sistema financiero, es que hay recursos de sobra para solucionar el problema de acceso a la vivienda. Invitamos a todos los ciudadanos a reflexionar sobre las razones por las que no se hace, las razones por las que todas las administraciones permiten o incluso incentivan que la vivienda sea cara, cuando que la vivienda vuelva a tener unos costos razonables en relación a los salarios es la mayor garantía de que una crisis tan grave como la que estamos padeciendo no se retroalimente y no se reproduzca.
Además de las ya citadas, para desenvolver la difícil situación actual de la vivienda la Plataforma por una Vivienda Digna ha consensuado “40 propuestas por una vivienda digna”, que pueden encontrarse en nuestra página web.
www.viviendadigna.org
* Kaos en la Red - Plataforma por una Vivienda Digna - 10.11.2008
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11.11.08
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS VIVIENDA
Benissa edifica la última zona virgen de su costa
ELPAÍS/Alicante* : Un nuevo plan urbanístico se cierne sobre el paraje de La Llobella de Benissa, el último entorno virgen que existe no sólo en el litoral de este municipio, sino en toda la costa comprendida entre Altea y Moraira.
Con los votos del PP y del PSI y el rechazo de PSPV y BNV, el último pleno de la corporación dio luz verde a un proyecto para urbanizar en la zona 273.000 m2 y construir 172 viviendas de lujo y zonas comerciales, hoteleras y de servicios sobre el paisaje actual de cultivos de olivo y vid y masas boscosas.
Los partidos apoyan el desarrollo del PAI, siempre y cuando lo ejecuten los propietarios, pero discrepan de las fórmulas para su ejecución. Según el concejal del PSPV Vicent Cabrera, la propuesta que ahora mismo deben desarrollar los propietarios, basada en la alternativa técnica de una mercantil, "masificaría de forma irremediable esta parte del litoral que es como una especie de joya de la corona para Benissa, su último tesoro paisajístico".
Los socialistas defienden un PAI "con un diseño estético de primer orden, donde haya una gran zona pública en la que se respete el paisaje en plena fachada marítima, agrupando las futuras viviendas en una sola zona y promoviendo la construcción de hoteles de lujo". También el portavoz del BNV Isidor Mollà mostró su temor a que en La Llobella se repitan las mismas consecuencias negativas de otros planes aprobados en el propio municipio.
De hecho, ni siquiera el gobierno local lo tiene claro. Aunque el alcalde de Benissa, el popular Juan Bautista Roselló, defendió en el pleno el PAI para no bloquear durante más tiempo las demandas de los propietarios, admitió que el plan deberá modificarse y "vigilarse con lupa".
* ELPAIS.com - A. R. - Dénia - 10/11/2008
Foto: Benissa (Alicante), playa la Llobella - mma.es
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10.11.08
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La gestión del suelo de los ayuntamientos y cabildos no se ha ajustado a la normativa
CANARIAS24H* : Ningún cabildo ha integrado bienes, derechos o recursos en sus respectivos patrimonios públicos del suelo. En gran número de ayuntamientos, los terrenos, bienes y parcelas “no se encuentran valorados”. La Audiencia de Cuentas cree que la actividad pública llevada a cabo por los ayuntamientos y cabildos en la gestión del Patrimonio Municipal del Suelo, con carácter general, “no se ha ajustado, en el periodo analizado, a la normativa de aplicación”, según se refleja en el Informe de Fiscalización de los patrimonios públicos municipales del suelo en el período 2003-2004.
Además, opinan que su utilización por parte de los ayuntamientos “no ha servido como instrumento de intervención en el mercado del suelo”.
Así se reflejan en las conclusiones del citado informe, en el que se señala que ningún cabildo ha integrado bienes, derechos o recursos en sus respectivos patrimonios públicos del suelo y sólo 18 de los ayuntamientos tienen constituido un inventario que permita conocer cuáles son los bienes y terrenos que se integran en el Patrimonio Municipal de Suelo. Es más, en gran número de ayuntamientos, los terrenos, bienes y parcelas “no se
encuentran valorados” y por ello “no es posible conocer el valor total de este
patrimonio”.
Asimismo informan de que “desde el sistema de información contable, sólo dos ayuntamientos controlan, a través de la contabilidad financiera, las incorporaciones al inmovilizado de los bienes, terrenos y edificaciones del Patrimonio Municipal del Suelo y, como consecuencia de ello, conocen la valoración de éste”.
En cuanto a los cabildos, el informe destaca que de la contestación hecha al cuestionario remitido, “se puede concluir que uno de ellos, el de Gran Canaria, parece desconocer el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias en lo que se refiere al hecho de que están sujetos al deber de constitución de estas herramientas”.
Hay que destacar también que los ayuntamientos de Arrecife, Betancuria, Gáldar, Haría, La Guancha, Mogán, Moya, Puntallana, San Bartolomé de Lanzarote, San Bartolomé de Tirajana, Tacoronte, Teguise, Telde y Vega de San Mateo no remitieron los cuestionarios con la información solicitada y por ello no han sido incluidos en el análisis. Asimismo, los ayuntamientos de Puntagorda, Barlovento, San Miguel de Abona y Candelaria sólo enviaron una parte de la información solicitada.
Del resto, resaltan que los Planes Generales de Ordenación Urbana de algunos de los municipios fiscalizados tenían “gran antigüedad”. Es más, señalan que en aquellos casos en que el planeamiento general no se había adaptado al Decreto Legislativo 1/2000 en los plazos concedidos para ello, “se predica la imposibilidad de aprobar y de continuar la tramitación de los planes de desarrollo”.
RECOMENDACIONES
La Audiencia de Cuentas recomienda a los ayuntamientos que inicien, con antelación suficiente, las actuaciones necesarias para revisar sus Planes Generales de Ordenación Urbanística. “Un excesivo retraso permite la proliferación de convenios urbanísticos que promueven modificaciones del planeamiento vigente y, de esta forma, se dificulta un desarrollo integral del municipio y, lógicamente, una evolución sostenida del territorio”, relatan.
Asimismo, recomienda a los cabildos insulares y a los ayuntamientos que aprueben formalmente la creación del Patrimonio Público del Suelo, instrumento de intervención en el mercado del suelo y se insta a las entidades a que procedan a la valoración de todos los elementos pertenecientes al Patrimonio Público del Suelo y que sólo incorporen a éste aquellos bienes que por su propias características pueden destinarse a satisfacer los fines del citado Patrimonio.
Por último , recomiendan “realizar y efectuar los correspondientes asientos contables para que el inmovilizado refleje el valor de los bienes del Patrimonio Público del Suelo”.
PUERTO DEL ROSARIO Y PUERTO DE LA CRUZ
El informe hace especial hincapié en los ayuntamientos de Puerto de la Cruz (Tenerife) y Puerto del Rosario (Fuerteventura) como muestra representativa. Del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz se dice que se aprobaron dos proyectos equidistributivos en el periodo fiscalizado.
“La oferta de los promotores consistió en la sustitución del aprovechamiento por la urbanización del sistema general, que hubiera correspondido desarrollar al Ayuntamiento –señala- además se realizó una cesión de terreno externo a la unidad de ejecución, de la que no se realizó valoración alguna”.
“Los proyectos no fueron remitidos a la Intervención para su fiscalización previa –prosigue- tampoco se contabilizaron las dos operaciones, ni se justificó la necesidad de compensar los aprovechamientos urbanísticos y no se conoce la valoración exacta de la infraestructura recibida por el Ayuntamiento, pues el presupuesto inicial corresponde al proyecto redactado por los empresarios”.
En cuanto a la fiscalización realizada en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, “se puso de manifiesto que la valoración del aprovechamiento que se debía abonar a la Corporación local, debido a errores de cálculo, presentaba una diferencia que perjudicaba al Ayuntamiento”.
* Canarias 24 Horas - ACN Press - 10.11.2008
Foto: Puerto Rosario (Fuerteventura) - bbc.co.uk
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10.11.08
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Tema: NOTICIAS Canarias
Andalucía: La inspección reseñará los casos más graves de casas ilegales para demoler
ELPAÍS* : El tipo de suelo ocupado o la existencia de lucro determinarán la escala. La legalidad urbanística es un camino que no admite atajos y su restitución debe ser contemplada en los planes de ordenación municipales. Este mensaje lo repite insistentemente el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, en las reuniones que viene manteniendo con los alcaldes para abordar el planeamiento.
El fenómeno ha adquirido tal dimensión, con decenas de miles de construcciones en suelo no urbanizable repartidas por todo el territorio andaluz, que no cabe una respuesta global. Ni es factible demoler todas las viviendas ilegales, ni es aconsejable una amnistía general porque quitaría legitimidad a la normativa.
El proceso de normalización urbanística tendrá que establecer así una jerarquía de las irregularidades, y determinar las que son asumibles por el planeamiento y las que no tienen más remedio que quedar fuera de ordenación. Algo similar al plan de regularización diseñado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella cuyo autor, Manuel González Fustegueras, adoptó para explicarlo el concepto de pecados mortales y veniales.
El recién creado cuerpo de inspección urbanística tiene entre sus misiones definir un censo preciso de todas las irregularidades producidas, que permitirá establecer esa graduación de medidas a aplicar para restituir la legalidad, pero siempre desde la premisa que ninguna infracción debe quedar impune y de que el interés general debe prevalecer sobre el de los particulares.
Para dar garantías de objetividad y despejar dudas de arbitrariedad, se ha elaborado un reglamento que establece cuatro criterios fundamentales sobre las prioridades de este plan general de inspección urbanística.
- Repercusión social. Se trata de considerar el contexto social, jurídico o económico. "Hay que atender la existencia de una especial sensibilidad social sobre determinadas infracciones porque es necesario conectar la acción disciplinaria de la Administración con la sociedad civil", explica el director general de Inspección, José Antonio Ortiz. Esto es, actuar en sitios como Medina Azahara, El Palmar o La Axarquía, donde el fenómeno urbanístico es conflicto social.
- Prevención. Deben ser prioritarias aquellas acciones disciplinarias que pueden tener un efecto añadido de prevención de infracciones para evitar que se multipliquen. Una actuación rápida y eficaz contra las primeras manifestaciones de un nuevo tipo de infracción puede tener este efecto preventivo, y un ejemplo puede ser el nuevo fenómeno de instalación de casas de madera favorecido por la creencia errónea de que se pueden poner en suelo no urbanizable.
- Consideración territorial. Serán preferentes las actuaciones que tengan una incidencia de escala territorial y afecten a suelos protegidos, o reservados para infraestructuras y equipamientos en el planeamiento autonómico. No es lo mismo la conversión en vivienda de una casa de aperos si está en un barranco, o en el cauce de un arroyo, que en un suelo sin este tipo de problemas. Una urbanización que ocupe suelo para vías de comunicación en un monte de forma que obligue a replantear la infraestructura, no es lo mismo que si está en una llanura donde se puede hacer sin problema un trazado alternativo.
- Beneficio económico. Debe haber respuestas disciplinarias distintas para aquellas infracciones que han proporcionado lucro a su autor, de aquellas otras que no. Por ejemplo, parcelaciones ilegales que han permitido construir y vender varias casas en un terreno, que construir una vivienda para uso propio. Ortiz explica que cuando hay una actividad profesional hay más capacidad de vulnerar los intereses generales. Por ejemplo, llenar de casas una vega a costa de destruir cultivos.
Plan concertado
La colaboración con los ayuntamientos tiene carácter estratégico en el plan general de inspección urbanística que desarrolla la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Ambas administraciones tienen competencias en disciplina urbanística, pero es que la meta final de la revisión y puesta al día del estado de las cosas es la elaboración de los planes de desarrollo.
El plan contempla la firma de convenios con municipios menores de 5.000 habitantes y la creación de oficinas de asesoramiento y apoyo técnico en distintas comarcas.
El plan de inspección se ha iniciado en siete áreas consideradas problemáticas: Valle de Almanzora, Freilas, costa de Vejer de la Frontera, Medina Azahara, Axarquía, Sierra de Aracena y Quesada (Sierra de Cazorla).
Uno de los primeros objetivos del plan es la elaboración de un inventario de edificaciones en suelo no urbanizable. Las fichas incluyen los datos técnicos (localización, promotor, si tiene o no licencia y si se ajusta a la misma y proyecto de actuación), de ejecución (en qué estado se encuentran las obras, si está habitada y desde cuándo) y la situación jurídica (si hay algún expediente administrativo o algún procedimiento judicial), además de fotos, croquis y localización geográfica de cada construcción.
El cuerpo de inspectores, que dispone de 25 agentes, se ampliará con otros 11 a lo largo del año próximo, con lo que aún sumará la mitad de lo previsto.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 10/11/2008
Foto: Vejer (Cádiz), derribos en el Palmar - europasur.com
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10.11.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Los jueces investigan en la Vega Baja a veinte cargos públicos
LEVANTE/Alicante* : Los juzgados de Instrucción de Orihuela y Torrevieja están investigando en estos momentos a, al menos, veinte cargos y ex cargos públicos acusados de delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones (delitos urbanísticos, cohecho, malversación de caudales o prevaricación), según los datos recabados por este periódico.
El famoso retraso de la justicia ha vuelto a estar de actualidad esta semana, porque el alcalde Bigastro, José Joaquín Moya, que protagoniza el último sumario abierto contra un político alicantino, ha ingresado en prisión -lo hizo el pasado lunes- acusado de cinco delitos. El mismo día que la magistrada decretó su ingreso en la cárcel, en otro juzgado de Orihuela se acordaba la libertad de tres concejales del equipo de gobierno de San Fulgencio.
A los fiscales consultados les entra un sudor frío cuando se les pregunta sobre la manera en la que marchan los sumarios contra cargos políticos de la comnarca. "Eso es problema del fiscal (Felipe) Briones, viene por aquí, se entrevista con los jueces y resuelve, nosotros tenemos mucho trabajo y no podemos perder el tiempo".
Sin tiempo para investigar causas
A los magistrados el trabajo diario les desborda al punto de que apenas encuentran tiempo para investigar e instruir causas de calado político y de un fino entramado de favores. Por desgracia estos asuntos tienen más relevancia informativa que penal.
"Aquí estamos todos un poco locos -aseguraba un magistrado suplente al diario- porque estos temas no se pueden llevar en un juzgado con más de mil ejecutorias pendientes y así están en la mayoría. Eso si le preocupa a un juez, que no le pase un caso Mari Luz después de la que ha caído en este país. Y a que no le pase le dedica mucho tiempo con lo cual no lo hay para investigar ni acusar a los políticos".
Lo que dice el magistrado lo sabe cualquier abogado de un político que esté imputado en estos momentos en los juzgados de Orihuela y Torrevieja.
"A mi cliente tanto retraso le beneficia -reconocía un letrado- porque en el peor de los casos si se le condena se podrá solicitar una reducción de la pena por la lentitud de la justicia y eso es algo que se aplicará sin ningún género de dudas porque es jurisprudencia. Nadie en España puede estar ocho o diez años esperando un juicio y aquí lo están, eso si llega".
No todos son de esta opinión. Por ejemplo, el ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina (PP), reclamaba a través de este diario hace una semana que se dieran celeridad para resolver su caso.
"Yo lo entiendo -añadía esta semana un secretario judicial- porque todas las noches los acusados se acuestan en la cama pensando que algún día tendrán que cambiar el balcón por barrotes y eso es un sinvivir".
Los cruces de denuncias entre el PSOE y el PP
Cada vez que estalla un escándalo político se produce una situación muy curiosa entre los dos grandes partidos que tardan minutos en aprovechar la coyuntura para denunciar la corrupción del rival político. Pero así también es curioso comprobar cómo en la Vega Baja nadie sale a librar estas batallas a sabiendas que en su propio partido también hay cargos públicos imputados. El único que se ha atrevido ha sido el alcalde de Torrevieja (PP) y para defender al de Bigastro (PSOE).
* Levante-EMV - E. D. G./E. P./M. A. - 9.11.2008
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
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Alquileres sin paquete
JOSE MANUEL NAREDO* : El paquete de ayudas a los parados con problemas de pagos por vivienda, que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros, muestra un olvido significativo: los parados que viven en pisos de alquiler. Lo que es grave, cuando el colectivo de inquilinos en paro alberga muchas veces situaciones más precarias que el de los que se han comprometido a acceder a la propiedad de sus viviendas y dista mucho de ser despreciable en las grandes ciudades.
Dos razones pueden explicar este olvido. Una, que el apoyo a las personas sea sólo una coartada para apoyar de nuevo a las entidades financieras, rebajando la morosidad que se les viene encima, cuando estas entidades ya se habían visto bien inyectadas, avaladas y arropadas por el Estado. Lo que no pasa con las pobres personas que viven en alquiler, por muy necesitadas que estén. La otra razón sería el mero continuismo de una política que ve en la vivienda en propiedad el único modelo digno de ser apoyado, aunque cuente ya con muy notables apoyos. Pues las desgravaciones fiscales por compra de vivienda superaron en 2007 los seis mil millones de euros, afectando a seis millones y medio de declarantes (casi el 40%).
La creación franquista de un Ministerio de Vivienda orientado a promover la vivienda en propiedad como vacuna contra la inestabilidad social dio buenos frutos. Con la retórica falangista del momento, el entonces ministro de Vivienda e ideólogo de Franco José Luis Arrese, decía que para hacer “gente de orden” y asegurar el conformismo de la población, había que facilitar su acceso a la propiedad de la vivienda, atándola, además, con responsabilidades de pago importantes. Se des plazó, así, el régimen de tenencia de las viviendas desde el alquiler hacia la propiedad. Pues el alquiler era entonces aplastantemente mayoritario en las ciudades. Según datos del Censo 1950, en Barcelona, sólo el 5 % de las viviendas estaba ocupado por sus propietarios, en Madrid el 6%, en Sevilla el 10 %, en Bilbao el 12 %, etc.
El empeño de promover la vivienda en propiedad vino a culminar medio siglo después de haberse iniciado y un cuarto de siglo después de muerto Franco. Si algo quedó bien atado después de su muerte, fueron la política de vivienda y la práctica del “pelotazo” inmobiliario. Un continuismo digno de mejor causa permitió no sólo cambiar la cultura de alquiler a favor de la propiedad, sino convertir a España en líder europeo en este campo y hacer del negocio inmobiliario la verdadera industria nacional. Solamente se abandonó la promoción pública de “alquileres baratos” vinculada al paternalismo franquista, hasta el extremo de hacer de España el último país europeo en porcentaje de vivienda social.
Pero si la situación se forzó en un sentido, también podría reorientarse en sentido contrario. Cuando la avidez de “invertir en ladrillos” se apuró hasta el final, generando un stock de viviendas sobredimensionado que nuestra población no alcanza ya a comprar, ni a habitar, es el momento de invertir el modelo y no de persistir en él. La regulación y el fomento del alquiler y la vivienda social son el medio razonable de paliar la delicada situación actual. Son la única salida razonable para rebajar la presión financiera a la que se ven sometidos los propietarios de ese enorme stock actual de viviendas invendidas, desocupadas o infrautilizadas. A la vez esta opción resolvería la contradicción que supone el hecho de que siga habiendo graves necesidades de vivienda en España, cuando es el país que cuenta con más viviendas per cápita de toda la UE.
* José Manuel Naredo se doctoró en economía en la Universidad Complutense de Madrid y se formó también en Estadística e Historia de la estadística, campo en el que desarrolló una labor considerable. Antes de jubilarse, fue director del programa Economía y naturaleza de la Fundación Argentaria. También dirigió el servicio de Análisis de Coyuntura del Instituto Nacional de Estadística y la sección de Estudios y publicaciones del Crédito Agrícola. Luego de su retiro, fue nombrado profesor honorario en el Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense. En el año 2000 se le concedió el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente y, en enero del 2008, el Premio internacional Geocrítica por el conjunto de sus trabajos. Exiliado en Francia entre los años 1960-1970, había trabajado en la OCDE, al tiempo que colaboraba bajo diversos seudónimos con la revista Cuadernos de Ruedo Ibérico, que reunía diversas corrientes de la izquierda antifranquista no ligadas al Partido Comunista y, en particular, una corriente anarquista con tradición en España. En esta revista inició su colaboración con el economista catalán Joan Martínez Alier, profesor de economía en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los fundadores de la Economía ecológica.
* Rebelión - Público - Opinión - 10.11.2008
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10.11.08
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
Cabueñes, firme contra el plan urbanístico
LANUEVAESPAÑA/Gijón* : La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes y de las dos asociaciones vecinales de la parroquia, Fontevilla y Cabueñes-La Pontica, expusieron ayer en una asamblea abierta el momento actual de la tramitación del «ilegal» plan especial de Cabueñes y recogieron las sugerencias que se presentaron durante la misma para continuar con la lucha contra el citado proyecto urbanístico.
«Las decisiones se tomarán en breve con vistas a conseguir la nulidad de lo hecho y que el proceso vuelva al punto de partida. Y esperamos que esta vez se tengan en cuenta las opiniones vecinales y las verdaderas necesidades de Gijón», señaló Cristina Moreno, portavoz de la plataforma.
Ignacio Martínez, el técnico ambiental y de ordenación del territorio de la plataforma, explicó los pormenores del plan y precisó que la principal ilegalidad radica en que «no hay constancia de quienes son los promotores» que, además, «carecían del 50 por ciento de la propiedad que exige la ley para proyectos como éste, que se desarrollan a través de una junta de compensación, en el momento de iniciarse el proceso, el 28 de junio pasado». Representantes de la plataforma y de las asociaciones vecinales denunciaron también que la concejalía de Urbanismo «nos negó el acceso a los expedientes que solicitamos».
Cristina Moreno comentó el «satisfactorio resultado» de las reuniones mantenidas esta semana con representantes municipales de IU y del PP, a quienes se explicaron las ilegalidades e irregularidades detectadas. «IU se comprometió a investigar los hechos denunciados, que tememos que también se hayan producido en otros desarrollos similares, y si los promotores reunían más del 50 por ciento de la propiedad de los terrenos en la fecha correcta como marca la ley. Además, Montes Estrada reseñó que su grupo es el primer interesado en esclarecer completamente los hechos, por lo que tratará personalmente el tema con la alcaldesa, Paz Fernández Felgueroso, y con el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, al que pedirá que nos facilite urgentemente los expedientes solicitados por escrito», señaló la portavoz vecinal.
El polémico plan parcial de Cabueñes prevé la construcción de un bloque de cinco pisos más bajo, 36 chalés adosados, seis bloques de dos pisos más bajo, doce edificios de cuatro alturas a lo largo del nuevo vial de cuatro carriles que reordenará todo el tráfico de la zona, y más edificios de tres alturas en la parte más alejada del citado vial, que tendrá cinco rotondas. En total serán más de 600 viviendas.
* La Nueva España - Albina FERNÁNDEZ - 7.11.2008
Foto: Vecinos de Cabueñes y afectados por el plan urbanístico, ayer, durante la asamblea. - jorge peteiro, lne.es
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9.11.08
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Tema: NOTICIAS Asturias
Comunicado ante la orden de desalojo sobre el Palacio Social Okupado Malaya
OTROMADRID* : La asamblea del PSOA Malaya contesta a la orden de desalojo dictada ayer sobre el centro social situado en la calle Atocha nº49, en Madrid. El pasado Jueves 6 Noviembre, recibimos una triste noticia en forma de orden de desalojo, lo que significa la inmediata expulsión de todas las personas y proyectos que dan vida al centro social.
El 27 de marzo, un grupo de gente del barrio de Lavapiés okupábamos el edificio abandonado situado en la calle Atocha 49, con la intención de abrir un centro social para el barrio y los movimientos sociales. Todo proyecto asambleario y autogestionado ha sido bienvenido aquí, generando una alternativa al margen del dinero, de los partidos políticos y los grupos de poder. Desde que abrió sus puertas, se han llevado acabo cientos de actos políticos, sociales y culturales.
Actualmente, 20 colectivos formamos parte de este proyecto. Colectivos que trabajan en la recuperación del tejido asociativo del barrio, en la creación de una cultura política donde las personas decidan sobre los asuntos que les conciernen de forma directa y sin la mediación de representantes, de una verdadera democracia directa. Colectivos que trabajan en la creación de medios de comunicación al margen de los grupos de poder, de una difusión comunitaria no lucrativa al margen de Mediapro, Prisa y Pedro J. Trabajando por una cultura libre, crítica, accesible y producida por todo el mundo, no sujeta a la rentabilidad económica. Grupos que fomentan la bicicleta como forma de transporte urbano sostenible en contraposición a la guerra del petroleo y la dictadura del automovil. Colectivos de reflexión, autoformación y debate sobre temas como el capitalismo, el machismo y el patriarcado, la política, la economía y la educación. Colectivos que difunden y luchan contra la explotación y dominación fuera de nuestras fronteras..........
Curiosamente, este edificio está intervenido por el juzgado de instrucción Nº 5 de Marbella, el juzgado del “Caso Malaya”, ante la sospecha basada en “indicios racionales” de que este edificio es parte del patrimonio del ex-concejal de urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, y que sus actuales propietarios están actuando como testaferros del mismo. Actualmente está inscrito a nombre de la sociedad Atocha 49 S.L., fundada con el fin de comprar este inmueble, que tiene como administradores a otras dos empresas. Ambas son propiedad de artistas de la especulación, y malabaristas de la “gestión” de fondos públicos. Sus nombres son:
- Mª Pilar Román, hija del teniente de alcalde del GIL en Marbella, Pedro Román, amb@s imputad@s por cohecho, fraude, blanqueo de capitales y delitos contra la - ordenación del territorio.
- Javier Pérez Villena, imputado en otras tramas fraudulentas, a imagen y semejanza de sus padres, l@s empresari@s Ismael Perez, acusad@s de cohecho y falsedad continuada en el “Caso Malaya” y Juana Villena.
Sabiendo todo esto, el juez ha decidido firmar la orden de desalojo, para devolver este palacio a sus honorables dueñ@s. Es un ejemplo claro para ver a quién defiende la justicia. Esta orden no ha hecho más que reafirmarnos en nuestro profundo desprecio hacia este sistema- que roba a l@s pobres para repartirlo entre l@s ric@s, que privatiza los beneficios y socializa las pérdidas, defiende la corrupción y condena las iniciativas populares..............................
Por todo esto, hemos decidido no marcharnos del espacio y seguir haciendo lo que hemos venido haciendo durante los últimos meses. Ahora más que nunca, apoya al Palacio Malaya.
DÉMOSLE VIDA A MALAYA, VEN, PARTICIPA, Y DEFIENDE LO QUE ES DE TOD@S
Más información en http://www.malaya49.org/
Firman este comunicado los colectivos que forman parte del PSOA Malaya:
Autoproducciones el Zulo, Biblioteca-Libreria Malaya, Centro de Medios, Cicloficina Malaya, Cine Club Malaya, Colectivo La Trini, Colectivo de creación teatral La Chelito, Compañias teatrales Cedepalo y Delírica, grupo de Crianza Natural, grupo de Género Feminismo y Antipatriarcado, Hacklab, Kinttop- acción audiovisual, Laboratorio de Fotografía, Punto de Encuentro, Radio ELA, Red de Apoyo Zapatista de Madrid, Seminario “Historía de la Okupación en Madrid”, taller de Yoga, taller de Medicina Alternativa, Locales de Ensayo de Malaya, comunidad okupada “La Juli”, comunidad okupada “La Negra”, grupo de acción plástica Transfiguart.
* OtroMadrid.org - PSOA Malaya - 7.11.2008
Foto: PSOA MALAYA
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9.11.08
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Tema: NOTICIAS Madrid
Lanzarote: Las zonas con establecimientos ilegales carecen también de dotaciones mínimas
LAPROVINCIA* : Más luz sobre los oscuros rincones del urbanismo. Los 22 establecimientos con licencia anulada a raíz de los recursos del Cabildo se distribuyen en seis grandes planes parciales, uno de ellos situado en Costa Teguise y el resto en la localidad de Playa Blanca (Yaiza).
Según el informe de la Oficina del Plan Insular, en ninguno de ellos, ni tan siquiera de lejos, se ha cumplido con la obligación legal que tenían en virtud del ordenamiento territorial de reservar al menos el veinticinco por ciento de los terrenos para equipamientos y dota- ciones básicas (la media es del 7%, pero en algún caso no se supera el uno). Una realidad que, según el análisis de la corporación insular, es un reflejo más de la voracidad con la que han actuado los promotores.
En algún caso, y según se revela en el exhaustivo estudio, la falta de respeto a las dotaciones básicas es flagrante. El paroxismo se alcanza quizás en el Plan Parcial Las Coloradas (Playa Blanca), donde desaparece un camino destinado a que los ciudadanos puedan acceder a la playa, un espacio ahora ocupado por las instalaciones del ilegalizado Hotel Papagayo Arena, donde los técnicos aprecian hasta 21 incumplimientos de la normativa al margen de los tres motivos que sustentaron su anula- ción judicial.
"Dicha infracción", refleja el trabajo, "es muy grave porque la existencia de dicho vial condicionó en su día la aprobación definitiva del Plan Parcial Las Coloradas, la cual había sido dene- gada [...], entre otros motivos fundamentales, por no haber previsto la existencia de un paso entre ambas parcelas".
Hay que aclarar que el promotor también solicitó al Ayuntamiento licencia para agrupar ambos solares.
Según el Cabildo, el mismo día de la petición "se emite informe técnico municipal favorable a la agrupación porque ambas parcelas tienen el mismo uso, pero no advierte que ambas parcelas están separadas por un vial peatonal que forma parte del sistema general de espacios libres del plan parcial y que hacía imposible la agrupación sin la previa modificación del mismo, cuya eventual aprobación ni siquiera correspondía al Ayuntamiento sino a la Cotmac".
* La Provincia - GREGORIO CABRERA / ARRECIFE - 8.11.2008
Foto: Obras de uno de los proyectos ilegalizados en Costa Teguise. - ADRIEL PERDOMO, laprovincia.es
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Tema: NOTICIAS Canarias
El Fiscal hurga en el avispero de Ontinyent
LEVANTE/Valencia* : Las horas extra del textil y su sector auxiliar han llenado de segundas residencias el diseminado de Ontinyent. Donde antes había una caseta para aperos de labranza y la mayor comodidad era en sentarse en un cajón, hoy se levantan confortables chalés con piscina y perro guardián que, en muchos casos, se han transformado en primera residencia.
El fenómeno no es exclusivo de Ontinyent pero aquí la peculiaridad es su uso como arma política.
Se calcula que alrededor de Ontinyent se han construido en los últimos 30 años más de 5.000 casetes, como se refiere la gente de la ciudad a esas viviendas. En este tiempo, el ayuntamiento ha sido gobernado por las fuerzas progresistas: el PSOE ha alternado pactos con Bloc y EU, excepto entre 1999 y 2001 en que gobernó el PP con la anuencia de los nacionalistas. Nadie se atrevía a meter la mano en este avispero por temor a enfrentarse a un amplio sector de la población.
Pero la proliferación se disparó en los años de la burbuja inmobiliaria. Ya no era un esfuerzo de fines de semana cabasset a cabasset. El desbarajuste llegó al punto de que algunos vieron negocio y llegaron a plantear urbanizaciones en terrenos rústicos. Nueve casitas proyectó construir en 2005 un promotor en un paraje protegido. La denuncia del Seprona y un informe municipal llevaron al anterior gobierno a endurecer la vigilancia en el diseminado hasta que entrara en vigor el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Paralizaron obras
Las paralizaciones de construcciones ilegales en suelo no urbanizable se sucedieron en base de la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) aprobada por el PP en las Corts. El ayuntamiento hizo que un agente de la policía local se especializara en la detección de obras ilegales y, en apenas año y medio, se acumularon 53 expedientes referidos a 61 presuntas irregularidades.
Y ahí empezó todo. Una decena de propietarios protestó y acusó al gobierno de actuar con "arbitrariedad". El Partido Popular de Lina Insa y Filiberto Tortosa, que había mantenido cierta distancia sobre el asunto, aprovechó el filón y se convirtió en altavoces e instigador de la protesta.
Entretanto, la Conselleria de Territorio, entonces en manos de Rafael Blasco, se sumó al enredo suspendiendo la tramitación del PGOU por cuestiones que -luego se confirmó- no tenían trascendencia. Pero tanto desde la conselleria como del PP local se trompeteó que el Consell había dado un revolcón a la política urbanística del tripartito. Insa no tardó en anunciar a los afectados que tenía "la solución definitiva".
Los populares ganaron las elecciones por mayoría absoluta. El urbanismo quedó relegado a un segundo plano hasta que la asociación de propietarios acusó al PP se estar "haciendo lo mismo que el tripartito", paralizando construcciones ilegales en cumplimiento de la LUV. La asociación llegó a advertir a la alcaldesa que "sabemos muchas cosas" y que estaban dispuestos a "decir lo que sabemos" si no se iniciaba la legalización de sus viviendas.
El concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, se puso a negociar con la oposición una especie de "ley de punto final". Pero ni socialistas ni nacionalistas le siguieron: "ahora gobernáis vosotros y tenéis la mayoría absoluta para solventarlo", le recordaron. Su propuesta fue dar por caducados los expedientes, comunicar al registro de la propiedad que eliminara las afecciones y analizar cada uno antes de su reinicio. Todo dentro de la ley. Tanto que los afectados se creyeron la buena nueva de la alcaldesa.
Pero había truco. El PP pretendía que ese "análisis" se prolongase para que las infracciones prescribieran. Lo ha advertido la oficina técnica de Ontinyent: la alcaldesa está obligada a reabrir los expedientes caducados porque "las infracciones persisten" y en caso de no actuar, estaría cometiendo un delito de prevaricación por omisión y otro contra la ordenación del territorio.
El Fiscal entra en escena
Y ahí es donde aparece la Fiscalía de Medio Ambiente. El fiscal sospecha que Insa no tiene voluntad de reabrir los expedientes -caducados en un controvertido pleno- a la espera de que prescriban las infracciones. La alcaldesa reaccionó y anunció que se "reiniciarán" los que recogen las 61 construcciones en suelo no urbanizable que archivó una semana antes. El anuncio se produjo el mismo día que se conoció que Insa estaba siendo investigada por la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia.
* Levante-EMV - 9.11.2008
Foto: partida de casa calvo. Una de las construcciones que paralizó el anterior gobierno tripartito por ser irregular - perales iborra, levante-emv.com
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9.11.08
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Lucha Latinoamérica por superar su caos urbanístico
MILENIO* : América Latina está encontrando tímidas respuestas a medio siglo de caos urbanístico y exclusión en sus ciudades. Un modelo de hábitat que prioriza el transporte público y el rescate de los espacios comunitarios para mejorar la calidad de vida y acortar la brecha social, comienza lentamente a abrirse paso, dicen los urbanistas.
El desafío es enorme para América Latina, una región con niveles de urbanización comparables al Primer Mundo pero donde, como contraste, Naciones Unidas calcula que sólo un tercio de los pobres dispone de agua potable para tirar de la cadena cuando van al baño.
América Latina tiene dos de las cinco mayores urbes del planeta: Ciudad de México con 19,4 millones de habitantes y Sao Paulo con 18,3 millones.
Su tamaño, igual que el de Buenos Aires con 12,6 millones de habitantes y Río de Janeiro 11,5, es el resultado de la explosiva emigración del campo a la ciudad a partir de la segunda mitad del siglo XX.
"Ahí comenzó un 'despelote' generalizado", explica el urbanista argentino Roberto Segre, un crítico de arquitectura y profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
"En las últimas décadas el fenómeno urbano ha sido desordenado y caótico. Hoy creo que hay conciencia de que las grandes metrópolis no funcionan", comentó en una entrevista.
América Latina es la región más urbanizada del Tercer Mundo, con un 78 por ciento de sus 600 millones de habitantes viviendo en ciudades.
Aunque el crecimiento de las ciudades latinoamericanas parece haberse estabilizado en los últimos años, millones de personas quedaron varadas en cinturones de miseria de las periferias.
La explosión urbana de mediados del siglo XX desfiguró además los trazos de la edificación colonial, replicados por los conquistadores españoles desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires.
"Una de las cosas más extraordinarias que quedan de la época de la colonia es la plaza, que es algo en vías de extinción", dijo el arquitecto ecuatoriano Fernando Carrión, Coordinador del Programa Estudios de la Ciudad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
"El espacio público tiende a desaparecer frente al espacio privado. Lo que antes se hacia en la plaza, ahora se hace en el centro comercial", añadió.
Pobreza y ausencia de economía
Un 29,8 por ciento de la población urbana de la región vivía en la pobreza en el 2007, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
"El primer desafío es atender la pobreza urbana, que está presionando fuertemente a los gobiernos. La violencia, la contaminación y los problemas sociales son resultado directo de los grandes desequilibrios en las ciudades", dijo José Brakarz, un experto en urbanismo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington.
La mala calidad de vida en las grandes ciudades tiene además un costo económico superior a los beneficios. Es lo que en el BID llaman "deseconomía de la aglomereción".
"Sao Paulo y la Ciudad de México son ejemplos típicos donde el costo del transporte y la contaminación sobre las personas y negocios está superando claramente las ventajas que la ciudad ofrece", dijo Brakarz.
El Fondo de Población de Naciones Unidas dice que la urbanización es un fenómeno inevitable, pero no necesariamente malo.
"Las ciudades concentran la pobreza, pero representan también la mejor esperanza de escapar de ella", dijo el organismo en su informe sobre el estado de la población mundial del 2007.
Hay quienes dicen que la urbanización ha mejorado la renta per cápita y la productividad. El Banco Mundial calcula, por ejemplo, que en la década del 2010 las ciudades generarán el 80 por ciento del PIB de América Latina.
Ciudades Sostenibles
La menor presión demográfica está permitiendo ensayar soluciones como la recuperación de espacios verdes en Ciudad de México y Buenos Aires.
Pero la respuesta está en las ciudades secundarias, los nuevos polos de atracción de la inmigración interna y las de más acelerado crecimiento hoy en América Latina.
El ejemplo más citado es la ciudad brasileña de Curitiba, el modelo regional de desarrollo urbano sostenible con una red de transporte público eficiente.
"El transporte son las venas. Con las arterias congestionadas la gente termina muriendo (...) Curitiba es un modelo de cómo una planificación urbana puede hacer la diferencia en la calidad de vida de la ciudad", dijo Brakarz, del BID.
Algunas experiencias de Curitiba fueron replicadas en ciudades como Bogotá, donde las autoridades invirtieron en transporte público en lugar de autopistas y desarrollaron espacios para humanizar la ciudad.
"Bogotá hoy es un ejemplo de control urbano en América Latina. Colocaron el sistema de ejes urbanos de autobuses, crearon áreas verdes, ciclovías y calles peatonales, contrataron arquitectos de buen nivel", dijo el urbanista Segre.
Incluso urbes monstruosas como la Ciudad de México empiezan a buscar soluciones, dijo el urbanista, como el rescate de las áreas verdes en torno al parque de Chapultepec.
Es cuestión de administración, dijo Carrión. El urbanista de la FLACSO habla de dos modelos de gestión en América Latina: uno de derecha, donde el alcalde es una especie de gerente que administra servicios; y otro de izquierda, donde el alcalde es un jefe de gobierno.
"Las ciudades latinoamericanas ya no crecen al ritmo de la presión demográfica y comienza a pensarse en una ciudad desde la calidad, no de la cantidad", dijo.
Brakarz dice que una de las claves es llevar servicios a las áreas olvidadas. "Lo peor ya pasó", dijo el experto del BID.
* Milenio.com - Reuters - La Habana - 6.11.2008
Foto: Mexico, lago Chapultepec - wikipedia.org
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9.11.08
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Centenares de vecinos del Cabanyal vuelven a protestar contra los derribos
LEVANTE/Valencia* : Varios centenares de vecinos se concentraron ayer ante el mercado del Cabanyal en contra de los "derribos indiscriminados" y a favor de un "plan de rehabilitación sin destrucción del barrio".
La concentración, que reunió a unas mil personas según las entidades convocantes (Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar, Pavimar y la Plataforma Salven el Cabanyal), transcurrió sin incidentes y los vecinos protestaron con una cacerolada contra lo que consideran "la destrucción del patrimonio de su barrio". Las tres organizaciones vecinales han denunciado que el único propósito del Ayuntamiento es crear solares que actúen como un elemento degradante del barrio, ya que el dinero gastado en las demoliciones para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez se podrían invertir en la rehabilitación..
El vicepresidente de la asociación vecinal Cabanyal-Canyamelar, Vicente Gallard, dijo que con el dinero del ayuntamiento en comprar inmuebles para su derribo, se podrían rehabilitar muchas viviendas.
* Levante-EMV - EFE - 9.11.2008
Foto: protesta. Algunos de los vecinos que piden mantener los edificios. - juan navarro, levante-emv.com
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9.11.08
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Urbanismo basura
CARLOS F. IRACHETA/Murcia* : En este 8 de noviembre, en que conmemoramos el Día Mundial del Urbanismo y que nos debería servir de jornada de reflexión sobre lo que estamos haciendo con nuestras ciudades, nuestro territorio y nuestro medio ambiente, la Dirección General de Urbanismo celebra su nefasta política urbanística, auspiciada por la no menos nefasta, oportunista y obsoleta Ley del Suelo Regional, con premios a troche y moche, se premia así misma como responsable del planeamiento urbanístico basado en el convenio, del todo urbanizable, de la desregulación, del urbanismo a la carta y del urbanismo basura que propician algunos ayuntamientos...
...entre los que merece especial mención el de Villanueva del Segura, donde se acomete el más ignominioso atentado urbanístico contra el medio natural y el patrimonio histórico del Valle de Ricote, en el paraje conocido como La Morra, morra que naturalmente ya no existe, en su lugar pululan como fantasmas bloques vacíos de cinco pisos. A pesar de estos mimbres, se le premia con una mención especial por «la dirección del proceso de planeamiento, el grado de información y la participación ciudadana», vamos, un modelo a seguir. Ante tamaño despropósito no es de extrañar, que asociaciones ecologistas y proteccionistas de la cultura y la historia del Valle de Ricote, hayan declarado «persona non grata» al consejero responsable, ¡Pepe, vaya un gol que te han metido los chicos de urbanismo!
Acuñamos el término urbanismo basura, por su analogía con las hipotecas basura, ambos representan la falsa panacea del máximo beneficio en el menor tiempo y con el menor riesgo. Productos del neoliberalismo económico que nos invadía y que nos ha llevado a la crisis actual. A pesar de ello, la estulticia de algunos responsables de la patronal murciana no les sirve de aprendizaje, todavía claman por la desregulación, por que la administración no intervenga nada más que para facilitar los créditos, que el mercado lo regule todo, ¡vaya que si lo regula! Que se lo pregunten a los que creyeron en el milagro, miles de ciudadanos que no pueden pagar sus hipotecas y a cientos de empresarios que no pueden devolver los préstamos ni refinanciar las deudas. Parados y arruinados aparte.
Urbanismo basura, convenios basura, planes basura, recalificaciones basura, políticos basura, campo abonado para especuladores basura, hipotecas basura sin más garantías que el cuento de la lechera y la plusvalía. Gigantes con los pies de barro van cayendo víctimas de su codicia y arrogancia. Y todo por culpa del urbanismo basura, del urbanismo que propicia en contra de todo principio de racionalidad que todo el suelo sea urbanizable, urbanizable para el que negocia y trajina convenios urbanísticos que luego no paga si no recoloca o especula los terrenos.
Suelo reclasificado, suelo abandonado, tierra quemada, crisis, convenios no cumplidos, ayuntamientos en ruina por vender la piel del oso antes de cazarlo, comisionistas y especuladores a la gresca, propietarios sin tierra y sin dinero, engañados, estafados, en pie famélica legión.
La riqueza que se prometía se torna quimera, falsas promesas, falsas expectativas que llevan al paro de muchos, a la ruina de algunos y a la desolación del ciudadano impotente ante tamaño desbarajuste del que nadie resulta responsable.
Este es el panorama y para colmo, planes de urbanismo premiados por dar cobertura legal a estas situaciones. Seguimos estando en las mismas manos, aquí no dimite nadie. El urbanismo ha muerto ¡Viva el urbanismo!
* Carlos F. Iracheta es arquitecto.
* Vegamedia Press - Opinión - 8.11.2008
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Murcia
Chiclana: La Guardia Civil practica nueve detenciones más de Obra Nueva
DIARIODECÁDIZ* : El Equipo contra la Delincuencia Urbanística (Edu) de la Guardia Civil se halla inmerso en una nueva operación contra la falsificación de certificados de obra nueva que, hasta el mediodía de ayer, había deparado nueve detenciones más, informaron a este diario desde la Comandancia de Cádiz.
Esta nueva andanada contra el urbanismo ilegal en la localidad chiclanera continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones en las próximas horas. Y es éste precisamente el motivo que ha sido aducido desde el Cuerpo para no dar de momento más detalles que puedan entorpecer el cierre de la operación.
Con estas nuevas detenciones, se sitúan ya en medio centenar el número de implicados en Chiclana en casos fraudulentos de obra nueva.
Fue en el verano de 2007 cuando se realizó la primera operación, con la que se desmanteló, según la Guardia Civil, una extensa red dedicada a la regularización de viviendas ilegales en Chiclana mediante el certificado de un técnico que acreditaba una antigüedad suficiente en las construcciones para la prescripción de la irregularidad (que vence a los cuatro años) y que, al tiempo, permitía a los titulares la solicitud de un préstamo hipotecario tras la fraudulenta inscripción en el Registro de la Propiedad.
Cayeron entonces un abogado, arquitectos, peritos tasadores, y promotores. A ellos se les sumó después incluso un director de un banco, situándose el número de implicados en una treintena. Porque en la que fue la primera operación confluía además un delito de estafa de enormes proporciones, con cerca de 200 hipotecas falsas firmadas.
En junio de este año, en otra operación, fueron detenidas seis personas e imputadas tres más, que subieron la cifra a los 40. Con estos últimos, ya vamos por 50.
* Diario de Cádiz - R.R. - 8.11.2008
Foto: Chiclana (Cádiz), zona trama Obra Nueva - diariodecadiz.es
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Pego venderá patrimonio para pagar un millón por deudas del ex alcalde
INFORMACIÓN/Alicante* : El tripartito de Pego (Ciutadans de Pego, PSPV y Bloc) aprobó ayer en un pleno extraordinario hacer frente al pago de cerca de un millón de euros que exigen dos sentencias judiciales por la gestión llevada a cabo por el ex alcalde, Carlos Pascual.
Sin embargo, la difícil situación por la que atraviesan las arcas municipales obligará al consistorio a "vender patrimonio porque no tenemos margen de maniobra para endeudarnos durante este mandato", afirmó el alcalde y edil de Hacienda, Carmelo Ortolà. "Con un préstamo no podemos cubrir el 100% de la cuantía y pediremos de manera urgente al juez un plan de financiamiento", explicó el independiente. Como ya se adelantó esta semana, el Ayuntamiento tiene dos meses de tiempo (el plazo acaba el 23 de diciembre) para pagar 400.000 euros más los intereses acumulados a la empresa Ruzafa S. L. por trabajos llevados a cabo en el Marjal por el gobierno de Pascual. Unas obras que se llevaron a cabo "sin expediente de contratación, sin consignación presupuestaria ni memoria valorada".
Por este motivo, el tripartito anunció ayer acciones legales contra el gobierno de Pascual al considerar que, "presuntamente, se pudo incurrir en un delito de incumplimiento de la ley de contratos y en malversación de fondos públicos". El alcalde mostró las 14 facturas presentadas por Ruzafa S. L. una semana antes de que Ortolà tomara posesión de su cargo de alcalde (2003) y en las que "viene la firma de Carlos Pascual, un funcionario municipal que no tiene nada que ver con el Marjal y con el informe técnico de un biólogo que nada tiene que decir sobre pagos".
Además, el primer edil aseguró que, posteriormente, se han limpiado canales "y no le ha costado al ayuntamiento 67 millones de las antiguas pesetas" por lo que "dudo de que ese dinero se destinara íntegramente a ese concepto".
Por otra parte, el ayuntamiento y, en consecuencia todos los pegolinos, también asumirá otro fallo judicial que anula el proyecto de reparcelación del sector 1 (conocido como el del cementerio) y obliga a costear al pueblo una serie de infraestructuras incluidas, en su día, en el plan urbanístico. "La sentencia obliga a sacar del PAI cinco casas, una nave, dos pequeños almacenes y una red de alcantarillado procedente del plan urbanístico del Pujol", aclaró la edil del PSPV, Ana Aparisi. Todo supone económicamente para Pego 449.692 euros.
* Información - MARÍA JOSÉ MASCARELL PASTOR - 8.11.2008
Foto: Imagen de obras llevadas a cabo en la zona que alberga el plan urbanístico del sector 1 - tino calvo, diarioinformacion.com
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Campamento: Veinte años en punto muerto
ELPAÍS/Madrid* : Va para veinte años desde que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, vislumbrara lo que denominó la "Castellana del Sur", un gran bulevar que uniría el barrio de Aluche con Alcorcón, tras demoler los cuarteles de Campamento.
Dos décadas después, el proyecto sigue ahí, embarrancado en los despachos. En uno u otro momento, un sinfín de responsables políticos de todas las administraciones implicadas no ha dudado en alentar su puesta en marcha, pero lo cierto es que los avances han sido mínimos.
Al margen de protocolos y convenios suscritos y las previsiones sin base alguna realizadas acerca del inicio de este desarrollo, la única realidad sobre la mesa pasa por las dos actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Defensa. Tres contratos adjudicados a Construcciones Arribas Gozalo, por un total de 2,58 millones de euros, para demoler nueve instalaciones militares y la presentación de un plan parcial para acometer la primera fase de la denominada Operación Campamento, documento que fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Madrid hace justo dos años.
A partir de aquí, palabras y más palabras. El pasado mes de junio, durante el debate del Estado de la Ciudad, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguraba "que podría haber noticias sobre esta operación en poco tiempo", y la nueva titular del Ministerio de Vivienda, Beatriz Corredor, como sus dos antecesoras en el cargo, María Antonia Trujillo y Carme Chacón, viene insistiendo, cada vez que tiene oportunidad, sobre la necesidad de desbloquear en los próximos meses. Y poco más.
Lo único cierto que, sin poner un ladrillo ha sucedido en estos veinte años, han sido las sucesivas modificaciones relativas para aumentos de edificabilidad. Muy lejos han quedado ya aquellas 3.500 viviendas contempladas en 1993 durante la elaboración del vigente plan general. En 1995, el proyecto hacía ya referencia a la construcción de 16.270 viviendas, y en 1997, cuando ese plan quedó definitivamente aprobado, el número de pisos a construir quedó cuantificado en 18.371. No paró ahí la cosa. El último dato conocido, el derivado del convenio suscrito en noviembre de 2005 entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Madrid, y plasmado posteriormente en el plan presentado por Defensa, fija en 22.100 las viviendas a construir, 10.700 en la primera fase. A partir de aquí, lo dicho. Demoliciones pausadas de los cuarteles -quedan varias instalaciones pendientes de derribo- y un plan parcial que no verá la luz definitiva hasta que el Ayuntamiento estudie toda la documentación requerida a Defensa -iban a ser tres o cuatro meses y ya llevan dos años-. Cuando lo haga, y antes de que pueda iniciarse la construcción de viviendas, habría que urbanizar los terrenos, proceder a su reparcelación y constituir la junta de compensación entre los definitivos propietarios.
Cuestión no precisamente baladí en este caso, pues hablamos de reordenar 2,11 millones de metros cuadrados a ambos lados de la autovía de Extremadura (A-5), desde su cruce con la avenida de los Poblados y hasta la colonia militar de Cuatro Vientos, cuyo coste inicialmente estimado rondaba los 620 millones de euros, a financiar a partes iguales entre el Ayuntamiento y los propietarios finales de los terrenos que sean adquiridos al Ministerio de Defensa. De momento, para el próximo año, ninguna de las administraciones tiene previsto invertir ni un euro en esta actuación.
De Angoso a Opecam
Mientras tanto, muchos de los vecinos más jóvenes de los barrios y municipios aledaños siguen teniendo en esta actuación la esperanza de contar con una vivienda a precio asequible, aunque de momento no existe posibilidad alguna de que alguien disponga de terrenos para levantarlas, mientras que el Ministerio de Defensa, propietario de los mismos, no los otorgue a la Comunidad de Madrid -existe un protocolo firmado para que el Gobierno regional obtenga, por 33,6 millones de euros, suelo para 2.000 pisos del Plan Joven-, a promotores privados y a las sociedades cooperativas que pudieran estar interesadas.
A pesar de esta circunstancia, han sido varias las iniciativas llevadas a cabo en los últimos años. Desde aquella que hace una década promovió Tomás Gonzalo Angoso, funcionario jubilado de 75 años y presidente de la cooperativa Río Duero, que llegó a cobrar 10.000 pesetas de entonces a medio millar de familias por un supuesto derecho de inscripción para optar a pisos en el futuro desarrollo, a esa otra de hace cuatro años en la que la Asociación de Vecinos Las Águilas confeccionó un listado al que se apuntaron 4.000 posibles demandantes.
La última, la de la Asociación Opecam, presidida por Jesús María Álvarez Plaza -director general del despacho de abogados Vila & Asociados-, a la que se han inscrito de forma gratuita y a través de Internet unos 10.000 vecinos. De momento, los asociados no se han constituido en cooperativa. Pretenden obtener el máximo número de viviendas posibles para los vecinos de las zonas limítrofes con el desarrollo de la Operación Campamento.
En el año que lleva funcionando, los responsables de Opecam han mantenido contactos con ejecutivos de Defensa para hacerles llegar su reivindicación de que la adjudicación de los terrenos se haga a compañías de acreditada solvencia y que se limiten los plazos para ejecutar las obras. A través del despacho de abogados, Opecam ofrece también asesoría respecto a los posibles derechos de reversión a que hubiera lugar de aquellas personas cuyos bienes fueron en su día expropiados o cedieron suelo para los cuarteles.
Nueva zona residencial
La Medina, una zona degradada del distrito de Latina, entre la A-5, la avenida de la Aviación y la línea C-5 de Cercanías, va a cambiar su imagen.
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) está promoviendo la transformación de este ámbito de 70.866 metros cuadrados ocupado durante años por una treintena de infraviviendas, cuyas familias han sido realojadas.
En su lugar se ha proyectado una nueva zona residencial con una edificabilidad de 51.941 metros (el 10% para el Ayuntamiento de Madrid) para la construcción de unos 650 pisos. Además de las viviendas, la transformación contempla reordenar el ámbito con 12.260 metros cuadrados de zonas verdes, un nuevo equipamiento de 3.600 metros cuadrados y un intercambiador de transportes aprovechando la estación de Cuatro Vientos.
De momento, ya se han aprobado definitivamente las bases y estatutos de la Junta de Compensación que gestionará este ámbito. También se fija el mantenimiento de la actividad de un concesionario de automóviles.
* ELPAIS.com - JUAN CARLOS MARTÍNEZ 07/11/2008
Foto: Viviendas junto a la calle Adonis en Campamento.- MANUEL ESCALERA, elpais.com
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Son Oms: El fiscal imputa a Vicens delitos penados con hasta 19 años
DIARIODEMALLORCA* : Anticorrupción reclama la prisión para el parlamentario, o subsidiariamente, cárcel eludible con 800.000 euros de fianza. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) Antoni Capó aplazó ayer hasta el martes su decisión respecto a la solicitud de la fiscalía anticorrupción de decretar prisión preventiva para el diputado autonómico (suspendido en militancia en Unió Mallorquina) Bartomeu Vicens.
El parlamentario es el principal encausado en el caso Son Oms, una presunta trama de corrupción en torno al polígono industrial del mismo nombre, y el fiscal planteó como alternativa al juez la cárcel eludible con una fianza de 800.000 euros.
La vistilla sobre la situación de Vicens se hizo en la sala del jurado del TSJB y duró una hora. El hoy parlamentario del grupo mixto salió de la sala con aspecto de honda preocupación, pero tanto a su entrada, como a la salida del Palacio de Justicia se mostró más tranquilo.
El fiscal anticorrupción Juan Carrau pidió la prisión preventiva para Vicens, del que destacó su temor a que huya de Mallorca ante las graves penas a las que puede enfrentarse. Así el ministerio público adelantó que piensa imputar al también abogado y empresario los siguientes delitos: continuado de falsificación de documento mercantil; blanqueo de capitales; contra la Hacienda Pública; y estafa continuada.
El cohecho sin concretar
Carrau mencionó un quinto delito, el cohecho, o posible cobro de comisiones, pero apostilló que de momento esta línea de investigación no ha concluido y se reserva su postura acusatoria para más adelante.
Según Carrau, Vicens podría ser condenado hasta con 19 años de cárcel por los cuatro primeros delitos, lo que acentúa el peligro de fuga.
La fiscalía también destacó que Bartomeu Vicens cuenta con medios económicos suficientes para iniciar una nueva vida en el extranjero y mencionó la existencia de un depósito en el paraíso fiscal de las islas Caimán y un importante tráfico de divisas detectado en un bufete de abogados salpicado con la trama y relacionado con el imputado.
Carrau también mencionó la existencia de una caja fuerte en un banco a nombre de Vicens o de su empresa tapadera Metalumba, como un indicio del potencial económico oculto del encausado.
Por contra, los abogados de Vicens, Eduardo Valdivia y Jaume Campaner, reclamaron la libertad sin fianza de su representado y trataron de rebatir las tesis del fiscal.
La defensa destacó que la supuesta cuenta en Las Caimán no era tal, sino, como ya se alegó ante el anterior juez instructor, Juan Ignacio Lope Sola, fue una inversión del matrimonio Vicens en acciones de Repsol, que luego fueron vendidas.
Los abogados también resaltaron el arraigo familiar del imputado y subrayaron que no existe el menor riesgo de que aquel escape a la acción de la Justicia.
La condición de letrado mallorquín y de miembro del Parlament también fue exhibida por los abogados para reforzar sus tesis. "Vicens no ha faltado ni un día a las sesiones del Parlament, salvo el pasado 23 de octubre en que fue citado judicialmente (por el caso Son Oms", argüyeron Valdivia y Campaner.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA - 8.11.2008
Foto: Palma, polígono Son Oms - diariodemallorca.es
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8.11.08
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Tema: NOTICIAS Baleares
El TSJC cataloga de zona verde dos fincas del Gótic recalificadas como habitables
LAVANGUARDIA/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha catalogado como zona verde dos fincas situadas en el sur del Barri Gòtic de la capital catalana que el Ayuntamiento de Barcelona recalificó en el año 2003 como suelo habitable.
En la sentencia, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC estima el recurso presentado por una entidad vecinal del Barrio Gótico contra una resolución de la Subcomisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona del año 2003 que recalificaba el suelo correspondiente a dos fincas de la calle Nou de Sant Francesc.
Según el acuerdo municipal, esas fincas pasaron a estar afectadas por un plan de conservación del centro histórico, cuando en un proyecto urbanístico anterior, de febrero de 2001, habían sido catalogadas como zona verde.
Los demandantes solicitaban que se preservara esa área como zona verde por considerar que la conservación de los inmuebles sería incoherente con la realidad del barrio, "necesitado de esponjamiento constructivo que permita la mayor ventilación y llegada de luz solar y la mejoras de las condiciones del tráfico", según la sentencia.
El ayuntamiento alegó que esa pérdida de zonas verdes quedaba compensada por el parque previsto en el entorno del antiguo Mercado del Carmen.
No obstante, la sentencia considera que "en modo alguno puede concluirse que la funcionalidad de la zona verde suprimida en el sector Gótico sur se verá compensada para sus habitantes por la mayor prevista en el entorno del Mercado del Carmen", al tratarse de dos sectores alejados, separados por las Ramblas, y con características constructivas y sociales distintas.
También se argumentó en la demanda que en el casco antiguo de Barcelona es imposible cumplir las proporciones de espacios verdes por suelo que prevé la ley para los sectores de nueva creación.
En ese sentido, el TSJC añade que "no pueden aprobarse operaciones urbanísticas que conlleven una reducción aún mayor de los estándares adoptados por la normativa vigente".
"Una cosa es lo hecho conforme a los criterios de otras épocas y otra que si se incide sobre el mismo ámbito no puede actuarse alejando aún más los resultados de lo finalmente querido por la ley", puntualiza el alto tribunal catalán.
* La Vanguardia - EFE - 5.11.2008
Foto: Barcelona, plaza_del_rey - wikipedia.org
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8.11.08
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Moratoria para las Hipotecas Subprime españolas: La banca siempre gana!
VDEVIVIENDA* : Ayer el gobierno anunció una moratoria de dos años para las familias “en apuros” que hayan suscrito una hipoteca inferior a 170.000 euros. Esta nueva medida puede reducir hasta un 50% la cuota mensual en el pago de la hipoteca durante los próximos dos años. El 50% restante será aplazado con el aval del ICO y deberá ser devuelto prorrateado tras los dos años de moratoria. Desde VdeVivienda queremos denunciar que...
En primer lugar, esta medida deja fuera a las familias de menores ingresos que en los últimos años habían suscrito hipotecas por el 100% del valor del piso; una cantidad, como es sabido, muy superior a los 170.000 euros, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. Y esto significa que muchas de las familias con más dificultades quedarán excluidas de la moratoria.
En segundo lugar, esta moratoria no supone en ningún caso una reducción de la deuda pendiente. Sino que significa un balón de oxígeno con vencimiento a dos años, para luego volver a ahogar a las familias con una deuda todavía más asfixiante. Pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, tomemos como ejemplo una cuota mensual actual de 1000 euros. Con la moratoria, la persona en paro pasaría a pagar 500 euros al mes durante dos años, pero finalizado este plazo pasaría a pagar de nuevo 1000 euros, más las cantidades aplazadas prorrateadas durante los siguientes diez años (unos 97 euros al mes), más los intereses de esas cantidades aplazadas. Así, si bien es cierto que esta medida puede suponer una ayuda puntual en ciertos casos, en ningún caso resuelve el problema de las centenares de miles de subprime españolas, ya que la moratoria se reduce a una burda refinanciación de la deuda, cuyo resultado último es que el banco cobrará aún más por la hipoteca.
En tercer lugar este aplazamiento de las cuotas se hará avalado por el ICO. Esto sólo significa que, tras los dos años de moratoria, si la persona no puede hacer frente al pago de la hipoteca, el Estado, con dinero público, garantiza al banco el cobro de las cantidades aplazadas. Esta nueva maniobra política, más que estar pensada para aligerar la carga hipotecaria de las familias, es un mecanismo pensado sobre todo para aligerar la cuenta de provisiones de los bancos y atajar de inmediato el incremento de la morosidad que amenaza con recortar sus astronómicos beneficios. Lo que realmente se persigue es sostener y reflotar la industria del ladrillo, haciendo que la gente pueda pagar como sea las hipotecas de unos pisos sobrevalorados, manteniendo así el negocio de la banca y los precios desorbitados de la vivienda.
No podemos sino concluir que las supuestas ayudas a los ciudadanos encubren una vez más la asistencia del Estado al sector bancario.Y todo ello después de haber anunciado una inyección de 50.000 millones de euros a la banca a costa del erario público y 100.000 millones para avalar la deuda de las entidades financieras, sin condición alguna más que reanimar la concesión de créditos (para que la banca siga ganando aún más dinero). Acciones que por otro lado sólo pretenden seguir alimentando la burbuja finaciera y que suponen la paradoja de entregar recursos a aquellos cuyas recetas nos han llevado a la crisis. Algo parecido a poner la zorra a guardar las gallinas
Si una hipoteca es un contrato firmado libremente por dos partes, ¿por qué España es de los pocos países del mundo en el que el banco siempre gana, imponiendo cláusulas abusivas y sin asumir la parte de riesgo que le corresponde? Incluso en EEUU, cuando alguien no puede pagar la hipoteca, puede devolver las llaves al banco y liquidar así su deuda: ¿por qué en España el banco puede subastar el piso por un precio inferior al de la deuda, desahuciar a la familia que no puede afrontar el pago, y encima seguir cobrando a esta familia la deuda restante? ¿Por qué no se regula de una vez el mercado hipotecario para que esto no vuelva a pasar nunca más? ¿Por qué no se obliga a la banca a renegociar la deuda y renunciar a parte de sus intereses? ¿Por qué no hacer asumir a los bancos la crisis que ellos mismos han creado concediendo hipotecas impagables?
VdeVivienda considera inaceptable que el gobierno insista en proponer medidas y ayudas que benefician al sector inmobiliario y a la banca. Y sobre todo VdeVivienda exige cambiar de una vez por todas este modelo basado en hacer de las necesidades y derechos fundamentales un negocio. Un modelo que, no lo olvidemos, nos ha llevado a la crisis actual. Por ello VdeVivienda se sumará a la convocatoria que, bajo el lema “que la crisis la que paguen los bancos”, se ha convocado para el próximo 15 de noviembre a las 17h en las principales plazas de todas las ciudades del estado español. En Barcelona, nos vemos en plaza Catalunya!
* bcn.vdevivienda.net
* Kaos en la Red - V de Vivienda - 7.11.2008
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8.11.08
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA , COLABORACIONES