El Fiscal hurga en el avispero de Ontinyent

LEVANTE/Valencia* : Las horas extra del textil y su sector auxiliar han llenado de segundas residencias el diseminado de Ontinyent. Donde antes había una caseta para aperos de labranza y la mayor comodidad era en sentarse en un cajón, hoy se levantan confortables chalés con piscina y perro guardián que, en muchos casos, se han transformado en primera residencia.

El fenómeno no es exclusivo de Ontinyent pero aquí la peculiaridad es su uso como arma política.
Se calcula que alrededor de Ontinyent se han construido en los últimos 30 años más de 5.000 casetes, como se refiere la gente de la ciudad a esas viviendas. En este tiempo, el ayuntamiento ha sido gobernado por las fuerzas progresistas: el PSOE ha alternado pactos con Bloc y EU, excepto entre 1999 y 2001 en que gobernó el PP con la anuencia de los nacionalistas. Nadie se atrevía a meter la mano en este avispero por temor a enfrentarse a un amplio sector de la población.
Pero la proliferación se disparó en los años de la burbuja inmobiliaria. Ya no era un esfuerzo de fines de semana cabasset a cabasset. El desbarajuste llegó al punto de que algunos vieron negocio y llegaron a plantear urbanizaciones en terrenos rústicos. Nueve casitas proyectó construir en 2005 un promotor en un paraje protegido. La denuncia del Seprona y un informe municipal llevaron al anterior gobierno a endurecer la vigilancia en el diseminado hasta que entrara en vigor el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Paralizaron obras
Las paralizaciones de construcciones ilegales en suelo no urbanizable se sucedieron en base de la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) aprobada por el PP en las Corts. El ayuntamiento hizo que un agente de la policía local se especializara en la detección de obras ilegales y, en apenas año y medio, se acumularon 53 expedientes referidos a 61 presuntas irregularidades.
Y ahí empezó todo. Una decena de propietarios protestó y acusó al gobierno de actuar con "arbitrariedad". El Partido Popular de Lina Insa y Filiberto Tortosa, que había mantenido cierta distancia sobre el asunto, aprovechó el filón y se convirtió en altavoces e instigador de la protesta.
Entretanto, la Conselleria de Territorio, entonces en manos de Rafael Blasco, se sumó al enredo suspendiendo la tramitación del PGOU por cuestiones que -luego se confirmó- no tenían trascendencia. Pero tanto desde la conselleria como del PP local se trompeteó que el Consell había dado un revolcón a la política urbanística del tripartito. Insa no tardó en anunciar a los afectados que tenía "la solución definitiva".
Los populares ganaron las elecciones por mayoría absoluta. El urbanismo quedó relegado a un segundo plano hasta que la asociación de propietarios acusó al PP se estar "haciendo lo mismo que el tripartito", paralizando construcciones ilegales en cumplimiento de la LUV. La asociación llegó a advertir a la alcaldesa que "sabemos muchas cosas" y que estaban dispuestos a "decir lo que sabemos" si no se iniciaba la legalización de sus viviendas.
El concejal de Urbanismo, Filiberto Tortosa, se puso a negociar con la oposición una especie de "ley de punto final". Pero ni socialistas ni nacionalistas le siguieron: "ahora gobernáis vosotros y tenéis la mayoría absoluta para solventarlo", le recordaron. Su propuesta fue dar por caducados los expedientes, comunicar al registro de la propiedad que eliminara las afecciones y analizar cada uno antes de su reinicio. Todo dentro de la ley. Tanto que los afectados se creyeron la buena nueva de la alcaldesa.
Pero había truco. El PP pretendía que ese "análisis" se prolongase para que las infracciones prescribieran. Lo ha advertido la oficina técnica de Ontinyent: la alcaldesa está obligada a reabrir los expedientes caducados porque "las infracciones persisten" y en caso de no actuar, estaría cometiendo un delito de prevaricación por omisión y otro contra la ordenación del territorio.

El Fiscal entra en escena
Y ahí es donde aparece la Fiscalía de Medio Ambiente. El fiscal sospecha que Insa no tiene voluntad de reabrir los expedientes -caducados en un controvertido pleno- a la espera de que prescriban las infracciones. La alcaldesa reaccionó y anunció que se "reiniciarán" los que recogen las 61 construcciones en suelo no urbanizable que archivó una semana antes. El anuncio se produjo el mismo día que se conoció que Insa estaba siendo investigada por la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia.





* Levante-EMV - 9.11.2008
Foto: partida de casa calvo. Una de las construcciones que paralizó el anterior gobierno tripartito por ser irregular - perales iborra, levante-emv.com