DIARIODECÁDIZ/El Puerto* : La sede de CNT acogió el miércoles, dentro de las jornadas culturales que organiza el sindicato, la charla-debate 'El desorden urbanístico y sus consecuencias sociales', que contó con la participación de José Antonio Castro, de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Viviendas Ilegales (COAVE), Salvador González, portavoz de la asociación de vecinos La Andreita y, Juan Clavero, de Ecologistas en Acción.
El primero en tomar la palabra fue José Antonio Castro, que reconoció que "estamos de acuerdo en que el punto al que se ha llegado en Andalucía no debería haberse producido. La situación de la construcción en El Puerto es un acto revolucionario donde debemos movilizarnos. Ante una política de hechos consumados en donde la consecuencia es una situación ilegal, deberían darnos un marco legal. Denuncié esta circunstancia hace veinte años. Pero si se han construido urbanizaciones ilegales ha sido por que las administraciones lo han permitido, dejando de cumplir con sus obligaciones. No se puede derribar todas las viviendas ilegales, porque no todas son iguales. Y no tenemos por que pagar multas si no se nos dan servicios, hay falta de agua pese a pagar agua", dijo.
Salvador González criticó que "la legalidad urbanística es el colmo del pitorreo. Estoy harto y soy escéptico. Legalmente también se han hecho aberraciones, por lo que no hay diferencia ética entre una cosa y la otra". Salvador González puso como ejemplo el destrozo que, a su juicio, ha hecho el último Plan General de Ordenación Urbana en la carretera de Fuentebravía. Además añadió que "las consecuencias sociales de este caos urbanístico ya las podemos ver: zonas arboladas en suelo urbanizable, mala comunicación entre las distintas áreas de la ciudad, niños que tienen que recorrer media ciudad para ir al colegio". Para Salvador González "hay que contar con los representantes de cada sector para solucionar las cosas".
Por último Juan Clavero comenzó su intervención recordando que el artículo 47 de la Constitución Española señala que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. Ante éste derecho, Clavero dijo que "las administraciones públicas deben responder a las necesidades públicas. Y uno de los problemas de las urbanizaciones ilegales es que es imposible dotarlas de servicios públicos. Es algo ingobernable, que ha provocado una permisibilidad total y que se haya construido todo y en todos los sitios". Puso distintos ejemplos denunciados por Ecologistas en Acción como El Barranco, donde se ha construido en una reserva natural o en Caños de Meca donde la construcción feroz ha provocado unas urbanizaciones sin servicios ni infraestructuras. Clavero denunció para concluir que "todo viene alimentado con la connivencia política". El ecologista insistió en que "la sociedad esta cada vez más concienciada de que hay que denunciar éstas prácticas que lo que pretenden es no solo destruir nuestro hábitat natural sino crear un precedente muy peligroso en donde se puede hacer lo que uno quiera pasando por encima de la ley".
* Diario de Cádiz - Pablo Añón Gómez
- 22.08.09
Foto: El Puerto (Cádiz), zona viviendas ilegales - diariodecadiz.es
El desastre urbanístico y sus consecuencias sociales, a debate
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22.8.09
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El PGOU de Benitatxell sigue bloqueado siete meses después de dimitir el alcalde
INFORMACIÓN/Alicante* : Al nuevo equipo de gobierno del Poble Nou de Benitatxell (Partido Popular y cinco tránsfugas del Pideb) también se le empieza a atragantar un PGOU que, incluso antes de aprobarse inicialmente, ya arrastra una historia convulsa. Hace ahora siete meses dimitió el entonces alcalde Juan Cardona, del Pideb, al estar imputado por cohecho. Supuestamente, pidió a un promotor 50.000 euros a cambio de mantener urbanizables sus terrenos en el nuevo Plan General.
Ahora, la actual alcaldesa, Josefa Ronda, del PP, y sus socios de gobierno (se afiliaron al PP tras dejar el Pideb) no se deciden a dar luz verde al PGOU pese a que, a principio de año, el documento se llevó ya dos veces a pleno para su aprobación provisional.
La posterior renuncia de Cardona y la polémica formación del nuevo gobierno dejaron el debate urbanístico en segundo plano. Sin embargo, ya han pasado siete meses y del Plan General no se ha vuelto a saber.
Así lo denunció ayer el portavoz del Bloc en el Poble Nou de Benitatxell, Josep Femenia, quien lamentó la falta de transparencia del gobierno local en todo lo referente al citado documento. Femenia recordó que el urbanismo es una función pública y criticó que el PGOU ni siquiera se ha debatido en la Agenda Local 21.
No obstante, el edil del Bloc también lamentó la inactividad de la Agenda Local pese a que su concejal responsable, Stephen Kidgell, tiene dedicación exclusiva.
Posible desfase
El portavoz del Bloc advirtió de que al Ayuntamiento de Benitatxell puede ocurrirle ahora lo que en septiembre de 2007, cuando tuvo que contratar por 120.000 euros nuevos estudios para adaptar el borrador del PGOU a la Ley Urbanística Valenciana. Ahora, la LUV, tras el crítico informe Auken de la Unión Europea, también se está revisando y, si el Consistorio se sigue durmiendo en los laureles, es probable que el nuevo Plan General se quede desfasado en cuanto a la normativa urbanística.
Es evidente, con todo, que la actual alcaldesa, quien desempeña también la Concejalía de Urbanismo, se encontró un asunto espinoso con el PGOU. Nada más asumir el cargo manifestó que su equipo de gobierno rebajaría el suelo urbanizable. También abogó por comparar el concierto previo y la propuesta de Plan General y rastrear qué cambios se habían introducido.
Por contra, el anterior alcalde, Juan Cardona, al dimitir, aseguró que el PGOU estaba listo para aprobarse inicialmente. La guerra interna con sus socios del Pideb dio al traste en dos plenos con esa aprobación. Cardona opinó entonces que "era absurdo" decir que el documento no se había estudiado a fondo.
Alegaciones
Cuando se apruebe en pleno el PGOU, también deben resolverse las 22 alegaciones que todavía quedan pendientes. La más llamativa es la del promotor Pedro Sánchez, que fue quien denunció que el entonces alcalde y también la primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ahora en la oposición, le habían pedido 50.000 euros a cambio de mantener como urbanizables sus parcelas en el plan parcial Vista Montaña II. El Plan General, previsiblemente por un error, había calificado esos terrenos como no urbanizables de protección paisajística.
* Información - A. P. F. - 22.08.09
Foto: Benitatxell (Alicante), costa - elpais.com
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22.8.09
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Marbella: Quince chiringuitos situados en dominio público se trasladarán para ajustarse a la ley
SUR/Málaga* : La mayoría se desplazará apenas unos metros, aunque alguno deberá acometer un traslado de mayor relevancia. Una quincena de chiringuitos del municipio tendrán que cambiar su ubicación actual para ajustarse a la ley. Constituyen la mitad de los establecimientos de playa que se encuentra en dominio público a lo largo del litoral marbellí, cuya solicitud de concesión será remitida la próxima semana por el Ayuntamiento a la Demarcación de Costas en Málaga.
La tramitación supone el primer paso para la regularización de estos chiringuitos, después de multitud de reuniones mantenidas por el equipo de Gobierno con Costas y los representantes del sector en la ciudad, según explicó ayer el concejal de Playas, Antonio Espada. El edil destacó que el objetivo es solventar la inseguridad jurídica de los chiringuitos en el litoral marbellí.
Las solicitudes incluyen un proyecto básico elaborado por cada uno de los propietarios de los 30 establecimientos de playa, así como un estudio financiero, y se presentarán ante el órgano estatal con sede en Málaga de manera independiente para que no se paralice, en el caso de existir algún problema, la tramitación de las concesiones del resto de chiringuitos. La documentación será remitida a la Dirección General de Costas, que deberá otorgar una concesión cuyo plazo, según el acuerdo de las partes implicadas, será de 15 años prorrogables en tres periodos de un lustro hasta llegar a los 30 años.
Reubicación
De la treintena de chiringuitos afectados por la nueva normativa, catorce quedarán adosados al paseo marítimo de Marbella. Entre ellos, nueve de los quince que deberán mudar su ubicación. Los otros seis traslados no se harán con objeto de establecerse junto al paseo, pero también se situarán completamente fuera de la franja protegida por la Ley de Costas.
Los cambios en su enclave no serán los únicos que sufrirán los chiringuitos del municipio. Para cumplir con la norma, los 62 negocios de playa repartidos en los 27 kilómetros de costa de Marbella deberán reducir su superficie hasta un máximo de 150 metros cuadrados que contempla la ley. Posteriormente cabe la posibilidad de que los establecimientos soliciten una autorización para instalar un terraza de hasta 100 metros cuadrados.
En la actualidad, todos los chiringuitos de la ciudad incumplen estas directrices y superan las medidas establecidas, según indicó Espada, que resaltó que el Ayuntamiento será «muy intransigente» en relación con la superficie que ocuparán los negocios, de cara a que se ajusten a la normativa. En este sentido, advirtió que su incumplimiento acarreará la retirada de la concesión.
El concejal de Playas señaló que una vez que la Dirección de Costas apruebe las concesiones, los propietarios deberán presentar ante el Ayuntamiento el proyecto de ejecución para obtener la licencia de explotación. El edil indicó que el Ejecutivo local confía en que las concesiones se otorguen en noviembre, de manera que exista el suficiente margen de tiempo para acometer las obras en los chiringuitos antes del inicio de la temporada estival de 2010.
Otros chiringuitos
La tramitación no afecta al resto de establecimientos de playa distribuidos por el litoral marbellí. En suelo municipal se levantan 14 de ellos, mientras que la situación de los 17 restantes es transitoria, dado que inicialmente se ubicaban también en terrenos municipales y ahora ocupan zona de dominio público tras la aprobación de los nuevos límites de la franja marítimo-terrestre protegida por la ley. El Ayuntamiento solicitó a Costas el pasado mes de marzo la homologación de estos chiringuitos, que obtendrán concesiones de 30 años prorrogables por el mismo periodo de tiempo.
Espada resaltó la necesidad de regularizar la situación de todos los negocios de playa del municipio, no sólo para dotar de seguridad jurídica a los mismos, sino también para «despejar el temor» de los empresarios de un sector que, según el edil, genera 1.300 puestos de trabajo directos.
El concejal elogió la «marcha atrás» por parte del Gobierno en su iniciativa de sacar a estos establecimientos de la arena. «No se entenderían las playas sin chiringuitos», apuntó Espada, que afirmó que este tipo de negocios prestan un «servicio público» a residentes y turistas, especialmente en Marbella, que, a juicio del edil, es «el balneario de Europa».
En este sentido, recordó que el posicionamiento del Ejecutivo local «siempre ha sido mantener los chiringuitos en la arena, puesto que somos una ciudad que vive del turismo y su presencia nos proporciona un desarrollo económico y social de primer orden».
* SUR - 21.08.09 -
HUGO SIMÓN
Foto: El chiringuito de la playa de El Cable será uno de los que deberán desplazarse hasta quedar adosados al futuro paseo marítimo. /JOSELE-LANZA, diariosur.es
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21.8.09
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Ronda: Marín declara como imputado por un presunto delito urbanístico
LAOPINIÓN/Málaga* : El alcalde de Ronda (el ex andalucista y ahora militante del PSOE), Antonio Marín, declaró ayer en calidad de imputado en el Juzgado número 3 de Ronda por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación, por permitir el Ayuntamiento la edificación de una nave agrícola en la Hoya del Tajo, en suelo no urbanizable y de especial protección ambiental.
Ecologistas en Acción puso en conocimiento de la Policía Autonómica en el año 2006 la existencia de esta edificación, que a su vez remitió un informe a la Fiscalía de Málaga, organismo que tras analizar el expediente pidió al juzgado rondeño la apertura de este caso, al entender que se ha vulnerado la ley urbanística, ya que la zona donde se levanta el inmueble está catalogada como PI5.
También acudió ayer a declarar ante el juez el propietario de la construcción denunciada, A.F.D.R., afirmando su abogado que edificó la nave en la seguridad de que tenía todos los permisos y dentro de la legalidad.
Mientras, el alcalde en su declaración eludió cualquier tipo de vinculación con este asunto, argumentando que el acuerdo para realizar estas obras "no se ajusta en modo alguno a la legalidad en cuanto a procedimiento reglado administrativo" e indicó que todas las competencias en materia urbanística estaban en esa fecha en manos del entonces delegado municipal de Obras, el popular José Herrera, quien posteriormente salió del equipo de Gobierno al romperse el pacto entre PA y PP.
Incluso, en otra parte de su declaración llega a decir que Herrera incumplió de forma reiterada su obligación de informar al alcalde sobre todos los decretos que emitía y que por ello "se tuvo que precintar el despacho del citado delegado (de Obras), llegando incluso a acordar la expulsión del Ayuntamiento ante la posible sustracción y destrucción de documentos".
Antonio Marín también acusó al jefe del Servicio de Obras y Urbanismo, Lázaro Valderrama, de no haber advertido a los concejales que formaban parte de la Comisión Informativa de Obras celebrada el 26 de julio de 2006 sobre la posible ilegalidad de la nave agrícola, de 56 metros cuadrados, ya que aunque era su obligación, "no lo hizo, puesto que parte de los concejales no son juristas y no entienden de esas materias".
No obstante, los ecologistas mantienen que tanto ellos como la Junta de Andalucía advirtieron por escrito a Marín de la existencia de la construcción denunciada, a lo que el regidor respondió que nunca tuvo conocimiento de estas comunicaciones, ya que la documentación referente a Obras se derivaba directamente a ese departamento.
El regidor abandonó de manera precipitada las dependencias judiciales por la puerta trasera, con la intención de evitar que las cámaras de los fotógrafos recogiesen el momento se su salida del Palacio de Justicia, por lo que no realizó ninguna declaración.
Mientras, su abogado dijo a los periodistas que hoy mismo pediría el archivo de la causa contra su defendido, al considerar que no se le puede relacionar con esta construcción, ya que toda la gestión urbanística era responsabilidad de Herrera.
El abogado de los ecologistas anunció que en los próximos días serán citados a declarar igualmente el entonces delegado de Obras y Urbanismo, así como todos los concejales que participaron en la comisión informativa de Obras donde se autorizó el proyecto de la nave agrícola en el Tajo.
* La Opinión de Málaga - BLAS GIL - 21.08.09
Foto: Ronda (Málaga), ayuntamiento - andaluciaimagen.com
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21.8.09
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El TS cambia su doctrina y rechaza dar licencias en los planes anulados
ATLÁNTICO* : El Tribunal Supremo acaba de emitir una sentencia sobre los planes de urbanismo y otros, como especiales o parciales, que tendrá repercusión en ciudades como Vigo. El alto tribunal advierte de que los ayuntamientos no pueden dar nuevas licencias sin más cuando hay un plan anulado por un tribunal amparándose en que la sentencia no es firme. Esto ha ocurrido de forma reiterada en Vigo con distintas actuaciones anuladas por el Tribunal de Galicia, como Finca do Conde y otros, donde el Concello decidió dar permisos municipales de primera ocupación y apertura tras recurrir en casación el fallo, que, como se esperaba, finalmente fue confirmado por el Tribunal Supremo, lo que ha provocado un serio problema todavía por resolver.
Lo cierto es que una sentencia de la sala de lo Contencioso dictada el 26 de junio de 2’ viene a poner un cierto orden y a esclarecer los límites de los ayuntamientos a la hora de dar licencias. Sustancialmente el Supremo afirma que una resolución anulatoria de un Plan General (y todavía más cuando se anulan planes parciales o estudios de detalle), aunque no sea firme, no puede desconocerse en su eficacia respecto de las partes afectadas, de forma que el plan parcial que desarrolla el Plan General resulta inválido. Hasta ahora, para el ayuntamiento recurrente, o para una entidad particular, una sentencia que anula un Plan General u otros inferiores no existe mientras no adquiera fuerza, que es lo que viene a echar abajo el Supremo. La argumentación del alto tribunal, como explica la página especializada ‘Fiscalización. com’, es lógica: ‘No puede un ayuntamiento que fue parte en el litigio que desembocó en la sentencia anulatoria escudarse en tal pendencia de firmerza, pues las sentencias de mera anulación surtirían efectos para las partes sin necesidad de firmeza ni de la publicación oficial de su anulación y pérdida de vigencia’. Con ello, sí podrían acogerse en la falta de firmeza los terceros inocentes que no fueron parte en el proceso que se ultimó con la sentencia anulatoria del Plan, pero nunca la Administración que a sabiendas de tal anulación se embarca en un proceso ante el Tribunal Supremo que, en realidad, sabe que consiste en una maniobra dilatoria, para ganar tiempo. Según señala ‘ Fiscalización.com’, esta sentencia tendría que ser tomada en cuenta por los alcaldes para así dejar de plantear recursos de casación frente a sentencia anulatorias de reglamentos o planeamiento para ‘mantener la paz de su mandato’. Por tanto, ante una sentencia de este calibre, tendrían que paralizar el desarrollo del Plan General.
* Atlántico Digital - 18-08-2009
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21.8.09
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Tema: NOTICIAS Galicia , NOTICIAS URBANISMO
Arona: Un empresario declaró que le pidieron 327.000 euros para autorizar una obra
ELDÍA/Tenerife* : Explicado en pesetas, tal y como aparece en el sumario, son 6 millones por una licencia de obra mayor; 1 millón por el informe técnico de los arquitectos municipales; 2.500.000 por un dictamen jurídico y 45 millones por licencia de obra mayor. En total, 327.551,60 euros (equivalente a 54,5 millones de pesetas) es lo que aseguró el empresario José Ramón Ansorena al juez Nelson Díaz que le pidieron a su padre y a él durante la tramitación de la recalificación de una parcela (pasaría de uso turístico a residencial) para la construcción de 206 viviendas.
En ese proceso habló con el entonces concejal de Urbanismo, Félix Sierra; Roberto de Luis, aparejador municipal; Eliseo de la Rosa, arquitecto técnico municipal, y Arsenio Zamora, definido en su declaración como intermediario, los tres últimos detenidos y puestos en libertad posteriormente.
De esas cantidades, aseguró que en 2001 pagó en metálico el millón de pesetas (6.000 euros) que le pidieron por el informe de los técnicos municipales (este documento era gratuito) y en 2002 abonó 1.500.000 pesetas (9.000 euros) de las 2.500.000 solicitadas por el dictamen jurídico que elaboraron dos abogados con despacho en Santa Cruz de Tenerife (que luego le hicieron saber que cobraron sólo 75.000 pesetas), el cual debía emitir el Cabildo.
Así consta en la declaración que Ansorena hizo ante el juez el 18 de diciembre de 2007, donde se indica que ambos pagos fueron hechos al intermediario Zamora.
Otro aspecto destacable es la aportación de una grabación realizada el 10 de julio de 2002 en la que el citado Arsenio Zamora le pidió los 45 millones de pesetas por la concesión de la licencia de obra mayor. Obra que luego fue paralizada y denegada su licencia.
Ansorena aseguró al juez Nelson Díaz que informó de todo ello al alcalde de entonces, Miguel Delgado, y que éste se limitó a decirle "que no quería saber nada de este tema e invitándole a salir de su despacho", algo que también le sucedió con el edil de Urbanismo, Félix Sierra.
Una vez obtuvo la aprobación del cambio de uso del suelo en el Cabildo y la CUMAC, en el ayuntamiento son Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa quienes le aseguran que su informe técnico sobre la licencia sería desfavorable. El sentido del mismo cambió cuando Ansorena les comunicó que trasladaría al juzgado la grabación citada, cuya existencia también conocían otros concejales.
EL CASO está siendo investigado en el Juzgado número 7 de Arona.
* El Día - J.A. MEDINA - 19.08.09
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
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20.8.09
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Tema: NOTICIAS Canarias
Las viviendas acosan el monte Abantos 10 años después del incendio
ELPAÍS/Madrid* : Hoy se cumplen 10 años del peor incendio ocurrido en la sierra de Madrid. Un fuego que asoló más de 450 hectáreas de bosque y pastos (el equivalente a otros tantos campos de fútbol) y calcinó miles de árboles. Una década después las urbanizaciones de viviendas acosan la zona.
El monte de Abantos, que corona San Lorenzo de El Escorial, se convirtió durante 28 horas en una tea que iluminaba con una luz rojiza el cielo madrileño. Las llamas llegaron a alcanzar 40 metros de altura. Durante aquellas dramáticas horas fueron evacuadas unas 5.000 personas de la zona. Tuvieron que dormir en el polideportivo municipal. El desastre natural fue enorme. La zona contaba con un alto valor natural.
El bosque quemado estaba poblado con pinos mediterráneos repoblados a principio de siglo, matorral de jara, encinas y robles. Además, en el entorno vivían gatos monteses, jabalíes y otras rapaces.
El paisaje ha cambiado mucho desde entonces. Aunque la zona quemada fue protegida y ha sido objeto de varias actuaciones por parte de la Administración para recuperar la zona, los límites del monte padecen una fuerte presión urbanística.
La orilla negruzca de ceniza que delimita la zona calcinada ha dado paso a una serie de urbanizaciones. Hoy varios grupos ecologistas alertan de la proliferación de construcciones junto al monte. Aunque reconocen que la zona protegida está libre de ladrillo. "Ha habido un aumento espectacular de viviendas al borde del monte", explica Michael Harris, que pertenece a la plataforma Entorno Escorial, que defiende los valores naturales del paisaje de la sierra. "Hay cuatro o cinco puntos donde siguen construyendo: Pinar Real, Cebadillas Norte, Monte Escorial, Unamuno...", precisa. Para explicar la situación, Harris, aporta un dato. "Desde que ocurrió el incendio, hace 10 años, la población ha pasado de 10.000 a 17.000 habitantes en San Lorenzo. En El Escorial algo parecido", detalla. "El aumento de la construcción junto a una masa arbórea como el monte Abantos es peligroso. Hay más peligros de incendios, basuras, afección a las aguas freáticas del monte...", enumera Harris. La asociación de la que forma parte se opone al nuevo plan de ordenación urbana del municipio escurialense, que está en fase de estudio. Un plan que prevé la construcción de 850 nuevas viviendas, la mitad de protección oficial, y que afectaría a unas 317 hectáreas. Estos pisos que se levantarán en una pequeña dehesa junto al municipio estaban previstas antes del incendio en otra zona, la Era. Pero tras el incendio estos terrenos fueron protegidos.
Un portavoz de Arba, la asociación para la recuperación de bosques, explica que durante estos años se ha hecho un buen trabajo en el monte. "Pero a pesar del interés mostrado por la Administración regional plantando árboles autóctonos, destaca sobre todo la regeneración natural del bosque". Este portavoz recuerda que el bosque en el monte de Abantos nació a principios del siglo XX de forma experimental. La Comunidad de Madrid recuerda que desde el incendio ha plantado cerca de 440.000 ejemplares de diferentes especies, aunque muchas de ellas terminaron secándose. Ahora hay muchos pinos resineros, robles melojos y fresnos.
Por su parte, desde 2004 Arba ha plantado unos 3.000 árboles en la zona quemada. Robles, cerezos silvestres, espinos cervales, maíllos, majuelos, arces... "Pero habrá que esperar décadas para volver a ver el monte como antes", suspiran en Arba.
* ELPAIS.com - J. S. G. - Madrid - 20/08/2009
Foto: San Lorenzo del Escorial (Madrid) desde monte Abantos - madridiario.es
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20.8.09
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Tema: NOTICIAS Madrid
El Supremo elimina las restricciones a la urbanización junto a zonas húmedas
LEVANTE/Alicante* : El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el decreto por el que la Generalitat Valenciana aprobó en 2003 las zonas periféricas de protección del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante -situadas en las Salinas de Santa Pola, Lagunas de La Mata y Torrevieja y El Fondó d'Elx y Crevillent-, y que había sido validado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2004.
Sobre el terreno, la sentencia supone que se liberan de las restricciones de uso millones de metros cuadrados situados en el entorno de los tres espacios naturales, que ahora dependerán del planeamiento urbanístico de cada municipio. La mayoría del suelo está declarado como no urbanizable y tiene un uso agrícola, pero también afecta a zonas urbanizables que no se habían podido desarrollar por entrar en conflicto con el decreto de 2003, como parte de "El Raso" en Guardamar del Segura.
El Supremo anula esa resolución del Consell por considerarla contraria al ordenamiento jurídico, estimando un recurso de casación interpuesto por una mercantil (Servouropa) y un particular que litigaban contra este decreto desde 2003, al igual que media docena más de mercantiles.
La Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo fundamenta su fallo en que la zona periférica de protección se puede establecer exclusivamente en los espacios naturales protegidos creados por una ley de rango estatal, la de Conservación de los Espacios Naturales y Flora y Fauna.
Y es que los humedales del sur de Alicante se concibieron por decreto de la Generalitat. El caso concreto que cita el fallo es la norma que legitimó el parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata el 10 de diciembre de 1996, en un decreto que además, subraya el tribunal presidido por el magistrado Mariano de Oro-Pulido y López, no contemplaba las zonas periféricas de protección desarrolladas después.
Esas franjas, llamadas ahora de amortiguación de impactos, se crearon con el objetivo de evitar actuaciones negativas sobre estos espacios y como instrumento de ordenación de usos y actividades en los los tres humedales con la finalidad de compatibilizar esos usos con los objetivos de protección.
Arbitrario
Lo que se traducía en la práctica en un cinturón de suelo de unos 500 metros en la que los propietarios del terreno tenían muy restringidas o prohibidas actividades como el desarrollo de planes urbanísticos, pero también obras para mejorar explotaciones agrícolas. Todas a expensas de autorizaciones del Consell. Los recurrentes a los que el Supremo da la razón sostienen además que los criterios de la Administración autonómica para fijar los usos dentro de la zona de protección eran "arbitrarios"
Sanción por el paseo
marítimo ilegal
El Tribunal Supremo, por otra parte, también ha declarado ilegal la reforma del paseo marítimo de Torrevieja, al considerar que invade la zona de dominio público marítimo-terrestre, reforma que, además, se ejecutó sin la autorización del Ministerio de Medio Ambiente, según señalaba ayer El Pais. La sentencia del alto tribunal sobre las citadas obras, que fueron una apuesta personal del alcalde, Pedro Ángel Hernández, sanciona al consistorio de la Vega Baja a pagar una multa de 833.000 euros. El Tribunal Supremo se ha pronunciado a raiz del recurso de casación presentado por el ayuntamiento, como consecuencia de la decisión de la Audiencia Nacional de dar legalidad a una resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que sancionaba al consistorio de Torrevieja por realizar las obras sobre terrenos de dominio marítimo terrestre sin autorización.
* Levante-EMV - D. PAMIES - 20.08.09
Foto: Vista de las Salinas de Santa Pola, con las urbanizaciones al fondo. carlos rodriguez, levante-emv.com
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20.8.09
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La Justicia en crisis
JOAQUÍN ESPINOSA Y OTROS* : Como profesionales y operadores en el ámbito de la Administración de Justicia y al servicio de la ciudadanía, queremos cumplir escrupulosamente con los principios de legalidad, libertad e igualdad, con respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas y a las garantías constitucionales y legales. Por ello, en los momentos actuales compartimos con las personas que, sin ser profesionales de este ámbito, muestran su sorpresa, escepticismo y hasta indignación por determinadas resoluciones judiciales que parecen amparar comportamientos que son, al menos, dignos del más enérgico reproche ético y social e indiciariamente constitutivos de delito, en casos comúnmente denominados de corrupción.
En estos tiempos tan difíciles para la credibilidad y confianza en la justicia, los que trabajamos a diario en la base de la misma, queremos hacer un llamamiento a las autoridades a quienes la Constitución y la Ley le atribuyen competencia en el ámbito de los distintos poderes públicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), para que adopten las medidas oportunas, para que se tomen en consideración y se investiguen seriamente las causas de la pérdida de la confianza de la ciudadanía, a fin de lograr su recuperación.
Consideramos especialmente urgente revertir una situación, de la que parece desprenderse un mensaje al pueblo, en cuyo nombre los jueces y tribunales administran Justicia, que ésta es fuerte e implacable con los delitos y faltas cometidos por las clases sociales más humildes, incrementados en estos tiempos de crisis económica que no ha sido creada por quienes la padecen. Y, por el contrario, es débil y especialmente comprensiva con los presuntos delitos de corrupción, los delitos urbanísticos y los delitos patrimoniales de cuello blanco que se cometen por los grandes poderes económicos y altos cargos políticos o públicos. Una administración de justicia, en suma, poco proclive a someter a juicio estas conductas, por los Juzgados y Tribunales profesionales o por la institución popular del Jurado, reinstaurada en nuestro país desde el año 1995.
Ésa es una imagen de la Justicia en el estado español, que puede desprenderse de una realidad objetiva, que a estas alturas de la democracia, ha de combatirse con hechos. Siendo responsabilidad de todas las autoridades mencionadas, porque la democracia así lo exige, obrar con la rectitud exigible a los cargos que ostentan y adoptar cuantas medidas sean necesarias para recuperar el valor de la Justicia como digna e igual para todos.
* Este escrito viene avalado con la firma de Joaquín Espinosa Boissier, María Victoria Rosell Aguilar, Alfredo Crespo Sánchez, Mery Pita Cárdenes, Joaquín Sagaseta Parada, Miguel Ángel Parramón I Bregolat, José María Guerra Aguiar, Leonor Castro Henríquez, José Manuel Rivero Pérez, Manuel Sánchez Álvarez, Félix Parra Suria, y hasta cien firmas más.
* Telde Actualidad - OPINIÓN -15/08/2009
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20.8.09
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Las Palmas: Los barrios no quieren más cemento
LAPROVINCIA* : La oposición al aumento de edificaciones en los barrios y la defensa de los espacios verdes centran la mayoría de las alegaciones que han presentado contra el Plan General de Ordenación (PGO) las diferentes asociaciones y colectivos de Las Palmas de Gran Canaria. Sólo durante el día de ayer -el plazo de presentación de alegaciones termina hoy a las 18.00 horas- San Juan y Guanarteme registraron más de un millar.
"Exigimos que nuestro barrio no crezca en altura, sino en calidad de vida", decía ayer Lidia Cruz, de la Asociación de Vecinos La Barriada de Guanarteme, mientras cargaba con varios centenares de reclamaciones. Piden que las nuevas edificaciones no superen las cinco plantas en proporción a la estructura e infraestructuras del barrio.
Además, aseguran que la población ha aumentado considerablemente durante los últimos años sin que haya llevado aparejado la equipamientos y dotaciones sociales. "Necesitamos locales para la tercera edad y para los jóvenes, guarderías, bibliotecas y canchas deportivas. Construir estos edificios es poner murallas alrededor de Guanarteme", añade Cruz.
Otros barrios como La Isleta, Siete Palmas, Schamann o el Barrio del Atlántico también han protestado e incluso recogido firmas entre los vecinos en contra de una propuesta urbanística que, según los dirigentes vecinales, "sólo trae consigo más ladrillo".
Por su parte, la Plataforma por el Barranco de Tamaraceite, integrada por más de 40 colectivos, defendió ayer a las puertas del Ayuntamiento la necesidad de un gran corredor verde, desde su inicio en el pueblo hasta su desembocadura en El Rincón. El objetivo es que sirva de "zona de esparcimiento", así como de "conexión entre la Ciudad Alta y Ciudad Baja". Este grupo de ciudadanos pide que se ordene la actuación en todo el barranco a través de un proyecto integral y que no se realicen acciones parciales, como la construcción de un hotel y un palacio de congresos y de un centro de menores en el solar del antiguo cuartel de Manuel Lois, o que se traslade el Recinto Ferial al Rincón.
* La Provincia - ELISA ARDOY -19.08.09
Foto: Miembros de la Plataforma por el Barranco de Tamaraceite, en la puerta del Ayuntamiento, ayer. ACFI PRESS
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19.8.09
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Tema: NOTICIAS Canarias
El Supremo ratifica la ilegalidad del paseo marítimo de Torrevieja
ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Torrevieja, en manos del PP, sigue engordando su ya abultada lista de infracciones urbanísticas. El Tribunal Supremo ha declarado ilegal la reforma del paseo marítimo Juan Aparicio porque las obras invadían la zona de dominio público marítimo-terrestre y se ejecutaron sin autorización del Ministerio de Medio Ambiente. El alto tribunal condena al Consistorio a una multa de 833.000 euros.
El Estado ya ha cobrado la sanción mediante la vía de la compensación en las transferencias de fondos al municipio.
El paseo marítimo fue una apuesta personal del alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP en su afán de ganar metros de playa para uso público. El paseo, de un kilómetro de longitud entre la playa del Cura y el dique del puerto de Torrevieja, fue inaugurado en 1999. Las obras incluyeron el ajardinamiento, pavimentación, aplacado del muro perimetral, instalación de farolas, mobiliario urbano y la construcción de espigones con regulación del fondo marino, de una escollera y de muelle. "Todo ello en zona de dominio público", puntualiza la resolución del Supremo
El fallo del Tribunal se produce a raíz de un recurso de casación del Ayuntamiento a una sentencia de la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional dictada el 8 de octubre de 2003. La Audiencia consideró legal una resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 21 de marzo de 2000 que imponía una multa de 138.162.067 pesetas (833.000 euros) al Ayuntamiento por obras sin permiso en el dominio público marítimo-terrestre.
En su recurso de casación, el Ayuntamiento esgrimió que las obras contaban con la autorización de la Generalitat Valenciana y que la administración sancionadora, es decir, el Gobierno, no resolvió en tiempo la solicitud municipal de concesión de permiso, ni -por otra parte- paralizó las obras que a su vista se realizaban por parte del Consistorio. El Supremo rechaza cada uno de los argumentos al aplicar la primacía del "principio de la seguridad jurídica". "Lo que se pretende por parte del Ayuntamiento recurrente es que el supuesto, por no acreditado, retraso del Ministerio de Medio Ambiente en la autorización solicitada permita la realización de obras, quedando exenta la administración local de responsabilidad alguna por tal actuación", precisa la sentencia.La sentencia del Tribunal del Supremo, que rechaza el recurso de casación del Ayuntamiento de Torrevieja al expediente sancionador del Gobierno por obras ilegales en el paseo marítimo Juan Aparicio, concluye que el Consistorio comenzó los trabajos a sabiendas de que eran ilegales. "De los antecedentes obrantes en el expediente es reconocido por el propio Ayuntamiento que desde el mismo inicio de las obras se tiene conciencia de la antijuricidad de la conducta, se conoce y se acepta que no se pueden iniciar las obras sin el permiso estatal", razona el tribunal. "No estamos, pues, ante una simple negligencia", añade, "si no ante una conducta intencionada, sin que las circunstancias expuestas puedan actuar de elemento excluyente de la culpabilidad o de la conducta antijurídica".
El proyecto del Ayuntamiento de Torrevieja para la remodelación del paseo marítimo Juan Aparicio estuvo envuelto desde su origen la polémica. El grupo municipal de Los Verdes denunció que las obras comenzaron sin el preceptivo informe de impacto ambiental. Este extremo fue corroborado por el Gobierno en 2005 en una respuesta al parlamentario socialista Diego Garrido. El portavoz de Los Verdes, José Manuel Dolón, calificó el proyecto como "un atropello medioambiental", al erigirse en una de las zonas más ricas de posidonia del litoral.
Entonces, se elevaron las primeras voces en demanda la demolición de las obras y la restitución de la legalidad urbanística. No obstante, la sentencia del Supremo no hace referencia a este extremo al no ser objeto del recurso de casación.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno evitaron ayer pronunciarse sobre este extremo a la espera de conocer más en detalle el expediente de la Dirección General de Costas.
La reforma del paseo marítimo Juan Aparicio se amplió más tarde con la creación de dos playas artificiales en una zona rocosa. Esta área fue escenario de numerosos y graves accidentes que costaron la vida a dos personas y causaron lesiones irreversibles a una chica de 16 años que quedó tetrapléjica. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana condenó al Ayuntamiento a indemnizar a la víctima con 609.266,65 euros. El Tribunal entendió que el Ayuntamiento era el responsable de la seguridad de la zona.
El paseo lo ocupan ahora decenas de terrazas de bares y restaurantes que los vecinos han denunciando ante la Dirección General de Costas.
Las infracciones urbanísticas, bien de particulares o de la propia administración local, están a la orden del día en el municipio de Torrevieja, donde centenares ilegales en casas quedan impunes. Esta realidad motivó a principios de 2008 un informe del Defensor del Pueblo en el que advertía que Consistorio "olvida" la ejecución del 90% de los derribos incluidos en los expedientes sancionadores. Entre esas obras ilegales están las de un ático propiedad de la familia de un ex edil del PP, que investiga un juzgado de la localidad.
Infracciones urbanísticas en Torrevieja
- Obras ilegales en casas. El Ayuntamiento de Torrevieja acumula centenares de derribos por infracciones urbanísticas, la mayoría ampliaciones ilegales en viviendas particulares.
- Defensor del Pueblo. La acumulación de expedientes y las quejas de los vecinos ante la "arbitrariedad" de los derribos motivó un informe del Defensor del Pueblo, según el cual el Consistorio "olvida" el 90% de las demoliciones.
- Obras municipales. Las irregularidades afectan también a obras del Ayuntamiento. Además, del paseo marítimo Juan Aparicio, está el caso del escenario para el festival de Las Habaneras que se levantó sin licencia.
- Denuncia de los vecinos. Los vecinos han denunciado ante Costas las terrazas del paseo marítimo por ocupación ilegal del espacio del dominio público.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 19/08/2009
Foto: Terrazas en el paseo marítimo de Torrevieja, cuyas obras de reforma invadieron la zona de dominio público marítimo-terrestre.- DAVID RODRÍGUEZ, elpais.com
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La Guardia Civil vuelve a imputar al ex alcalde de Alcaucín por el 'caso Arcos'
SUR/Málaga* : Los investigadores del 'caso Alcaucín' han encontrado un nuevo hilo del que tirar para desentrañar la supuesta trama de corrupción urbanística en el municipio axárquico. La Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción investigan una operación sospechosa en la compraventa de una parcela, en la que se ha detectado un posible desfase de unos 200.000 euros, según ha podido saber SUR.
Por este nuevo fleco de la trama han sido citadas ocho personas -entre ellas el ex alcalde José Manuel Martín Alba y sus dos hijas- a las que se interrogó como imputadas a primeros de agosto en la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. La mitad de estas personas ya aparecían encartadas inicialmente en la instrucción del 'caso Alcaucín', mientras que las demás se han incorporado ahora al caso, con lo que la presunta trama de corrupción urbanística alcanza ya a treinta imputados. En esta ocasión, también se ha tomado declaración a varios testigos.
Esta nueva línea de investigación ha surgido a raíz de la documentación incautada en los registros del pasado 27 de febrero, cuando se desató la redada en la que fue detenido el entonces regidor y otras doce personas. En esa actuación se localizaron una serie de escrituras y contratos que, al ser analizados por los agentes, han dado lugar a nuevas imputaciones.
Las pesquisas se centran en la compraventa de una parcela situada en la calle Carrión, en el camino de Alcazaba, que se fraguó en el año 2004. Así, en los documentos intervenidos se ha detectado un posible desfase entre la suma que habrían percibido los vendedores -según las escrituras, algo más de 100.000 euros- y el importe que habrían pagado los compradores, que superaría los 300.000 euros. Los agentes tratan ahora de averiguar dónde han ido a parar los 200.000 euros de diferencia entre ambas cifras.
Doble papel
La investigación atribuye al alcalde un supuesto doble papel en este nuevo frente de la trama. Por un lado, en la concesión de la licencia a los promotores, lo que permitió levantar 36 viviendas -más garaje y piscina- sobre un suelo que supuestamente no era urbanizable. Y, por otro, una posible intervención en la compraventa previa de la parcela, a tenor de los documentos encontrados en los registros, según explicaron fuentes cercanas al caso.
A raíz de estas sospechas, el ex alcalde fue citado ante la Guardia Civil el pasado 5 de agosto para tomarle declaración como imputado en relación a los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales. En declaraciones a este periódico, Martín Alba reconoció que fue interrogado durante aproximadamente una hora en la que los investigadores le mostraron una serie de documentos sobre los que él dio su versión.
Intentó comprar la parcela
El ex regidor axárquico explicó que tanto él como sus hijas aparecen en un contrato porque se plantearon la posibilidad de comprar esa parcela para que ellas se hicieran sus casas, pero finalmente lo descartaron porque el precio les pareció caro. Martín Alba insistió una vez más en que tiene la «conciencia tranquila». Junto a él fueron citadas sus dos hijas, quienes, según dijo el ex alcalde, sólo estuvieron declarando cinco minutos.
La Guardia Civil, que ha llevado esta investigación de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, interrogó hace unos días a un gestor inmobiliario, que ya fue detenido cuando se desató la 'operación Arcos', y a otras cuatro personas que acaban de entrar en el caso. La imputación policial que ahora pesa sobre ellas está a expensas de lo que decida la jueza que dirige el caso, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón.
Entre los nuevos imputados figuran los representantes de la Ute de empresas que promovió las 36 viviendas, así como otras dos personas que habrían participado en la compraventa, según la documentación intervenida.
* SUR - 19.08.09 -
JUAN CANO
Foto: La unión temporal de empresas que adquirió los terrenos bajo investigación ha edificiado dos bloques de pisos. / EVA GUZMÁN, diariosur.es
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Madrid: Ninguno de los nuevos barrios dispone de biblioteca pública
ELPAÍS* : Unos seis kilómetros. Es la distancia a la que un vecino de Montecarmelo -pongamos que vive en la avenida del Monasterio de Silos- tiene una biblioteca municipal (en avenida de Monforte de Lemos, barrio del Pilar). No la hay en su barrio, como ocurre en los otros nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad. Ni Montecarmelo, ni Sanchinarro, ni Las Tablas, Ensanche de Vallecas, Valderribas o el PAU de Carabanchel tienen una biblioteca municipal.
Ya el verano pasado, la asociación de vecinos de Montecarmelo se quejaba de la falta de equipamientos básicos. Su presidente Alberto Navazo pedía, entre otros servicios, instalaciones culturales. Las mismas reivindicaciones se repetían en los ensanches de Carabanchel o de Vallecas. Ayer el PSOE resaltaba también "la ausencia total" de servicios culturales en los nuevos desarrollos urbanísticos. "Primero se instalan las personas y luego, tras años de reclamaciones, se les dota de equipamientos", se queja el portavoz socialista de cultura en el Ayuntamiento, Daniel Viondi.
En el Consistorio aseguran que las futuras bibliotecas de Las Tablas y Montecarmelo (ambos en el distrito de Fuencarral-El Pardo), contempladas en el programa electoral de Alberto Ruiz-Gallardón para esta legislatura, "están en la fase de estudios preliminares y todavía quedan dos años". Y, frente a la ratio de una biblioteca municipal por cada 119.000 madrileños, muy por debajo de la de otras ciudades españolas y europeas, destacan la relación entre superficie bibliotecaria por habitante. "En Madrid hay 64.000 metros cuadrados de bibliotecas públicas, muy por encima de Barcelona, París o Roma", destaca un portavoz municipal.
El PSOE considera que sería necesaria la construcción de ocho bibliotecas y 10 centros culturales para satisfacer la demanda vecinal en estos nuevos barrios, donde se prevé alcanzar los 225.000 habitantes. "Los centros culturales son competencia de las Juntas Municipales", se limitan a responder desde el Ayuntamiento.
* ELPAIS.com - B. J. - Madrid - 18/08/2009
Foto: Madrid, viviendas Sanchinarro (archivo) - EFE
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Tema: NOTICIAS Madrid
La Plataforma Ciudadana insiste en reclamar la anulación del Plan Parcial de Cabueñes
ELCOMERCIO/Gijón* : La amenaza sigue en pie: si el Ayuntamiento no anula por propia iniciativa el Plan Parcial de Cabueñes, la Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes está dispuesta a abrirle un nuevo frente judicial. La advertencia de los vecinos surge ante el temor de que la administración esté practicando una política de 'tierra quemada', al avanzar en las actuaciones vinculadas al plan parcial sin aguardar a que los tribunales tengan la ocasión de decidir si debe anularse, como desea la plataforma.
El detonante de esta nueva amenaza parece estar, según unas declaraciones recogidas por Europa Press, en los últimos anuncios realizados por el edil de Urbanismo, Pedro Sanjurjo. El concejal avanzó detalles sobre el enlace de la avenida de la Pecuaria para con la conexión de Deva a la autovía del Cantábrico. Con ellas «da a entender que el Plan continúa como si nada», lamentan los vecinos.
La protesta llega después de que el pasado 29 de julio la plataforma solicitara al Ayuntamiento una revisión de oficio del Plan que permita su anulación. Se trata de un trámite imprescindible antes de acudir a los tribunales. Sólo tres meses después de la reclamación, los vecinos podrían hacer firme su advertencia y reclamar la actuación de la Justicia.
Posesión insuficiente
La reclamación interpuesta en el Ayuntamiento reclama la nulidad de pleno derecho del acuerdo de la Junta de Gobierno Local que, el 18 de marzo de 2008, aprobó inicialmente el Plan Parcial. El argumento que esgrime la Plataforma Ciudadana es que los promotores vinculados al proyecto lo impulsaron sin contar con todos los terrenos que aseguraban poseer.
Así, el 28 de abril de 2007, las empresas Lomas Barajas, Reyal Urbis y Promo S. A., solicitaron la tramitación del Plan Parcial, asegurando contar con el 54% del terreno sobre el que se pretendía actuar. Además agregan que, de conseguir las fincas de titularidad municipal, podrían elevar ese porcentaje hasta el 64%. Los empresarios aseguran tener «expectativas fundadas de poder contar en la Junta de Compensación que deberá constituirse en su momento, con no menos del 94% de la superficie de titularidad privada del ámbito».
El primer dato que escamó a los vecinos es que los promotores dicen poseer 32 parcelas, pero luego en la relación de fincas, sólo figuraban 23 como efectivamente adscritas a promotores privados.
Según los cálculos de la Plataforma, en realidad los empresarios sólo tenían en sus manos un 49,2% del suelo sobre el que demandan actuar. Según la normativa vigente, es necesario atesorar un 50% de la superficie para iniciar la tramitación del sistema de compensación. El propio Ayuntamiento solicitará a los promotores en julio de 2007 que demuestren poseer más de la mitad de las fincas si quieren la aprobación definitiva del Proyecto de Actuación. A la Plataforma no le consta que esta ausencia de concreción se hubiera subsanado, pese a ser fundamental para dar validez a la tramitación del Plan.
* El Comercio Digital - 17.08.09 -
E. C.
Foto: Cabueñes (Asturias), vecinos contra Plan (archivo) - lne.es
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Tema: NOTICIAS Asturias
El 90% de los pueblos de Jaén están bloqueados al no tener el PGOU adaptado
IDEAL* : Las ayudas de los llamados fondos 'anticrisis' del Estado y la Junta de Andalucía están siendo un balón de oxígeno para los desempleados de la construcción. Todos los pueblos tienen a día de hoy levantadas calles y edificios con la intención de avanzar en proyectos de futuro y dar empleo a vecinos del municipio. Será así hasta finales de este año, fecha límite para que concluyan las obras.
Pero, ¿después qué? Son muchos los pueblos de la provincia que se encuentran bloqueados en lo que a crecimiento urbanístico se refiere por no haber adaptado a tiempo sus PGOU. En enero del año que viene se cumplirán dos años de la fecha límite para adaptar los planteamientos urbanísticos a la Ley del Suelo de Andalucía (LOUA) y aún así, en estos momentos y según los datos que maneja la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía, sólo nueve pueblos de la provincia tienen ya adaptados sus planes generales de ordenación urbanística.
Los 'adelantados' son Alcalá la Real, Alcaudete, Arjona, Chilluévar, Jamilena, Larva, Torreperogil, Torres y Villacarrillo. Respecto al resto de los pueblos de la provincia, la inmensa mayoría está en ello, pero elaborar un PGOU no es cosa fácil y lleva su tiempo y eso se traduce en meses sin obra pública y por tanto sin crecimiento ni empleos.
Aunque es cierto que la Ley contempla un atajo que los ayuntamientos pueden llevar a cabo para adaptarse a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y poder llevar a cabo modificaciones estructurales, aunque sólo para viviendas de protección industrial, suelo industrial y dotacional.
Más allá de estos nueve pueblos que están adaptados a la LOUA, hay otros 78 municipios, según la Delegación, que han solicitado ayudas para esta cuestión. Hasta el momento la Consejería de Vivienda ha aprobado ayudas por valor de 4,2 millones de euros. De este grupo 58 municipios se encuentran en fase de avance y 20 en fase de conclusión.
Promoción
Además, de los pueblos que están con el nuevo PGOU en marcha, nueve han solicitado ayudas para promover la participación y difusión del plan entre los ciudadanos. Sólo uno de ellos, hasta este momento, ha recibido resolución por parte de Vivienda. Se trata de Espeluy, al que se le ha entregado una subvención de 2.400 euros para este fin.
Los ayuntamientos informan a los ciudadanos y la Junta asesora a los propios consistorios. Para contribuir al proceso de adaptación a las normas urbanísticas, la provincia de Jaén se ha dotado con siete oficinas de asesoramiento urbanístico (OTAU) que dan servicio a la comarca de la Sierra de Cazorla (Quesada), a la comarca de la Sierra de Segura (Cortijos Nuevos), a Jaén y su área metropolitana, cuya oficina se encuentra situada en la capital; a la comarca de la Sierra Sur (Alcalá la Real); a la comarca de la campiña (Andújar); a la comarca de La Loma (Baeza) y a la comarca de El Condado (Linares).
* Ideal - LORENA CÁDIZ - 18.08.09
Foto: Vista general del municipio de Alcalá la Real, que ya tiene su PGOU adaptado. / IDEAL
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Lepe: Cinco años para abrir un albergue
ELPAÍS/Huelva* : Cinco años para abrir un albergue de inmigrantes en Lepe (Huelva). Esta localidad de 25.000 habitantes cuenta con diez asentamientos ilegales en los que malviven unos 1.000 extranjeros que vinieron como recolectores a las campañas de la fresa o la naranja. Ahora viven en chabolas de plástico y cartón mientras sueñan con un trabajo y un lugar donde dormir.
En 2006 la Junta entregó 350.000 euros para la construcción del centro. El alcalde, Manuel Andrés González (PP), asegura que la obra sigue "su curso normal" y da una nueva fecha de inauguración: enero de 2010. La oposición acusa al primer edil de "haber empleado el dinero en gastos superfluos".
El secretario general del PSOE de Lepe, David Taboas, alega que es "una verdadera vergüenza" que el Consistorio haya recibido de la Junta una suma tan alta, "la mayor en este tipo de subvenciones", y lleve con el proyecto desde 2005. Los inmigrantes no dicen nada. "No podemos pedir. Vivimos donde se puede", declaraba el pasado viernes J. H., de 27 años y procedente de Gambia (África). Caminaba con la cabeza agachada y una mochila. El termómetro marcaba 42 grados. "Que hagan el albergue está bien, porque aquí no tenemos qué comer ni dónde dormir. Todos vivimos en plásticos o en las cuadras que nos prestan", explica el inmigrante, que se dirige a uno de los asentamientos ubicado a 50 metros del futuro albergue. "Yo prefiero un piso independiente, pero no puedo pagarlo", añade.
Éste ha sido el primer año, de los cuatro que lleva en Lepe, que J. H., como otros cientos de inmigrantes, no ha conseguido trabajo en la campaña de recolección. La crisis económica del país llevó a los gobiernos locales a favorecer la mano de obra nacional. Ahora, reunidos en la plaza de la Fuente Vieja, donde las camionetas recogen a los jornaleros, esperan que, en septiembre, para la nueva siembra, cuenten con ellos.
"Esto va lentito", explica el trabajador de una fábrica de aluminio cercana al albergue. El encargado de las obras, Francisco Cienfuegos, reconoce el problema: "El albergue no lleva el ritmo que desearíamos todos". Cienfuegos no quiere apuntar a los posibles culpables del retraso y se limita a señalar que "el tema de los pagos" por parte del Ayuntamiento, "está complicado".
Taboas acusa al alcalde lepero de emplear todo el dinero que llega al Consistorio "en gastos superfluos como fiestas y agentes electorales que le llevan las campañas políticas". Según el socialista, el 75% de los ingresos del Ayuntamiento van a parar a las nóminas de los empleados, que él califica de "personal innecesario". También acusa al alcalde del PP de "despilfarro" e indiferencia con los problemas sociales.
El alcalde insiste en que "la obra civil está prácticamente terminada" y que el próximo año estará funcionando. Sobre la subvención de la Junta, alega que los 350.000 euros "apenas suponen un 10% de la inversión total del albergue cuando lo deberían haber pagado íntegramente".
El ex teniente de alcalde de Bienestar Social, Manuel Jesús González (PA), que se encargó del asunto en 2006, explicó entonces que el centro contaría con unas 300 camas y una zona exterior para 500 personas en acampada. Pero cuando el centro se inaugure, según Cienfuegos, contará sólo con 75 plazas y un "enorme terreno" para montar "más módulos de vivienda". El presupuesto es de 1.750.000 euros.
* ELPAIS.com - LIDIA JIMÉNEZ - Huelva - 17/08/2009
Foto: Lepe (Huelva) - geocities.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía , NOTICIAS VIVIENDA
Con casa, pero sin luz ni agua
LAVERDAD/Alicante* : Ocurre en Almoradí, Rafal, Algorfa, Benijófar, costa de Orihuela, Torrevieja y, en general, en todos los municipios de la Vega Baja. Centenares de vecinos de la comarca denuncian que las viviendas de nueva construcción son entregadas por el promotor a su propietario sin la correspondiente cédula de habitabilidad. Durante meses o incluso años, los dueños viven con luz y agua de obra debido a que han escriturado sin que el edificio cuente con todas las instalaciones y servicios básicos.
Así ha ocurrido, por ejemplo, con las viviendas de la urbanización Blue Lagoon. Después de siete años, el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas ha comunicado a los vecinos que sus pisos carecen de cédula de habitabilidad porque el promotor no ha presentado los certificados correspondientes. En esta situación están otras urbanizaciones o edificios de la Vega Baja, como Vegamar I (Almoradí), Fontana (Algorfa), Benisol (Benejúzar), Vegamar II (Rafal) o Corona e Icaria (Torrevieja).
La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU), con sede en Torrevieja y especializada en asuntos urbanísticos, calcula que entre un 15 y un 20% de las viviendas de la Vega carecen de licencia de primera actividad. Y es que los ayuntamientos no pueden conceder la cédula de habitabilidad hasta que no están todas las obras acabadas (asfaltado, conexión de la luz de baja tensión, etc.) y hasta que no disponen de los obligatorios certificados de luz, agua, ahorro energético o telecomunicaciones.
La mecánica del engaño es sencilla. Cuando el promotor escritura las viviendas asegura al propietario que todo está en regla. Éste suele fiarse y ni siquiera pregunta si está la cédula de habitabilidad. Una vez que entran a vivir en el inmueble comprueban que aún tienen luz y agua de obra e, incluso, empiezan a llegar facturas por estos servicios a nombre de la comunidad de vecinos. Según denuncia el presidente de AECU, Honorio Fernández, "los administradores de fincas, normalmente contratados ya por el promotor, cargan a los nuevos propietarios facturas de luz y agua de las obras, en una práctica abusiva y absolutamente ilegal".
Hay muchos casos. Los propietarios del edificio Vegamar I, en Almoradí, han recibido facturas de cantidades atrasadas adeudas por el promotor. En Algorfa ha ocurrido algo similar en tres bloques de pisos de 130 viviendas.
* La Verdad- 17.08.09 -
J. MARTÍNEZ
Foto: Edificio de Torrevieja, entregado sin cédula de habitabilidad. J. M. , laverdad.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Las aguas fecales de 200.000 valencianos desembocan en el mar sin depurar
LASPROVINCIAS* : Naciones Unidas identifica el entorno de Valencia como punto negro prioritario de contaminación en el Mediterráneo por los vertidos industriales y las aguas residuales urbanas. Los vertidos fecales llegan hasta el litoral valenciano, en algunos casos, tal y como salen de las viviendas. Y muchos vecinos ni siquiera lo saben. En total, los residuos urbanos de más de 200.000 valencianos de al menos 15 municipios llegan hasta el litoral sin haberse depurado de forma correcta, contaminando las playas en la que nos bañamos.
La presión urbanística y la falta de suficientes plantas depuradoras o de insuficiente tratamiento en algunos puntos de la costa valenciana han sido incluso motivo de denuncia por parte de la Unión Europea, cuya normativa establece que es delito verter al mar las aguas residuales sin depurar. Pese a que hace ya varios años que entró en vigor esta normativa europea, al menos en 15 grandes localidades de la Comunitat Valenciana no se depura de forma correcta. En muchas más, incluso en Valencia, las plantas no dan abasto y parte de las aguas residuales no se tratan correctamente. Las últimas tecnologías permiten incluso depurar los vertidos hasta su reutilización para otros usos.
Tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace han alertado, principalmente, de la situación en Castellón, donde el tratamiento de las aguas residuales de unas 150.000 personas de Vinaròs, Peñíscola, Alcalà de Xivert, Alcossebre y Benicarló, además de Moncofa y Oropesa, es insuficiente. En el norte de la provincia, los residuos urbanos tan sólo reciben un pretratamiento y llegan directamente al mar a través de un emisario submarino.
Julio Varea, de Greenpeace, explica además que los vertidos industriales en Castellón son «muy graves. Principalmente en el polígono del Serrallo, donde está ubicada una refinería. El río Mijares vierte al mar muy contaminado», explica.
En la provincia de Valencia hay problemas muy graves de depuración. Por ejemplo, los residuos de 12.000 habitantes de Meliana van a parar a las acequias de la huerta y desde allí, directamente, al mar. Es más, en los dos kilómetros de playa de esta localidad, situada junto a Alboraya, no está permitido el baño. Algo similar ocurre en Massalfassar, con 2.000 habitantes.
Jesús lleva mucho tiempo acudiendo a la playa de Meliana y admite que en «los últimos tres o cuatro años ha habido una mejora, porque antes yo me encontraba hasta gatos, perros y ovejas muertos». Jesús añade, sin embargo, que todavía «deja bastante que desear. Las acequias de los huertos que desembocan aquí arrastran tomates y pimientos». Mati, vecina de Alboraya, afirma que es «una pena» que la playa de Meliana «esté tan sucia, pues es muy tranquila para pasear».
En Massamagrell todavía hay una acequia que vierte al mar aguas residuales, aunque en este caso la competencia pertenece a La Pobla de Farnals. «Ya les hemos pedido en varias ocasiones que solucionen el problema de los vertidos», dice Jorge Ferrer, concejal de Medio Ambiente de Massamagrell.
En Puçol, pese a que las acequias ya no vierten aguas residuales sin tratar, la calidad de las aguas no ha sido lo deseable y no se ha conseguido este año la bandera azul. En realidad, ninguna playa de l'Horta Nord cuenta con este distintivo.En Alboraya, antes de celebrarse la Copa América, se instalaron unas redes para que no se vertieran sólidos al mar. Y es que, por ejemplo, a la acequia de Vera todavía llegan aguas residuales de unos 10.000 vecinos del norte de Valencia con tan sólo un pretratamiento, que no una depuración. Y llega a las playas con más usuarios de Valencia, la de la Patacona.
Desde Acció Ecologista Agró explican sin embargo que se desconoce realmente la situación de depuración en l'Horta. «La mayoría de alquerías de la huerta no están conectadas a ninguna depuradora, así como algunos barrios o calles de cada población», explica un representante de la organización, que no quiere echar la culpa a los agricultores.
Escasa capacidad
En las zonas más turísticas, el problema principal es que llegado el verano, las depuradoras no pueden asumir todas las aguas fecales que llegan para ser tratadas por el aumento de población. Ocurre en Arenals del Sol, en Elx, en Torrevieja, en urbanizaciones de Orihuela o incluso en la playa del Postiguet, junto al puerto de la ciudad de Alicante. En total, más de 50.000 personas.
Los vecinos de la playa de San Gabriel, una pequeña cala alicantina, luchan porque se recupere una zona que puede que desaparezca con la ampliación del puerto de Alicante. Mientras, se bañan entre aguas sin una buena depuración por el vertido del emisario submarino.
* Las Provincias - M. J. CARCHANO - 16.08.09
Foto: PROHIBICIÓN. Un cartel del Ayuntamiento de Meliana, en l'Horta Nord, prohíbe el baño en la playa donde llegan las aguas residuales de la población. /M. J. C. , lasprovincias.es
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¿Quién nos defiende de nuestros defensores?
LOS VECINOS DE COSTA BALLENA* (Rota) nos hemos movilizado en defensa de nuestros derechos, incluso con manifestaciones y cortes de carretera, como han informado profusamente los medios de comunicación, pero también por otras vías, como los proyectos de reorganizarnos que hemos puesto en marcha. ¿Qué ha empujado a echarse a la calle a apacibles madres y padres de familia, venidos desde todos los rincones de España para disfrutar de unos días de descanso? Que nadie defiende nuestros derechos. La privación de un servicio público esencial como el suministro de agua potable no es la única causa de insatisfacción.
Con ser gravísima, lo que además ha soliviantado a los vecinos ha sido la falta de respuestas de quienes tienen la obligación de darlas y la responsabilidad de velar por nuestros derechos y el modo en que se nos trata desde esas instancias.
El primero en fallar ha sido el Consejo Rector de la Entidad Urbanística de Conservación (EUC), el órgano administrativo encargado de financiar, administrar y gestionar el conjunto turístico; en otras palabras, nosotros mismos, puesto que el Consejo Rector se elige entre las comunidades de propietarios y nos habíamos desentendido, en la confianza de que, como suele ocurrir, alguien daría la cara en nuestro nombre. Ese Consejo Rector no ha dado prácticamente señales de vida a lo largo de esta crisis. Pasadas las tres de la tarde del viernes día 14, siete días después de que nos cortaran el agua, el Consejo Rector ha emitido un comunicado para informar de que en todo este tiempo ha asistido a tres o cuatro reuniones. ¡Gran actuación! Nosotros entonamos el correspondiente 'mea culpa', pero el Consejo Rector debe dimitir y ceder su lugar a personas dispuestas más a preocuparse por el bienestar de sus convecinos que a justificar su inacción.
En una instancia superior, y con mayor responsabilidad por tanto, tampoco nos hemos sentido defendidos por el ayuntamiento de Rota, gobernado por la mayoría minoritaria de un grupo local con el apoyo del Partido Popular. El ayuntamiento de Rota sí ha dado señales de vida, incluso insistentes, pero siempre a remolque de los vecinos y para escudarse en excusas técnicas y echar la culpa a otros, empezando por los roteños de hecho que somos nosotros: que éramos muchos en Costa Ballena fue la primera exculpación, a pesar de que las evidencias lo desmienten (secundada, por cierto, por la consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que adujo, según Europa Press, que había "un exceso de consumo (...), más población consumiendo agua de lo inicialmente previsto").
Todo eso es falso. Las previsiones eran las correctas. Lo que ocurre es que durante años nadie se ha preocupado de completar las obras necesarias para satisfacerlas. El ayuntamiento anuncia ahora que demandará a Medio Ambiente "por los problemas de abastecimiento de agua de la urbanización Costa Ballena". Bienvenido al coro, pero llega tarde y desafinando. Es el ayuntamiento el que ordena abrir o cerrar el grifo de Costa Ballena. La orden que ha dado es cerrarlo.
Necesitamos pues alguien que nos defienda. Apelamos primero al pueblo de Rota, del que formamos parte, que ha sido objeto de una campaña intensiva en contra del forastero. Queremos que sepan que sólo hay roteños de derecho y roteños de hecho, cuya única diferencia es que unos votan aquí y otros no. Los que vivimos en Costa Ballena, y un número cada vez mayor de forma permanente, pagamos aquí nuestros impuestos, nuestro recibo del agua --la que nos cortan-- y más de un millón y medio de euros adicionales al año para que Costa Ballena no les cueste nada a los roteños de derecho. Dentro del pueblo de Rota, apelamos especialmente a sus empresarios y comerciantes; generamos empleo y una fortuna en comercios e industrias y contribuimos a la prosperidad de Rota. Estamos comprometidos con Rota y hemos elegido y queremos vivir aquí, aun cuando el ayuntamiento siga hablando en sus comunicados de "Rota y Costa Ballena"; el lenguaje desnuda el pensamiento.
Apelamos en segundo lugar a los partidos políticos y, con mención especial, al Partido Popular. Nos gustaría haber recibido algún indicio de que su organización local, sospechosamente silenciosa en todo este tiempo, defiende a los roteños de hecho, sin perjuicio de que participe en el gobierno municipal. Formulamos la misma pregunta a su organización provincial. ¿Están dispuestos a defendernos o también creen que somos aves de paso que no se sienten emocional y materialmente unidos a Rota, Cádiz y Andalucía, donde hemos decidido invertir y vivir, algunos de nosotros, cada vez en mayor número, para el resto de nuestra vida?
Nos gustaría también que nos hubiera defendido la Junta de Andalucía. A fin de cuentas, es su proyecto, aunque no lo recuerde. Fue la Junta la que promovió Costa Ballena, proyectada en los años 90 como "modelo de turismo y ocio avanzado". Es difícil de entender cómo ahora, una vez transferidas desde la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) las competencias a los ayuntamientos en cuyos términos municipales se ubica (por cierto, el proyecto no está todavía concluido en su totalidad), la Junta no tutela los derechos de los roteños de hecho y se lava también las manos.
Con el agua que nos racionan a nosotros.
* Juan José Alcázar, Javier Barroso, Miguel Morer, Francisco Romero, Eusebio Sánchez y Concepción Zapata (Comisión Gestora de la Asociación de Comunidades de Propietarios de Costa Ballena y de la Asociación de Centros Comerciales de Costa Ballena)
* Diario de Cádiz - Opinión - 17.08.09
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17.8.09
por UrbanismoPatasArriba
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De la Selva urbanística
LEVANTE/Teruel* : El municipio turolense de Alcalá de la Selva pretende limitar el desarrollo urbanístico haciendo frente a las presiones de los grandes promotores valencianos. En invierno apenas superan los 500 habitantes. En verano y en los fines de semana de la temporada de esquí son más de 6.000. Todos valencianos.
En Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, se oye el valenciano por todos los rincones y paisanos y turistas conviven en perfecta armonía desde hace cien años. El flujo de los intercambios ha circulado siempre en ambas direcciones y a plena satisfacción hasta que apareció la fiebre urbanística, explica el alcalde Jesús Edo Gargallo, que intenta frenar como puede un desarrollo "loco" como el que ha visto en el litoral valenciano.
El detonante ha sido el anunció de que está dispuesto a revisar el Plan General, en realidad solo Normas Subsidiarias homologadas, imponiendo "un poco de racionalidad" y reduciendo, en lo posible, la edificabilidad prevista en la planificación actual.
Enfrente tiene a algunos de los principales promotores urbanísticos de Valencia y Castelló cuya fama para movilizar recursos y cambiar la faz de comarcas enteras les precede. "Dígame un nombre-de promotor- y acierta, seguro. Están aquí casi todos y algunos incluso deben dinero al ayuntamiento. Más de un millón de euros. Dicen que no pueden pagar por la crisis pero después financian a los clubes de fútbol", añade.
Fue el propio municipio quien de algún modo facilitó el desembarco de las promotoras valencianas. "Antes de 1987 ya había tres sectores privados: el plano de la Vega, las Majadas y el Mas Blanco que se fueron desarrollando sin apenas intervención municipal y con más pena que gloria", apunta el alcalde.
En 1987 se aprueban las Normas Subsidiarias y se incluyen "estas y otras superficies" hasta sumar suelo urbanizable de de más de dos millones y medio de metros cuadrados, lo cual no está nada mal para una población con 500 habitantes que podría albergar 20.000 si se desarrollan todas las actuaciones previstas. Los promotores valencianos, con familia y contactos en Alcalá, vieron la oportunidad y tomaron posiciones hasta copar los 2,5 millones de metros.
En Alcalá, como no, se lee la prensa valenciana y el alcalde sabe que, por increíble que parezca, "estas cosas- que un pueblo multiplique por 30 o 40 su población en un plan general- pasan". Y no quiere que ocurra. Además, este año se amplían las pistas de esquí, que este año recibieron 120.ooo visitantes, casi todos valencianos. A más pistas, más construcción.
"Todavía no nos hemos sentado a hablar y no queremos que haya una imposición, pero hablar hay que hablar. Nuestro proyecto es reducir casi a la mitad la edificabilidad, excluyendo las zonas de mayor pendiente o próximas a las cimas y a los pinares y, sobre todo, concentrando la edificación para evitar una dispersión que arruina el paisaje", afirma. Cree, además, que no tendrá que pagar indemnizaciones.
Desde que volcó sus intenciones en la página web del ayuntamiento, cada paso que da genera un recurso y un contencioso por parte de las grandes promotoras, a quien enfrenta poco más que un alguacil, un auxiliar y un secretario. El conflicto está servido.
* Levante-EMV - JOSÉ SIERRA - 16.08.09
Foto: Alcalá de la Selva (Teruel) - naturayeducacion.com
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16.8.09
por UrbanismoPatasArriba
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