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ELPAÍS/Reportaje* : Las grandes obras ponen patas arriba las principales ciudades. Centenares de zanjas salpican el paisaje urbano. Obras de saneamiento, electrificación, del gas y otros servicios levantan diariamente la acera o la calle en algún punto de las principales ciudades.
En Valencia, por ejemplo, se conceden anualmente 3.000 licencias para abrir agujeros y realizar acometidas de servicios que gestiona la Oficina de Coordinación de Obras. Ésta asegura que la planificación permitió en 2007 ahorrar más de una decena de kilómetros de zanjas. Sin embargo, a estas actuaciones menores se suman en estos meses importantes obras de infraestructuras viarias y del metro que han puesto patas arriba Alicante y Valencia, y en menor medida Castellón. Atascos, ruido y polvo, calles cortadas y desvíos afectan a peatones y a miles de conductores. El presidente de la Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible de L'Alacantí, Javier Cobela, asegura que las obras "afectan gravemente a la población en general", pero especialmente "a los usuarios del transporte público y peatones", ya que "la Administración se preocupa más" por los coches.
ALICANTE "Lo han levantado todo a la vez"
Los vecinos de Alicante encaran normalmente con estoicismo las obras públicas que afloran casi en cada esquina. Sin embargo, tres actuaciones de envergadura en puntos neurálgicos empiezan a colmar el ancho vaso de su paciencia. En las últimas semanas, peatones y conductores tienen que extremar la atención cuando circulan por las inmediaciones del puerto, el acceso norte o la céntrica avenida de la Estación, si no quieren quedar atrapados en una de las múltiples zanjas abiertas.
La conexión ciudad-puerto está patas arriba por las obras de la Volvo Ocean Race. La hasta hace unos meses tranquila entrada norte del puerto es ahora un mapa de boquetes, zonas valladas y obreros que trabajan a toda máquina. El puerto, que se prepara para acoger la salida de la vuelta al mundo de vela en octubre, construye un paseo de 500 metros sobre el espaldón del dique de Levante, remodela el acceso norte, la antigua estación de Orán y edifica el Village. Las obras, con 12 millones de presupuesto, deberán estar terminadas entre julio y septiembre. Los que las sufren son, principalmente, los centenares de bañistas de la playa de El Postiguet, así como los clientes de dos hoteles. "Entrar ha sido apoteósico", comentaba esta semana una joven que quedó a comer en uno de los restaurantes del puerto. Un poco desorientada, la joven se mostraba molesta con la agresividad de la obra: "Fatal, porque lo han levantado todo a la vez". "Se ha complicado bastante la circulación por la zona", añade resignado un taxista.
La entrada norte por la avenida de Dénia es ahora una interminable trinchera en la que los conductores acumulan retrasos de 20 minutos. La obra es de envergadura. El acceso a Alicante desde poblaciones del área metropolitana tan populosas como Sant Joan d'Alacant, Mutxamel o El Campello vive una fuerte transformación en el tramo que discurre entre La Goteta y la A-70. Más de 3,5 kilómetros que se amplían a tres carriles por sentido en unos tramos y a cuatro en otros, y en los que se construirán cuatro pasos inferiores, según la Consejería de Infraestructuras.
Los conductores se arman de paciencia para cubrir apenas tres kilómetros de carretera por dos angostos carriles en cada sentido. "Esto es un desastre. Para recorrer apenas 300 metros, cada mañana invierto 20 minutos", asegura Alfonso, un trabajador autónomo. "Está bien señalizado, pero el problema es que hay mucho tráfico", añade. "Muy mal. El cliente se desespera porque parece que no vamos a llegar nunca, y eso que yo soy un profesional", asevera Vicente López, un veterano taxista. "Y no sólo es este punto, si no que a estos atascos hay que sumarles los habituales de cada día", explica. María Jesús, jubilada de la zona, encara el problema con resignación y habilidad: "Procuro salir en coche cuando veo que el tráfico está más despejado, así sufro menos".
Y la tercera gran obra que agota la paciencia en Alicante es la ampliación del tranvía. Son tres los puntos calientes: la avenida de la Estación, en el centro, el ramal que discurre entre el centro y la Universidad de Alicante, en Sant Vicent del Raspeig, y la prolongación entre la plaza del Mar y la avenida de las Naciones.
Dentro de la ciudad el más visible es el de la avenida de la Estación (desde Renfe hasta la plaza de los Luceros), donde se construyen la ampliación de la red subterránea de tranvía y un aparcamiento de tres niveles para 450 vehículos. Los comerciantes son los principales paganos de la obra. En marzo denunciaron que la eliminación de parte de las aceras impide el acceso de clientes y supone recortes en los ingresos de hasta el 50%. Las zanjas se abrieron en diciembre de 2007 y arrancan de la futura estación tranviaria de Luceros hasta la avenida de Salamanca. Y aunque está previsto que un tramo de la avenida retome la normalidad antes de las fiestas de hogueras, las obras al aire libre durarán un año. Después, hasta completar los 18 meses previstos de ejecución, seguirán en subterráneo.
VALENCIA "El reino de los agujeros"
"A ver... Una, dos, y ahora la tercera". Son las veces que Francisco Ródenas y José Jaime March han visto abrirse la acera o la calle de Lluís de Sant Àngel desde el pasado septiembre. A las puertas de su taller mecánico se han instalado ahora las vallas y máquinas para el segundo tramo de la nueva línea de metro T-2, que conectará en 7,5 kilómetros el centro y sureste de Valencia. La obra pública de mayor incidencia en el tránsito de la ciudad ha obligado desde agosto a crear por etapas nuevos itinerarios para miles de vehículos y autobuses urbanos en el área de Russafa, la avenida de Germanías, General Urrutia y estos días en Peris y Valero. Las zanjas se suceden para desviar servicios y colectores, y luego excavar el futuro túnel de la línea.
Rodeados de polvo, los peatones se ven obligados a no perder de vista el laberinto de pasos entre máquinas y obreros, mientras los coches se atascan en muchas calles. En agosto, el taller de Francisco y José Jaime tendrá que cerrar 15 días "por huevos" para que se construya el túnel de la T-2 en su calle. Eso impedirá a los clientes entrar en el taller y mermará sus ingresos. Ya han notado la bajada del negocio por las sucesivas aperturas de la vía. "Si de ésta nos salvamos, que venga lo que quieran", comenta José Jaime. No muy lejos, en Doctor Sumsi, María Luisa Serrano recoge de la guardería a su niño de tres años. Se topó con la obra una mañana, de pronto. "Yo no uso el metro, pero hay que ser solidario. Eso sí, el ruido no es bueno para los niños", grita esta mujer para hacerse oír en medio el ensordecedor estruendo de un martillo hidráulico.
Este verano, la Consejería de Infraestructuras espera reabrir al tráfico General Urrutia y comenzar las obras en Antic Regne de València. Una complicada planificación que implica a la consejería y al Ayuntamiento, que han celebrado reuniones con vecinos para explicar los desvíos "e intentar cubrir las necesidades de aparcamiento", indican desde la Concejalía de Circulación. Ha habido encuentros en Russafa y también en Montolivet, donde la asociación de vecinos considera que "se informó a tiempo" del laberinto de obras, según su presidenta, Amparo García. "Es molesto, pero se aguanta. Han estado trabajando hasta la una de la madrugada para adelantar la obra", añade.
En pleno centro histórico, en el entorno de las calles de Bosseria y Quart también están desde el verano pasado envueltos en polvo por la renovación de la vía, calzada y la red de saneamiento que acomete Infraestructuras. Julia Martínez, siempre con el móvil a mano para avisar de nuevas obras a los miembros de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, afirma que hay "fluidez" con la Administración, pero se queja de que las empresas de servicios reciben permisos para obras que no se advierten a los afectados y les dejan horas sin luz o agua. "Eso causa un perjuicio, hay que avisar con antelación", apunta Martínez. En el centro están a la espera de otro corte, en la calle de Calabazas, donde la semana próxima comienzan los trabajos de la estación de Mercat de la T-2.
A estas obras se suman varios aparcamientos en construcción en distintas zonas que obligan a cortes de calles, y se avecinan los que serán necesarios para las obras del AVE en Sant Marcel.lí y Camí Reial. "Tanto que se habla de Madrid... Ahora mismo parece que Valencia es el reino de los agujeros", ironiza Carmina Castelló, de la federación vecinal. "El objetivo es conocer de antemano los cambios, pero no siempre avisan", afirma.
"Son obras molestas, pero hay que tener paciencia. Lo que pasa es que hay mucho coche circulando", opina Juan García, taxista, en la avenida de Cataluña, inmersa en otra de las obras de envergadura en Valencia. En esa zona junto a las universidades, de gran volumen de tráfico, el Ministerio de Fomento aborda la última fase de obra para eliminar el scalextric, construir un túnel y desviar el tranvía. De momento, dos policías locales se dejan los pulmones en el silbato para mover el tráfico. ¿Mucho conductor cabreado? "Siempre".
CASTELLÓN Quebraderos de cabeza por el trolebús
En Castellón, las obras del trolebús, oficialmente el TVRCAS, han sido las que más conflictos de circulación han causado ya que el trazado atraviesa la ciudad por el centro. Actualmente, las vías que habían permanecido cortadas ya se han abierto, pero se han reducido porque el trolebús viaja por una plataforma reservada. El trolebús traerá nuevos quebraderos de cabeza a los conductores en el momento en el que se inicien las obras del camino de vuelta, ya que llega hasta el centro por un trazado y vuelve hasta la universidad, ubicada en el oeste y desde donde parte. Uno de los problemas que habrá de solventar entonces el Ayuntamiento, será el de salvar la entrada a dos de los aparcamientos subterráneos más utilizados. En las vías de acceso a la ciudad, los conductores se siguen encontrando con una inacabada ronda norte que obliga a que todo el tráfico que entra y sale de Castellón por el norte se colapse en la avenida de Benicàssim.
* Esta información ha sido elaborada por Rosa Biot, Santiago Navarro, María Fabra y Sara Velert.
* ELPAIS.com - Valencia - 05/05/2008
Foto: Valencia, obras circuito F1 - carles francesc (El País)
C. Valenciana: Zanjas por todas partes
Baleares: Políticos en el banquillo
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DIARIODEMALLORCA* : Desarrollan su trabajo en el Parlament, en el Consell, al frente de un consistorio o en alguna otra institución pública o, simplemente, están alejados de la política pero fueron imputados durante su trabajo en la cosa pública. Más de cincuenta políticos o ex políticos se encuentran inmersos en procesos judiciales, alguno de los cuales se inició con la vista puesta en altos cargos que finalmente fueron exonerados por la justicia, que acabó acusando a meros funcionarios o empleados públicos de menor nivel.
Estos son los casos en los que están implicados, de una u otra forma, políticos de Balears y cuyas primeras vistas comienzan en breve. La más inmediata, la que abre la serie del caso Andratx, arranca mañana.
CASO ANDRATX
La fiscalía anticorrupción, en estrecha colaboración con la Agencia Tributaria, puso en marcha el 27 de noviembre de 2006 una gran operación contra la corrupción urbanística en Andratx. Ese mismo día, dos políticos del PP fueron detenidos: el entonces alcalde del municipio de Ponent, Eugenio Hidalgo, y Jaume Massot, que ostentaba el cargo de director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas.
Uno de los principales artífices de esta trama de corrupción urbanística, el celador municipal Jaime Gibert, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable, lo que ha dado un espectacular giro a la instrucción de un complejo sumario en el que hay abiertas hasta setenta piezas separadas. El ex empleado municipal podría ser acusado de varios delitos de falsedad documental y de cooperador necesario en delitos de prevaricación urbanística.
La asunción de culpas de Gibert contrasta con la actitud de los dos políticos implicados, que siempre han negado todos los cargos presentados contra ellos. La primera consecuencia de este pacto Gibert-fiscalía se podrá ver mañana en la sección segunda de la Audiencia de Palma, donde tendrán lugar el primer juicio por una pieza separada del caso Andratx. Se juzga la construcción de una vivienda unifamiliar del ex primer edil en un área de especial protección. Hidalgo y Massot están imputados por falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio.
CASO PTM
Uno de los casos de corrupción más sonados destapados últimamente es el del Plan Territorial de Mallorca (PTM). El magistrado Miquel Florit, por el momento, ha citado en calidad de imputados a Bartomeu Vicens, diputado y portavoz de UM en el Parlament, y a Jaume Font, conseller y portavoz popular en el Consell de Mallorca. Junto a ellos, dos notorios promotores inmobiliarios, Vicenç Grande y Mateo Sastre. El presunto delito: el uso de información privilegiada sobre futuras recalificaciones de fincas rústicas a urbanizables, un proceso que materializó el Plan Territorial de Mallorca a través de las Áreas de Reconversión Territorial (ART). Los canjes urbanísticos de diferentes terrenos contemplados en el PTM habrían generado unos pelotazos estimados inicialmente en más de 300 millones de euros. Florit tomará declaración a Vicens, que en la época de autos, los años 2003-2004, era conseller de Territori, el lunes 12 de mayo. Font pasará por los juzgados el viernes 23.
CASO SON OMS
La fiscalía también está investigando quién se quedó con un 15% de los solares que se recalificaron de rústicos a urbanizables industriales en el polígono de Son Oms. El promotor Ángel Ochando denunció que dos dirigentes de UM, Bartomeu Vicens y Maximilià Morales, le habían exigido la cesión de un 15% de sus parcelas en caso de que la zona se recalificase. Morales, ex presidente del Parlament, y Vicens desvincularon sus actuaciones en Son Oms de sus responsabilidades políticas y alegaron que su intervención se ciño a su actividad privada.
CASO CAN DOMENGE
El empresario catalán Josep Lluís Núñez se ha querellado contra todos los consellers del PP y de UM en el Consell de Mallorca durante la pasada legislatura que votaron a favor de la adjudicación de los terrenos de Can Domenge por un valor que considera inferior al precio del mercado. Núñez acusa a los querellados de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales. Los políticos de UM implicados son Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Dolça Mulet. Los del PP: Fernando Rubio, María Binimelis, Rafel Bosch, Bartomeu Vallori, Eduardo Puche, Carme Feliu, Joan Font, Antoni Coll, Miquel Munar, Gaspar Oliver, Miquel Canàves, Catalina Sureda, Andreu Obrador, Carlos Luis Veramendi, Miquel Amengual y Francesc Cañelles. El juzgado número 12 de Palma sigue investigando el asunto, sobre el que han encargado dictámenes tanto el Consell como el Colegio de Arquitectos.
CASO AYUDAS
La presunta trama de corrupción en torno a las subvenciones públicas otorgadas en la anterior legislatura por el Consell de Mallorca a varias entidades afines a UM recibió el sobrenombre de Caso Ayudas. Pese a que la denuncia inicial incluía a más políticos, entre ellos la entonces presidenta Munar, en el sumario sólo figuraban como imputados Dolça Mulet, vicepresidenta entonces del Consell y hoy en día consellera ejecutiva de Esports y Promoció Social de la institución insular, y Joan Josep Mas, ex director insular de Patrimonio Histórico-Artístico. No obstante, el 9 de abril el juez Pedro Barceló exoneró a ambos políticos tras archivar parcialmente el sumario al no ver indicios delictivos en la concesión de los fondos públicos. Sin embargo, la resolución dejó abierto el caso para 11 de los responsables de las entidades beneficiadas por presunto desvío de las ayudas a fines nos subvencionados y falsedades. Anticorrupción estudia recurrir el archivo y el PP, como acusación particular, ya ha anunciado su recurso.
CASO DE SANTOS
Uno de los casos más mediáticos por la truculencia de los hechos ha sido el protagonizado por el ex teniente de alcalde de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, investigado por una presunta malversación de fondos públicos usando abusivamente una tarjeta de crédito municipal para pagar servicios en clubs de alterne homosexuales. Pese a haberse gastado una cantidad superior a los 50.000 euros usando la visa de la EMOP, como el propio imputado ha admitido al devolver esta cantidad, la jueza que instruye la querella formulada por la fiscalía anticorrupción accedió a adelantar la comparecencia del ex alto cargo público que gestionaba el urbanismo de Ciutat para evitarle el "acoso" de los medios de comunicación. Bronceado y con buen aspecto, el ex edil compareció ante la magistrada Ana San José durante apenas 5 minutos, tras lo cual quedó en libertad para regresar a Madrid, donde sigue un tratamiento por su adicción al sexo y a las drogas que, según alegó ante la jueza, no le permiten explicarse.
CASO CASTILLO INFANTIL
El anterior no es el único caso en el que está implicado De Santos. La fiscalía también investiga una presunta prevaricación y otros delitos por el contrato verbal con el que el ex responsable de urbanismo adjudicó a la empresa sueca Hags la construcción del castillo infantil que imita al de Bellver para el Parc de sa Riera. En las diligencias de la fiscalía figuraba también como imputada Gloria Penalva, ex gerente de la EMOP y mano derecha de De Santos. La empresa Hags reclama al Ayuntamiento 1,4 millones de euros, trescientos mil más de lo presupuestado.
CASO BITEL II
Un nuevo escándalo sacudió al PP a finales del pasado mes de abril. Damià Vidal, hombre de confianza del ex president Matas y colocado por éste al frente de la empresa Bitel, es detenido por una presunta malversación de 700.000 euros. Damià Vidal, junto a otras 5 personas, está acusado de los delitos de malversación de caudales, cohecho, defraudación y falsedad en documento mercantil. Anticorrupción postula que Vidal supuestamente urdió con los otros encausados un entramado societario para vaciar las arcas de Bitel. Lo último: los actuales gestores de Bitel han descubierto un segundo descuadre de 440.000 euros que Vidal habría autorizado para aumentar la seguridad de la empresa y de cuyo destino real apenas hay justificación.
CASO MAPAU
De la docena de personas que llegaron a estar imputadas en el sumario del caso Mapau, la presunta trama para la captación ilícita de votos de emigrados a Argentina y Uruguay en favor del PP en las autonómicas de 1999, la jueza instructora ha dictado un auto de "procesamiento" (pase a procedimiento abreviado) contra tres funcionarios del Govern a los que se acusa de falsedad documental y prevaricación continuada por la contratación irregular por el Institut Balear de Desenvolupament Industrial de Maria de la Pau Segura, supuesta agente electoral del entramado. Los tres procesados son Rosa Grijalba, Angel Gallego y Joan Fortuny, que formaron parte de la mesa de contratación convocada para cubrir una plaza de traductor.
CASO GARCÍAS-ESTARÀS
El diputado socialista en el Congreso Antoni Garcías se ha querellado contra la presidenta del PP, Rosa Estaràs, por un delito de calumnias tras haberle acusado ésta de malversación de fondos con unos billetes de un viaje oficial a Cuba durante su etapa de conseller. El juzgado de instrucción 7 lleva las diligencias y ya citó a declarar como imputada a Estaràs el pasado día 10 de abril. Su abogado defensor, Rafael Perera, ha pedido el sobreseimiento de las diligencias al considerar que el asunto no tiene ninguna relevancia penal, ya que, en su opinión, se trata de un asunto limitado al ámbito parlamentario. El juez Antoni Garcías, de mismo nombre que el querellante, habrá de decidirse por esta opción o elevar una consulta al TSJB para imputar a la diputada del PP.
CASO NÁJERA
La sección primera de la Audiencia ha ordenado la reapertura de la última de las causas abiertas contra la ex alcaldesa de Calvià Margarita Nájera, referida a la presunta venta a bajo precio por parte del entonces recaudador municipal del municipio, Jaime Riera, de un solar urbanizable a Manuel Barajas,ex marido de la actual consellera de Trabajo. Según afirma el denunciante, el primer edil calvianer Carlos Delgado, Nájera habría mejorado el contrato del recaudador municipal para conseguir este trato de favor hacia su ex marido.
CASO CABALLISTAS
La implicación de la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, entre la decena de alcaldes, ex alcaldes y funcionarios implicados en la trama de presuntas certificaciones falsas por las que el ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, legalizó su vivienda de na Fonda como un club hípico, ha obligado al TSJB a instruir el caso dada la condición de diputada, y por tanto de aforada, de la primera edil felanitxera.
Será el magistrado Antoni Monserrat quien llevará el caso en el que el anterior magistrado Antoni Rotger, que se inhibió a favor del primero, imputaba un presunto delito de falsedad documental, penado con seis años de privación de libertad y otros tantos de inhabilitación para ejercer cargo público, a la alcaldesa de Felanitx, al alcalde de Santanyí, Miquel Vidal; al alcalde de Selva, Joan Rotger; al de Montuïri, Gabriel Matas; al ex alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo; al ex primer edil de Lloret, Joan Jaume Ramis; al ex alcalde de sa Pobla, Antoni Serra. y al teniente de alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet. En Inca, las certificaciones fueron firmadas por el edil Joan Rubert, para el que se pide la misma pena que a los anteriores.
El ex alcalde de Campos y actual conseller del PP, Andreu Prohens, se enfrenta a dos años de suspensión al ser acusado de presunta falsedad en connivencia con el secretario Sebastià Portell. El presunto causante de este aluvión de certificaciones falsas, el ex alcalde saliner Sebastià Vidal, afrontará una petición de 66 años de privación de libertad y una multa de 800.000 euros.
CASOS DE STELLA MATUTES
La hija del ex ministro de Exteriores Abel Matutes, Stella, tiene abiertos dos pleitos judiciales en la pitiusa mayor por sendas denuncias interpuesta por el GEN, el equivalente ibicenco al GOB mallorquín. En la anterior legislatura, cuando era consellera de Carreteras y Obras del Consell de Eivissa, votó a favor de un Plan Territorial insular que presuntamente permitía la edificabilidad en unos terrenos propiedad de unas empresas en las que la consellera tendría participación. Además de para Stella Matutes, el fiscal ha pedido la imputación por esta presunta recalificación de terrenos de Joan Marí Tur, en el momento de la denuncia conseller de Patrimonio de la institución insular y vicepresidente del Parlament, de su hermano Antoni Marí Tur, ex diputado del Parlament, y José Sala, entonces y ahora alcalde de Sant Antoni.
El otro frente judicial que tiene Stella Matutes, con diligencias penales abiertas por varios delitos pero aún no imputada, es por el presunto vertido de tierras procedentes de las obras de las autovías de Eivissa en unos terrenos de su propiedad que servirían de base para la formación de un campo de golf. Matutes anunció la pasada semana su retirada de la política para dedicarse a la actividad privada.
CASO IBIZA CENTRO
En el caso de las presuntas comisiones en la construcción de un centro comercial en Eivissa figura como imputado José Marí Ribas, en la actualidad alcalde de Sant Josep y en el momento de la denuncia formulada por Roque López, ex secretario general de la Federación Socialista Pitiusa, gerente de la empresa pública que acometía las obras del centro comercial. También está imputado el ex teniente de alcalde de Eivissa, Pedro Campillo. López pidió la imputación del actual presidente del Consell insular, Xicu Tarrés, y el secretario de organización, Miquel Mestre, petición que finalmente no prosperó.
CASO LICENCIAS
La alcaldesa de Felanitx está imputada por presuntamente "retener irregularmente" la entrada en vigor de una norma urbanística restrictiva que habría permitido la concesión de treinta licencias para unas 140 viviendas en bloques plurifamiliares. Catalina Soler, en su declaración del pasado 3 de diciembre, atribuyó el retraso de la norma al Consell de Mallorca.
CASO RABASCO
La primera semana de julio se celebrará el juicio contra el alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, y el ex edil de ASI, Joaquín Rabasco, por varios delitos con presunto fraude de fondos públicos ya que la acusación postula que, entre 1999 y 2002, Tomàs permitió y auspició el desvío de casi 950.000 euros de las arcas municipales a empresas ligadas al ex regidor.
CASO RENT A CAR
La presunta trama de evasión fiscal a través de un entramado de sociedades en los sectores de coches de alquiler y empresas náuticas que señalaban como imputado al alcalde de Montuïri, Gabriel Matas, ha quedado al albur tras emitir Hacienda un informe que consideraba que las presuntas prácticas irregulares no constituían delito. No obstante, el caso continúa abierto.
CASO VARADERO
La empresa Boat Yard Palma (BYP) acusa al ex presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Verger, de irregularidades en la concesión de varadero del puerto de Ciutat. BYP achaca a Verger los presuntos delitos de fraude a la Administración y negociaciones prohibidas a los funcionarios al haber adjudicado la concesión a una UTE en la que participaba un ex socio suyo, Juan Antonio Riutord. Verger sostuvo en su declaración ante el juez el pasado mes de septiembre que la decisión de la adjudicación fue tomada por todo el consejo de administración de manera colegiada y que, por tanto, nunca fue decisivo para la resolución final.
* Diario de Mallorca - I.OLAIZOLA. PALMA - 04 de mayo de 2008
Foto: Felanitx (Mallorca) - hotels.com
Tan cercanos, tan distantes
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ELPAÍS/Vitoria* : Los proyectos de levantar sendos campos de golf con urbanizaciones anejas en Laguardia y Labastida sólo coinciden en su interés especulativo. Distan apenas 20 kilómetros, viven amparadas por la sierra de Toloño (conocida en la Rioja Alavesa más como de Cantabria), presumen de un interesante patrimonio monumental y de sus viñas salen algunos de los mejores vinos del mundo.
Sin embargo, Labastida y Laguardia, tan cerca en principio, suponen dos mundos muy distintos, como muestra el proceso que han vivido con sus respectivos proyectos urbanísticos planeados alrededor de sendos campos de golf.
En ambos casos el punto de partida es el mismo: el Plan Territorial Parcial que impulsó la Diputación alavesa cuando la gobernaba el PP y refrendó el 28 de diciembre de 2004 la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dirigida entonces por Sabin Intxaurraga, de EA. Aquel día de los Santos Inocentes se avalaba la intervención en una de las zonas privilegiadas de Euskadi, de Labastida a Oyón, que ha llevado a numerosos procesos especulativos, con su primera expresión en los dos polémicos campos de golf.
Impulsados por ayuntamientos que el PP gobernaba con mayoría absoluta, cada uno ha mantenido una evolución propia. Sólo coinciden en su intención especulativa. La dimensión de los complejos que deberían acompañar al proyecto deportivo, desproporcionada a juicio de los vecinos, le costó la alcaldía a los populares en ambas localidades en las últimas municipales.
En Laguardia se iba a crear todo un nuevo núcleo urbano (con 500 viviendas en principio, aunque la última propuesta la bajaba a 100) en las faldas de la sierra, aislado de la villa. La urbanización se situaba en un paraje muy cercano al biotopo protegido de las lagunas de Laguardia. En Labastida, la propuesta se dispone en una lengua de terreno que asciende al parque de San Ginés, un millón de metros cuadrados que incluyen terrenos municipales. Si en Laguardia la promotora era privada, en Labastida, cuenta con participación municipal.
La evolución de ambos proyectos también ha sido dispar. En Laguardia, el caso ha llegado a los tribunales. Bajo secreto de sumario se encuentra la investigación del intento de soborno al único edil de EA, Gregorio López Gonzalo, a quien un promotor ofreció 90.000 euros por cambiar su voto para que saliese adelante el proyecto impulsado por el PP (cuatro ediles), frente a la negativa del PNV, ahora en la alcaldía (otros cuatro). El PNV de Laguardia siempre ha visto con recelo el proyecto y se ha opuesto, aunque tibiamente. El presidente de la ejecutiva alavesa del PNV, Iñaki Gerenabarrena, recuerda que su formación "siempre ha estado en contra de la creación de nuevos núcleos urbanos".
Ésa es una de las claves de la postura peneuvista en Labastida. Como en esta localidad la propuesta suponía prolongar el pueblo, en principio sus concejales no se opusieron, pero las denuncias de la asociación Torrolate han comenzado a calar en las bases de la organización. El anterior alcalde, Ignacio Gil, del PP, respalda el proyecto y los dos ediles del PNV le apoyan sin fisuras, lo que ha llevado a una crisis en esta formación. Primero, dimitió uno de ellos, Fernando Eguiluz (sustituido por Karmele Petralanda). Al final, tras el enfrentamiento del sector encabezado por el otro edil, Iosu Landa con otros militantes, el Tribunal Nacional del partido ha terminado por disolver la organización municipal de Labastida. La fiscalía también investiga los terrenos donde se va a levantar la urbanización y el golf.
Lo que dice el Plan Territorial
El Plan Territorial Parcial de Rioja Alavesa, el documento que ordena todo su crecimiento urbanístico, propone construir tres equipamientos deportivos en Labastida, Laguardia y Oyón. El plan señala que debe prevalecer la práctica del deporte sobre otros usos residenciales u hosteleros asociados. Además, no podrán construirse en áreas de especial protección o en detrimento del viñedo. Y, por supuesto, deberán ser autosuficientes, sobre todo en su abastecimiento de agua. El proyecto que impulsa la promotora Golf & Wine en Labastida no cumple muchos de estos requisitos, como tampoco lo hacía el complejo previsto en Laguardia. Sin embargo, los anteriores alcaldes de ambas villas los impulsaron sin titubeos.
El caso de Laguardia está bajo investigación judicial por un supuesto intento de soborno. En Labastida, la asociación Torrolate ha denunciado que el ex alcalde popular Ignacio Gil, principal impulsor del proyecto, tiene propiedades, en concreto su bodega, en el espacio donde se proyecta la urbanización de 750 viviendas.
Ignacio Gil ha precisado que sus terrenos se encuentran fuera del espacio previsto para el proyecto, aunque reconoce que serán recalificados. En cuanto a Iosu Landa, principal defensor del proyecto en el seno del PNV, trabaja como apoderado de la empresa riojana Terrenos, Unidades de Ejecución y Promociones, con sede en Haro, dedicada a la compraventa de fincas y al asesoramiento en operación de transacción inmobiliaria.
Marcados por la polémica
Labastida (1.475 habitantes)
- Proyecto: Campo de golf con una urbanización de 750 viviendas.
- Ubicación: Al norte del pueblo, en una lengua de terreno que parte de la periferia del núcleo urbano para llegar hasta el parque de San Ginés.
- Estado actual: La Comisión de Ordenación y Urbanización del Territorio, en la que participan el Gobierno y Eudel, ha rechazado el proyecto en su redacción actual. El ex alcalde Ignacio Gil (PP) estima que son correcciones mínimas. El actual primer edil, Higinio Arinas (EB), cree que las exigencias impiden que siga adelante el campo. La fiscalía investiga los terrenos.
Laguardia (1.484 vecinos)
- Proyecto: Dos campos de golf con una urbanización de 500 viviendas, que se desinfló hasta quedarse en un campo de golf y 100 viviendas.
- Ubicación:Al norte del pueblo, entre la sierra de Cantabria y el biotopo protegido de las lagunas.
- Estado actual: Se ha abandonado el proyecto tras descubrirse el intento de soborno al único concejal de EA para que cambiase el sentido de su voto. El caso está bajo secreto de sumario. Los terrenos se volverán a calificar como rústicos, tras el apoyo de 48 de los 50 propietarios. Uno de los que se oponen es el anterior alcalde, Javier San Pedro (PP).
* ELPAIS.com - TXEMA G. CRESPO - Vitoria - 05/05/2008
Foto: Labastida (Álava), ayuntamiento - Eduardo Dulce (picasaweb.google.com)
Guía práctica para especuladores en diez cómodos pasos
OLIVEPRESS* : "Cómo comprar todo un pueblo en Andalucía". Imagínense a ustedes mismos como un grupo de inversores con el sano deseo de embolsarse unos mil millones de euros en el menor tiempo posible. Tienen ustedes la maravillosa idea de construir campos de golf, cientos de chalets de lujo, hoteles de cinco estrellas, etc. Ya se han comprado la finca donde piensan desarrollar su proyecto: una propiedad cercana a lo que ustedes consideran un pueblo de catetos en el corazón de Andalucía. Saben perfectamente que si se atienen a la estricta legislación medioambiental, no hay manera de que puedan embolsarse la millonada que sueñan. Saben que no hay suficiente agua para regar los campos de golf y que arriesgan contaminar el acuífero subyacente. Bueno ¿y qué? No vamos a preocuparnos por minucias. Hay que trincar la pasta cuanto antes y largarse.
¿Cómo hay que proceder?
Bueno, pues hay que comprar la ciudad en cuyo municipio se van a realizar nuestros planes. ¿Cómo? He aquí una guía clara y precisa en diez cómodos pasos que les ayudarán a que su maravilloso sueño se haga realidad.
1º. COMPRE A LOS POLÍTICOS
Es necesario comprar a los políticos locales. No se olvide de ninguno de los partidos principales, sea de derechas, de izquierdas o de centro. Consiga que se posicionen a su lado. Llévelos de copas e invítelos a comer tan a menudo como se lo permitan sus estómagos. Asegúrese de que ganan las próximas elecciones locales. ¿Cómo? Corran con los gastos de sus campañas electorales. Anuncie repetidamente su fabuloso proyecto en sus periódicos gratuitos (panfletos, más bien). ¿Y si el partido que ostenta el poder municipal no es muy proclive a sus proyectos? Pues organice un golpe de mano democrático en el ayuntamiento y que los partidos afines a sus ideas se hagan con el gobierno municipal.
Consiga que los políticos de ámbito regional y nacional sean comprensivos con sus planes. ¿Que uno de ellos podría trabajar de arquitecto en su proyecto? ¡Estupendo, dele el puesto! ¿Que el hermano de un ex ministro está dispuesto a encabezar su promotora? Pues miel sobre hojuelas.
2º. COMPRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES
No querrá usted que algún protestón, con la excusa de proteger el entorno natural, haga declaraciones en contra de su proyecto en la radio, televisión o prensa local. ¿Qué hacer? Simple. Bombardee los medios con publicidad de su maravilloso proyecto. Consiga que algún profe mercenario, auto-nombrado catedrático, jure y perjure en los medios las bondades de su proyecto.
3º. COMPRE LA ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESARIOS
Por supuesto, los empresarios locales deben apoyar sus planes incondicionalmente. Y, si al presidente, propietario de una importante empresa constructora local, le encantaría pillar algún trabajillo de su proyecto... ¡maravilloso! Ni se preocupará en buscar acuerdo general entre todos los socios de la asociación. En cambio, se encargará de recoger firmas a favor de sus planes y las entregará al mismísimo defensor del pueblo. Y, con suerte, puede que hasta se encargue de organizar una manifestación de apoyo a su proyecto.
4º. COMPRE LOS CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS
Regáleles camisetas con su logotipo para los entrenamientos y competiciones. Los directivos de estos clubs se encargarán de obligar a sus socios a llevar puestas sus equipaciones, les gusten o no.
5º. COMPRE LA ASOCIACIÓN LOCAL DE VITICULTORES
¡Vaya, está usted de suerte! Así que ha conocido a un ambicioso arquitecto local dispuesto a aceptar un importante puesto en su proyecto y, además, resulta que es el presidente de la asociación local de viticultores. ¡Fantástico! Ya se encargará él de convencer a los otros socios para que respalden su proyecto.
6º. COMPRE LA ASOCIACIÓN LOCAL DE MINUSVÁLIDOS
Este paso es bien fácil. Suelte 20.000 euros (que para usted no supone mucho), y compre a los pobres minusválidos un microbús de segunda mano. Seguro que alguno de ellos se lo agradecerá encabezando una manifestación a su favor.
7º. COMPRE AL CLERO LOCAL
Quizá se acuerde usted del pasaje evangélico en que Jesús expulsa a los mercaderes del templo, y supone que ni el mismísimo diablo le dejaría colgar sus banderolas publicitarias en la iglesia del pueblo. La cosa está difícil pero... ¿no tiene el párroco un pariente ambicioso con intereses en su proyecto? ¡Tío, qué suerte! ¡Cuelga los pendones bien alto del santuario! ¡Más cerca está del cielo!
8º. COMPRE A LA GUARDIA CIVIL
Éste sí que es bueno. Pensará usted que las fuerzas del orden están ahí para proteger a los ciudadanos de manera absolutamente imparcial. Pero, por otro lado, usted sabe que va a necesitar un buen equipo de agentes de seguridad que defiendan su propiedad de los intrusos.
¿Por qué no contrata al pariente de un jefe local de la guardia civil? Seguro que se encarga de denunciar a sus oponentes agitadores y follonistas. Simplemente déle los detalles de aquellos que le están dando la lata más de la cuenta.
9º. YA PUESTOS, INTENTE COMPRAR A TODO EL PUEBLO
Como en cualquier parte, los jóvenes del pueblo y sus padres necesitan trabajo y diversión. Y usted va a necesitar todo un regimiento de picapleitos que denuncien a sus oponentes, va a tener que echar mano de agentes inmobiliarios, periodistas, presidentes de asociaciones vecinales, etc. Invítelos a francachelas y cuchipandas. Regale entradas para los toros, organice conciertos populares gratuitos. El pueblo entero terminará creyendo que su proyecto es lo mejor que le podría haber sucedido.
10º. Y, POR ÚLTIMO, ¿POR QUÉ NO COMPRAR TAMBIÉN A LOS QUE SE OPONEN?
Ha llegado ya al punto en que sólo le queda anular a esos listillos que han tenido la desfachatez de oponerse a su proyecto considerándolo un gravísimo atentado para el futuro del pueblo y de su medio ambiente.
Bien, primero intente comprarlos. ¿Que se resisten? Eche mano de todos los mercenarios que ya se han dejado comprar para amenazarlos e intimidarlos. Si todavía no funciona, bombardéelos con denuncias y querellas apañadas. Verá como encuentra suficientes sinvergüenzas dispuestos a ayudarle.
N.B. Unas palabras de advertencia. Si, a pesar de todo, aquellos ciudadanos insobornables que se oponen a sus proyectos deciden continuar la lucha, terminarán derrotándole. La ley y la justicia están del lado de ellos. Quizás pueda usted comprar algún juez, pero no puede comprar a todos.
* http://www.theolivepress.es/
* JRMora, Humor Gráfico - 28 April 2008
Andratx: La Audiencia de Palma juzgará al ex alcalde Eugenio Hidalgo y a tres acusados más
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DIARIODEMALLORCA* : El 'Caso Andratx', la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca, sentará mañana, lunes, en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma al ex alcalde de esa localidad mallorquina Eugenio Hidalgo, y a tres de sus presuntos colaboradores.
Hidalgo, ex director general de Ordenación del Territorio Jaime Massot, el ex celador municipal Jaime Gibert y el ex abogado del Ayuntamiento de Calviá Ignaci Mir, comparecerán ante el tribunal para responder por la supuesta comisión de los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.
La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos entre 2 y 9 años de cárcel y elevadas indemnizaciones por la construcción de un vivienda unifamiliar, propiedad de Hidalgo, en una caseta de herramientas y aperos situada en una zona protegida de Andratx (Área Rústica de Interés Paisajístico).
El ex alcalde, "pese a la imposibilidad legal procedió en fecha 14 de febrero de 2003 a solicitar de Ayuntamiento una licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola inexistente", según el escrito de acusación del Ministerio Público.
Los demás acusados colaboraron, de alguna manera u otra, para permitir "la construcción de una vivienda unifamiliar, de 3.035 metros cuadrados, prohibida por disposición legal", añade la Fiscalía Anticorrupción.
Una de las incógnitas del juicio que se celebrará en la Audiencia de Palma es la actitud que adoptará el ex celador municipal Jaime Gibert, quien el pasado mes de febrero alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público para auto inculparse a cambio de penas de cárcel más benévolas.
Gibert se ha comprometido a decir "toda la verdad" durante el proceso judicial, a pesar de que algunos abogados del resto de imputados han cuestionado la validez de una confesión realizada tras un pacto de conveniencia por "su nulo valor jurídico y moral", han subrayado.
Éste el primer juicio de la causa abierta el 27 de noviembre de 2006, y que tras una compleja instrucción en el Juzgado número 12 de Palma ha sido dividida en 70 piezas, algunas de ellas, todavía, secretas.
Desde que se puso en marcha la denominada 'operación Voramar', en la que intervinieron la Guardia Civil, inspectores de Hacienda, Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, la instrucción se ha centrado en la investigación de diversos delitos contra la ordenación del territorio.
En un año de instrucción, han prestado declaración en calidad de imputados y testigos más de 250 personas, y cuando estalló el caso, Hidalgo, Gibert, y también el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern Jaume Massot, fueron acusados de los siguientes supuestos delitos: negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, falsedades documentales, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Hidalgo y Gibert han ingresado en dos ocasiones en la cárcel de Palma, en la que permanecieron más de 40 días, mientras que Massot fue puesto en libertad después de declarar ante el juez tras permanecer detenido un fin de semana en el cuartel de la Guardia Civil.
El 'Caso Andratx' también repercutió de lleno en la vida política de Baleares, ya que la Guardia Civil grabó las conversaciones telefónicas del ex conseller de Interior José María Rodríguez, y en especial, una conversación que mantuvo con Hidalgo pocas horas del desarrollo de la 'operación Voramar' y posterior registro del Ayuntamiento de Andratx.
Además, también estuvo imputado el presidente del Consell Consultiu, órgano que asesora al Ejecutivo en cuestiones legales, Miguel Coll Carreras, por asesorar a una urbanizadora, Almudaina Dos, que mantiene un litigio con el Govern por la desclasificación de unos terrenos en el Port de Andratx.
El juez Álvaro Latorre archivó la causa relativa a Coll Carreras tras tomarle declaración en unos momentos en que toda la oposición exigía la dimisión del presidente del Consell Consultiu.
Los investigadores también han rastreado diversas cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales vinculadas, al parecer, con alguno de los principales imputados.
* Diario de Mallorca - EFE - 04 de mayo de 2008
Foto de archivo (28/11/06) de construcciones situadas en la costa de Andratx. El "caso Andratx", la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca, sentará a partir de mañana lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma al ex alcalde de esa localidad mallorquina Eugenio Hidalgo y a tres de sus presuntos colaboradores. / EFE-ARCHIVO/Alonso M. Gamero
Ferrol, Vigo y Lugo tienen los cascos viejos más deteriorados de Galicia
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LAVOZ* : Aunque la opinión generalizada sobre los abundantes cascos históricos en torno a los que pivotan ciudades y pueblos gallegos es que ya estuvieron peor, lo cierto es que prácticamente ninguno ha logrado una regeneración integral en los últimos veinte años, mientras que existen abundantes casos de total abandono y degradación.
Hoy en día, la Xunta actúa sobre 41 áreas de rehabilitación diseminadas en 32 ayuntamientos. Poco más de la mitad de esas actuaciones tienen como objetivo la rehabilitación de cascos históricos, algunos de ellos sin que cuenten con un plan especial de protección, es decir, sin un catálogo pormenorizado de los inmuebles incluidos en esas áreas.
El resultado es que, en función de la ciudad, el casco histórico puede presentar un aspecto más o menos aseado, incluso atractivo, o tratarse de un territorio vedado a la vida ciudadana por los problemas de derrumbe que presentan los edificios o las situaciones de marginalidad y degradación que han ido vaciando paulatinamente el barrio de comercios y vecinos. El grado de conservación mejora en función de los años que los concellos llevan aplicando políticas de protección y rehabilitación. Santiago, Allariz y Pontevedra han conseguido integrar con notable éxito sus centros históricos, mientras que Vigo, Ferrol o Lugo se enfrentan al inicio de un largo y oneroso camino para recuperar espacios ciudadanos en estado de auténtica ruina.
Otro problema común que afecta a los centros históricos gallegos reside en la permisividad urbanística que ha hecho en muchos casos que su recuperación sea arquitectónicamente imposible o que, simplemente, la nueva ciudad los haya sepultado.
En los últimos años, las actuaciones urbanísticas sobre los cascos históricos se han incrementado y han permitido, cuando menos, iniciar un camino de recuperación en algunos de estos centros urbanos. La necesidad de encontrar nuevos espacios para la construcción en una etapa de explosión inmobiliaria generó también la codicia especulativa con la adquisición de propiedades arruinadas para revenderlas a precios exorbitados.
Inyectar vida
La Xunta de Galicia pretende revertir definitivamente esa situación con la entrada en vigor de la nueva Lei de Vivenda, que recoge medidas concretas para forzar la rehabilitación de los inmuebles y el adelanto de una parte de las ayudas económicas a las que tengan derecho los propietarios.
Entre las actuaciones llevadas a cabo en los últimos planes se contempla la adquisición de edificios por parte de los consorcios que gestionan los cascos históricos, para ser rehabilitados y puestos luego en el mercado de alquiler como viviendas protegidas, además de dedicar una parte de esos inmuebles a la instalación de servicios públicos que obliguen a visitar la zona y refuercen la vida ciudadana en esos barrios.
* La Voz de Galicia - Jorge Casanova - 4/5/2008
Foto: Ferrol (A Coruña), casco vello - lavozdegalicia.es
NOTICIA RELACIONADA: ¿Recuperar o clonar? - La Voz de Galicia - 4/5/2008
El 'caso Faycán' se acerca a su fin con casi 50 imputados
LAPROVINCIA/GranCanaria* : La instrucción del caso Faycán, la supuesta trama de corrupción política de mayor envergadura detectada hasta la fecha en la isla de Gran Canaria, entra estos meses en su recta final con un total de 46 imputados -dos de ellos por filtrar información reservada- y casi tres años de bagaje a sus espaldas.
El magistrado que dirige las riendas de las pesquisas, Francisco Javier García, dispone ya de una nueva comisión de servicios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para rematar las diligencias previas abiertas en el verano de 2005 y, posteriormente, solicitar tanto al fiscal anticorrupción, Luis del Río, como a los más de 35 abogados personados en el caso la presentación de sus respectivos escritos de defensa y acusación.
Una de las pistas más fiables que señalan a que la instrucción se acerca a su fin es el hecho de que el juez, con plaza desde hace ya más de un año en un juzgado de lo Penal de la capital grancanaria tras dejar atrás la ciudad de los faycanes, ha solicitado en esta ocasión una prórroga de tan sólo tres meses, cuando en las dos anteriores ocasiones los plazos solicitados por su señoría -y concedidos- habían sido de seis.
CITAS. En fuentes cercanas a esta investigación, que gira en torno a una presunta trama orquestada para la adjudicación de obras y contratos y compras de productos a cambio de comisiones ilegales, se da por hecho que a lo largo de los meses de mayo, junio y julio García concluirá con la ronda de citaciones a imputados que comenzó este año.
Las futuras comparecencias de la ex presidenta del PP en Telde, María del Carmen Castellano, y la del ex tesorero del partido en la localidad, Carmelo Oliva, junto a la de Guillermo Reyes -el último imputado, por prevaricación- se dan ya por más que seguras.
Tras 26 meses de detenciones e interrogatorios, las cifras no dejan de llamar la atención de propios y extraños por lo abultado de sus dígitos. Las diligencias practicadas hasta la fecha, con unas indagaciones en las que también han tomado parte activa la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía, la Agencia Estatal Tributaria y la Audiencia de Cuentas de Canarias, arrojan una instrucción que supera con creces los 8.000 folios agrupados en una veintena larga de tomos y varias piezas separadas.
ORIGEN. Tras la denuncia presentada en agosto de 2005 por María Luz Navarro -representante de una empresa a la que se le adjudicó una pequeña obra en El Calero y que dijo haber sido objeto de cohecho por parte del ex asesor Francisco Gordillo para poder cobrar estos trabajos- se iniciaron las investigaciones con la intervención de varios teléfonos -lo que ha motivado que a día de hoy se atesoren cerca de medio millar de llamadas telefónicas en CD- y la primera ronda de arrestos, acaecida el 1 de marzo de 2006 y en la que fue detenida la que es considerada como principal cabecilla de esta supuesta trama: la ex concejala de Obras, María Antonia Torres.
Con Torres se inició el carrusel de apresamientos y con los hijos de Torres, en abril de 2007, se cerró. Trece meses de ajetreo. Sólo 11 de las 46 personas que se han visto implicadas en este peliagudo asunto han tenido la suerte de no tener que dejar sus huellas dactilares en comisaría.
Las consecuencias políticas, sociales y económicas del caso Faycán han sido también numerosas. El trabajo del juez y de la policía propició la imputación de una docena de políticos -con la dimisión del alcalde Valido tras la salida del pacto de gobierno del CCN y de Ciuca y la imputación del ex parlamentario regional Jorge Rodríguez como 'platos fuertes'- y la creación de un verdadero estado de psicosis y temor en el seno de la plantilla del Ayuntamiento que se vio alentado por los arrestos de varios funcionarios y que provocó que, durante muchos meses, el consistorio se encontrase en estado de coma y la inversión pública congelada casi por completo.
El colectivo empresarial ha sido otro de los que se han visto sacudidos con virulencia. La relación de inversores imputados supera la quincena, pero se apunta a que la misma podría seguir ampliándose en los meses que quedan.
GORDILLO. Las confesiones de Francisco Gordillo, que reconoció que recaudaba las supuestas comisiones exigidas por Torres "para el PP de Telde", dieron pie a más citaciones, y el descubrimiento parcial del secreto de sumario, hace ahora un año, no hizo más que destapar la caja de los truenos y despejar algunas dudas.
Un bloc de 40 hojas con un dibujo de Mickey Mouse en su portada es, a día de hoy y salvo sorpresas devenidas del estudio detallado del patrimonio de cada uno de los imputados, una de las principales pruebas que pesan en contra de Francisco Valido y la mayoría de sus ex ediles. Unas iniciales y un reparto de euros que los peritos caligráficos atribuyen a Torres y que los agentes creen que se corresponden con pagos ilegales.
El anterior regidor vio hace un mes cómo su comparecencia ante el juez y el fiscal le añadían un nuevo cargo al de cohecho, el de prevaricación. Por su parte, Torres, que compartirá el banquillo de los acusados con sus tres hijos y su actual marido, el interventor Enrique Orts, tiene en su contra los cálculos de la Policía Nacional y un auto del juez. En los papeles se sostiene que la concejala, que sólo declaró la primera vez, pudo embolsarse más de 660.000 euros en comisiones.
Pocas noticias buenas han tenido en estos años los imputados de Telde. Salvo la masiva reducción o supresión de las fianzas -que no de los cargos- el trabajo de los investigadores ha contribuido a hacer aflorar sospechas hacia los más diversos ámbitos. Más allá de Obras Públicas, García ha puesto sus ojos en varias ramificaciones que se han saldado con el seguimiento a los acuerdos cerrados por el gobierno de PP y AFV-Ciuca con Grupo Europa o Santana Cazorla, por solo citar dos ejemplos. De hecho, Faycán ha cruzado fronteras hasta llegar a Moya, Guía de Isora o el Puerto.
* La Provincia - ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ - TELDE - 04 de mayo de 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
Los vecinos advierten que el hotel del Valencia genera un 'grave' precedente urbanístico
LEVANTE* : La segunda modificación del PGOU que permitirá al Valencia la construcción de un hotel de hasta 20 alturas anexo al nuevo estadio de Corts Valencianes culmina un proceso auspiciado por el Ayuntamiento de Valencia que ha convertido "una parcela pública deportiva en una parcela privada lucrativa".
Lo dicen las alegaciones que ha presentado contra la nueva modificación del planeamiento la plataforma vecinal de Benicalap contraria a la construcción del estadio.
Los vecinos reclaman que en los 89.000 metros cuadrados de edificabilidad que tiene la parcela se mantenga como uso dominante el deportivo; que las tiendas y oficinas previstas se construyan dentro de las instalaciones y que no se exima al club del cumplimiento de las normas urbanísticas del plan de Ademuz que obligarían a retranquear 15 metros la línea de fachada. El hotel no cabría con ese retranqueo.
Los vecinos critican las interpretaciones "interesadas" de los usos permitidos y que "las modificaciones se han hecho para que el cómputo de la edificabilidad sea favorable al uso terciario", ya sean tiendas, oficinas o un hotel.
Insisten en que el uso hotelero "está claramente prohibido" en el PGOU y que la doble recalificación "sentará un grave precedente en la ciudad" porque abrirá la puerta a que las parcelas educativas o sanitarias -calificadas como el suelo del nuevo Mestalla como sistema general- se puedan segregar para construir zonas comerciales y oficinas.
Las normas urbanísticas permiten igualmente usos terciarios, oficinas e instalaciones recreativas como actividad complementaria, si bien hasta ahora no se ha dado el caso de que un centro educativo o deportivo rentabilice esa posibilidad. Los vecinos alegan que el club -a quien asesora el arquitecto y autor del PGOU de 1988, Alejandro Escribano- ha hecho una interpretación "torticera" de las normas urbanísticas y pretende que haya una edificabilidad deportiva y una lucrativa -que se gana a costa de no computar la edificabilidad de las gradas, entre otros elementos-. La plataforma cree que "se está perjudicando el interés patrimonial de todos los ciudadanos" porque las permutas que se hicieron con el club se calcularon en base a un terreno deportivo.
El valor pasa de 45 a 150 millones
El solar municipal de Corts Valencianes, que tiene una superficie de 69.000 metros cuadrados se valoró en 45 millones de euros. Con los nuevos usos hoteleros permitidos el valor de mercado se incrementaría a 150 millones. Los vecinos consideran en que el uso terciario que se permite en el nuevo estadio debe ser complementario del uso dominante, que es el deportivo y "no un negocio al margen de dicha actividad".
Esto sólo permitiría al club construir pequeños comercios de material deportivo, oficinas para el club y otros espacios para las peñas deportivas. La modificación del PGOU aprobada inicialmente el 29 de febrero aún tiene que pasar por la comisión territorial de Urbanismo. La construcción de un hotel en las proximidades del campo valencianista no es nueva. De hecho el club todavía tiene pendiente un pleito con Barcino Hotels que recurrió la suspensión unilateral del contrato suscrito con la sociedad deportiva en 2001 y 2002 para dedicar la estructura existente adosada al estadio a establecimiento hotelero y explotar los aparcamientos en el subsuelo respectivamente. La empresa incluso obtuvo licencia de obras en 2002.
Sin embargo, cuando el TSJ anuló la ampliación del campo (decisión posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo y aún sin ejecutar), el consistorio suspendió el permiso y, al parecer, no llegó a notificarlo. El Valencia entonces resolvió los contratos y las firmas afectadas acudieron a los tribunales. La cadena hotelera intentó sin éxito que el club le compense con una de las torres previstas en la reclasificación de Mestalla.
* Levante-EMV - H. G., Valencia - 04 de mayo de 2008
Foto: En obras. La construcción del nuevo estadio avanza en el antiguo solar municipal de Corts Valencianes/ fernando bustamante, levante-emv.com
El alcalde de Sayalonga, imputado por presuntas irregularidades urbanísticas
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SUR/Málaga* : Un juzgado de Torrox ha citado como imputado al alcalde de Sayalonga, el socialista José Luis Navas, para declarar en un procedimiento judicial abierto por presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con la construcción de cuatro viviendas en suelo agrícola. En concreto, al regidor se le imputan presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho.
Navas, sin embargo, ha asegurado que las cuatro viviendas agrícolas cuentan con todos los permisos y licencias municipales, por lo que dice estar seguro de la legalidad de su actuación como alcalde.
Asimismo, el mandatario se ha mostrado convencido del sobreseimiento y archivo del caso una vez que el juzgado que ha abierto las diligencias conozca y analice toda la documentación.
El procedimiento judicial se inicia a raíz de una denuncia realizada ante la Fiscalía por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la construcción de cuatro viviendas en suelo rústico, concretamente en la zona conocida como Bajatillo, según ha declarado el alcalde.
Denuncia
Las presuntas irregularidades urbanísticas por las que el juzgado torroxeño ha citado a declarar a Navas fueron detectadas a raíz de una inspección rutinaria de los agentes del Seprona, aunque el alcalde dice estar convencido de que detrás se esconde la denuncia de un particular. «Son cuatro viviendas agrícolas que cuentan con su preceptivo proyecto de actuación», según el regidor. El proyecto de actuación es exigido para justificar el uso agrario de la parcela en la que se quiere edificar. «Estamos hablando de casas que están construidas desde hace entre tres y un año en parcelas que superan los 5.000 metros cuadrados y que toda la vida se han dedicado al cultivo del níspero y el olivo», ha asegurado Navas.
El alcalde ha anunciado su intención de iniciar acciones legales una vez que se archive la causa para restituir su imagen. «No se puede acusar gratuitamente a nadie de esta manera, porque no hay ningún indicio de delito», ha asegurado Navas.
El de Sayalonga no es el único alcalde de la comarca que está procesado por un presunto delito urbanístico. Recientemente, la Fiscalía de Málaga ha solicitado un año y medio de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo público para el alcalde socialista de La Viñuela, Juan Millán, por conceder presuntamente tres licencias de obras para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y sin realizar los trámites necesarios en los expedientes.
Otros casos
También la Fiscalía ha denunciado al alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE), por conceder presuntamente licencias de reforma cuando en realidad se trataba de nuevas construcciones en suelo no urbanizable. El pasado mes de marzo, el ex alcalde popular de Cómpeta, Leovigildo López, ya retirado de la vida pública, era condenado a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística, también relacionado con la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable.
* SUR - 04.05.08 - A. PELÁEZ / J. CANO
Foto: Sayalonga (Málaga) - participaenandalucia.net
El mal ejemplo de Seseña
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ELPAÍS* : Seseña (Toledo) se ha convertido en el gran emblema del fiasco inmobiliario. En la macrourbanización de Francisco Hernando, Paco El Pocero, los inversores que adquirieron viviendas compiten con el promotor con descuentos suculentos. Hernando lo tiene mal para levantar 13.508 viviendas. De éstas, hace un mes tenían licencia de primera ocupación 2.536. En la urbanización sólo residían 750 personas. Sin embargo, Seseña es sólo la punta del iceberg.
Según los datos del Consejo de Colegios de Arquitectos Técnicos y Aparejadores, Castilla-La Mancha es la quinta comunidad que más ha construido en los últimos tres años: 123.000 viviendas de obra nueva. De éstas, de acuerdo con el Colegio de Registradores y el INE, las inmobiliarias han vendido sólo 38.907, lo que arroja una enorme bolsa de 85.763 pisos sin hallar comprador. Dos de cada tres de los terminados desde 2005.
El director de Análisis de la consultora Aguirre Newman, Javier García-Mateo, asegura que muchas de estas promociones se han ido construyendo al calor del trazado del AVE en la comunidad. "Eran poblaciones con suelo muy barato que se adquirió con fines especulativos", afirma.
Las viviendas que se han ido construyendo en Castilla-La Mancha no han parado de crecer. Se terminaron alrededor de 31.000 en 2005, 37.500 en 2006 y 47.500 el año pasado. En cambio, la demanda se mantuvo muy estable durante todo este tiempo: se vendían unas 12.000 casas al año.
El director del Máster de Asesoría y Consultoría Inmobiliaria de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, sostiene que los promotores han jugado con el desplazamiento de ciudadanos madrileños a la periferia para edificar en Castilla-La Mancha. "Creían que la subida de precios de la capital expulsaría los ciudadanos de la comunidad. Y compraron suelos a precios bajísimos para vender pisos a precios muy altos, pensando que la demanda sería infinita. Pero el exceso de oferta es enorme", afirma Bernardos.
García-Mateo recuerda que en Castilla-La Mancha se han desarrollado resorts turísticos. El mayor de todos, está previsto que esté operativo en 2010. Es El Reino de Don Quijote, a tres kilómetros de Ciudad Real, que tendrá un casino de la firma americana Caesars. Se trata de un desarrollo urbanístico que cuenta con 1.250 hectáreas. En él habrá un casino, hoteles, balnearios y, cruzando las vías del AVE, 8.900 viviendas, de las cuales se construirán 2.000 en una primera fase.
* ELPAIS.com - LL. PELLICER - Barcelona - 04/05/2008
Foto: Seseña macrourbanización - ULY MARTÍN (El País)
La M-30 pudo incumplir las normas ambientales
El Juzgado nº 22 de lo contencioso administrativo de Madrid, a instancias de Ecologistas en Acción*, planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trataba de determinar si los proyectos de ampliación y reforma de la M-30 cumplieron con la normativa ambiental comunitaria. Tras las declaraciones de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea todo parece indicar que el Tribunal dará la razón a la organización ecologista.
Ecologistas en Acción interpuso en julio de 2005 un recurso contencioso administrativo contra la aprobación de los proyectos de la M-30 que afectaban a las riberas del río Manzanares, tras haber presentado las correspondientes alegaciones e incluso presentado ante el propio Ayuntamiento el pertinente recurso administrativo.
A lo largo del procedimiento, Ecologistas en Acción ha defendido la nulidad de los proyectos por la flagrante vulneración de la normativa medioambiental y de protección del patrimonio histórico y cultural que supuso su aprobación. El Ayuntamiento, como es sabido, se oponía arguyendo que la obligación de someter a la previa evaluación de impacto ambiental a los proyectos de reforma de autovías y carreteras no resulta aplicable a “vías urbanas” como la M-30.
Pero, en contra de esta interpretación del gobierno municipal, el Magistrado-Juez Titular del citado Juzgado entendió en su Auto que el proyecto “Madrid calle 30” supone una “magna y compleja obra de ingeniería civil que responde a un proyecto global y unitario de mejora y reforma de la práctica totalidad de la autovía de circunvalación de Madrid” que ha sido “fragmentado y tramitado como quince proyectos distintos e independientes” sin que ninguno de ellos haya sido evaluado ambientalmente con carácter previo a su aprobación, lo que “justifica la necesidad de cuestionar si es preceptiva desde la óptica normativa europea de medioambiente su sumisión a previa y preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental”.
Dado que la normativa de evaluación ambiental tanto española como autonómica derivan de la Directiva 85/377 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, el Juzgado núm. 22 de lo contencioso resolvió en enero de 2007 remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por cierto, que se trata de la primera vez que se ha utilizado este mecanismo en un asunto de carácter medioambiental.
De este modo, el máximo intérprete de la legislación comunitaria se pronunciará en breve acerca de la aplicabilidad de la citada normativa comunitaria a los proyectos que aprobó y ejecutó el Gobierno municipal presidido por Alberto Ruiz-Gallardón. Y, para la organización ecologista, después de escuchar las declaraciones de la Abogada General, no le cabe duda de que el Tribunal de Justicia de la UE fallará quitando la razón al Ayuntamiento.
Una vez exista sentencia firme del Tribunal Europeo, el Magistrado-Juez del Juzgado contencioso administrativo nº 22 dictará su sentencia que, en buena lógica, no podrá contradecir a la más alta instancia judicial europea. Se hará así evidente lo que ha venido defendiendo Ecologistas en Acción desde el primer momento: que pese a los intentos de distracción del Ayuntamiento, pocas dudas hay de la continua vulneración de la legislación ambiental que ha supuesto esta obra, que sólo ha estado sujeta a los intereses electoralistas de Ruiz-Gallardón. Convienen recordar que entre otros, la obra acumula un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, un duro informe del Parlamento Europeo y, ahora, un más que previsible refrendo de esta ilegalidad por parte del Tribunal Europeo de Luxemburgo.
* Ecologistas en Acción de Madrid - 30 de abril 2008
La Guardia Civil investiga las dos operaciones en Campos
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DIARIODEMALLORCA* : La policía judicial de la Guardia Civil, siguiendo instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción y del juez que instruye el caso Plan Territorial de Mallorca, Miquel Florit, está recabando información sobre las dos operaciones urbanísticas en el municipio de Campos, que de llevarse a cabo generarían plusvalías millonarias.
En el primero de los casos, estaba previsto que mediante una área de reconversión territorial directa se trasladara hasta la zona de sa Vinyola la edificabilidad de los hoteles Don Pedro, en la Cala de Sant Vicenç (Pollença), o en su caso el Rocamar (Sóller), a cambio de demolerlos. A la Fiscalía le llama poderosamente la atención que, en el caso del establecimiento solleric, el Plan Territorial lo incluya para el trasvase de sus plazas turísticas hasta Campos cuando el hotel fue dado de baja definitiva en 2002, con lo cual carece de edificabilidad.
Con todo, de urbanizarse el área prevista en sa Vinyola mediante este canje urbanístico, los propietarios de esta finca en Campos se verían beneficiados con una reclasificación a suelo urbano de 42 hectáreas, para un complejo hotelero-residencial de más de mil plazas hoteleras y 234 viviendas.
En la segunda operación, los afortunados serían los propietarios del predio de Son Durí, donde se levanta una vieja vaquería que sería reconvertida en un centro de interpretación para el salobral de Campos, muy cerca del lugar. Para compensar a sus dueños, se les permitiría urbanizar unas 35 hectáreas hoy clasificadas como suelo rústico.
En ambos casos, la Fiscalía Anticorrupción considera que los responsables políticos del Plan Territorial siguieron criterios del todo arbitrarios para determinar las fincas que serían objeto de trasvases, con el único fin de favorecer intereses privados.
* Diario de Mallorca - 03 de mayo de 2008
Foto: Vaquería de sa Ràpita vinculada a una de las áreas de reconversión territorial/ T. Obrador, diariodemallorca.es
NOTICIA RELACIONADA: El ´pelotazo´ de la vaquería de Campos beneficiaba a la cúpula del PP local - Diario de Mallorca - 04 de mayo de 2008
Efectos colaterales de la Fórmula 1
ELPAÍS/Valencia : Vecinos afectados discrepan sobre perjuicios y beneficios del circuito urbano. A pocas fechas de la celebración en agosto del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, que acogerá el circuito urbano de Valencia, es mayoritario el consenso social en torno a la prueba automovilística.
Como muestra, la venta en apenas diez días de las 112.771 entradas previstas inicialmente para seguir en directo el espectáculo. Sin embargo, en los barrios afectados por el trazado el debate sobre los perjuicios y beneficios de la prueba fluctúa entre la oposición total al circuito urbano, el aplazamiento de los juicios de valor al día después y las adhesiones más entusiastas. Las molestias por los accesos, los ruidos y la falta de aparcamientos, las inversiones aplazadas en estos barrios frente a la millonaria inversión en el circuito, la falta de información o las incógnitas de futuro son algunos de los temas que planean sobre el asfalto del gran premio.
Julio Moltó, de Veïns i Veïnes de Natzaret, plantea objeciones sobre la forma en que la Administración valenciana ha conducido la construcción del circuito, "sin ningún tipo de información". "Solo tenemos un decreto de excepción legal", dice. Moltó, que califica así el decreto del día 8 de febrero con el que la Generalitat declaraba de interés general el Gran Premio de Europa eximiéndolo de la declaración de impacto ambiental y habilitanado procesos de expropiación urgentes. Eso ha permitido, a su juicio, que se haya construido "parte del circuito en una zona inundable", circunstancia denunciada por los ecologistas ante el Parlamento Europeo, o que "no se haga nada respecto al ruido". "Eso sí, los vecinos no sabemos todavía por dónde vamos a poder salir", añade. Para esta asociación, el día después también se antoja problemático. "Si tomamos como referencia el circuito urbano de Mónaco, se necesitan entre 30 y 40 días para desmontar todo el tinglado, por eso creemos que el circuito seguirá generando problemas". Moltó, en todo caso, aporta objeciones de fondo. "Se está financiando un negocio privado en barrios donde hay gente que no llega a final de mes. En vez de eso, se deberían atender las necesidades de Natzaret", dice, y desgrana carencias como un instituto, escuelas infantiles, residencias para la tercera edad, el soterramiento de vías o la llegada del tranvía.
Vicente Gallart, vicepresidente de la asociación vecinal de El Cabanyal, incide también en la "falta total de información". "Se ha hecho todo a espaldas de los vecinos y de los colectivos. Y no han hecho caso", afirma en referencia al Ayuntamiento, "ante preguntas tan normales como los aparcamientos o las medidas que piensan adoptar por el tema del ruido. Les guste o no, el circuito urbano requiere muchas explicaciones". Gallart es muy crítico asimismo con la medida anunciada por la alcaldesa, Rita Barberá, de habilitar unos toldos para tapar las zonas más degradadas y no generar un impacto visual negativo. "Nos parece alucinante que se preocupen de esas cosas en vez de preocuparse del urbanismo de la ciudad". Y pone el acento en las consecuencias a medio y largo plazo. "A nivel urbanístico nos preocupa que esta parte de la ciudad se esté planificando con el circuito como punto de partida. Hubo un concurso de ideas", recuerda en alusión al que ganaron ex aequo Meinhard von Gerkan y Jean Nouvel y del que se ha encargado José María Tomás, "y no sabemos qué va a pasar con todo esto. Y hay una parte del circuito que no coincide con la futura red viaria contemplada en el avance del Plan General".
"Nosotros no hemos estado nunca de acuerdo con el circuito", afirma tajante el presidente de la asociación Grau Port, Jesús Vicente. "Se están gastando muchísimo dinero, cuando el barrio no tiene ningún tipo de servicio. No tenemos, por ejemplo, un centro de atención primaria que nos han prometido muchas veces. Por lo visto, no hay dinero porque se gasta en otras cosas". Vicente alerta del aislamiento que se puede producir en los barrios marítimos ("a partir del Puente de Serrería dicen que los vecinos podremos pasar identificándonos", se lamenta) e incluso aventura serias dificultades para la prueba. "Esto va a ser una ratonera. Que no pase nada, pero si pasa, veremos por dónde sale la gente".
Desde la asociación Baleares Grau se contempla el tema con algo más de distanciamiento. "Como asociación, queremos esperar al día después para hacer la evaluación. No queremos aventurarnos y decir cuatro barbaridades sin tener fundamento, no merece la pena", señala su presidente, Balbino Albiñana, que deja muy claro: "No estamos en contra del evento deportivo". Si bien muestra su preferencia por que se hubiese celebrado en el circuito de Cheste. De cualquier forma, Albiñana cita los problemas recurrentes de ruido, aparcamientos y accesos y su escepticismo ante las infraestructuras "de quita y pon" como los jardines o las gradas. Al final, no esconde su preocupación por la contradicción entre el "despilfarro" que rodea el Gran Premio y las carencias dotacionales de los poblados marítimos, pero tampoco oculta que entre un sector de los vecinos el circuito urbano es visto con buenos ojos. "El marketing hace mucho. Con el circuito está pasando lo mismo que con la Copa del América. A la gente le están vendiendo muy bien la moto".
De hecho, ni los dirigentes vecinales más críticos ocultan que existe un sector de los vecinos que ven con buenos ojos la prueba, ya sea porque les ilusiona ser el centro de un evento de esta magnitud o, directamente, porque han visto oportunidades de negocio en la prueba, como los propietarios de la calle de JJ Dómine, del Grau, que van a poder hacer suculentos negocios con el alquiler de sus terrazas. En total, calculan obtener unos beneficios cercanos a los 600.000 euros.
José Antonio Barba, presidente de la asociación Natzaret Unido, se sitúa en la línea del posibilismo. "Gracias al circuito se está realizando el PAI Grau-Cabanyal, hay una zona que ya se está urbanizando y nos están quitando una gran cantidad de mierda de encima", dice sin tapujos. "Es más: si no fuera por el circuito, el PAI no se llevaría a cabo. Y si no se invierte aquí está claro que ese dinero no irá a un centro de salud o una residencia para jubilados", arguye. A diferencia de otras asociaciones, Barba asegura haber tenido contactos frecuentes con las administraciones. "Todo esto hay que negociarlo, hablarlo, pero decir que no a una cosa que va a hacerse igual no lleva a ninguna parte. ¿Qué mejor que estar dentro? Si decimos que no, nos apartan de las negociaciones", explica, y reconoce que eso ha pasado con los colectivos vecinales críticos con la prueba. Barba pone como ejemplo de colaboración la celebración de la Copa del América. "En las negociaciones sacamos cosas positivas para el barrio", dice, y cita 800.000 euros para la biblioteca y 64 millones más para un centro de salud y para la reforma del parque deportivo de Natzaret. En el caso concreto de la F-1, Barba asegura estar negociando con el Ayuntamiento distintas alternativas de accesos y transporte para minimizar el impacto del gran premio. "No podemos ir en contra de la ciudad, porque la ciudad quiere el circuito. Y si la visión de la gente fuera negativa, se hubiera visto en las urnas, pero el PP ha reforzado su mayoría incluso en los colegios electorales de las zonas donde va la F-1", comenta, y lanza un desafío a los colectivos críticos con la prueba: "Habrá que pensar para quién están trabajando las asociaciones".
* ELPAIS.com - XAVIER ALIAGA - Valencia - 02/05/2008
Foto: Una vista del circuito urbano de Fórmula 1, junto al Puerto de Valencia- SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com
La UE estudia denunciar a la Comunidad de Madrid
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DIAGONAL* : El ambicioso plan de carreteras por el que la Comunidad de Madrid pretende construir 334 kilómetros más de carreteras antes de 2011 está en el punto de mira de la Comisión Europea por la vulneración de la legislación medioambiental.
Desde que el Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid fuera aprobado el 15 de noviembre de 2007, la polémica ha estado servida, tanto por la oposición de los grupos ecologistas como por la constante confrontación entre el Ministerio de Fomento y la CAM.
El cierre de la M-50 es uno de los proyectos de este Plan que más polémica ha suscitado. El trazado elegido por el Gobierno regional prevé la construcción de tres túneles. Uno de ellos, de 10 kilómetros, recorre subterráneamente el Monte del Pardo, y otro se situará en la zona de San Sebastián de los Reyes, conocida como Dehesa Vieja : ambos lugares están clasificados por la Ley del Parque Regional como Reserva Natural Educativa por albergar un encinar en excelente estado de conservación.
El Ministerio de Fomento congeló el proyecto del cierre de la M-50 en el 2004 alegando los graves impactos ambientales que generaría, y propuso un tramo alternativo, que para los grupos ecologistas tampoco era la solución más adecuada. Esperanza Aguirre afirmó en su momento que no aprobaría ninguna propuesta alternativa a la M-50 que no fuese la de su equipo de Gobierno, y aseguró que la construiría por su cuenta, aunque fuese necesario cambiarle el nombre. A principios de abril, la Comunidad de Madrid dio luz verde al trámite de la M-61, el tramo más polémico del cierre norte de la M-50. Mientras tanto, el proyecto se encontraba bajo período de información pública para que participara la población antes de que se emitiera la Declaración de Impacto Ambiental, presentando dos alternativas de cierre : una con la construcción del túnel debajo del Monte del Pardo y otra por el embalse de Santillana. Pero antes de que se acabara este procedimiento, el consejero de Transportes anunció el tramo por debajo del Monte del Pardo, demostrando su nulo interés por la participación ciudadana y los procedimientos ambientales.
Coincidiendo con el anuncio de la presidenta, la Comisión Europea declaró que el Plan de Carreteras 2007- 2011 de la Comunidad de Madrid sería investigado por su aparente vulneración de la legislación medioambiental en materia de hábitats y de evaluación de impacto ambiental.
David Hammerstein, eurodiputado del grupo Verde, que realizó la interpelación en Bruselas, denuncia que, de llevarse a cabo el plan, se verá afectada gravemente la Red Natura 2000, cinco zonas declaradas de interés comunitario y una zona de especial protección para las aves. Al mismo tiempo, la Comisión Europea estudia denunciar las obras de la M-501, al constatar que éstas se siguen ejecutando sin tener la obligatoria evaluación de impacto ambiental.
El consejero de Transportes, Manuel Lamela, hace oídos sordos a cualquier voz discordante con el proyecto y Aguirre se lava las manos atribuyendo tanta oposición a la discriminación que el Gobierno del PSOE lleva ejerciendo en esta comunidad para llevar a cabo una modernización de sus infraestructuras viarias, convirtiendo el Plan en uno de sus principales desafíos políticos con el Gobierno Zapatero. La carrera de la presidenta de la CAM por llevar a cabo el Plan de Carreteras más ambicioso que se ha emprendido nunca en la región, parece que se hará con o sin el apoyo del Gobierno estatal. El programa pretende construir 334 kilómetros más de vías, casi el 14% de la existente red regional y siete nuevas carreteras, con una inversión prevista de 4.200 millones de euros, que según la presidenta permitirá a los ciudadanos madrileños contar con unas infraestructuras viarias de calidad para desplazarse con libertad, rapidez y comodidad. Esta partida presupuestaria supera en 800 millones la partida que el Ministerio de Fomento ha ofrecido al Ejecutivo regional para realizar las obras. El informe presentado por Ecologistas en Acción, Afecciones de la construcción de nuevas autovías previstas sobre el Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares, pone de manifiesto cómo el Gobierno de Esperanza Aguirre parece actuar como si en la Comunidad de Madrid hubiera una baja dotación de autovías y carreteras, mientras que los datos demuestran una saturación y sobredotación de las mismas, siendo el Área Metropolitana de Madrid la región europea con más kilómetros en autovías y autopistas en relación a la población.
Intereses especulativos
Para Ecologistas en Acción, hay unos indiscutibles intereses especulativos con la construcción de este tipo de autovías, por encima de las necesidades reales de los ciudadanos. Según afirma Paco Segura, portavoz de esta organización, “es evidente que detrás de la mayor parte de los proyectos de las autopistas ya hay un negocio en sí para las constructoras, porque no olvidemos que son las empresas que más influencia política tienen y en gran medida condicionan la política de construcción desaforada de infraestructuras a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Además del negocio de la obra, continúa Segura, “lo que ocurre es que cada nueva autovía pone mucho más territorio a tiro de las urbanizadoras, al aumentar la accesibilidad al mismo y, por tanto, ganando valor urbanístico, algo que corroboran los paisajes típicos a los que nos tienen acostumbrados de urbanizaciones dispersas”. “El cierre de la M-50 desgajaría zonas protegidas en distintos trozos de territorio que quedarían rodeados por la autovía y que, evidentemente, se convertirán en pasto de las urbanizadoras”, concluye Segura.
Aire y salud pública
El incremento de la movilidad privada que se prevé con el Plan de Carreteras de la CAM tendrá consecuencias directas en la emisión de gases de efecto invernadero. Además, Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, denuncian que la CAM ya supera los límites legales de contaminantes establecidos para la protección de la salud y denuncian que esta política de transporte camina en sentido completamente opuesto.
* Periódico Diagonal - Carolina Yacamán - 1 may -14 may 2008
Foto: Atascos y contaminación Madrid - Uly Martín (El País)
Los vecinos rechazan la reordenación porque amplía el puerto y ´destroza´ la bahía de Xàbia
LEVANTE/Alacant* : La Federación de Asociaciones de Vecinos de Xàbia ya se ha pronunciado sobre la propuesta de reordenación y ampliación del puerto del municipio. Lejos de cualquier sorpresa, los vecinos vuelven a decir "no" aunque esta vez a la iniciativa de la conselleria de Infraestructuras y no al proyecto de una empresa privada.
La reordenación pública implica trasladar las actuales instalaciones del club náutico y la Cofradía de Pescadores y crear unos 350 amarres nuevos.
La federación de vecinos tilda la propuesta de la conselleria, en un comunicado enviado ayer a los medios de comunicación, de "no clara", porque "detrás de ella lo que hay es una ampliación portuaria al estilo del último proyecto de la empresa Marina Punta del Este".
La ampliación propuesta, según los vecinos, "destrozaría nuestra hermosa bahía, produciría fuertes estancamientos del agua, suciedad, pérdida de transparencia de las aguas y peligro de contaminación de nuestra emblemática playa de la Grava". Además, la ejecución de la nueva escollera de Levante "llegaría a afectar a la reserva marina de la zona del Tangó porque, obviamente, se necesitarían miles de toneladas de materiales y de hormigón".
Los vecinos creen que el puerto de Xàbia puede albergar entre 250 y 270 amarres más sin la necesidad de proyectar grandes propuestas y obras faraónicas, tan sólo con una reordenación del espejo de agua existente. Por eso, piden a la conselleria que tenga en cuenta las alegaciones presentadas en su día contra la ampliación que propuso la mercantil Marina Punta del Este y "se deje de macroproyectos como el propuesto, que al único que puede beneficiar es a la empresa a la que se le adjudique la concesión".
Por otra parte, ayer el grupo municipal Nueva Jávea explicó en un comunicado que en el seno del partido se ha iniciado una reflexión y estudio de la propuesta de la conselleria y que no habrá pronunciamiento por su parte hasta que no finalice ese período.
No obstante, Nueva Jávea valora "positivamente que se haya abordado la problemática del puerto desde un punto de vista global, analizando no sólo la posible ampliación sino también la mejora de su entorno".
Para concluir, el grupo municipal apunta que ya que se ha iniciado el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que debe analizar el modelo territorial, "es imprescindible trasladar este debate a la mesa de la comisión de urbanismo para analizarlo conjuntamente con el resto de previsiones que se tengan para el municipio".
* Levante-EMV - M. J. Mascarell, Xàbia - 03 de mayo de 2008
Foto: Xabia - lasprovincias.es
Fuerteventura: Las cesiones a la cadena de hoteles RIU invalidan la Ley de Costas
JESÚS GIRÁLDEZ MACÍA* : El chantaje de la cadena hotelera RIU en Fuerteventura es un caso ilustrativo de la connivencia de intereses políticos y económicos que llevan décadas ‘marbellizando’ Canarias. Todo comenzó al principio de la década de los ‘70, justo cuando el primer boom turístico estaba en su apogeo. Fuerteventura seguía despoblada y había sufrido la última emigración general de Canarias, esta vez hacia el Sáhara (todavía colonia española).
Entonces, unos hoteles vinieron como caídos del cielo: el Hotel Tres Islas y el Hotel Oliva Beach –ambos de la cadena hotelera RIU– que, sin embargo, cayeron justo sobre las Dunas de Corralejo (municipio de La Oliva). Apenas una década después de su construcción, estos hoteles se convirtieron en uno de los objetivos de las luchas del movimiento ecologista y político majorero, entonces todavía de la mano.
Asamblea Majorera (ahora Coalición Canaria) hizo de la lucha contra los hoteles de las Dunas una de sus señas de identidad. Se organizaron actos reivindicativos y hasta una manifestación en las puertas de los hoteles. Entre otros, encabezaban la lucha en esos tiempos convulsos dos jóvenes izquierdistas significados, Mario Cabrera y Claudina Morales, hoy al frente del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de La Oliva, respectivamente. En los años ‘80 solicitaban su demolición; hoy participan –con la inestimable colaboración del PSOE majorero y español– de su salvaguarda como moderna seña de identidad.
Todas las instituciones han cedido ante los poderosos intereses empresariales de la cadena RIU. No es baladí que, según los propios balances de la cadena hotelera, ésta facturó durante el año 2006 un total de 1.018 millones de euros, un 8,2% más que durante 2005. Con semejantes beneficios, las nóminas ocultas se amplían.
Cronología de un chantaje
En el momento de la construcción de los Hoteles de las Dunas, el Estado realizó una concesión administrativa de su suelo por 30 años. En 1982, las Dunas de Corralejo fueron declaradas como espacio protegido, con la categoría de Parque Natural. Pero diez años después, la Dirección General de Costas realizó el deslinde que certificaba la presencia de los Hoteles dentro del dominio marítimo-terrestre. Las empresas de los Hoteles RIU y Geafond y el Ayuntamiento de La Oliva (entonces gobernado por el PP) recurrieron la sentencia. Y en 2003, la Dirección General de Costas, seis días antes de que el Tribunal Supremo fallara a favor de los intereses públicos, le concedió una nueva concesión por 60 años a la cadena RIU, nueva propietaria del Oliva Beach, en un acto manifiestamente ilegal.
Ya en 2004, el Ayuntamiento de La Oliva le concedió permiso al Hotel Oliva Beach para reformar el hotel pese a la oposición de los colectivos ecologistas. La reforma, camuflada como obra menor, significó una reforma profunda del hotel y la constatación de que el otorgamiento de la licencia daría continuidad a los hoteles en el espacio natural. El Ministerio de Medio Ambiente emitió, un año después, un listado de edificios que, por incumplir la Ley de Costas, deberán ser demolidos. Este listado incluía a ambos hoteles. La ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró que “la demolición y posterior recuperación ambiental de los dos hoteles situados en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo es una aspiración de la Dirección General de Costas, en cumplimiento de las finalidades establecidas en el articulado de la Ley de Costas”.
Las presiones de la poderosa cadena hotelera RIU han conseguido que el canario José Fernández (Director de Costas) y Cristina Narbona den marcha atrás y suscriban un acuerdo ilegal, según el cual la cadena RIU cede al Estado la titularidad de la Isla de Lobos a cambio de obtener nuevas concesiones para sus hoteles (diez años para el Oliva Beach, 30 años para el Tres Islas). Recordemos que la Isla de Lobos es Parque Natural y, por lo tanto, la cadena RIU nunca podría construir en ella. Con este acuerdo de cesión, RIU dejará de pagar 60.000 euros anules por el pago de los Impuestos de Bienes Inmuebles.
Expropiación en Los Molinos
La presión ejercida por la actividad turística y constructora en Canarias es enorme. Se ha especulado hasta el último metro cuadrado, aunque coincida con la bajamar. Se han apropiado de los espacios públicos. Y en eso llegó la Ley de Costas y su talante igualitario y, según sus estimaciones, cerca de 2.000 construcciones se verán afectadas. Con la aplicación de la Ley de Costas han comenzado los derribos en Los Molinos, en la costa occidental de la isla de Fuerteventura. Los Molinos fue un pequeño enclave donde los pescadores fueron poco a poco construyendo un poblado, para dar refugio a las artes marineras y cobijo a sus pobladores. Con posterioridad, algunos habitantes de Fuerteventura fueron construyendo allí algunos cuartos para los fines de semana y continuar con la tradición de la pesca, ahora como entretenimiento. El poblado no tiene más de treinta casitas, pero la gran mayoría construidas en la franja marítima terrestre, una zona pública.
* Diagonal
* Rebelión - 01-05-2008
