Baleares: Políticos en el banquillo

DIARIODEMALLORCA* : Desarrollan su trabajo en el Parlament, en el Consell, al frente de un consistorio o en alguna otra institución pública o, simplemente, están alejados de la política pero fueron imputados durante su trabajo en la cosa pública. Más de cincuenta políticos o ex políticos se encuentran inmersos en procesos judiciales, alguno de los cuales se inició con la vista puesta en altos cargos que finalmente fueron exonerados por la justicia, que acabó acusando a meros funcionarios o empleados públicos de menor nivel.

Estos son los casos en los que están implicados, de una u otra forma, políticos de Balears y cuyas primeras vistas comienzan en breve. La más inmediata, la que abre la serie del caso Andratx, arranca mañana.

CASO ANDRATX
La fiscalía anticorrupción, en estrecha colaboración con la Agencia Tributaria, puso en marcha el 27 de noviembre de 2006 una gran operación contra la corrupción urbanística en Andratx. Ese mismo día, dos políticos del PP fueron detenidos: el entonces alcalde del municipio de Ponent, Eugenio Hidalgo, y Jaume Massot, que ostentaba el cargo de director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas.
Uno de los principales artífices de esta trama de corrupción urbanística, el celador municipal Jaime Gibert, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable, lo que ha dado un espectacular giro a la instrucción de un complejo sumario en el que hay abiertas hasta setenta piezas separadas. El ex empleado municipal podría ser acusado de varios delitos de falsedad documental y de cooperador necesario en delitos de prevaricación urbanística.
La asunción de culpas de Gibert contrasta con la actitud de los dos políticos implicados, que siempre han negado todos los cargos presentados contra ellos. La primera consecuencia de este pacto Gibert-fiscalía se podrá ver mañana en la sección segunda de la Audiencia de Palma, donde tendrán lugar el primer juicio por una pieza separada del caso Andratx. Se juzga la construcción de una vivienda unifamiliar del ex primer edil en un área de especial protección. Hidalgo y Massot están imputados por falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio.

CASO PTM
Uno de los casos de corrupción más sonados destapados últimamente es el del Plan Territorial de Mallorca (PTM). El magistrado Miquel Florit, por el momento, ha citado en calidad de imputados a Bartomeu Vicens, diputado y portavoz de UM en el Parlament, y a Jaume Font, conseller y portavoz popular en el Consell de Mallorca. Junto a ellos, dos notorios promotores inmobiliarios, Vicenç Grande y Mateo Sastre. El presunto delito: el uso de información privilegiada sobre futuras recalificaciones de fincas rústicas a urbanizables, un proceso que materializó el Plan Territorial de Mallorca a través de las Áreas de Reconversión Territorial (ART). Los canjes urbanísticos de diferentes terrenos contemplados en el PTM habrían generado unos pelotazos estimados inicialmente en más de 300 millones de euros. Florit tomará declaración a Vicens, que en la época de autos, los años 2003-2004, era conseller de Territori, el lunes 12 de mayo. Font pasará por los juzgados el viernes 23.

CASO SON OMS
La fiscalía también está investigando quién se quedó con un 15% de los solares que se recalificaron de rústicos a urbanizables industriales en el polígono de Son Oms. El promotor Ángel Ochando denunció que dos dirigentes de UM, Bartomeu Vicens y Maximilià Morales, le habían exigido la cesión de un 15% de sus parcelas en caso de que la zona se recalificase. Morales, ex presidente del Parlament, y Vicens desvincularon sus actuaciones en Son Oms de sus responsabilidades políticas y alegaron que su intervención se ciño a su actividad privada.

CASO CAN DOMENGE
El empresario catalán Josep Lluís Núñez se ha querellado contra todos los consellers del PP y de UM en el Consell de Mallorca durante la pasada legislatura que votaron a favor de la adjudicación de los terrenos de Can Domenge por un valor que considera inferior al precio del mercado. Núñez acusa a los querellados de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales. Los políticos de UM implicados son Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Dolça Mulet. Los del PP: Fernando Rubio, María Binimelis, Rafel Bosch, Bartomeu Vallori, Eduardo Puche, Carme Feliu, Joan Font, Antoni Coll, Miquel Munar, Gaspar Oliver, Miquel Canàves, Catalina Sureda, Andreu Obrador, Carlos Luis Veramendi, Miquel Amengual y Francesc Cañelles. El juzgado número 12 de Palma sigue investigando el asunto, sobre el que han encargado dictámenes tanto el Consell como el Colegio de Arquitectos.

CASO AYUDAS
La presunta trama de corrupción en torno a las subvenciones públicas otorgadas en la anterior legislatura por el Consell de Mallorca a varias entidades afines a UM recibió el sobrenombre de Caso Ayudas. Pese a que la denuncia inicial incluía a más políticos, entre ellos la entonces presidenta Munar, en el sumario sólo figuraban como imputados Dolça Mulet, vicepresidenta entonces del Consell y hoy en día consellera ejecutiva de Esports y Promoció Social de la institución insular, y Joan Josep Mas, ex director insular de Patrimonio Histórico-Artístico. No obstante, el 9 de abril el juez Pedro Barceló exoneró a ambos políticos tras archivar parcialmente el sumario al no ver indicios delictivos en la concesión de los fondos públicos. Sin embargo, la resolución dejó abierto el caso para 11 de los responsables de las entidades beneficiadas por presunto desvío de las ayudas a fines nos subvencionados y falsedades. Anticorrupción estudia recurrir el archivo y el PP, como acusación particular, ya ha anunciado su recurso.

CASO DE SANTOS
Uno de los casos más mediáticos por la truculencia de los hechos ha sido el protagonizado por el ex teniente de alcalde de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, investigado por una presunta malversación de fondos públicos usando abusivamente una tarjeta de crédito municipal para pagar servicios en clubs de alterne homosexuales. Pese a haberse gastado una cantidad superior a los 50.000 euros usando la visa de la EMOP, como el propio imputado ha admitido al devolver esta cantidad, la jueza que instruye la querella formulada por la fiscalía anticorrupción accedió a adelantar la comparecencia del ex alto cargo público que gestionaba el urbanismo de Ciutat para evitarle el "acoso" de los medios de comunicación. Bronceado y con buen aspecto, el ex edil compareció ante la magistrada Ana San José durante apenas 5 minutos, tras lo cual quedó en libertad para regresar a Madrid, donde sigue un tratamiento por su adicción al sexo y a las drogas que, según alegó ante la jueza, no le permiten explicarse.

CASO CASTILLO INFANTIL
El anterior no es el único caso en el que está implicado De Santos. La fiscalía también investiga una presunta prevaricación y otros delitos por el contrato verbal con el que el ex responsable de urbanismo adjudicó a la empresa sueca Hags la construcción del castillo infantil que imita al de Bellver para el Parc de sa Riera. En las diligencias de la fiscalía figuraba también como imputada Gloria Penalva, ex gerente de la EMOP y mano derecha de De Santos. La empresa Hags reclama al Ayuntamiento 1,4 millones de euros, trescientos mil más de lo presupuestado.

CASO BITEL II
Un nuevo escándalo sacudió al PP a finales del pasado mes de abril. Damià Vidal, hombre de confianza del ex president Matas y colocado por éste al frente de la empresa Bitel, es detenido por una presunta malversación de 700.000 euros. Damià Vidal, junto a otras 5 personas, está acusado de los delitos de malversación de caudales, cohecho, defraudación y falsedad en documento mercantil. Anticorrupción postula que Vidal supuestamente urdió con los otros encausados un entramado societario para vaciar las arcas de Bitel. Lo último: los actuales gestores de Bitel han descubierto un segundo descuadre de 440.000 euros que Vidal habría autorizado para aumentar la seguridad de la empresa y de cuyo destino real apenas hay justificación.

CASO MAPAU
De la docena de personas que llegaron a estar imputadas en el sumario del caso Mapau, la presunta trama para la captación ilícita de votos de emigrados a Argentina y Uruguay en favor del PP en las autonómicas de 1999, la jueza instructora ha dictado un auto de "procesamiento" (pase a procedimiento abreviado) contra tres funcionarios del Govern a los que se acusa de falsedad documental y prevaricación continuada por la contratación irregular por el Institut Balear de Desenvolupament Industrial de Maria de la Pau Segura, supuesta agente electoral del entramado. Los tres procesados son Rosa Grijalba, Angel Gallego y Joan Fortuny, que formaron parte de la mesa de contratación convocada para cubrir una plaza de traductor.

CASO GARCÍAS-ESTARÀS
El diputado socialista en el Congreso Antoni Garcías se ha querellado contra la presidenta del PP, Rosa Estaràs, por un delito de calumnias tras haberle acusado ésta de malversación de fondos con unos billetes de un viaje oficial a Cuba durante su etapa de conseller. El juzgado de instrucción 7 lleva las diligencias y ya citó a declarar como imputada a Estaràs el pasado día 10 de abril. Su abogado defensor, Rafael Perera, ha pedido el sobreseimiento de las diligencias al considerar que el asunto no tiene ninguna relevancia penal, ya que, en su opinión, se trata de un asunto limitado al ámbito parlamentario. El juez Antoni Garcías, de mismo nombre que el querellante, habrá de decidirse por esta opción o elevar una consulta al TSJB para imputar a la diputada del PP.

CASO NÁJERA
La sección primera de la Audiencia ha ordenado la reapertura de la última de las causas abiertas contra la ex alcaldesa de Calvià Margarita Nájera, referida a la presunta venta a bajo precio por parte del entonces recaudador municipal del municipio, Jaime Riera, de un solar urbanizable a Manuel Barajas,ex marido de la actual consellera de Trabajo. Según afirma el denunciante, el primer edil calvianer Carlos Delgado, Nájera habría mejorado el contrato del recaudador municipal para conseguir este trato de favor hacia su ex marido.

CASO CABALLISTAS
La implicación de la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, entre la decena de alcaldes, ex alcaldes y funcionarios implicados en la trama de presuntas certificaciones falsas por las que el ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, legalizó su vivienda de na Fonda como un club hípico, ha obligado al TSJB a instruir el caso dada la condición de diputada, y por tanto de aforada, de la primera edil felanitxera.
Será el magistrado Antoni Monserrat quien llevará el caso en el que el anterior magistrado Antoni Rotger, que se inhibió a favor del primero, imputaba un presunto delito de falsedad documental, penado con seis años de privación de libertad y otros tantos de inhabilitación para ejercer cargo público, a la alcaldesa de Felanitx, al alcalde de Santanyí, Miquel Vidal; al alcalde de Selva, Joan Rotger; al de Montuïri, Gabriel Matas; al ex alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo; al ex primer edil de Lloret, Joan Jaume Ramis; al ex alcalde de sa Pobla, Antoni Serra. y al teniente de alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet. En Inca, las certificaciones fueron firmadas por el edil Joan Rubert, para el que se pide la misma pena que a los anteriores.
El ex alcalde de Campos y actual conseller del PP, Andreu Prohens, se enfrenta a dos años de suspensión al ser acusado de presunta falsedad en connivencia con el secretario Sebastià Portell. El presunto causante de este aluvión de certificaciones falsas, el ex alcalde saliner Sebastià Vidal, afrontará una petición de 66 años de privación de libertad y una multa de 800.000 euros.

CASOS DE STELLA MATUTES
La hija del ex ministro de Exteriores Abel Matutes, Stella, tiene abiertos dos pleitos judiciales en la pitiusa mayor por sendas denuncias interpuesta por el GEN, el equivalente ibicenco al GOB mallorquín. En la anterior legislatura, cuando era consellera de Carreteras y Obras del Consell de Eivissa, votó a favor de un Plan Territorial insular que presuntamente permitía la edificabilidad en unos terrenos propiedad de unas empresas en las que la consellera tendría participación. Además de para Stella Matutes, el fiscal ha pedido la imputación por esta presunta recalificación de terrenos de Joan Marí Tur, en el momento de la denuncia conseller de Patrimonio de la institución insular y vicepresidente del Parlament, de su hermano Antoni Marí Tur, ex diputado del Parlament, y José Sala, entonces y ahora alcalde de Sant Antoni.
El otro frente judicial que tiene Stella Matutes, con diligencias penales abiertas por varios delitos pero aún no imputada, es por el presunto vertido de tierras procedentes de las obras de las autovías de Eivissa en unos terrenos de su propiedad que servirían de base para la formación de un campo de golf. Matutes anunció la pasada semana su retirada de la política para dedicarse a la actividad privada.

CASO IBIZA CENTRO
En el caso de las presuntas comisiones en la construcción de un centro comercial en Eivissa figura como imputado José Marí Ribas, en la actualidad alcalde de Sant Josep y en el momento de la denuncia formulada por Roque López, ex secretario general de la Federación Socialista Pitiusa, gerente de la empresa pública que acometía las obras del centro comercial. También está imputado el ex teniente de alcalde de Eivissa, Pedro Campillo. López pidió la imputación del actual presidente del Consell insular, Xicu Tarrés, y el secretario de organización, Miquel Mestre, petición que finalmente no prosperó.

CASO LICENCIAS
La alcaldesa de Felanitx está imputada por presuntamente "retener irregularmente" la entrada en vigor de una norma urbanística restrictiva que habría permitido la concesión de treinta licencias para unas 140 viviendas en bloques plurifamiliares. Catalina Soler, en su declaración del pasado 3 de diciembre, atribuyó el retraso de la norma al Consell de Mallorca.

CASO RABASCO
La primera semana de julio se celebrará el juicio contra el alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, y el ex edil de ASI, Joaquín Rabasco, por varios delitos con presunto fraude de fondos públicos ya que la acusación postula que, entre 1999 y 2002, Tomàs permitió y auspició el desvío de casi 950.000 euros de las arcas municipales a empresas ligadas al ex regidor.

CASO RENT A CAR
La presunta trama de evasión fiscal a través de un entramado de sociedades en los sectores de coches de alquiler y empresas náuticas que señalaban como imputado al alcalde de Montuïri, Gabriel Matas, ha quedado al albur tras emitir Hacienda un informe que consideraba que las presuntas prácticas irregulares no constituían delito. No obstante, el caso continúa abierto.

CASO VARADERO
La empresa Boat Yard Palma (BYP) acusa al ex presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Verger, de irregularidades en la concesión de varadero del puerto de Ciutat. BYP achaca a Verger los presuntos delitos de fraude a la Administración y negociaciones prohibidas a los funcionarios al haber adjudicado la concesión a una UTE en la que participaba un ex socio suyo, Juan Antonio Riutord. Verger sostuvo en su declaración ante el juez el pasado mes de septiembre que la decisión de la adjudicación fue tomada por todo el consejo de administración de manera colegiada y que, por tanto, nunca fue decisivo para la resolución final.





* Diario de Mallorca - I.OLAIZOLA. PALMA - 04 de mayo de 2008
Foto: Felanitx (Mallorca) - hotels.com