Fuerteventura: Las cesiones a la cadena de hoteles RIU invalidan la Ley de Costas

JESÚS GIRÁLDEZ MACÍA* : El chantaje de la cadena hotelera RIU en Fuerteventura es un caso ilustrativo de la connivencia de intereses políticos y económicos que llevan décadas ‘marbellizando’ Canarias. Todo comenzó al principio de la década de los ‘70, justo cuando el primer boom turístico estaba en su apogeo. Fuerteventura seguía despoblada y había sufrido la última emigración general de Canarias, esta vez hacia el Sáhara (todavía colonia española).

Entonces, unos hoteles vinieron como caídos del cielo: el Hotel Tres Islas y el Hotel Oliva Beach –ambos de la cadena hotelera RIU– que, sin embargo, cayeron justo sobre las Dunas de Corralejo (municipio de La Oliva). Apenas una década después de su construcción, estos hoteles se convirtieron en uno de los objetivos de las luchas del movimiento ecologista y político majorero, entonces todavía de la mano.

Asamblea Majorera (ahora Coalición Canaria) hizo de la lucha contra los hoteles de las Dunas una de sus señas de identidad. Se organizaron actos reivindicativos y hasta una manifestación en las puertas de los hoteles. Entre otros, encabezaban la lucha en esos tiempos convulsos dos jóvenes izquierdistas significados, Mario Cabrera y Claudina Morales, hoy al frente del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de La Oliva, respectivamente. En los años ‘80 solicitaban su demolición; hoy participan –con la inestimable colaboración del PSOE majorero y español– de su salvaguarda como moderna seña de identidad.

Todas las instituciones han cedido ante los poderosos intereses empresariales de la cadena RIU. No es baladí que, según los propios balances de la cadena hotelera, ésta facturó durante el año 2006 un total de 1.018 millones de euros, un 8,2% más que durante 2005. Con semejantes beneficios, las nóminas ocultas se amplían.

Cronología de un chantaje

En el momento de la construcción de los Hoteles de las Dunas, el Estado realizó una concesión administrativa de su suelo por 30 años. En 1982, las Dunas de Corralejo fueron declaradas como espacio protegido, con la categoría de Parque Natural. Pero diez años después, la Dirección General de Costas realizó el deslinde que certificaba la presencia de los Hoteles dentro del dominio marítimo-terrestre. Las empresas de los Hoteles RIU y Geafond y el Ayuntamiento de La Oliva (entonces gobernado por el PP) recurrieron la sentencia. Y en 2003, la Dirección General de Costas, seis días antes de que el Tribunal Supremo fallara a favor de los intereses públicos, le concedió una nueva concesión por 60 años a la cadena RIU, nueva propietaria del Oliva Beach, en un acto manifiestamente ilegal.

Ya en 2004, el Ayuntamiento de La Oliva le concedió permiso al Hotel Oliva Beach para reformar el hotel pese a la oposición de los colectivos ecologistas. La reforma, camuflada como obra menor, significó una reforma profunda del hotel y la constatación de que el otorgamiento de la licencia daría continuidad a los hoteles en el espacio natural. El Ministerio de Medio Ambiente emitió, un año después, un listado de edificios que, por incumplir la Ley de Costas, deberán ser demolidos. Este listado incluía a ambos hoteles. La ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró que “la demolición y posterior recuperación ambiental de los dos hoteles situados en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo es una aspiración de la Dirección General de Costas, en cumplimiento de las finalidades establecidas en el articulado de la Ley de Costas”.

Las presiones de la poderosa cadena hotelera RIU han conseguido que el canario José Fernández (Director de Costas) y Cristina Narbona den marcha atrás y suscriban un acuerdo ilegal, según el cual la cadena RIU cede al Estado la titularidad de la Isla de Lobos a cambio de obtener nuevas concesiones para sus hoteles (diez años para el Oliva Beach, 30 años para el Tres Islas). Recordemos que la Isla de Lobos es Parque Natural y, por lo tanto, la cadena RIU nunca podría construir en ella. Con este acuerdo de cesión, RIU dejará de pagar 60.000 euros anules por el pago de los Impuestos de Bienes Inmuebles.

Expropiación en Los Molinos

La presión ejercida por la actividad turística y constructora en Canarias es enorme. Se ha especulado hasta el último metro cuadrado, aunque coincida con la bajamar. Se han apropiado de los espacios públicos. Y en eso llegó la Ley de Costas y su talante igualitario y, según sus estimaciones, cerca de 2.000 construcciones se verán afectadas. Con la aplicación de la Ley de Costas han comenzado los derribos en Los Molinos, en la costa occidental de la isla de Fuerteventura. Los Molinos fue un pequeño enclave donde los pescadores fueron poco a poco construyendo un poblado, para dar refugio a las artes marineras y cobijo a sus pobladores. Con posterioridad, algunos habitantes de Fuerteventura fueron construyendo allí algunos cuartos para los fines de semana y continuar con la tradición de la pesca, ahora como entretenimiento. El poblado no tiene más de treinta casitas, pero la gran mayoría construidas en la franja marítima terrestre, una zona pública.



* Diagonal


* Rebelión - 01-05-2008