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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Los vecinos del centro de Mollet del Vallès ven con recelo el proyecto del ayuntamiento que pretende remodelar el Pla de les Pruneres. Este solar, que se halla en el centro de la ciudad, tiene capacidad para estacionar gratuitamente alrededor de mil vehículos, unas plazas que ahora se reducirían a la mitad con la construcción de un párking subterráneo de pago. Unas 300 personas se manifestaron el viernes contra el plan municipal.
El Pla de les Pruneres es un espacio de casi 30.000 metros cuadrados que se encuentra en el centro de Mollet, una zona que en los últimos meses ha experimentado una remodelación urbanística y donde la mayoría de las calles se han convertido en peatonales. Los efectos del proyecto en este punto de la ciudad tiene una relevancia destacada, pues la mayoría de los vecinos, propietarios de comercios de la zona y vecinos de municipios próximos acostumbran a estacionar su vehículo en este solar al tratarse de una área libre de pago y sin limitación de tiempo.
La zona es también el emplazamiento habitual del mercado semanal de los martes y de las diferentes ferias de la ciudad, entre otros usos ciudadanos. Precisamente, aprovechando la celebración de una de las ferias, el ayuntamiento (gestionado por PSC y CiU) decidió el fin de semana pasado cerrar el perímetro y empezar los trabajos de construcción de un aparcamiento subterrá-
neo de tres plantas que tendrá 523 plazas de pago. También se ordenará la superficie con un parque público. "Nuestro objetivo es hacer un parque para todos y no para que unos pocos aparquen sus coches. El aparcamiento subterráneo es solo un accesorio", señala el concejal de Servicios Urbanísticos, Josep Garzón.
RECOGIDA DE FIRMAS
No lo ven así una gran cantidad de vecinos, que por el cierre del solar han visto reducidas las plazas de aparcamiento. Desde mediados de mayo, la formación local Independents per Mollet ha impulsado una campaña contra el proyecto y hasta el momento ya han recogido alrededor de 6.900 firmas. "Una familia con dos vehículos no puede pagar el gasto de tener estacionados dos coches en un aparcamiento", afirma el portavoz de la formación, Jesús María Carrasco, quien añade que una obra de este tipo no es necesaria en una situación económica como la actual.
Carrasco también teme que la eliminación del aparcamiento gratuito afecte de forma negativa al comercio local, dado que ante la obligación de pagar por estacionar "quizá un cliente de un municipio vecino opte para ir a otra localidad en lugar de venir a Mollet". Este extremo no es compartido por el equipo municipal. "Piensen en cuántos municipios de 30.000 habitantes tienen un solar de estas características vacío en medio de la localidad: ninguno", sentenció el concejal Garzón.
* El Periódico - ALBERT SEGURA - 12.10.2008
Foto: El solar del Pla de les Pruneres, cuya reforma ha levantado las quejas de los residentes en la zona. JOSEP GARCÍA, elperiodico.com
Rebelión vecinal en Mollet por la supresión de un párking público
Tras la estela del Algarrobico
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IDEAL/Granada* : El dictamen de los peritos oficiales coloca al Nevada en una situación calcada a la del hotel almeriense, ya condenado a la demolición. Como todas las filtraciones, no era inocente: el pasado viernes, un teletipo daba cuenta de la existencia de un informe pericial que avalaría la legalidad del descomunal Centro Comercial de Armilla. La noticia era sorprendente.
Echaba por tierra las investigaciones de la Guardia Civil -también las periodísticas-, de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, que lleva meses recopilando indicios para decidir si sienta en el banquillo de los acusados por prevaricación y delito urbanístico a José Antonio Morales Cara, ex alcalde de Armilla; Gabriel Cañavate, ex edil de Urbanismo de dicha localidad y ex vicepresidente de la Diputación Provincial de Granada, y Tomás Olivo, el multimillonario murciano propietario del Nevada.
El informe de marras existía y, efectivamente, respaldaba unas actuaciones que la justicia había puesto en cuestión. Lo raro era que el documento era del pasado mes de julio -¿a qué venía airearlo ahora?-, había sido redactado por un único arquitecto y solamente respondía a las cuestiones planteadas por una parte: Tomás Olivo.
Además, nada tenía que ver con la investigación penal, sino con un pleito contencioso-administrativo. Todo muy extraño.
La explicación de la filtración interesada del estudio benevolente no tardó en llegar: ese mismo viernes había trascendido otro informe pericial relacionado con el 'caso Nevada'. En realidad era 'El informe pericial' -así, con mayúsculas-, el de peso, el esperado análisis en el que habían trabajado durante meses, y a petición del magistrado instructor, un grupo de nueve juristas y urbanistas independientes. El contenido era demoledor, y nunca mejor dicho. Para los peritos oficiales, el Nevada era un desastre, un «cúmulo de irregularidades» y presuntas ilegalidades, un abuso urbanístico de proporciones gigantescas que sólo podrá ser corregido con la piqueta.
Un mazazo
Un auténtico mazazo para los implicados en el caso. Se entiende que alguien quisiera parar el golpe generando confusión con el otro informe, el que defendía el Nevada. La maniobra de distracción demostraba que ese 'alguien' estaba extraordinariamente preocupado por las conclusiones de los peritos designados por el tribunal y quiso amortiguar el brutal revés. Esa intranquilidad era comprensible. El dictamen pericial coloca al Leviatán -por utilizar la expresión que eligió el instructor, el magistrado Miguel Ángel del Arco, para referirse al inmueble- al borde del abismo. El 'monstruo' de cemento es un moribundo. El complejo -cuyas obras comenzaron en 2005- que iba a recibir 16 millones de visitantes al año y a crear 800 puestos directos de trabajo -y otros 400 más indirectos- está seriamente tocado.
Irrecuperable
El Nevada parece condenado a seguir la estela de El Algarrobico, el colosal hotel construido, también de forma groseramente irregular, en el interior del prodigioso Parque Natural de Cabo de Gata y que ya está sentenciado.
El Nevada lleva el mismo camino. Los peritos sólo ven dos salidas y la piqueta tiene un papel protagonista en ambas.
Primera: la demolición total, una obra casi tan faraónica como lo fue la construcción. Sería «un borrón y cuenta nueva» sin precedentes en España. Habría que echar abajo unos 200.000 metros cuadrados de ladrillo. Una cifra mareante.
La broma saldría por unos 30 millones de euros que tendría que abonar el promotor, esto es, Tomás Olivo. Teniendo en cuenta que con las irregularidades -siempre según el cálculo de los peritos- iba a embolsarse 36 millones -es el valor monetario derivado de la apropiarse de 40.000 metros cuadrados de suelo público- no parece un gasto exagerado. Sin embargo, los peritos también admiten que la destrucción total del inmueble no serviría para reparar los efectos del gigantesco estropicio. «La restitución completa de los valores ambientales es imposible (...), una vez que se han hormigonado unas quince hectáreas de Vega».
En este sentido, los especialistas se inclinan por demoliciones parciales. El mal está hecho, pero es necesario salvaguardar lo positivo de toda esta historia. Por ejemplo, la creación de puestos de trabajo, que falta hacen.
El Leviatán debe dejar de serlo para sobrevivir.
* Ideal - 12.10.08 -C. MORÁN Y R. MENDOZA
Foto: Armilla (Granada), centro comercial Nevada - ideal.es
Cho Vito: una historia de recuerdos, dolor y mentiras
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ELDÍA/Tenerife* : Los vecinos de Cho Vito no dejarán de serlo por el hecho de haber perdido sus casas. Durante mucho tiempo han dado muestras de que por encima de sus propiedades está el sentimiento del tiempo de vida que han pasado entre las paredes de las viviendas que ya no existen y de las que aún se mantienen en pie. Este poblado vive el calvario propio de la desaparición a la que lo obliga el cumplimiento de la ley en medio de escombros, enseres rotos, impotencia, rabia, dolor, verdades y mentiras.
En ese marco, ayer sus habitantes recibieron el apoyo de 500, 1.000, 1.500, 100 personas... Que cada cual ponga la cifra que quiera porque este grupo de vecinos de Candelaria sintió el calor de quienes han estado, están y estarán con ellos incondicionalmente. Y todos a una pidieron, exigieron por enésima vez, la dimisión del alcalde, José Gumersindo García, a quien consideran responsable de la desaparición de Cho Vito. Y a la justicia, por injusta. Y al Gobierno de Canarias, por inacción.
Pero Cho Vito sabe de derribos mucho antes del 7 de octubre pasado, porque el poblado no tiene 50 años, como atestiguan las imágenes hechas públicas esta semana por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Hace 23 años, el poblado vivió en silencio una demolición.
4 de febrero de 1985.- Ese día comenzaron los trabajos de derribo de una edificación de tres plantas construida ilegalmente en este enclave por Juan Martín, un simpatizante socialista. La orden fue dada por la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, entonces presidido por Jerónimo Saavedra. En Candelaria gobernaba la coalición AP-PDP-UL y el alcalde era Rodolfo Afonso, durante cuyos mandatos sucesivos fue creciendo Cho Vito, lugar al que se dotó de los servicios básicos: agua y luz.
1996-1998.- Las autoridades judiciales emiten en dos años en torno a una veintena de resoluciones y sentencias en firme acerca de la ilegalidad de las construcciones que ocupan el espacio del deslinde marítimo-terrestre en la playa de Cho Vito.
28 de diciembre de 2004.- La Policía Local de la Villa Mariana recibe la denuncia de una vecina que reside junto al poblado contra una construcción que se realiza en el mismo. Al día siguiente, según consta en el acta correspondiente, los agentes se personan en Cho Vito e informan de que el titular del inmueble, Tomás González, "ha construido una obra techada con planchas de fibra, sin licencia para ello".
En ese momento ya estaba en marcha el proceso judicial para la recuperación del espacio del deslinde marítimo-terrestre por parte del Gobierno central.
18 de febrero de 2005.- El Pleno del Ayuntamiento de Candelaria procedió a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO), en cuyo catálogo del patrimonio histórico se lee que su antigüedad es de 50-60 años, que en las normas subsidiarias (vigentes desde 1987) estaba fuera de ordenación y que se trata del "último conjunto de poblado marinero popular de Candelaria de interés etnográfico y paisajístico", proponiéndose la remodelación.
22 de noviembre de 2005.- La Dirección General de Costas aprueba definitivamente el proyecto de paseo marítimo y demoliciones en la playa de Cho Vito al desestimar las alegaciones recibidas, en las que se pide dejar sin efecto tales derribos y estudiar una posible concesión administrativa del lugar a los vecinos. Además, refleja que el Ayuntamiento de Candelaria no informó el proyecto aunque el 5 de octubre de 2005 solicitó "la suspensión de la ejecución del expediente de demolición de la playa de Cho Vito". Asimismo, Costas asegura que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias emitió un informe favorable al proyecto, el 16 de mayo de 2005.
Aún así, en las aprobaciones provisionales del PGO de la Villa Mariana, que tuvieron lugar el 24 de febrero de 2006 y el 9 de junio de 2006, se mantiene la catalogación de poblado marinero como conjunto de interés y de protección ambiental para Cho Vito.
25 de mayo de 2006.- La Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife determina que el poblado "no posee valores patrimoniales destacados y, en ningún caso, suficientes para justificar la incoación de expediente de declaración de Bien de Interés Cultural", algo solicitado por el Ayuntamiento de Candelaria como una vía para salvar Cho Vito. Con tal argumentación, dicho órgano dictaminó desfavorablemente dicha pretensión.
20 de julio de 2006.- La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) aprobó definitivamente el PGO de Candelaria con algunos reparos a subsanar, figurando entre ellos que "en los poblados de Cho Vito y Bajo la Cuesta, el PGO se atendrá a las determinaciones de Costas con respecto a las edificaciones existentes, por lo que no establecerá medidas que permitieran el mante- nimiento de éstas".
27 de septiembre de 2006.- El Ayuntamiento de la Villa Mariana recibe el estudio que sobre los valores etnográficos e históricos de Cho Vito encargó a Fernando Estévez, profesor titular de Antropología Social de la Universidad de La Laguna. Se trata de un documento que los vecinos del poblado venían demandando desde un año antes.
19 de octubre de 2006.- Se reúne la comisión bilateral mixta integrada por los gobiernos central y canario para la gestión integral y sostenible del litoral de las Islas. En la misma, el director de la Demarcación de Costas en Tenerife afirma que queda demostrado que en Cho Vito sólo existía una construcción antes del deslinde de 1969. En dicha sesión, el vicepresidente del Cabildo Insular, José Manuel Bermúdez, recuerda que el planeamiento municipal recoge el lugar como "poblado marinero de carácter etnográfico" apoyándose en el informe de la ULL, planteando compaginar la regeneración del lugar con el mantenimiento de las casas.
El concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, se comprometió a remitir el estudio citado a los gobiernos central, regional e insular, que debían pronunciarse sobre el mismo. Sólo respondió el Ejecutivo español, manifestándose contrario al mismo.
10 de noviembre de 2006.- La COTMAC considera corregidas las deficiencias que detectó en el PGO cuatro meses antes, especificando que se habían subsanado las correspondientes a Cho Vito y Bajo la Cuesta "de conformidad con el informe de la Dirección General de Costas", lo que impedía la protección de dichos núcleos candelarieros.
23 de abril de 2008.- El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz de Tenerife emite un auto por el que autoriza la entrada y demolición de 23 de las 31 viviendas de Cho Vito otorgando 6 meses de plazo para materializar el mismo. Dicho periodo concluirá el penúltimo día de este mes.
10 de octubre de 2008.- La solidaridad con el pueblo de Cho Vito se puso de manifiesto a través de una rueda de prensa en la que los colectivos participantes aludieron a un "pelotazo urbanístico" como móvil del "crimen" del que ha sido objeto el poblado. Tal referencia aparece en la adaptación del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), que elaboró el Cabildo de Tenerife, a la Ley de Directrices, que incluye el documento "Actuaciones portuarias previstas adscritas al segundo nivel". En el mismo se contempla la construcción de un puerto deportivo en las inmediaciones de Cho Vito.
* El Día - MEDINA, Candelaria - 12.10.2008
Foto: Candelaria (Tenerife), vista Cho Vito - flickr.com
Las promotoras de Dénia vinculadas a Urbanismo aspiran a nuevos proyectos
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ELPAÍS/Alicante* : Las empresas vinculadas a los dos funcionarios municipales de Dénia que dirigen la nueva área de Urbanismo del Ayuntamiento desde la pasada moción de censura de julio que le dio el poder al PP aspiran a realizar en el futuro ambiciosos complejos residenciales.
El nuevo jefe del Servicio de Ordenación Urbanística, el arquitecto municipal Rogelio Mira, y el recién nombrado director de Programas y Proyectos, el ingeniero municipal Jesús Escolano, deberán ahora pronunciarse sobre esos proyectos desde sus puestos públicos.
Así, Escolano es consejero de la mercantil Meridian Gestión Urbanística, que tiene como accionista a la constructora Blauverd. Esta última aspira a la construcción del ambicioso PAI de l'Almadrava-Molins, con 4.000 nuevas viviendas en la costa norte de la ciudad y que ya fue rechazado en la anterior legislatura. No obstante, Blauverd rescata ese proyecto y ha enviado una carta a la Dirección General de Urbanismo en la que pide que se alce la suspensión que ahora mismo existe sobre ese suelo para poder comenzar a desarrollar el PAI. Esa carta está incluida en el Plan de Participación del nuevo Plan General que aprobó la corporación en su último pleno.
El otro hombre fuerte del nuevo urbanismo en Dénia, Rogelio Mira, se encuentra en una situación semejante. Mira es administrador único de las mercantiles Arquimizara y Corokia, cuyo objeto es la prestación de servicios de asesoramiento en el campo de la arquitectura y el urbanismo. Arquimizara, según reveló recientemente el PSPV, realizó trabajos para la mercantil Patrimonios del Levante, actuando como arquitecto en una obra que esta última empresa realizó en Pedreguer y que incluía la construcción de 38 viviendas concluidas en 2007. Pues bien, Patrimonios del Levante ha llevado a cabo o aún está ejecutando diversas promociones en Dénia cuyos expedientes de licencia han podido ser informados por Rogelio Mira en su calidad de arquitecto municipal.
* ELPAIS.com - A. RUIZ - Dénia - 12/10/2008
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
El fiscal afirma que el 'caso Estepona' afectará a "cientos de personas"
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ELPAÍS/Málaga* : Tres meses despúes de destaparse el caso de corrupción municipal investigado en Estepona (Málaga) el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero asegura que todavía quedan por pasar por el juzgado "cientos de personas" entre testigos e imputados.
La apreciación forma parte de un informe en el que la Fiscalía se opone por segunda vez a dejar en libertad al ex alcalde Antonio Barrientos, en prisión preventiva desde el 20 de junio. El fiscal responde a un escrito de apelación con el que los abogados del ex alcalde del PSOE pedían a la Audiencia Provincial que enmendase la negativa de la juez Isabel Conejo a excarcelar al regidor.
La instructora, titular del juzgado número 1 de Estepona, considera a Barrientos "máximo responsable" de la trama de corrupción investigada y destaca que el primer edil era el cabecilla de una red dedicada a "obtener fondos de promotores y empresarios" para financiar "actividades tanto públicas como privadas" y para "enriquecerse personalmente".
"El fiscal viene a decir que la investigación está todavía en una fase muy inicial y que su puesta en libertad puede influir en todas las personas que todavía restan por pasar ante el juzgado", explica un letrado que ha tenido acceso al documento. La defensa del ex alcalde cree que el término "cientos de personas" se ha incluido de forma "un tanto ligera" e incide en que los dos fiscales que intervienen en el caso -Juan Carlos López Caballero y Valentín Bueno- han dado "sentidos distintos" a sus negativas a poner al ex alcalde en libertad.
Además de Barrientos, por este caso continúan en prisión preventiva el jefe de gabinete del ex alcalde José Flores, y los ediles de la formación posgilista PES, José Ignacio Crespo y Manuel Reina. Ambos eran socios de gobierno de Barrientos en la anterior legislatura.
Diversas fuentes consultadas coinciden en que todavía queda mucho por investigar en el llamado caso Astapa. El 26 de septiembre, la juez pidió al Ayuntamiento que les entregaran todos los expedientes por irregularides urbanísticas abiertos en los últimos cinco años y la semana que viene comienza una nueva ronda de declaraciones que elevará hasta 58 el número de implicados.
Entre los citados el próximo martes está Carlos Barrientos, cargo de confianza de Alcaldía y primo hermano del ex regidor; y el empresario local Aurelio Martín Simón, presidente de la empresa Costa Sol Hipermercados SL, que gestiona un hipermercado Carrefour en Estepona. Martín Simón presentó a finales de mayo junto con el representante de la empresa Azata y el ex alcalde el anteproyecto del macrocentro comercial La Lobilla. El convenio para la construcción de este centro comercial, con pretensiones de convertirse en "el más grande de España", se firmó el 5 de diciembre de 2005. La plusvalía que obtenía el Ayuntamiento era de 15 millones.
La tramitación se estaba realizando mediante un Plan Especial de interés general, fórmula que no sujeta el proyecto a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y que permite acelerar su puesta en funcionamiento. Ocuparía una superficie de 168.000 metros cuadrados y supondría una inversión de 300 millones.
El mismo martes también está previsto que declare Miguel Navarro García, coordinador de infraestructuras en la delegación de Urbanismo y empleado municipal; y Francisco Navarro de Hoyos, propietario de la empresa de Publiluna. Su compañía fue objetivo de una de las actuaciones más drásticas que acometió el departamento de disciplina urbanística en la época la que Rafael Duarte era concejal de Urbanismo. El edil, que renunció a su cargo tras ser imputado en el caso Astapa, ordenó suspender la instalación de más de 1.000 vallas publicitarias que la empresa estaba colocando sin licencia. Publiluna firmó un contrato con el edil de servicios José Ignacio Crespo -del Partido de Estepona (PES)- en la época en la que esta formación posgilista era socia de gobierno de Antonio Barrientos. Crespo, lo firmó sin publicidad ni acuerdo de los órganos competentes ni informes técnicos.
* ELPAIS.com - J. VIÚDEZ / F. J. PÉREZ - Marbella / Málaga - 11/10/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Los peritos del caso Nevada defienden el derribo del centro comercial de Armilla
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GRANADAHOY* : El equipo de peritaje técnico y jurídico encargado, a petición del Juzgado de Instrucción nº6 de Granada, de estudiar si el Centro Comercial Nevada de Armilla se ajusta a la legalidad ha emitido un informe con unas conclusiones contundentes. La que más, ésta: necesariamente hay que tomar la decisión de demoler el edificio, total o parcialmente, por el "cúmulo de sucesivas irregularidades" supuestamente cometidas.
El informe es exhaustivo y resalta irregularidades desde la aprobación y reforma de las figuras del planeamiento urbanístico que afectan a los terrenos, hasta la tramitación de los tres proyectos presentados, pasando por su altura o los metros cuadrados construidos. El equipo de peritaje técnico ha estado dirigido por los catedráticos de Urbanismo José Luis Gómez y Luis Moya, ayudados por el profesor de Urbanismo y arquitecto David Cabrera y el también arquitecto Fernando Osuna. La comisión jurídica la integraron el abogado Jesús María Hidalgo y los profesores de Derecho Administrativo María Asunción Torres, Ignacio Jiménez y Rafael Barranco.
Los especialistas definen el Nevada como un "edificio enorme que ocupa 123.000 metros cuadrados de la Vega y contiene 275.000 metros cuadrados construidos sin cumplir la legalidad urbanística vigente". El informe asegura que "las zonas dotacionales que se debían haber dispuesto, deberían haber supuesto como mínimo 22.405 metros y, sin embargo, no llegan a 4.200", y se agrega que el actual proyecto, elaborado por el arquitecto Justo Rico Amat y paralizado por orden judicial, ocupa una superficie de suelo no urbanizable de 20.364 metros "que destina a aparcamientos".
El peritaje cuantifica una pérdida, entre suelo público y no urbanizable, de 39.564 metros cuadrados. Y eso, acota, si sólo se atiende al mínimo fijado por la legislación.
Asimismo, pone el acento en que, entre los años 1996 y 2006, la altura del Nevada pasó de los 3,30 metros iniciales a los 17,70 de ahora. En superficie, de 66.805 a 122.955 metros cuadrados. Y en superficie construida, de 60.994 a 167.748.
Los especialistas ponen de manifiesto que "no se comprende cómo con un cúmulo tal de irregularidades se pudo proceder a la concesión de licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Armilla". La licencia fue concedida el 30 de septiembre de 2005 por el Consistorio entonces presidido por el socialista José Antonio Morales Cara.
El documento destaca, entre otras irregularidades, que esa licencia fue otorgada para un proyecto con tres clases de suelo con regímenes jurídicos distintos, lo que requería tramitación individualizada que no hubiera permitido la edificación. También denuncia la falta de informes favorables de las consejerías de Medio Ambiente y de Economía.
* Granada Hoy - Guillermo Ortega - 11.10.2008
Foto: Armilla (Granada) centro comercial Nevada - granadahoy.com
Gran Canaria: El TSJC anula parte del PIO
CANARIAS7* : El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria acaba de ser parcialmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El fallo estima el recurso de Ben Magec y deja en el aire proyectos como la nueva carretera de La Aldea a Agaete y el puerto deportivo de Bahía Feliz, entre otros.
La Justicia ha anulado todas las determinaciones del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria que la plataforma ecologista Ben Magec consideraba ilegales en el recurso que presentó contra la aprobación definitiva del PIO de 2003. El fallo de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estima su recurso y atiende todas y cada una de sus demandas.
La sentencia deja en el aire los artículos del PIO que regulan la zonificación del suelo clasificado como Bb3 en la vega agrícola de Gáldar, los corredores viarios previstos entre Jinámar y el aeropuerto (tangencial de Telde), entre Ingenio, Agüimes y Vecindario y entre Agaete y La Aldea, los puertos deportivos turísticos de alta capacidad y en concreto el del litoral de Bahía Feliz, la ampliación del puerto de Arinaga y la extracción de arena del banco submarino situado en Pasito Blanco.
La sentencia anula todas estas determinaciones por el principio de congruencia, que impide imponer un castigo mayor que el propuesto por el denunciante, ya que en su exposición concluye que «la falta de declaración de impacto ambiental determina la nulidad del Plan Insular» grancanario.
Y es que la Sala había detectado, de oficio, que el PIOde 2003 carece de evaluación de impacto ambiental, un defecto por el que anuló este año el anteproyecto del plan territorial de carreteras del Norte. En el recurso de Ben Magec no se hacía mención alguna a esa carencia.
Aunque el Cabildo argumentó que el PIO se sometió a un tratamiento específico en materia medioambiental, «el expediente patentiza (...) la ineludible falta de declaración de impacto ambiental con su estudio evaluatorio donde se especifiquen las alternativas de la solución adoptada, propio de la naturaleza de los estudios de impacto ambiental», razona la sentencia.
Contra este fallo cabe presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, de forma que no sería firme hasta que se produzca esa otra sentencia, aunque el denunciante puede solicitar la ejecución provisional. Fuentes jurídicas consultadas apuntan que en ese supuesto las partes afectadas por la sentencia del TSJC también podrían reclamar que se exija para ello una fianza a la plataforma ecologista, que resultaría multimillonaria, que cubra los posibles daños y perjuicios.
Todos los artículos suspendidos
El centro comercial de Gáldar. El recurso estimado solicitaba la nulidad de las zonas Bb3, suelos de moderado valor agrario recalificados como urbanizables, en particular la prevista en la vega agrícola de Gáldar para la construcción de un centro comercial. Otra sentencia anterior del TSJC ya había anulado la creación de esa categoría de suelo.
Carretera Agaete-La Aldea. El fallo anula las determinaciones de la actuación de mejora de la accesibilidad entre Agaete y La Aldea de San Nicolás, su ficha y todos los artículos concordantes.
Tangencial de Telde. Queda sin efecto la creación del corredor estructurante del interior de alta capacidad variante de la GC-1 entre Jinámar y el aeropuerto, es decir, la tangencial de Telde.
Ingenio-Agüimes-Vecindario. Este proyecto viario de corredor estructurante del interior de media capacidad se incluye entre las determinaciones del PIO anuladas por el fallo judicial.
Puertos deportivos. La normativa de integración territorial de los puertos deportivos turísticos de alta capacidad, concretamente el del litoral de Bahía Feliz (San Bartolomé de Tirajana) es otra de las disposiciones afectadas.
Puerto de Arinaga. Se anula todo el articulado que afecte o incluya determinaciones sobre el puerto de Arinaga.
Banco de arena de Pasito Blanco. El banco submarino de arena rubia que hay en Pasito Blanco y que el PIO propone aprovechar queda congelado.
* Canarias 7 - Jesús Quesada - 11.10.2008
Foto: Las Palmas, sede gobierno Canarias - wikipedia.org
Al banquillo cinco políticos de La Iruela por desmanes urbanísticos en Arroyo Frío
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IDEAL/Jaén* : El Fiscal pide la inhabilitación del ex alcalde y la Comisión de Gobierno entre 1995 y 2001 y que se condene también a un técnico municipal No impidieron urbanizaciones, campamentos y viviendas que sabían ilegales en el mayor parque natural de Andalucía, según la acusación.
El ex alcalde de La Iruela Antonio C.L. y sus compañeros de Corporación miembros de la Comisión de Gobierno entre 1995 y 2001 Serafín V.T., José Ramón G.P., José Luis G.R. y Martín F.L., además del técnico municipal Pablo B.S., serán juzgados el próximo miércoles acusados de permitir desmanes urbanísticos en Arroyo Frío, en pleno corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. A los políticos, el Fiscal les pedirá penas de inhabilitación, y al técnico una multa. Arroyo Frío es el punto de máximo desarrollo del negocio turístico del mayor parque natural de Andalucía, joya natural reconocida a nivel internacional.
El escrito de acusación del Fiscal relata que «desde al menos 1995 hasta 2001» la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de La Iruela (de la que formaban parte los cinco políticos acusados) hizo dejación de su obligación de vigilar la legalidad urbanística en el municipio, «permitiendo a pesar de tener conocimiento, la realización de todo tipo de construcciones con importantes irregularidades urbanísticas»: edificios más grandes de lo permitido, cambio del uso permitido a la edificación y «especialmente» construcciones levantadas en suelo especialmente protegido.
Casos concretos
El Fiscal señala casos concretos de irregularidades cometidas que debían haber sido impedidas por los acusados: una vivienda de dos plantas totalmente en suelo no urbano en el Parque Natural sin realización de proyecto ni dirección técnica alguna.
También se les acusa de permitir una urbanización de dos locales comerciales, diez apartamentos y doce viviendas unifamiliares que se pasaron un 10% de lo que les correspondía. Esa urbanización está hoy día construida, vendida y habitada. Pese a que ocupa suelo no urbanizable del parque natural, se le concedió el 4 de septiembre de 1998 una licencia municipal de destierro. El proyecto se subdividió en tres partes «con la finalidad de ir autorizando poco a poco, a través de licencias parciales». Al final se construyó toda la urbanización «sin que por los acusados se haya realizado acción alguna para impedirlo».
Otro vecino de la zona realizó en el paraje El Chaparral o El Cantalar, siempre dentro del Parque Natural, seis apartamentos de doble planta en suelo no urbanizable. En ese mismo paraje una empresa levantó un campamento juvenil con su vallado, capilla, dormitorios, oficinas, sala de reuniones, doce pequeñas construcciones para dormitorios y otro inmueble de doble planta con techo abuhardillado. Además, se dotó al complejo de una piscina de grandes dimensiones.
Fiscalía considera a los cinco políticos autores de un delito de omisión intencionada de perseguir delitos de los que como autoridades públicas habían tenido conocimiento, lo que pone en relación además con el artículo 74 del Código Penal que habla de «un plan preconcebido». Les pide dos años de inhabilitación para cargo público.
La 'autolicencia'
Al técnico municipal Pablo B.S. se le considera autor de otro delito: «Intervino y emitió, como técnico municipal, informe favorable para la concesión de la licencia de un hotel en Arroyo Frío». Él y su esposa son los titulares del hotel. Y las obras las hizo a través de la constructora Orbaucons, de la que el propio Pablo B.S. es administrador, según el relato del Fiscal. Para no dejar nada en manos de otro, él mismo elaboró el proyecto de obra. Le piden multa de 5.400 euros por actividades prohibidas a funcionario público.
* Ideal - 11.10.08 -JUAN ESTEBAN POVEDA
Foto: La Iruela (Jaén), Arroyo_Frio - ujaen.es
Manjarrés aprueba construir un campo de golf y 1.360 viviendas en terrenos del alcalde
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LARIOJA* : El Ayuntamiento de Manjarrés, con los votos del PP, ha aprobado inicialmente el Plan General Municipal (PGM) de la localidad que prevé la recalificación en suelo urbanizable de 1,36 millones de metros cuadrados -la mitad prácticamente propiedad del alcalde, Santiago García Manzanares y de su familia- con la pretensión de edificar 1.360 viviendas y, posiblemente, un complejo deportivo de golf.
El PGM prevé un aumento poblacional del municipio, que actualmente cuenta con menos de 150 habitantes, hasta 4.760 sólo en esas viviendas -a las que concede carácter prioritario con un plazo de cuatro años para su urbanización-.
La zona recalificada se ubica al oeste del municipio y está compuesta por unas 60 hectáreas de monte (que son propiedad del alcalde y su familia) y que se completan con otras 70 a pie del mismo, junto con las que albergarían el supuesto complejo de golf con las casi 1.400 viviendas.
El PGM fue aprobado el pasado mes de septiembre por el pleno municipal y ha sido remitido a la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En este sentido, será ahora la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de La Rioja la que se pronunciará sobre la propuesta municipal, aunque por el momento, según confirman fuentes de la misma, el documento no ha sido analizado.
Según el Plan General, que además recalifica cuatro pequeños sectores en el propio entorno del municipio, Manjarrés pasaría de una población actual de 143 habitantes a 7.273.
La demanda de agua la 'soluciona' el documento gracias al reciente embalse de Castroviejo y la cobertura de la cuenca del Yalde, aunque la propia memoria del PGM reconoce que el abastecimiento asignado por el Plan Director de Abastecimiento de Agua a Poblaciones de La Rioja para el año 2015 es de 38.044 metros cúbicos anuales, cuando la necesidad, con el desarrollo urbanístico propuesto, sería de 1.238.264 metros cúbicos. Es decir, 32 veces más que la necesidad prevista inicialmente. Curioso resulta también la protección forestal de una zona de encinas limítrofe al futuro complejo de golf, cuando la actuación principal se prevé en un monte de unas 60 hectáreas en las que la mayoría de la arboleda son también encinas.
La idea del alcalde de Manjarrés, Santiago García Manzanares (PP), de construir un complejo de golf con centenares de viviendas (1.349 finalmente, según la aprobación inicial del Plan General Municipal) en la localidad y en terrenos de su propia familia no es nueva.
En junio del año 2006, el Ayuntamiento aprobó el avance del Plan General Municipal (PGM) que preveía la recalificación del monte de 60 hectáreas propiedad del primer edil y sus hermanos.
Eran entonces los momentos del 'boom' inmobiliario y en los que las propuestas de campos de golf en suelos rústicos con miles de viviendas a su alrededor se amontonaban en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de La Rioja.
En cualquier caso, en 60 hectáreas de superficie era difícil albergar un campo de golf completo con un desarrollo urbanístico paralelo como el finalmente propuesto. Así las cosas, con la aprobación inicial del Plan General, el sector calificado como suelo urbanizable residencial deportivo se amplía ahora a 136 hectáreas, con varias fincas a las faldas del monte de la familia del alcalde.
Manjarrés, como la gran mayoría de los municipios pequeños de La Rioja, no contaba con Plan General Municipal y, mediante un convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja que sufraga los gastos técnicos, se puso a trabajar en su redacción.
En el momento del avance, Santiago García Manzanares señaló a este diario que «se había previsto la recalificación del suelo por si interesaba al pueblo en el futuro». García Manzanares aseguraba no contar entonces con ninguna propuesta de urbanización para la zona e insistía en que «lo único que hemos hecho es prever la posibilidad de reservar una zona para estos usos en el futuro, por si interesa al pueblo, ya que la tramitación va para largo».
Ante la aprobación inicial del Plan General Municipal, este periódico intentó ponerse de nuevo en contacto con el primer edil de Manjarrés, pero sin éxito.
* La Rioja - A. GIL A.G.| LOGROÑO - 10.10.2008
Foto: Vista de Manjarrés, al fondo, desde los terrenos de monte que se prevén recalificar. /A. IGLESIAS , larioja.com
«Hay paisajes de Canarias que han dejado de existir»
ABC* : «En las Islas, sobre todo cuando las visitas a lo largo del tiempo, tienes la impresión de que sobra cemento, que paisajes que son los que te habían atraído en un primer momento en el siguiente viaje han dejado de existir». El reconocido arquitecto urbanista Carlos Verdaguer, director del taller «La ciudad de las tres ecologías: Una posible introducción al eco-urbanismo», celebrado esta semana en Lanzarote, en la sede de la Fundación César Manrique, reflexionó en declaraciones a este periódico sobre los efectos nocivos que ha tenido para Canarias «la espiral de destrucción de la industria turística».
El técnico se trajo en la maleta varios mensajes. Entre ellos, que aplicar criterios de sostenibilidad en la construcción, el desarrollo urbano y, en general, en la gestión del territorio, lejos de suponer un freno, aporta un valor añadido para la economía.
Verdaguer no tiene dudas sobre el hecho de que la aplicación de criterios ecológicos supone un beneficio para el desarrollo económico, por más, dice, que algunos se empeñen en colgar el sambenito de que los ecologistas tan sólo quieren que no se haga absolutamente nada.
«Hay una clave muy clara. El modelo que hay detrás del ecourbanismo es un modelo que desde el punto de vista productivo reclama una mayor mano de obra, por ejemplo porque se exige un mayor cuidado de los detalles para que los aislamientos estén debidamente colocados. Se trata de un modelo que, bien gestionado y entendido, podría contribuir notablemente a la crisis y a buscar salidas a la crisis desde la sostenibilidad», afirma.
«Un buen entendimiento de la sostenibilidad lleva asociado un modelo productivo en el que los recursos humanos tienen un mayor peso. Es algo en lo que nunca se hace suficiente hincapié. Hay cosas -enfatiza- en las que no se gana absolutamente nada por hacerlas mecanizadas. Y esto no sólo se puede aplicar al parque inmobiliario, sino en el espacio público, porque ahí también hay un enorme campo de trabajo.»
Desde su punto de vista, territorios tan frágiles y presionados como el Archipiélago deben asomarse a dos ventanas cuanto antes: la renovación de la planta y la diversificación económica.
«Desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, en las islas es donde más habría que incidir en los temas de autosuficiencia y no centrarse en una única fuente. Hay que centrarse en el desarrollo de los recursos locales. Menorca consiguió hacer frente a los primeros embates del turismo de masas porque tenía una industria diversificada», cita, al poner como referencia la isla balear de la que es originario, aunque su residencia está ahora fijada en Madrid.
Por otro lado, Verdaguer cree que la construcción de residencias ha tocado claramente techo en España. «Resulta evidente que el mercado inmobiliario se tenía que desplomar, porque no ha tenido en cuenta ningún tipo de límites y se ha sobredimensionado. Se ha creado más vivienda de la que realmente se necesita», sostiene.
Actualmente, cree que no hay un problema de parque de viviendas en España, que tiene 24 millones: «Lo que sí existe es un problema de acceso, de gestión de ese parque inmobiliario. No hace falta poner en marcha la maquinaria para seguir construyendo vivienda, sino redistribuir la que hay y activar mecanismos para que afloren los tres millones y medio de viviendas vacías que existen e intentar mejorar la vivienda degradada», propone.
* ABC - ERNESTO LUNA | ARRECIFE - 10.10.2008
Arranca en la Audiencia Nacional el juicio por el 'saqueo de Marbella'
ELMUNDO* : El juicio más importante contra la corrupción urbanística que se ha celebrado en España en los últimos 30 años, el del 'caso saqueo de Marbella', ha arrancado este viernes en la Audiencia Nacional. Jesús Gil, ex alcalde de esta localidad, y Juan Antonio Roca, su entonces asesor de Urbanismo, fueron los protagonistas de la desaparición de más de 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros) de las arcas municipales entre 1991 y 1995.
Gil falleció en marzo de 2004 y Roca irá al juicio conducido por un furgón de la Guardia Civil desde la cárcel de Navalcarnero (Madrid), donde se encuentra recluido por el 'caso Malaya', entre otros. Según ha podido saber este diario, finalmente Roca no tirará de la manta de la corrupción en la Costa del Sol, como había prometido en su último juicio.
El saqueo de Marbella fue revelado en octubre de 1999 por EL MUNDO. La Fiscalía Anticorrupción utilizó esta información para poner una querella contra Jesús Gil (alcalde), Juan Antonio Roca (asesor de Urbanismo), José Luis Jiménez (mano derecha de Gil), José Luis Sierra (asesor legal del Ayuntamiento), Manuel Castel (contable de Gil) y otros.
Utilización de facturas falsas
El 21 de octubre de 1999, EL MUNDO publicó en portada: "Gil se apropió de 4.442 millones de Marbella con facturas falsas". Al día siguiente, reveló la contabilidad B del Ayuntamiento marbellí, que falseó Manuel Castel por orden del alcalde: "Un ex ejecutivo de Rumasa dirigió para Gil el saqueo de 4.442 millones de Marbella".
Ha resultado que esos iniciales 4.442 millones de pesetas (26,7 millones de euros) son, finalmente, 6.005.410.980 pesetas (36,09 millones de euros), según ha conseguido documentar la Fiscalía Anticorrupción después de varios años de investigación. El principal valedor, como fiscal, de este caso fue Carlos Castresana.
Y, tras más de ocho años de instrucción, hoy se sentarán en el banquillo de los acusados un total de seis imputados a los que el fiscal solicita penas de entre ocho y 10 años de cárcel. Jesús Gil y José Luis Jiménez no podrán responder penalmente porque fallecieron en marzo de 2004 y junio de 2005, respectivamente, pero sí lo tendrán que hacer sus herederos como responsables civiles subsidiarios. En el caso de los de Gil, el fiscal reclama 514 millones de pesetas (3,09 millones de euros).
Según ha podido saber este diario, Roca y algunos de los otros imputados han llegado a un principio de acuerdo verbal para descargar todas las responsabilidades de la apropiación de los más de 6.000 millones de pesetas en los fallecidos: Jesús Gil y José Luis Jiménez.
Esta táctica de cargar la culpa a los muertos ya ha sido empleada con anterioridad en algunos juicios de la Audiencia Nacional por colaboradores o miembros de ETA en casos de secuestros o cobro del impuesto revolucionario.
Juan Antonio Roca, según su entorno familiar, está convencido de que será condenado a una mínima pena por este caso, aunque el fiscal le pide 10 años por malversación de caudales públicos y falsedad en documento.
El pasado 23 de julio, el ex asesor de Urbanismo se comprometió en Granada, y delante del tribunal que lo juzgaba a él y al magistrado Francisco J. Urquía por cohecho y prevaricación, que a partir de esa fecha iba a contar toda la verdad. Roca fue condenado por ese asunto a un año de cárcel y el juez, a dos.
El ex asesor de Urbanismo de Marbella, según ha podido saber este periódico a través de antiguos asesores económicos suyos, se ha comprometido con diferentes estamentos oficiales a no revelar todo lo que sabe sobre la corrupción de Marbella, Andalucía y otras comunidades autónomas donde venía trabajando en los últimos años como inversor inmobiliario.
Por último, hay que recordar que Roca estuvo colaborando con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante el tiempo en que el GIL (Grupo Independiente Liberal) de Jesús Gil consiguió la Alcaldía de Ceuta y tuvo siete diputados en Melilla.
* El Mundo - ANTONIO RUBIO - 10.10.2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
El juzgado anula el acuerdo plenario para construir la Ciudad Deportiva de Monóvar
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INFORMACIÓN/Alicante* : El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Alicante, a través del magistrado Ricardo Estévez Goytre, ha anulado el acuerdo plenario que aprobaba un convenio urbanístico para la construcción de la Ciudad Deportiva de Monóvar.
El juez, ha dictado sentencia por el recurso que presentaron los ediles del grupo socialista municipal Ignacio Vidal, Anna López, Ramón Rico y Remedios Maqueda, contra el decreto de Alcaldía 352/2007, de fecha 23 de agosto de 2007, en el cual "se inadmitió a trámite el recurso de reposición presentado por los ediles denunciantes frente al acuerdo plenario de fecha 1 de marzo de 2007, por el que se aprobó el convenio urbanístico denominado Ciudad Deportiva con la mercantil Euroesfinge SL, por resultar extemporáneo".
La sentencia del magistrado Estévez Goytre recoge en el punto 1 del apartado fallo "desestimar la alegación de inadmisibilidad del recurso formulado por la Administración demandada". En el punto 2 de dicho fallo se "estima el recurso presentado por los ediles socialistas contra el decreto de la Alcaldía". Y el punto 3 del fallo de esta sentencia se decide "anular el acuerdo plenario de 1 de marzo de 2007 por no ser ajustado a Derecho y, en consecuencia, dejar sin efecto el convenio urbanístico suscrito". Contra esta sentencia el grupo de gobierno puede interponer recurso de apelación ante el mismo tribunal para que sea la sala competente del TSJCV la que decida. El portavoz del grupo socialista municipal, Paco Picó, ya denunció en su día que "este convenio urbanístico le iba a suponer al Ayuntamiento de Monóvar una pérdida para las arcas municipales de 9 millones de euros, lo que equivaldría al valor del suelo destinado a 425 viviendas". Para los socialistas este convenio urbanístico, conocido como PAI "Ciudad Deportiva", era "una cesión gratuita de terrenos dotacionales en una cesión onerosa, ya que se anticipaba la cesión de suelo para la Ciudad Deportiva y se le reconocía a la mercantil una edificabilidad de 42.404,31 metros cuadrados, que el Ayuntamiento tendría que darle con cargo a los derechos municipales del 10% que le corresponde en el suelo urbanizable".
Para el PSOE "las dotaciones previstas por el PGOU tienen que ser cedidas gratuitamente al Ayuntamiento por todos los sectores del suelo urbanizable y esta sentencia deja claro que el actual grupo de gobierno utiliza constantemente la permuta para la obtención de bienes". La misma sentencia en una de sus conclusiones destaca que "el convenio urbanístico es contrario al ordenamiento jurídico, pues el interés publico que ha de perseguir toda actuación administrativa exigiría la obtención de los mencionados terrenos dotacionales mediante la inclusión o adscripción al correspondiente sector o sectores".
Esta sentencia viene a poner un obstáculo más en el objetivo del actual grupo de gobierno del Ayuntamiento monovero, ya que uno de sus proyectos de legislatura más importante es la construcción de un nuevo campo de fútbol y otras instalaciones deportivas de las que Monóvar es deficitaria.
A esto hay que unir la decisión de la Diputación Provincial de Alicante de desestimar la petición realizada por el Ayuntamiento monovero para conseguir la oportuna subvención económica para la construcción de un campo de fútbol de hierba artificial. La negativa de la institución provincial afecta al programa de ayudas de 2008-2009. El escrito de esta negativa de ayuda fue firmada por la Diputación el pasado día 29 de septiembre, cuatro días después de que el presidente José Joaquín Ripoll inaugurara el día 25 de septiembre la piscina cubierta municipal, que a día de hoy continua cerrada por la falta de suministro eléctrico.
* Información - RAFA JOVER - 10 de octubre de 2008
Foto: Vista de Monóvar, que de momento se queda sin Ciudad Deportiva. CRUCES-ERNES, diarioinformacion.com
Los promotores prefieren "regalar la casa al banco" antes que rebajarla un 30%
PÚBLICO* : Los promotores aseguran que han bajado el precio de los pisos aunque las estadísticas no lo reflejen y que no hay margen para rebajarlos más. En un año, entre agosto pasado y el de 2007, las viviendas de obra nueva han reducido su precio "no menos del 15%" en general y "más del 20% en segunda residencia y en la costa", según afirmó ayer Pedro Pérez, presidente del G-14, el lobby que agrupa a las principales inmobiliarias cotizadas.
Los precios ya se han ajustado significativamente, según Pérez, quien criticó que la nueva estadística del INE no refleja la evolución real.
"Antes lo regalo al banco"
En esta línea, Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Constructores Promotores de España (APCE), señaló que "nunca se verán rebajas del 30% o del 40%" porque el margen máximo sería del 20%, ya que el 80% es hipoteca. "Antes se lo regalo al banco", señaló en unas jornadas inmobiliarias de la Fundación Rafael del Pino, que preside María del Pino, accionista de la constructora Ferrovial.
El ex presidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez, señaló que "el verdadero problema es el coste de acceder a una vivienda" y que el "ajuste será más rápido" según la bajada de precios.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que clausuró la jornada, pidió colaboración a la banca y a los propios promotores para que el sector supere la crisis. Corredor dijo también que "esperamos que la bajada de tipos tenga efecto en el Euribor".
Los 3.000 millones del ICO, sin aprobar
La medida anunciada por el Gobierno para ayudar a los promotores a cambio de que pongan en alquiler en torno a 25.000 pisos que ahora no venden sigue sin aprobarse. Se trata de una línea de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por la que ayudará a la financiación de hipotecas de promotores por valor de 3.000 millones. El ICO tiene ya una propuesta para articular esta medida, que permitirá poner más pisos en alquiler en el mercado, pero los trámites de aprobación aún no han terminado y falta también un acuerdo con los bancos y cajas que financian a las inmobiliarias, según fuentes del ICO. Los promotores esperaban que la medida se aprobara la próxima semana, según fuentes del sector, que necesita liquidez urgente.
* Público - S. R. ARENES - Madrid - 09/10/2008
Foto: Vivienda, bloques - EFE
El TSJA acusa a Sevilla de "fraude" por la mezquita
ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera que el Ayuntamiento de Sevilla cometió "fraude urbanístico" al cederle a la Comunidad Islámica en España una parcela de 6.000 metros en el barrio de Los Bermejales para que construyera una mezquita.
La sentencia dictada por el alto tribunal no tiene ya efecto práctico porque las presiones de un grupo de vecinos reticentes a la mezquita llevaron a la Gerencia de Urbanismo a desistir de esta ubicación y plantear el proyecto en la Isla de la Cartuja. No obstante, el fallo constituye un nuevo rapapolvo del TSJA al Ayuntamiento sevillano.
Los jueces dan la razón a la asociación vecinal Bermejales 2000 y anulan un acuerdo de la Junta de Gobierno municipal de marzo de 2005 que respaldó la cesión del terreno. La sentencia reprocha al Ayuntamiento sucesivos errores formales en la cesión de la parcela. Durante su tramitación, Urbanismo la consideró patrimonio municipal del suelo, pero en el inventario de bienes municipales figura como inmueble de dominio público, una calificación incompatible con la cesión gratuita para construir la mezquita, según el alto tribunal.
El Ayuntamiento aprobó la inclusión del suelo en el patrimonio municipal una semana después de acordar la cesión, pero aún así, no actualizó el inventario de bienes. "Parece ser que resulta indiferente que las normas se cumplan o no, que tenga el bien una u otra calificación, que sufra hasta dinamitarla la seguridad jurídica", apuntan los jueces, que consideran que la actuación del Ayuntamiento supone "un verdadero fraude urbanístico".
La sentencia la firman tres magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, la misma que hace unos meses frustró la intención municipal de expropiar la dehesa de Tablada. En esta ocasión, los jueces se posicionan del lado de los vecinos, al entender que la parcela en la que se iba a ubicar la mezquita no es formalmente un "sistema general" (lo que permitiría al Ayuntamiento levantar el edificio) sino una dotación común de uso privado "lo cual permite la intervención de los ciudadanos afectados". "Sin perjuicio de las potestades del planificador, los ciudadanos tienen derecho a decidir cómo debe ser el lugar que constituye el centro de su convivencia", concluyen los jueces.
* ELPAIS.com - Sevilla - 10/10/2008
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
Una 'casa del pueblo' con vistas al cementerio
MADRIDIARIO/Reportaje* : Decenas de jóvenes hacen turnos desde hace varios días para acondicionar y guardar el edificio 'okupado' de la entrada del cementerio de La Almudena. Madridiario ha traspasado la verja de entrada y ha compartido una tarde con ellos. Esta es su historia.
"¿Todavía crees en Constituciones?" Esa es la pregunta que asalta al visitante del edificio 'okupado' de la puerta del cementerio de La Almudena, nada más entrar en su 'recibidor'. Cuando el 'sereno' de turno cierra con llave la verja de hierro —todas las precauciones son pocas para evitar que se cuelen intrusos—, los jóvenes echan otro vistazo fuera por si ha vuelto la policía. Y luego vuelven a lo suyo, a barrer, a limpiar y a debatir sobre los mil y un usos posibles para sus cuatro pisos diáfanos y luminosos.
El 'nuevo hogar' de los miembros del colectivo El Dragón tiene un inmenso 'jardín' de cipreses, vistas a las cuatro torres de Plaza Castilla, un entorno tranquilo —"como los vecinos protesten por el ruido, chungo", bromea una de las chicas— y 'habitaciones' abuhardilladas en cada una de sus cuatro plantas. Las ventanas son nuevas, fruto de la reciente reforma que su legítimo dueño, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, realizó con la intención de convertirlo en un museo, que más de una década después sigue siendo solo un proyecto.
Ahora, los 'okupas' tienen sus propios planes para el edificio: clases de yoga, de baile, talleres musicales, español para extranjeros, locales de ensayo para grupos... Pasan las horas hablando de los posibles usos que pueden darse a cada rincón del inmueble, que, aparte de algún 'rasguño' en los peldaños de la escalera central, se encuentra en perfectas condiciones. "Sí, pero tendrías que haberlo visto hace unos días", apunta un joven mientras barre la tercera planta, levantando una enorme polvareda.
Poco a poco, van apareciendo sacos de dormir. Hay velas en todos los rincones y el 'dormitorio' colectivo ya tiene su mesa para comer. Un lateral del cuarto piso les sirve de despensa. Las paredes están desnudas: no hay pintadas, apenas carteles. Ni un cristal roto: las contraventanas están aseguradas con cuerdas, porque aquí, a las puertas del cementerio, sin más edificios alrededor, el viento pega fuerte. Ahora falta la electricidad, para lo cual habrá que 'engancharse' a alguna fuente cercana, y la fontanería, esto último un poco más complicado. "Mañana va a venir un colega fontanero a echar una mano", anuncia alguien. De momento, les basta con un cubo que hace las veces de 'inodoro' itinerante.
Los jóvenes hacen turnos para vigilar la entrada, atender a los medios desde dentro y charlar con los curiosos que se han topado con las pancartas 'okupas' un día cualquiera mientras pasean a su perro por el parque Arriaga. Pasan las horas y nadie protesta. Al revés: después de preguntarles cómo están y de interesarse por los planes que El Dragón tiene para el edificio, les felicitan, desean suerte e, incluso, les brindan su ayuda. "¿Vais a poner una cafetería? ¡Por fin voy a tener un bar cerca del trabajo!", exclama una señora. "Ya era hora de que hubiera un centro cultural en el barrio", comenta otro. "¿A qué colectivos pertenecéis? En Moratalaz el tejido asociativo está fatal", dice un tercero. Y así hasta el anochecer.
Entonces, las puertas del cementerio se cierran y las del edificio 'okupado' se abren para dejar salir a los visitantes. Los nuevos inquilinos del edificio se quedan un rato vigilando y después se refugian en sus sacos para compartir una cena. Siguen debatiendo sobre derecho a la vivienda, sobre oferta cultural y social, sobre política, fontanería, medios de comunicación y un largo etcétera, mientras miran de reojo al exterior por si llega el temido desalojo.
A pesar de la denuncia interpuesta por la Funeraria, los jóvenes mantienen que, al llevar tantos años deshabitado, "esto no es un allanamiento". Tampoco les sirve el argumento de que se trata "de un monumento histórico artístico": "¿Y qué? ¿No se puede utilizar? La Biblioteca Nacional también es un monumento, y es una biblioteca", alegan. No lo entienden porque siguen sin creer en Constituciones. Ni en los fantasmas de los empleados del cementerio que vivieron entre esos muros. Los vecinos siguen sin protestar, y ellos se saben arropados en la tranquilidad de la noche. Dure la calma lo que dure.
* Madridiario - Celia G. Naranjo - 09-10-2008
Foto: Celia G. Naranjo, madridiario.es
Sant Josep: El GEN reclama que se derriben las obras ilegales de la trama
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DIARIODEIBIZA* : El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) pide que la Justicia llegue «hasta las últimas consecuencias» y que no sólo se condene a los responsables del caso Huerta, sino que «también se ordene y ejecuten las demoliciones de lo que se haya edificado ilegalmente porque no se puede permitir que continúen siendo rentables este tipo de actividades».
Los ecologistas advierten de que, en caso contrario, se estaría permitiendo que «estas actividades delictivas» siguieran dando «beneficios millonarios» y resultaran «mucho más beneficiosas que una actividad profesional honrada».
El GEN considera «improbable» que, tras los registros efectuados en la llamada Operación Pitiusa, se pueda destapar más que una ínfima parte de lo que han sido «los 20 años más desafortunados del urbanismo de la isla», pero expresa su deseo de que «la Justicia acabe de una vez con la impunidad con la que ha actuado hasta ahora la delincuencia urbanística organizada, la más importante y extendida juntamente con la del tráfico de drogas de la isla de Eivissa».
El grupo ecologista advierte de que remitirá un nuevo escrito al Ayuntamiento de Sant Josep para pedir que decrete «la paralización cautelar de las obras que todavía están en marcha vinculadas a la presunta red criminal que operaba en el municipio». «Esta red mafiosa, supuestamente liderada por Huerta y que involucraría a su familia», agrega el GEN en un comunicado, «parece que puede afectar a un número indeterminado pero elevado de personas, dentro y fuera de la isla, que podrían formar parte de la misma o ser colaboradores necesarios en los hechos que se están investigando».
Por su parte, el GEN destaca y «valora» el esfuerzo realizado por la Fiscalía de Eivissa y el juzgado de instrucción que lleva el caso y, en cambio, lamenta «profundamente la falta de interés que ha mostrado siempre la Fiscalía Anticorrupción de Balears por la isla de Eivissa». En este sentido, los ecologistas recuerdan que Eivissa forma parte de la jurisdicción de Anticorrupción de Balears aunque «no hayan actuado nunca» y a pesar de «la situación insostenible a la que ha llegado la isla por este tipo de conductas ilícitas».
* Diario de Ibiza - 09 de octubre de 2008
Foto: Agentes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria registraron el martes la vivienda de Huerta y Fernández. Juan A. Riera, diariodeibiza.es
Alicante: El Ayuntamiento venderá subsuelo de zonas públicas para negocios privados
INFORMACIÓN* : Las calles, zonas verdes y parques de la ciudad son públicas y titularidad municipal. Sin embargo, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) introduce un cambio fundamental en este patrimonio público al permitir al Ayuntamiento la venta y privatización del subsuelo para negocios y actividades privadas. Así, debajo de zonas públicas se podrán construir aparcamientos, hoteles, zonas comerciales, oficinas y hasta equipamientos privados.
La medida supondrá una nueva fuente de ingresos para las arcas municipales.
No es una novedad insólita, ya que la nueva Ley Urbanística Valenciana contempla esta posibilidad y algún Ayuntamiento ya lo permite, pero sí es una iniciativa totalmente novedosa con respecto a la ciudad de Alicante, en donde las zonas públicas incluyen superficie y subsuelo. Además, esta medida de la revisión del PGOU supone también un cambio sustancial en cuanto a la actividad de sótanos y construcciones subterráneas, ya que hasta ahora sólo se permite los aparcamientos, garajes y almacenes, y cuanto entre el vigor el nuevo Plan se autorizará todo tipo de actividades.
La nueva regulación del subsuelo de las zonas públicas se recoge en el título 4, artículo 4.1 de las normas urbanísticas del nuevo PGOU, en el que se indica que las zonas públicas destinadas a la red viaria y a zonas verdes se limitarán a la superficie y al vuelo, pudiendo la Administración Local destinar el subsuelo a aparcamiento, hostelería, zona comercial, oficinas, área cultural o deportiva y equipamientos privados, estos últimos hasta un máximo de 2.500 metros cuadrados. Por tanto cabría de todo en la planta sótano, desde un hotel hasta un establecimiento comercial.
En el nuevo PGOU se indica que en los suelos urbanos y urbanizables que estén pendientes de su ordenación pormenorizada, el Ayuntamiento determinará el régimen aplicable al subsuelo de las zonas públicas, de forma que podrá restringir algunos de los usos ya señalados.
El procedimiento de privatización del subsuelo de las zonas públicas deberá desarrollarlo el propio Ayuntamiento, añade el próximo Plan General, estableciendo al respecto dos fórmulas viables. Una de ellas sería la enajenación o venta, pura y simple, mediante el precio que fije la Administración Local. La otra fórmula será mediante un régimen de explotación del subsuelo durante un determinado plazo, que siempre sería de los años suficientes para amortizar la inversión y generar beneficios.
* Información - MANUEL DOPAZO - 9.10.2008
Foto: Una mujer pasea con su perro en la plaza Gabriel Miró en una imagen de archivo ANTONIO AMORÓS, diarioinformacion.com
Pocero rico vs pocero bueno: duelo al sol en el páramo de Seseña
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ELMUNDO/Toledo* : A Francisco Hernando, el Pocero de Seseña, le crecen los enanos. El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, y promotor José Moreno, conocido como el 'Pocero de Fuenlabrada', han llegado a un principio de acuerdo para construir 21 viviendas de protección oficial para jóvenes a un precio que rondará los 100.000 euros, justo al lado del residencial donde hay proyectadas 13.500 viviendas, de las que sólo se han construido 5.000 y vendido 1.100.
"Se trata de un acuerdo verbal entre el alcalde y yo. Le dije que, al precio que están los terrenos -entre 550 y 600 euros el metro-, podían construirse casas protegidas con una repercusión del precio del suelo de entre 18.000 y 24.000 euros por vivienda, de forma que las casas no pasarían de 100.000 euros", explica José Moreno a elmundo.es.
Inevitablemente, surgen las comparaciones entre ambos promotores. "A mí lo que hagan otras personas me da lo mismo. Yo pienso en los jóvenes y construiré las viviendas para ellos. Estoy convencido de que el primer día que salgan a la venta me las quitarán de las manos", asegura Moreno.
A las 21 viviendas proyectadas, Moreno podría añadir en torno a un millar más en dos años, según lo acordado con el alcalde de la localidad, Manuel Fuentes (IU).
José Moreno ya ha entregado viviendas a precios similares en el municipio madrileño de Fuenlabrada y que comparte origen profesional con Francisco Hernando, 'Paco el pocero', promotor de un PAU de 13.508 viviendas en Seseña cuya autorización fue denunciada en su momento por el alcalde.
Según ha indicado el regidor, a través de la recientemente creada Empresa Municipal de la Vivienda, el Ayuntamiento quiere poner en el mercado viviendas de protección a un precio sensiblemente inferior al estipulado en el módulo actual. Para ello, ha apostado por "la unión de quienes hemos estado luchando por un urbanismo sostenible y porque se consolide un derecho que deben de tener todos los ciudadanos como es el derecho a la vivienda digna y además asequible".
El alcalde ha expuesto que, en la crisis económica actual y con el precio de la vivienda "disparado", el acceso a la vivienda "es imposible" para "la gente trabajadora y la gente joven", por lo que esta iniciativa ofrecerá una respuesta a esa situación y, además, impulsará la creación de empleo en la comarca de La Sagra.
Las primeras 21 viviendas sociales
Este mismo año se ofertarán las primeras 21 viviendas municipales a un precio que rondará los 90.000 y los 100.000 euros. Con este acuerdo, existirá la posibilidad de poder construir en Seseña, a medio plazo, miles de viviendas y por lo tanto, "la demanda de vivienda barata que sí que van a poder pagar la gente trabajadora y la gente joven la vamos a poder poner en el mercado", ha agregado.
Su intención es que en este mismo año se pueda ofertar un primer bloque de 21 VPO a un precio máximo de 90.000 ó 100.000 euros, aunque "si podemos dejarlo más barato lo haremos". Según su cálculos, en el futuro, cuando la localidad cuente con las infraestructuras prometidas, se podrían construir 1.500 viviendas protegidas en el suelo del que dispone el Ayuntamiento, con lo que se daría respuesta a la demanda de este tipo de vivienda no sólo de Seseña, sino de buena parte de la comarca.
El promotor obtendría sólo el 3% del beneficio industrial en los casos de promociones de pocas viviendas, pero, si el número de viviendas supera las 300, ese porcentaje se reduciría al 2,5 ó 2,75%. "Se nos abre un horizonte muy ilusionante", ha dicho el alcalde, quien ha comparado esta iniciativa con las viviendas público-privadas promovidas por el Gobierno regional y que, ha recordado, tendrán un precio de unos 150.000 euros, "por lo que la diferencia es abismal".
* El Mundo - 08/10/2008
Foto: Fuenlabrada (Madrid), el Pocero - elmundo.es
Almuñécar convocará un referéndum sobre su futuro urbanístico
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ELPAÍS/Granada* : El Ayuntamiento de Almuñécar podrá someter su propuesta de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -que ya está aprobado provisionalmente- a referéndum. El Tribunal Supremo ha dado la razón al Consistorio que se topó primero con la negativa de la Junta de Andalucía y del Consejo de Ministros después. Ambos negaron al Ayuntamiento la autorización para que convocara la consulta popular que, aunque no es vinculante, sí que tiene relevancia a nivel político.
La primera que se opuso al propósito municipal fue la Administración autonómica con la argumentación de que el Consistorio carecía de competencia para convocar la consulta. El Ayuntamiento recurrió y el Consejo de Ministros acordó en septiembre de 2006 denegar de nuevo al Consistorio la posibilidad de celebrar la consulta.
El alcalde, Juan Carlos Benavides, de Convergencia Andaluza (CA), convencido de que sí era competente para convocar la consulta, presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que ahora da luz verde a la intención de plantear la consulta sobre el PGOU. Benavides cree un "hito histórico" la sentencia que, según su letrado, Antonio Tastet, es la primera dictada sobre una consulta popular relacionada con el urbanismo municipal, a tenor de la investigación que realizó cuando presentó la demanda en 2006.
Para su negativa, el Consejo de Ministros se basaba en que no concurría para la celebración de la consulta uno de los requisitos que exige el artículo 71 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. En concreto, que el objeto de la consulta popular sea: "Un asunto de competencia propia municipal". Un PGOU, según consta en la decisión recurrida, es un instrumento de planeamiento y la competencia para su formulación y aprobación corresponde a los Ayuntamiento y a la Administración autonómica de forma concurrente.
La Sala Tercera del Supremo, presidida por el ex ministro Fernando Ledesma, declara nulo el acuerdo porque se funda en una interpretación contra legem al identificar "indebidamente" el concepto "asunto de la competencia propia municipal" a la que alude la disposición legal con "asuntos de la competencia exclusiva del municipio".
Entre los fundamentos de derecho, la sentencia del Supremo incluye una decisión del Tribunal Constitucional de 2004 en la que se delimita la competencia de los municipios en materia de ordenación urbanística. "La regulación de las relaciones interadministrativas no ha de oscurecer el principio de que la ordenación urbanística del territorio municipal es tarea que fundamentalmente corresponde al municipio y que la intervención de otras administraciones se justifica sólo en la medida en la que concurran intereses de carácter supramunicipal".
El referéndum, que según el alcalde se llevará a cabo con la máxima celeridad, no cuestiona las potestades urbanísticas atribuidas a la Junta y no resulta contrario al ordenamiento jurídico, según el fallo del Supremo contra el que cabe un recurso de unificación de doctrina.
El plazo fijado para presentarlo es de 30 días. Sin embargo, el letrado advirtió de la "dificultad" que supondría hacerlo en ese margen de tiempo al ser un caso único y, por lo tanto, sin referente legal al que ajustarse. De este modo, y una vez transcurra dicho plazo, el Ayuntamiento convocará, según los términos que establece la ley, la consulta popular para que los vecinos de Almuñécar se pronuncien sobre el nuevo planeamiento urbanístico que sustituirá al aún vigente, que data de 1987. "Vamos por buen camino con la Junta", aclaró el regidor cuando fue preguntado por la situación actual del PGOU.
Si se celebra será, según el abogado, el primero en el que se pregunta a los ciudadanos sobre el futuro planeamiento urbanístico de una localidad.
Ejemplos de consulta sobre proyectos concretos sí hay. En 2006, en Villalba de los Alcores, (Valladolid) con 400 habitantes, los ciudadanos votaron no a la construcción de un hotel de lujo con campo de golf y un coto de caza.
* ELPAIS.com - VALME CORTÉS - Granada - 09/10/2008
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
¿Por qué dicen urbanismo cuando quieren decir especulación?
CANALSOLIDARIO* : “No son las piedras, son los seres humanos los que hacen la ciudad” decía Aristóteles. Pero hoy cientos de ciudadanos y ciudadanas tienen que agruparse y alzar la voz para denunciar que la construcción urbana se está convirtiendo en pura especulación. “Ya no es la ciudadanía lo que importa sino el lucro apoyado por el hábil uso del cemento, el ladrillo y las influencias lo que de verdad hacen las ciudades”, explican desde el foro ‘Urbanismo Crítico’.
En municipios de Asturias, Cataluña o Andalucía la amenaza es una realidad y grupos de vecinos se han unido para hacer frente a la especulación urbanística que afecta a su patrimonio histórico.
“La ciudad pertenece a los vecinos, al menos en un sistema democrático. El problema es que las instituciones han intentado mantener a la ciudad alejada de las decisiones urbanísticas. El Foro de Urbanismo Crítico nace con la idea de que los ciudadanos intervengamos en los debates y fiscalicemos lo que hacen los políticos”. Lo explica Diego Díaz, representante del Foro de Urbanismo Crítico de Oviedo, una ciudad que parece que no aprende de los errores.
Después de tirar la estación ferroviaria del Vasco, para construir un parking, o los soportales de la famosa plaza del Fontán, ahora el colectivo Urbanismo Crítico denuncia que hay dos ejemplos de patrimonio histórico-industrial que están seriamente amenazados por “las ansias por construir viviendas y obtener beneficios a costa del bienestar de los ciudadanos”.
En este caso las antiguas Fábrica de gas y de armas, consideradas las dos ejemplos de patrimonio arqueológico-industrial son las que están pendientes de ser recalificadas. “Lo que tienen en común es que las dos están situadas en el centro de la ciudad”, señalan desde Urbanismo Crítico, “de ahí el interés”.
Para defender estos edificios y la importancia de conservarlos y destinarlos a usos sociales y culturales se ha creado una campaña en su apoyo que podéis seguir a través del Urbanismo Crítico’blog del foro.
Salvemos nuestra historia
Una campaña similar es la que desarrolla el colectivo Salvem Can Fàbregas, en Mataró, municipio del norte de Barcelona. Una constructora decidió poner en marcha la construcción de un gran centro comercial sobre la antigua fábrica de harina, conocida como Can Fàbregas. Puedes seguir su andadura en el Salvem Can Fàbregas blog de la plataforma.
Un grupo de vecinos de Vigo también ha puesto en marcha una campaña para salvar del derribo la antigua fábrica Panificadora de la ciudad. El colectivo solicita la restauración íntegra del edificio con el fin de “conservar la memoria de Vigo”.
Otro de los casos más sonados de destrucción del patrimonio es el de Murcia. Proyectos ambiguos y presuntos campos de golf se proyectan sobre edificios con valor histórico. ONG piden a Murcia que despierte su conciencia y Basurama demuestra que la región puede crecer de forma sostenible.
El estado de conservación de La Fábrica de Vidrios la Trinidad de Sevilla también ha dado lugar a la creación de una plataforma de ciudadanos para salvarla, y finalmente parece que han conseguido que se transforme en un centro de dinamización cultural.
¿Qué PueDo HaCer yo?
Puedes colaborar activamente en el mapa de la especulación de Murcia, creado por el colectivo Basurama, aportando tus datos, conocimientos, fotografías o denuncias de especulación urbanística.
También puedes unirte a las actividades reivindicativas de asociaciones como Greenpeace o Ecologistas en Acción de la región murciana y conocer otras asociaciones que trabajan contra el urbanismo descontrolado. ¡Conócelas y colabora con ellas!
* Canal Solidario - 8.10.2008
