GRANADAHOY* : El equipo de peritaje técnico y jurídico encargado, a petición del Juzgado de Instrucción nº6 de Granada, de estudiar si el Centro Comercial Nevada de Armilla se ajusta a la legalidad ha emitido un informe con unas conclusiones contundentes. La que más, ésta: necesariamente hay que tomar la decisión de demoler el edificio, total o parcialmente, por el "cúmulo de sucesivas irregularidades" supuestamente cometidas.
El informe es exhaustivo y resalta irregularidades desde la aprobación y reforma de las figuras del planeamiento urbanístico que afectan a los terrenos, hasta la tramitación de los tres proyectos presentados, pasando por su altura o los metros cuadrados construidos. El equipo de peritaje técnico ha estado dirigido por los catedráticos de Urbanismo José Luis Gómez y Luis Moya, ayudados por el profesor de Urbanismo y arquitecto David Cabrera y el también arquitecto Fernando Osuna. La comisión jurídica la integraron el abogado Jesús María Hidalgo y los profesores de Derecho Administrativo María Asunción Torres, Ignacio Jiménez y Rafael Barranco.
Los especialistas definen el Nevada como un "edificio enorme que ocupa 123.000 metros cuadrados de la Vega y contiene 275.000 metros cuadrados construidos sin cumplir la legalidad urbanística vigente". El informe asegura que "las zonas dotacionales que se debían haber dispuesto, deberían haber supuesto como mínimo 22.405 metros y, sin embargo, no llegan a 4.200", y se agrega que el actual proyecto, elaborado por el arquitecto Justo Rico Amat y paralizado por orden judicial, ocupa una superficie de suelo no urbanizable de 20.364 metros "que destina a aparcamientos".
El peritaje cuantifica una pérdida, entre suelo público y no urbanizable, de 39.564 metros cuadrados. Y eso, acota, si sólo se atiende al mínimo fijado por la legislación.
Asimismo, pone el acento en que, entre los años 1996 y 2006, la altura del Nevada pasó de los 3,30 metros iniciales a los 17,70 de ahora. En superficie, de 66.805 a 122.955 metros cuadrados. Y en superficie construida, de 60.994 a 167.748.
Los especialistas ponen de manifiesto que "no se comprende cómo con un cúmulo tal de irregularidades se pudo proceder a la concesión de licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Armilla". La licencia fue concedida el 30 de septiembre de 2005 por el Consistorio entonces presidido por el socialista José Antonio Morales Cara.
El documento destaca, entre otras irregularidades, que esa licencia fue otorgada para un proyecto con tres clases de suelo con regímenes jurídicos distintos, lo que requería tramitación individualizada que no hubiera permitido la edificación. También denuncia la falta de informes favorables de las consejerías de Medio Ambiente y de Economía.
* Granada Hoy - Guillermo Ortega - 11.10.2008
Foto: Armilla (Granada) centro comercial Nevada - granadahoy.com
Los peritos del caso Nevada defienden el derribo del centro comercial de Armilla
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Gran Canaria: El TSJC anula parte del PIO
CANARIAS7* : El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria acaba de ser parcialmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El fallo estima el recurso de Ben Magec y deja en el aire proyectos como la nueva carretera de La Aldea a Agaete y el puerto deportivo de Bahía Feliz, entre otros.
La Justicia ha anulado todas las determinaciones del Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria que la plataforma ecologista Ben Magec consideraba ilegales en el recurso que presentó contra la aprobación definitiva del PIO de 2003. El fallo de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) estima su recurso y atiende todas y cada una de sus demandas.
La sentencia deja en el aire los artículos del PIO que regulan la zonificación del suelo clasificado como Bb3 en la vega agrícola de Gáldar, los corredores viarios previstos entre Jinámar y el aeropuerto (tangencial de Telde), entre Ingenio, Agüimes y Vecindario y entre Agaete y La Aldea, los puertos deportivos turísticos de alta capacidad y en concreto el del litoral de Bahía Feliz, la ampliación del puerto de Arinaga y la extracción de arena del banco submarino situado en Pasito Blanco.
La sentencia anula todas estas determinaciones por el principio de congruencia, que impide imponer un castigo mayor que el propuesto por el denunciante, ya que en su exposición concluye que «la falta de declaración de impacto ambiental determina la nulidad del Plan Insular» grancanario.
Y es que la Sala había detectado, de oficio, que el PIOde 2003 carece de evaluación de impacto ambiental, un defecto por el que anuló este año el anteproyecto del plan territorial de carreteras del Norte. En el recurso de Ben Magec no se hacía mención alguna a esa carencia.
Aunque el Cabildo argumentó que el PIO se sometió a un tratamiento específico en materia medioambiental, «el expediente patentiza (...) la ineludible falta de declaración de impacto ambiental con su estudio evaluatorio donde se especifiquen las alternativas de la solución adoptada, propio de la naturaleza de los estudios de impacto ambiental», razona la sentencia.
Contra este fallo cabe presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, de forma que no sería firme hasta que se produzca esa otra sentencia, aunque el denunciante puede solicitar la ejecución provisional. Fuentes jurídicas consultadas apuntan que en ese supuesto las partes afectadas por la sentencia del TSJC también podrían reclamar que se exija para ello una fianza a la plataforma ecologista, que resultaría multimillonaria, que cubra los posibles daños y perjuicios.
Todos los artículos suspendidos
El centro comercial de Gáldar. El recurso estimado solicitaba la nulidad de las zonas Bb3, suelos de moderado valor agrario recalificados como urbanizables, en particular la prevista en la vega agrícola de Gáldar para la construcción de un centro comercial. Otra sentencia anterior del TSJC ya había anulado la creación de esa categoría de suelo.
Carretera Agaete-La Aldea. El fallo anula las determinaciones de la actuación de mejora de la accesibilidad entre Agaete y La Aldea de San Nicolás, su ficha y todos los artículos concordantes.
Tangencial de Telde. Queda sin efecto la creación del corredor estructurante del interior de alta capacidad variante de la GC-1 entre Jinámar y el aeropuerto, es decir, la tangencial de Telde.
Ingenio-Agüimes-Vecindario. Este proyecto viario de corredor estructurante del interior de media capacidad se incluye entre las determinaciones del PIO anuladas por el fallo judicial.
Puertos deportivos. La normativa de integración territorial de los puertos deportivos turísticos de alta capacidad, concretamente el del litoral de Bahía Feliz (San Bartolomé de Tirajana) es otra de las disposiciones afectadas.
Puerto de Arinaga. Se anula todo el articulado que afecte o incluya determinaciones sobre el puerto de Arinaga.
Banco de arena de Pasito Blanco. El banco submarino de arena rubia que hay en Pasito Blanco y que el PIO propone aprovechar queda congelado.
* Canarias 7 - Jesús Quesada - 11.10.2008
Foto: Las Palmas, sede gobierno Canarias - wikipedia.org
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Al banquillo cinco políticos de La Iruela por desmanes urbanísticos en Arroyo Frío
IDEAL/Jaén* : El Fiscal pide la inhabilitación del ex alcalde y la Comisión de Gobierno entre 1995 y 2001 y que se condene también a un técnico municipal No impidieron urbanizaciones, campamentos y viviendas que sabían ilegales en el mayor parque natural de Andalucía, según la acusación.
El ex alcalde de La Iruela Antonio C.L. y sus compañeros de Corporación miembros de la Comisión de Gobierno entre 1995 y 2001 Serafín V.T., José Ramón G.P., José Luis G.R. y Martín F.L., además del técnico municipal Pablo B.S., serán juzgados el próximo miércoles acusados de permitir desmanes urbanísticos en Arroyo Frío, en pleno corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. A los políticos, el Fiscal les pedirá penas de inhabilitación, y al técnico una multa. Arroyo Frío es el punto de máximo desarrollo del negocio turístico del mayor parque natural de Andalucía, joya natural reconocida a nivel internacional.
El escrito de acusación del Fiscal relata que «desde al menos 1995 hasta 2001» la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de La Iruela (de la que formaban parte los cinco políticos acusados) hizo dejación de su obligación de vigilar la legalidad urbanística en el municipio, «permitiendo a pesar de tener conocimiento, la realización de todo tipo de construcciones con importantes irregularidades urbanísticas»: edificios más grandes de lo permitido, cambio del uso permitido a la edificación y «especialmente» construcciones levantadas en suelo especialmente protegido.
Casos concretos
El Fiscal señala casos concretos de irregularidades cometidas que debían haber sido impedidas por los acusados: una vivienda de dos plantas totalmente en suelo no urbano en el Parque Natural sin realización de proyecto ni dirección técnica alguna.
También se les acusa de permitir una urbanización de dos locales comerciales, diez apartamentos y doce viviendas unifamiliares que se pasaron un 10% de lo que les correspondía. Esa urbanización está hoy día construida, vendida y habitada. Pese a que ocupa suelo no urbanizable del parque natural, se le concedió el 4 de septiembre de 1998 una licencia municipal de destierro. El proyecto se subdividió en tres partes «con la finalidad de ir autorizando poco a poco, a través de licencias parciales». Al final se construyó toda la urbanización «sin que por los acusados se haya realizado acción alguna para impedirlo».
Otro vecino de la zona realizó en el paraje El Chaparral o El Cantalar, siempre dentro del Parque Natural, seis apartamentos de doble planta en suelo no urbanizable. En ese mismo paraje una empresa levantó un campamento juvenil con su vallado, capilla, dormitorios, oficinas, sala de reuniones, doce pequeñas construcciones para dormitorios y otro inmueble de doble planta con techo abuhardillado. Además, se dotó al complejo de una piscina de grandes dimensiones.
Fiscalía considera a los cinco políticos autores de un delito de omisión intencionada de perseguir delitos de los que como autoridades públicas habían tenido conocimiento, lo que pone en relación además con el artículo 74 del Código Penal que habla de «un plan preconcebido». Les pide dos años de inhabilitación para cargo público.
La 'autolicencia'
Al técnico municipal Pablo B.S. se le considera autor de otro delito: «Intervino y emitió, como técnico municipal, informe favorable para la concesión de la licencia de un hotel en Arroyo Frío». Él y su esposa son los titulares del hotel. Y las obras las hizo a través de la constructora Orbaucons, de la que el propio Pablo B.S. es administrador, según el relato del Fiscal. Para no dejar nada en manos de otro, él mismo elaboró el proyecto de obra. Le piden multa de 5.400 euros por actividades prohibidas a funcionario público.
* Ideal - 11.10.08 -JUAN ESTEBAN POVEDA
Foto: La Iruela (Jaén), Arroyo_Frio - ujaen.es
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Manjarrés aprueba construir un campo de golf y 1.360 viviendas en terrenos del alcalde
LARIOJA* : El Ayuntamiento de Manjarrés, con los votos del PP, ha aprobado inicialmente el Plan General Municipal (PGM) de la localidad que prevé la recalificación en suelo urbanizable de 1,36 millones de metros cuadrados -la mitad prácticamente propiedad del alcalde, Santiago García Manzanares y de su familia- con la pretensión de edificar 1.360 viviendas y, posiblemente, un complejo deportivo de golf.
El PGM prevé un aumento poblacional del municipio, que actualmente cuenta con menos de 150 habitantes, hasta 4.760 sólo en esas viviendas -a las que concede carácter prioritario con un plazo de cuatro años para su urbanización-.
La zona recalificada se ubica al oeste del municipio y está compuesta por unas 60 hectáreas de monte (que son propiedad del alcalde y su familia) y que se completan con otras 70 a pie del mismo, junto con las que albergarían el supuesto complejo de golf con las casi 1.400 viviendas.
El PGM fue aprobado el pasado mes de septiembre por el pleno municipal y ha sido remitido a la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En este sentido, será ahora la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de La Rioja la que se pronunciará sobre la propuesta municipal, aunque por el momento, según confirman fuentes de la misma, el documento no ha sido analizado.
Según el Plan General, que además recalifica cuatro pequeños sectores en el propio entorno del municipio, Manjarrés pasaría de una población actual de 143 habitantes a 7.273.
La demanda de agua la 'soluciona' el documento gracias al reciente embalse de Castroviejo y la cobertura de la cuenca del Yalde, aunque la propia memoria del PGM reconoce que el abastecimiento asignado por el Plan Director de Abastecimiento de Agua a Poblaciones de La Rioja para el año 2015 es de 38.044 metros cúbicos anuales, cuando la necesidad, con el desarrollo urbanístico propuesto, sería de 1.238.264 metros cúbicos. Es decir, 32 veces más que la necesidad prevista inicialmente. Curioso resulta también la protección forestal de una zona de encinas limítrofe al futuro complejo de golf, cuando la actuación principal se prevé en un monte de unas 60 hectáreas en las que la mayoría de la arboleda son también encinas.
La idea del alcalde de Manjarrés, Santiago García Manzanares (PP), de construir un complejo de golf con centenares de viviendas (1.349 finalmente, según la aprobación inicial del Plan General Municipal) en la localidad y en terrenos de su propia familia no es nueva.
En junio del año 2006, el Ayuntamiento aprobó el avance del Plan General Municipal (PGM) que preveía la recalificación del monte de 60 hectáreas propiedad del primer edil y sus hermanos.
Eran entonces los momentos del 'boom' inmobiliario y en los que las propuestas de campos de golf en suelos rústicos con miles de viviendas a su alrededor se amontonaban en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de La Rioja.
En cualquier caso, en 60 hectáreas de superficie era difícil albergar un campo de golf completo con un desarrollo urbanístico paralelo como el finalmente propuesto. Así las cosas, con la aprobación inicial del Plan General, el sector calificado como suelo urbanizable residencial deportivo se amplía ahora a 136 hectáreas, con varias fincas a las faldas del monte de la familia del alcalde.
Manjarrés, como la gran mayoría de los municipios pequeños de La Rioja, no contaba con Plan General Municipal y, mediante un convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja que sufraga los gastos técnicos, se puso a trabajar en su redacción.
En el momento del avance, Santiago García Manzanares señaló a este diario que «se había previsto la recalificación del suelo por si interesaba al pueblo en el futuro». García Manzanares aseguraba no contar entonces con ninguna propuesta de urbanización para la zona e insistía en que «lo único que hemos hecho es prever la posibilidad de reservar una zona para estos usos en el futuro, por si interesa al pueblo, ya que la tramitación va para largo».
Ante la aprobación inicial del Plan General Municipal, este periódico intentó ponerse de nuevo en contacto con el primer edil de Manjarrés, pero sin éxito.
* La Rioja - A. GIL A.G.| LOGROÑO - 10.10.2008
Foto: Vista de Manjarrés, al fondo, desde los terrenos de monte que se prevén recalificar. /A. IGLESIAS , larioja.com
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11.10.08
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«Hay paisajes de Canarias que han dejado de existir»
ABC* : «En las Islas, sobre todo cuando las visitas a lo largo del tiempo, tienes la impresión de que sobra cemento, que paisajes que son los que te habían atraído en un primer momento en el siguiente viaje han dejado de existir». El reconocido arquitecto urbanista Carlos Verdaguer, director del taller «La ciudad de las tres ecologías: Una posible introducción al eco-urbanismo», celebrado esta semana en Lanzarote, en la sede de la Fundación César Manrique, reflexionó en declaraciones a este periódico sobre los efectos nocivos que ha tenido para Canarias «la espiral de destrucción de la industria turística».
El técnico se trajo en la maleta varios mensajes. Entre ellos, que aplicar criterios de sostenibilidad en la construcción, el desarrollo urbano y, en general, en la gestión del territorio, lejos de suponer un freno, aporta un valor añadido para la economía.
Verdaguer no tiene dudas sobre el hecho de que la aplicación de criterios ecológicos supone un beneficio para el desarrollo económico, por más, dice, que algunos se empeñen en colgar el sambenito de que los ecologistas tan sólo quieren que no se haga absolutamente nada.
«Hay una clave muy clara. El modelo que hay detrás del ecourbanismo es un modelo que desde el punto de vista productivo reclama una mayor mano de obra, por ejemplo porque se exige un mayor cuidado de los detalles para que los aislamientos estén debidamente colocados. Se trata de un modelo que, bien gestionado y entendido, podría contribuir notablemente a la crisis y a buscar salidas a la crisis desde la sostenibilidad», afirma.
«Un buen entendimiento de la sostenibilidad lleva asociado un modelo productivo en el que los recursos humanos tienen un mayor peso. Es algo en lo que nunca se hace suficiente hincapié. Hay cosas -enfatiza- en las que no se gana absolutamente nada por hacerlas mecanizadas. Y esto no sólo se puede aplicar al parque inmobiliario, sino en el espacio público, porque ahí también hay un enorme campo de trabajo.»
Desde su punto de vista, territorios tan frágiles y presionados como el Archipiélago deben asomarse a dos ventanas cuanto antes: la renovación de la planta y la diversificación económica.
«Desde el punto de vista de la sostenibilidad económica, en las islas es donde más habría que incidir en los temas de autosuficiencia y no centrarse en una única fuente. Hay que centrarse en el desarrollo de los recursos locales. Menorca consiguió hacer frente a los primeros embates del turismo de masas porque tenía una industria diversificada», cita, al poner como referencia la isla balear de la que es originario, aunque su residencia está ahora fijada en Madrid.
Por otro lado, Verdaguer cree que la construcción de residencias ha tocado claramente techo en España. «Resulta evidente que el mercado inmobiliario se tenía que desplomar, porque no ha tenido en cuenta ningún tipo de límites y se ha sobredimensionado. Se ha creado más vivienda de la que realmente se necesita», sostiene.
Actualmente, cree que no hay un problema de parque de viviendas en España, que tiene 24 millones: «Lo que sí existe es un problema de acceso, de gestión de ese parque inmobiliario. No hace falta poner en marcha la maquinaria para seguir construyendo vivienda, sino redistribuir la que hay y activar mecanismos para que afloren los tres millones y medio de viviendas vacías que existen e intentar mejorar la vivienda degradada», propone.
* ABC - ERNESTO LUNA | ARRECIFE - 10.10.2008
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Arranca en la Audiencia Nacional el juicio por el 'saqueo de Marbella'
ELMUNDO* : El juicio más importante contra la corrupción urbanística que se ha celebrado en España en los últimos 30 años, el del 'caso saqueo de Marbella', ha arrancado este viernes en la Audiencia Nacional. Jesús Gil, ex alcalde de esta localidad, y Juan Antonio Roca, su entonces asesor de Urbanismo, fueron los protagonistas de la desaparición de más de 6.000 millones de pesetas (36 millones de euros) de las arcas municipales entre 1991 y 1995.
Gil falleció en marzo de 2004 y Roca irá al juicio conducido por un furgón de la Guardia Civil desde la cárcel de Navalcarnero (Madrid), donde se encuentra recluido por el 'caso Malaya', entre otros. Según ha podido saber este diario, finalmente Roca no tirará de la manta de la corrupción en la Costa del Sol, como había prometido en su último juicio.
El saqueo de Marbella fue revelado en octubre de 1999 por EL MUNDO. La Fiscalía Anticorrupción utilizó esta información para poner una querella contra Jesús Gil (alcalde), Juan Antonio Roca (asesor de Urbanismo), José Luis Jiménez (mano derecha de Gil), José Luis Sierra (asesor legal del Ayuntamiento), Manuel Castel (contable de Gil) y otros.
Utilización de facturas falsas
El 21 de octubre de 1999, EL MUNDO publicó en portada: "Gil se apropió de 4.442 millones de Marbella con facturas falsas". Al día siguiente, reveló la contabilidad B del Ayuntamiento marbellí, que falseó Manuel Castel por orden del alcalde: "Un ex ejecutivo de Rumasa dirigió para Gil el saqueo de 4.442 millones de Marbella".
Ha resultado que esos iniciales 4.442 millones de pesetas (26,7 millones de euros) son, finalmente, 6.005.410.980 pesetas (36,09 millones de euros), según ha conseguido documentar la Fiscalía Anticorrupción después de varios años de investigación. El principal valedor, como fiscal, de este caso fue Carlos Castresana.
Y, tras más de ocho años de instrucción, hoy se sentarán en el banquillo de los acusados un total de seis imputados a los que el fiscal solicita penas de entre ocho y 10 años de cárcel. Jesús Gil y José Luis Jiménez no podrán responder penalmente porque fallecieron en marzo de 2004 y junio de 2005, respectivamente, pero sí lo tendrán que hacer sus herederos como responsables civiles subsidiarios. En el caso de los de Gil, el fiscal reclama 514 millones de pesetas (3,09 millones de euros).
Según ha podido saber este diario, Roca y algunos de los otros imputados han llegado a un principio de acuerdo verbal para descargar todas las responsabilidades de la apropiación de los más de 6.000 millones de pesetas en los fallecidos: Jesús Gil y José Luis Jiménez.
Esta táctica de cargar la culpa a los muertos ya ha sido empleada con anterioridad en algunos juicios de la Audiencia Nacional por colaboradores o miembros de ETA en casos de secuestros o cobro del impuesto revolucionario.
Juan Antonio Roca, según su entorno familiar, está convencido de que será condenado a una mínima pena por este caso, aunque el fiscal le pide 10 años por malversación de caudales públicos y falsedad en documento.
El pasado 23 de julio, el ex asesor de Urbanismo se comprometió en Granada, y delante del tribunal que lo juzgaba a él y al magistrado Francisco J. Urquía por cohecho y prevaricación, que a partir de esa fecha iba a contar toda la verdad. Roca fue condenado por ese asunto a un año de cárcel y el juez, a dos.
El ex asesor de Urbanismo de Marbella, según ha podido saber este periódico a través de antiguos asesores económicos suyos, se ha comprometido con diferentes estamentos oficiales a no revelar todo lo que sabe sobre la corrupción de Marbella, Andalucía y otras comunidades autónomas donde venía trabajando en los últimos años como inversor inmobiliario.
Por último, hay que recordar que Roca estuvo colaborando con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) durante el tiempo en que el GIL (Grupo Independiente Liberal) de Jesús Gil consiguió la Alcaldía de Ceuta y tuvo siete diputados en Melilla.
* El Mundo - ANTONIO RUBIO - 10.10.2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
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10.10.08
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El juzgado anula el acuerdo plenario para construir la Ciudad Deportiva de Monóvar
INFORMACIÓN/Alicante* : El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Alicante, a través del magistrado Ricardo Estévez Goytre, ha anulado el acuerdo plenario que aprobaba un convenio urbanístico para la construcción de la Ciudad Deportiva de Monóvar.
El juez, ha dictado sentencia por el recurso que presentaron los ediles del grupo socialista municipal Ignacio Vidal, Anna López, Ramón Rico y Remedios Maqueda, contra el decreto de Alcaldía 352/2007, de fecha 23 de agosto de 2007, en el cual "se inadmitió a trámite el recurso de reposición presentado por los ediles denunciantes frente al acuerdo plenario de fecha 1 de marzo de 2007, por el que se aprobó el convenio urbanístico denominado Ciudad Deportiva con la mercantil Euroesfinge SL, por resultar extemporáneo".
La sentencia del magistrado Estévez Goytre recoge en el punto 1 del apartado fallo "desestimar la alegación de inadmisibilidad del recurso formulado por la Administración demandada". En el punto 2 de dicho fallo se "estima el recurso presentado por los ediles socialistas contra el decreto de la Alcaldía". Y el punto 3 del fallo de esta sentencia se decide "anular el acuerdo plenario de 1 de marzo de 2007 por no ser ajustado a Derecho y, en consecuencia, dejar sin efecto el convenio urbanístico suscrito". Contra esta sentencia el grupo de gobierno puede interponer recurso de apelación ante el mismo tribunal para que sea la sala competente del TSJCV la que decida. El portavoz del grupo socialista municipal, Paco Picó, ya denunció en su día que "este convenio urbanístico le iba a suponer al Ayuntamiento de Monóvar una pérdida para las arcas municipales de 9 millones de euros, lo que equivaldría al valor del suelo destinado a 425 viviendas". Para los socialistas este convenio urbanístico, conocido como PAI "Ciudad Deportiva", era "una cesión gratuita de terrenos dotacionales en una cesión onerosa, ya que se anticipaba la cesión de suelo para la Ciudad Deportiva y se le reconocía a la mercantil una edificabilidad de 42.404,31 metros cuadrados, que el Ayuntamiento tendría que darle con cargo a los derechos municipales del 10% que le corresponde en el suelo urbanizable".
Para el PSOE "las dotaciones previstas por el PGOU tienen que ser cedidas gratuitamente al Ayuntamiento por todos los sectores del suelo urbanizable y esta sentencia deja claro que el actual grupo de gobierno utiliza constantemente la permuta para la obtención de bienes". La misma sentencia en una de sus conclusiones destaca que "el convenio urbanístico es contrario al ordenamiento jurídico, pues el interés publico que ha de perseguir toda actuación administrativa exigiría la obtención de los mencionados terrenos dotacionales mediante la inclusión o adscripción al correspondiente sector o sectores".
Esta sentencia viene a poner un obstáculo más en el objetivo del actual grupo de gobierno del Ayuntamiento monovero, ya que uno de sus proyectos de legislatura más importante es la construcción de un nuevo campo de fútbol y otras instalaciones deportivas de las que Monóvar es deficitaria.
A esto hay que unir la decisión de la Diputación Provincial de Alicante de desestimar la petición realizada por el Ayuntamiento monovero para conseguir la oportuna subvención económica para la construcción de un campo de fútbol de hierba artificial. La negativa de la institución provincial afecta al programa de ayudas de 2008-2009. El escrito de esta negativa de ayuda fue firmada por la Diputación el pasado día 29 de septiembre, cuatro días después de que el presidente José Joaquín Ripoll inaugurara el día 25 de septiembre la piscina cubierta municipal, que a día de hoy continua cerrada por la falta de suministro eléctrico.
* Información - RAFA JOVER - 10 de octubre de 2008
Foto: Vista de Monóvar, que de momento se queda sin Ciudad Deportiva. CRUCES-ERNES, diarioinformacion.com
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10.10.08
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Los promotores prefieren "regalar la casa al banco" antes que rebajarla un 30%
PÚBLICO* : Los promotores aseguran que han bajado el precio de los pisos aunque las estadísticas no lo reflejen y que no hay margen para rebajarlos más. En un año, entre agosto pasado y el de 2007, las viviendas de obra nueva han reducido su precio "no menos del 15%" en general y "más del 20% en segunda residencia y en la costa", según afirmó ayer Pedro Pérez, presidente del G-14, el lobby que agrupa a las principales inmobiliarias cotizadas.
Los precios ya se han ajustado significativamente, según Pérez, quien criticó que la nueva estadística del INE no refleja la evolución real.
"Antes lo regalo al banco"
En esta línea, Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Constructores Promotores de España (APCE), señaló que "nunca se verán rebajas del 30% o del 40%" porque el margen máximo sería del 20%, ya que el 80% es hipoteca. "Antes se lo regalo al banco", señaló en unas jornadas inmobiliarias de la Fundación Rafael del Pino, que preside María del Pino, accionista de la constructora Ferrovial.
El ex presidente del Banco Hipotecario, Julio Rodríguez, señaló que "el verdadero problema es el coste de acceder a una vivienda" y que el "ajuste será más rápido" según la bajada de precios.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que clausuró la jornada, pidió colaboración a la banca y a los propios promotores para que el sector supere la crisis. Corredor dijo también que "esperamos que la bajada de tipos tenga efecto en el Euribor".
Los 3.000 millones del ICO, sin aprobar
La medida anunciada por el Gobierno para ayudar a los promotores a cambio de que pongan en alquiler en torno a 25.000 pisos que ahora no venden sigue sin aprobarse. Se trata de una línea de mediación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por la que ayudará a la financiación de hipotecas de promotores por valor de 3.000 millones. El ICO tiene ya una propuesta para articular esta medida, que permitirá poner más pisos en alquiler en el mercado, pero los trámites de aprobación aún no han terminado y falta también un acuerdo con los bancos y cajas que financian a las inmobiliarias, según fuentes del ICO. Los promotores esperaban que la medida se aprobara la próxima semana, según fuentes del sector, que necesita liquidez urgente.
* Público - S. R. ARENES - Madrid - 09/10/2008
Foto: Vivienda, bloques - EFE
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
El TSJA acusa a Sevilla de "fraude" por la mezquita
ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera que el Ayuntamiento de Sevilla cometió "fraude urbanístico" al cederle a la Comunidad Islámica en España una parcela de 6.000 metros en el barrio de Los Bermejales para que construyera una mezquita.
La sentencia dictada por el alto tribunal no tiene ya efecto práctico porque las presiones de un grupo de vecinos reticentes a la mezquita llevaron a la Gerencia de Urbanismo a desistir de esta ubicación y plantear el proyecto en la Isla de la Cartuja. No obstante, el fallo constituye un nuevo rapapolvo del TSJA al Ayuntamiento sevillano.
Los jueces dan la razón a la asociación vecinal Bermejales 2000 y anulan un acuerdo de la Junta de Gobierno municipal de marzo de 2005 que respaldó la cesión del terreno. La sentencia reprocha al Ayuntamiento sucesivos errores formales en la cesión de la parcela. Durante su tramitación, Urbanismo la consideró patrimonio municipal del suelo, pero en el inventario de bienes municipales figura como inmueble de dominio público, una calificación incompatible con la cesión gratuita para construir la mezquita, según el alto tribunal.
El Ayuntamiento aprobó la inclusión del suelo en el patrimonio municipal una semana después de acordar la cesión, pero aún así, no actualizó el inventario de bienes. "Parece ser que resulta indiferente que las normas se cumplan o no, que tenga el bien una u otra calificación, que sufra hasta dinamitarla la seguridad jurídica", apuntan los jueces, que consideran que la actuación del Ayuntamiento supone "un verdadero fraude urbanístico".
La sentencia la firman tres magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, la misma que hace unos meses frustró la intención municipal de expropiar la dehesa de Tablada. En esta ocasión, los jueces se posicionan del lado de los vecinos, al entender que la parcela en la que se iba a ubicar la mezquita no es formalmente un "sistema general" (lo que permitiría al Ayuntamiento levantar el edificio) sino una dotación común de uso privado "lo cual permite la intervención de los ciudadanos afectados". "Sin perjuicio de las potestades del planificador, los ciudadanos tienen derecho a decidir cómo debe ser el lugar que constituye el centro de su convivencia", concluyen los jueces.
* ELPAIS.com - Sevilla - 10/10/2008
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Una 'casa del pueblo' con vistas al cementerio
MADRIDIARIO/Reportaje* : Decenas de jóvenes hacen turnos desde hace varios días para acondicionar y guardar el edificio 'okupado' de la entrada del cementerio de La Almudena. Madridiario ha traspasado la verja de entrada y ha compartido una tarde con ellos. Esta es su historia.
"¿Todavía crees en Constituciones?" Esa es la pregunta que asalta al visitante del edificio 'okupado' de la puerta del cementerio de La Almudena, nada más entrar en su 'recibidor'. Cuando el 'sereno' de turno cierra con llave la verja de hierro —todas las precauciones son pocas para evitar que se cuelen intrusos—, los jóvenes echan otro vistazo fuera por si ha vuelto la policía. Y luego vuelven a lo suyo, a barrer, a limpiar y a debatir sobre los mil y un usos posibles para sus cuatro pisos diáfanos y luminosos.
El 'nuevo hogar' de los miembros del colectivo El Dragón tiene un inmenso 'jardín' de cipreses, vistas a las cuatro torres de Plaza Castilla, un entorno tranquilo —"como los vecinos protesten por el ruido, chungo", bromea una de las chicas— y 'habitaciones' abuhardilladas en cada una de sus cuatro plantas. Las ventanas son nuevas, fruto de la reciente reforma que su legítimo dueño, la Empresa Mixta de Servicios Funerarios, realizó con la intención de convertirlo en un museo, que más de una década después sigue siendo solo un proyecto.
Ahora, los 'okupas' tienen sus propios planes para el edificio: clases de yoga, de baile, talleres musicales, español para extranjeros, locales de ensayo para grupos... Pasan las horas hablando de los posibles usos que pueden darse a cada rincón del inmueble, que, aparte de algún 'rasguño' en los peldaños de la escalera central, se encuentra en perfectas condiciones. "Sí, pero tendrías que haberlo visto hace unos días", apunta un joven mientras barre la tercera planta, levantando una enorme polvareda.
Poco a poco, van apareciendo sacos de dormir. Hay velas en todos los rincones y el 'dormitorio' colectivo ya tiene su mesa para comer. Un lateral del cuarto piso les sirve de despensa. Las paredes están desnudas: no hay pintadas, apenas carteles. Ni un cristal roto: las contraventanas están aseguradas con cuerdas, porque aquí, a las puertas del cementerio, sin más edificios alrededor, el viento pega fuerte. Ahora falta la electricidad, para lo cual habrá que 'engancharse' a alguna fuente cercana, y la fontanería, esto último un poco más complicado. "Mañana va a venir un colega fontanero a echar una mano", anuncia alguien. De momento, les basta con un cubo que hace las veces de 'inodoro' itinerante.
Los jóvenes hacen turnos para vigilar la entrada, atender a los medios desde dentro y charlar con los curiosos que se han topado con las pancartas 'okupas' un día cualquiera mientras pasean a su perro por el parque Arriaga. Pasan las horas y nadie protesta. Al revés: después de preguntarles cómo están y de interesarse por los planes que El Dragón tiene para el edificio, les felicitan, desean suerte e, incluso, les brindan su ayuda. "¿Vais a poner una cafetería? ¡Por fin voy a tener un bar cerca del trabajo!", exclama una señora. "Ya era hora de que hubiera un centro cultural en el barrio", comenta otro. "¿A qué colectivos pertenecéis? En Moratalaz el tejido asociativo está fatal", dice un tercero. Y así hasta el anochecer.
Entonces, las puertas del cementerio se cierran y las del edificio 'okupado' se abren para dejar salir a los visitantes. Los nuevos inquilinos del edificio se quedan un rato vigilando y después se refugian en sus sacos para compartir una cena. Siguen debatiendo sobre derecho a la vivienda, sobre oferta cultural y social, sobre política, fontanería, medios de comunicación y un largo etcétera, mientras miran de reojo al exterior por si llega el temido desalojo.
A pesar de la denuncia interpuesta por la Funeraria, los jóvenes mantienen que, al llevar tantos años deshabitado, "esto no es un allanamiento". Tampoco les sirve el argumento de que se trata "de un monumento histórico artístico": "¿Y qué? ¿No se puede utilizar? La Biblioteca Nacional también es un monumento, y es una biblioteca", alegan. No lo entienden porque siguen sin creer en Constituciones. Ni en los fantasmas de los empleados del cementerio que vivieron entre esos muros. Los vecinos siguen sin protestar, y ellos se saben arropados en la tranquilidad de la noche. Dure la calma lo que dure.
* Madridiario - Celia G. Naranjo - 09-10-2008
Foto: Celia G. Naranjo, madridiario.es
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10.10.08
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Tema: NOTICIAS Madrid
Sant Josep: El GEN reclama que se derriben las obras ilegales de la trama
DIARIODEIBIZA* : El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN-GOB) pide que la Justicia llegue «hasta las últimas consecuencias» y que no sólo se condene a los responsables del caso Huerta, sino que «también se ordene y ejecuten las demoliciones de lo que se haya edificado ilegalmente porque no se puede permitir que continúen siendo rentables este tipo de actividades».
Los ecologistas advierten de que, en caso contrario, se estaría permitiendo que «estas actividades delictivas» siguieran dando «beneficios millonarios» y resultaran «mucho más beneficiosas que una actividad profesional honrada».
El GEN considera «improbable» que, tras los registros efectuados en la llamada Operación Pitiusa, se pueda destapar más que una ínfima parte de lo que han sido «los 20 años más desafortunados del urbanismo de la isla», pero expresa su deseo de que «la Justicia acabe de una vez con la impunidad con la que ha actuado hasta ahora la delincuencia urbanística organizada, la más importante y extendida juntamente con la del tráfico de drogas de la isla de Eivissa».
El grupo ecologista advierte de que remitirá un nuevo escrito al Ayuntamiento de Sant Josep para pedir que decrete «la paralización cautelar de las obras que todavía están en marcha vinculadas a la presunta red criminal que operaba en el municipio». «Esta red mafiosa, supuestamente liderada por Huerta y que involucraría a su familia», agrega el GEN en un comunicado, «parece que puede afectar a un número indeterminado pero elevado de personas, dentro y fuera de la isla, que podrían formar parte de la misma o ser colaboradores necesarios en los hechos que se están investigando».
Por su parte, el GEN destaca y «valora» el esfuerzo realizado por la Fiscalía de Eivissa y el juzgado de instrucción que lleva el caso y, en cambio, lamenta «profundamente la falta de interés que ha mostrado siempre la Fiscalía Anticorrupción de Balears por la isla de Eivissa». En este sentido, los ecologistas recuerdan que Eivissa forma parte de la jurisdicción de Anticorrupción de Balears aunque «no hayan actuado nunca» y a pesar de «la situación insostenible a la que ha llegado la isla por este tipo de conductas ilícitas».
* Diario de Ibiza - 09 de octubre de 2008
Foto: Agentes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria registraron el martes la vivienda de Huerta y Fernández. Juan A. Riera, diariodeibiza.es
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9.10.08
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Tema: NOTICIAS Baleares
Alicante: El Ayuntamiento venderá subsuelo de zonas públicas para negocios privados
INFORMACIÓN* : Las calles, zonas verdes y parques de la ciudad son públicas y titularidad municipal. Sin embargo, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) introduce un cambio fundamental en este patrimonio público al permitir al Ayuntamiento la venta y privatización del subsuelo para negocios y actividades privadas. Así, debajo de zonas públicas se podrán construir aparcamientos, hoteles, zonas comerciales, oficinas y hasta equipamientos privados.
La medida supondrá una nueva fuente de ingresos para las arcas municipales.
No es una novedad insólita, ya que la nueva Ley Urbanística Valenciana contempla esta posibilidad y algún Ayuntamiento ya lo permite, pero sí es una iniciativa totalmente novedosa con respecto a la ciudad de Alicante, en donde las zonas públicas incluyen superficie y subsuelo. Además, esta medida de la revisión del PGOU supone también un cambio sustancial en cuanto a la actividad de sótanos y construcciones subterráneas, ya que hasta ahora sólo se permite los aparcamientos, garajes y almacenes, y cuanto entre el vigor el nuevo Plan se autorizará todo tipo de actividades.
La nueva regulación del subsuelo de las zonas públicas se recoge en el título 4, artículo 4.1 de las normas urbanísticas del nuevo PGOU, en el que se indica que las zonas públicas destinadas a la red viaria y a zonas verdes se limitarán a la superficie y al vuelo, pudiendo la Administración Local destinar el subsuelo a aparcamiento, hostelería, zona comercial, oficinas, área cultural o deportiva y equipamientos privados, estos últimos hasta un máximo de 2.500 metros cuadrados. Por tanto cabría de todo en la planta sótano, desde un hotel hasta un establecimiento comercial.
En el nuevo PGOU se indica que en los suelos urbanos y urbanizables que estén pendientes de su ordenación pormenorizada, el Ayuntamiento determinará el régimen aplicable al subsuelo de las zonas públicas, de forma que podrá restringir algunos de los usos ya señalados.
El procedimiento de privatización del subsuelo de las zonas públicas deberá desarrollarlo el propio Ayuntamiento, añade el próximo Plan General, estableciendo al respecto dos fórmulas viables. Una de ellas sería la enajenación o venta, pura y simple, mediante el precio que fije la Administración Local. La otra fórmula será mediante un régimen de explotación del subsuelo durante un determinado plazo, que siempre sería de los años suficientes para amortizar la inversión y generar beneficios.
* Información - MANUEL DOPAZO - 9.10.2008
Foto: Una mujer pasea con su perro en la plaza Gabriel Miró en una imagen de archivo ANTONIO AMORÓS, diarioinformacion.com
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9.10.08
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Pocero rico vs pocero bueno: duelo al sol en el páramo de Seseña
ELMUNDO/Toledo* : A Francisco Hernando, el Pocero de Seseña, le crecen los enanos. El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, y promotor José Moreno, conocido como el 'Pocero de Fuenlabrada', han llegado a un principio de acuerdo para construir 21 viviendas de protección oficial para jóvenes a un precio que rondará los 100.000 euros, justo al lado del residencial donde hay proyectadas 13.500 viviendas, de las que sólo se han construido 5.000 y vendido 1.100.
"Se trata de un acuerdo verbal entre el alcalde y yo. Le dije que, al precio que están los terrenos -entre 550 y 600 euros el metro-, podían construirse casas protegidas con una repercusión del precio del suelo de entre 18.000 y 24.000 euros por vivienda, de forma que las casas no pasarían de 100.000 euros", explica José Moreno a elmundo.es.
Inevitablemente, surgen las comparaciones entre ambos promotores. "A mí lo que hagan otras personas me da lo mismo. Yo pienso en los jóvenes y construiré las viviendas para ellos. Estoy convencido de que el primer día que salgan a la venta me las quitarán de las manos", asegura Moreno.
A las 21 viviendas proyectadas, Moreno podría añadir en torno a un millar más en dos años, según lo acordado con el alcalde de la localidad, Manuel Fuentes (IU).
José Moreno ya ha entregado viviendas a precios similares en el municipio madrileño de Fuenlabrada y que comparte origen profesional con Francisco Hernando, 'Paco el pocero', promotor de un PAU de 13.508 viviendas en Seseña cuya autorización fue denunciada en su momento por el alcalde.
Según ha indicado el regidor, a través de la recientemente creada Empresa Municipal de la Vivienda, el Ayuntamiento quiere poner en el mercado viviendas de protección a un precio sensiblemente inferior al estipulado en el módulo actual. Para ello, ha apostado por "la unión de quienes hemos estado luchando por un urbanismo sostenible y porque se consolide un derecho que deben de tener todos los ciudadanos como es el derecho a la vivienda digna y además asequible".
El alcalde ha expuesto que, en la crisis económica actual y con el precio de la vivienda "disparado", el acceso a la vivienda "es imposible" para "la gente trabajadora y la gente joven", por lo que esta iniciativa ofrecerá una respuesta a esa situación y, además, impulsará la creación de empleo en la comarca de La Sagra.
Las primeras 21 viviendas sociales
Este mismo año se ofertarán las primeras 21 viviendas municipales a un precio que rondará los 90.000 y los 100.000 euros. Con este acuerdo, existirá la posibilidad de poder construir en Seseña, a medio plazo, miles de viviendas y por lo tanto, "la demanda de vivienda barata que sí que van a poder pagar la gente trabajadora y la gente joven la vamos a poder poner en el mercado", ha agregado.
Su intención es que en este mismo año se pueda ofertar un primer bloque de 21 VPO a un precio máximo de 90.000 ó 100.000 euros, aunque "si podemos dejarlo más barato lo haremos". Según su cálculos, en el futuro, cuando la localidad cuente con las infraestructuras prometidas, se podrían construir 1.500 viviendas protegidas en el suelo del que dispone el Ayuntamiento, con lo que se daría respuesta a la demanda de este tipo de vivienda no sólo de Seseña, sino de buena parte de la comarca.
El promotor obtendría sólo el 3% del beneficio industrial en los casos de promociones de pocas viviendas, pero, si el número de viviendas supera las 300, ese porcentaje se reduciría al 2,5 ó 2,75%. "Se nos abre un horizonte muy ilusionante", ha dicho el alcalde, quien ha comparado esta iniciativa con las viviendas público-privadas promovidas por el Gobierno regional y que, ha recordado, tendrán un precio de unos 150.000 euros, "por lo que la diferencia es abismal".
* El Mundo - 08/10/2008
Foto: Fuenlabrada (Madrid), el Pocero - elmundo.es
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9.10.08
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Almuñécar convocará un referéndum sobre su futuro urbanístico
ELPAÍS/Granada* : El Ayuntamiento de Almuñécar podrá someter su propuesta de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) -que ya está aprobado provisionalmente- a referéndum. El Tribunal Supremo ha dado la razón al Consistorio que se topó primero con la negativa de la Junta de Andalucía y del Consejo de Ministros después. Ambos negaron al Ayuntamiento la autorización para que convocara la consulta popular que, aunque no es vinculante, sí que tiene relevancia a nivel político.
La primera que se opuso al propósito municipal fue la Administración autonómica con la argumentación de que el Consistorio carecía de competencia para convocar la consulta. El Ayuntamiento recurrió y el Consejo de Ministros acordó en septiembre de 2006 denegar de nuevo al Consistorio la posibilidad de celebrar la consulta.
El alcalde, Juan Carlos Benavides, de Convergencia Andaluza (CA), convencido de que sí era competente para convocar la consulta, presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, que ahora da luz verde a la intención de plantear la consulta sobre el PGOU. Benavides cree un "hito histórico" la sentencia que, según su letrado, Antonio Tastet, es la primera dictada sobre una consulta popular relacionada con el urbanismo municipal, a tenor de la investigación que realizó cuando presentó la demanda en 2006.
Para su negativa, el Consejo de Ministros se basaba en que no concurría para la celebración de la consulta uno de los requisitos que exige el artículo 71 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. En concreto, que el objeto de la consulta popular sea: "Un asunto de competencia propia municipal". Un PGOU, según consta en la decisión recurrida, es un instrumento de planeamiento y la competencia para su formulación y aprobación corresponde a los Ayuntamiento y a la Administración autonómica de forma concurrente.
La Sala Tercera del Supremo, presidida por el ex ministro Fernando Ledesma, declara nulo el acuerdo porque se funda en una interpretación contra legem al identificar "indebidamente" el concepto "asunto de la competencia propia municipal" a la que alude la disposición legal con "asuntos de la competencia exclusiva del municipio".
Entre los fundamentos de derecho, la sentencia del Supremo incluye una decisión del Tribunal Constitucional de 2004 en la que se delimita la competencia de los municipios en materia de ordenación urbanística. "La regulación de las relaciones interadministrativas no ha de oscurecer el principio de que la ordenación urbanística del territorio municipal es tarea que fundamentalmente corresponde al municipio y que la intervención de otras administraciones se justifica sólo en la medida en la que concurran intereses de carácter supramunicipal".
El referéndum, que según el alcalde se llevará a cabo con la máxima celeridad, no cuestiona las potestades urbanísticas atribuidas a la Junta y no resulta contrario al ordenamiento jurídico, según el fallo del Supremo contra el que cabe un recurso de unificación de doctrina.
El plazo fijado para presentarlo es de 30 días. Sin embargo, el letrado advirtió de la "dificultad" que supondría hacerlo en ese margen de tiempo al ser un caso único y, por lo tanto, sin referente legal al que ajustarse. De este modo, y una vez transcurra dicho plazo, el Ayuntamiento convocará, según los términos que establece la ley, la consulta popular para que los vecinos de Almuñécar se pronuncien sobre el nuevo planeamiento urbanístico que sustituirá al aún vigente, que data de 1987. "Vamos por buen camino con la Junta", aclaró el regidor cuando fue preguntado por la situación actual del PGOU.
Si se celebra será, según el abogado, el primero en el que se pregunta a los ciudadanos sobre el futuro planeamiento urbanístico de una localidad.
Ejemplos de consulta sobre proyectos concretos sí hay. En 2006, en Villalba de los Alcores, (Valladolid) con 400 habitantes, los ciudadanos votaron no a la construcción de un hotel de lujo con campo de golf y un coto de caza.
* ELPAIS.com - VALME CORTÉS - Granada - 09/10/2008
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
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9.10.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía , NOTICIAS URBANISMO
¿Por qué dicen urbanismo cuando quieren decir especulación?
CANALSOLIDARIO* : “No son las piedras, son los seres humanos los que hacen la ciudad” decía Aristóteles. Pero hoy cientos de ciudadanos y ciudadanas tienen que agruparse y alzar la voz para denunciar que la construcción urbana se está convirtiendo en pura especulación. “Ya no es la ciudadanía lo que importa sino el lucro apoyado por el hábil uso del cemento, el ladrillo y las influencias lo que de verdad hacen las ciudades”, explican desde el foro ‘Urbanismo Crítico’.
En municipios de Asturias, Cataluña o Andalucía la amenaza es una realidad y grupos de vecinos se han unido para hacer frente a la especulación urbanística que afecta a su patrimonio histórico.
“La ciudad pertenece a los vecinos, al menos en un sistema democrático. El problema es que las instituciones han intentado mantener a la ciudad alejada de las decisiones urbanísticas. El Foro de Urbanismo Crítico nace con la idea de que los ciudadanos intervengamos en los debates y fiscalicemos lo que hacen los políticos”. Lo explica Diego Díaz, representante del Foro de Urbanismo Crítico de Oviedo, una ciudad que parece que no aprende de los errores.
Después de tirar la estación ferroviaria del Vasco, para construir un parking, o los soportales de la famosa plaza del Fontán, ahora el colectivo Urbanismo Crítico denuncia que hay dos ejemplos de patrimonio histórico-industrial que están seriamente amenazados por “las ansias por construir viviendas y obtener beneficios a costa del bienestar de los ciudadanos”.
En este caso las antiguas Fábrica de gas y de armas, consideradas las dos ejemplos de patrimonio arqueológico-industrial son las que están pendientes de ser recalificadas. “Lo que tienen en común es que las dos están situadas en el centro de la ciudad”, señalan desde Urbanismo Crítico, “de ahí el interés”.
Para defender estos edificios y la importancia de conservarlos y destinarlos a usos sociales y culturales se ha creado una campaña en su apoyo que podéis seguir a través del Urbanismo Crítico’blog del foro.
Salvemos nuestra historia
Una campaña similar es la que desarrolla el colectivo Salvem Can Fàbregas, en Mataró, municipio del norte de Barcelona. Una constructora decidió poner en marcha la construcción de un gran centro comercial sobre la antigua fábrica de harina, conocida como Can Fàbregas. Puedes seguir su andadura en el Salvem Can Fàbregas blog de la plataforma.
Un grupo de vecinos de Vigo también ha puesto en marcha una campaña para salvar del derribo la antigua fábrica Panificadora de la ciudad. El colectivo solicita la restauración íntegra del edificio con el fin de “conservar la memoria de Vigo”.
Otro de los casos más sonados de destrucción del patrimonio es el de Murcia. Proyectos ambiguos y presuntos campos de golf se proyectan sobre edificios con valor histórico. ONG piden a Murcia que despierte su conciencia y Basurama demuestra que la región puede crecer de forma sostenible.
El estado de conservación de La Fábrica de Vidrios la Trinidad de Sevilla también ha dado lugar a la creación de una plataforma de ciudadanos para salvarla, y finalmente parece que han conseguido que se transforme en un centro de dinamización cultural.
¿Qué PueDo HaCer yo?
Puedes colaborar activamente en el mapa de la especulación de Murcia, creado por el colectivo Basurama, aportando tus datos, conocimientos, fotografías o denuncias de especulación urbanística.
También puedes unirte a las actividades reivindicativas de asociaciones como Greenpeace o Ecologistas en Acción de la región murciana y conocer otras asociaciones que trabajan contra el urbanismo descontrolado. ¡Conócelas y colabora con ellas!
* Canal Solidario - 8.10.2008
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9.10.08
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Pego: El TSJ condena al Consistorio por aplazar durante 4 años la demolición de una casa ilegal
INFORMACIÓN/Alicante* : No basta con abrir un expediente o poner una sanción. Las infracciones urbanísticas requieren de los poderes públicos que actúen con contundencia para el restablecimiento de la legalidad, y el Ayuntamiento de Pego lo acaba de sufrir en sus carnes.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana acaba de condenar al consistorio pegolino por no ejecutar la demolición de una casa prefabricada en suelo no urbanizable, pese a que los informes municipales concluían que no era posible la legalización.
Las obras de la casa en cuestión, levantada sin licencia, fueron denunciadas por unos vecinos en el año 2004. Más de 4 años después el ayuntamiento, tras haber advertido al propietario con la demolición de la vivienda en dos ocasiones, no ha llegado a ejecutar el derribo. Ahora tendrá que hacerlo por mandato del TSJ, que además condena al consistorio al pago de las costas judiciales "pues su comportamiento procesal puede calificarse de temerario, dada la ausencia de razones para mantener una situación de inactividad como la analizada".
La Sala argumenta que en casos como el estudiado "no basta con incoar un procedimiento sancionador y hacer efectiva una sanción, es preciso además restaurar la legalidad", lo que es una "obligación" de la administración. Más aún cuando, en el caso de autos, "existen dos informes urbanísticos municipales que indican que la edificación no sólo es ilegal, porque carece de licencia, sino que además es ilegalizable". La sentencia señala que el Ayuntamiento de Pego "contemporizó" el asunto, dejando caducar el primer procedimiento de legalización e incoando después un segundo expediente en el que "acoge la paradójica y absurda afirmación del promotor de haber adquirido licencia por silencio" (la vivienda requería una licencia de obra mayor, y la que solicitó el promotor era de obra menor para instalar una balaustrada).
Por hallarse en suelo urbanizable, la construcción ilegal está tipificada en el Código Penal. Y "la administración aparece como la cooperadora necesaria para la posible comisión de un delito por un promotor", indica la sentencia.
* Información - SERGI GARCÍA - 8.10.2008
Foto: Pego (Alicante), vista general - flickr.com
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8.10.08
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Un juzgado desestima el recurso en contra de la paralización de mil viviendas en Los Llanos de Coín
SUR/Málaga* : La 'macrourbanización' de Los Llanos de Matagallar (Coín) seguirá sin echar a andar, al menos de momento. El Juzgado de lo Contencioso - Administrativo nº5 de Málaga ha desestimado la medida cautelar solicitada por los promotores para que quedara sin efecto el decreto de paralización dictado en su día por el Ayuntamiento del municipio.
El recurso fue presentado por las dos entidades con intereses en esta actuación urbanística, Frai Desarrollos Inmobiliarios y Caja Rural de Granada, que alegaron los «numerosos y cuantiosos perjuicios económicos» que estaba causando el bloqueo de un proyecto que fue aprobado hace seis años por la antigua corporación andalucista y paralizado la legislatura pasada por el cuatripartito formado por PSOE, PP, IU y Agrupación Coineña.
En el nuevo auto, al que ha tenido acceso este periódico y que fue dictado el pasado 24 de septiembre, el juez, Santiago Macho, no atiende a las alegaciones de los promotores, señalando que no se concretan esos supuestos perjuicios y que tampoco se aportan pruebas al respecto. Además, el magistrado señala que, aún existiendo tales perjuicios, «serán en su caso resarcibles, por lo que no pueden contrapesar el interés general en que no se efectúen promociones sin plenas garantías legales consolidando situaciones irreversibles para el medio ambiente».
Posibles filtraciones
Cabe recordar que el Consistorio ordenó la paralización de las obras tras advertir que tales trabajos podrían suponer filtraciones contaminantes para el acuífero que abastece a Coín y a otros municipios cercanos. El alcalde, Gabriel Clavijo, recordó que el proyecto original planteaba la edificación de mil viviendas y dos campos de golf, diseño que posteriormente se modificó para suprimir los campos de golf, pero duplicando el número de casas.
Clavijo aseguró que su gobierno seguirá posicionado en contra del proyecto y adelantó de que próximamente se convocará la comisión municipal de seguimiento de este asunto para informar del nuevo auto judicial.
* SUR - 08.10.08 - J. J. BUIZA
Foto: Vista de la zona de Los Llanos. / J. J. B, diariosur.es
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8.10.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La Comisión Europea investigará la reclasificación urbanística de Torrelodones
ECODIARIO/Madrid* : La Comisión Europea va a comprobar si el Ayuntamiento de Torrelodones ha incumplido la directiva 'Hábitat' en el proyecto de reclasificación de suelos no urbanizables ignorando el LIC 'Cuenca del río Manzanares'.
Según Los Verdes, "las autoridades municipales y la Comunidad de Madrid tenían que haber tenido en cuenta las leyes europeas antes de dar rienda suelta a los especuladores".
Esta petición se hará en base a la pregunta realizada por el eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, sobre el incumplimiento de la directiva 'Hábitat' por parte del Ayuntamiento de Torrelodones al afectar el proyecto de reclasificación de suelos no urbanizables al LIC 'Cuenca del río Manzanares'.
Según Hammerstein, "las autoridades municipales y la Comunidad de Madrid tenían que haber tenido en cuenta las leyes europeas antes de dar rienda suelta a los especuladores y a los destructores de este entorno natural. Deben frenar todos los trámites del proyecto y esperar los resultados de la investigación europea".
Solicitud de información
Ante esa pregunta, la Comisión Europea ha contestado que pedirá la información a las autoridades españolas para comprobar si hay vulneración de la citada directiva.
La pregunta se presento el pasado día 23 de julio a la Comisión Europea, en base a la supuesta infracción que ha incumplido el Ayuntamiento de Torrelodones en el proyecto de reclasificación de suelos no urbanizables especialmente protegidos del municipio ignorando el LIC 'Cuenca del río manzanares' que está integrada en la Red Natura 2000 de la Unión Europea y protegida por la directiva 'Hábitat'.
En la respuesta de la Comisión se afirma que en el plan urbanístico "podrán aceptar el plan tras cerciorarse de que no perjudicará a la integridad del lugar". Al construir la gran urbanización en medio del espacio protegido es casi imposible que no afecte a la integridad del lugar y sus valores de biodiversidad.
Igualmente se ha obviado el periodo de información pública, por lo que igualmente se podría estar vulnerando la directiva sobre Evaluación de Impacto Ambiental y la directiva relativa a participación ciudadana en las decisiones que afectan al medio ambiente.
* El Economista - Ecodiario - 8.10.2008
Foto: Torrelodones (Madrid), ayuntamiento - eleconomista.es
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8.10.08
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Tema: NOTICIAS Madrid
Tenerife: Casi 350 derribos costeros pendientes en la comarca
LAOPINIÓN* : La demolición de ayer de la mitad de las viviendas de Cho Vito ha supuesto, para muchos, el comienzo de una campaña de Costas en los poblados del litoral del Sureste que ya cuentan con expedientes por ocupar el dominio público y la servidumbre de tránsito.
En total, la Demarcación de Costas contabiliza casi 350 casos, entre los núcleos de Boca Cangrejo y El Tablado, de un total insular que supera las 600 ocupaciones del espacio público.
En todos estos casos, la Demarcación provincial de Costas ha sido contundente en que se aplicará la Ley y que estas construcciones serán demolidas para devolver el litoral al uso común. En la comarca Sureste, 346 construcciones están afectadas por este motivo, repartidas entre Güímar (con 117 en los núcleos de El Tablado, Santa Lucía y Chorregino), Arafo y Candelaria (con 26 en Playa de Lima y Playa de la Viuda, así como las 57 de Bajo la Cuesta).
El núcleo con más expedientes abiertos es Boca Cangrejo, en el litoral de El Rosario, con 120 construcciones que ocuparían el dominio público y la servidumbre de tránsito. En este municipio aparecen 34 construcciones más en Varadero. Precisamente, en El Rosario se ha organizado uno de los mayores enfrentamientos con Costas de la Isla, el de los vecinos de Tabaiba, que rechazan la construcción de un edificio cerca de la playa del Moro.
La Plataforma en Defensa del Litoral de El Rosario inició un procedimiento, que ya ha llegado a Fiscalía, para evitar el cierre por obras de la playa, pero en el transcurso han recopilado numerosa documentación que, aseguran, demuestra numerosas irregularidades y prebendas en torno a estas futuras viviendas, ya que el terreno en cuestión se rige por el deslinde marítimo de 1969, más permisivo -cuando en el resto de la zona es más reciente- o la vinculación de un antiguo alto cargo de la Demarcación de Costas con la promotora.
Sentencias. En todo caso, las actuaciones en la costa Sureste no han dejado de ser polémicas. El litoral de Agache (Güímar) ha ganado ya dos sentencias en la Audiencia Nacional contra el deslinde de Costas, que rechazaba el carácter urbano de los cuatro núcleos demandantes y establecía la servidumbre de protección a cien metros. Mientras, una parte de los vecinos de Bajo la Cuesta (Candelaria) ha logrado que el mismo tribunal dicte la paralización cautelar del inminente derribo de sus viviendas.
El lado amargo de esta lucha vecinal está en Cho Vito que, tras más de 3 años de batalla administrativa y jurídica, no pudo frenar el derribo de sus viviendas, aunque la defensa de este poblado marinero ha trascendido y todos creen que ya se puede hablar de un "espíritu de Cho Vito". Los vecinos cuentan con el apoyo de intelectuales y colectivos canarios, que estudiarán, en los próximos días, diversos actos reivindicativos para mantener vivo este "símbolo de la unidad del pueblo, porque Cho Vito no se rinde", como anunciaron ayer.
* La Opinión de Tenerife - S. GALDÓN | SANTA CRUZ DE TENERIFE - 8.10.2008
Foto: La excavadora comenzó a derribar el poblado marinero por la primera casa que se construyó en la zona y cuyo titular dio nombre al barrio, Cho Vito. Jonay Rodríguez, laopinion.es
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Tema: NOTICIAS Canarias
La Audiencia se contradice en un caso de corrupción en Castellón
ELPAÍS* : Al arquitecto municipal le dicen que no y a los concejales, que sí. La sección primera de la Audiencia provincial de Castellón ha dictado dos autos contradictorios sobre el mismo asunto. En uno confirma la postura de un juzgado sobre indicios de un presunto delito de prevaricación, y en el otro sostiene que el mismo asunto debe sobreseerse.
Los autos se refieren a las diligencias abiertas por el caso del edificio Mar, de Oropesa, en las que están imputados el arquitecto municipal, y el ex alcalde y los tres concejales que aprobaron la construcción de dos bloques de 600 apartamentos sobre un suelo que tenía la calificación de cámping. La diferencia entre los dos autos se encuentra, además del resultado, en el origen de los mismos. El primero es respuesta a un recurso presentado por el arquitecto municipal y el segundo al que presentaron el entonces alcalde independiente y los concejales. En ambos autos coinciden como integrantes del tribunal el presidente y uno de los magistrados.
Tanto la acusación particular como la fiscalía han solicitado la nulidad de ambas decisiones y la designación de un nuevo tribunal compuesto por "magistrados distintos" a los que dictaron estas resoluciones para que "con idéntico criterio" resuelva los dos recursos. La acusación señala que "no caben dos varas de medir, de suerte que unos mismos hechos reciban distintas calificaciones jurídicas". Además, el auto que acuerda el sobreseimiento provisional no ha sido notificado a la acusación particular.
En la causa están imputados el ex alcalde de Oropesa, el independiente Francisco Garrido; tres de los concejales del entonces gobierno local -dos independientes y un edil que fue expulsado del PSPV-; y el arquitecto municipal.La denuncia señalaba en principio al arquitecto municipal, Carlos Garrido, como presunto autor de un delito de prevaricación, al igual que al resto de imputados. Posteriormente, la fiscalía reclamó que se imputara al actual alcalde, Rafael Albert, del PP, ya que intentó legalizar el edificio en 2005. Albert, que está imputado en otras dos causas judiciales referentes a decisiones urbanísticas, celebró un pleno que luego tuvo que anular.
El caso se remonta a la legislatura 1999-2003, cuando el Ayuntamiento de Oropesa otorgó licencia de construcción para apartamentos, locales y garajes en un suelo calificado como terciario y con el camping como único uso permitido. La aprobación se llevó a cabo con el único informe favorable del arquitecto municipal, pese a que tanto la secretaria como el técnico de administración general y el propio Colegio de Arquitectos elaboraron informes desfavorables a la construcción del edificio. A todos ellos se unió, según consta en el expediente, el dictamen del jefe del Servicio Territorial de Urbanismo, que expuso la existencia de un escrito del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana que ratificaba que el proyecto no cumplía con el uso permitido en la parcela.
La investigación judicial abierta tras la denuncia de un particular, presentada en 2005, se prolongó durante casi dos años. En este tiempo se tomó declaración a todos los imputados y se reunieron los informes sobre la causa. En octubre del pasado año, la titular del juzgado número 4 de Castellón concluyó las diligencias previas y decretó el inicio de un procedimiento abreviado, paso intermedio para fijar la fecha del juicio. La juez concluyó que "los hechos aparecen como presuntamente constitutivos de un delito previsto y penado".
Sin embargo, quedaba pendiente la resolución de los recursos presentados por los imputados ante la Audiencia. Tras el primero, cuando todo hacía prever que se había dado luz verde al inicio del juicio, se ha conocido el contenido del segundo auto. Según la fiscalía, son "incongruentes entre sí" e incompatibles, ya que uno dicta que se siga con el procedimiento mientras que el otro se dirige hacia el archivo del caso. Por ello, la fiscalía ha reclamado que ambos autos sean anulados y que otro tribunal resuelva ambos recursos. Por su parte, la acusación, que representa a un vecino afectado, se ha unido a la petición de la fiscalía. "No caben dos varas de medir", ha señalado.
Episodios de un caso de corrupción urbanística
- Licencia. Entre agosto de 2002 y mayo de 2003 el Ayuntamiento de Oropesa concede licencia para construir 600 apartamentos sobre un suelo calificado como camping.
- Informes. La aprobación cuenta con tres informes desfavorables y uno, el del arquitecto, favorable.
- Denuncia. Un vecino presenta una denuncia y la juez imputa al ex alcalde, tres concejales y al arquitecto municipal.
- Alcalde. La fiscalía reclama que se impute también al actual alcalde, que intentó legalizar el edificio en 2005.
- Indicios. En diciembre de 2007 la juez determina que hay indicios de delito.
- Desestimación. En abril de 2008, la Audiencia desestima el recurso del arquitecto sobre la decisión de la juez de iniciar el juicio.
- Estimación. En julio de 2008, la misma sección de la audiencia admite el recurso de los concejales contra la misma decisión de la juez de iniciar el juicio.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 08/10/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), edificio Mar - R.Muñoz (Levante)
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8.10.08
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana