Castro Urdiales: El juez acusa de prevaricación a Muguruza y a otros seis ediles del anterior equipo de gobierno

ELDIARIOMONTAÑÉS* : El Juzgado de Instrucción nº2 de Castro Urdiales ha acusado al alcalde, Fernando Muguruza, y a seis ediles del anterior equipo de gobierno de dos delitos de prevaricación por presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras del túnel de Mioño y del mercado de la ciudad.

En un auto dado a conocer hoy, el titular de este juzgado amplía la imputación por este delito al secretario municipal cuando se ejecutaron esas obras, en 2004, al interventor y a un técnico del Ayuntamiento.
Además, el juez acusa al entonces concejal de Obras y actual portavoz de IU, Salvador Hierro, y al ex edil del PRC Jaime Díez Muro de sendos delitos de tráfico de influencias en la adjudicación de dichas obras.



* El Diario Montañés - EFE - 19.09.08
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - eldiariomontanes.es

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Investigan a la alcaldesa de Barbens por delito urbanístico

LAMAÑANA/Lleida* : El Ministerio Fiscal ha abierto diligencias informativas relativas a una presunta irregularidad urbanística cometida en el municipio de Barbens y atribuible, siempre supuestamente, a la alcaldesa del pueblo la convergente Maria Dolors Gabarra y a la secretaria municipal.

El origen de la investigación de Fiscalía proviene de una denuncia interpuesta por una veintena de vecinos acompañados de dos ex alcaldes de Barbens y un ex regidor del Partido Popular. Joan López, alcalde entre 1979 y 1983, y Ramon Solé, que también fue edil desde 1983 a 1999, junto al ex regidor del PP Rogelio Riverola denunciaron a finales del mes de julio de este año ante la dirección general de Urbanismo a la alcaldesa y a la secretaria municipal.
Según los citados ex políticos y la veintena de vecinos de Barbens, Gabarra y la secretaria municipal favorecieron, supuestamente, a sus respectivas familias en el nuevo plan de ordenación urbanística. La denuncia presentada asegura que más del 50% de las nuevas zonas urbanizables previstas en el Plan de Ordenació Urbanística Municipal corresponden, supuestamente, a las familias de la alcaldesa y la secretaria.
Fiscalía también investiga otra supuesta alteración urbanística que hicieron pública los mismos denunciantes al cuestionar una licencia de obras otorgadas por el ayuntamiento por una instalación eléctrica presuntamente ilegal. Al parecer, el citado equipamiento evacua la energía de una planta solar fotovoltaica instalada en el tejado de un almacén cercano. La obra, situada en la orilla de la carretera de Ivars d’Urgell, está situada, según la denuncia, a menos de cuatro metros de la carretera cuando la normativa municipal establece una distancia mínima de 15 metros.
Los denunciantes aseguran que la citada instalación se ejecutó sin el informe técnico preceptivo y sin ningún informe de la comisión territorial de urbanismo. Además aseguran que en el citado inmueble se esconde una vivienda ilegal donde pueden llegar a dormir más de 20 personas.
LEste rotativo se puso en contacto ayer con Gabarra la cual aseguro no haber recibido ninguna noticia de la investigación y por tanto declinó hacer declaraciones.
Alcarràs y Vilaller
Ayer este rotativo aseguraba que los agentes de la Unidad Especial de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de la Comandancia de Lleida acusaron a otras dos personas por presunto delito urbanístico en el municipio de Alcarràs, dentro de la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil en el municipio, conjuntamente con la Fiscalía.
En el diario de ayer LA MAÑANA publicaba en exclusiva que Fiscalía ha imputado a los seis concejales del ayuntamiento de Vilaller que votaron a favor de la polémica licencia urbanística en la que se aprobó la permuta y segregación de los terrenos de la nave de Monthidro de propiedad municipal y lindante a los bloques de Mercè y Lavaix de Vilaller. La citada nave es una zona de equipamientos del consistorio y gracias a la licencia se pretendía, supuestamente, no sólo ampliar la zona de equipamientos, sino aprovechar para construir una promoción de pisos encima de los bajos sin que se hubiera recalificado antes el terreno.
Fuentes vecinales aseguran que la licencia urbanística no contaba con el beneplácito ni de la asesoría jurídica del ayuntamiento ni del técnico municipal. Aún así, se decidió seguir adelante con la licencia, pese a no haber aprobado el correspondiente Plan de Ordenación Urbanístico Municipal. Según fuentes cercanas al caso la licencia se adjudicó, con múltiples presuntas irregularidades. Entre otras apuntan a que no se segregó el terreno, no se realizó exposición pública, no se publicó en ningún boletín y además se realizó una adjudicación directa a un constructor que trabajaba con el concejal de cultura del Ayuntamiento de Vilaller. El alcalde y cinco concejales podrían sentarse en el banquillo.






* La Mañana - A.L.C. 2008-09-19
Foto: Barbens (Lleida) - pueblosespana.net

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El Coronil: El fiscal ve indicios de prevaricación en la adjudicación de 287 VPO por el ex alcalde

DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Sevilla ha apreciado indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de un contrato por valor de 430.500 euros que José Antonio Núñez (IU), ex alcalde de El Coronil, realizó como presidente de la sociedad municipal Sodecor en vísperas de las elecciones municipales de 2007 sin que mediara concurso público.

El objetivo del contrato era la ejecución y dirección de obras para la construcción 287 viviendas protegidas en la urbanización Los Barros.

La resolución de la Fiscalía, que tiene fecha del 8 de septiembre, se produce después de la denuncia que el nuevo equipo de gobierno , del PSOE, interpuso en el mes mayo de 2007, en la que informaba de la operación supuestamente irregular. Las obras se adjudicaron a la empresa B&C Gabinete de Ingeniería Agroindustrial. El regidor socialista, Jerónimo Guerrero, explicó que tomó la decisión de acudir a los tribunales después de que el entonces secretario de Sodecor y del Ayuntamiento le certificara que no tenía conocimiento de la operación.

Entonces, el ex alcalde de IU defendió que se trataba de una promoción de viviendas de la Junta y que todo se resolvió mediante un proceso negociado sin publicidad, perfectamente legal. Incluso, anunció que se iba a querellar contra el PSOE por imputarle públicamente supuestas anomalías urbanísticas.

De momento y tras las indagaciones realizadas, la Fiscalía ha remitido la documentación al Juzgado de instrucción decano de Utrera "para la incoación de las correspondientes diligencias en depuración de responsabilidades de orden penal a que hubiere lugar".

Todo ello, "al entender que tras las actuaciones practicadas -señala la Fiscalía- resultan indicios sobre la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal". La denuncia del actual alcalde sostiene que pocos días antes de las últimas elecciones municipales, en las que IU perdió la Alcaldía en favor del PSOE, se adjudicó el contrato a la citada empresa en un Pleno y gracias a la mayoría absoluta de IU.

El contrato se adjudicó "a dedo" y sin pasar por ningún tipo de concurso, según el PSOE. Guerrero indica que la sociedades municipales están sometidas a la misma ley que los ayuntamientos a la hora de adjudicar contratos administrativos, que tienen que someterse a concurso público siempre que superen los 12.000 euros.




* Diario de Sevilla - R.P. - 19 de septiembre de 2008
Foto: El Coronil (Sevilla) , ayuntamiento - uvitelonline.es

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La CE amenaza con llevar las irregularidades del IVVSA a los tribunales

ELPAÍS/Valencia* : La falta de transparencia de algunas actividades del Instituto Valenciano de la Vivienda, S A (IVVSA), y de Actuaciones Urbanas de Valencia, SA (AUMSA), lleva camino de acabar en el banquillo del Tribunal de la Unión Europea. En cuestión se hallan las tareas de ordenación urbanística encomendadas por esas dos empresas públicas a otras mixtas creadas por ellas a mediados de la década.

Bruselas ha enviado una nueva solicitud de información a las autoridades españolas, que si no es respondida a satisfacción, acabará ante el tribunal de Luxemburgo.

Bruselas lleva desde 2006 analizando el proceso de selección de accionistas y adjudicación de contratos públicos por parte de ambas sociedades, con capital controlado al 100% por la Generalitat y por el Ayuntamiento de Valencia, a la sociedad Cabanyal 2010, creada con empresas privadas para ejecutar el plan de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez. Fuentes comunitarias no quisieron ayer confirmar si el nuevo apercibimiento se refería sólo a Cabanyal 2010 o se extendía a otras sociedades, en el que se encuentra también el IVVSA, como indicaba el comunicado en que se daba cuenta del envío de un dictamen motivado a España sobre el caso. Las empresas que entraron en la sociedad mixta del Cabanyal decidieron hace unos meses vender su participación por la crisis inmobiliaria.

En la jerga comunitaria, un dictamen motivado es el segundo paso en un procedimiento de infracción, una vez que el primero (carta de emplazamiento) no ha recibido respuesta satisfactoria. Las autoridades españolas tienen ahora dos meses para replicar a la información recabada. Ese plazo oficial suele ser más amplio en la práctica. El análisis por parte de los servicios de la Comisión de la respuesta recibida lleva también un tiempo, lo que permite vaticinar que hasta bien entrado 2009 Bruselas no decidirá sobre si definitivamente sentar a España en el banquillo de Luxemburgo.

Alega el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, que el IVVSA y AUMSA crearon con accionistas privados sociedades mixtas a las que asignaron tareas de ordenación urbanística con cargo al erario público en violación de las directivas europeas sobre contratación pública, en particular materia de publicidad, y del principio de igualdad. Fuentes del Consell aseguraron ayer no tener "noticia formal" del dictamen.





* ELPAIS.com - R. M. DE RITUERTO - Bruselas - 19/09/2008
Foto: parlamento-europeo - provincia cremona it

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Los vecinos de Les Corts quieren equipamientos y no pisos en los terrenos del Miniestadi

LAVANGUARDIA/Barcelona* : La recalificación de los terrenos del Miniestadi sigue generando polémica. La contrapropuesta realizada por el Ayuntamiento al Barça no acaba de agradar a los vecinos que piden que este espacio se destine a equipamientos. "La legislación marca esta zona como equipamiento y queremos que se construyan de forma exclusiva equipamientos", sentencia Adela Agelet, secretaria de la Asociación de Vecinos de Les Corts.

Según el documento de trabajo del consistorio en los terrenos del Miniesadi se propone crear un parque que divida la zona residencial de la deportiva y que permitirá la construcción de unas 1.000 viviendas libres y más de 600 protegidas junto a una gran zona verde, tal como informa La Vanguardia.

La propuesta también prevé la construcción de un CAP, una guardería y un CEIP, equipamientos insuficientes para el déficit de servicios del barrio, según manifiestan los residentes.

Falta de transparencia
Otra queja de los vecinos es la falta de transparencia del Ayuntamiento durante todo el proceso.El próximo 30 de septiembre tienen prevista una reunión con el consistorio para tratar este asunto pero a día de hoy todavía no habían recibido la documentación necesaria pese haberla pedido en varias ocasiones.

"El Distrito no ha tenido una actitud próxima y ha patinado. Nos hemos tenido que enterar a través de una filtración de la prensa cuando siempre nos comentaban que no había nada oficial. Estamos decepcionados", explica Agelet.

Por su parte, el Ayuntamiento ha destacado que el proyecto todavía no está cerrado y que tratará de buscar el consenso con los vecinos y el resto de los grupos municipales. Las principales diferencias entre el consistorio y el Barça se centran en aspectos cuantitativos referidos al número de metros cuadrados destinados a viviendas, equipamientos y zonas verdes.

En concreto, el plan municipal, tal como se recoge en La Vanguardia, cifra en 80.000 metros cuadros destinados a vivienda libre, 50.000 metros cuadrados de vivienda protegida, 15.000 metros cuadrados de hoteles o terciario, 36.413 metros cuadrados de zonas verdes, y 7.464 metros cuadrados de equipamientos sociales.





* La Vanguardia - J. Sancho | 18/09/2008
Foto: Barcelona, el Camp Nou desde el aire - Domenec Umbert, elmundo.es

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El tranvía por la Diagonal

ORIOL BOHIGAS* : No he sido un entusiasta de los nuevos tranvías en Barcelona. Pero tampoco estoy en contra. Simplemente, creo que la solución radical del tráfico urbano es el metro, o sea, el incremento y la mejora de la red subterránea. Pero ahora que ya existen dos líneas de tranvía instaladas, comprendo que el ayuntamiento se plantee la forma de optimizarlas.

Un primer paso es la unión de las dos líneas con un nuevo tramo Macià-Glòries. La operación es complicada y muy comprometida porque puede suponer un cambio radical de unas formas urbanas que hasta ahora han sido la identificación de casi dos siglos de historia de Barcelona, a pesar de todos los cambios sociales y estructurales.
Apunto a continuación cuatro observaciones, no referidas al proyecto preciso, que no conozco en detalle, sino a la envergadura global de la operación urbanística.

PRIMERA: el itinerario del nuevo enlace. Supongo que se han realizado estudios serios sobre los itinerarios posibles y seguramente la Diagonal sea una solución menos complicada que las que exigen interferencias demasiado forzadas en el tejido del Eixample. Sin embargo, es la más comprometida puesto que va a cambiar radicalmente uno de los ejes más importantes de la vida ciudadana, en el que se mezclan aspectos funcionales, sociales y simbólicos. Es decir, esta solución implica modificar toda la sección transversal de la Diagonal, el eje esencial de la Barcelona moderna.
Segunda: la transformación de la avenida. Habrá pues que imaginar otra Diagonal y, por tanto, a la operación del tranvía se sumarán las discusiones sobre la viabilidad en sí misma. ¿Qué Diagonal queremos? ¿Cómo podemos recuperar la vitalidad sumando nuevos escenarios para el tráfico mecánico y los viandantes? Porque, evidentemente, hay muchos aspectos que ahora no funcionan bien: la poca operatividad de los carriles laterales, la ausencia de viandantes en los paseos centrales, las interferencias torpes con las vías para bicicletas, las aceras insuficientes o distantes que no permiten un gran eje comercial, la excesiva densidad de coches, la disminución de usos residenciales, las contradicciones funcionales por falta de definición de prioridades, etcétera. Son problemas que por sí solos --al margen de la incorporación del tranvía-- exigirán soluciones. Es conveniente por lo tanto estudiarlos no solo atendiendo a la suma de los diversos --y contradictorios-- intereses de los usuarios particulares, sino a las necesidades de toda la colectividad ciudadana. Quiero decir que todo lo que puedan pedir los directamente afectados --vecinos, comerciantes, asentamientos terciarios, hoteles, instituciones-- debe filtrarse a través de una visión más general con larga perspectiva. Pensemos que con estas modificaciones, marcaremos un nuevo esquema general de la ciudad, por lo menos para todo un siglo.
Tercera: el respeto a los elementos que a lo largo del tiempo han dado una significación a la avenida y que han marcado una relación formal y funcional con el entorno del Eixample. Sería conveniente no perder algunos elementos que han sido permanentes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el rol de entrada significativa --y monumental-- a la ciudad desde poniente, gracias a una sección longitudinal que establece una continuidad urbana fácilmente legible, reforzada por la puntualización de unas cuantas plazas que, al mismo tiempo, resuelven la coordinación con la ortogonalidad del Eixample: Macià, Joan Carles I, Verdaguer y Glòries.
Sería un error que estos escenarios perdiesen sus valores --los que tienen y los que pueden todavía asimilar-- con el nuevo trazado del tranvía. Y también podría ser un error la eliminación de una parte del arbolado existente, problema que veo difícil de resolver si no se dulcifica con una nueva cualidad paisajística de gran envergadura. Los árboles alineados de la Diagonal se plantaron alternando especies de hoja persistente de vida lenta y especies de hoja caduca de vida más rápida, de modo que en todas las etapas de crecimiento la masa arbórea tuviese presencia formal prioritaria.
Ahora que todo ha crecido, es un paisaje de palmeras y plátanos muy característico que quizá habría que defender. Por último, el problema más importante: siempre ha sido conflictiva la relación espacial y circulatoria entre la diagonalidad y la ortogonalidad de las manzanas. No sería bueno que el nuevo trazado afectase a la actual independencia relativa de los dos sistemas, en perjuicio de la calidad contundente y ejemplar del Eixample.

CUARTA: la imposición de una autoría creativa, personalizada y responsable. Hay que tener en cuenta que la Diagonal central es --y será, pase lo que pase-- el mayor y más significativo espacio público del centro de Barcelona. Y, por tanto, debe ser cuidadosamente diseñado no solo desde el punto de vista funcional, sino también como paisaje urbano.
Sería un error que el proyecto fuese solo una simple consecuencia lineal de diversos estudios de funcionamiento y rentabilidad o de la necesidad de empujar las cuentas de explotación de la sociedad concesionaria del tranvía. Pueden ser bases informativas para el proyecto, pero este tiene que ser una obra científica y una obra de arte. Es preciso encontrar a los científicos y a los artistas que lo creen y lo firmen. Hace unos años, el Ayuntamiento de Barcelona se acreditó internacionalmente por confiar sus obras de urbanismo a profesionales de reconocida solvencia.
Ahora es el momento de volver a aquello. Hay que encargarlo a un buen equipo de arquitectos, paisajistas, artistas, geógrafos, analistas sociales --con los apoyos especiales de las ingenierías--, de exigir resultados rentables pero indicadores del retorno a una cultura innovadora en el proyecto del espacio urbano. Tenemos que lograr que la nueva Diagonal sea un paso revolucionario en la historia de los espacios públicos, como en su tiempo lo fueron la plaza de Els Països Catalans, el Moll de la Fusta, el Escorxador, la Espanya Industrial, la Creueta del Coll, la avenida Icària, el parque del Clot, la Vía Júlia...


* Arquitecto



* El Periódico - Opinión - 18/9/2008

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Valladolid: El ex concejal de Urbanismo García de Coca declara como imputado por las manipulaciones del PGOU

ELNORTE* : El magistrado de Instrucción nº1 de Valladolid ha citado a declarar mañana, viernes, al ex concejal del Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio García de Coca, en relación con la investigación que lleva a cabo por las manipulaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el año 2003, que han supuesto incrementos de edificabilidades y cambios de uso del suelo en algunas áreas de la capital vallisoletana.

El que fuera edil de Urbanismo entre los años 2003 y 2007, y hoy profesor de Derecho de la Universidad de Valladolid, ha sido citado como único imputado hasta el momento por este caso, que fue denunciado por el Grupo Municipal Socialista ante la Fiscalía de Valladolid a comienzos de este año. Según el PSOE, varios de los planos que se entregaron a la Consejería de Fomento para su revisión después de que el Pleno del Ayuntamiento de Valladolid hubiese acordado una nueva redacción del Plan General, habían sido alterados, lo que ha supuesto un beneficio para algunos de los propietario y promotoras dueños de dichos solares.
Uno de los ejemplos corresponde al plano 54-07 de la avenida de Madrid donde una alteración permitió un posterior estudio de detalle, que significó las edificación de 124 pisos donde sólo se preveían nueve casas. La supresión de la condición de parcela mínima de 2.000 metros cuadrados, llevada a cabo entre el Pleno de la capital y la aprobación definitiva por parte de la Junta de Castilla y León, conllevó, según la denuncia socialista, una edificabilidad de 18.704 metros cuadrados.
Las modificaciones también afectaron a un edificio de la plaza de la Rinconada, en la esquina con Correos, y al solar de Cáritas en la calle Simón Aranda.
A comienzos de este mes, el magistrado exigió al Grupo Socialista una fianza de 45.000 euros para permitir la personación como acción popular. El PSOE ha recurrido este auto judicial por considerar elevada la cantidad reclamada para estar presente en esta investigación en la que se espera que declaren también funcionarios.





* El Norte de Castilla - 18.09.08 - J. MORENO
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org

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Seis de los siete ediles de Vilaller, imputados por delito urbanístico

LAMAÑANA/Lleida* : Fiscalía ha imputado a los seis concejales del ayuntamiento de Vilaller que votaron a favor de la polémica licencia urbanística en la que se aprobó la permuta y segregación de los terrenos de la nave de Monthidro de propiedad municipal y lindante a los bloques de Mercè y Lavaix de Vilaller.

La citada nave es una zona de equipamientos del consistorio y gracias a la licencia se pretendía, supuestamente, no sólo ampliar la zona de equipamientos, sino aprovechar para construir una promoción de pisos encima de los bajos sin que se hubiera recalificado antes el terreno.

Fuentes vecinales aseguran que la licencia urbanística no contaba con el beneplácito ni de la asesoría jurídica del ayuntamiento ni del técnico municipal. Aún así, se decidió seguir adelante con la licencia, pese a no haber aprobado el correspondiente Plan de Ordenación Urbanístico Municipal. Según fuentes cercanas al caso la licencia se adjudicó, con múltiples presuntas irregularidades. Entre otras apuntan a que no se segregó el terreno, no se realizó exposición pública, no se publicó en ningún boletín y además se realizó una adjudicación directa a un constructor que trabajaba con el concejal de cultura del Ayuntamiento de Vilaller.
El Ministerio Fiscal acusó en abril de 2007 de delitos de urbanismo y tráfico de influencias, al alcalde Jaume Monsó y al concejal de Cultura, Marc Moreno, pero sus investigaciones han llevado a considerar, supuestamente, que todos aquellos regidores que participaron en el pleno de mayo de 2006 que dio luz verde a la polémica licencia. Se da la circunstancia que el pleno lo conforman siete regidores y seis serán los imputados en la causa. El único que no participó en la votación porque, por causas que se desconocen, no se presentó al pleno fue el concejal de Urbanismo, Pere Palacín, del equipo de gobierno y que milita en el partido Independents per Vilaller. Con la excepción de Palacín, el resto de concejales han sido imputados por la Fiscalía. Los acusado son del equipo que entonces gobernaba, Independents per Vilaller, el alcalde Jaume Monsó y los concejales Marc Moreno, Manuel Roque y Joaquín Ginés. La acusación pública también ha imputado a los dos concejales de la oposición los cuales también votaron a favor de la citada licencia. Los imputados son el concejal por CiU, Josep Torrobella, y el socialista Manuel Rodríguez. En total, el Ministerio Fiscal acusa a seis concejales por participar en una, presunta, votación ilegal y por delitos urbanísticos y de tráfico de influencias.
Todos prestaron declaración en el Juzgado de Tremp y se limitaron a exculparse del presunto pelotazo urbanístico. Incluso alguno llegó a asegurar que cuando “menos fue curioso que el concejal de urbanismo no estuviera presente” en el pleno donde se aprobó el irregular Plan de Ordenación Urbanística.
Además, la presunta obra ilegal fue adjudicada , presuntamente, a una empresa que, a su vez, subcontrató a otra empresa, propiedad del concejal de cultura, Marc Moreno.
En agosto de 2006, en un pleno, el ayuntamiento comunicó la intención de expropiar el vial que une la nave y los bloques de Mercè y Lavaix y los vecinos acordaron presentar una denuncia a Fiscalía.
Tras la imputación efectuada por Fiscalía el alcalde, Jaume Monsó , aseguró, en su días, estar muy tranquilo porque “al parecer no hice bien lo de dar la licencia, pero yo sólo quise dar unos equipamientos al municipio como es un centro de día”. En cuanto a la acusación delictiva, Monsó aseguró estar sumamente tranquilo, “yo sólo soy un cabeza de turco y no tengo conciencia de haber hecho nada mal para mi municipio”.
El Ministerio Fiscal también investigó la construcción de unos pisos que presuntamente superan la altura permitida.
Presuntamente, el ayuntamiento de Vilaller otorgó la licencia para la construcción de un bloque de pisos de cuatro plantas en la avenida Catalunya del municipio. Fuentes cercanas al caso aseguraron que la altura del inmueble contraviene la normativa urbanística municipal.
Pero ese es otro caso que todavía estudia la el Ministerio Fiscal.





* La Mañana - Lleida - Alfonso L. Congostrina / Begoña Ruiz 2008-09-18
Foto: Vilaller (Lleida) - vilaller.ddl.net

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La Fundación César Manrique llevará al Gobierno a los tribunales si legaliza hoteles y apartamentos sin licencia

LAPROVINCIA/Lanzarote* : La Fundación César Manrique (FCM) anunció este jueves su intención de impugnar una hipotética ley del Gobierno de Canarias en la que dé cabida a disposiciones para legalizar los hoteles y apartamentos con licencias anuladas por los tribunales. La institución rechaza un instrumento de "punto final" que autorice actuaciones con sentencias judiciales en contra.

La FCM se basa en el anuncio de la Consejería del Política Territorial del Gobierno de Canarias de impulsar la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes, en la que podrían incluirse disposiciones para legalizar los hoteles y apartamentos declarados ilegales por los tribunales", precisa esta institución lanzaroteña sin ánimo de lucro.

En este contexto, la Fundación recuerda que las sentencias emitidas por los tribunales que anulan las licencias "han venido a demostrar que los pleitos interpuestos por la FCM y el Cabildo de Lanzarote acertaron al denunciar una operación masiva y sistemática de fraude en la concesión de licencias turísticas y residenciales en Yaiza y Teguise".

Desde la institución se han interpuesto 23 recursos contencioso-administrativos, de los que 14 tienen sentencia firme favorable, anulando unas 6.000 camas. "Del resto de recursos", subraya la FCM, "se cuenta ya con un fallo en primera instancia sobre el Plan Parcial Playa Blanca, que anuló otras 4.500 camas".

Según este órgano, ese escenario "está creando una inestabilidad política, social y económica poco deseable que, sin duda, es necesario solventar en el marco de la ley y depurándose las responsabilidades que se deriven de la gravísima situación urbanística que se ha generado".

EXIGENCIAS. Por ello, la FCM entiende que la Ley de Medidas Urgentes "supondría un cambio radical de rumbo" en cuanto al modelo turístico y conllevaría un retroceso en la política de protección del territorio y contención del crecimiento turístico, "que acarrearía graves consecuencias".

Además, la FCM cree que se trataría de "una decisión guiada por el cortoplacismo", ya que "se pretende crear una norma para unos pocos privilegiados, demostrando claramente que no se legisla de la misma manera para todos los ciudadanos".

En tercer lugar, la Fundación considera que se generaría "una política injusta y, por otro, acrecentar desgraciadamente la desconfianza" hacia las instituciones públicas y sus gestores, al margen de "una burla al principio de igualdad y legalidad y al amparo que ofrece el ordenamiento jurídico a todos los ciudadanos".

Además de rechazar las declaraciones del consejero Domingo Berriel en ese sentido, la FCM declara "completamente inaceptable" un fundamento legal que "deja desamparadas a las administraciones públicas e instituciones que han
interpuesto los recursos, pero sobre todo a los ciudadanos y empresarios que han
cumplido la ley".





* La Provincia - ACN PRESS - 18.09.2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), hotel licencia anulada playa Blanca - laprovincia.es

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Estafa, tráfico de información y cohecho en torno a Son Oms

DIARIODEMALLORCA/Palma* : La fiscalía anticorrupción abrió el 22 de octubre del 2007 unas diligencias informativas por presunta estafa y tráfico de información privilegiada en torno a la gestación y explotación del polígono industrial de Son Oms, una iniciativa que desde los años 90 fue promovida por dirigentes de Unió Mallorquina (UM).

Once meses después, ya hay nueve personas imputadas en el sumario y los presuntos delitos objeto de investigación se han ampliado al posible blanqueo de dinero, cobro de sobornos (cohecho), emisión de documentos mercantiles falsos y fraude fiscal.
La nómina de sospechosos está encabeza por el hoy portavoz de UM en el Parlament, Bartomeu Vicens, y el ex president de dicha cámara autonómica por el mismo partido Maximilià Morales. Ambos ya declararon en calidad de imputados ante la fiscalía superior y rechazaron cualquier tipo de conducta corrupta en torno a este polígono, cuya génesis se prolongó por más de diez años.
Morales y Vicens sostienen que, a principios de los 90, participaron en el impulso para crear el polígono, pero en calidad, respectivamente de asesor fiscal y abogado y al margen de su rol político, por entonces de baja intensidad.
La sombra de la corrupción también ha salpicado a los empresarios Bernat Febrer, Miquel Munar y Jaime Montis, éste último abogado de profesión. Los tres, que también declararon en fiscalía, aparecen relacionados con la junta de compensación del plan parcial que dio pie a Son Oms.

Dos mujeres

La querella también se ha dirigido contra dos mujeres: Antònia Martorell, la esposa de Bartomeu Vicens; y Elisabet Diéguez, amiga y supuesta testaferro del matrimonio.
Ayer, a la lista de imputados se unieron un empresario y un profesional liberal, al parecer un asesor de Vicens que hizo de intermediario para facilitarle a éste la presunta trama facturera.
La querella trata de esclarecer si hubo un reparto de 1,2 millones de euros procedentes de sobornos y si este dinero se camufló a través de facturas falsas emitidas con la intervención del bufete Montis y de la empresa tapadera Metalumba. Los investigadores manejan decenas de facturas y otros documentos y están tratando de reconstruir el rastro del dinero negro y desentrañar el alcance real del supuesto entramado.





* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA - 19-09.2008
Foto: Aspecto del polígono industrial de Son Oms ayer. / Lorenzo, diariodemallorca.es

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Los valencianos piden a Camps criterios más sostenibles en urbanismo y modelo turístico

LEVANTE* : Los valencianos que han participado en la elaboración de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana apoyan mayoritariamente un cambio en el modelo turístico y en el urbanístico. De entre los 25 "objetivos estratégicos" y "criterios" que se recogen en la estrategia, cuyo proceso de elaboración comenzó hace meses, solo unas pocas superan el 84% de respuestas que se muestran "muy de acuerdo o bastante de acuerdo" con las propuestas.

Entre estas se encuentran la de "definir unas pautas racionales y sostenibles de ocupación de suelo", con el 85,10%; la de "proteger el paisaje como activo cultural, económico e identitario" (85,90%) y "reorientar el modelo turístico hacia pautas territoriales mas sostenibles" (84,58%).
Se trata, aparentemente, de propuestas divergentes con el urbanismo que se ha impuesto en los últimos años en la Comunitat dinamitando los modelos territoriales surgidos de la legislación valenciana, aunque el discurso oficial mantiene que las políticas de la Generalitat son "sostenibles" y respetuosas con el entorno.
En la actualidad, el documento inicial está siendo sometido a la consideración de expertos en ordenación del territorio, que se concretarán en cinco jornadas técnicas al tiempo que se consulta también la opinión de los ayuntamientos en los municipios que son cabecera de comarca.
Fuentes de la conselleria de Medio Ambiente confirmaron ayer que la posible redefinición del modelo urbanístico valenciano pasa por las conclusiones que se obtengan del proceso participativo abierto en la definición de la Estrategia Territorial, por la "reforma" de la legislación urbanística cuestionada por Europa y por un posible "gran pacto" entre las fuerzas políticas valencianas que el conseller José Ramón García Antón y también el presidente de la Generalitat Francisco Camps vienes propugnando desde hace semanas.
En este sentido no se descarta que el presidente de la Generalitat aproveche el debate de política general que se celebrará el próximo 23 de septiembre en las Corts Valencianes para reiterar formalmente su propuesta de pacto.
Antes - el próximo lunes finaliza el plazo para recurrir- la Generalitat podría hacer público el contenido del recurso contra la decisión de la Comisión Europea de denunciar la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante los tribunales europeos. Fuentes de la conselleria destacaron la "sintonía" que ha existido entre la administración estatal y la autonómica a la hora de elaborar este recurso.
Dificultades
Por su parte, el diputado y portavoz de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda del PSPV en las Corts, Francesc Signes, aseguró ayer que la estrategia territorial que elabora el Consell con la participación de especialistas es solo un "punto de partida" y objetó que su exposición pública se hubiera realizado en pleno mes de agosto.
Signes subrayó que pese a que la Generalitat "escondió" el debate inicial "y no preguntó" por la valoración de sus políticas, "las respuestas parecen indicar que los valencianos van en dirección contraria a la elegida por el gobierno valenciano y reclaman un modelo más sostenible y menos agresivo con el territorio".




* Levante-EMV - José Sierra, Valencia - 18.09.2008
Foto: Valencia, obras circuito urbano F1 - F.Montenegro, levante-emv.com

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La policía reabre el 'caso Estepona' y llama a declarar a otros 17 implicados

ELPAÍS* : Estepona (Málaga, 60.300 habitantes) era ayer un hervidero de rumores y quinielas judiciales después de conocerse que la Policía ha reabierto el caso Astapa, la trama de corrupción destapada el pasado 17 de junio y por la que permanecen en prisión el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, su jefe de gabinete y dos de sus antiguos socios de Gobierno, pertenecientes a un partido posgilista.

Desde comienzos de esta semana, la Policía ha comenzado a citar a 17 nuevos implicados entre los que hay empresarios, abogados, antiguos cargos de confianza municipales y concejales. Varias fuentes consultadas por este periódico señalaron que la mayoría de los llamados acudirán en calidad de imputados y sólo unos pocos lo harán como testigos.

La notificación policial se hace mediante una llamada telefónica en la que se le indica al citado que se le va a enviar un fax con la hora y el día en el que se le tomará declaración. Los llamados deben acusar el recibo enviando otro fax de vuelta.

La nueva remesa de implicados en la trama de corrupción tendrá que declarar primero ante los investigadores, bien en la comisaría de Estepona o en Madrid, ya que la investigación ha estado centralizada en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial. Después, comparecerán ante la juez Isabel Conejo, instructora del caso y titular del juzgado número 1 de Estepona, que todavía está de vacaciones.

En los últimos dos meses el nuevo alcalde de la ciudad, el socialista David Valadez, trata de recomponer el maltrecho consistorio esteponero. El regidor, al que diversas fuentes apuntan como el denunciante de la trama corrupta, hace equilibrios para sacar adelante los proyectos. Aparte de los obstáculos naturales que le pone la oposición, Valadez sufre las trabas, más o menos soterradas, de algunos miembros de su propio equipo de gobierno. Seis de los 25 ediles de la corporación están imputados en la trama. Cuatro de ellos han pasado del grupo municipal socialista al de ediles no adscritos. Los otros dos, los posgilistas José Ignacio Crespo y Manuel Reina, están en prisión preventiva y se niegan a abandonar sus actas.

Este nuevo capítulo de la instrucción ha desanimado enormemente a los cuatro implicados en prisión preventiva. "Tenían la ilusión de salir para septiembre, pero con la nueva ronda de declaraciones ven que les queda todavía una temporada", señaló ayer uno de sus abogados.

La última vez que la juez denegó la libertad a uno de ellos alegó que quedaban "pendientes de practicarse en breve una serie de diligencias de gran importancia". En un auto en el que rechaza la libertad del ex alcalde Barrientos la instructora cree que el secreto sumarial no es suficiente para impedir que el ex regidor destruya pruebas o influya sobre "otros imputados, testigos o peritos".

La instructora considera a Barrientos "máximo responsable" de una red dedicada a "obtener fondos de promotores y empresarios" para financiar "actividades tanto públicas como privadas" y para "enriquecerse personalmente". El regidor expulsado del PSOE está acusado de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Durante el verano, el nuevo regidor de Estepona ha visitado a la instructora al menos en una ocasión. Lo hizo, según sus propias palabras, para "aportar documentación sobre irregularidades de varias áreas del consistorio". Una de ellas está relacionada con la construcción del aparcamiento público Zapallito, en funcionamiento desde 2005 a pesar de no tener licencia de actividad. El alcalde también entregó una gran cantidad de facturas de contratos irregulares.

El caso Astapa suma por ahora 41 imputados, entre los que hay empresarios de la construcción, concejales de varias corporaciones, técnicos y empleados del Ayuntamiento malagueño. La fianza más alta, impuesta al ex consejero delegado de la promotora Valle Romano, llegó a los 500.000 euros.





* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ / F. J. PÉREZ - Málaga - 18/09/2008
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org

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Crisis del sistema, no de las inmobiliarias

MIGUEL ÁNGEL LLANA* : Esta es una historia equívoca porque, en primer lugar, se abusa de los efectos de la crisis y se eluden, una y otra vez, las causas que ni siquiera se mencionan y sobre las que no se están tomando medidas, sino al contrario, intentan resolverlo con la mismas políticas que han causado el actual problema y, en segundo lugar, porque la crisis lo es sobre todo para los millones de ciudadanos a los que realmente les toca padecerla y, además, pagarla. La pregunta es: ¿Quién está, realmente, en crisis, desde cuando, porqué y cuál es la causa?. Ni Gobierno, ni oposición ni los medios responden a nada de todo esto.

Resulta que unas promotoras inmobiliarias, que durante años han amasado fortunas, diseñaron a su medida la ley del suelo y un sistema crediticio que ahora entra en problemas cuando no en quiebra. Con toda la Administración a su servicio, acapararon y recalificaron más de 20.000 hectáreas de suelo urbanizable cada año para terminar imponiendo su ley, pero no en el teórico terreno de un "libre mercado" inexistente, sino ante unos compradores atados de pies y manos a un salario que, de un modo o de otro, es condicionado por las propias promotoras y entidades financieras como parte que son del poder político-económico.

Pero, ahora resulta que son las promotoras las que están en crisis, es decir, ya no pueden seguir hinchando su negocio por la sencilla razón de que la acumulación de recursos y de dinero ha vaciado los bolsillos y las posibilidades de los ciudadanos, incluyendo la de hipotecarse de por vida. Estas promotoras han entrado en crisis porque ya no hay clase media a quien vender y porque tanto han apretado a lo que ellos denominan "libre mercado" que lo han asfixiado.

Mientras, millones de españoles de a pie no pueden ni siquiera pensar en comprar o alquilar una vivienda aunque, en cambio, millones también de viviendas permanecen vacías y así continuarán. Semejante despilfarro de recursos no es mayor que la tozudez neoliberal de los políticos del Gobierno. Pero, así las cosas, resulta que la crisis es para el promotor que tiene las viviendas en barbecho y, en cambio, no hay crisis ni problema para quien no tiene vivienda y ni siquiera puede iniciar o mantener su vida familiar.

Sigue siendo crisis para el promotor que no sabe qué hacer con tanto piso vacío que ahora no tiene modo de vender pero, su drama aumenta porque no puede seguir construyendo más y más viviendas, desocupadas, aunque en cambio, para los dos millones y medio de parados -¿Quién se acuerda de ellos?- no hay crisis ni problema porque ni siquiera existen, de hecho, o sólo como pura estadística que España encabeza, y casi duplica, la tasa de paro de la UE, sin mencionar el liderazgo en la precariedad del empleo, los contratos basura, accidentes laborales y un largo etc.

Los promotores inmobiliarios están en crisis de oferta, de abundancia, es decir, han construido a destajo, tienen demasiado y no pueden venderlo; han apilado una fortuna. Pero, sería mejor decir que más bien es una crisis de demanda porque la gente no puede comprar, sin olvidar, además, que están con problemas económicos, o en paro, por causas directas y debidas, precisamente, a esta nefasta política neoliberal.

Así las cosas, al Gobierno, para resolver el problema, opta por subvencionar y solidarizarse con los promotores y abre una línea de crédito de 3.000 millones de euros. Es decir, salvemos a los promotores y ayudemos a las inmobiliarias en su crack de ahora para que puedan seguir construyendo más pisos vacíos que nadie puede comprar. Y, ¿Qué pasa con la crisis social derivada de la inflación, la precariedad, el empleo y los servicios sociales cada vez más escasos y más privatizados?

Siguiendo con el lenguaje neoliberal del Gobierno, si hay saturación de la oferta, si sobran pisos a este precio y en estas condiciones ¿Porqué y para qué subvencionar más a los promotores que nunca han repartido beneficios?. ¿No sería más lógico subvencionar a la demanda que no puede comprar lo que además sobra y está ocioso? Ni siquiera, el gobierno y patronal, se comportan conforme a las leyes de su mercado al que dicen atenerse. Porque, sucede que no hay "libre mercado", ni más falso, ni más artificial que el existente que sobrevive gracias a la coacción y al apoyo de los recursos públicos. Bien sea directamente o mediante una política urbanística, fiscal o económica en perjuicio, y a costa claramente, de los ciudadanos.

Desde los años noventa, el valor astronómico de los terrenos recalificados sumaba, cada año, más del 20% del PIB y más de un tercio de la masa salarial bruta de los españoles. Estas recalificaciones a favor de los promotores las hacía, y las continua haciendo, la Administración (Local, Autonómica o del Estado) de modo que un terreno que no vale nada o casi nada, su valor se multiplica por decenas o centenas por el hecho de poner una firma o "programar" una actuación urbanística que crea una plusvalía absolutamente artificial, ficticia, que es la esencia de la especulación en estado puro. Y, al lado, la corrupción sistemática.

El gravísimo problema es el social, precisamente del que menos se habla, y que es consecuencia directa de esta política económica y fiscal que favoreció el "libre mercado" de la especulación y del dinero fácil. Pero, ahora, la situación se agrava al suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio porque va a contribuir de inmediato a un mayor fraude fiscal que, como fácilmente se adivina, va de la mano de la especulación. Conviene recordar que, aunque la recaudación del impuesto sobre el patrimonio fuera especialmente ridícula, servía al menos, para conocer el patrimonio y su evolución. Ahora ya ni esto.

Pretenden y esperan activar el sector pero, con las medidas que no se toman por ningún lado, continuarán sin resolver nada, salvo el ajuste por quiebra y ruina de los ciudadanos que han de pagar el parón inmobiliario a cambio de nada. A estos precios y en estas condiciones ¿Más pisos para qué, si los que hay no son asequibles y los que se construyan tampoco lo serán?

Nada ha cambiado. La crisis es del sistema y de los políticos del gobierno neoliberal de turno.




* Rebelión - 18.09.2008

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Imputado el alcalde de Zarza de Tajo en un presunto delito de corrupción urbanística

EUROPAPRESS/Cuenca* : El alcalde de Zarza de Tajo (Cuenca), Roberto López Infantes, declaró ayer en el Juzgado nº2 de Tarancón por un presunto delito de corrupción urbanística que denunciaron sus propios vecinos. López Infantes, del Partido Independiente, es promotor inmobiliario y entre su patrimonio figuran bienes inmuebles, cinco empresas de construcción, 27 vehículos -algunos de alta gama- e incluso una avioneta.

La denuncia surgió de varios vecinos del municipio que aseguraron que el primer edil se ha lucrado gracias a la recalificación de terrenos y a la venta de naves industriales en este pueblo de apenas 200 habitantes.

La acusación particular, en declaraciones a Ser Tarancón recogidas por Europa Press, calificó como "escandaloso" el patrimonio que tiene el imputado desde que juró su cargo de alcalde en el Ayuntamiento. El abogado de la acusación, José Romero, criticó que el primer edil "resta importancia a todo". "Le resta importancia a su hangar, a su avioneta y a su ostentoso patrimonio, diciendo que tiene lo que tenía, más o menos", apuntó.

ENFRENTAMIENTO VECINAL

Por su parte, el abogado del imputado, Gonzalo Domínguez, defendió hoy en rueda de prensa que "todo se debe a un enfrentamiento vecinal" y aseguró que no se han hecho construcciones ilegales y recordó que el alcalde no tiene dedicación exclusiva en el consistorio, por lo que puede dedicarse a negocios particulares. Además, rechazó un supuesto atentado contra el plan de ordenación del territorio y de construcciones ilegales, resaltó que el patrimonio del alcalde no es tan alto como se quiere aparentar y justificó el patrimonio de López Infantes con la actividad económica generada por cualquier constructora española en los últimos años.

"Como titular de empresas de construcción y material de construcción, por las construcciones realizadas, más fuera de Zarza que dentro de Zarza, ha venido experimentando el progreso que han experimentado estos años atrás".

Según Domínguez, todo se debe a una rencilla vecinal, por lo que se mostró confiado en que no se juegue con los 200 puestos de trabajo que ha creado el primer edil en las dos legislaturas que lleva en el mandato, gracias a la construcción de naves industriales en el municipio, donde se ya han asentado varias empresas.

El abogado recordó que la LOTAU permite la construcción en suelo rústico cuando los municipios carecen de suelo industrial, como es el caso de Zarza de Tajo.

Por otra parte, Gonzalo Domínguez mostró su disconformidad ante la actuación de la Guardia Civil en el registro de las propiedades del imputado.

"En esas diligencias de registro y entrada, que se desarrollaron de forma vergonzosa por más de una docena de agentes que, efectivamente, no cabían en las dependencias, ni en el Ayuntamiento, ni en las empresas y propiciaron un gran revuelo social, no encontraron nada", criticó Domínguez.

De otro lado, tras la queja del abogado de la acusación particular, José Romero, por la ausencia de la Fiscalía Anticorrupción en la declaración de López Infantes, Domínguez aseguró que no se presentó ningún miembro de la Fiscalía porque no tiene más trascendencia que un enfrentamiento vecinal.

"Si ayer no estaba aquí la Fiscalía Anticorrupción, que parece que era lo que se esperaba, es porque la propia Fiscalía tiene una seriedad y ha evaluado el tema y se ha dado cuenta de que el tema no tiene más trascendencia que un enfrentamiento entre dos vecinos del pueblo", concluyó el abogado.

Por el momento no se ha tomado ninguna medida contra el imputado y el caso continúa en fase de instrucción.





* Europa Press - CUENCA, 17 Sep 2008

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El TSJC declara nulas las licencias del Hotel Princesa Yaiza en Lanzarote

LAPROVINCIA* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia en la que estima el recurso interpuesto por el Cabildo de Lanzarote contra las licencias que el alcalde de Yaiza concedió el 1 de junio de 1998 y 10 de enero de 2001 a la empresa "Hotelera de Yaiza S.A." para la construcción de un hotel de 660 plazas en la parcela "B" del Plan Parcial Costa Papagayo.

Según un comunicado de la corporación insular, el Alto Tribunal notificó dicha resolución el pasado 15 de septiembre de 2008, en el que estima el recurso formulado por el Cabildo de Lanzarote y declara nulas de pleno derecho las licencias que el alcalde de Yaiza concedió al Hotel Princesa Yaiza.

Agrega que dichos permisos fueron otorgados por el ayuntamiento aplicando únicamente un plan parcial aprobado en 1974, que no adaptado al Plan Insular, sin contar con el informe previo, preceptivo y vinculante del Cabildo de Lanzarote que para la autorización de obras en los planes inadaptados resulta requisito absolutamente necesario y exigido por Ley, al tratarse de un planeamiento jerárquicamente superior al municipal.

"Como en todas las licencias recurridas por el Cabildo, el informe ni siquiera se solicitó en este caso", asegura el Cabildo. Dicho informe fue emitido por la Oficina del Plan Insular durante la defensa del procedimiento judicial y en el mismo se advierte la incompatibilidad del proyecto de hotel autorizado en los dos actos municipales recurridos con el Plan Insular de 1991 y con las propias ordenanzas del Plan Parcial, aunque sobre el análisis de estas cuestiones materiales y sus consecuencias no se pronuncia la sentencia porque el Tribunal considera que habrán de ser consideradas en la fase de ejecución.

Al entender de la corporación insular, el TSJC "confirma, una vez más, la prevalencia y superioridad del Plan Insular de Lanzarote y su fuerza obligatoria y vinculante para todos los ayuntamientos".


NO SE EXCLUYE LA DEMOLICIÓN. Sobre las consecuencias del fallo también advierte en el Fundamento Octavo de su Sentencia, una vez declarada la nulidad de las licencias ello significa que "desaparecen del mundo jurídico dichos actos, lo que significa que cualquier obra amparada en dicha licencia queda sin cobertura jurídica, con las consecuencias materiales que de ello se deriven, entre las que no se excluye la demolición".

La resolución concluye "reconociendo expresamente el derecho del Cabildo de Lanzarote al restablecimiento del orden jurídico alterado --por los actos anulados-- que es la consecuencia de toda anulación de una licencia que autoriza un acto edificatorio".

Con esta nueva sentencia (la número 25 de las que se han dictado en los recursos formulados por el Cabildo), contra la que no cabe interponer recurso, han quedado anuladas todas las licencias que ampararon la construcción de dicho establecimiento hotelero y su actual anexo (inicialmente conocido como Aparthotel Son Bou), cuya licencia fue anulada en Sentencia de este mismo Tribunal el 31 de octubre de 2005 y confirmada por el Tribunal Supremo en reciente sentencia del 24 de abril del presente año.





* La Provincia - EUROPA PRESS - ARRECIFE/LANZAROTE - 17 de septiembre de 2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), hotel Princesa Yaiza - google.com

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Vitoria: El fiscal pide seis meses de cárcel para Ibarrondo por prevaricación urbanística

ELCORREO* : El proceso contra el ex concejal popular Jorge Ibarrondo por un presunto delito de prevaricación urbanística sigue adelante. El pasado mes de julio la jueza que lleva el caso, Ana Jesús Zulueta, emitió el auto en el que se admitía la apertura de juicio oral.

La defensa del ex edil no recurrió la resolución, según confirmaron fuentes jurídicas. Ahora la Fiscalía formula el escrito de acusación: pide una pena de seis meses de prisión para Ibarrondo, su inhabilitación para el cargo de concejal durante siete años y que pague el derribo del séptimo chalé que permitió construir, «contraviniendo la norma municipal», en una parcela que por sus dimensiones «sólo admitía seis», según las acusaciones personadas en el caso. Además, el Ministerio Público solicita que se abra un proceso para determinar «las responsabilidades pecuniarias del acusado» y que se le exija una fianza para hacerles frente.

En este punto, ya están sobre la mesa las cartas que decidirán la resolución del conocido como 'caso Ali'. La historia se remonta al año 2003. El 16 de septiembre Ibarrondo, siendo concejal delegado de Ordenación del Territorio y Vivienda de Vitoria, denegó una licencia de obra a la empresa Salgado Iglesias S.A. La constructora pretendía levantar siete chalés en una parcela de su propiedad situada en el número 24 de la calle Ali. El motivo de la negativa era que la finca tenía una superficie de 1.974,85 metros cuadrados, según el Catastro, y para construir siete casas la normativa municipal requiere 2.000 metros. La empresa recurrió, y el concejal volvió a reiterar su negativa el 4 de marzo de 2004.
Pese a todo, Salgado Iglesias S.A. volvió a presentar la misma solicitud el 15 de diciembre de 2004. El Servicio de Régimen Jurídico de Edificaciones del Ayuntamiento mantuvo el criterio municipal y emitió una propuesta de resolución negativa, pero Ibarrondo cambió de opinión. Dice la Fiscalía que no hubo ni informe técnico ni motivo alguno que justificase este comportamiento. De hecho, tanto el fiscal como la jueza -en el auto en el que admitía la apertura de juicio oral- mantienen que el concejal «ocultó» a los servicios jurídicos municipales su resolución favorable a que la constructora levantase siete chalés, que se produjo el 1 de junio de 2005.
Responsabilidad municipal
Para explicar este cambio de criterio y la concesión de la licencia de obra, Ibarrondo alegó que los antecedentes catastrales de 11 de mayo de 1988 «acreditan que la parcela disponía de una superficie de 2.160 metros cuadrados». Y añadía que la medición que le otorga 1.974,85 metros «no ha tenido en cuenta la pérdida de superficie por la regularización del lindero común con el PERI-2 de Ali».
En el Ayuntamiento supieron que las casas habían sido construidas cuando la empresa solicitó la licencia de primera ocupación, y entonces salió a la luz el escándalo. Según recuerda la Fiscalía en su escrito de acusación, seis de las casas ya fueron vendidas a terceras personas, y la séptima sigue siendo propiedad de Salgado Iglesias S.A. Ahora, aparte de las penas para Ibarrondo, el fiscal pide el derribo de este séptimo chalé, y que sea «a cargo del acusado». También apunta al Consistorio como responsable civil subsidiario.





* El Correo Digital - 17.09.08 -LUIS LÓPEZ
Foto: Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento - Miguel A. Garcia (vitoria-gasteiz.org)

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El fiscal superior de Andalucía defiende la demolición para combatir los delitos urbanísticos

IDEAL* : El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se mostró ayer partidario de aplicar la demolición «como regla general» cuando se produzca un delito urbanístico, de modo que la no aplicación de esta medida sea «una circunstancia excepcional». El fiscal hizo estas declaraciones con motivo del curso 'El Derecho a la vivienda en el marco de la legalidad urbanística' que organiza el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada y el Consejo Consultivo de Andalucía, en Almuñécar.

García Calderón habló en su ponencia sobre 'La perspectiva de la protección penal de la ordenación del territorio y el urbanismo' y consideró asimismo que en este ámbito confluyen muchas cuestiones.

El fiscal superior centró la mayor parte de su intervención en explicar la filosofía y la penalidad que recoge el artículo 319 del Código Penal, que hace referencia a la situación de aquellos promotores o constructores o técnicos directores, que llevan a cabo una construcción no autorizada en suelo destinados viales, zonas verdes o lugares que tengan administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico o histórico cultural.

García Calderón, que reconoció que el sistema podría mejorarse para este sector del urbanismo y la parcelación ilegal, se ha referido a los problemas técnicos y jurídicos en esta materia, y ha considerado que la delincuencia urbanística «requiere una respuesta institucional coordinada». Al respecto, añadió que es un tipo de delincuencia que presenta un elenco de actividades delictivas muy diversas y heterogéneas. «Hay situaciones que afectan a particulares que se han visto abocados en esta situación por distintas circunstancias. También presenta caracteres de delincuencia organizada y por ello cada una tiene que ser examinada para los casos concretos», señaló.

Para García Calderón, es urgente buscar «la aplicación uniforme» de la Ley Penal para que tenga el desarrollo adecuado del Estado de la autonomía. El fiscal dijo que el verdadero efecto disuasorio en la delincuencia urbanística es un efecto de naturaleza económica y muy vinculado a la real y efectiva demolición de lo construido, ya que ha sido alterada contraviniendo la legislación urbanística.

Por otra parte, manifestó que aunque los instrumentos legislativos sean muy defectuosos y tengan que ser modificados, no impide el que sí se pueda combatir la delincuencia urbanística. García Calderón expresó que la delincuencia urbanística incide en la subida del precio de la vivienda. Además señaló la importancia de que los cuerpos policiales se especialicen en estos delitos al igual que lo han hecho los fiscales.




* Ideal - 17.09.08 - L. U.
Foto: Estepona (Málaga), derribo hotel Prasa - urbanismopatasarriba

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Admitida a trámite la denuncia de Anticorrupción contra el ex alcalde de Seseña

EUROPAPRESS/Toledo* : El Juzgado de Instrucción número 4 de Illescas (Toledo) ha admitido a trámite la denuncia presentada a principios del mes de julio por la Fiscalía Anticorrupción contra el ex alcalde de Seseña (Toledo) durante los años 1999 a 2003, el socialista José Luis Martín, por las irregularidades cometidas durante la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora "El Quiñón".

Según informaron fuentes judiciales a Europa Press, la admisión a trámite de la denuncia por parte del Juzgado de Instrucción número 4, cuya titular es Carmen Martín, se produjo hace unos días, y con ella se inicia la fase de apertura de diligencias previas.

El Juzgado, que se ha hecho cargo del caso por el ser que el que estaba de guardia al presentarse la denuncia, tiene previsto comenzar la fase de citación de las personas que considere que deberán declarar la próxima semana, según las mismas fuentes.

En su denuncia, el Fiscal aprecia la existencia de los delitos de prevaricación, cohecho y delito contra la Hacienda Pública, en la tramitación del PAU que la empresa Onde 2000 SL presentó ante el Ayuntamiento el 19 de noviembre de 2002, y que incluía la recalificación de 1.833.147 metros cuadrados de suelo rústico para construir 13.508 viviendas que suponían una estimación poblacional de 40.500 habitantes.

Ese mismo año y coincidiendo con la presentación del PAU, el alcalde "sin que conste el origen del dinero", suscribió fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 euros y 1.800 euros, respectivamente y adquirió un bien inmueble en la provincia de Málaga por 9.617 euros. Sus salarios, en las fechas comprendidas entre los años 2001 a 2005, ascendieron a la cantidad de 27.806 euros brutos, a excepción del año 2003, cuando tras abandonar su cargo percibió 17.074 euros brutos, de los que 12.667 procedían del Ayuntamiento.

En cuanto a la tramitación del PAU, la denuncia de la Fiscalía recoge que ese trámite requería una consulta previa a la Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, que en diciembre de 2002 comunicó al Ayuntamiento la necesidad de tramitar un Plan Especial de Infraestructuras (PEI) previo, para determinar la viabilidad de la actuación propuesta.

El PEI, que fue redactado por Onde 2000 SL, fue sometido a aprobación inicial por el pleno del Ayuntamiento el 13 de marzo de 2003, siendo aprobado sólo con los votos de la mayoría socialista, después de que los grupos de la oposición pusieran de manifiesto la falta de informes preceptivos, circunstancias que el alcalde conocía.

El día 22 de abril de ese año, el alcalde convocó un nuevo pleno para aprobar definitivamente el PEI, tras las alegaciones formuladas y las rectificaciones realizadas por la Comisión de Urbanismo, aunque volvió a aprobarse sólo con los votos favorables del Grupo Socialista, pues la oposición insistía en sus argumentos contrarios.

Como la propuesta de Onde 2000 SL incluía un PAU que comprendía la reclasificación de terreno rústico mediante la modificación de las normas del Ayuntamiento, eran necesarios los informes preceptivos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.

Estos informes no constaban en el expediente, a pesar de lo cual, el alcalde volvió a celebrar el día 8 de mayo un nuevo pleno para aprobar el PAU, donde aseguró, ante las críticas de la oposición, que los informes sí constaban y que "eran favorables".

El alcalde sometió a la aprobación del pleno, tanto el PAU de Onde 2000 SL como su adjudicación como agente urbanizador a Onde 2000 SL y la propuesta de convenio urbanístico con Onde 2000 SL, votando en contra, por las mismas razones, los grupos de la oposición.

LOS INFORMES FUERON POSTERIORES.

Sin embargo, los documentos de la Comisión de Urbanismo entraron en el Ayuntamiento el día 21 de mayo, trece días después de su aprobación en el pleno, y no eran favorables. De hecho, el informe tenía 18 "reparos" de los cuales seis eran "suficientemente importantes y esenciales", relativos a abastecimiento de agua, ordenación del tráfico, la movilidad y el transporte, equipamientos locales, recalificación de terreno y coste de las obras del PEI.

Además, instaba a "suspender la aprobación definitiva del expediente hasta tanto no se subsanen las deficiencias observadas".

En cuanto al informe de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, tuvo su entrada en el Ayuntamiento de Seseña un día después del pleno, y en él se hacía constar la viabilidad el PAU, supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones, fundamentalmente relacionadas con la red de agua y abastecimiento.

Por otro lado, cinco días después de esa última sesión plenaria, el día 13, el acusado suscribió tres fondos de inversión a favor de cada uno de sus hijos, por valor de 48.000 euros cada uno de ellos, lo que significa que dispuso de 144.000 euros. ESe mismo año, constan otras dos suscripciones de fondos de inversión por importe de 20.000 euros a dos de ellos, sin que las rentas declaradas por ellos sustentasen tales inversiones.

El día 9 de junio, cuando la situación del acusado era la de alcalde en funciones, realizó un desembolso en efectivo de 77.208,08 euros y se subrogó en dos préstamos hipotecarios por importe conjunto de 250.244 euros para la compra de dos viviendas a la mercantil Promociones del Saz 2000 SL, vinculada a Onde 2000 SL.

Tras las elecciones municipales celebradas tras la última semana de mayo, y tras conformarse el nuevo gobierno municipal, el Grupo Municipal de IU presentó un recurso de reposición que anulase los acuerdos adoptados en el último pleno, del día 8 de mayo, siendo aprobado el día 29 de septiembre de 2003 por todos los grupos municipales, por lo que se anuló la aprobación y adjudicación del PAU, aunque no la aprobación del Plan Parcial de Ordenación Urbana, que sí aprobó. El PEI sólo se aprobó, en diciembre, tras el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Durante los años 2004 y 2005, las rentas declaradas por el acusado son inferiores a las anteriores, a pesar de lo cual adquirió nuevos fondos de inversión por valor de 60.000 euros. En 2005 le constan desembolsos de cantidades por importe de 71.334,63 euros no constando la razón de los mismos. El acusado justificó los incrementos patrimoniales en el cobro de un cupón de la ONCE de 144.000 euros, habiendo aportado fotocopia de cinco cupones de un sorteo del año 2000, afirmaciones que no resultan acreditadas según la Fiscalía.

DOS AÑOS DE INVESTIGACIÓN.

La denuncia culmina así dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, en los que ha encontrado unos incrementos patrimoniales injustificados por parte de Martín Jiménez que motivan, junto con otros indicios, la presentación ante el Juzgado de la Denuncia para que se inicie la investigación judicial que corresponda.

La denuncia, que tiene en su origen en la solicitud realizada por el actual alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, e Izquierda Unida, para que se investigaran las "presuntas tramas especulativas" en torno al PAU 'El Quiñón', se extiende no sólo al alcalde, sino a cualquier otra persona que resulte responsable de la causa, los delitos de prevaricación, cohecho y contra la hacienda pública.

IU presentó un informe de 26 hojas y 500 documentos más un video informativo ante la Fiscalía Anticorrupción el 14 de julio de 2006, y la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias informativas para "conocer y determinar las irregularidades" en este caso el día 26 de ese mismo mes.

Tras la presentación del informe pidiendo la investigación en julio de 2006, comenzó un cruce de acusaciones entre el actual alcalde, Manuel Fuentes, y el constructor Francisco Hernando 'El Pocero' que se ha prolongado durante dos años y que ha provocado que el segundo haya llegado a presentar hasta seis querellas contra el primer edil por delitos de injurias, todas ellas sobreseídas.




* Europa Press - 16.09.2008
Foto: Seseña (Toledo), pocerolandia - EFE

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Gaucín: Los ediles del PA se enfrentan a 18 meses de cárcel por delito urbanístico

MÁLAGAHOY* : Los cuatro concejales del PA que han convertido a Francisco Ruiz (PP) en alcalde de Gaucín a través de una moción de censura que ha desbancado del sillón municipal a Teodoro de Molina (PSOE) están acusados de un delito continuado contra la ordenación del territorio por la Fiscalía, que solicita en su escrito de calificación inicial una pena de 18 meses de prisión para cada uno de ellos.

La causa, instruida en el juzgado número 3 de Ronda, está pendiente de ser enjuiciada en un juzgado de lo Penal de Málaga.

Los acusados que ahora forman parte del gobierno local de Gaucín son los ediles andalucistas Francisco Macías, Francisco Medina, Carmen Cantudo y Francisco Corbacho, que fue el cabeza de lista en las elecciones municipales de 2007. Corbacho, además, fue condenado hace unos meses por la Audiencia Provincial de Málaga a 21 meses de suspensión de empleo o cargo público y a siete años de inhabilitación especial por malversación de caudales públicos y prevaricación. La sentencia no es firme y está recurrida, y la acusación particular la ejerció el PP, que ha pactado con él.

En la causa por delito urbanístico, además de los cuatro ediles del PA, están imputados dos ex ediles que formaron parte del gobierno municipal en el mandato 1999-2003 y un arquitecto municipal. Para uno de los ex concejales y el técnico, el Ministerio Público reclama otros 18 meses de cárcel por el mismo delito, y para el otro ex edil, nueve meses de prisión por delito urbanístico.

La calificación de la Fiscalía alude a ocho presuntas irregularidades, distanciadas en el tiempo, por permitir la construcción o la reforma de edificaciones en suelo no urbanizable, casi siempre viviendas unifamiliares. La primera autorización que se pone en duda recibió luz verde en una comisión de gobierno celebrada el 12 de mayo de 2000, y la última, el 10 de octubre de 2003. La Fiscalía también considera irregulares dos decretos firmados el 16 de julio de 2003 por Corbacho, entonces alcalde de Gaucín, con los que concedió una licencia para rehabilitar y ampliar sendos inmuebles.

Para el Ministerio Público, las actuaciones adquirían apariencia de legalidad gracias a un informe emitido por el arquitecto imputado en la causa, obviando otros informes técnicos y jurídicos que desaconsejaban la concesión de la licencia en cuestión. En varios casos, además, los proyectos sobre los que opinaba el citado arquitecto habían sido redactados por su hija, según la Fiscalía.

La lista del PA, con Corbacho a la cabeza, fue la más votada en las últimas municipales, pero un pacto entre PSOE (3 concejales) y PP (dos concejales) evitó que el andalucista permaneciera otro mandato en el sillón municipal. En mayo pasado, el PP anunció que abandonaba el gobierno municipal, supuestamente, porque el alcalde los obviaba en la toma de decisiones y dejó a los socialistas en minoría. La moción de censura contra De Molina se presentó a finales de agosto y se votó el pasado jueves. Francisco Ruiz (PP) es el nuevo alcalde.




* Málaga Hoy - Esperanza Codina - 18.09.2008
Foto: Gaucín (Málaga) - malagapueblos.com

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Centenares de empresas en Galicia se encuentran en situación irregular

LAVOZDEGALICIA* : La falta de empleo incrementó la tolerancia y contribuyó al desorden urbanístico, medioambiental y de seguridad. El incendio ocurrido la semana pasada en una nave industrial de Vigo dejó al descubierto una amarga y sorprendente realidad. De las once empresas que convivían en la misma nave y que resultaron afectadas por el siniestro, solo una de ellas tenía licencia, otras cuatro habían iniciado los trámites, y el resto, seis, ni siquiera la habían solicitado.

¿Se trata de un caso extraordinario? ¿Podría aplicarse esa proporción al conglomerado empresarial gallego? Probablemente la respuesta sería negativa para ambas preguntas. Ni se trata de un caso único, ni la proporción de empresas en situación irregular es tan demoledoramente amplia en el conjunto de Galicia. Sin embargo, los expertos aseguran que existe un notable desorden en el sector: irregularidades urbanísticas, inexistencia de planes de seguridad para empresas que lo requieren, escaso control administrativo, notables deficiencias medioambientales... La lista de irregularidades incluye a centenares de empresas y es tan amplia como escasas las sanciones.

«Casos como el de Vigo, en el que una nave alberga varias actividades y en la que ni siquiera hay una compartimentación de productos que nunca podrían estar juntos y donde no existe un plan de emergencia ni de actuación en caso de siniestro, son mucho más comunes de lo que nos creemos», asegura Carlos Bellas, responsable de salud laboral de UGT. El desastre de la Brenntag en el Umia hace dos años y medio, que dejó sin agua del grifo a toda la comarca de O Salnés, es otro triste ejemplo de esta situación: «Hemos heredado un país muy desordenado -reflexiona una fuente de Medio Ambiente- y se ha puesto en marcha una legislación más estricta y un mayor rigor en las sanciones. ¿Que tendríamos que hacer, levantar y reubicar la mitad de las empresas del país?».

Sin instrumentos

La legislación actual deriva la responsabilidad de tener en orden las licencias y los planes de seguridad al empresario, que para registrarse y conseguir las licencias debe certificar la adopción de las medidas específicas de su negocio por parte de profesionales. Ello no implica necesariamente una inspección por parte de la Administración para verificar la documentación aportada por la empresa.

De momento, y ante el desolador panorama, Industria pretende dotarse de un instrumento eficaz para desarrollar estrategias de inspección con personal adecuado, una carencia que explica en alguna medida el actual desorden. La consellería tramita un decreto para la creación de un cuerpo de inspectores, labor que en la actualidad desarrollan técnicos de las delegaciones provinciales con otros cometidos y que, circunstancialmente, efectúan comprobaciones aleatorias o constatan denuncias particulares.

En cualquier caso, la labor de inspección no corresponde únicamente a la Xunta, sino que es preceptivo disponer de una licencia municipal para el inicio de cualquier actividad. Carlos Fernández, presidente de la Fegamp, admite que hace años pudo darse una cierta tolerancia desde la Administración local en virtud de la creación de puestos de trabajo: «Pero eso ahora no ocurre. Los ayuntamientos tienen más técnicos y más capacidad para inspeccionar». Ante esa percepción, se vuelve a revelar el caso de Vigo, donde el Concello no tenía conocimiento alguno de lo que había tras los muros de la nave incendiada.

En Santiago, un convenio con la Xunta ha permitido al Concello censar la actividad empresarial municipal para acabar con las situaciones de ilegalidad. No se prevé sancionar, sino ordenar, aunque el concejal de Promoción Económica, Xosé Manuel Iglesias, explica que el proceso no es reubicar, sino adaptar la normativa urbanística a la realidad existente: «Non podemos ter polígonos tercermundistas, pero se cadra tampouco podemos ser Silicon Valley».





* La Voz de Galicia - Jorge Casanova - 16.09.2008
Foto: Las naves levantadas en la parroquia de Lamela (Silleda) sin licencia son un ejemplo de la falta de criterio con el que todavía se crean industrias en Galicia - lavozdegalicia.es

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