VEGAMEDIA* : El año 2008 comienza con serias dudas sobre el futuro de algunos insignes políticos regionales. El Partido Popular ya tenía, antes de los escándalos judiciales, un importantísimo blindaje jurídico, propio de sociedades empresariales de altísimo nivel. Pero ante la presunta avalancha de casos judiciales que anuncian los mass media, unos más que otros, contratan a especialistas de primer orden en el ámbito penal. Trabajo no les va a faltar. LA SOMBRA DE AZNAR resume en este reportaje los casos más importantes que se encuentran por los tribunales. Pero no están todos...pero son dignos de un guión de Hollywood. Una vez más, la realidad, supera a la ficción. Pasen y vean, amigos lectores.
MURCIA
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia ha decidido admitir a trámite la querella presentada por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, contra el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, en la actualidad en excedencia. En la misma, presentada ante el juzgado el pasado 21 de marzo, Bernal denunciaba que Peñalver habría favorecido a varias constructoras en la valoración del suelo. Tras estudiar la documentación aportada por el fiscal jefe junto a la querella, la jueza estima que hay suficientes indicios racionales para investigar si, en efecto, el que fuera número tres de la Gerencia de Urbanismo habría incurrido en los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
A su vez, la querella del fiscal jefe derivó de un informe elaborado por el Colegio de Arquitectos a petición de López Bernal. En el documento, los responsables de esta institución denunciaban que Peñalver había informado favorablemente "proyectos totalmente ilegales". Entre las irregularidades denunciadas, los arquitectos señalaban que Peñalver "aumentaba la edificabilidad de un plan parcial sin modificar el Plan General o hacía valoraciones a la baja del patrimonio municipal que se cedía a empresas privadas". Además, el Colegio de Arquitectos abrió un expediente al arquitecto municipal hace más de un año paralizado desde que el fiscal jefe inicio diligencias informativas-, por presunta incompatibilidad entre su puesto en la Gerencia de Urbanismo y la actividad profesional del estudio de su familia.
Esta presunta incompatibilidad fue denunciada por seis estudios de arquitectos. Según un informe hecho público por el PSOE en marzo y elaborado por los colegios de arquitectos, tras hacer una valoración de la edificabilidad de uno de los convenios de la zona norte suscrito por el equipo de gobierno con las empresas Urbamur, Visionaria y Obralia, que el Ayuntamiento de Murcia dejará de ingresar en las arcas municipales más de 126 millones de euros.
AGUILAS
El juzgado de instrucción número tres de Murcia, que admitió a trámite la querella presentada por la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia inicialmente contra siete personas en el caso La Zerrichera, ha decidido imputar también al promotor del proyecto de la urbanización de Águilas, Trinitario Casanova Abadía, quien con anterioridad se había personado en el juzgado de Murcia como interesado por una denuncia de soborno. De esta forma ya son nueve las personas imputadas por el caso de La Zerrichera, entre las que también están, al igual que Trinitario Casanova y Pedro Gil, los ex directores generales de Calidad Ambiental y de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Antonio Alvarado y Manuel Alfonso Guerrero, respectivamente; la también ex directora general de Medio Natural, Encarna Muñoz; el subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y el jefe del servicio de Calidad Ambiental y presidente de la comisión técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert, por parte del Gobierno regional. Relacionados con el ayuntamiento de Águilas están imputados el alcalde, Juan Ramírez, y el ex concejal de Agricultura, Pesca, Parques y Jardines, José López Díaz.
CARTAGENA
La construcción de un campo de golf y 5.000 viviendas en el humedal de Lo Poyo, a orillas del Mar Menor, ha movilizado a vecinos y ecologistas. Cartagena es la conexión murciana con la trama marbellí: se investigan presuntas irregularidades en la compra de estos terrenos por parte del empresario vasco Javier Arteche (detenido en la 'operación Malaya') y una supuestas comisiones de dos millones de euros pagadas por Roca (el cerebro de la corrupción en la Costa del sol). El expediente urbanístico ha sido paralizado.
La fiscalía ha decidido además abrir de oficio diligencias por la construcción de 10.000 viviendas y un campo de golf en una zona protegida. El proyecto, llamado Novo Carthago, fue presentado por el Gobierno de Murcia antes de la recalificación. El proyecto de Hansa Urbana es investigado por la fiscalía murciana después de que se conociera que el campo de golf previsto en la urbanización se iba a construir en un paraje protegido por la Unión Europa como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Además, la mayoría del terreno afectado por Novo Carthago está protegido al ser huerta del trasvase Tajo-Segura, tal y como consta en los informes de las Consejerías de Obras Públicas y Agricultura del gobierno de Murcia, que desaconsejaban la reclasificación de los terrenos.
SAN JAVIER
Se investiga por un presunto trato de favor en adjudicaciones públicas al alcalde, José Hernández Sánchez (PP), socio de Santiago Martínez Esparta y Juan Gracia Jiménez —dos de los principales promotores en la zona del Mar Menor— en la empresa Nueva Valencia al Mar, S.L. Además, el proyecto Puerto Mayor (un puerto deportivo con 1.000 puntos de amarre en La Manga del Mar Menor, más de 800 viviendas, un hotel, palacio de exposiciones y un campo de golf de 500.000 metros cuadrados ganados al mar) está paralizado. Antonio Sánchez Carrillo, alto cargo del PP de Murcia, figuraba como consejero en la promotora. Antonio Alvarado (director general del Medio Natural) y Marcos Ortuño (director general de Transportes y Puertos) también están imputados.
Los directores generales de Calidad Ambiental y de Transportes y Puertos, Antonio Alvarado y Marcos Ortuño, deberán dar además explicaciones por su participación en los expedientes administrativos que permitieron la reanudación de las obras de Puerto Mayor, en octubre del año 2003. El magistrado Francisco José Albaladejo Caravaca, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, ha admitido a trámite la querella presentada por el PSOE murciano por un presunto delito de prevaricación administrativa, según se ha conocido ahora. La iniciativa judicial fue presentada por José Ramón Jara, número dos de los socialistas murcianos.
ARCHENA
IU dice que Archena es «otra Marbella», y ha denunciado ante la Fiscalía presuntas irregularidades del alcalde, Manuel Marcos Sánchez (PP), en la gestión urbanística y venta de terrenos como los de Logamar, Pago Barranco y Pedáneo, entre otros.
CIEZA
El alcalde, Antonio Tamayo (PP), ha sido denunciado por falsedad en documento público y prevaricación en relación con el 'caso Golf Benís', unos convenios urbanísticos para recalificar 270 hectáreas y construir 5.000 viviendas y un campo de golf que podrían haber beneficiado al primer edil, su nuera (propietaria de la mayoría de los terrenos) y la concejala de Urbanismo (hermana de la nuera del alcalde), entre otros. En este municipio, Greenpeace denuncia la recalificación de 20 millones de metros cuadrados para su urbanización.
El alcalde, Antonio Tamayo declaró además en el Juzgado número 3 de Cieza por el denominado caso Cláufer, después de que el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia decidiera remitir al mismo las diligencias abiertas por la presunta concesión irregular de una licencia de ampliación a una granja porcina ilegal propiedad del jefe de Sanidad Animal de la Comunidad Autónoma, tras observar indicios de una supuesta prevaricación y tráfico de influencias. También están citados a declarar la responsable de Urbanismo y dos técnicos municipales.
MAZARRON
El Juzgado de Instrucción nº 4 de Totana ha admitido a trámite una querella criminal presentada contra el concejal de Personal del Ayuntamiento de Mazarrón, Miguel Ballesta, por un presunto delito de prevaricación, tal y como confirmó a esta Redacción el abogado que lleva el caso, Pablo Ruiz Palacios, perteneciente al gabinete Quórum abogados. La querella ha sido presentada por una vecina que considera que el edil puede haber incurrido en un delito de prevaricación a la hora de contratar personal para el Consistorio.
La Justicia investiga también el pago de 33.000 euros por parte del alcalde, Francisco Blaya (PP), al concejal Domingo Valera (Partido Independiente por Mazarrón -PIXM), cuyos tres concejales permitieron la recalificación de más de 41 millones de metros cuadros de suelo rústico, que será urbanizable, y donde se planean construir 43.000 viviendas. Las tres principales empresas beneficiadas: Polaris World, Euromarina, e Iniciativas Urbanísticas de Mazarrón.
VILLANUEVA DEL RÍO SEGURA
El primer edil, José Luis López (PP), el arquitecto municipal y tres concejales del equipo de Gobierno han sido denunciados por Ecologistas en Acción por la concesión de una licencia para construir la urbanización 'Spa Valley' en el paraje de La Morra. Según los ecologistas, la zona es dominio público hidráulico del río Segura.
PUERTO LUMBRERAS
El alcalde de Puerto Lumbreras y diputado regional, Pedro Antonio Sánchez, tendrá que comparecer como imputado en los juzgados de Lorca, donde se ha admitido a trámite unas querellas por presuntos delitos interpuestas por los concejales del grupo socialista de la anterior corporación municipal. El Tribunal Superior de Justicia concluyó que se sigan las diligencias previas incoadas mediante auto en el Juzgado de Instrucción número 5 de Lorca con fecha de 7 de noviembre de 2007. En las diligencias 11001/2007 se acusa al dirigente popular de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, alteración del precio de concursos, negación prohibida a los funcionarios, fraude y exacciones ilegales y tráfico de influencias, según han informado a VMPress fiuentes judiciales.
LOS ALCAZARES
La Fiscalía investiga un convenio firmado en 2001 entre la empresa Condeor -intervenida en la "operación Malaya"- y el Ayuntamiento por el que la sociedad aportaba 630.000 euros para financiar la construcción del nuevo consistorio a cambio de una modificación de uso de una parcela de 1.750 metros cuadrados en el centro del pueblo donde Juan Antonio Roca construyó un hotel de cuatro estrellas y un aparcamiento de 300 plazas.
ABANILLA
El Juzgado de Instrucción número 3 de Cieza está investigando un supuesto caso de falsedad de documentos en el Ayuntamiento de Abanilla (gobernado por el PP). El próximo 11 de enero declararán en calidad de imputados el primer teniente de alcalde, José Antonio Blasco (concejal de Economía y Hacienda); el ingeniero José Enrique Pérez González y el secretario municipal, Miguel Castillo López. Según una denuncia del Partido Socialista, se detectaron algunos expedientes de obra y en uno de ellos faltaba una documentación necesaria para ejecutar los trabajos. Dos concejales del PSOE exigieron esos documentos y no se los reenviaron.
TORRE PACHECO
El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), tendrá que comparecer ante la titular del juzgado número cuatro de San Javier, del uno al 15 de cada mes. Así se lo ordenó la juez que instruye el caso, Aránzazu Moreno, por presuntas irregularidades urbanísticas. La investigación judicial, cuyas diligencias han sido declaradas secretas, está motivada por un supuesto trato de favor a constructores y promotores de la comarca por parte del Ayuntamiento, y tiene su origen en una denuncia presentada hace meses por un particular ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
La juez de San Javier investiga si los responsables municipales cometieron supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación e incluso cohecho en la tramitación de varios proyectos inmobiliarios y en la resolución de expedientes sancionadores de carácter urbanístico. En la investigación está trabajando activamente la Guardia Civil, que incluso ha practicado seguimientos a los empresarios y políticos relacionados con el caso. También se han realizado por orden judicial pinchazos a los teléfonos de algunos de los implicados, según precisaron fuentes de la investigación. Otra vertiente de la investigación judicial, añadieron las mismas fuentes, son las empresas de familiares de algunos concejales que podrían haberse beneficiado de contratos municipales.
FUENTE ÁLAMO
La alcaldesa de Fuente Álamo, María Antonia Conesa, quedó, junto con cinco personas más, en libertad con cargos tras declarar ante la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número cuatro de San Javier por presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Fuente Álamo. Además de la alcaldesa de ese municipio, fueron puestos en libertad con cargos la concejala de Obras y Servicios, Inés Mendoza; la anterior responsable de Urbanismo, María del Mar Pedreño; el empresario de la construcción Facundo Armero y el arquitecto municipal José Mariano Sánchez Martini.
LIBRILLA
El PSOE ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al alcalde de Librilla, el popular José Martínez García. Lo acusan de querer pagar facturas por valor de 236.919 a dos empresas constructoras por unos trabajos «que no existen». Lo dijo el secretario de Política Municipal, José Ramón Jara. El Grupo Socialista ha enviado a Madrid 99 facturas de las empresas Construcciones Hermanos Gregorio Barrancos y Urexcon, que pertenecen al mismo titular, según Jara. Las facturas corresponden a presuntas obras realizadas entre abril y junio de 1999, en calles y caminos de Librilla.
El Ayuntamiento de Librilla, a través de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla, contrató la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana del municipio sin concurso ni publicidad con una sociedad inexperta y sin actividad conocida en el sector. La sociedad beneficiaria se denomina Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería, S.A. (ACADI), constituida en el año 2001 por el ingeniero de Caminos Domingo Peñalver Rojo y en la que figuran como accionistas él mismo y su padre. Esta sociedad, radicada en Murcia, declaró pérdidas hasta el año 2003, cuando empezó su colaboración con el municipio de Librilla, y carece de personal asalariado, según figura en las memorias anuales presentadas por ACADI en el Registro Mercantil.
FORTUNA
Una ex concejal del PP de Fortuna acusa a su alcalde de comprar votos. Asegura que el primer edil, su esposa, hermano y dos concejales ofrecían favores a cambio del apoyo electoral. El juicio a la ex edil acusada de delito electoral ha sido suspendido y remitido al juzgado de instrucción número 1 de Cieza. «He visto comprar votos y rellenar solicitudes de voto por correo al propio alcalde de Fortuna, su mujer, su hermano y varios concejales». Firme y decidida, María Dolores Sánchez, acusada de un presunto delito electoral, no dudó, en el transcurso de su juicio celebrado en la mañana de ayer, en apuntar su dedo delator hacia sus propios compañeros de partido.
TOTANA
La titular el Juzgado número uno de Totana, María Asunción Navarro, ha decretado prisión provisional sin fianza para el alcalde de Totana, el 'popular' José Martínez Andreo, en el marco de la Operación Totem que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en esa localidad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia. La decisión de la juez, anunciada poco antes de las dos de la madrugada, se produce después de la toma de declaración del primer edil, que entró en el juzgado a las ocho de la mañana de ayer, domingo, cuando Martínez Andreo, detenido el pasado viernes, fue puesto a disposición judicial. Navarro dejó ayer por la noche en libertad provisional bajo fianza de 20.000 euros a la secretaria general del Ayuntamiento, Laura Bastida, y al empresario y ex edil Juan Francisco Casanova. Ambos tienen también la obligación de comparecer ante el juzgado.
La nota informativa del TSJ no especifica los nombres completos ni los cargos que se imputan a cada uno de los encausados, si bien informa de la lista de delitos que instruye en este caso que afecta a las doce personas detenidas los pasados lunes, jueves y viernes. La relación de delitos incluye cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
ADJUDICACIÓN TV AUTONÓMICA
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha abierto diligencias informativas por un presunto delito de prevaricación sobre el proceso de adjudicación del canal autonómico 7 Región de Murcia al Grupo Empresarial Televisión de Murcia (GTM), según confirmaron ayer fuentes de la fiscalía. Esta empresa se encarga de gestionar el canal público durante siete años, y a cambio percibirá 36 millones de euros más el IPC anual, procedentes de las arcas autonómicas, con lo que en total serán al menos 252 millones.
Los medios locales apuntan que la investigación del fiscal jefe del TSJM, Manuel López Bernal, se abrió el pasado mes tras la denuncia de un particular por un presunto delito de prevaricación en el procedimiento de concesión. GTM está formado por empresas relacionadas con la construcción como Foro Corporativo de Medios (Intereconomía), la productora de televisión Prodher; Mediterránea de Inversión Grupo 4; Palprom 2004, Grupo Polaris; Palatino 2002 y el Grupo Fuertes.
BALSA YENNY
La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía. El coste de la operación se financió con dinero público tres años después, tras adjudicarle la sociedad estatal Tragsa la contrata de depósito de los residuos peligrosos.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios no sólo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio básico de la legislación ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su artículo 27.2 textualmente: "La declaración de suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades autónomas. Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminación". Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los estériles, éstos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad también de la empresa Portmán Golf.
El Ministerio Público considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP), desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, su limpieza y recuperación.
* Vegamedia Press - 01/01/2008
Foto: Murcia, Palacio_Regional - jarique.com
Feliz año judicial 2008: Los casos más destacados de la presunta corrupción política en Murcia
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Denia: Una empresa desmonta la ladera del barranco de la Pedrera para construir una urbanización
LEVANTE/Alacant* : El gran crecimiento urbanístico del núcleo urbano de la Pedrera, en el Montgó, parece no tener fin. A las numerosas urbanizaciones de cuatro alturas que han crecido junto a las casas en planta baja ahora se suma una nueva urbanización que se va a levantar al lado de las viejas escuelas municipales que ahora albergan aulas de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Dénia.
Sin embargo, la futura construcción de apartamentos no está exenta de polémica y los residentes de la zona han mostrado su malestar porque se está desmontando la ladera que discurre desde el mismo barranco de la Pedrera hasta el vial que atraviesa el casco antiguo de esta pequeña pedanía. Ahora mismo las palas entran dentro del solar que ha ocupado el cauce del barranco hasta dejarlo prácticamente al mismo nivel. Una maquina taladraba esta semana sobre la misma roca para ganar el máximo espacio en profundidad para fijar los cimientos del futuro complejo residencial.
Varios vecinos coincidieron en señalar que en principio pensaban que se iba a construir un pequeño centro comercial, con tiendas y restaurantes, pero finalmente será otra finca de apartamentos la que se levante.
Este diario intentó sin éxito saber si desde el Ayuntamiento de Dénia y su gerencia de urbanismo estaban haciendo un seguimiento de las obras, por si se contaba con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar para desmontar la ladera del barranco y construir junto al mismo cauce. Fuentes municipales señalaron que hasta después de las vacaciones no tendrían acceso a la documentación.
Conducción natural
El barranco de la Pedrera rodea el casco viejo para pasar por debajo del vial que lleva al hospital comarcal. Desde allí las aguas, que durante los días de lluvia bajan con fuerza desde el parque natural, se van distribuyendo por las acequias de las partidas de la Plana Est y Santa Paula hasta que los excedentes llegan a la acequía de les Vessanes que reconduce el agua hasta el mar.
En la Pedrera las aguas discurren por una zona cimentada junto a unas casas que prácticamente están sobre el lecho del cauce, junto al puente que cruza al hospital.
En el solar en obras no se anuncia de momento la promoción de viviendas que, presumiblemente, se van a construir.
* Levante-EMV - V.X.C., Dénia - 02 de enero de 2008
Foto: Una pala trabajaba la semana pasada para ganar espacio taladrando en los márgenes del barranco / VMC, levante-emv.com
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El TSJ condena a Villalonga por inactividad y obliga a demoler una construcción ilegal
LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha condenado al Ayuntamiento de Villalonga por omisión de sus obligaciones en el caso de una construcción ilegal que ordenó demoler en 2004, algo que no cumplió. La sala de lo contencioso administrativo del TSJ ha estimado el recurso interpuesto por los propietarios de la parcela colindante a la afectada por la obra y ha declarado que el Ayuntamiento de Villalonga cometió «inactividad». La sentencia obliga ahora que el consistorio cumpla con la ley y proceda al derribo de la vivienda.
Los hechos se remontan al año 2003, cuando un constructor procedió a levantar una vivienda en la partida de les Tancades de Villalonga, calificada como suelo no urbanizable de naturaleza agrícola. Inmediatamente después de iniciadas las obras, la familia de la parcela colindante procedió a denunciar los hechos y ponerlos en conocimiento del ayuntamiento. El alcalde de la localidad, Juan Ros, del PP, decretó el 31 de marzo de 2004 la paralización de los trabajos y la restauración de la legalidad urbanística, lo que obligaba al promotor de la obra a demoler lo construido y dejar la parcela agrícola en su estado original.
Como es habitual en estos casos, no sólo en Villalonga sino en casi todos los municipios, la orden de derribo no se cumplió, de ahí que los denunciantes optaran por acudir a los tribunales. En primera instancia, los jueces desestimaron la demanda gracias a que el Ayuntamiento de Villalonga solicitó al juez la inadmisibilidad de la misma al considerar que los propietarios del terreno colindante no tenían legitimidad para actuar en este caso.
Pretensiones legítimas
Ahora, en cambio, el TSJ ha anulado aquella sentencia y ha declarado que no sólo las pretensiones de los denunciantes son legítimas, sino que el ayuntamiento, como cualquier otra administración, debe cumplir las resoluciones que dicta. Según el TSJ, la justicia ampara a aquellas personas que pretendan condenar a las administraciones públicas por el incumplimiento de sus obligaciones.
En este caso, el Ayuntamiento de Villalonga no puede alegar excusas y debe aplicar la resolución que el alcalde Ros firmó en marzo de 2004.
Según ha podido saber este periódico, la acción judicial de los denunciantes fue su último recurso para hacer que se cumpliera la ley, dado que cuando se estaban iniciando las obras ya advirtieron al promotor, al propietario y al Ayuntamiento de Villalonga de la ilegalidad de las mismas, telefoneando en varias ocasiones a la Policía Local para que impidiera el avance de las obras cuando aún estaban en los cimientos. Pese a eso el consistorio no impidió concluir los trabajos de la vivienda que ahora deberá ser demolida.
* Levante-EMV - S. S., Gandia - 02 de enero de 2008
Foto: La vivienda de la zona de les Tancades de Villalonga objeto de la demanda que tendrá que ser demolida / àlex ruiz, levante-emv.com
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El precio de la vivienda nueva subió un 5,1% en 2007
PÚBLICO* : El precio de la vivienda nueva en las capitales de provincia subió el 5,1% en 2007, lo que sitúa el valor medio del metro cuadrado en 2.905 euros, según la Sociedad de Tasación. El informe publicado hoy por esta empresa privada, de referencia en el sector, muestra que durante el pasado año el precio de la vivienda aumentó entre el 7 y el 9% en doce capitales de provincia, mientras que en otras veinte creció entre el 5 y 7%, y en otras dieciséis subió menos del 5%.
En el segundo semestre del año, el incremento del precio de la vivienda nueva fue del 1,1%, lo que denota una desaceleración respecto al primero. Con todo, la vivienda nueva se vende actualmente a un precio casi nueve veces superior al que se vendía en 1985.
A lo largo del año, el precio medio aumentó en todas las capitales de provincia, excepto en dos de ellas. En 12 capitales, el crecimiento de los precios se situó entre el 7% y el 9% respecto al pasado año, en otras 20 capitales el precio aumentó entre el 5% y el 7%, y en 16 de ellas se situó por debajo del 5%. Los dos descensos se localizaron en Segovia (-2,7%) y Vitoria-Gasteiz (-2,5%).
Sociedad de Tasación prevé, de cara a 2008, que el precio de la vivienda tienda a estabilizarse, con incrementos en el entorno del IPC. "El precio de la vivienda tendrá, previsiblemente, subidas más moderadas en aquellos municipios que dispongan de mayor oferta de terrenos edificables", añade.
Por otro lado, Sociedad de Tasación indica que, a partir de datos estimados por el Ministerio de Vivienda sobre el número de inmuebles iniciado hasta septiembre de 2007, el total de viviendas iniciadas durante el año superará las 760.000, cantidad "muy importnte", pero inferior a la alcanzada en el año 2006.
Vivienda media de 290.500 euros
El precio de la vivienda nueva de tipo medio en las capitales de provincia se situó en el mes de diciembre en 2.905 euros por metro cuadrado construido, que para una vivienda de de 100 metros cuadrados equivale a 290.500 euros.
En las 21 poblaciones de más de 100.000 habitantes que no son capitales de provincia analizadas por Sociedad de Tasación, el precio medio del metro cuadrado se situó en 2.437 euros, lo que supone un incremento interanual del 4,4%, y del 0,5% respecto al semestre anterior.
En las poblaciones de más de 50.000 habitantes, los precios crecieron en los últimos doce meses un 5,9%, y un 0,9% desde julio de 2007, hasta 2.208 euros por metro cuadrado.
En el caso de las poblaciones de más de 25.000 habitantes, el incremento medio fue del 7,1% en el último año, del 1,6% entre julio y diciembre, con un precio medio por metro cuadrado de 2.030 euros.
Por comunidades autónomas, el mayor aumento respecto al año 2006 lo registró Cataluña, con una subida del 8,3%, seguida de Comunidad Valenciana (7,9%), Aragón (7,6%), Extremadura (6,3%), Andalucía (6%), Castilla-La Mancha (5,8%), Galicia (5,1%) y La Rioja (5,1%).
* Público - EFE - Madrid - 02/01/2008
Foto: El precio de la vivienda nueva se modera en 2007. EFE
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El 'caso Malaya', por partes
ELPAÍS/Marbella* : La trama de corrupción destapada con el caso Malaya no se quedará en la macroinstrucción a cargo ahora del titular del juzgado número cinco de Marbella, Óscar Pérez. En más de un año y medio se han desgajado de la causa principal al menos media docena de procedimientos, uno de ellos derivado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Algunos se juzgarán por separado porque no atañen directamente al principal imputado, Juan Antonio Roca, y otros para dar más celeridad a la compleja causa principal.
JULIÁN MUÑOZ Y ENTORNO. Blanqueo de capitales
El caso investiga al ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y a su entorno por blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública. En el procedimiento está implicada la tonadillera Isabel Pantoja y su ex mujer Mayte Zaldívar, además de otros familiares. El anterior instructor, Miguel Ángel Torres, cree que Muñoz se benefició de las actividades ilícitas que se desarrollaban en el Ayuntamiento marbellí durante años, pero considera que las supuestas operaciones de blanqueo no guardan relación con "Roca y su grupo organizado". El ex alcalde será juzgado de forma separada por recibir supuestamente 150.000 euros de Roca a cambio de la firma de dos convenios urbanísticos que favorecían sus intereses. Los investigadores consideran a Pantoja principal beneficiaria de la fortuna ilícita de Muñoz y han determinado que tras separarse de Zaldívar, Muñoz hizo llegar a ésta desde Suiza más de 400.000 euros que ingresó en un banco de Gibraltar.
POLICÍA LOCAL DE MARBELLA. Subasta ilegal de vehículos
Se enjuiciará la trama que presuntamente funcionaba en la jefatura de la Policía Local de Marbella para apropiarse de los vehículos retirados por la grúa. Se encuentran imputados el ex jefe de la Policía Local Rafael Del Pozo, sus subordinados Juan Esteban Saborido y Pablo Alba y los empresarios Moisés Rodríguez y Juan Luis González. El juez Torres consideró que Roca no participó, aunque señala que los entonces concejales toleraron estas prácticas.
INMOBILIARIA AIFOS. Delitos fiscales
Los presuntos delitos contra la Hacienda Pública supuestamente cometidos por la inmobiliaria Aifos se investigan en una causa separada desde el pasado verano. Durante la investigación del caso Malaya, la Agencia Tributaria cifró en más de 11,4 millones de euros las cuotas defraudadas a la Hacienda Pública por los titulares de Aifos desde 2003 a 2005. Torres destaca a la promotora Aifos entre las entidades que habrían abonado dinero al ex asesor urbanístico para obtener resoluciones favorables. De hecho, sus directivos han reconocido haber pagado más de 3,4 millones de euros a Roca por la firma y ratificación de convenios. "La articulación de estos pagos exigía la existencia de un circuito de dinero negro opaco para la Hacienda Pública, lo que además de constituir una evidente defraudación fiscal suponía un fondo de dinero destinado a pagar actividades delictivas", señala el juez en el auto.
FRANCISCO DE URQUÍA. Cohecho y prevaricación
El juez Francisco Javier de Urquía, apartado del Juzgado 2 de Marbella, será procesado por el TSJA tras ser imputado por cohecho y prevaricación a raíz de unas escuchas telefónicas y el hallazgo de una copia del contrato de compra de su vivienda en el despacho de Roca. La documentación, detectada durante la instrucción del caso Malaya, fue remitida por el juez Torres al TSJA. El instructor del tribunal superior manifiesta en uno de sus autos que "no alberga duda" de que las anotaciones contables de 78.300 euros halladas en el despacho de Roca "constituyen el reflejo de entregas efectivas" al magistrado implicado.
LOS VINOS DE ROCA. 855.000 euros en vino
Ha sido una de las últimas causas en desglosarse. Se investiga si Roca pretendió cargar a las arcas municipales una factura de 855.000 euros por la compra de vino y champán franceses, algo que supondría un delito de estafa. La factura fue encontrada por la Comisión Gestora del Ayuntamiento y remitida a la Fiscalía Anticorrupción. El juez Óscar Pérez decidió que se enjuiciara por separado a finales de noviembre.
CASAS DE ROCA. Compra de dos viviendas
El juez Pérez ha decidido que se investigue por separado la forma en la que Roca consiguió dos apartamentos que posee en Marbella valorados en 1,6 millones. En la pieza está enjuiciado el constructor Massimo Filipa por cohecho y blanqueo de capitales, ya que se sospecha que entregó estas viviendas como dádiva para que Roca "facilitara sus actividades inmobiliarias".
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 02/01/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Resultados encuesta: "Tras las elecciones, ¿qué pasará con el ladrillazo?"
Los resultados de esta encuesta realizada en los últimos meses de 2007 son elocuentes: Un 76% de los votantes de esta web opina que el "ladrillazo" continuará todavía aumentando. Algo que, efectivamente, se ha podido corroborar en el tiempo transcurrido desde las últimas elecciones municipales y autonómicas.
En este sentido hay que felicitar la buena visión de los participantes ya que, aún dentro de la relativa fiabilidad de los resultados electrónicos, han sabido calibrar correctamente la realidad político-social de unas elecciones, en bastantes casos, de dudosa utilidad para una mejora urbanística y de la calidad de vida. A la vista están los datos y las noticias escandalosas que aquí publicamos diariamente.
En este 2008 iniciamos una nueva encuesta en el mismo sentido que la anterior, pero ahora dedicada a la incidencia de las próximas elecciones generales del 9 de Marzo en el apasionante mundo del "ladrillazo". Todo un reto para los participantes y para los ciudadanos que deben apreciar, en este caso también, cómo va a mejorar (o no) su calidad de vida con las distintas opciones.
La nueva encuesta aparece como siempre en el menú lateral y su titular es : ¿Solucionarán las próximas elecciones generales el problema del ladrillazo?
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¡Feliz ladrillazo 2008!

Viñeta: El Roto - ELPAIS.com, 20061230el roto
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Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
La operación 'Guateque' inaugurará el 2008 con otras 20 detenciones y otros tantos registros
EUROPAPRESS/Madrid* : La segunda fase de la operación 'Guateque', que investiga una presunta trama ilegal de licencias descubierta en el Ayuntamiento de Madrid, inaugurará el 2008 con otras 20 detenciones, de funcionarios de distintas Juntas de Distrito y de la Gerencia de Urbanismo, y otros tantos registros en sedes municipales, informaron hoy fuentes próximas a la investigación.
Según estas mismas fuentes, los agentes de la Guardia Civil, a instancias del juez Santiago Torres, podrían proceder los primeros días del año al arresto de empleados municipales del Área de Urbanismo del Consistorio y de las Juntas de distrito de Ciudad Lineal, Chamantín y Carabanchel. Estas dos últimas fueron ya objeto el pasado jueves de registros efectuados por los agentes en la segunda fase de la operación, iniciada a raíz del análisis de la documentación requisada a mediados de noviembre.
Las últimas detenciones ordenadas por el juez instructor se llevaron a cabo el pasado 27 de diciembre, cuando agentes de la Benemérita registraron seis sedes municipales y arrestaron a otros cinco funcionarios por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Estos son Manuel Sánchez Romanillos (de la Junta municipal de Salamanca), Domingo Sánchez Bote (de Chamartín), Miguel Ángel García Jodar (técnico del Área de Medio Ambiente), Alfonso Clemente García (que trabajaba en la Junta de Carabanchel) y Fernando Ruiz Torrejón ( de Urbanismo).
24 PERSONAS DETENIDAS
Hasta ahora, el juez Torres ha ordenado la detención de 24 personas en las dos fases y ha practicado 24 registros en diferentes dependencias municipales y despachos profesionales. Un total de seis personas cumplen prisión preventiva, entre ellos el supuesto 'cerebro' de la trama Victoriano Ceballos, el jefe de la División de Impacto y Análisis Ambiental del Consistorio, y Joaquín Fernández de Castro, jefe del Departamento de Evaluación Ambiental.
El pasado mes de noviembre se llevó a cabo la primera fase de la operación 'Guateque' con la detención de 16 funcionarios, entre empleados públicos y técnicos, que posteriormente se elevó a 19, y se practicaron más de una quincena de registros en diferentes dependencias municipales y domicilios.
La segunda fase de la operación resulta del análisis de la documentación intervenida en los primeros registros, así como de los datos recabados a raíz de las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil y por las declaraciones de los imputados ante el juez Torres.
El volumen de la causa es tal que Torres ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la designación de otros cuatro funcionarios más para la secretaría del Juzgado de Instrucción 32 para hacer frente a la magnitud del proceso.
* Terra Actualidad - Europa Press - 31-12-2007
Foto: Madrid, juzgados - europapress.es
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Tema: NOTICIAS Madrid
Sevilla: Casas Viejas ha sido eliminada físicamente
INDYMEDIA* : Lxs trabajadorxs han finalizado por completo la demolición de las naves y la vivienda de lo que hasta hace un mes fue el CSOA Casas Viejas. El trabajo continúo que la asamblea del CSOA Casas Viejas ha llevado y está llevando hoy día, sirve para demostrar, que es posible la autogestión, la okupación como medio y fin tanto en la lucha por el derecho a la vivienda, como para ser punto de unión y reunión de luchas colectivas, inquietudes e ideas en una ciudad, un pueblo o un barrio.
El solar propiedad de la Comunidad de Bienes Hermanos Bordas Marrodán, será transformado en breve, en viviendas de renta libre, a pesar de la posible iniciativa del delegado de urbanismo de utilizar parte del solar para equipamientos comunitarios para el barrio del Pumarejo. Con esta medida, el delegado justifica el derribo del inmueble, aunque ya antes el centro social cumpliera esta función comunitaria.
Lxs propietarixs han señalado que al no existir una declaración oficial de la futura expropiación del terreno necesario para los equipamientos, ellxs seguirán con su proyecto de viviendas libres, aún cuando Emilio Carrillo, delegado de urbanismo, apuntó que la finca sería sometida a una expropiación, con la aplicación del nuevo PGOU de Sevilla.
La expropiación del solar se lleva negociando desde el año 2006, con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. Los Bordas dividieron el patrimonio en dos partes para así poder conservar una parte del terreno de Aniceto Sáenz 23, en el cual, construirían un edificio en el mismo lugar donde se encontraba la vivienda okupada.
Ese mismo año, para hacer efectivo el desalojo y el posterior derribo, lxs propietarixs tras un acuerdo con Urbanismo, intentaron el desalojo a través de una “Orden de Conservación”, que no pudo llevarse a cabo, debido a la concentración llevada a cabo en el interior del centro social.
El segundo intento se llevó a cabo por vía jurídica, lo que desembocó en el derribo, este Diciembre, no solo de Aniceto Sáez 23, si no también en el derribo de todo el edificio.
El pasado día 21 de Noviembre, se presentaron las denuncias y querellas que la Asamblea de Casas Viejas estaba preparando.
El colectivo ha realizado 3 denuncias por detención ilegal por parte de las personas que fueron retenidas alrededor de 8 horas dentro del CSOA Casas Viejas el día en el que comenzó el desalojo.
Además la Asamblea ha llevado a cabo una conciliación previa a la querella contra ABC Sevilla S.L. y el director de este periódico, a consecuencia de las informaciones vertidas sobre la vinculación de Casas Viejas con ETA y su entorno.
Por otro lado se ha puesto una denuncia contra dos policías por un posible delito de lesiones en la manifestación del 29 de noviembre.
Aún es posible que se sigan realizando más denuncias, ya que el equipo jurídico continúa recopilando información y pruebas para realizar nuevas denuncias contra la Policía Nacional y contra la familia Bordas Marrodán, por incumplimiento de las normas básicas de seguridad y derribo, además, de por carecer de licencia para derribar partes del inmueble.
Así mismo, se sigue indagando en la documentación disponible, para realizar nuevas querellas contra cargos públicos y policiales, organizaciones y/o medios de comunicación por las afirmaciones de vinculación con ETA.
Con el derribo de Casas Viejas, se pone fin a un espacio abierto a vecinxs, y colectivos, a proyectos culturales, políticos y sociales. 5 años de okupación que han generado un espacio donde dar cabida a diferentes iniciativas que se han gestionado de una manera autónoma y participativa. Un tiempo en el que se ha demostrado que es posible llevar a cabo aspiraciones sin necesidad de intermediarios y estructuras de poder. 5 años de lucha de personas que han realizado un proyecto de autogestión en un barrio al que se ha dotado de actividades y vida, saliendo de la dinámica institucional.
Casas Viejas ha servido para dar vida al barrio del Pumarejo, pero también ha servido para dar vida a Sevilla, una ciudad acostumbrada a los tópicos andaluces que desde el gobierno venden al turismo.
El CSOA Casas Viejas, ha sido y será un referente en el movimiento de Okupación, tanto por el trabajo realizado desde sus comienzos, a partir de la ContraCumbre de Sevilla en 2002, como por el método de respuesta ante el desalojo, optando por la resistencia no violenta.
El apoyo incondicional de una cantidad importante de colectivos y personas ha dejado plasmado la solidaridad que puede derivarse de una okupación, así como la capacidad de crear lazos de apoyo, comunicación y trabajo conjunto, que tienen los centros sociales autogestionados.
* G.A.S. www.grupodeaccionsocial.net
* Indymedia Estrecho - 29 dic 2007
Foto: Casas Viejas - kaosenlared.net
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Bandolerismo municipal
RAFAEL TORRES* : La más básica de las instituciones políticas, aquella que articula en su primera expresión la convivencia, administra el común y atiende a la vida diaria de los ciudadanos, el Ayuntamiento, se ha convertido, por efecto del inmenso poder corruptor del dinero del ladrillo, en una institución bajo sospecha, cuando no, como en tantos casos, en imputada por cooperación necesaria en el execrable delito del despojo del suelo. Cual bandoleros apócrifos e inversos, los ediles corruptos se dedican a robar a los pobres para dárselo a los ricos, esto es, que con una firma sobre un papel y sin despeinarse logran que lo que pertenece a todos, el tesoro comunal del suelo y de cuanta vida contiene, pase a las manos ávidas, predadoras, de los que a la velocidad que fragua el cemento lo convierten en dinero estéril.
Muchos han sido los casos destapados en 2007 de corrupción municipal por contacto con el urbanismo salvaje, y muchos más los que quedaron sin destaparse; pero incluso aquellos que no se relacionan directamente con la construcción, también se relacionan. Es el caso del Ayuntamiento más poderoso de España, el de su capital, Madrid, de cuyas interioridades podridas está dando cuenta la «operación Guateque» revelando la mafia funcionarial en la concesión arbitraria y delincuente de licencias de obras.
O también, aunque éste otro se dirime de momento en la indignación de vecindario y no en los tribunales, el caso del Ayuntamiento de Salamanca, el mismo que no quería devolver los archivos que robó Franco, que pretende que los ciudadanos paguen, mediante la brutal elevación de las tasas municipales, los veinte millones de euros que el Consistorio dejó de cobrar a los constructores -se dice que amiguetes- en concepto de sanciones. De amigo a enemigo, el poder local ha cambiado en muchos lugares de trinchera, llevándose, además, la munición, los planos y las llaves del arca.
* La Nueva España - Opinión - 31 de diciembre de 2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Vivienda, estadísticas y otras falsedades
ELPAÍS* : Cuando este periódico se puso en contacto con un analista para que valorara las estadísticas trimestrales sobre la evolución del precio de la vivienda, éste respondió: ¿A qué datos te refieres, a las que son ciencia ficción? El comentario quizás es un poco exagerado, pero refleja un malestar evidente entre los que se dedican a escudriñar las tablas que -en teoría- reflejan el número de casas que se construyen, las compras que se realizan y las tendencias de precios.
Ejemplos hay para todos los gustos. Porque, ¿cómo puede ser que los precios del segundo trimestre del año, cuando el sector asistía alarmado a una importante caída de las ventas, subieran más que los del tercer trimestre de 2006?
Tampoco parece creíble que en pleno boom del ladrillo, años en los que, según todos los afectados, se vendían pisos sin ningún esfuerzo, se hubiera generado una importante bolsa de viviendas sin vender. Pero esto es lo que se desprende de los datos de compraventa que elabora el ministerio y las viviendas terminadas que contabilizan los notarios. Si se comparan estas cifras en el periodo 2004-2006, se descubren unas 600.000 viviendas pululando en un limbo fuera del mercado que nadie sabe dónde están.
Y es que, en cualquier reunión con promotores, la mención a la mala calidad de las estadísticas de lo que rodea a la vivienda se ha convertido en un lugar común. Incluso el director del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, criticaba en una entrevista las "carencias en la información sobre el montante y la evolución de las estadísticas de vivienda, construcción y suelo".
Las lagunas estadísticas no se quedan en una discusión para eruditos que estudian series infinitas de números. Tienen un efecto real. Porque la evolución oficial de los precios se elabora con los datos que proporcionan los tasadores, y este método tiende a magnificar las tasas de crecimiento. Y, como apunta el profesor de la Pompeu Fabra José García Montalvo, los datos inflados afectan a las expectativas de los posibles compradores, que pudieron entrar en el mercado para especular por los elevados beneficios de la época del boom. Es decir, que la calidad "horrorosa" de las estadísticas contribuyó al recalentamiento que ha vivido el sector en los últimos años.
La práctica de sobrevalorar una tasación para poder obtener una hipoteca que cubra la totalidad del piso hace que las estadísticas de precios magnifiquen la realidad.
El ex presidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez no sólo considera que la calidad de los indicadores es manifiestamente mejorable, sino que faltan algunos datos básicos para hacerse una idea de lo que ocurre alrededor del ladrillo. "El problema más importante es la ausencia de estadística de ventas. Menos mal que los registradores contabilizan las compraventas, porque si no, no tendríamos ni idea de las operaciones que se cierran", asegura.
* ELPAIS.com - LUIS DONCEL - Madrid - 31/12/2007
Foto: Carteles con ofertas de pisos en Madrid- CLAUDIO ÁLVAREZ - elpais.com
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31.12.07
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
El ladrillo en picado
LORENZO BERNALDO DE QUIRÓS* : El sector de la construcción se encamina a una crisis de las de caballo. De enero a octubre de 2007, últimos datos disponibles, se produjo una caída de los visados para obra nueva del 23,2% y para los bloques de vivienda, las famosas promociones, del 19,2%. Como resultado de lo sucedido en 2007 y, más importante, de las expectativas de lo que pasará en 2008, las inmobiliarias han perdido más de un 43% de su valor bursátil a lo largo de este año. Para finalizar un cuadro bastante tenebroso, el empleo en el ladrillo ha comenzado a descender y el paro a aumentar. En este contexto, lo más probable es que el crecimiento de la construcción en 2008 registre tasas negativas.
¿Era y es esto inevitable? La respuesta es positiva. Es verdad que el aumento de la ocupación desde 1997, la espectacular entrada de inmigrantes, el crecimiento de las familias uniparentales, la compra de inmuebles por extranjeros etc. han tenido un impacto alcista sobre la demanda y el precio de los pisos. Ahora bien, eso hubiese sido imposible sin la brutal disminución experimentada por el precio del dinero entre 1998 y 2006. Sin ella, la burbuja inmobiliaria es incomprensible y su alcance sería menor. Este es un factor indiscutible y el principal elemento explicativo del boom de estos últimos años. Sin plata barata las personas con un poder adquisitivo bajo, el grueso de los adquirentes de vivienda en estos años, hubiesen podido comprar.
El anterior ciclo inmobiliario expansivo, el de 1987-1991, tuvo menor impacto macroeconómico por una razón fundamental: los tipos de interés estaban al 17% con lo cual se endeudaron familias e individuos con alto poder adquisitivo. En el período 1998-2006, el grueso de los compradores/deudores han sido personas con ingresos medios y medios bajos que han podido acceder al mercado porque el coste del dinero se ha mantenido muy bajo durante casi una década. Este colectivo es muy sensible al encarecimiento de los préstamos y al deterioro de la situación económica.
Ante este panorama, todo apunta hacia una fuerte contracción del sector. La demanda de viviendas acelerará su trayectoria bajista por el cambio en las condiciones económico - financieras del país, el paro aumentará, el precio de las viviendas disminuirá generando un efecto riqueza negativo para los hogares con lo cual el consumo privado descenderá. En el camino, muchas pequeñas constructoras y algunas grandes van a ir a la quiebra. De la misma manera que el auge del ladrillo explica en parte el dinamismo de la economía española, su ajuste anuncia una importante desaceleración de la actividad en 2008.
* Diario de Mallorca - Opinión - 30 de diciembre de 2007
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31.12.07
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
Denuncian los crecimientos previstos en el Aljarafe
ABC/Sevilla* : La Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) ha lamentado que el Plan de Ordenación de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) permita el desarrollo del 70 por ciento del «suelo urbano actual», dejando «vía libre» a un crecimiento «desmesurado e insostenible».
Según dijero a Efe fuentes de ADTA para valorar la ampliación del plazo de presentaciones hasta el 15 de enero, en la denominada Gran Sevilla «está preparado para construirse el 60 por ciento del suelo urbano actual», porcentaje que se incrementa hasta el 70 por ciento con el Potaus.
Considera que el suelo disponible «en la actualidad» resulta «suficiente para construir entre 270.000 y 370.000 viviendas», es decir, «más de la mitad de las 550.000 que ya hay y mucho más de las necesarias en los próximos años».
El Potaus, según denuncian, eleva ese suelo urbanizable hasta más del 70 por ciento del suelo urbano actual, «a lo que habrá que añadir los suelos que clasifiquen los PGOU municipales, sobrepasando el tope de 40% establecido por el POTA». Al tiempo señalan que las Áreas de Oportunidad», propuestas son «un mecanismo legal excepcional» para «subvertir los límites del crecimiento impuestos por las normas».
* ABC - 30 de diciembre de 2007
Foto: Sevilla, al fondo El Aljarafe - wikipedia.org
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31.12.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Orihuela: El TSJ rechaza el recurso en contra del PAU-21 para favorecer el «interés público»
LAVERDAD/Alicante* : Nuevo varapalo judicial a los ecologistas, tras el sufrido en el juicio de los vertidos al río Segura, agrupados en la plataforma Amigos de Sierra Escalona que presentaron un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que suspendiese la realización de las obras del PAU 21 de Orihuela.
Ahora el tribunal valenciano ha desestimado la suspensión cautelar promovida por los colectivos ecologistas y da la razón Conselleria de Territorio y Vivienda que fue la encargada de validar el plan de actuación urbanística del Ayuntamiento de Orihuela.
La plataforma de Amigos de Sierra Escalona (ASE) ya ha anunciado que presentará un recurso de súplica contra la decisión. En un escrito remitido ayer la plataforma recuerda que esa petición fue efectuada a la vez que formalizamos nuestra demanda «contra esta agresiva e insostenible actuación urbanística», que pretende ocupar más de 3 millones de metros cuadrados de la Sierra de Escalona con 2.300 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf.
Los ecologistas se muestran descontentos con la decisión del TSJ porque acuerda no suspender la ejecución del PAU 21 en una sentencia que afirma «que prevalece el interés público asociado a la aprobación de los instrumentos de planeamiento», esto es, que el tribunal concede, en la interpretación de la sentencia que hacen los miembros de ASE, «que éste se antepone al interés igualmente público ligado a la defensa del medio natural».
Documentos sin valorar
De la lectura del auto parece deducirse, prosigue el colectivo ecologista, que la Sala «viene a considerar que la urbanización del PAU 21 es un ejemplo de desarrollo sostenible, una apreciación de la que discrepamos radicalmente». La asociación de Amigos de Sierra Escalona además considera que el tribunal «no ha valorado adecuadamente los distintos informes y documentos que aportamos para justificar la suspensión».
La plataforma insiste «en el irreparable perjuicio que la urbanización producirá sobre la flora y la fauna, especialmente sobre las 200 hectáreas de pinar y matorral mediterráneo y sobre las colonias de rapaces y de mamíferos carnívoros», motivo más que suficiente para ASE para dictaminar la protección de la Sierra de Escalona como espacio natural. «Ese perjuicio -insisten los ecologistas- no ha sido valorado ni por el Ayuntamiento de Orihuela ni la Generalitat al haberse aprobado la urbanización sin evaluación de impacto ambiental».
La documentación a la que se refieren desde la plataforma en defensa de este enclave natural y que dicen no ha sido estimada por el TSJ son cuatro estudios que recaban información sobre el espacio natural en cuestión, firmado por el doctor en Biología Trinitario Ferrández, y el de Emilio Virgós, biólogo y profesor de Ecología en la Universidad Juan Carlos I, y que resalta la afección sobre las mamíferos de la actuación del PAU 21. Asimismo, otros dos informes, de la Sociedad Española de Ornitología SEO/ Birdlife sobre el resultado para la avifauna y otro de la Universidad Miguel Hernández a través del departamento de Ecología y Biología Aplicada, «tampoco han sido tenidos en cuenta», dicen.
Para la asociación de la lectura de esos informes se infiere que el PAU 21 «presenta valores ambientales, iguales o mayores que los presentes en el colindante y futuro parque natural», lo que implica, sostienen, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, «que la zona debe ser tratada como de especial protección para las aves, ZEPA, de la Unión Europea» siendo contrario a lo dispuesto en la directiva europea de aves la urbanización del PAU 21, al comportar el deterioro de hábitats ligados a la supervivencia de especies protegidas.
* La Verdad - 30.12.07 - JOAQUÍN ANDREU
Foto: Terrenos del PAU 21 en desarrollo en el término de Orihuela en obras. / L. V.
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Camariñas protagoniza la tercera protesta contra el Plan Acuícola en dos meses
ELCORREOGALLEGO* : Los vecinos de las localidades de Camelle y Arou (Camariñas, en A Coruña) se manifestaron hoy defensa de la costa y contra el Plan Galego Acuícola y se convierte en la tercera concentración de colectivos vecinales y ecologistas en dos meses para pedir su retirada. La más multitudinaria fue la primera del 4 de noviembre en Corrubedo, con la participación de miles de personas.
La concentración comenzó al mediodía desde el museo del Alemán y recorrió el paseo marítimo de la ciudad hasta la Xandriña, donde está prevista la construcción de una "macropiscifactoría" de 217.000 metros cuadrados, que con la Camelle, de 101.000 metros cuadrados, "pretende rodear esta emblemática costa con más de 30 hectáreas de hormigón y lonas negras", criticaron los vecinos.
En este sentido, recordaron que el Plan Sectorial de "megaparques" de acuicultura en tierra recoge para Camelle y Arou dos instalaciones, la denominada Xandriña y la de Cameselle, en una costa virgen de "altísimos valores" naturales y culturales.
Por ello, alertaron que "al desastre paisajístico" tendrán que añadirse las consecuencias del vertido de más de un millón de metros cúbicos de aguas contaminadas, "precisamente" en un litoral de "gran riqueza" pesquera y marisquera.
Por su parte, los vecinos y los ecologistas advirtieron de que "no van a tolerar" que los intereses de empresas privadas estén por encima del interés público en la conservación del medio ambiente y en el derecho del pueblo de Camelle a aprovechar sus recursos naturales.
Como punto final de la manifestación se leyó una carta del hijo del alcalde de Camariñas Manuel Valeriano Alonso, Diego Alonso gran defensor del Plan Acuícola y que expresó su opinión tras trabajar en una factoría de rodaballos.
Pesca garantiza el respeto medioambiental
Por el contrario, la consellería ha insistido en todo momento en que el Plan Galego de Acuicultura apuesta por el respeto al medio ambiente, puesto que obligará a que todas las plantas acuícolas que se pongan en marcha cumplan con todos los criterios medioambientales necesarios.
En esta línea, indicó que se trata de un proyecto del Gobierno gallego que busca el desarrollo de una actividad acuícola "sostenible y cuidadosa" con el medio. Además, subrayó que el Plan Acuícola supone la ocupación de un 1,8 por ciento de espacio integrado en el Red Natura, frente al 27 por ciento previsto por el plan anterior, elaborado por el PP.
* El Correo Gallego - E.P. SANTIAGO - 30.12.2007
Foto: Vecinos de Merexo se manifiestan en Camelle - J.T. - elcorreogallego.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Canarias: La corrupción, a juicio
LAPROVINCIA* : Los imputados en Eolo, Icfem y posiblemente Faycán se sentarán en el banquillo de los acusados en el próximo 2008. Después de dos activos años de investigaciones judiciales relacionadas con la corrupción política, la opinión pública tendrá la oportunidad de empezar a ver, a lo largo del próximo año, qué se cuece en la olla de las instituciones públicas canarias que están bajo sospecha, mientras se mirará con lupa cómo transcurren las investigaciones acuñadas bajo el sello de alto standing y que mantienen al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y su entorno, intentando explicar a las magistradas Carla Bellini y Lucía Machado qué ocurrió en varias operaciones de importante calado económico.
Desde que el 6 de febrero de 2006 el juez Parramón acordara la detención del que fuera director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo y cinco personas más, entre ellas su compañera sentimental, Mónica Quintana, en la denominada operación Eolo, un lluvia de investigaciones en torno a diferentes ayuntamientos canarios ha dado con los huesos de varios políticos en prisión. Pero Eolo marcó un antes y un después, y a lo largo de 2008 se celebrará en la Audiencia Provincial de Las Palmas y bajo la decisión de un jurado popular, el juicio en el que se aclare del todo lo ocurrido en torno al concurso para la adjudicación de parques eólicos de Canarias, aquel que llevó a investigar cuentas corrientes en Luxemburgo y que tuvo varios meses en prisión al ex director general de Industria. Antes del juicio, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que comunicar su escrito de conclusiones provisionales en el que, a partir de los delitos que se imputan y de lo recogido en el Código Penal, solicitará penas que oscilan entre los dos y los cuatro años y medio de prisión.
Sin embargo, el más antiguo de todos los casos de corrupción que se investigan en Canarias es el denominado caso Icfem, que bucea en subvenciones públicas dedicadas al empleo y trata de averiguar cómo gestionaron ayudas europeas un grupo de políticos relacionados con la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. Hace más de un año que, también la Fiscalía Anticorrupción, redactó su escrito de calificaciones provisionales en el que solicita cinco años de prisión para cinco de los seis acusados (el ex consejero Víctor Díaz y cuatro ex directores generales del Icfem: Francisco Almeida, Aurelio Ayala, Francisco Zumaquero y Diego León), un escrito en el que detalla todas y cada una de las que considera una serie de irregularidades por las que entienden que se dan los delitos de prevaricación y falsificación de documentos públicos.
La fase de instrucción del caso Icfem está a la espera de lo que decida la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre un recurso planteado por el colectivo Justicia y Sociedad, que actúa de acusación popular en el mismo, y que pide que los acusados sean sentados en el banquillo también por un delito de malversación de caudales públicos. Con la investigación ya completamente terminada, todo hace pensar que el juicio se puede celebrar en 2008.
LAS RAMIFICACIONES. La operación Faycán, que alarmó a la población de Telde y que se basa en el presunto pago de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas en torno a la concejala del Partido Popular Toñi Torres, lleva ya casi dos años de investigación marcados por una incesante apertura de piezas separadas que han hecho del caso una historia interminable. Allí donde se hacía un interrogatorio o se practicaba un registro nacía una nueva ramificación. De hecho, es el caso que más imputados tiene y reúne ya a más de treinta personas investigadas, entre las que se encuentra, incluso, el que fuera alcalde Francisco Valido, imputación que le obligó a dimitir. Es muy probable que también a lo largo de 2008, a finales quizá, el grueso del caso pueda ser juzgado, pero las numerosas piezas separadas abiertas en torno a esta operación hace pensar en la posibilidad de que se pueda demorar.
De hecho, una de esas piezas separadas está muy activa en la actualidad, la relacionada con el Grupo Europa, que a su vez tiene ramificaciones en varias partidos judiciales de Canarias.
Una investigación que es poco probable que llegue a juicio en 2008 pero que sí se tendrá que aclarar en el próximo año es la operación Góndola, situada en torno al alcalde de Mogán, Francisco González. A principios de 2007 la policía procedía a la detención de González y de la que fuera su teniente de alcalde en el municipio, Onalia Bueno, dos personas que en la actualidad tiene sobre sus espaldas la imputación de un total de ocho delitos. Con un sumario todavía secreto, 2008 servirá para conocer el contenido de una investigación que cuenta con numerosas intervenciones telefónicas y que indaga también en el patrimonio del que fuera hombre fuerte del urbanismo en Mogán: Marcelino Martín, un funcionario con treinta años de servicio.
Una investigación que podría decirse se encuentra en una fase intermedia afecta también a otro ayuntamiento del sur de Gran Canaria: San Bartolomé de Tirajana. Se denomina operación Paraíso y tiene en la persona del concejal Pacuco Guedes y al empresario Alejandro Navarro (imputado también en Faycán) como los principales imputados. Ambos acaban de salir de prisión por Navidad pero, tras el análisis de la documentación incautada en los registros, es probable que haya más fases en los próximos meses.
También está la operación Brisan, Taprada...
* La Provincia - PEDRO GUERRA - 30 de diciembre de 2007
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org
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30.12.07
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Tema: NOTICIAS Canarias
Guateque: "¿Por qué nadie arregló el caos en la concesión de las licencias?"
ELPAÍS/Madrid* : Joaquín Fernández de Castro, jefe de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente de Madrid, no piensa quedarse de brazos cruzados desde su celda de la prisión de Alcalá-Meco. Imputado en el caso Guateque -que investiga la presunta trama de agilización de licencias a cambio de dinero en el Ayuntamiento de Madrid- por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, Fernández de Castro señala en una carta de nueve folios redactada el pasado 8 de diciembre que la situación en su departamento era "caótica", y se pregunta por qué nadie arregló lo que sucedía.
El imputado asegura que los expedientes tardaban dos años en resolverse. "He tenido que lidiar con una situación difícil, sin medios para resolverla y con unos jefes (responsables de Medio Ambiente) que conociendo el problema no tenían interés en resolverlo", afirma en la misiva. Y puntualiza que no ha favorecido "a nadie". Fernández de Castro agrega una pregunta retórica: "¿A quién hay que pedir responsabilidades? ¿A la concejal [en alusión a la ex edil de Medio Ambiente, Paz González, ahora responsable de Obras, o a la actual, Ana Botella], al coordinador [Ignacio López-Galiacho], al director general [Ramón Sánchez] o al departamento?". Y pasa a insinuar el derroche municipal: "¿Por qué el anterior equipo de gobierno del área de Medio Ambiente no contrató una asistencia técnica para solucionar el problema? Posiblemente porque todas las partidas económicas estaban dedicadas a pagar generosamente a los más de 300 altos cargos que desembarcaron con el nuevo alcalde [Alberto Ruiz-Gallardón]".
Precisamente del alcalde se acordó ayer el portavoz socialista municipal, David Lucas, que aseguró que "ante las declaraciones de cargos de confianza del Ayuntamiento como era Fernández de Castro, Gallardón debería responder si conocía esta situación, y si fuera así debería aclarar por qué no hizo nada". Según Lucas, la modificación de las normas para la concesión de licencias (las ordenanzas de evaluación ambiental y de concesión de licencias urbanísticas) no ha sido eficaz. "Sólo ha servido para favorecer el caos", dijo.
En la carta de Fernández de Castro, titulada Reflexiones desde el chabolo número 40, el imputado revela parte de sus declaraciones ante el juez del caso, Santiago Torres. "¿De dónde proviene su importante patrimonio?", interroga el magistrado. "De 40 años de trabajo, herencias y rentas del capital que tengo en dos entidades financieras", responde el acusado. El empleado municipal desde 1968 niega una por una todas las acusaciones. Así, dice no a que su departamento generara "un fondo de cohechos que se repartían entre todos los funcionarios", a que "la mitad de las cantidades que pedía Victoriano Ceballos [funcionario de Medio Ambiente, también imputado]" fueran para él, a que "prefiere una cantidad mejor que muchas pequeñas" o a que "exigía el adelanto de pagos", algo que supuestamente declaró Ceballos.
En la carta, Fernández de Castro dice estar "pasándolo mal" en prisión. "Máxime cuando sabes de tu inocencia", señala. Detenido desde el pasado 14 de noviembre, Fernández de Castro afirma que "peor que estar en la cárcel es el deterioro de mi persona y la humillación a la que me he visto expuesto". El imputado, seguro de su inocencia, se arriesga a decir: "Me han tenido intervenidos mis teléfonos durante meses. Por las preguntas que me han formulado o que han formulado a los implicados no hay nada, ninguna conversación comprometida, ningún indicio que pueda probar mi implicación en algún acto delictivo".
* ELPAIS.com - ÁLVARO CORCUERA - Madrid - 30/12/2007
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
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Can Ricart: Los vecinos presentan tres alegaciones en la Generalitat
ELPAÍS/Barcelona* : La plataforma Salvem Can Ricart presentó el jueves alegaciones al expediente tramitado por el Departamento de Cultura para que declare el área del viejo complejo industrial como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) sin excluir zona alguna. Su objetivo es que, con esa catalogación, la Generalitat impida al Ayuntamiento construir un edificio dentro del área protegida, así como una torre de 52 metros en la frontera del complejo. Y reclaman algo más: que se preserven los elementos del subsuelo relacionados con la evacuación de humos de la sala de calderas y el transporte de agua y vapor.
Cultura incoó el expediente en marzo y tiene año y medio para resolverlo. Pero, de entrada, fuentes del departamento expresaron su sorpresa por la mención a los dos edificios citados al subrayar que las licencias están congeladas durante la tramitación. La cuestión es que el debate está viciado. Los vecinos acusan a la Generalitat de no haber impedido en septiembre que se derribaran el 30% de las naves del recinto que, según el Ayuntamiento, no tenían valor. Cultura se acoge al informe favorable del Institut d'Estudis Catalans y al de una comisión de expertos. La plataforma ha llevado el caso a la justicia. "No hemos podido frenar la demolición, pero quizá a alguien le llamen la atención", avisó Salvador Clarós, del Grup del patrimoni industrial Fórum Ribera del Besòs. "¡Es escandaloso! En Alemania o Inglaterra no hubiera sucedido".
Clarós cree que Can Ricart ha pagado la falta de cultura respecto al legado de la arquitectura industrial afirmando que, por ejemplo, a nadie se le ocurriría "modificar la ventana de un edificio gótico o románico". Y recordó que en 2000, el Ayuntamiento sólo incluyó en el catálogo del patrimonio municipal la chimenea de Can Ricart. Y en la revisión de 2006, 60 elementos más. "La sensibilidad es mucho mayor en otros países europeos", dijo Clarós explicando que Can Ricart, por su estilo de naves de poca altura y corte neoclásico, lejos de los grandes edificios rojizos de Inglaterra, ha merecido la atención de diversos estudiosos europeos sobre el patrimonio industrial. Clarós pidió que la reforma de Can Ricart se ajuste a la ley para que las nuevas edificaciones tengan un volumen y perfil similar a las anteriores para no alterar el paisaje.
* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOL - Barcelona - 30/12/2007
Foto: Barcelona, patrimonio Can Ricart - sos-monuments.upc.es
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Gran Scala: “Venden arena a precio de harina”
DIAGONAL/Aragón* : Hablamos con el ecologista José Luis Martínez para saber cómo se ve la macrociudad del juego ‘Gran Scala’ desde los movimientos sociales.
DIAGONAL: ¿En qué consiste exactamente el negocio de Gran Scala?
J.L.MARTÍNEZ: Se trata de construir un centro de juego y ocio consumista, el mayor del planeta. Máquinas tragaperras, casinos, hoteles, restaurantes, plazas de toros, hipódromos, etc. Sus promotores hablan de crear parques temáticos, tres de los cuales desearían estar en funcionamiento en el año 2010.
Para conseguirlo precisarían más de 30.000 trabajadores, lo que supone la creación de una nueva ciudad o la ampliación de Zaragoza, a decenas de kilómetros del enclave escogido. Un nuevo hospital, decenas de escuelas y servicios ambulatorios y construcciones en solares serían necesarios para acoger a todo este personal temporal.
D.: ¿De dónde surge la propuesta?
J.L.M.: José María Mur, histórico dirigente del PAR (Partido Aragonés) en la recta final de su carrera política (por edad) lleva años estudiando el desembarco del negocio del juego americano en Europa. José Ángel Biel, líder indiscutible del PAR y actual vicepresidente del Gobierno de Aragón, y otros líderes del PSOE (mayoría en el Gobierno aragonés) apoyan a pies puntillas la creación de estas ilusiones de progreso y enriquecimiento a partir del negocio del juego en Aragón. El total servilismo del ejecutivo aragonés a esa empresa de promotores ha sido crucial para que piensen en este territorio.
D.: ¿Qué tiene de Las Vegas este proyecto?
J.L.M.: Los promotores de este tipo de negocios necesitan algunos requisitos que han encontrado fácilmente en Aragón: colaboración para cambiar leyes y suelo barato para realizar una gran operación inmobiliaria. En este caso, no para viviendas, sino para recalificar el suelo. Además, los Monegros dispone de comunicaciones creadas como el AVE o la proximidad de Zaragoza. El negocio consiste en comprar esos terrenos baratos y venderlos después a mucho más. Para que esto salga adelante, hacen falta compradores. Y aquí es donde aparecen las mafias estadounidenses y los empresarios vinculados a los negocios de Las Vegas. Promotores vinculados a empresas de tragaperras, casinos, etc., que por separado no podrían hacerse cargo de un proyecto como Gran Scala, pero que juntos pueden adquirir los terrenos. Es un negocio redondo, venden arena a precio de harina.
D.: ¿Qué costes sociales y económicos tendría Gran Scala?
J.L.M.: Las infraestructuras que necesitará la construcción de semejantes obras las pagarán todos los aragoneses, como nuevas carreteras de gran velocidad, hoy en día innecesarias. Además, la llegada de decenas de miles de trabajadores precisará, como decíamos, crear numerosas infraestructuras y servicios pagados con los impuestos de todos. Sin embargo, la insostenibilidad social del proyecto aparece con la incertidumbre de qué harán esos trabajadores temporales cuando acaben las obras. ¿Se quedarán cobrando en otros trabajos mucho menos de lo que ganaban en la construcción? Todo apunta a que esta operación tan mal diseñada y con inversiones de tal envergadura traerá consigo tensiones sociales y conflictos xenófobos (no olvidemos que la mayor parte de los trabajadores que vendrán serán inmigrantes). Zaragoza y Aragón pueden convertirse en una hoguera.
D.: ¿Crees que, ante tal panorama, este proyecto se realizará?
J.L.M.: Muchas de las cosas que ofrecen no se van a hacer, pero otras sí. Pero, como ya apuntó un conocido periodista local, Gran Scala puede ser “un caballo de Troya” que albergue características distintas en su interior. Las expectativas creadas son tan gigantescas que seguro que habrá quien se lo crea e invierta allí. Algo será seguro porque, ante tanto servilismo político, hay mucho dinero que ganar.
D.: ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación masivos?
J.L.M.: La autocensura de los medios, consecuencia del miedo a que les caiga el fuego del Gobierno de Aragón o de las grandes empresas constructoras, perfila este ‘Aragón controlado’. Las organizaciones ecologistas no han sido invitadas al debate, ya que la imagen de que Aragón es una sola voz a favor de Gran Scala es importante para que todo esto salga adelante. Las disensiones internas (incluso dentro del PSOE) están totalmente controladas. Los ataques mediáticos contra los ecologistas son constantes. Y eso que yo no he hablado ni de protección de aves, ni de energía, ni de gestión del agua en Los Monegros.
Iniciativa popular frente al negocio de la nieve
DAVID VILA
El inicio de la temporada de esquí en el Pirineo aragonés está marcado por los proyectos de Aramón, empresa coparticipada por el Gobierno de Aragón e Ibercaja y concesionaria de la explotación del mayor dominio esquiable del Estado (137 km de pistas). Tras las pérdidas económicas del ejercicio anterior por las altas temperaturas, la inversión de Aramón para este año se ha reducido de 43 a 8,2 millones de euros. Desde sus inicios, la empresa acumula una inversión de 128,2 millones de euros en ampliación y modernización de las estaciones, con unos resultados económicos bastante opacos. En la actualidad, Aramón negocia los aspectos contables de la incorporación de Candanchú, una de las dos estaciones aragonesas que no pertenecen al grupo. A su vez, el pasado 11 de diciembre, Día Internacional de las Montañas, la Plataforma en Defensa de las Montañas presentaba ante las Cortes de Aragón 17.000 firmas que avalaban una iniciativa legislativa popular que insta al Legislativo aragonés a establecer un régimen jurídico que considere las especialidades de los territorios de montaña, garantice una protección eficaz y la posibilidad de un desarrollo sostenible para sus habitantes. La iniciativa se acompañó en los días anteriores de la aventura de dos montañeros aragoneses, que permanecieron durante nueve días en la cumbre del Anayet (2.545 m). El campamento reivindicaba la protección de la zona a fin de evitar la conexión de las pistas de esquí a lo largo de todo el Pirineo Central.
* Diagonal - Nacho Escartín / Redacción Aragón - 26 dic - 9 ene 2007
Foto: Los Monegros (Aragón), maqueta Gran Scala - elpais.com
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30.12.07
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Tema: NOTICIAS Aragón
Vigo aprueba hoy por segunda vez un Plan Xeral que divide la ciudad
LAVOZDEGALICIA* : La corporación viguesa aprueba hoy por segunda vez con carácter provisional, y por tercera si se tiene en cuenta el visto bueno inicial, el Plan Xeral de Urbanismo. De la magnitud que rodea todo el entramado del documento da una idea el hecho de que lleve siete años en trámite. En ese tiempo todos los grupos políticos han cambiado de opinión. Por si esto fuera poco, la Federación de Vecinos, satisfecha en su día con el plan, en este momento no solo no quiere saber nada, sino que convoca una protesta para hoy a las puertas del Concello y a la misma hora de la celebración del pleno, previsto para las 9.00 horas.
El PSOE, que antes se negaba a su aprobación por el exceso de edificabilidad, ahora se alza en abanderado. El BNG, que en su día dio el visto bueno a un documento con la mitad de vivienda protegida, en la actualidad acepta el 43%, y el PP, antes a favor, ahora se opone en rotundo, al igual que los promotores.
Pretensiones
El nuevo Plan Xeral pretende sustituir al de 1993, todavía en vigor. Se trata de un planeamiento que nació gafado pese a las expectativas iniciales: fue aprobado por unanimidad política y en medio de un gran consenso social. Pese a ello no habían transcurrido dos años cuando el siguiente gobierno municipal, del PP, se planteó su sustitución.
Abortada esta iniciativa, debido a los problemas internos de los populares más que a la oposición de socialistas y nacionalistas, la llegada a la alcaldía de Lois Castrillo (BNG) supuso la puesta en marcha del proceso de renovación urbanística de la ciudad. Castrillo, que lideraba una coalición paritaria con el PSOE (8 a 7), llegó a un acuerdo con el entonces conselleiro popular de Política Territorial, Xosé Cuíña, para ir de la mano en su elaboración y pactando con el PP y con el PSOE en el gobierno.
Consultora Galega logró un contrato sin oposición para elaborar el documento al ser excluida la otra candidatura. En el 2002 presentó el avance y fue respaldado sin discusiones. A partir de entonces empezó el verdadero proceso de elaboración con la redacción del documento para la aprobación inicial. Quedó listo en la primavera del año siguiente, pero el BNG decidió guardarlo en un cajón con el argumento de que así no se metería el tema en las municipales de mayo del 2003.
Empieza la polémica
Con lo que no contaban los nacionalistas era con un resultado electoral que colocó al socialista Pérez Mariño en la alcaldía y a ellos de socios en un gobierno de coalición. El nuevo alcalde y su equipo se sorprendieron al conocer un Plan Xeral con elevadas edificabilidades y que sembraba de torres gran parte del centro y del litoral de la ciudad.
El desacuerdo entre PSOE y BNG fue total, hasta el punto de que en diciembre el PP logró la alcaldía tras provocar los nacionalistas la dimisión de Mariño. Empezó entonces la etapa más reciente, en la que el PP, con el respaldo de los nacionalistas, intentó aprobar el nuevo Plan Xeral. La existencia de una fuerte contestación, el rechazo del PSOE y la presentación de 61.000 alegaciones en la exposición pública frenaron el proceso.
El PP perdió la Xunta y el PSOE se hizo con la Consellería de Política Territorial, que debía dar el informe favorable para su entrada en vigor. Ese informe no se produjo pese a que PP y BNG aprobaron el nuevo plan. Meses después llegaba Caballero a la alcaldía y, tras duplicar el suelo de vivienda protegida, pretende sacarlo adelante. Ahora, sin embargo, la contestación es todavía mayor.
* La Voz de Galicia - Juanma Fuentes - 29/12/2007
Foto: Vigo, vista monte del Castro - farodevigo.es
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29.12.07
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