El TSJ condena a Villalonga por inactividad y obliga a demoler una construcción ilegal

LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) ha condenado al Ayuntamiento de Villalonga por omisión de sus obligaciones en el caso de una construcción ilegal que ordenó demoler en 2004, algo que no cumplió. La sala de lo contencioso administrativo del TSJ ha estimado el recurso interpuesto por los propietarios de la parcela colindante a la afectada por la obra y ha declarado que el Ayuntamiento de Villalonga cometió «inactividad». La sentencia obliga ahora que el consistorio cumpla con la ley y proceda al derribo de la vivienda.

Los hechos se remontan al año 2003, cuando un constructor procedió a levantar una vivienda en la partida de les Tancades de Villalonga, calificada como suelo no urbanizable de naturaleza agrícola. Inmediatamente después de iniciadas las obras, la familia de la parcela colindante procedió a denunciar los hechos y ponerlos en conocimiento del ayuntamiento. El alcalde de la localidad, Juan Ros, del PP, decretó el 31 de marzo de 2004 la paralización de los trabajos y la restauración de la legalidad urbanística, lo que obligaba al promotor de la obra a demoler lo construido y dejar la parcela agrícola en su estado original.
Como es habitual en estos casos, no sólo en Villalonga sino en casi todos los municipios, la orden de derribo no se cumplió, de ahí que los denunciantes optaran por acudir a los tribunales. En primera instancia, los jueces desestimaron la demanda gracias a que el Ayuntamiento de Villalonga solicitó al juez la inadmisibilidad de la misma al considerar que los propietarios del terreno colindante no tenían legitimidad para actuar en este caso.
Pretensiones legítimas
Ahora, en cambio, el TSJ ha anulado aquella sentencia y ha declarado que no sólo las pretensiones de los denunciantes son legítimas, sino que el ayuntamiento, como cualquier otra administración, debe cumplir las resoluciones que dicta. Según el TSJ, la justicia ampara a aquellas personas que pretendan condenar a las administraciones públicas por el incumplimiento de sus obligaciones.
En este caso, el Ayuntamiento de Villalonga no puede alegar excusas y debe aplicar la resolución que el alcalde Ros firmó en marzo de 2004.
Según ha podido saber este periódico, la acción judicial de los denunciantes fue su último recurso para hacer que se cumpliera la ley, dado que cuando se estaban iniciando las obras ya advirtieron al promotor, al propietario y al Ayuntamiento de Villalonga de la ilegalidad de las mismas, telefoneando en varias ocasiones a la Policía Local para que impidiera el avance de las obras cuando aún estaban en los cimientos. Pese a eso el consistorio no impidió concluir los trabajos de la vivienda que ahora deberá ser demolida.







* Levante-EMV - S. S., Gandia - 02 de enero de 2008
Foto: La vivienda de la zona de les Tancades de Villalonga objeto de la demanda que tendrá que ser demolida / àlex ruiz, levante-emv.com