Canarias: La corrupción, a juicio

LAPROVINCIA* : Los imputados en Eolo, Icfem y posiblemente Faycán se sentarán en el banquillo de los acusados en el próximo 2008. Después de dos activos años de investigaciones judiciales relacionadas con la corrupción política, la opinión pública tendrá la oportunidad de empezar a ver, a lo largo del próximo año, qué se cuece en la olla de las instituciones públicas canarias que están bajo sospecha, mientras se mirará con lupa cómo transcurren las investigaciones acuñadas bajo el sello de alto standing y que mantienen al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y su entorno, intentando explicar a las magistradas Carla Bellini y Lucía Machado qué ocurrió en varias operaciones de importante calado económico.

Desde que el 6 de febrero de 2006 el juez Parramón acordara la detención del que fuera director general de Industria del Gobierno de Canarias Celso Perdomo y cinco personas más, entre ellas su compañera sentimental, Mónica Quintana, en la denominada operación Eolo, un lluvia de investigaciones en torno a diferentes ayuntamientos canarios ha dado con los huesos de varios políticos en prisión. Pero Eolo marcó un antes y un después, y a lo largo de 2008 se celebrará en la Audiencia Provincial de Las Palmas y bajo la decisión de un jurado popular, el juicio en el que se aclare del todo lo ocurrido en torno al concurso para la adjudicación de parques eólicos de Canarias, aquel que llevó a investigar cuentas corrientes en Luxemburgo y que tuvo varios meses en prisión al ex director general de Industria. Antes del juicio, la Fiscalía Anticorrupción tendrá que comunicar su escrito de conclusiones provisionales en el que, a partir de los delitos que se imputan y de lo recogido en el Código Penal, solicitará penas que oscilan entre los dos y los cuatro años y medio de prisión.
Sin embargo, el más antiguo de todos los casos de corrupción que se investigan en Canarias es el denominado caso Icfem, que bucea en subvenciones públicas dedicadas al empleo y trata de averiguar cómo gestionaron ayudas europeas un grupo de políticos relacionados con la Consejería de Empleo del Gobierno de Canarias. Hace más de un año que, también la Fiscalía Anticorrupción, redactó su escrito de calificaciones provisionales en el que solicita cinco años de prisión para cinco de los seis acusados (el ex consejero Víctor Díaz y cuatro ex directores generales del Icfem: Francisco Almeida, Aurelio Ayala, Francisco Zumaquero y Diego León), un escrito en el que detalla todas y cada una de las que considera una serie de irregularidades por las que entienden que se dan los delitos de prevaricación y falsificación de documentos públicos.

La fase de instrucción del caso Icfem está a la espera de lo que decida la Audiencia Provincial de Las Palmas sobre un recurso planteado por el colectivo Justicia y Sociedad, que actúa de acusación popular en el mismo, y que pide que los acusados sean sentados en el banquillo también por un delito de malversación de caudales públicos. Con la investigación ya completamente terminada, todo hace pensar que el juicio se puede celebrar en 2008.

LAS RAMIFICACIONES. La operación Faycán, que alarmó a la población de Telde y que se basa en el presunto pago de comisiones a cambio de la concesión de obras públicas en torno a la concejala del Partido Popular Toñi Torres, lleva ya casi dos años de investigación marcados por una incesante apertura de piezas separadas que han hecho del caso una historia interminable. Allí donde se hacía un interrogatorio o se practicaba un registro nacía una nueva ramificación. De hecho, es el caso que más imputados tiene y reúne ya a más de treinta personas investigadas, entre las que se encuentra, incluso, el que fuera alcalde Francisco Valido, imputación que le obligó a dimitir. Es muy probable que también a lo largo de 2008, a finales quizá, el grueso del caso pueda ser juzgado, pero las numerosas piezas separadas abiertas en torno a esta operación hace pensar en la posibilidad de que se pueda demorar.

De hecho, una de esas piezas separadas está muy activa en la actualidad, la relacionada con el Grupo Europa, que a su vez tiene ramificaciones en varias partidos judiciales de Canarias.
Una investigación que es poco probable que llegue a juicio en 2008 pero que sí se tendrá que aclarar en el próximo año es la operación Góndola, situada en torno al alcalde de Mogán, Francisco González. A principios de 2007 la policía procedía a la detención de González y de la que fuera su teniente de alcalde en el municipio, Onalia Bueno, dos personas que en la actualidad tiene sobre sus espaldas la imputación de un total de ocho delitos. Con un sumario todavía secreto, 2008 servirá para conocer el contenido de una investigación que cuenta con numerosas intervenciones telefónicas y que indaga también en el patrimonio del que fuera hombre fuerte del urbanismo en Mogán: Marcelino Martín, un funcionario con treinta años de servicio.

Una investigación que podría decirse se encuentra en una fase intermedia afecta también a otro ayuntamiento del sur de Gran Canaria: San Bartolomé de Tirajana. Se denomina operación Paraíso y tiene en la persona del concejal Pacuco Guedes y al empresario Alejandro Navarro (imputado también en Faycán) como los principales imputados. Ambos acaban de salir de prisión por Navidad pero, tras el análisis de la documentación incautada en los registros, es probable que haya más fases en los próximos meses.
También está la operación Brisan, Taprada...







* La Provincia - PEDRO GUERRA - 30 de diciembre de 2007
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org