Disfrazados de presos y con billetes falsos de 500 euros adheridos a su indumentaria, varios simpatizantes de la Plataforma por una Vivienda Digna* se introdujeron en el Salón Inmobiliario de Madrid el pasado viernes 2 de junio. La “visita”, que fue pacífica en todo momento, se articuló como una protesta por la especulación desmedida y los elevados precios de la vivienda en España, inalcanzables para la gran mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes. Entre los mensajes escritos que llevaban los miembros de la plataforma se podían leer frases como “Que levante la mano el que tenga derecho a una vivienda pero no la pueda pagar”, o “No somos tontos, la vivienda no vale lo que cuesta”.
Este último mensaje era corroborado de alguna manera por la publicidad de algunas empresas presentes en el salón, ya que si algo ha caracterizado al SIMA 2006 es la poca afluencia de público y la abundancia de descuentos por adquirir una vivienda. El grupo murciano MAN ofrecía 12.000 euros de descuento y el grupo Pinar llegaba hasta los 18.000 euros en algunas promociones. Otras promotoras han ofrecido también descuentos económicos y algunas lo han hecho en especie, como un año gratis de Digital +, muebles gratis o rebajas en la hipoteca.
Uno de los aspectos de la feria que más indignó a los activistas por una vivienda digna fue la falta de viviendas asequibles para los jóvenes, destacando que un joven con un salario medio sólo pueda aspirar a una vivienda a 50 km de la capital, y aún así pagando más de 120.000 euros. "Quieren que nos vayamos de Madrid, y por eso protestamos en este salón, porque nuestra vida y familia está aquí y no queremos malvivir a 50 km de distancia", declaraba uno de los presentes.
La Plataforma por una Vivienda Digna (www.viviendadigna.org) mantiene que las diferentes administraciones, en especial las autonómicas, tienen la principal culpa de la situación actual y reivindica medidas contundentes para atajar el gravísimo problema del acceso a la vivienda existente en España. Algunas de estas medidas son una mayor carga impositiva a las viviendas vacías (sólo en Madrid se estiman en más de 300.000), reformas profundas en la gestión del suelo para no fomente la especulación, reformas en la gestión de las cooperativas, fomento del alquiler y medidas para asegurar la protección medioambiental en los nuevos desarrollos urbanísticos, entre otras.
La Plataforma, no alineada a ninguna corriente política y con comités en las principales regiones españolas, pretende seguir movilizándose y mostrando su rechazo a los altos precios de la vivienda, que contrastan con la precariedad laboral en la que se desenvuelve la mayor parte de la juventud española.
* Plataforma por una Vivienda Digna
Comité territorial de Madrid
http://www.viviendadigna.org
madrid[arroba]viviendadigna.org
* DIario Rojo y Negro - Miércoles 6 de junio de 2007
Activistas por la vivienda digna protestaron en el Salón Inmobiliario de Madrid
Premios Atila Región Murciana 2007
Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, Ecologistas en Acción* concede los Premios Atila Región Murciana con el objetivo de “distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente”. Los premios, que se concedieron por primera vez en 1992, tienen dos categorías denominadas “Atila” y “Caballo de Atila”. Los ganadores han sido elegidos por cientos de murcianos, que han nominado a numerosos candidatos mediante votación vía Internet propuesta por esta organización. En esta edición los ganadores, en función de los votos emitidos, son: Premio “Atila 2007”: Ramón Luís Valcárcel, Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. Premio “Caballo de Atila 2007”: Benito J. Mercader, Consejero de Industria y Medio Ambiente.
Premio “Atila 2007”: D. Ramón Luís Valcárcel, Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia. No sólo ha sido reelegido en las recientes elecciones, sino que también repite primer puesto en estos premios. Los méritos que le hacen merecedor de este premio, de nuevo, son su apuesta por la especulación urbanística como base del modelo de desarrollo de la Región de Murcia, permitiendo y promoviendo la urbanización de todo el suelo de la Región, cambiando las Leyes regionales a su conveniencia. Al Gobierno Regional le trae sin cuidado la importancia ecológica y social de los suelos que urbanizan, desprotegiendo espacios naturales si es necesario, agotando los recursos hídricos, y haciendo desaparecer en los últimos años gran parte de la huerta tradicional murciana. Todo esto aderezado con los numerosos casos de corrupción urbanística, por algunos de los cuales están imputados varios cargos públicos de este gobierno.
Premio “Caballo de Atila 2007”: Benito J. Mercader, Consejero de Industria y Medio Ambiente, por seguir la estela de sus predecesores, permitiendo y aprobando la continua sustitución del suelo por ladrillos en todo el territorio regional, sin importar que sean espacios naturales, huerta tradicional, o la falta de recursos hídricos, la falta de previsión de infraestructuras y servicios (por ejemplo la depuración de aguas), e ignorando la desaparición de nuestros recursos naturales, arqueológicos, históricos, sociales, etc.
Accesit “Alcalde Modelo”: Miguel Ángel Cámara, Alcalde del Ayuntamiento de Murcia, por convertir a Murcia en una ciudad inhabitable e insostenible, cuyo aire está cada día más contaminado, cuyas calles son cada día más ruidosas e intransitables para las personas, cuyas plazas son remodeladas en solares de cemento y adoquines, cuyo tráfico aumenta día a día, etc. Por la continua apuesta por la urbanización de la huerta, a conveniencia de promotores, centros comerciales y del coche privado. Por ampliar aparcamientos en el centro y carriles de acceso para coches en detrimento del transporte público y de otras alternativas como la bici. Por malgastar el dinero en carísimas esculturas, cuya ubicación roza el insulto en algunos casos (léase sardina en el río Segura), en vez de invertir educación (escuelas infantiles públicas), en mejora del transporte público, en reducción de la contaminación y del ruido, etc.
* Ecologistas en Acción - Región Murciana 4 de junio
Foto: marina Cope (Murcia) /Ecologistas en Acción
El Defensor del Pueblo andaluz sugiere someter a referéndum los PGOUs
EuropaPress* : "El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, sugiere que se estudie la conveniencia de incluir en la normativa actual, previos trámites legales, la exigencia de convocar una 'consulta popular' no vinculante antes de la aprobación provisional de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) por los plenos de los ayuntamientos, con el fin de que los responsables municipales y autonómicos conozcan la posición de la población en torno a la propuesta de ordenación que se vaya a realizar. En el informe de 2006 de la institución el Defensor propone este 'referéndum' como una de las medidas para incrementar la participación de los ciudadanos en el proceso de formulación de sus planeamientos urbanísticos, un asunto que a su juicio tiene "una enorme transcendencia para los derechos constitucionales de la ciudadanía".
No obstante, y como alternativa, el Defensor añade que, si no se considera oportuno contemplar ese trámite como preceptivo, "sería más que recomendable que los ayuntamientos voluntariamente se planteen incluir en sus normas de organización asumir el compromiso, dentro del respeto al marco legal que se establezca, de celebrar la mencionada consulta popular con carácter previo a la aprobación de los PGOU".
En su informe anual, Chamizo reflexiona en el capítulo dedicado al 'Desarrollo urbanístico y sostenibilidad en Andalucía' sobre "uno de los grandes debates sociales y políticos a los que hemos asistido en los últimos años" y realiza más de una decena de recomendaciones.
En primer lugar, "y reconociendo que en algunos modelos urbanísticos rechazables desde diferentes perspectivas han estado presente actuaciones ilícitas de agentes privados y responsables públicos", subraya que "la inmensa mayoría de los planeamientos urbanísticos cuyo modelo está causando rechazo por parte de colegios profesionales, amplios sectores de la población y no pocos responsables públicos, no hubieran tenido lugar si no hubieran sido aprobados formalmente con arreglo al ordenamiento jurídico en vigor por los órganos de gobierno competentes de los municipios y, en los casos en que ello era exigible, por los de la Comunidad Autónoma --Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio y Urbanismo--".
Por ello, entiende que "el sector publico y fundamentalmente los municipios han sido, cualquiera que sea la justificación de las decisiones adoptadas, los principales responsables de la situación creada".
Asimismo, afirma en el informe que, "pese a los esfuerzos realizados a través de las políticas públicas de vivienda, de infraestructuras y ambientales, los poderes públicos no han sabido garantizar, en plenitud y 25 años después de la aprobación de la Constitución, la consecución de los objetivos que, en aras a la protección de determinados derechos, les compelía, entre otros, los artículos 45, 46 y 47".
Así las cosas, destaca la necesidad de que, "de forma coordinada con los agentes sociales, los poderes públicos lideren modelos alternativos que, facilitando el desarrollo económico de la sociedad, no hipotequen, a medio y largo plazo, los valores inherentes de nuestro territorio".
Para ello, dice que se debe tener en cuenta, además del beneficio a corto plazo, la demanda de servicios, el coste de las infraestructuras externas que demandarán estas urbanizaciones, el gasto medio que realiza el turismo que se asienta sobre inmuebles residenciales en lugar de establecimientos hoteleros, el gasto sanitario o el consumo energético y de agua. Añade que, al mismo tiempo, es preciso valorar también, en términos de calidad de vida, de cara a la población residencial y al turismo, la apuesta por un desarrollo compatible con el medio ambiente.
Igualmente, demanda que se prive de urbanizar espacios con valor ambiental e indica que "es imprescindible apostar por otros modelos de edificación de menor consumo de suelo y localizables en espacios que, por su menor calidad ambiental y paisajística, se estimen más adecuados, generando, sobre todo en las áreas metropolitanas, espacios susceptibles de disfrute ambiental colectivo y que deben ser necesariamente preservados, como garantía de sostenibilidad para las generaciones futuras".
Debate
En definitiva, para la institución, la cuestión territorial, expresada en términos de desarrollo sostenible, "debe alcanzar en el debate cultural y político una preeminencia que, hasta ahora, no ha tenido", por lo que pide que "las instituciones defensoras de los derechos constitucionales deben fomentar la conciencia ciudadana sobre las consecuencias de tantas y tantas acciones y omisiones de los poderes públicos y de la sociedad en éste ámbito, criticar abiertamente el papel desempeñado hasta ahora por las Administraciones Públicas, realizar propuestas para una mayor y mejor tutela de tales derechos y articular mecanismos de colaboración con asociaciones ecologistas y otros colectivos interesados en la defensa de estos valores".
"Es necesario crear una nueva conciencia, no ya del problema, sino de la necesidad de afrontarlo con urgencia y, a partir de aquí, exigir las responsabilidades", concluye el Defensor en este capítulo.
* ABC - Sevilla - 4 de junio de 2007
La abstención como protesta frente al ladrillazo
Partiendo de la base de la complejidad y dificultad en la interpretación de los resultados electorales, lo que realmente llama la atención de lo sucedido el pasado 27-M es el elevado porcentaje de abstención. Una abstención que, unida al voto en blanco, es bastante mayor que en otros comicios, no sólo municipales o autonómicos. Este dato, que han pasado por alto gran parte de analistas y medios de comunicación, es esclarecedor y fundamental en la mayoría de circunscripciones donde se han dado escándalos y casos de corrupción urbanística. O bien donde existe un problema grave de acceso a la vivienda.
Porque, desde luego, la abstención puede estar motivada por pasotismo y apatía de la población ante la falta de credibilidad de los candidatos y sus programas públicos. O, incluso, por hartazgo ante el protagonismo excesivo del "monotema nacional" en una campaña orquestada de confusión mediática. Pero sin olvidar, naturalmente, que el tema estrella de estas elecciones era (y sigue siendo) el urbanismo salvaje y el problema acuciante de la vivienda. Algo que han repetido voces cualificadas y numerosas organizaciones ciudadanas, además de los propios afectados, según las últimas encuestas del CIS.
Así que hay que valorar convenientemente la opción democrática de esta abstención crítica como forma de protesta y castigo electoral, sobre todo en aquellos lugares y regiones golpeadas por la lacra social de la corrupción urbanística y el difícil acceso a la vivienda.
Los datos no mienten. Los resultados son concluyentes en distintos puntos del panorama estatal. Así, la abstención ha estado cerca o ha superado el 50% en ciudades como Barcelona (vivienda)... Málaga, Palma de Mallorca y Sta. Cruz de Tenerife (urbanismo). O en gran parte de las costas catalanas, coruñesas y andaluzas (urbanismo salvaje).
De la misma forma, la abstención ha rozado el 40% en Alicante y su costa (urbanismo salvaje). O en Asturias y Pontevedra (urbanismo). Quedando ciudades como Madrid, Valencia y Murcia (urbanismo salvaje) con más de un 30%. Porcentajes siempre comparativamente altos.
Esta llamada de atención abstencionista, junto a otros factores de voto crítico alternativo, debería hacer reflexionar a los responsables públicos sobre la necesidad de introducir cambios en el sistema actual y tratar de reducir la distancia abismal existente entre gran parte de la ciudadanía y los intereses de la clase política en general. Algo que también han corroborado los últimos datos del CIS, donde dicen que más de dos tercios de la población desconfía o no cree en lo que dicen los políticos.
Más claro... agua!
Cinco empresarios confiesan el pago de comisiones a concejales de Telde
F.MERCADO.- El País* : "La mayoría de los empresarios investigados por el pago de comisiones a la trama de corrupción municipal de Telde, ayuntamiento gobernado por el PP, han confesado la entrega de sumas en efectivo al recaudador de la ex concejal de Obras, Toñi Torres, presunta cerebro de la red. Su testimonio está reforzado por decenas de grabaciones y por la confesión de los dos principales intermediarios que usó dicha edil para exigir a las firmas sobornos para sí y para el partido. Según la respuesta de las empresas, les premiaban con contratos o les castigaban con retraso en el pago de facturas.
Los empresarios que han confesado el pago de comisiones en el caso Telde, según figura en el sumario al que ha tenido acceso este periódico, son los siguientes.
- María Luz Navarro, representante de Servicios Comunitarios de Telde. Fue la primera en denunciar la exigencia de la concejal de Obras Toñi Torres de comisiones ilegales a cambio de contratos. Dicha edil, con refrendo de la comisión de Gobierno, le otorga el 10 de noviembre de 2003 una obra para ensanchar aceras en Telde por 98.870 euros a Servicios Comunitarios. Al día siguiente, Francisco Gordillo, el cobrador de los peajes de Torres, se entrevista con María Luz Navarro. "Y le comunica que debe abonarle 19.714 euros por haber sido la adjudicataria de la misma (es decir, un 20% del presupuesto de la obra)". Ella dcide ignorar tal petición.
Su empresa va haciendo las obras adjudicadas y presenta para su cobro certificaciones en febrero y marzo de 2004. Pero el ayuntamiento retrasa su pago. La empresaria pregunta por la demora y se topa con la reclamación de la comisión. "Gordillo le responde que la empresa no había procedido al abono de la cantidad solicitada [comisión] en su día, reiterando en ese momento la solicitud". Gordillo le indica que "para que pudiera cobrar tenía que darle algo, que se lo metiese en una carpeta azul y se lo trajese como si fuese un documento". La empresaria, ante la necesidad de cobrar sus obras, entrega 6.000 euros a Gordillo en el propio despacho de Torres el 2 de abril de 2004 en un sobre dentro de una carpeta. "Señor Gordillo estos son los documentos que usted me pidió", le dice. María Luz confiaba en que ese pago desbloquearía sus certificaciones de obra y que no le reclamarían el resto de la comisión exigida. Se equivocaba.
Cuando reclama su última certificación por 32.778 euros, el ayuntamiento sólo le reconoce obras por 15.953 euros. Una diferencia de 16.824 euros, un calco de su deuda ilegal pendiente. María Luz no tiene ya dudas: el ayuntamiento le estaba cobrando el resto de la comisión impagada. Posteriormente, concursa por un proyecto, y su empresa no resulta adjudicataria, pese a ofrecer mejores condiciones. María Luz pregunta a Gordillo por qué su empresa fue rechazada y le despeja toda duda: "¡Haber pagado lo que debías!". María Luz denuncia tales hechos en julio de 2005 a la policía y da pie a la apertura del caso Telde tras ratificar su relato ante el juez.
- Antonio Nadal Moreno, directivo de Cobra Instalaciones y Servicios.
Este directivo detalla al juez que para su crecimiento empresarial en Canarias contrató al hijo de Francico Gordillo, el asesor de la concejal Toñi Torres, y que "se empezaron a contratar obras en el Ayuntamiento de Telde con una serie de presiones para hacer contribuciones monetarias a dicho ayuntamiento".
Las entregas se hacían de Gordillo hijo a Gordillo padre, siempre en efectivo y en un sobre. Calcula que desde finales de 2004 a principios de 2005 abonó comisiones por valor de 120.000 euros. "Me dijeron que el destinatario era el partido, interpretando que era el Partido Popular". En el momento de su detención, la policía requisa un sobre con tales pagos en la sede de Cobra. "Estaba destinado al pago de estas cantidades, pero estaba retenido en la empresa. El motivo del pago era seguir contratando". Gordillo padre o hijo le indicaban que el Ayuntamiento había abonado su factura. Ése era "el modo en el que presionaban para que pagara [la comisión]".
- Felipe Ojeda Pérez, dueño de la ferretería Felipe y Nicolás. Su relato es diáfano: "Tenía que pagar a Francisco Gordillo una comisión de un 20% de lo facturado una vez cobrado y que iba dirigido a financiar al partido". Sus entregas se hacían en efectivo, una vez que el Ayuntamiento de Telde abonaba sus facturas. Calcula haber pagado unos 120.000 euros en comisiones. Este empresario revela que financió directamente obras en la sede del PP en Telde. "Gordillo le propuso que los gastos de materiales destinados a la nueva sede del PP relativos a 20.000 euros por una compra de aire acondicionado, 3.900 por la compra de un techo, 800 euros por una compra de baúles, 140 por rodapiés, y 200 euros para esquineros fueran pagados con pedidos del Ayuntamiento no servidos".
- Abelardo Martínez Ripoll, directivo de Dragados. Este empresario reconoce haber pagado comisiones ilegales a la trama municipal para poder cobrar sus certificaciones de obras, ya que el Ayuntamiento de Telde, con su alcalde a la cabeza, el popular Francisco Valido, "incumplía sistemáticamente su promesa de pago en breve". Cifra en 60.000 euros el peaje entregado a Gordillo, que "le dijo que era para su jefa, María Antonia Torres y que ésta lo distribuía después".
- Alejandro Navas, directivo y dueño de Mazzoti. Su empresa ha ganado tres concursos de obras en Telde en los que fue único licitador. Confiesa que pagó 180.000 euros a Francisco Gordillo en concepto de comisión. "Tenían un pacto desde 2004 sobre la construcción del aparcamiento consistente en que si se adjudicaba la obra él pagaría entre un 3% a un 6% sobre el valor total de la obra ejecutada en concepto de comisión". Gordillo le explicaba que "esa cantidad era para la jefa y otros". No duda que la jefa era Toñi Torres.
LAS CONFESIONES DE LAS EMPRESAS QUE PAGARON A CAMBIO DE RECIBIR CONTRATOS O COBRAR OBRAS QUE REALIZABAN
Servicios comunitarios de Telde. "Cuando nos adjudicaron la obras, el asesor de la concejal, Gordillo, nos dijo que debíamos abonarle 19.714 euros por haber sido adjudicatarios (es decir, un 20% del presupuesto de la obra). Como al principio no abonamos esta cantidad, dejaron de pagarnos la certificación de Obras y cuando reclamamos este dinero, el asesor de la concejal de Obras me dijo que para cobrar [los trabajos realizados] tenía que darle algo, que se lo metiera en una carpeta azul y se lo trajese como si fuese un documento".Cobra Instalaciones y Servicios. "Empezamos a contratar obras en el Ayuntamiento de Telde con una serie de presiones para hacer contribuciones monetarias a dicho ayuntamiento".Ferretería Felipe y Nicolás. "Tenía que pagar a Francisco Gordillo [asesor de la concejal de Obras] una comisión de un 20% de lo facturado una vez cobrado y que iba dirigido a financiar el partido".Dragados. "El Ayuntamiento de Telde incumplía sistemáticamente su promesa de pago [de las obras que hacíamos] en breve. Tuvimos que pagar 60.000 euros como peaje entregado a Gordillo [asesor de la concejal de Obras], que nos dijo que era para su jefa, María Antonia Torres y que ésta lo distribuía después".Mazzoti. "Teníamos un pacto desde 2004 sobre la construcción de un aparcamiento consistente en que si se nos adjudicaba la obra, pagaríamos entre un 3% y un 6% sobre el valor total de la obra ejecutada en concepto de comisión. Gordillo [asesor de la concejal de Obras] nos decía que esa cantidad era para la jefa y otros".
* ELPAIS.com - Madrid - 05/06/2007
Foto: Nulo control urbanístico en Telde /turcon.org
Corrupción y corruptelas
Javier Ortiz* : "Sabiendo que paso una parte de mi tiempo a orillas del Mediterráneo alicantino, algunos lectores, perplejos por los resultados de las elecciones municipales y autonómicas en esta parte del mundo, me preguntan, tomándome por el experto que no soy, cómo puede ser que los escándalos inmobiliarios, las irregularidades urbanísticas y el maltrato del medio natural demostrado por la clase política local no hayan provocado el castigo electoral que merecen. Es un modo de abordar la cuestión que, por lo que veo, comparten bastantes medios y no pocos analistas políticos, que se muestran sorprendidos, cuando no abatidos, ante lo que perciben como una extraña y descorazonadora insensibilidad ciudadana.
Ya he dejado dicho que no soy especialista en la materia. Me limito a mirar el fragmento de la realidad que veo -que es limitado, por definición- y a reflexionar a partir de él.
Y, por lo que veo, me parece que hay un error de origen en la mayoría de esos comentarios. Establecen un foso entre la minoría responsable de los males denunciados y la ciudadanía en general, cuya tacha principal sería la falta de lucidez y la permisividad inconsciente.
En lo que un amplio sector de la población se refiere, ese foso no existe. Es muchísima la gente que vive gracias al actual estado de cosas. No son sólo las inmobiliarias ni las empresas de construcción. Ni siquiera la mano de obra que se sube al andamio, mucha de ella inmigrante. Son los abastecedores de material de construcción, los fontaneros, los electricistas, los carpinteros, los ferreteros, los herreros, los fabricantes de gres, los vendedores de sanitarios, los que instalan piscinas... y los que tienen restaurantes y bares por la zona, y los de los mini-markets...
Podría alargar la lista hasta llenar varias columnas. A buena parte de ese nutrido ejército de ciudadanos, la idea de que pudiera llegar una autoridad que dijera que ya está bien, que se acabó el desmadre, le pone los pelos de punta.
Téngase en cuenta, además, que una porción llamativa de ese trajín se realiza en condiciones de dudosa legalidad, cuando no de plena ilegalidad. Es muy probable que sean más las transacciones que se hacen sin declarar el IVA que las que lo hacen constar.
Supongo que no hará falta que diga que menudean los empleos que funcionan sin contrato de trabajo.
¿A quién podría interesar que salieran elegidos unos políticos que dieran prioridad al rigor urbanístico, a la preservación del medio y a las inspecciones fiscales y de trabajo? No, desde luego, a los beneficiarios del desorden imperante.
¿Son mayoría? ¡Desde luego que no! Incluso buena parte de quienes se ven atrapados en esa madeja de corrupción y corruptelas desearía librarse de ella. Pero los que la fomentan y disfrutan tienen peso suficiente como para inclinar la balanza electoral. Y lo hacen.
* Javier Ortiz es columnista de "El Mundo"
* javierortiz.net/jor/elmundo - 2007/06/04
Fadesa y G8, Premios Atila 2007
Con ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, Ecologistas en Acción*, confederación de 300 grupos ecologistas, ha concedido el Premio Atila a la inmobiliaria FADESA y al G 8, así como el Premio Caballo de Atila al Foro de la Industria Nuclear.
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 coincidiendo con la primera cumbre mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano. Los fines de este evento anual son el aumentar la conciencia medioambiental, y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente. Ecologistas en Acción concede los Premios Atila con el objetivo de “distinguir y denunciar a aquellas personas, entidades o proyectos que más hayan destacado por su contribución a la destrucción del medio ambiente”. Los premios se concedieron por primera vez en 1992 este año se conceden en dos ámbitos, nacional e internacional.
Miles de personas se han dirigido a esta asociación proponiendo numerosos candidatos, entre los cuales el jurado ha elegido.
Premio Atila Nacional 2007
FADESA, compañía inmobiliaria española pero de ámbito internacional. Tiene presencia en España, Portugal, Marruecos, Rumanía, Hungría, Polonia, Francia, México y Bulgaria. Esta empresa está especializada en la construcción de grandes complejos hoteleros y de campos de golf ligados a la actividad residencial. Gran parte de esta actividad se realiza en enclaves de gran belleza paisajística y con grandes valores ambientales, destruyendo el entorno y creando importantes impactos ambientales. En España son muchos los proyectos que se encuentran denunciados ante los tribunales: Costa Esuri en Ayamonte (Huelva), Alto del Cuco (Cantabria), Atalaya Dorada en La Oliva (Fuerteventura), El Molar (Madrid). Además colectivos marroquíes han denunciado la intención de FADESA de construir un gran complejo turístico en la playa de Saïdia, trasladando el modelo de esquilmación del litoral español a Marruecos.
Premio Atila Internacional 2007
G 8, por no reconocer la deuda ecológica que todos los Estados enriquecidos y sus empresas multinacionales tienen con los países empobrecidos. Así, como no realizar políticas efectivas para la prohibición del comercio armamentístico, y fomentar el gasto militar. Por no promover más y mejores iniciativas y ayudas para mitigar y prevenir los efectos del cambio climático, entre las que se encuentren apoyar con firmeza las energías renovables (eólica y solar básicamente); fomentar medidas de ahorro y eficiencia energética; promover los medios de transporte no motorizados; un modelo de producción y consumo basado en lo local; el cierre progresivo de las centrales nucleares; y realizar campañas de sensibilización ciudadana.
Premio Caballo de Atila
Eduardo González, Presidente de Foro de la Industria Nuclear Española, por la “tontería más destacable”, al declarar que “Las centrales nucleares cumplen un importante papel en el desarrollo sostenible”.
El jurado expresó su esperanza en que la concesión de estos premios llame a la reflexión a los premiados sobre el deterioro ambiental que sufre nuestro planeta.
* Ecologistas en Accion - 4 de junio
El fin del 'boom' del ladrillo costará un punto del PIB y 50.000 empleos
ConchaMARTÍN.- El País* : "Nadie lo discute ya: la era del boom del ladrillo vive sus últimas horas. Pero lo que para unos es el fin del milagro económico español, para otros es una cura necesaria. El escenario más probable es que el ajuste comience a finales de 2007 y se prolongue durante tres o cuatro años, con un coste en crecimiento económico anual de hasta un punto y 50.000 empleos. El Gobierno no muestra inquietud alguna al respecto. Habrá un "aterrizaje suave y hasta deseable", e incluso se prepara una revisión al alza del crecimiento para este año (3,7-3,8%) y se anticipa entre un 3,3% y un 3,4% en 2008.
Si el presidente del Gobierno tuviera que decidir un adelanto electoral por la situación económica, la respuesta, tajante, sería no. No se detecta inquietud alguna por lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario. Incluso hay cierta esperanza en que el sector del ladrillo empiece a aflojar y la economía española baje algunos grados su temperatura.
Es más o menos la sensación entre los analistas, aunque ha habido momentos de cierto pánico. Por ejemplo, cuando la inmobiliaria Astroc se desplomó en Bolsa, hace unas semanas, y arrastró durante una jornada a todo el sector. O cuando la prensa internacional dio por terminado en sus editoriales lo que habían bautizado como "el milagro económico español".
Ahora los análisis están más sosegados, pero "no cabe duda de que las cosas están cambiando", dicen en el servicio de estudios de un gran banco. Los precios de la vivienda se desaceleran (ahora sólo crecen al 7%), también el crédito hipotecario (sólo aumenta el 19%) y disminuye en torno al 10% el número de hipotecas que se firman. Y hay señales, como el aumento de la morosidad (desde niveles todavía muy bajos), que dan el aviso.
¿Es grave el problema? Puede serlo si se considera de forma aislada. La construcción de vivienda (véase cuadro) y el consumo familiar han sido los dos grandes motores de la economía española y del empleo en la última década. Si ahora el primero de ellos se apaga, el crecimiento se va a resentir. El impacto puede estimarse en un punto al año de menor crecimiento y unos 50.000 empleos, que se compensarían en parte con la exportación y la inversión en bienes de equipo, como ya empieza a suceder.
"El proceso de maduración del sector inmobiliario es largo, de al menos 18 meses, y el año pasado todavía estábamos en pleno auge", señala un experto del INE. Estima, por tanto, que la desaceleración se va a notar sobre todo en 2008. Ahí empezaría el ajuste, "que se prolongará durante tres o cuatro años", señala Ángel Laborda, director del Servicio de Estudios de las Cajas de Ahorros.
El impacto en el crecimiento es un escenario que puede considerarse central y que descarta un ajuste brusco. Está calculado sobre la base de un ritmo de construcción de viviendas de unas 500.000 al año (frente a las más de 800.000 del pasado año). Un ritmo que cubriría las necesidades de nuevos hogares, sin el componente especulativo de los últimos años. Esta reducción, del 35%, se produciría de forma escalonada, en tres años.
David Vegara, secretario de Estado de Economía, no cree que se rebase ese suelo de las 500.000 viviendas por año: "En España hay una demanda sólida y se explica por la inmigración, las segundas residencias de españoles y extranjeros o el aumento de las familias monoparentales".
No está de acuerdo, sin embargo, en que ese parón en el mercado vaya a detraer una cantidad importante al PIB. "El impacto será limitado", asegura. Aunque así fuera "no sería un escenario dramático", añade Laborda. Sólo habría que empezar a preocuparse si se produce una recesión internacional, escenario que nadie prevé en estos momentos.
El límite está en un crecimiento del 2,5%, a partir del cual, en la economía española empieza a aumentar el desempleo. Es un escenario para 2008 al que sólo se acerca, de momento, la OCDE. En sus previsiones de primavera señaló un 2,7% de crecimiento para la economía española el año que viene por el frenazo inmobiliario. Una cifra que el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, se apresuró a descalificar.
Relevo de las exportaciones
Solbes ya conocía que la economía española había crecido un espectacular 4,1% en el primer trimestre del año. Después de ese dato, publicado hace algo más de una semana, los ánimos se han tranquilizado un poco. Todos los analistas, incluido el Gobierno, coinciden en la tesis del aterrizaje suave y en que vamos a asistir, como ya se apunta, a un relevo ordenado de la construcción por las exportaciones y la inversión en bienes de equipo.
"Es lo mejor que nos puede pasar", dicen fuentes del Gobierno, "que los precios bajen, que ganemos competitividad y exportemos más". Si esto supone un crecimiento algo más bajo, es lo más normal que puede suceder. "No es lógico que una economía como la española, la octava del mundo, crezca a más del 4%", dice Vegara.
Las previsiones del Gobierno se revisarán al alza para este año, como han hecho la mayoría de los analistas tras el dato del primer trimestre. La estimación ahora (el dato se conocerá a finales de julio) es que la economía puede crecer un 3,7% o un 3,8% en 2007, frente al 3,4% inicialmente estimado. Para 2008, la previsión del Gobierno se situará entre el 3,3% y el 3,4%.
* ELPAIS.com - Madrid - 04/06/2007
Foto: Vivienda e hipotecas /ELPAIS.com
En 13 años habrá más del doble de casas en las costas andaluzas
.jpg)
C.ORTEGA.- 20minutos* : "Ni leyes ni inspectores. No hay quien pare la masificación de ladrillos en las costas andaluzas. Según la Junta de Andalucía, en nuestro litoral hay construidas 1.440.967 viviendas; el año 2020, dentro de trece, serán 3.602.418; es decir, un 150% más que ahora. Son de tres tipos: principales (primera vivienda de la población autóctona), vacacionales (segunda vivienda) y climáticas (las que se utilizan durante largas temporadas del año, generalmente por ciudadanos europeos jubilados).
Es la fuerte demanda esperada de estas últimas, la que lleva a la Junta de Andalucía a realizar estas previsiones en su nuevo Plan General de Turismo Sostenible 2008- 2011, elaborado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Predice para ellas un crecimiento de un 1.450%; así, las 86.990 residencias climáticas repartidas por nuestra costa en la actualidad se multiplicarán hasta superar el 1.300.000 viviendas.
Seremos un 15% más
El crecimiento del número de viviendas afecta de hecho a toda la comunidad. Su número total en Andalucía, tanto en la costa como en el interior, casi se duplicará: crecerá hasta un 86%, al pasar de 3.477.026 viviendas de hoy a 6.468.292 en doce años.
Estas cifras superan con creces al crecimiento de población previsto para la región. En el año 2020, según los datos del plan de turismo, el número de habitantes será un 14,8% mayor, superando los nueve millones de personas. En el litoral crecerá más y habrá 3,9 millones de habitantes, lo que supone un 27,2% más.
Esta población andaluza futura demandará en doce años unos 3,2 millones de viviendas principales y unas 374.000 residencias secundarias. El resto, quedarían sujetas a la demanda turística.
Los efectos colaterales
El Plan de Turismo Sostenible alerta sobre los peligros de estas tendencias sobre el futuro del sector en Andalucía. Levantando tantos ladrillos y las infraestructuras que necesitan (agua, carreteras, etc.) se agotarán los suelos, se degradará la superficie y se destruirán los hábitats naturales. Aboga por moderar la construcción con planes territoriales y urbanísticos y advierte de que el cambio climático suavizará las temperaturas en el norte lo que puede llevar a una caída del turismo europeo.
* 20minutos - 04.06.2007
Foto: Benalmádena Costa /J.Rojas - ELPAIS.com
El precio de la vivienda
Joaquín Pérez Azaústre* : "Revisando el artículo 47 de la Constitución –“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho (…)”–, concluimos que somos víctimas silentes, sometidas, sumisas, de un sistema de enriquecimiento sustentado sobre el abuso de derecho de muchos constructores. Pero, ¿y los dirigentes municipales? ¿Y la urbanización sistemática de los terrenos rústicos, con el consabido aumento del precio del suelo? En esta campaña electoral nadie ha hablado, realmente, de vivienda. Todo ha sido una cortina de humo terriblemente cínica, consensuada, eficaz.
NO es lo mismo, pero si el precio del pan se disparara –15 euros la barra, por ejemplo–, una revolución sería posible. No se puede vivir sin pan, pero habría muchas familias, muchas economías domésticas visibles, que tampoco podrían permitirse el pago de 450 euros mensuales para su consumo, sencillamente porque hay muchas familias que viven, sobreviven o malviven con poco más, y esos 450 euros mensuales para abonar la barra diaria significarían un 70 por ciento del total de sus sueldos.
¿Se puede vivir sin pan? Seguramente, sí, como también se puede vivir sin libertad y sin casa. Los españoles, sin embargo, cuando nos hemos levantado ha sido, esencialmente, contra el aumento del pan: recordemos el motín de Esquilache, ese ministro ilustrado de Carlos III –recreado en el cine por Fernando Fernán Gómez– que quiso erradicar nuestra costumbre de capa y de sombrero de ala ancha donde guardar cuchillos, sables y pistolas embozadas. Ahora, un grupo tan levantisco como pacífico ha instalado sus tiendas de campaña en la Ciudad Universitaria de Madrid, como protesta ante su imposibilidad de acceder a una vivienda ya ni siquiera digna y adecuada –como reza el precepto constitucional–, sino vivienda sin más.
Si les ha parecido un disparate imaginar, sólo por un segundo, que el precio del pan se disparara hasta los 15 euros por barra –450 euros mensuales, entonces, lo que significaría un 70 por ciento del sueldo para muchas economías–, en el caso de la vivienda no hace falta imaginarlo: es lo que ha ocurrido, y lo que todavía sigue ocurriendo. En España, cualquier joven –¿qué se entiende por joven? ¿Quizá hasta los cuarenta en la vivienda?– que quiera comprarse cualquier ratonera tendrá que destinar, también, el 70 por ciento de su sueldo –el 80 en Madrid– con lo que quedará, para ese pulso diario, cotidiano, en la bancarrota más rotunda. Para no precipitarse por esa bancarrota, debería de ganar unos 2.700 euros al mes, un sueldo que se escapa, muy por lo alto, de la media española.
* Diario de Cádiz - 4 de Junio de 2007
La investigación de O Grove apunta a más concellos de las Rías Baixas
S.Luaña/X.Melchor.- LaVozdeGalicia* : "La irrupción en O Grove del Grupo de Delitos Urbanísticos no es más que la punta del iceberg de una investigación que se ampliará a otros municipios de las Rías Baixas, y que tiene como objetivo perseguir la corrupción urbanística y las presuntas irregularidades que se hayan podido cometer a golpe de ladrillo en la ya castigada costa gallega. El trabajo del grupo de élite creado dentro de la Guardia Civil para perseguir los delitos urbanísticos en Galicia no ha hecho más que empezar. Es más, la documentación recabada tras la irrupción en el consistorio grovense no está aún en manos de ningún juzgado, aunque fue la Fiscalía Anticorrupción la que puso en marcha la investigación. Pero sí ha trascendido que no es el único Ayuntamiento de las Rías Baixas en el que está previsto actuar, y que, después de O Grove, las pesquisas se ampliarán a otros municipios.
Indicios
La investigación en O Grove partió de diferentes indicios con los que trabaja el Grupo de Delitos Urbanísticos. Por una parte, ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) han sido presentadas varias denuncias por diferentes actuaciones investigadas por vecinos que antes estaban en el grupo socialista local y que ahora se presentaron a las elecciones como Alternativa Meca. También figuran las reiteradas acusaciones del BNG, que llevó al Parlamento las presuntas irregularidades de una urbanización en Raeiros, donde se construyeron a pie de playa 52 viviendas unifamiliares pese a tener licencia para apartotel.
A todo ello se suma un informe del Consello de Contas del 2003 en que se acusa al gobierno local de no actuar con diligencia ante las irregularidades urbanísticas y de no ordenar la demolición de lo construido ilegalmente. La memoria incide sobre el hecho de que, entre los años 1998 y 2001, no se haya tramitado ningún expediente de sanción urbanística y, en diferentes ocasiones, los grupos de la oposición al gobierno local del PP denunciaron que las arcas municipales no hayan cobrado un euro en los últimos años por multas relacionadas con la construcción.
El Grupo de Delitos Urbanísticos investigará si esa presunta dejación de funciones fue sólo por desidia de la Administración o si hay intereses que permitan hablar de una trama de corrupción urbanística.
* La Voz de Galicia - 02/06/2007
Foto: O Grove /ogrobe.blogspot.com
La doble cara del voto del cemento
El País*/Alicante : "Ante un similar prisma urbanístico (la masiva y caótica construcción), el voto de los electores en los municipios del litoral de Alicante presenta una doble cara: en el tramo norte han puesto fin a las hegemónicas mayorías absolutas del PP, mientras en el sur se ha reproducido el resultado electoral de 2003. En el área de La Marina Alta y Baixa está en juego la construcción de más de 50.000 viviendas (30.000 sólo en los municipios de La Vila y Altea), proyectos cuya ejecución está ahora en manos de gobiernos locales de izquierda. Mientras en el sur, la avalancha de nuevos proyectos se centra en prelitoral y en el área de Sierra Escalona, con más de 20.000 casas previstas. Sociólogos y representantes de colectivos cívicos justifican este diferente comportamiento del electorado en la influencia de la comunidad de residentes europeos, más sensible al desarrollo urbano sostenible y más organizados al norte que en el extremo opuesto de la costa.
La irrupción del colectivo Abusos Urbanísticos No (AUN), impulsado por residentes británicos en 2004 en Benissa, ha sido el primer ariete de ese vuelvo electoral en feudos del PP como Benissa, Calp o Altea. La provincia de Alicante es en la que más residentes extranjeros solicitaron poder participar en las elecciones municipales, en total sumaron más de 57.000, según los datos de la Oficina Electoral. La mayoría de éstos proceden del Reino Unido (34.113), Alemania (9.359), Países Bajos (4.378) y Francia (3.391).
No obstante, la influencia de la colonia foránea ha sido irregular y, mientras en La Marina Baixa y Alta los alcaldes que apoyaron macroproyectos urbanísticos han sufrido un revés en las urnas, en el sur todo sigue igual. "Quizá allí tienen más miedo a denunciar y criticar, también los alcaldes les prometen que solucionarán el caos urbanístico y se confían", explica Enrique Climent, presidente de AUN, plataforma que integra a centenares de residentes extranjeros. De hecho, desde AUN crearon una federación de partidos independientes que defendía un desarrollo sostenible. "En La Marina llevamos años trabajando en este tema, y al final se recogen frutos", subraya. Los residentes europeos empezaron a comprar casas e instalarse en estas localidades en la década de los 80 y han visto cómo su entorno se ha ido deteriorando. "Venían buscando la tranquilidad, la vida de pueblo y el paisaje mediterráneo", razona Joan Carles Poquet, de Veïns de Parcent, "y no macrourbanizaciones".
El catedrático de sociología de la Universidad de Alicante (UA), Antonio Alaminos, recuerda que el asociacionismo extranjero es mayor en La Marina Alta y Baixa, y los movimientos como Abusos Urbanísticos No, tienen su sede en Benissa y son muy activos. "La ley urbanística (LRAU) movilizó mucho más y más rápidamente en el norte que en sur", explica este experto que lleva años investigando el comportamiento de los residentes extranjeros. En las comarcas del litoral norte de Alicante, la comunidad foránea llegó en la década de los ochenta y están más integrados socialmente que los residentes en el sur, que llegaron en los años noventa.
En Torrevieja, Orihuela y en las localidades del sur las migraciones eran "sobre todo clase media-media y bastantes obreros. Precisamente emigraban siguiendo redes de familiares y amigos, o después de hacer turismo", explica Antonio Alaminos que compara esta realidad con el perfil de los residentes en el norte que son escandinavos, de clase media-media y media-alta. "Más jubilados cualificados y nivel educativo más elevado". En el norte la dimensión calidad de vida tiene más peso que en el sur, donde prima la economía. Son el núcleo históricamente "primario" de las migraciones de calidad en un entorno natural "salvaje", añade el catedrático de la Universidad de Alicante.
Tomás Mazón, profesor de sociología del turismo en la Universidad de Alicante, reconoce que en las Marinas se hicieron promociones inmobiliarias "de mucha más calidad, dirigidas preferentemente a un comprador de mucho más poder adquisitivo que en el sur, dirigidas a un público alemán, belga, holandés, suizo... es un segmento de clase media alta con alto poder adquisitivo y mayor formación" apunta Mazón. Pero contrariamente, en la zona sur, a partir de Santa Pola, las promociones inmobiliarias "se centraron en un patrón de mucha menor calidad, tanto de las edificaciones, como de las propias urbanizaciones, vendidas a unos precios muy inferiores y dirigidas sobre todo para el público inglés, con un perfil sociodemográfico de clase media baja, de menores recursos económicos y menor formación, más clase obrera y con un menor perfil de exigencia sobre los servicios municipales y de otras administraciones, básicamente se conforman con el clima", explica Mazón.
Juan Miguel Rafet, licenciado en Ciencias Políticas por la UNED, está haciendo una tesis doctoral sobre los movimientos ciudadanos contra la especulación urbanística en la Comunidad Valenciana, y su incidencia en voto. A su juicio, en cada localidad el comportamiento electoral es diferente. Mientras en Dénia, donde el Ayuntamiento defiende un urbanismo sostenible, el voto de los extranjeros ha ido a las grandes formaciones PSOE y PP, en Xàbia, tras una legislatura convulsa con temas como el catastrazo, la moción de censura, el escándalo del soborno de la basura o el PGOU, todo un conglomerado de pequeñas formaciones políticas, muchas de ellas con el apoyo de residentes extranjeros, han obtenido representación y serán claves. Fernando Díaz, profesor de sociología urbana, destaca "el papel de las plataformas ciudadanas contra los abusos urbanísticos que han servido para concienciar a la gente del problema".
El mapa del poder local surgido de los comicios del 27 de mayo no ha sufrido modificaciones desde El Campello hasta Pilar de la Horadada. En el primer municipio, el PP obtiene mayoría absoluta, al igual que en la capital y Santa Pola. En Guardamar, sigue el PSPV, al igual que el PP mantiene Torrevieja y Orihuela. En Pilar de la Horadada las urnas pusieron fin al breve mandato del PP merced al voto de censura del PP y dos tránsfugas del PSPV, y el socialista Ignacio Ramos recupera la mayoría. En el prelitoral de La Vega Baja, tampoco hay cambios, el PP refuerza sus feudos de San Miguel, municipio con un PGOU en marcha.
En la comarca de La Vega Baja el PP ha superado en 6.400 votos al PSPV y las formaciones extranjeras no han tenido representación. La alternativa con más opciones, a priori, era CLARO, surgida en la costa de Orihuela, pero apenas cosechó un millar de votos.
La continuidad en este tramo del sur de la costa contrasta con los cambios al norte. El ámbito de las marinas es la única demarcación de la provincia en la que los socialistas han superado en voto al PP, en concreto por 1.760. En Xàbia y L'Alfàs del Pi, dos formaciones extranjeras han logrado representación, con cuatro y dos ediles respectivamente. El caso de Nueva Jávea, liderado por la holandesa Ana Vasbinder, es el más llamativo y con 1.479 votos (el 18% de las papeletas).
El PP ha perdido la mayoría absoluta en La Vila, y posiblemente el gobierno si los independientes se suman al pacto de progreso con el PSPV y el Bloc. Los populares serán desalojados del poder en Calp. En Altea y Benissa, el PP ha sido desposeído de la mayoría absoluta, y su continuidad en el gobierno local está en el aire. Mientras, en Xàbia y Dénia, los vecinos han acentuado la apuesta por el urbanismo sostenible de los gobiernos de izquierda del último mandato. Ambos municipios tienen suspendidas las licencias en diversas zonas sobre las que pesaban proyectos urbanísticos a la espera de la redacción de sus nuevos planeamientos urbanos.
*Información elaborada por Ezequiel Moltó, Sergi Castillo y Santiago Navarro.
* EL PAÍS - Alicante - 04/06/2007
Foto: Orihuela /wikipedia
La corrupción gana
Editorial ElPaís* : "Las elecciones municipales y autonómicas no han castigado a los candidatos con investigaciones judiciales en curso o, incluso, con procesos abiertos por corrupción urbanística. Los ciudadanos han refrendado en sus puestos a la mayoría de los alcaldes y ediles sobre los que pesaban y pesan graves acusaciones de desviar fondos municipales y de enriquecimiento ilícito. Una de las pocas excepciones ha sido Marbella, donde la operación Malaya ha terminado por desalojar de la escena al partido que Jesús Gil creó como instrumento para perpetrar los desafueros que ha padecido la ciudad.
Las razones de este aparente contrasentido hay que buscarlas, en primer término, en el tratamiento que las fuerzas políticas han dado a la corrupción durante la campaña, convirtiéndola en un arma arrojadiza con la que reivindicar la propia virtud en detrimento de la del adversario, sin proponer soluciones a un fenómeno que se ha extendido de manera imparable durante los últimos años.
Pero existen, además, otros motivos para explicar lo que, en principio, parecería un comportamiento enigmático por parte de los votantes, al revalidar el mandato a candidatos sobre los que pesan fundadas sospechas de corrupción. La Ley del Suelo de 1998 declaró urbanizable la práctica totalidad del territorio e hizo recaer sobre los ayuntamientos la competencia de transformar las fincas rústicas en urbanas, propiciando una sólida colusión de intereses entre los responsables municipales y los administrados. Las recalificaciones han beneficiado desde entonces a los ayuntamientos, que han podido financiar obras y servicios inabordables desde los exiguos presupuestos municipales, además de contribuir a sostener a los partidos y a sus intermediarios oficiales u oficiosos. Pero también han beneficiado a los particulares propietarios de terreno y, en último extremo, a los habitantes de los municipios con grandes proyectos urbanísticos.
Los colegios electorales no sustituyen a los juzgados y, por esta razón, la victoria en las urnas no podrá nunca equivaler a una implícita absolución de los casos de corrupción en los que puedan estar implicados los candidatos, como ha afirmado, entre otros, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Fabra. Por el contrario, se trata de una inaceptable manipulación del sistema democrático, de un intento espurio de barrer las responsabilidades políticas y penales bajo los votos, que los partidos no deberían amparar. Porque la investigación judicial seguirá su curso con independencia del resultado de las elecciones, y lo único que se habrá conseguido cuando llegue el momento de procesar a los alcaldes y concejales implicados en casos de corrupción será un desprestigio mayor de las instituciones. Además de una abstención más rotunda que la de estas elecciones.
* ELPAIS.com - 03/06/2007
Se manifiestan en Valencia contra los abusos urbanísticos
EFE* : "Cerca de 150 ciudadanos, muchos de ellos extranjeros llegados desde municipios costeros de Alicante, se manifestaron ayer por el centro de Valencia para exigir una moratoria urbanística y la modificación de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), con el fin de frenar los «abusos» en la Comunidad. Bajo el lema "Somos ciudadanos, no súbditos. Basta de alcaldadas", los participantes se concentraron en la plaza Rodrigo Botet, convocados por la asociación "Abusos Urbanísticos No" y ataviados con camisetas que señalaban Stop LRAV/LUV, en referencia a las leyes que han regido el urbanismo valenciano en los últimos años.
Los manifestantes, llegados desde poblaciones como Benissa y Calpe (Alicante), Náquera (Valencia) o Castellón, marcharon hasta la sede de las Cortes, donde leyeron, ante sus puertas, un manifiesto, presentado después por registro de entrada, en el que denuncian «el crecimiento brutal e incontrolado de las poblaciones de la Comunidad».
El portavoz de la asociación convocante, Enrique Climent, apuntó que es la figura del agente urbanizador el principal motor que ha impulsado el desarrollo de la construcción en la Comunidad, y para frenar esos excesos proponen que esta función se profesionalice y actúe sólo cuando sea necesario. Entre otras medidas, también piden que se realicen consultas populares para cualquier proyecto que suponga un crecimiento poblacional superior al 5%, que se fomente la reforestación del suelo urbanizable y que se cree un ente valenciano de gestión del agua.
La Asociación de Afectados por el PAI de Albalat del Tarongers estuvo presente en esta marcha para denunciar un proyecto que prevé construir 4.000 viviendas y un campo de golf en 2,7 millones de metros cuadrados en las proximidades del parque natural de la Sierra Calderona.
* La Verdad - Domingo, 3 de junio de 2007
Foto: La manifestación en Valencia /lasprovincias.es
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Salou
O.AYMÍ.- El País* : "La Fiscalía de Tarragona ha abierto "diligencias de investigación penal" contra el Ayuntamiento de Salou a raíz de una denuncia presentada por un grupo de vecinos de la localidad en la que aportan múltiples documentos que ponen en tela de juicio la gestión urbanística municipal. Fuentes cercanas a la investigación aseguraron ayer que la Guardia Civil ha solicitado al consistorio los informes de adjudicación y construcción de un geriátrico en 9.000 metros de suelo público en un proyecto que incluye la comercialización de 77 apartamentos y por lo que la empresa adjudicataria compensa al consistorio con una cuota de 9.000 euros anuales.
"Pagan lo mismo que una churrería por vender o alquilar 77 apartamentos construidos en suelo municipal", ha dicho en repetidas ocasiones el portavoz del PSC, en la oposición municipal, Antoni Banyeres.
Un oficial de la Guardia Civil acudió el viernes al consistorio de Salou para solicitar toda la información relacionada con este proyecto y también con la construcción de alrededor de 200 viviendas en un terreno que hasta 2002 ocupaba una histórica sala de fiestas, Galas, que ardió en un incendio que el delegado de la Geeneralitat de entonces, Cèsar Puig, calificó de "intencionado". La comercialización de estas viviendas la ha llevado a cabo una empresa tutelada por Phillipe Trujillo, socio del hijo del alcalde, Esteve Ferran Gombau, que es también el concejal de Urbanismo en funciones. Ambos compraron en 2002 una finca al 50%. El agente judicial no pudo hacerse con esta documentación al no encontrarla los funcionarios, por lo que concedió de plazo hasta el martes para obtenerla.
Próximamente nuevos efectivos policiales se incorporarán a una investigación que también revisará un polémico proyecto para desviar una riera de Salou. El proyecto implica la expropiación de varias viviendas y libera un terreno para poder construir en él cuya propiedad mayoritaria es del primo del alcalde, el empresario Esteve Blasi. Los vecinos afectados por estas expropiaciones denunciaron hace 10 días a la Fiscalía estos otros casos de posibles irregularidades urbanísticas.
* ELPAIS.com - Tarragona - 03/06/2007
Foto: Salou /jccm.es
La Fiscalía advierte del aumento de denuncias sobre medio ambiente y urbanismo
EuropaPress* : "La Fiscalía General del Estado advirtió ayer que se ha producido «un notable incremento» de asuntos en medio ambiente en las Fiscalías españolas, a través del número de las diligencias de investigación penal y diligencias informativas abiertas a lo largo de 2006. La Memoria de la Fiscalía 2006 relativa a asuntos de medio ambiente y urbanismo, hecha publica ayer, señala que «las diligencias abiertas en medio ambiente y urbanismo superan, por lo general, en número y complejidad a las abiertas y tramitadas en el resto de tipos delictivos existentes en el Código Penal español».
La memoria recoge las actuaciones de la Fiscalía desde que el Fiscal de Sala Coordinador, Antonio Vercher, tomó posesión el 3 de abril de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006.
Sobre el número de diligencias, la Fiscalía abrió en 2006 en Valencia un 187 por cien más que el año anterior; en Asturias abrió 164 diligencias en medio ambiente, frente a las 90 del año previo, y en Huelva un 31% más, entre otras.
En conjunto, el número de diligencias abiertas por las Fiscalías del país en el 2006 asciende 1.634 en ordenación del territorio y urbanismo y 2.293 en medio ambiente, en las que se incorporan todos los aspectos ambientales, incendios forestales incluidos, que no sean ordenación del territorio.
Mayoritariamente dichos asuntos han versado sobre denuncias de irregularidades urbanísticas supuestamente constitutivas de delito, cometidas en distintas partes del territorio nacional aunque también llegaron denuncias por presuntos delitos contra el patrimonio histórico, vertidos tóxicos, talas indiscriminadas de arbolado, caza ilegal y uso de veneno para la misma y contaminación acústica, entre otros.
En materia de urbanismo, la Memoria destaca que en Málaga, por ejemplo, se observa que el modus operandi delictivo que se ha venido expresando en Marbella «ha acabado extendiéndose a otras localidades costeras de la provincia en las que el turismo representa su principal fuente de ingresos» . En el interior, sin embargo, también se vienen produciendo irregularidades urbanísticas de importancia, pero más bien relacionadas con particulares que proceden a realizar la construcción de una vivienda unifamiliar, siempre en suelo no urbanizable y, normalmente, en pleno monte, añade. «Pocos son los municipios de la provincia de Málaga que, por uno u otro motivo, no han sido denunciados e incoadas» , afirma la Fiscalía, debido, en gran parte, «a que el urbanismo se ha convertido en el mayor aporte financiero de los municipios .»
En Cádiz, las infracciones urbanísticas graves prescriben a los cuatro años, por lo que «algunos arquitectos técnicos y peritos han emitido informes o certificados falsos en los que dan cuenta -previa entrega de un precio pactado- de la supuesta antigüedad superior a cuatro años de edificaciones erigidas al margen de la legalidad urbanística, con objeto de posibilitar su acceso al registro de la propiedad y evitar el ejercicio de las facultades sancionadoras y de restablecimiento de la legalidad por parte del Ayuntamiento», relata la Fiscalía.
* Levante-EMV - Sábado, 02 de junio de 2007
Los pisos ilegales en Marbella pasan de 30.000 a 752 con el nuevo Plan
A.Valenzuela.- MálagaHoy* : "La presentación del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella sirvió ayer para calmar los ánimos del agrio debate que se ha mantenido en el último año sobre el número de viviendas ilegales que podrían ser demolidas. Finalmente, el documento urbanístico tutelado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y la Oficina de Planeamiento regularizará algo más del 95 por ciento de las construcciones que se levantaron durante la era GIL al margen de la legalidad. En concreto, serán 18.000 las casas que podrán normalizarse siempre que los promotores compensen al Ayuntamiento con suelos para futuros equipamientos, zonas verdes y otras dotaciones, según explicó la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez.
Pero a este indulto urbanístico no podrán acogerse un total de 752 viviendas y dos edificios hoteleros debido a que sus licencias ilegales son “incompatibles con el modelo de ciudad contemplado en el plan, por situarse en áreas estratégicas, ocupar el litoral o ubicarse en zonas de fuertes carencias dotacionales”, continuó la dirigente autonómica. Por tanto, serán los tribunales los que tengan que decidir el futuro de estas construcciones irregulares que se asientan sobre suelos que están destinados a espacios libres y equipamientos públicos en el nuevo PGOU.
Aunque la responsable de Obras Públicas eludió decir cuales son las 14 construcciones que no encuentran su lugar en el planeamiento, este periódico pudo saber que entre ellas destaca el complejo Banana Beach, símbolo durante estos años de las barbaridades cometidas desde el Consistorio; una promoción de viviendas situadas junto al Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y unos chalés construidos en las desembocaduras de Río Real y del arroyo Las Cañas. Sólo la mitad de esos 752 inmuebles están ocupados por sus propietarios.
En cuanto al aparente e importante descenso que ha experimentado el número final de construcciones ilegales consolidadas –durante meses Obras Públicas las cifró en más de 30.000– la responsable de la consejería lo justificó aclarando que 11.368 de las que estaban en el punto de mira nunca fueron finalizadas ni habitadas, “gracias a las impugnaciones de la Junta de Andalucía y a las suspensiones cautelares de los tribunales”. Gutiérrez destacó que de ese grupo de viviendas 3.953 fueron paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o precintadas por la comisión gestora, mientras que en los casos de otras 7.415 ni tan siquiera se iniciaron las obras.
Pero el avance del PGOU no se queda anclado en el pasado. Una de las apuestas más fuertes que hace el documento, redactado por el arquitecto Manuel González Fustegueras, es la construcción de viviendas de bajo coste para los jóvenes, el colectivo que más dificultades tiene para acceder a los precios del mercado. Por este motivo, de las más de 27.000 casas que se contemplan en las previsiones del PGOU y del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental (POT), 10.178 (que representan un 36,8 por ciento del total), deberán tener precios asequibles. Además, se recoge la rehabilitación de 8.802 inmuebles existentes a través de ayudas que ya están puestas en marcha.
La consejera de Obras Públicas apuntó que todas estas medidas se desarrollarán a través del Plan Municipal de la Vivienda, que debe elaborar el equipo de gobierno que presidirá Ángeles Muñoz (PP), para evitar así situaciones como las vividas durante los últimos años.
Otro aspecto interesante del nuevo PGOU hace referencia a que un 40,5 por ciento del término municipal (4.742 hectáreas) aparece como espacio protegido en distintas categorías, es decir, cuenta con la calificación de suelo no urbanizable por sus valores ecológicos o ambientales.
Gutiérrez, que estuvo acompañada en el acto de presentación por el presidente de la comisión gestora, Diego Martín Reyes (PSOE), destacó que otra de las principales líneas de actuación del PGOU persigue corregir las desigualdades territoriales que existían a lo largo de la ciudad por la falta de sistemas de espacios libres y equipamientos. A ese respecto, el PGOU supervisado por Obras Públicas prevé una ratio de 60 metros cuadrados de suelo de espacios libres por habitante, lo que significa casi multiplicar por cinco los existentes. Si se consiguen finalmente estas cifras, Marbella sería comparable a una ciudad europea como Londres, aseguró la responsable autonómica, quien comentó que el municipio “recuperará zonas verdes en todos los barrios para que sus pulmones no se ahoguen”.
Algo similar está previsto con los equipamientos, que con un ratio de 20 metros cuadrados por habitante, sitúa a la ciudad cinco puntos por encima de la media europea. En concreto, 3.209.205 metros cuadrados para nuevos equipamientos, lo que supondrá multiplicar por cuatro los existentes.
A partir de ahora, el avance del PGOU deberá ser estudiado con detenimiento por la nueva corporación, a la que también se le devolverán las competencias urbanísticas el próximo 18 de junio. Gutiérrez recordó que el gobierno de Ángeles Muñoz tiene la potestad de aprobar el documento y mejorarlo, porque “no me cabe en la cabeza de que se pueda empeorar, ya que es el mejor plan para el futuro de Marbella”. No obstante, señaló que la aprobación definitiva depende de Obras Públicas, que estará pendiente de que el documento cumple la legalidad y de que los procesos de normalización de las viviendas ilegales se han cumplido conforme a ley.
Como muestra de que pretende enterrar el hacha de guerra que se utilizó contra el gobierno de Marisol Yagüe, la consejera ofreció públicamente a la alcaldesa electa que la Oficina de Planeamiento siga trabajando en la ciudad hasta septiembre.
* Malaga Hoy - Sábado, 2 de Junio de 2007
Foto: Marbella Ayuntamiento /UrbPatasArriba
Más madera
Antonio CAMPILLO* : "Parecía que la especulación inmobiliaria y la corrupción política iban a pasar factura a los cargos locales y autonómicos más afectados por la contestación ciudadana y la investigación judicial, pero no ha sido así. Al menos, no en la mayoría de los casos. Han sido castigados los gobiernos de Canarias y Baleares, pero no los de Madrid, Valencia y Murcia, donde el PP ha salido reforzado. En cuanto a los cargos locales imputados por la justicia, algunos han sido castigados electoralmente, como el alcalde de San Javier, pero otros han obtenido mayoría absoluta, como el de Cieza. En general, la corrupción ha superado en España la prueba de las elecciones, así que el modelo de Marbella se ha extendido por muchas comunidades españolas.
El imputado Carlos Fabra es un ejemplo emblemático: tras revalidar su cargo como presidente de la diputación de Castellón, no ha tenido empacho en declarar que las elecciones han sido un «juicio popular» y le han «absuelto con sobresaliente». Como buen corrupto y mal demócrata, cree que el apoyo electoral obtenido le garantiza la impunidad y le sitúa por encima de la ley. No sabe lo que significa la separación de poderes entre el ejecutivo y el judicial, ni distingue tampoco entre intereses públicos y privados. Esperemos que los cargos electos de nuestra Región no incurran en el mismo error.
Los resultados electorales del 27-M han confirmado lo que anunciaban las encuestas: por cuarta vez consecutiva, el PP murciano ha obtenido mayoría absoluta en la Asamblea Regional (29 diputados sobre 45) y en dos tercios de los municipios (29 alcaldes sobre 45). Con su cuarta victoria, el PP supera el precedente del PSOE, que gobernó la Región de 1983 a 1995. Además, rompe su propio techo electoral y vuelve a ser el partido más votado, tanto en los parlamentos autonómicos (con el 58,49), como en las capitales de provincia (con el 61,28), si exceptuamos el caso de Ceuta (con el 65,18). De este modo, la Región de Murcia confirma la posición alcanzada en 2003 y se consolida como la comunidad autónoma más conservadora de toda España.
Hay varias razones para explicar la victoria del PP murciano. Tal vez la verdad se encuentre en una combinación de todas ellas, aunque es difícil determinar la proporción que corresponde a cada una. En primer lugar, la estrategia del PP de Rajoy, destinada a plantear estas elecciones como unas primarias de las generales, ha conseguido movilizar al electorado más conservador contra la política antiterrorista y las reformas sociales de Zapatero. Pero esta estrategia ha tenido efectos ambivalentes: ha mantenido y reforzado el poder del PP en las cinco comunidades donde ya gobierna (Madrid, Valencia, Murcia, Castilla-León y Rioja), pero a costa de retroceder o no avanzar en otras (Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y todas las del norte, de Galicia a Cataluña). Además, le ha quitado el poder en muchas ciudades importantes y puede hacer que el PSOE acceda al gobierno en Navarra, Baleares y Canarias. Así, el partido que dice ser garante de la unidad de España está provocando no solo una gran crispación social, sino también una notable polarización territorial.
Una segunda razón es que las comunidades donde el PP ha crecido más (Madrid, Valencia y Murcia) están experimentando un fuerte aumento de la riqueza y el empleo, vinculado al sector de la construcción. Es un modelo de crecimiento insostenible, causante de graves impactos ambientales, basado en una mano de obra barata, precaria y poco cualificada (en la que abundan los inmigrantes, esos nuevos proletarios que trabajan y cotizan pero no votan), y vinculado al blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción política. En Murcia, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, la cuarta parte del dinero circulante no paga impuestos. Además, es un modelo de crecimiento que tiene los días contados, y los propios promotores reconocen que ya se ha iniciado el declive del sector. Pero está claro que todo esto no ha preocupado a los votantes del PP. La especulación inmobiliaria y la corrupción política han hecho posible no solo grandes pelotazos sino también una cierta distribución de la riqueza, de la que muchos se han beneficiado. Vivimos en plena quimera del ladrillo, y quienes se mueven en la cresta de la ola no quieren saber lo que se esconde bajo la espuma, ni tampoco lo que va a suceder mañana. Se limitan a decir: «Dame pan y dime tonto», o bien: «Coge el dinero y corre».
Tal vez el «Agua para todos» ha seguido influyendo en Valencia y Murcia, a pesar de las grandes inversiones y las nuevas desaladoras del plan AGUA. Pero esta consigna-comodín se ha reconvertido, pues ya no pretende preservar el regadío sino reemplazarlo por el ladrillo. Y esto ha ocurrido con el clamoroso silencio, por no decir la complicidad abierta de las comunidades de regantes y las organizaciones agrarias, que se han plegado a la estrategia de los promotores inmobiliarios. El «Agua para todos» significa ahora algo muy distinto: «Pelotazo para todos». Este es el mensaje dominante del PP murciano, que parece haber calado profundamente en dos de cada tres murcianos.
Por último, están los errores de la oposición política, y en particular del PSOE, pues IU-LV ha mantenido e incluso mejorado ligeramente su base electoral y su poder local. El gran problema del PSOE es que la renovación emprendida por Saura se ha quedado a medio camino, sobre todo por la resistencia de la vieja guardia, atrincherada en los ayuntamientos donde gobernaba o ejercía una oposición débil y acomodaticia. Se ha dado una notable contradicción entre el discurso renovador de la ejecutiva regional y la política de muchos ediles socialistas, especialmente en urbanismo y participación ciudadana. Por eso, resulta patético que la vieja guardia, que ha desangrado a su partido desde 1995 y ha lastrado la renovación emprendida por la actual ejecutiva, pretenda ahora pedir cabezas. Sería muy grave para el PSOE murciano volver al cainismo del pasado. Al contrario, debería avanzar en la línea emprendida, renovar profundamente sus agrupaciones, fortalecer su organización interna y abrirse mucho más decididamente a la sociedad civil murciana.
A partir de ahora, vamos a encontrarnos con una situación paradójica. Por un lado, el éxito electoral del PP le llevará a seguir adelante con su política, basada en el ladrillo, la privatización de los servicios públicos, el control de los medios de comunicación y la confusión entre intereses públicos y privados. Por otro lado, esa política va a verse erosionada por la crisis del sector inmobiliario, las investigaciones judiciales en curso, la probable continuidad del gobierno Zapatero tras las elecciones de 2008 y la creciente contestación ciudadana que ha ido surgiendo en los últimos años. Mientras tanto, la Región de Murcia se asemeja al tren de Los hermanos Marx en el Oeste, en el que éstos deciden mantener la locomotora a toda máquina, a costa de quemar la madera de los asientos, las paredes y el suelo de los vagones donde viajan los pasajeros.
*Antonio Campillo es presidente del Foro Ciudadano.
* La Verdad - Viernes, 1 de junio de 2007
La Guardia Civil investiga al Concello de O Grove por corrupción urbanística
X.Melchor S.Luaña.- LaVozdeGalicia* : "Muchas veces se ha comparado O Grove con Marbella por su urbanismo caótico y repleto de flagrantes ilegalidades a pie de playa que han destrozado una de las mejores costas de Galicia. La comparación gana ahora enteros, ya que el recién creado Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, formado tras el escándalo marbellí de la operación Malaya, se ha estrenado en la comunidad abriendo una investigación por presunta corrupción urbanística en el concello arousano. Agentes de esta nueva brigada policial irrumpieron el miércoles en el consistorio de O Grove y exigieron que se les entregara el expediente del caso Raeiros, una polémica urbanización cuya presunta ilegalidad ha sido reiteradamente denunciada por el Bloque Nacionalista Galego y cuyas obras fueron paralizadas en junio del 2006 por la Consellería de Política Territorial.
La investigación, que se centra en la oficina del aparejador municipal, continuó ayer en el Concello. Varios funcionarios de este departamento fueron interrogados sobre presuntas ilegalidades en la construcción de urbanizaciones como las de Raeiros o Borreiros y otros casos que han suscitado graves críticas de la oposición contra el grupo de gobierno, del PP.
La irrupción de los agentes provocó momentos de gran sorpresa y nerviosismo entre los trabajadores de la oficina del aparejador municipal. Ayer las preguntas no fueron sólo dirigidas a los funcionarios de este departamento del Ayuntamiento, sino también a otros empleados municipales, a los que se interrogó sobre sus compañeros y por determinadas obras ilegales existentes en el municipio.
En la investigación por corrupción urbanística abierta en el Concello de O Grove el caso Raeiros parece ser sólo la punta del iceberg. Éste es uno de los casos más llamativos de los existentes en el municipio arousano. Junto a la playa de Raeiros, en San Vicente do Mar, ha aparecido una mole de cemento que enseguida llamó la atención de vecinos y partidos políticos.
Las obras se construyeron con licencia para apartotel, aunque en la práctica se trata de 52 chalés individuales y con finca privada y en donde, de momento, no hay las zonas comunes características de los apartoteles.
Licencia de apartotel
Esta no es la primera vez que ocurre algo parecido en O Grove. En el lugar de Ameiros, también en San Vicente, la empresa Playa Espiño construyó seis chalés con licencia únicamente para apartotel. El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que emitió sentencia firme de reposición de la legalidad vigente, es decir, de demolición de las viviendas.
Sin embargo, el Concello de O Grove no ha llegado jamás a ejecutar el mandato del alto tribunal, a pesar de que el asunto se remonta al año 1999.
El alcalde de O Grove, Miguel Ángel Pérez, del Partido Popular, prefirió ayer no hacer declaraciones sobre este asunto cuando fue consultado por esta Redacción.
* La Voz de Galicia - 1 de Junio de 2007
Foto: O Grove /aedru.org
Los jóvenes dedicaron el 69% de su salario para comprar una vivienda en 2006
EuropaPress* : "El esfuerzo de los jóvenes para poder comprar una vivienda libre alcanzó el 69% de su salario al cierre de 2006, más de 10 puntos por encima de los niveles alcanzados un año antes y más del doble del nivel recomendado (30%), debido a la progresiva subida de los tipos de interés, que no se vio compensada por la desaceleración de los precios de la vivienda, según la XVII edición del Observatorio Joven de Vivienda en España (Objovi) correspondiente al cuarto trimestre. El informe, editado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), fue presentado este jueves en rueda de prensa por el presidente del CJE, Mario Esteban, el vicepresidente de la organización, José Luis Arroyo, y el sociólogo y autor del trabajo, Joffre López.
Según se desprende del estudio, estos niveles de esfuerzo condicionaron que la tasa de emancipación de los jóvenes se situase al término del pasado año por debajo del 50%, en muchos casos, ante la negativa de las entidades financieras a conceder hipotecas en tales términos.
Esta situación fue aún peor entre los 18 y 24 años, cuyo esfuerzo teórico se eleva hasta el 93,4% de su salario. No obstante, en esta franja de edad la tasa de emancipación cae por debajo del 30%, como en el caso de los trabajadores entre 25 y 29 años, cuyo esfuerzo es del 71,7%, porcentaje que cae hasta el 58,6% entre los 30 y los 34 años. Además, el CJE destacó la relación directa que existe entre la tasa de temporalidad y el esfuerzo salarial. Así, subrayó que el menor esfuerzo salarial se produce entre los colectivos con mayor estabilidad laboral.
Según los datos aportados por el Observatorio, poco más del 35% de los jóvenes entre los 18 y los 24 años cuentan con un empleo indefinido, mientras que el esfuerzo salarial que deben emplear para acceder a una vivienda es superior al 93%. Esta relación se observa también entre los 25 y 29 años (más del 50% y 71,7%, respectivamente), y de los 30 a los 34 años (más del 60% y 58,6%). Además, si se establece una relación entre el salario de una persona joven y el precio medio de una vivienda libre en España de 100 metros cuadrados, se observa, según el informe que los jóvenes han de dedicar el sueldo bruto de 12 años para adquirir una vivienda libre.
Sin embargo, es aún más significativo, según el CJE, que este plazo se haya incrementado en el cuarto trimestre de 2006 respecto al mismo periodo de 2005 en todas las comunidades autónomas, lo que se debe, en su opinión, a que, pese a la desaceleración de los precios de la vivienda (9,1% en 2006), estos siguieron creciendo por encima de los salarios (en torno a un 3% en el mismo año). Además, ante la idea de que comprar de un piso en pareja o con otras personas supone facilita el acceso a una vivienda, el estudio estima que el esfuerzo salarial en el caso de un hogar joven ascendió al 43,2%.
Por otro lado, la recomendación del CJE para aquellos que puedan acceder a una vivienda tipo por falta de presupuesto es optar a viviendas más pequeñas. Así, la superficie máxima a la que podía optar una persona joven en el periodo de referencia sin emplear más del 30% de sus ingresos (límite máximo de endeudamiento asumible), se situó en los 43,4 metros cuadrados, un 17,7% menos que en 2005.
Los mayores esfuerzos, en Madrid, País Vasco y Baleares
Por otro lado, la mayores tasas de emancipación se registraron allí donde los precios son mayores, según el CJE, con la Comunidad de Madrid, el País Vasco e Islas Baleares a la cabeza, donde el esfuerzo se situó por encima del 83% del salario individual, mientras que en el extremo opuesto se situaron, por debajo del 54%, Navarra y Extremadura.
Desde el punto de vista de la superficie máxima tolerable, el CJE alerta nuevamente de los casos de la Comunidad de Madrid, País Vasco e Islas Balares, donde una persona joven sólo podía aspirar a poco más de 35 metros cuadrados. Además, sólo en Extremadura esta superficie superó los 60 metros cuadrados, mientras que ligeramente por debajo de este margen se situaron Navarra y Castilla y León.
Mayor coordinación entre las administraciones
A la vista de estos datos, el CJE consideró que las condiciones de acceso de los jóvenes a la vivienda libre en propiedad son "muy preocupantes y graves", dado que son una claro ejemplo, a su juicio, de "exclusión residencial".
Por ello, instó a que los ejecutivos autonómicos y locales que queden constituidos tras las elecciones del pasado 27 de mayo, adquieran un mayor compromiso para solucionar este problema y tomen medidas de coordinación con el Estado en esta materia, ya que, señalaron, "no puede recaer todo el peso político de la vivienda sobre el Ministerio" dirigido por María Antonia Trujillo.
En este punto, la organización valoró positivamente las iniciativas ministeriales para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de la vivienda, especialmente, el Plan Vivienda Universitaria, si bien, consideró que estas viviendas deberían dirigirse a todos los jóvenes, no sólo a los universitarios.
Asimismo, consideró que, pese a que ha mejorado la ocupación estable de los jóvenes, estos siguen siendo los más castigados por la temporalidad. En este sentido, y tras valorar positivamente la última reforma laboral, consideraron necesario "intervenir" en el mercado de trabajo fomentando las actividades más productivas y otorgando menos protagonismo a aquellas de menor cualificación.
Por otro lado, demandaron un parque público de vivienda en alquiler, y estimaron que la fórmula del alquiler con derecho a compra supone una "trampa", ya que, a largo plazo, implica el posible uso especulativo de las viviendas. En esta misma línea, abogaron por incrementar el tiempo preceptivo previo a la venta de una VPO para establecerlo por encima de los 20 años. Por último, solicitaron establecer un porcentaje obligatorio de reserva del 40% para vivienda protegida en el suelo edificable, frente al 30% que establece la Ley de Suelo, que entrará en vigor a partir del 1 de julio.
* El Confidencial /EuropaPress - Madrid.- - 31/05/2007
Foto: manifestación Vivienda digna
