LEVANTE/Valencia* : Varios centenares de vecinos se concentraron ayer ante el mercado del Cabanyal en contra de los "derribos indiscriminados" y a favor de un "plan de rehabilitación sin destrucción del barrio".
La concentración, que reunió a unas mil personas según las entidades convocantes (Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar, Pavimar y la Plataforma Salven el Cabanyal), transcurrió sin incidentes y los vecinos protestaron con una cacerolada contra lo que consideran "la destrucción del patrimonio de su barrio". Las tres organizaciones vecinales han denunciado que el único propósito del Ayuntamiento es crear solares que actúen como un elemento degradante del barrio, ya que el dinero gastado en las demoliciones para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez se podrían invertir en la rehabilitación..
El vicepresidente de la asociación vecinal Cabanyal-Canyamelar, Vicente Gallard, dijo que con el dinero del ayuntamiento en comprar inmuebles para su derribo, se podrían rehabilitar muchas viviendas.
* Levante-EMV - EFE - 9.11.2008
Foto: protesta. Algunos de los vecinos que piden mantener los edificios. - juan navarro, levante-emv.com
Centenares de vecinos del Cabanyal vuelven a protestar contra los derribos
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9.11.08
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Urbanismo basura
CARLOS F. IRACHETA/Murcia* : En este 8 de noviembre, en que conmemoramos el Día Mundial del Urbanismo y que nos debería servir de jornada de reflexión sobre lo que estamos haciendo con nuestras ciudades, nuestro territorio y nuestro medio ambiente, la Dirección General de Urbanismo celebra su nefasta política urbanística, auspiciada por la no menos nefasta, oportunista y obsoleta Ley del Suelo Regional, con premios a troche y moche, se premia así misma como responsable del planeamiento urbanístico basado en el convenio, del todo urbanizable, de la desregulación, del urbanismo a la carta y del urbanismo basura que propician algunos ayuntamientos...
...entre los que merece especial mención el de Villanueva del Segura, donde se acomete el más ignominioso atentado urbanístico contra el medio natural y el patrimonio histórico del Valle de Ricote, en el paraje conocido como La Morra, morra que naturalmente ya no existe, en su lugar pululan como fantasmas bloques vacíos de cinco pisos. A pesar de estos mimbres, se le premia con una mención especial por «la dirección del proceso de planeamiento, el grado de información y la participación ciudadana», vamos, un modelo a seguir. Ante tamaño despropósito no es de extrañar, que asociaciones ecologistas y proteccionistas de la cultura y la historia del Valle de Ricote, hayan declarado «persona non grata» al consejero responsable, ¡Pepe, vaya un gol que te han metido los chicos de urbanismo!
Acuñamos el término urbanismo basura, por su analogía con las hipotecas basura, ambos representan la falsa panacea del máximo beneficio en el menor tiempo y con el menor riesgo. Productos del neoliberalismo económico que nos invadía y que nos ha llevado a la crisis actual. A pesar de ello, la estulticia de algunos responsables de la patronal murciana no les sirve de aprendizaje, todavía claman por la desregulación, por que la administración no intervenga nada más que para facilitar los créditos, que el mercado lo regule todo, ¡vaya que si lo regula! Que se lo pregunten a los que creyeron en el milagro, miles de ciudadanos que no pueden pagar sus hipotecas y a cientos de empresarios que no pueden devolver los préstamos ni refinanciar las deudas. Parados y arruinados aparte.
Urbanismo basura, convenios basura, planes basura, recalificaciones basura, políticos basura, campo abonado para especuladores basura, hipotecas basura sin más garantías que el cuento de la lechera y la plusvalía. Gigantes con los pies de barro van cayendo víctimas de su codicia y arrogancia. Y todo por culpa del urbanismo basura, del urbanismo que propicia en contra de todo principio de racionalidad que todo el suelo sea urbanizable, urbanizable para el que negocia y trajina convenios urbanísticos que luego no paga si no recoloca o especula los terrenos.
Suelo reclasificado, suelo abandonado, tierra quemada, crisis, convenios no cumplidos, ayuntamientos en ruina por vender la piel del oso antes de cazarlo, comisionistas y especuladores a la gresca, propietarios sin tierra y sin dinero, engañados, estafados, en pie famélica legión.
La riqueza que se prometía se torna quimera, falsas promesas, falsas expectativas que llevan al paro de muchos, a la ruina de algunos y a la desolación del ciudadano impotente ante tamaño desbarajuste del que nadie resulta responsable.
Este es el panorama y para colmo, planes de urbanismo premiados por dar cobertura legal a estas situaciones. Seguimos estando en las mismas manos, aquí no dimite nadie. El urbanismo ha muerto ¡Viva el urbanismo!
* Carlos F. Iracheta es arquitecto.
* Vegamedia Press - Opinión - 8.11.2008
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Chiclana: La Guardia Civil practica nueve detenciones más de Obra Nueva
DIARIODECÁDIZ* : El Equipo contra la Delincuencia Urbanística (Edu) de la Guardia Civil se halla inmerso en una nueva operación contra la falsificación de certificados de obra nueva que, hasta el mediodía de ayer, había deparado nueve detenciones más, informaron a este diario desde la Comandancia de Cádiz.
Esta nueva andanada contra el urbanismo ilegal en la localidad chiclanera continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones en las próximas horas. Y es éste precisamente el motivo que ha sido aducido desde el Cuerpo para no dar de momento más detalles que puedan entorpecer el cierre de la operación.
Con estas nuevas detenciones, se sitúan ya en medio centenar el número de implicados en Chiclana en casos fraudulentos de obra nueva.
Fue en el verano de 2007 cuando se realizó la primera operación, con la que se desmanteló, según la Guardia Civil, una extensa red dedicada a la regularización de viviendas ilegales en Chiclana mediante el certificado de un técnico que acreditaba una antigüedad suficiente en las construcciones para la prescripción de la irregularidad (que vence a los cuatro años) y que, al tiempo, permitía a los titulares la solicitud de un préstamo hipotecario tras la fraudulenta inscripción en el Registro de la Propiedad.
Cayeron entonces un abogado, arquitectos, peritos tasadores, y promotores. A ellos se les sumó después incluso un director de un banco, situándose el número de implicados en una treintena. Porque en la que fue la primera operación confluía además un delito de estafa de enormes proporciones, con cerca de 200 hipotecas falsas firmadas.
En junio de este año, en otra operación, fueron detenidas seis personas e imputadas tres más, que subieron la cifra a los 40. Con estos últimos, ya vamos por 50.
* Diario de Cádiz - R.R. - 8.11.2008
Foto: Chiclana (Cádiz), zona trama Obra Nueva - diariodecadiz.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Pego venderá patrimonio para pagar un millón por deudas del ex alcalde
INFORMACIÓN/Alicante* : El tripartito de Pego (Ciutadans de Pego, PSPV y Bloc) aprobó ayer en un pleno extraordinario hacer frente al pago de cerca de un millón de euros que exigen dos sentencias judiciales por la gestión llevada a cabo por el ex alcalde, Carlos Pascual.
Sin embargo, la difícil situación por la que atraviesan las arcas municipales obligará al consistorio a "vender patrimonio porque no tenemos margen de maniobra para endeudarnos durante este mandato", afirmó el alcalde y edil de Hacienda, Carmelo Ortolà. "Con un préstamo no podemos cubrir el 100% de la cuantía y pediremos de manera urgente al juez un plan de financiamiento", explicó el independiente. Como ya se adelantó esta semana, el Ayuntamiento tiene dos meses de tiempo (el plazo acaba el 23 de diciembre) para pagar 400.000 euros más los intereses acumulados a la empresa Ruzafa S. L. por trabajos llevados a cabo en el Marjal por el gobierno de Pascual. Unas obras que se llevaron a cabo "sin expediente de contratación, sin consignación presupuestaria ni memoria valorada".
Por este motivo, el tripartito anunció ayer acciones legales contra el gobierno de Pascual al considerar que, "presuntamente, se pudo incurrir en un delito de incumplimiento de la ley de contratos y en malversación de fondos públicos". El alcalde mostró las 14 facturas presentadas por Ruzafa S. L. una semana antes de que Ortolà tomara posesión de su cargo de alcalde (2003) y en las que "viene la firma de Carlos Pascual, un funcionario municipal que no tiene nada que ver con el Marjal y con el informe técnico de un biólogo que nada tiene que decir sobre pagos".
Además, el primer edil aseguró que, posteriormente, se han limpiado canales "y no le ha costado al ayuntamiento 67 millones de las antiguas pesetas" por lo que "dudo de que ese dinero se destinara íntegramente a ese concepto".
Por otra parte, el ayuntamiento y, en consecuencia todos los pegolinos, también asumirá otro fallo judicial que anula el proyecto de reparcelación del sector 1 (conocido como el del cementerio) y obliga a costear al pueblo una serie de infraestructuras incluidas, en su día, en el plan urbanístico. "La sentencia obliga a sacar del PAI cinco casas, una nave, dos pequeños almacenes y una red de alcantarillado procedente del plan urbanístico del Pujol", aclaró la edil del PSPV, Ana Aparisi. Todo supone económicamente para Pego 449.692 euros.
* Información - MARÍA JOSÉ MASCARELL PASTOR - 8.11.2008
Foto: Imagen de obras llevadas a cabo en la zona que alberga el plan urbanístico del sector 1 - tino calvo, diarioinformacion.com
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Campamento: Veinte años en punto muerto
ELPAÍS/Madrid* : Va para veinte años desde que el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, vislumbrara lo que denominó la "Castellana del Sur", un gran bulevar que uniría el barrio de Aluche con Alcorcón, tras demoler los cuarteles de Campamento.
Dos décadas después, el proyecto sigue ahí, embarrancado en los despachos. En uno u otro momento, un sinfín de responsables políticos de todas las administraciones implicadas no ha dudado en alentar su puesta en marcha, pero lo cierto es que los avances han sido mínimos.
Al margen de protocolos y convenios suscritos y las previsiones sin base alguna realizadas acerca del inicio de este desarrollo, la única realidad sobre la mesa pasa por las dos actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de Defensa. Tres contratos adjudicados a Construcciones Arribas Gozalo, por un total de 2,58 millones de euros, para demoler nueve instalaciones militares y la presentación de un plan parcial para acometer la primera fase de la denominada Operación Campamento, documento que fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Madrid hace justo dos años.
A partir de aquí, palabras y más palabras. El pasado mes de junio, durante el debate del Estado de la Ciudad, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguraba "que podría haber noticias sobre esta operación en poco tiempo", y la nueva titular del Ministerio de Vivienda, Beatriz Corredor, como sus dos antecesoras en el cargo, María Antonia Trujillo y Carme Chacón, viene insistiendo, cada vez que tiene oportunidad, sobre la necesidad de desbloquear en los próximos meses. Y poco más.
Lo único cierto que, sin poner un ladrillo ha sucedido en estos veinte años, han sido las sucesivas modificaciones relativas para aumentos de edificabilidad. Muy lejos han quedado ya aquellas 3.500 viviendas contempladas en 1993 durante la elaboración del vigente plan general. En 1995, el proyecto hacía ya referencia a la construcción de 16.270 viviendas, y en 1997, cuando ese plan quedó definitivamente aprobado, el número de pisos a construir quedó cuantificado en 18.371. No paró ahí la cosa. El último dato conocido, el derivado del convenio suscrito en noviembre de 2005 entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Madrid, y plasmado posteriormente en el plan presentado por Defensa, fija en 22.100 las viviendas a construir, 10.700 en la primera fase. A partir de aquí, lo dicho. Demoliciones pausadas de los cuarteles -quedan varias instalaciones pendientes de derribo- y un plan parcial que no verá la luz definitiva hasta que el Ayuntamiento estudie toda la documentación requerida a Defensa -iban a ser tres o cuatro meses y ya llevan dos años-. Cuando lo haga, y antes de que pueda iniciarse la construcción de viviendas, habría que urbanizar los terrenos, proceder a su reparcelación y constituir la junta de compensación entre los definitivos propietarios.
Cuestión no precisamente baladí en este caso, pues hablamos de reordenar 2,11 millones de metros cuadrados a ambos lados de la autovía de Extremadura (A-5), desde su cruce con la avenida de los Poblados y hasta la colonia militar de Cuatro Vientos, cuyo coste inicialmente estimado rondaba los 620 millones de euros, a financiar a partes iguales entre el Ayuntamiento y los propietarios finales de los terrenos que sean adquiridos al Ministerio de Defensa. De momento, para el próximo año, ninguna de las administraciones tiene previsto invertir ni un euro en esta actuación.
De Angoso a Opecam
Mientras tanto, muchos de los vecinos más jóvenes de los barrios y municipios aledaños siguen teniendo en esta actuación la esperanza de contar con una vivienda a precio asequible, aunque de momento no existe posibilidad alguna de que alguien disponga de terrenos para levantarlas, mientras que el Ministerio de Defensa, propietario de los mismos, no los otorgue a la Comunidad de Madrid -existe un protocolo firmado para que el Gobierno regional obtenga, por 33,6 millones de euros, suelo para 2.000 pisos del Plan Joven-, a promotores privados y a las sociedades cooperativas que pudieran estar interesadas.
A pesar de esta circunstancia, han sido varias las iniciativas llevadas a cabo en los últimos años. Desde aquella que hace una década promovió Tomás Gonzalo Angoso, funcionario jubilado de 75 años y presidente de la cooperativa Río Duero, que llegó a cobrar 10.000 pesetas de entonces a medio millar de familias por un supuesto derecho de inscripción para optar a pisos en el futuro desarrollo, a esa otra de hace cuatro años en la que la Asociación de Vecinos Las Águilas confeccionó un listado al que se apuntaron 4.000 posibles demandantes.
La última, la de la Asociación Opecam, presidida por Jesús María Álvarez Plaza -director general del despacho de abogados Vila & Asociados-, a la que se han inscrito de forma gratuita y a través de Internet unos 10.000 vecinos. De momento, los asociados no se han constituido en cooperativa. Pretenden obtener el máximo número de viviendas posibles para los vecinos de las zonas limítrofes con el desarrollo de la Operación Campamento.
En el año que lleva funcionando, los responsables de Opecam han mantenido contactos con ejecutivos de Defensa para hacerles llegar su reivindicación de que la adjudicación de los terrenos se haga a compañías de acreditada solvencia y que se limiten los plazos para ejecutar las obras. A través del despacho de abogados, Opecam ofrece también asesoría respecto a los posibles derechos de reversión a que hubiera lugar de aquellas personas cuyos bienes fueron en su día expropiados o cedieron suelo para los cuarteles.
Nueva zona residencial
La Medina, una zona degradada del distrito de Latina, entre la A-5, la avenida de la Aviación y la línea C-5 de Cercanías, va a cambiar su imagen.
La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) está promoviendo la transformación de este ámbito de 70.866 metros cuadrados ocupado durante años por una treintena de infraviviendas, cuyas familias han sido realojadas.
En su lugar se ha proyectado una nueva zona residencial con una edificabilidad de 51.941 metros (el 10% para el Ayuntamiento de Madrid) para la construcción de unos 650 pisos. Además de las viviendas, la transformación contempla reordenar el ámbito con 12.260 metros cuadrados de zonas verdes, un nuevo equipamiento de 3.600 metros cuadrados y un intercambiador de transportes aprovechando la estación de Cuatro Vientos.
De momento, ya se han aprobado definitivamente las bases y estatutos de la Junta de Compensación que gestionará este ámbito. También se fija el mantenimiento de la actividad de un concesionario de automóviles.
* ELPAIS.com - JUAN CARLOS MARTÍNEZ 07/11/2008
Foto: Viviendas junto a la calle Adonis en Campamento.- MANUEL ESCALERA, elpais.com
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Tema: NOTICIAS Madrid
Son Oms: El fiscal imputa a Vicens delitos penados con hasta 19 años
DIARIODEMALLORCA* : Anticorrupción reclama la prisión para el parlamentario, o subsidiariamente, cárcel eludible con 800.000 euros de fianza. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) Antoni Capó aplazó ayer hasta el martes su decisión respecto a la solicitud de la fiscalía anticorrupción de decretar prisión preventiva para el diputado autonómico (suspendido en militancia en Unió Mallorquina) Bartomeu Vicens.
El parlamentario es el principal encausado en el caso Son Oms, una presunta trama de corrupción en torno al polígono industrial del mismo nombre, y el fiscal planteó como alternativa al juez la cárcel eludible con una fianza de 800.000 euros.
La vistilla sobre la situación de Vicens se hizo en la sala del jurado del TSJB y duró una hora. El hoy parlamentario del grupo mixto salió de la sala con aspecto de honda preocupación, pero tanto a su entrada, como a la salida del Palacio de Justicia se mostró más tranquilo.
El fiscal anticorrupción Juan Carrau pidió la prisión preventiva para Vicens, del que destacó su temor a que huya de Mallorca ante las graves penas a las que puede enfrentarse. Así el ministerio público adelantó que piensa imputar al también abogado y empresario los siguientes delitos: continuado de falsificación de documento mercantil; blanqueo de capitales; contra la Hacienda Pública; y estafa continuada.
El cohecho sin concretar
Carrau mencionó un quinto delito, el cohecho, o posible cobro de comisiones, pero apostilló que de momento esta línea de investigación no ha concluido y se reserva su postura acusatoria para más adelante.
Según Carrau, Vicens podría ser condenado hasta con 19 años de cárcel por los cuatro primeros delitos, lo que acentúa el peligro de fuga.
La fiscalía también destacó que Bartomeu Vicens cuenta con medios económicos suficientes para iniciar una nueva vida en el extranjero y mencionó la existencia de un depósito en el paraíso fiscal de las islas Caimán y un importante tráfico de divisas detectado en un bufete de abogados salpicado con la trama y relacionado con el imputado.
Carrau también mencionó la existencia de una caja fuerte en un banco a nombre de Vicens o de su empresa tapadera Metalumba, como un indicio del potencial económico oculto del encausado.
Por contra, los abogados de Vicens, Eduardo Valdivia y Jaume Campaner, reclamaron la libertad sin fianza de su representado y trataron de rebatir las tesis del fiscal.
La defensa destacó que la supuesta cuenta en Las Caimán no era tal, sino, como ya se alegó ante el anterior juez instructor, Juan Ignacio Lope Sola, fue una inversión del matrimonio Vicens en acciones de Repsol, que luego fueron vendidas.
Los abogados también resaltaron el arraigo familiar del imputado y subrayaron que no existe el menor riesgo de que aquel escape a la acción de la Justicia.
La condición de letrado mallorquín y de miembro del Parlament también fue exhibida por los abogados para reforzar sus tesis. "Vicens no ha faltado ni un día a las sesiones del Parlament, salvo el pasado 23 de octubre en que fue citado judicialmente (por el caso Son Oms", argüyeron Valdivia y Campaner.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA - 8.11.2008
Foto: Palma, polígono Son Oms - diariodemallorca.es
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Tema: NOTICIAS Baleares
El TSJC cataloga de zona verde dos fincas del Gótic recalificadas como habitables
LAVANGUARDIA/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha catalogado como zona verde dos fincas situadas en el sur del Barri Gòtic de la capital catalana que el Ayuntamiento de Barcelona recalificó en el año 2003 como suelo habitable.
En la sentencia, la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC estima el recurso presentado por una entidad vecinal del Barrio Gótico contra una resolución de la Subcomisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona del año 2003 que recalificaba el suelo correspondiente a dos fincas de la calle Nou de Sant Francesc.
Según el acuerdo municipal, esas fincas pasaron a estar afectadas por un plan de conservación del centro histórico, cuando en un proyecto urbanístico anterior, de febrero de 2001, habían sido catalogadas como zona verde.
Los demandantes solicitaban que se preservara esa área como zona verde por considerar que la conservación de los inmuebles sería incoherente con la realidad del barrio, "necesitado de esponjamiento constructivo que permita la mayor ventilación y llegada de luz solar y la mejoras de las condiciones del tráfico", según la sentencia.
El ayuntamiento alegó que esa pérdida de zonas verdes quedaba compensada por el parque previsto en el entorno del antiguo Mercado del Carmen.
No obstante, la sentencia considera que "en modo alguno puede concluirse que la funcionalidad de la zona verde suprimida en el sector Gótico sur se verá compensada para sus habitantes por la mayor prevista en el entorno del Mercado del Carmen", al tratarse de dos sectores alejados, separados por las Ramblas, y con características constructivas y sociales distintas.
También se argumentó en la demanda que en el casco antiguo de Barcelona es imposible cumplir las proporciones de espacios verdes por suelo que prevé la ley para los sectores de nueva creación.
En ese sentido, el TSJC añade que "no pueden aprobarse operaciones urbanísticas que conlleven una reducción aún mayor de los estándares adoptados por la normativa vigente".
"Una cosa es lo hecho conforme a los criterios de otras épocas y otra que si se incide sobre el mismo ámbito no puede actuarse alejando aún más los resultados de lo finalmente querido por la ley", puntualiza el alto tribunal catalán.
* La Vanguardia - EFE - 5.11.2008
Foto: Barcelona, plaza_del_rey - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Moratoria para las Hipotecas Subprime españolas: La banca siempre gana!
VDEVIVIENDA* : Ayer el gobierno anunció una moratoria de dos años para las familias “en apuros” que hayan suscrito una hipoteca inferior a 170.000 euros. Esta nueva medida puede reducir hasta un 50% la cuota mensual en el pago de la hipoteca durante los próximos dos años. El 50% restante será aplazado con el aval del ICO y deberá ser devuelto prorrateado tras los dos años de moratoria. Desde VdeVivienda queremos denunciar que...
En primer lugar, esta medida deja fuera a las familias de menores ingresos que en los últimos años habían suscrito hipotecas por el 100% del valor del piso; una cantidad, como es sabido, muy superior a los 170.000 euros, especialmente en ciudades como Madrid y Barcelona. Y esto significa que muchas de las familias con más dificultades quedarán excluidas de la moratoria.
En segundo lugar, esta moratoria no supone en ningún caso una reducción de la deuda pendiente. Sino que significa un balón de oxígeno con vencimiento a dos años, para luego volver a ahogar a las familias con una deuda todavía más asfixiante. Pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, tomemos como ejemplo una cuota mensual actual de 1000 euros. Con la moratoria, la persona en paro pasaría a pagar 500 euros al mes durante dos años, pero finalizado este plazo pasaría a pagar de nuevo 1000 euros, más las cantidades aplazadas prorrateadas durante los siguientes diez años (unos 97 euros al mes), más los intereses de esas cantidades aplazadas. Así, si bien es cierto que esta medida puede suponer una ayuda puntual en ciertos casos, en ningún caso resuelve el problema de las centenares de miles de subprime españolas, ya que la moratoria se reduce a una burda refinanciación de la deuda, cuyo resultado último es que el banco cobrará aún más por la hipoteca.
En tercer lugar este aplazamiento de las cuotas se hará avalado por el ICO. Esto sólo significa que, tras los dos años de moratoria, si la persona no puede hacer frente al pago de la hipoteca, el Estado, con dinero público, garantiza al banco el cobro de las cantidades aplazadas. Esta nueva maniobra política, más que estar pensada para aligerar la carga hipotecaria de las familias, es un mecanismo pensado sobre todo para aligerar la cuenta de provisiones de los bancos y atajar de inmediato el incremento de la morosidad que amenaza con recortar sus astronómicos beneficios. Lo que realmente se persigue es sostener y reflotar la industria del ladrillo, haciendo que la gente pueda pagar como sea las hipotecas de unos pisos sobrevalorados, manteniendo así el negocio de la banca y los precios desorbitados de la vivienda.
No podemos sino concluir que las supuestas ayudas a los ciudadanos encubren una vez más la asistencia del Estado al sector bancario.Y todo ello después de haber anunciado una inyección de 50.000 millones de euros a la banca a costa del erario público y 100.000 millones para avalar la deuda de las entidades financieras, sin condición alguna más que reanimar la concesión de créditos (para que la banca siga ganando aún más dinero). Acciones que por otro lado sólo pretenden seguir alimentando la burbuja finaciera y que suponen la paradoja de entregar recursos a aquellos cuyas recetas nos han llevado a la crisis. Algo parecido a poner la zorra a guardar las gallinas
Si una hipoteca es un contrato firmado libremente por dos partes, ¿por qué España es de los pocos países del mundo en el que el banco siempre gana, imponiendo cláusulas abusivas y sin asumir la parte de riesgo que le corresponde? Incluso en EEUU, cuando alguien no puede pagar la hipoteca, puede devolver las llaves al banco y liquidar así su deuda: ¿por qué en España el banco puede subastar el piso por un precio inferior al de la deuda, desahuciar a la familia que no puede afrontar el pago, y encima seguir cobrando a esta familia la deuda restante? ¿Por qué no se regula de una vez el mercado hipotecario para que esto no vuelva a pasar nunca más? ¿Por qué no se obliga a la banca a renegociar la deuda y renunciar a parte de sus intereses? ¿Por qué no hacer asumir a los bancos la crisis que ellos mismos han creado concediendo hipotecas impagables?
VdeVivienda considera inaceptable que el gobierno insista en proponer medidas y ayudas que benefician al sector inmobiliario y a la banca. Y sobre todo VdeVivienda exige cambiar de una vez por todas este modelo basado en hacer de las necesidades y derechos fundamentales un negocio. Un modelo que, no lo olvidemos, nos ha llevado a la crisis actual. Por ello VdeVivienda se sumará a la convocatoria que, bajo el lema “que la crisis la que paguen los bancos”, se ha convocado para el próximo 15 de noviembre a las 17h en las principales plazas de todas las ciudades del estado español. En Barcelona, nos vemos en plaza Catalunya!
* bcn.vdevivienda.net
* Kaos en la Red - V de Vivienda - 7.11.2008
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA , COLABORACIONES
Los concellos carecen de suelo para vivienda pública por falta de PGOM
LAVOZ/A Coruña* : Solo cinco ayuntamientos de la Costa da Morte tienen planes generales de ordenación municipal en vigor, pero ninguno está adaptado a la Ley 9/2002, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. Una de las consecuencias de esta situación es la ausencia generalizada de suelo para pisos protegidos.
La Consellería de Vivenda e Solo asegura que los planeamientos urbanísticos municipales «non contemplan», por norma general, reservas de suelo para vivienda de promoción pública, por lo que los ayuntamientos son incapaces de dar respuesta a las necesidades a corto y medio plazo.
De hecho, un estudio del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) revela que las Administraciones locales han sido incapaces de desarrollar los suelos urbanizables, lo que implica no solo que no hay terreno para vivienda pública, sino tampoco para equipamientos.
La situación no es específica de la comarca -solo 22 de los 315 concellos gallegos han actualizado sus planeamientos-, pero afecta a todos los municipios de la Costa da Morte. De hecho, la falta de suelo específico para vivienda protegida ha sido uno de los argumentos de la consellería para elaborar el Plan Sectorial de Solo Residencial. Por una parte se trata «de resolver as insuficiencias» de los planeamientos y la «incapacidade» de los concellos para solucionar esa carencia, debida en parte, como reconoce el departamento de Teresa Táboas, a la inestabilidad de la legislación urbanística en los últimos veinte años, en los que se han elaborado nueve normas de ámbito estatal y autonómico, de manera que los ayuntamientos no solo no han podido adaptarse a la legislación vigente en cada momento, sino que, en algunos casos, el planeamiento vigente se ha hecho inaplicable.
Procedimientos
A la falta de adecuación se añade el problema añadido de la anulación de planes generales de ordenación por parte de la justicia, como ha ocurrido en Carballo, donde sigue pendiente la resolución del Tribunal Supremo, al tiempo que el Concello está en pleno proceso de elaboración de un nuevo documento adaptado ya a la Ley 9/2002.
Procedimientos similares han iniciado también los ayuntamientos de Ponteceso y Coristanco, que también figuran en la reducida lista de municipios de la Costa da Morte con PGOM. En el caso de Zas, aunque el plan está redactado e incluso fue aprobado de forma inicial por la corporación, no ha entrado en vigor, pues «por diversas cuestións non se encontra definitivamente aprobado ou ben varios ámbitos están en suspensión», explican desde la consellería.
* La Voz de Galicia - 7.11.2008
Foto: Carballo (A Coruña) - Luis M. Bugallo Sánchez, wikipedia.org
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7.11.08
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Tema: NOTICIAS Galicia
Inhabilitan por 7 años al ex alcalde de Montserrat
LEVANTE* : La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado al ex alcalde de Montserrat, Josep Maria Mas, actual portavoz de la coalición Gent d'Esquerres en el Ayuntamiento de Montserrat y presidente de la Mancomunitat de la Vall dels Alcalans, a 7 años de inhabilitación para ejercer cargo público y a pagar una sanción de 1.800 euros por conceder una licencia de obra en contra del informe de los técnicos municipales para realizar una reforma en una nave ubicada en suelo rústico de la que era titular la ex concejala Vicenta Ortega, compañera de partido de Mas y miembro del equipo de gobierno municipal durante la pasada legislatura.
El concejal del partido independiente Aigua, Joan Garcia Perales -ahora primer teniente de alcalde en el equipo de gobierno formado junto con el PP-, fue quien denunció al ex alcalde, así como a su entonces compañera de gobierno, la edila Vicenta Ortega, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Según Garcia, Mas actuó en contra de la normativa urbanística al autorizar una reforma presupuestada en 4.800 euros en el interior de la nave industrial.
También culpó a Mas de permitir el desarrollo de una actividad calificada en la nave y de prorrogar la actividad -que carecía de declaración de interés comunitario, a pesar de que el negocio está en marcha desde 1979, y durante todo ese tiempo ha contado con licencia de actividad-.
En mayo de 2007, el juzgado de instrucción número 1 de Picassent acordó sobreseer la causa por tráfico de influencias contra la ex concejala Ortega, pero trasladó al Ministerio Fiscal las diligencias previas seguidas contra Mas por presunta prevaricación.
El miércoles por la noche, Mas dio a conocer el contenido de la sentencia a sus compañeros de partido. La inhabilitación de Mas deja descabezada a esta coalición -que aglutina a militantes del PSPV-PSOE, de Esquerra Unida y de Los Verdes, y que Josep Maria Mas ha liderado durante una década- y plantea a Gent d'Esquerres el problema de su sustitución al frente de la agrupación municipal, como secretario de la agrupación de electores y, también, como presidente de la Mancomunitat de la Vall dels Alcalans, un cargo que durante esta legislatura debe ostentar la coalición de izquierdas de Montserrat de acuerdo con el pacto alcanzado por la mayoría de izquierdas de la corporación comarcal, que está formada por los municipios de Montserrat, Montroy y Real.
El ex alcalde comunicó ayer a Levante-EMV que mañana por la mañana presentará su dimisión ante el Ayuntamiento de Montserrat.
* Levante-EMV - Teresa Juan-Mompó - 7.11.2008
Foto: Montserrat (Valencia) - lasprovincias.es
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7.11.08
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Una diputada 'verde' danesa pide castigar a España
ELPAÍS* : Margrete Auken, la verde danesa que elabora un informe sobre cómo la urbanización salvaje en la costa afecta a los derechos de los europeos residentes en España, considera que si no hay una rectificación de las autoridades, España debería ser sometida al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Ese artículo priva de algunos derechos a los Estados que violan los fundamentales de los ciudadanos.
La medida sugerida por Auken es el equivalente a una bomba nuclear política y sólo se ha sugerido emplear una sanción semejante en la UE en 2000, cuando el ultranacionalista austriaco Jörg Haider entró a formar parte del Gobierno de su país. La ecologista danesa se dejó ayer llevar por la pasión al comparecer ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para ofrecer un intercambio de puntos de vista sobre el informe que prepara a propósito del impacto que la urbanización extensiva en España tiene sobre los derechos de los residentes europeos el país.
La propuesta era tan desaforada que ni siquiera mereció el comentario de sus otros colegas, indignados, en especial el popular José Manuel García-Margallo, con el enfoque de la situación como si España fuera una república bananera. "España se presenta como el chivo expiatorio, pero no es cierto", alegó la diputada, "hay que pagar por los daños y perjuicios causados cuando no se respetan derechos".
Aunque en otros momentos Auken moderó el tono, García-Margallo reclamó la comparecencia ante la Comisión de Peticiones de algún representante del Gobierno español que explique cómo y por qué la situación en España es tal que muchos ciudadanos europeos sienten violados sus derechos, en este caso por expropiaciones u operaciones urbanísticas de dudosa legalidad.
Auken celebró la idea, aunque señaló que no pretendía inmiscuirse en enfrentamientos partidistas españoles, que en ocasiones alcanzan en la Comisión de Peticiones extremada virulencia verbal.
Esa comisión de la Eurocámara nació con la idea de socorrer moralmente a quienes se sienten atropellados por la violación de las normas comunitarias que deben protegerles. Sus informes o decisiones no tienen carácter normativo, pero esa impotencia de fondo se compensa con una gran exposición mediática que con frecuencia obliga a los Gobiernos a actuar ante el aguijoneo de ese Pepito Grillo comunitario.
* ELPAIS.com - R. M. DE RITUERTO - Bruselas - 07/11/2008
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
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7.11.08
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
El PE seguirá estudiando el urbanismo de Torrelodones por posibles infracciones
TERRA/Madrid* : El Parlamento Europeo (PE) decidió hoy seguir estudiando posibles irregularidades en la recalificación de 128 hectáreas de suelo especialmente protegido en el municipio de Torrelodones (Madrid), donde el Ayuntamiento, gobernado por el PP, pretende construir viviendas, oficinas y un campo de golf.
A pesar de la petición de los eurodiputados del Partido Popular para cerrar el caso, el presidente de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, el polaco Martin Libicki, decidió mantener abierto el expediente a la espera de más información por parte de la Comisión Europea (CE), que está investigando la situación.
El Ejecutivo comunitario, según explicó hoy una portavoz, ha estudiado las evidencias presentadas en los últimos meses por la asociación ecologista TorreNat y ha llegado a la conclusión de que la recalificación podría afectar a la zona protegida de la Cuenca Alta del Manzanares, a pesar de que anteriormente no había apreciado ninguna posible infracción.
Bruselas ha solicitado a las autoridades españolas que verifiquen si se ha aplicado correctamente la legislación comunitaria en este caso y se encuentra a la espera de una respuesta.
Con esta información, Libicki aseguró que el PE 'no tiene otra alternativa que mantener abierta la petición' hasta que la CE acabe sus investigaciones.
Varios eurodiputados del Partido Popular Europeo (PPE) insistieron al presidente de la comisión parlamentaria sobre la necesidad de cerrar este expediente, abierto desde 2006, una opción rechazada tajantemente por Libicki.
'Estamos ante un uso abusivo de esta comisión, que no debe ser campo de batallas entre partidos políticos', aseguró Ignacio Salafranca (PP), que acusó al PSOE de tratar de 'dilatar' este caso en las instituciones europeas.
El alcalde de Torrelodones, Carlos Galbeño (PP), que intervino hoy en la sesión parlamentaria, defendió que la gestión municipal respeta todas las normas, insistió en que en el caso Area Homogénea Norte no se ha producido ninguna recalificación del suelo y aseguró que el único interés de los socialistas es atacar a su partido.
En nombre del PSOE, el eurodiputado Carlos Carnero defendió mantener la investigación abierta tal y como ha hecho la CE y recordó que los ecologistas han presentado informes científicos que avalan la necesidad de proteger la zona.
TorreNat presentó hoy a los eurodiputados varios documentos elaborados por diferentes departamentos de la Universidad Autónoma de Madrid, de la de Alcalá de Henares, del Colegio Oficial de Biólogos de la CAM y del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC).
El proyecto de urbanización se encuentra actualmente en trámite de informe previo en la Comunidad de Madrid, que debe analizar que el plan respeta la legislación en materia medioambiental.
Aunque no las debatió hoy en profundidad, la comisión de Peticiones del PE decidió mantener abiertas las denuncias que afectan a otros cuatro municipios madrileños -Rascafría, Moralzarzal, Galapagar y Las Rozas- presentadas en paralelo a la de Torrelodones.
* Terra Actualidad - EFE - 6.11.2008
Foto: Torrelodones (Madrid), ayuntamiento - eleconomista.es
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7.11.08
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Valencia: Un juez investiga sobornos a funcionarios autonómicos para obtener recalificaciones
ABC* : El movimiento especulativo que rodeó a la zona boscosa de La Vallesa (Valencia), antes de ser declarada Parque Natural ha terminado en los tribunales. Un juez de la capital del Turia investiga el pago de comisiones ilegales a funcionarios adscritos a la entonces denominada Conselleria de Territorio y Vivienda -actual Conselleria de Medio Ambiente Urbanismo, Agua y Vivienda- a cambio de recalificaciones en este espacio protegido sometido en los últimos años a una gran presión urbanística.
Ya hay cinco imputados.
La Vallesa es una de las tres zonas boscosas que integran el Parque Natural del Turia. Es la más extensa y la más valiosa de este paraje, localizado a apenas 12 kilómetros de Valencia.
Los cinco hermanos Gómez-Trenor-Aguilar, emparentados con el conde de Trénor, son propietarios de más de 452 hectáreas, lo que representa cerca del 50% de la superficie y han interpuesto al menos cinco recursos ante el Tribunal Superior de Justicia contra los decretos del Consell por los que se aprobó el Parque Natural del Turia y el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del mismo. El Alto Tribunal desestimó un recurso pero aún no ha resuelto los demás.
Los presuntos sobornos ahora investigados se remontan al año 2005. Meses después, ya en 2006, trascendió el proyecto de la Generalitat para proteger La Vallesa: el plan del Consell pasaba por convertir el 60 por ciento de la superficie forestal en suelo urbanizable. Se recalificaba la mitad de la superficie, unas 330 hectáreas, con objeto de compensar a los propietarios, que cederían la otra mitad del terreno para que fuera público. De esta forma, la Administración se haría con un bosque de 3,5 millones de metros cuadrados en el centro de La Vallesa, situada en el término de Paterna, aunque la protección se extendía a otras zonas.
La fuerte oposición de los municipios afectados -de muy distinto signo político-, de los vecinos, asociaciones y ecologistas abortó el proyecto de la Generalitat. La Conselleria dio marcha atrás; en abril de 2006 renunció a recalificar La Vallesa y eligió extender la protección a todo el territorio. Se apostó entonces por una fórmula nueva para la adquisición de los terrenos: los constructores beneficiados con planes urbanísticos o recalificaciones en otras zonas, deberían adquirir suelo del parque y donarlo a la Administración. En 2007 nació el Parque Nacional del Turia, integrado por tres zonas boscosas: La Vallesa, La Cañada y La Pea.
«Cantidades sustanciosas»
La investigación judicial se centra en la fase previa, cuando el proyecto se estaba tramitando y contemplaba recalificaciones. El instructor investiga los pagos que habrían recibido determinados funcionarios por parte de algunos empresarios para modificar la reserva de suelo y el porcentaje de edificabilidad que la Administración pretendía asignar a la superficie urbanizable.
La causa se inició hace meses y, según fuentes de la investigación, hay cinco personas imputadas por un presunto delito de cohecho. Son «la parte activa del cohecho». Querían una normativa que les permitiera construir hoteles en este paraje, considerado el pulmón verde de Valencia.
A principios del pasado mes de mayo, dos de esos empresarios fueron detenidos por la Policía. Tras prestar declaración durante toda la tarde en el juzgado de guardia -el mismo que ya instruía la investigación con anterioridad- fueron puesto en libertad con cargos.
Los sobornos por el caso de La Vallesa no son, según fuentes judiciales, un hecho aislado entre los funcionarios del departamento. Las diligencias practicadas en el marco de esta investigación han sacado a la luz otros pagos a empleados públicos del área. Tanto la Agencia Tributaria como la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional -UDEF- han detectado movimientos de dinero relacionados con la tramitación de otros proyectos urbanísticos que nada tienen que ver con La Vallesa y con las cinco personas imputadas. Habrían percibido, según los datos de los investigadores, «cantidades sustanciosas». Las presuntas irregularidades salpican a funcionarios de distintos niveles y, según fuentes del caso, estarían disociados de la esfera política de la Conselleria si bien en áreas de cierta responsabilidad. Hasta la fecha, ha prestado declaración el que fuera director general de Ordenación y Planificación del Territorio en 2005. Compareció ante el juez instructor en calidad de testigo.
Casos puntuales
En un primer momento, se pensó en la existencia de una trama organizada de cobro de comisiones ilegales a cambio de favores administrativos, hipótesis finalmente descartada. La investigación en esos otros casos se centra en empresarios de Alicante y Castellón, que también habrían pagado para doblegar la voluntad de los funcionarios y conseguir de ellos recalificaciones de terrenos y agilidad en la tramitación de las licencias de sus proyectos. La aparente falta de conexión entre unos casos y otros ha abierto la puerta a que la investigación se desmembre y se instruya por juzgados distintos.
Las diligencias se han llevado con sumo sigilo para evitar la destrucción de pruebas. El caso ha estado declarado secreto de sumario hasta hace muy pocos días, cuando el juez resolvió levantar esta cautela.
* ABC - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 3.11.2008
Foto: Los principales propietarios del bosque de La Vallesa, la «joya» del Parque Natural del Turia, son los Trénor, que pleitean contra el Consell en el TSJ - IRENE MARSILLA, abc.es
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7.11.08
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15-N: Su crisis que la paguen ellos
CANALSOLIDARIO* : Un nuevo e-mail pasa de buzón en buzón convocando concentraciones contra el tratamiento que los líderes políticos están dando a la crisis. La cita en diferentes ciudades del Estado es el 15 de noviembre, coincidiendo con la cumbre internacional de líderes mundiales del G20 para discutir una reforma del sistema financiero mundial.
Parte del texto que circula en la Red es el siguiente:
¡Salvar de la crisis a los bancos de Estados Unidos ha costado 700.000 millones de dólares! Cinco veces más de lo que aprobó la ONU para alcanzar los Objetivos del Milenio. Y las ayudas europeas son aún mayores. ¡Es una vergüenza!
En el Estado español el gobierno le da 100.000 millones de euros a los mismos bancos que están desahuciando a muchas familias por no poder pagar la hipoteca.
Hace meses miles de personas salimos a la calle por una vivienda digna y ya advertíamos del peligro de la burbuja inmobiliaria. Ahora que ha estallado, ¿la vamos a pagar nosotros?
Durante años se han forrado y ahora anuncian despidos, recortes salariales, cierres de empresas, “aparcar” el protocolo de Kioto, etc.
Privatizan los beneficios y socializan las pérdidas. ¿Se creen que somos tontos? ¿Lo vamos a permitir? ¡Claro que no!
El mail termina fijando la cita para el 15 de noviembre a las 17:00 horas e invitando a pasar, traducir y adaptar el mensaje.
* Canal Solidario - 05/11/2008
Viñeta: canalsolidario.org
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Arona: Una asociación denuncia un supuesto "pelotazo urbanístico" en el PGO
ELDÍA/Tenerife* : La Asociación Europea de Participación Ciudadana Tenerife Sur, constituida recientemente, anuncia que actuará contra la inclusión en el Plan General de Ordenación (PGO) de Arona de una superficie de 152.000 metros cuadrados calificada como urbanizable en la que se permite la construcción de 1.064 viviendas.
El presidente de dicho colectivo, Arcadio Rodríguez, manifiesta que esto se incluye en el planeamiento después de que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) aprobara, el 20 de diciembre de 2006, una parte del PGO aronero.
Dicho suelo está situado entre la zona de Llanos de Igara-Estrella del Sur y El Fraile, aclarando la asociación que en el PGO sobre el que se pronunció la COTMAC esa superficie tenía sólo 87.000 metros cuadrados y contemplaba la construcción de 350 viviendas, al ser su índice de edificabilidad del 0,50, mientras que en la revisión del Plan encargada por el Ayuntamiento aronero tras los reparos determinados por la COTMAC, los redactores aumentan la superficie del solar y elevan la volumetría de construcción autorizada al 0,80. La densidad de viviendas a edificar por hectárea pasó de 40 a 70, dice el colectivo.
La asociación ha pedido en la COTMAC y en el ayuntamiento la "revisión a fondo" del Plan General por entender que "se produce un escarnio ya que, no sólo le facilitan una lotería urbanística al propietario de ese suelo, cuya titularidad aún desconocemos, sino porque los vecinos de La Estrella y parte de Llanos de Igara, con viviendas consolidadas, en el planeamiento modificado pasan a estar situados en suelo con calificación de agrícola intensivo".
Además de denunciar que esto es "un escándalo urbanístico, así como un sospechosísimo y supuesto pelotazo", el colectivo social anuncia que se interesará ante los redactores del planeamiento por conocer "quién ordenó estos cambios en el Plan".
Habrá recursos
En cualquier caso Arcadio Rodríguez anuncia que la Asociación Europea de Participación Ciudadana Tenerife Sur presentará oportunamente cuantos recursos sean necesarios "porque queremos que se reconduzca esta situación e impedir que prospere este negocio multimillonario y absolutamente escandaloso".
Se da la circunstancia de que esta superficie está incluida en la parte del planeamiento que fue suspendida por la COTMAC hace casi dos años.
El presidente de la asociación explica que en el transcurso de la reunión que celebrará la junta directiva la próxima semana espera contar con la presencia del abogado Felipe Campos, conocedor del PGO de Arona al ser el representante legal de un grupo de vecinos que ha trasladado a la vía judicial el planeamiento aronero, "para tratar de avanzar en nuestro objetivo e, incluso, evaluar si puede sumarse al denominado como caso Arona".
Arcadio Rodríguez entiende que la situación es grave puesto que, de prosperar, "se creará un perjuicio muy grave a los vecinos de la zona puesto que sus viviendas, construidas en suelo urbano, pasan a estar en suelo agrícola".
* El Día - MEDINA - 6.11.2008
Foto: Arona (Tenerife), los Cristianos - wikipedia.org
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Una iglesia de Gandia exhibe un cuadro contra la especulación urbanística
LEVANTE/Valencia* : El artista Joan Costa ha decorado el interior de la iglesia de las Escuelas Pias de Gandia con un cuadro que critica la especulación urbanística, para lo cual ha utilizado la escena del Evangelio de San Lucas que describe la aparición de Jesucristo a dos de sus discípulos en Emaús la tarde de su resurrección.
En el primer cuadro de la serie encargada por la parroquia, Costa representó, mediante la escena religiosa del Viernes Santo, una reivindicación del papel de las "mujeres anónimas", que pintó limpiando y adecentando el cenáculo en el que Jesucristo y sus apóstoles celebraron la Última Cena.
Este cuadro de grandes dimensiones cuelga en una de las capillas interiores de la parroquia, frente al segundo trabajo de la serie, "La casa d'Emmaús", que el autor presentó el pasado martes.
"La casa d'Emmaús", explica Costa, ubica la escena religiosa en una alquería típica valenciana, y de fondo, edificios en construcción y grúas que representan "la especulación urbanística" de los últimos años en tierras valencianas.
"Un paisaje resultado de la avaricia, que es un pecado capital, de la lujuria del dinero, que la Iglesia no condena como debería a pesar de su resultado nefasto para nuestro paisaje", añade el artista.
Con la presentación de Jesucristo y sus discípulos en la tradicional alquería, el autor pretende ubicar la escena en la "realidad y costumbres" de su tiempo.
"Estamos condenados a un pasado pensado sólo para el turismo", denuncia el pintor gandiense, "dejando de lado el patrimonio y las tradiciones".
El artista reconoce que "ha querido hacer dos pinturas, la que se integra en el contexto arquitectónico de la iglesia de las Escuelas Pias, y una segunda que ayude a reflexionar sobre la sociedad que tenemos y la que dejaremos a nuestros descendientes".
En la obra, explica Costa, hay influencias de los trabajos de Caravaggio y Rembrandt, que también interpretaron la escena religiosa.
El trabajo cuenta con el beneplácito de la congregación religiosa Padres Escolapios, que encargó las pinturas al artista.
Joan Costa fue también el autor, durante sus últimos años de estudio en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, del retablo principal de la parroquia, originaria del siglo XVII.
* Levante-EMV - EFE - 5.11.2008
Foto: Gandía (Valencia), plaza Escuelas Pías - pueblos-espana.org
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La Xunta tolera un vertedero ilegal junto al parque natural de Aloia
ELPAÍS/Vigo* : Al parque natural del monte Aloia, en Tui, le está saliendo un grano. Es el primer parque de Galicia, ahora cumple 30 años y la Consellería de Medio Ambiente ha comprometido su próxima ampliación hasta 2.000 hectáreas, que englobarían dos inmensos vertederos de lodos de granito, unas 150.000 toneladas, que están creciendo contra toda norma, a la brava en pleno monte, cerca del actual perímetro del parque.
Las tres administraciones conocen la situación desde hace tiempo. Los informes oficiales sobre el asunto comenzaron a circular hace al menos ocho meses. Los dos puntos de vertido, a unos 50 metros de distancia entre sí, en el lugar de Moutentán, parroquia de Ribadelouro, aprovechan los huecos de una vieja explotación minera de granito, que desbordan con impresionantes taludes de 15 a 20 metros por los que afloran copas de árboles y troncos ya talados como evidencia de que el suelo no ha recibido el menor tratamiento para el uso que se le están dando.
El grueso del vertido lo componen lodos de granito procedentes de serrerías próximas de Porriño, pero también engorda con otros residuos metálicos y plásticos. Excavaciones Tuy, SL figura como responsable de la faena, aunque también vacían camiones de otras empresas, probablemente subcontratadas en negocios entre particulares.
Excavaciones Tuy tramitó los permisos entre 2002 y 2004 y a partir de esta fecha comenzó los vertidos en un punto autorizado por la Consellería de Medio Ambiente para el depósito de lodos prensados de acuerdo a un proyecto que incluía la reglamentaria construcción de canales de guarda y de drenaje a pie del talud y de una balsa de decantación para minimizar el impacto en la zona. Estas medidas vienen requeridas a su vez para proteger la masa de vertidos del arrastre por escorrentía de aguas de lluvia, fenómeno frecuente si se tiene en cuenta que los vertederos se encuentran a media ladera del monte. Ahora el primero de ellos parece abandonado, semicubierto de tierra en su parte superior.
Ninguno de los requisitos exigidos para la actividad desarrollada y que figuraban en el proyecto ha sido cumplido. El vertedero tampoco cuenta con licencia municipal de apertura. Ni dispone de licencia urbanística, como correspondería a la importante transformación del suelo que se está ejecutando, ni de autorización específica de la Consellería de Política Territorial por el uso que se da a suelo rústico. Todas estas exigencias de control son también incumplidas en el segundo punto de vertido, para el que no hay ninguna licencia y que, por tanto, puede considerarse absolutamente clandestino, además de no disponer de las medidas de prevención y protección que podrían autorizar los depósitos, que aumentan día a día.
A unos 20 0 30 metros del segundo vertedero existen varias captaciones de agua, lo que induce a considerar en las denuncias presentadas un "inminente riesgo de contaminación de los efluentes subterráneos por filtración de componentes de los residuos al subsuelo". Lo que no se filtre, las lluvias acabarán arrastrándolo hasta el río Louro. También se temen posibles deslizamientos del vertido por efecto de las explosiones en las canteras de enfrente, en Porriño, o de las lluvias.
En la Xunta hay denuncias presentadas ante las consellerías de Medio Ambiente y de Política Territorial pidiendo la "inmediata suspensión de la actividad" y la incoación de expedientes de restitución de la legalidad urbanística y sancionadores. La Policía Autonómica ha elevado informes a sus superiores hace al menos dos meses. Antes conoció el asunto la Administración central. También ha sido denunciado en el ayuntamiento de Tui, al que pertenece el parque natural del Aloia, que Medio Ambiente promete extender a la Serra do Galiñeiro con el grando de los vertederos dentro.
Expediente en marcha
Excavaciones Tui, SL, realiza vertidos de lodos de granito en nueve puntos de la zona de Ribadelouro, en el entorno del parque natural del monte Aloia, donde se ha denunciado la ilegalidad de los dos citados vertederos de Moutentán. Fuentes de Medio Ambiente señalaron ayer a este periódico que a la citada empresa se le ha abierto un expediente sancionador, que apareja la paralización de la actividad, por carecer de autorización para realizar la actividad en dos de los puntos, que podrían ser coincidentes con los denunciados. "Es posible que la empresa aún no haya recibido la comunicación oficial del expediente", indicaron las mismas fuentes, que atribuyeron su apertura a una inspección realizada por sus técnicos la semana pasada.
El administrador de la empresa, Manuel Burgos, desmiente sin embargo que nadie de Medio Ambiente realizara ninguna inspección en las fechas que se indican. "Estuvieron hace más de un mes", aseguró, "y la prueba de que todo está en regla es que no ha pasado nada".
En el vertedero ilegal también vacían camiones de Faro, SA, empresa dedicada al movimiento de tierras, subcontrada por Dragados en la construcción de la carretera Mosende-Tui, programada por Política Territorial y próxima al lugar de vertido.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 06/11/2008
Foto: parque natural de Aloia - xunta.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
El Parlamento Europeo estudia las denuncias urbanísticas en España
ECODIARIO* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo estudiará hoy varias denuncias que afectan a planes de desarrollo urbanístico en Madrid y Tenerife, a una fábrica de ladrillos en Masalavès (Valencia) y al aprovisionamiento de combustibles en la bahía de Algeciras.
La mayoría de las reclamaciones proceden de colectivos para la defensa de la naturaleza y asociaciones de vecinos, que critican la presunta vulneración de la legislación comunitaria sobre medio ambiente, según informó el Parlamento Europeo.
Viabilidad para el medio ambiente
La primera petición española que será tratada por los europarlamentarios ha sido presentada por José Antonio Reverón González, quien se opone al Plan Territorial Parcial de Ordenación de Cabo Blanco-Buzanada (Tenerife) llevado a cabo por las autoridades locales. El peticionario, que participará en el debate, al igual que las autoridades tinerfeñas, cuestiona la viabilidad medioambiental y social del plan.
Además, los miembros de la Comisión de Peticiones debatirán un proyecto de informe, elaborado por la eurodiputada danesa Margrete Auken (Verdes/ALE), sobre el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos.
Proyectos urbanísticos en Madrid
También se tratarán tres quejas sobre proyectos urbanísticos en la Comunidad de Madrid. La peticionaria Margarita González Gómez afirma que los proyectos aprobados en Moralzarzal, Torrelodones, Rascafría, Las Rozas y Galapagar (Madrid) vulneran la legislación medioambiental comunitaria y pueden causar importantes daños en zonas protegidas de los ríos Guadarrama y Manzanares.
Por su parte, Elena Biurrun Sainz de Rozas, que asistirá a la reunión de la comisión parlamentaria, sostiene que varios planes generales de ordenación urbana (PGOU) aprobados por los ayuntamientos de Torrelodones, Rascafría, Moralzarzal, Las Rozas de Madrid y Galapagar (Comunidad de Madrid) incumplen la legislación comunitaria sobre la protección de las aves y la conservación de los hábitats naturales.
Luis Remacha Elvira también critica, en nombre de la Plataforma de Vecinos contra el Nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Galapagar (Madrid), las presuntas irregularidades cometidas en la aprobación y ejecución del plan. Su petición va acompañada de más de 90 firmas.
Seguridad en la descarga de petróleo
Por su parte, el peticionario Javier Sanchís Marco acusa a las autoridades locales en Masalavès (Valencia) de pasividad por permitir que la fábrica de ladrillos "El Alterón" incumpla la legislación medioambiental. El peticionario subraya que ninguna de las quejas presentadas a nivel local ha obtenido resultado.
Antonio Muñoz Secilla denuncia la situación de la bahía de Algeciras, donde los petroleros y plataformas flotantes que llevan a cabo operaciones de descarga incumplen presuntamente los reglamentos europeos sobre seguridad de los petroleros de doble casco.
Además, en nombre de Verdemar-Ecologistas en Acción (San Roque), critica el impacto perjudicial sobre el medio ambiente de los transbordos de crudo en el puerto de Gibraltar y exige modificar la legislación comunitaria en vigor.
* El Economista - Ecodiario - Agencias - 6.11.2008
Foto: parlamento europeo - junta andalucia
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El juez ratifica la imputación al alto cargo de Aguirre
PÚBLICO/Madrid* : Nueve meses y medio después de que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, pusiera "la mano en el fuego" por su viceconsejero de Transportes, Luis Armada, el juez del 'caso Guateque' ratificó el miércoles su imputación por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Tras conocer el auto, el portavoz socialista en el ayuntamiento de Madrid, David Lucas, exigió al PP que asuma sus "responsabilidades políticas" y fuerce el cese de Armada, que ya declaró como imputado ante el juez el pasado 23 de enero.
Destapado hace un año, el caso Guateque ha sacado a la luz lo que se presume como la mayor trama de corrupción municipal en la historia democrática del ayuntamiento de Madrid. Sus supuestos integrantes agilizaban licencias a cambio de sobornos. El número de imputados se eleva ya a 42, y entre ellos, además de Armada, hay otro cargo político: el edil del PP Íñigo Henríquez de Luna, imputado en el llamado caso Becara, una ramificación del Guateque.
"Singular agilidad"
Armada había pedido el sobreseimiento de la causa en lo que a sí mismo concierne. El fiscal apoyó su petición, pero el instructor del caso, el juez Santiago Torres, considera que el motivo clave para su imputación sigue sin haberse esclarecido. Y ese motivo se remonta a 1991, cuando Armada, que ocupaba el puesto de gerente municipal de urbanismo de Madrid, firmó una licencia para obras en un edificio protegido en el que poseía un piso de su propiedad.
La licencia, subraya el juez, se tramitó con "singular agilidad" de una manera "anormalmente rápida". Se pidió el 30 de abril de 2001 y se otorgó, con firma de Armada, el 1 de junio de ese año.
Quien la solicitó fue su tío. Y su sobrina firmó elproyecto de obras de consolidación de la finca, situada en la céntrica calle de La Bola. Ocho días después de que se pidiera la licencia, la comisión conjunta de Patrimonio (Ayuntamiento-Comunidad) informó favorablemente. El 22 de mayo, la comisión municipal de patrimonio dio su visto bueno. Y el 1 de junio Armada rubrió la licencia.
Según el juez, no se ha determinado si el ex gerente y hoy viceconsejero participó en la reunión conjunta de Patrimonio. Si lo hizo, alega el auto, pudo incurrir en negociaciones prohibidas a funcionarios (abuso de autoridad). Y pudo también haber cometido otro de tráfico de influencias para beneficiarse a sí mismo y a su familia.
* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - Madrid - 05/11/2008
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE
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El Parlamento Europeo admite a trámite la queja contra el circuito urbano de Valencia
ELMUNDO* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la queja que presentaron Ecologistes en Acció de València el pasado mes de mayo contra la construcción del circuito urbano de Fórmula Uno en Valencia, según han informado fuentes de esta asociación.
Según han explicado las mismas fuentes, la queja, que presentaron conjuntamente con la plataforma ciudadana Fórmula Verda, advertía de que la construcción del circuito "estaba rodeado de unas características de urgencia y desinformación, que le hacia bordear la misma legalidad".
En opinión de Ecologistes en Acció el proyecto debía haberse sometido a una evaluación "por los graves impactos ambientales que conllevaba la construcción y funcionamiento del circuito de competición".
La presentación de esta queja, han recordado, vino motivada porque a los previsibles impactos ambientales del circuito, derivados de la contaminación acústica, se sumaban las emisiones atmosféricas y la ocupación del antiguo cauce del río Turia y aledaños, que son consideradas zonas verdes.
Asimismo han denunciado que el proyecto no fue sometido a una evaluación ambiental estratégica y que por parte de la administración autonómica y municipal hubo un "nulo interés" por facilitar la información que se les solicitó desde la distintas organizaciones vecinales, sociales y sindicales.
* El Mundo - EFE - 5.11.2008
Foto: Valencia, obras circuito F1 - EFE
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