Fiscal Vercher: el derecho al medio ambiente existe y su evolución es imparable

ELDIARIOMONTAÑÉS/Santander* : El fiscal Antonio Vercher, coordinador de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Tribunal Supremo, ha opinado hoy que el medio ambiente se ha constituido ya como un derecho fundamental, que se ha creado "jurisprudencialmente" y vive un proceso evolutivo "absolutamente imparable". Durante su participación en Santander en las Jornadas Internacionales de Medio Ambiente, organizadas por la Delegación del Gobierno en Cantabria, el Ejecutivo regional y la Guardia Civil, ha reflexionado sobre la evolución que ha sufrido el medio ambiente hasta ser reconocido como un derecho fundamental por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Para ello, se ha remontado a la adopción por el Consejo de Europa del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en 1950, por el que se fundó un sistema de protección internacional de los derechos humanos y su control judicial.
El fiscal ha explicado que, en el Convenio Europeo, el medio ambiente no figuraba "absolutamente en ningún sitio", al igual que otros derechos que han ido incorporándose con el paso de los años, algunos incluidos a través de posteriores protocolos.
Sin embargo, ha señalado que esta posición inicial fue cambiando "poco a poco", sobre todo a partir de 1972, tras la Conferencia de Estocolmo, la primera de carácter internacional sobre medio ambiente, que, según ha dicho, supuso "un antes y un después" en su protección.
A partir de ese momento, ha relatado como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de varias sentencias, empezó a "mirar al medio ambiente con otros ojos" y, aunque lo sigue sin proteger porque no figura como derecho en el Convenio, advierte de que si se atenta contra él también pueden verse afectados otros derechos que sí estén incluidos en el mismo.
Aunque Vercher ha señalado que el derecho al medio ambiente no se recoge en ninguno de los catorce protocolos posteriores al Convenio, ha defendido que éste ha sido creado "jurisprudencialmente" por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de sus sentencias.
Ha añadido que, cuando se ha planteado la posibilidad de un nuevo protocolo que incluya el derecho fundamental al medio ambiente, el Comité de Ministros ha considerado que no se trata de algo "prioritario" porque el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dicho que éste existe.
Vercher ha coincidido con la postura planteada por algunos expertos que mantienen que este órgano judicial ha creado "por la puerta de atrás" y "de rebote" un derecho al medio ambiente trabajando cada vez más en aspectos relacionados con su protección, a pesar de no figurar en el Convenio.




* El Diario Montañés - EFE - 9.11.10
Foto: Strasbourg (France),Tribunal Europeo Derechos Humanos - hazteoir

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Madrid.-Ecologistas cree que no habrá Parque Nacional de Guadarrama

MADRIDIARIO* : Ecologistas en Acción ha denunciado que la propuesta del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que ya ha finalizado su periodo de información pública, incumple la Ley de Parques Nacionales en diversos aspectos relacionados "con la fragmentación, estrangulamientos y la existencia de enclavados, convirtiéndose en el territorio más fragmentado de todos los parques nacionales de montaña existentes". Además, la morfología altamente irregular lo convertiría, a juicio de la organización ecologistas, en el más vulnerable de toda la Red de Parques Nacionales del Estado. A todo esto hay que añadir que la propuesta de Parque Nacional reduce en un 48 por ciento de la superficie inicial de la Zona Periférica de Protección, lo que "resulta inviable".

Ecologistas en Acción ha destacado el "estrangulamiento" que se produce entre los Montes Carpetanos y la zona sur del territorio, debido al enclavado de la estación de Valdesquí. "Estos dos amplios territorios sólo quedan conectados por dos estrechos pasillos de cerca de un kilómetro de ancho. De hecho, entre la Zona Especial de Navacerrada y la del Alto de Guarramillas (Bola del Mundo) apenas supera los 500 metros", ha detallado.

Otro punto que los ecologistas consideran "conflictivo" es el "estrechamiento" de la zona del puerto de Navafría donde el Parque Nacional propuesto, "forma un cuello de botella de tan sólo 185 metros de ancho, que además es atravesado por la carretera SG-612".

En cuanto a la fragmentación del territorio, han destacado la M-601. "Esta carretera divide prácticamente por la mitad la zona sur del Parque Nacional y al soportar un tráfico muy elevado crea un considerable efecto barrera. Otras infraestructuras que fragmentan los estrechos pasillos que unen el norte con el sur de la propuesta del Parque Nacional son la carretera M-604 del puerto de Navacerrada a Rascafría o el ferrocarril Navacerrada-Cotos", han agregado.

Por otra parte, Ecologistas en Acción han criticado la existencia de "enclavados sin justificar", como las estaciones de esquí alpino de Valdesquí y Navacerrada, el complejo de antenas de la Bola del Mundo o, como el enclavado de facto de la Solana de la Garganta, tampoco se ajusta a la Ley de la Red de Parques Nacionales.

El más vulnerable
En cuanto a la morfología, altamente irregular, la organización ecologista ha señalado la propuesta del parque nacional lo convierte "en el más vulnerable a factores externos" de toda la Red de Parques Nacionales del Estado, "lo que dificultará que, aún duplicando la superficie mínima legal de un parque nacional, permita la evolución natural manteniendo sus características y asegurando el funcionamiento de los procesos ecológicos".

Por último, según explicaron, la propuesta del Parque Nacional "reduce, sin justificar, la superficie de la Zona Periférica de Protección en un 48 por ciento", con respecto a la que recoge el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).

Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que en estas condiciones, la propuesta de Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama, "resulta inviable y no debería ser admitido por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino".




* Madridiario - 8.11.10
Foto:

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El alcalde de Alcobendas, imputado por tres delitos

ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Alcobendas (107.514 habitantes), Ignacio García de Vinuesa(PP), deberá declarar como imputado el próximo 19 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Alcobendas, que ha admitido a trámite una querella del PSM de este municipio que le atribuye los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El juez ha visto indicios de delito en la recompra por parte de la empresa municipal de la vivienda de Alcobendas de dos fincas valoradas en 12 millones por un precio de 25 millones de euros.

El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa (PP), tendrá que rendir cuentas el próximo 19 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas por aprobar una operación urbanística en la que el Consistorio ha perdido más de 12 millones de euros, según consta en la querella presentada por el PSM-PSOE de este municipio. Los socialistas consideran que el primer edil popular, que fue quien impulsó la operación urbanística investigada, cometió los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios al promover la recompra de unos terrenos al mismo precio por el que se habían vendido en 2007, año en el que los precios del suelo estaban por las nubes al no haber estallado la crisis.

Los socialistas mantienen en la querella que el alcalde, de manera "consciente" y "voluntaria", "se apartó" de la normativa aplicable, y "prescindió" de los informes técnicos y valoraciones necesarias sobre la viabilidad de la operación. "Y todo ello con el conocimiento del perjuicio que dichos actos estaban ocasionando a la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas (Emvialsa)". La querella de los socialistas es la base de la decisión del juez, que ha llamado al alcalde a declarar como imputado al observar indicios de los mencionados delitos en la recompra de las fincas.

La operación del Ayuntamiento consiste en la adquisición en 2009 por 25 millones de dos parcelas que habían sido vendidas en 2007 a la sociedad Sotohenar por el mismo precio inicial. El perjuicio viene, según los socialistas, en que dichas fincas, que han vuelto a ser propiedad del Consistorio que encabeza García de Vinuesa, han perdido en estos tres años un 50% de su valor real, pasando de los 25 millones de 2007 a los poco más de 12 millones por las que fueron tasadas tras aprobar el equipo de gobierno esta operación financiera.

El expediente de la recompra de la parcela se inició el 27 de abril de 2009, día en el que el Consejo de Administración de Emvialsa solicitó al Ayuntamiento de Alcobendas la autorización para la subrogación de un crédito que había suscrito en 2007 la entidad Sotohenar para la compra de las fincas. Según la querella del PSM, la decisión de la empresa de la vivienda municipal, cuyo presidente es también el alcalde, no fue motivada y no existían razones "objetivas" para llevarla a cabo. Este acuerdo, adoptado gracias a la mayoría del PP, se plasmó posteriormente en un acuerdo de Pleno, que se celebró el 26 de mayo de 2006, por el que se autorizó la recompra de los terrenos. En 2007, la empresa ahora beneficiada se había comprometido a abonar en metálico 11,5 millones de euros, al igual que acordó pagar en especie el resto de la cantidad prevista entregando además un edificio de oficinas valorado en más de 13 millones. En total, pagaba 25 millones.

Con la recompra de las parcelas, el Ayuntamiento da marcha atrás a una operación ventajosa, que ahora libera a la empresa de sus obligaciones contractuales, como por ejemplo la construcción del edificio de oficinas. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se hace cargo del crédito que estaba pagando la empresa, cuyo importe había utilizado la mercantil para abonar al Consistorio los primeros 11,5 millones. Es decir, que el Ayuntamiento, en virtud del acuerdo de recompra de las parcelas, está obligado ahora a construir un edificio de oficinas y a pagar un crédito de 13 millones de euros, dos millones menos que la cantidad que recibió de Sotohenar en 2007.

La querella presentada por el PSM-PSOE en el juzgado explica también que la recuperación de las fincas la aprobó el equipo de gobierno del PP sin haber realizado antes una valoración actualizada del precio de las mismas. De hecho, esta tasación no llegó a realizarse hasta después de cerrarse la transacción, poniendo de manifiesto que el precio de las parcelas había caído un 50% por los efectos de la crisis.

La depreciación de los terrenos no tuvo que coger por sorpresa al alcalde de Alcobendas, porque antes de que se cerrara el trato fue advertido por una funcionaria del hecho de que esta depreciación podía haberse producido. La interventora municipal, Beatriz Rodríguez Puebla, firmó un informe en el que alertaba de la necesidad de que antes de que se aprobara la recompra se tenía que realizar una valoración actualizada de los bienes: "Debería constar en el expediente una valoración actualizada de los bienes que se adquieren con el fin de garantizar que se preserve el interés público mediante la gestión eficiente de los bienes y derechos del patrimonio municipal, sin que se produzca un menoscabo para la hacienda local". Pero el alcalde no le hizo caso.

La querella indica también que el contrato de compraventa de las parcelas suscrito en 2007 permitía la rescisión del contrato: "No se han aplicado las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones, documento plenamente vigente. Debemos entender que se ha incumplido la normativa aplicable al contrato entre la sociedad municipal y la mercantil Sotohenar, provocando un perjuicio valorado en más de 12 millones de euros, hecho que difícilmente puede tener justificación".

El portavoz del PSM-PSOE en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, se mostró "preocupado" por la decisión del juez de Alcobendas de llamar a declarar al alcalde como imputado el próximo día 19: "García de Vinuesa ha perdido 12 millones en este mal negocio para la ciudad", aseguró. Por su parte, el teniente alcalde y responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, Ramón Cubián, consideró que la querella del PSM es parte de una estrategia "bastarda" que tiene la intención de "hacer daño". Según Cubián, el equipo de gobierno decidió deshacer la venta "cuyo expediente inició el PSOE" después de tener conocimiento de que la empresa estaba a punto de presentar un concurso de acreedores.




* El País - 9.11.10
Foto: Alcobendas (Madrid), ayuntamiento - osiatis.es

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La trama Brugal factura a Calp el triple de basura que una ciudad similar

LEVANTE/Alicante* : Calp "genera", aproximadamente, 80.000 toneladas de basura al año. Esos 80 millones de kilos son mucha basura para los 29.666 habitantes que tiene el municipio, según el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2009. Además, las cifras de basura de Calp distan un mundo de las de cualquier otra localidad valenciana con parecida población. En esta ciudad de la Marina Alta, cada habitante "produce" la asombrosa cantidad de 7,67 kilos de residuos sólidos urbanos al día. Los números de Calp, eso sí, están entre interrogantes desde que trascendió que una de las ramificaciones del caso Brugal es la del pesaje "manipulado al alza" (así consta en el sumario) en la planta de Colsur, S.L, la empresa de Ángel Fenoll, donde se trata y compacta la basura de este municipio. El pesaje al alza engordaría las facturas que esta mercantil ha cobrado del ayuntamiento desde 1998.

Una relación de facturas aprobadas y pagadas por el consistorio en diciembre, enero y febrero de 2009 recoge diversos pagos a Colsur, S.L., por cifras que oscilan en las 7.000 toneladas de basura al mes. Y eso que se trata de los meses de septiembre a diciembre, que es cuando hay menos turistas en el municipio. La mercantil de Fenoll logró el contrato del tratamiento y traslado de residuos de Calp en 1998, pese a que entonces la mercantil no tenía un vertedero legal y el contrato sí lo exigía. El empresario está imputado en la trama Brugal por diversos delitos relacionados con el fraude en los cobros a diversos ayuntamientos por la recogida y vertido de los residuos urbanos. Tres concejales en activo de Calp también aparecen en el sumario de la trama Brugal. Se trata del ex alcalde y actual primer teniente de alcalde, Javier Morató, el concejal de Turismo y Comercio y diputado provincial, Juan Roselló, y el edil de Hacienda, Fernando Penella. Se sospecha que inflaron las toneladas de basura facturadas y se repartieron, junto con el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, quien supuestamente ejerció de intermediario, y un ex edil de Izquierda Unida, Manuel Roura, "generosas cantidades de dinero", según consta en el sumario.

Un "chollo" de negocio
El PP de Calp, cuando contrató a Colsur, S. L., el tratamiento y el traslado de la basura (la empresa que la recoge casa a casa es Acciona), esgrimió que el precio por tonelada era, de lejos, el más competitivo. De hecho, por cada tonelada de residuos que la mercantil de Fenoll compacta y se lleva a su vertedero de Abanilla (Murcia), el ayuntamiento le paga 29,88 euros. Esa cifra es más económica que los 48 euros que les cuesta al resto de municipios de la Marina Alta llevar cada tonelada de basura a la planta de transferencias de Dénia, que es la planta comarcal del área XV del Plan Zonal de Residuos.
Pero, en lugar de ahorrar dinero con la basura, el Ayuntamiento de Calp ha pagado bastante más, ya que ese precio más barato se compensaba con cantidades supuestamente infladas de residuos. El "chollo" del negocio de la basura en la ciudad del Penyal d'Ifach estaba en la cantidad que no en el precio.




* Levante - 8.11.10
Foto: Calp (Alicante), construcción masiva - elpais.com

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El 'caso Alcaucín' ya suma cerca de 40 imputados

SUR/Málaga* : El 'caso Alcaucín', en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de este municipio, suma ya 38 imputados, según una resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico. En un auto fechado el pasado viernes, la titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Vélez- Málaga, Irene Urbón, decretó levantar parcialmente el secreto que pesaba sobre el caso, que se desató el 27 de febrero del año pasado con una redada en la que fueron detenidos, entre otros el entonces alcalde de la localidad, José Manuel Martín Alba, y un arquitecto de la Diputación Provincial.

Según el auto del juzgado, que fue notificado ayer a las partes, se acuerda el levantamiento del secreto de las actuaciones desde el tomo 10 hasta el 15 de la causa principal, y desde el 13 al 23 en lo que se refiere a la pieza separada de atestados policiales.
No obstante, la jueza acuerda prorrogar durante un mes más el secreto en relación con el tomo 16 y siguientes de las actuaciones, así como con el número 24 y siguientes de la pieza separada de atestados, debido a que la investigación que afecta a estas partes aún no ha concluido.
En este punto, la instructora señala que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se siguen realizando diligencias "derivadas de los últimos registros practicados y en relación con hechos que han sido recientemente denunciados", por lo que se prorroga el secreto ante el riesgo "de destrucción o manipulación de pruebas".
La operación policial, que se bautizó con el nombre de 'Arcos', comenzó el 27 de febrero del pasado año con la detención de trece personas, entre ellas el entonces alcalde José Manuel Martín Alba, quien días más tarde ingresó en prisión imputado por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad.
En su declaración judicial, el ex alcalde, que salió de prisión tras pagar fianza, dijo que tenía ingresos "como alcalde, artista y albañil", pero no como mediador en compraventas; aunque los investigadores señalan que había ingresos en efectivo cuya procedencia está "sin justificar", que podrían ser "de comisiones". Hay que recordar que la Guardia Civil halló cerca de 160.000 euros en efectivo en el registro de su casa.
La jueza decretó, además, prisión para uno de los jefes del Área de Arquitectura de Diputación, José Mora, por presunto cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística.




* SUR - 9.11.10
Foto: Alcaucín (Málaga), ayuntamiento - diariosur.es

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El juez imputa por corrupción a la plana mayor del urbanismo en Murcia

ElPAÍS* : La expansión urbanística de Murcia por el norte, con la recalificación de suelos rústicos para levantar 20.000 viviendas, el nuevo estadio de La Condomina, un campo de golf y varios centros comerciales, favoreció a determinados empresarios privados que habrían pagado comisiones ilegales a los políticos y técnicos del Ayuntamiento, gobernado por el PP, que colaboraron en el negocio. Con estos mimbres, el juez ordenó ayer la detención de tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo de Murcia; y la imputación de otras cinco; entre ellas el edil de Urbanismo, Fernando Berberena (PP), y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.

El fiscal investiga los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios. Según un informe de la Intervención General del Estado, el perjuicio por las recalificaciones a la baja del Ayuntamiento de Murcia en la zona norte ascendería a unos 300 millones de euros. Las valoraciones anteriores, realizadas a petición del Grupo Municipal Socialista, elevaba la cifra hasta los 580 millones.

La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, acusó sin pruebas al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de estar detrás de esta operación para tapar el resultado de las primarias de Madrid. La operación, iniciada a partir del contenido de varios informes de la Agencia Tributaria que pusieron de manifiesto las relaciones mercantiles entre los funcionarios y los empresarios, fue preparada, sin embargo, de común acuerdo para ayer el pasado 15 de septiembre entre el juez, el fiscal y la Guardia Civil.

Los agentes registraron desde las ocho de la mañana despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento murciano, que gobierna el PP, varios domicilios de Murcia y Madrid y una sucursal bancaria de Cajamar, donde fue requisada al menos una caja fuerte propiedad del edil de Urbanismo. La Guardia Civil registró, además, el domicilio particular de Samper, según confirmó él mismo, así como la sede social de Sport Management & Project, S. L. por orden del Juzgado de Instrucción número 8.

Los detenidos son el director y número dos de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado murciano Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano vinculado a empresas murcianas de la construcción Renato de Noce. Además de los tres detenidos, hay cinco imputados: el dueño del Real Murcia, Jesús Samper Vidal; el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, el jefe de planeamiento urbanístico entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver; Isabel Fernández, jefa del Servicio de la Oficina del gobierno local del Ayuntamiento, y Francisco Arques López, empresario responsable del plan parcial La Ladera, cercano al plan Nueva Condomina. Las tres detenciones y las cinco imputaciones forman parte de la primera fase de una operación, cuyo objetivo principal eran los funcionarios y personal laboral, pero no se descarta que haya nuevos imputados, entre ellos, representantes políticos.

El Ayuntamiento de Murcia emitió un comunicado en el que manifestó que todos los procedimientos administrativos se han producido de acuerdo con la legalidad. Tanto el alcalde, Miguel Ángel Cámara, como el presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ambos del PP, negaron que hubiera imputados de este partido. Pero el edil Berberena pertenece al PP.

La investigación nace de una denuncia particular y de los trabajos llevados a cabo por la fiscalía. Del análisis de las escuchas telefónicas se desprende el intento por parte de los implicados de elaborar facturas falsas, hecho que corrobora también el informe de la Agencia Tributaria. No obstante, tanto PSOE como Izquierda Unida denunciaron en su día que el Ayuntamiento no había cobrado lo que debía por los terrenos de la zona norte en compensación por su recalificación a los propietarios. Estos convenios, según la denuncia de los socialistas, se firmaron a cambio de unas compensaciones al Ayuntamiento "cinco veces menores que el valor de mercado de los terrenos".

Se trata de seis convenios urbanísticos que modificaron la calificación del suelo de esta zona a partir del año 2001, convirtiendo su edificabilidad del 0,09 al 0,5, lo que supone cinco veces más de viviendas. El plan parcial Nueva Condomina investigado por la fiscalía se aprobó por el pleno del Ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003, e incluía una alternativa residencial criticada ya entonces por PSOE e IU. Esta calificación fue aprobada dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana, de enero de 2001, calificase esos terrenos como rústicos, agrícolas o no urbanizables. Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó en abril de 2004 la reparcelación de Nueva Condomina de 2,1 millones de metros cuadrados, que incluían la construcción de 3.700 viviendas y una zona de equipamientos comerciales y de ocio junto a un campo de golf y una ciudad deportiva, con campo de fútbol.
Jesús Samper

- El presidente del Real Murcia, Jesús Samper, lleva vinculado desde muy joven al mundo del fútbol. En 1978 comenzó a asesorar al Real Madrid y en 1979, a la Real Federación de Fútbol. En 1998 trasladó sus negocios a Murcia. Esta ciudad, de más de 400.000 habitantes, no tenía un equipo en la élite.

- Compró el Real Murcia a precio de saldo en Segunda B y firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento del PP: construyó un estadio y, a cambio, el Consistorio le reclasificó unos terrenos rústicos, en los se podían construir 20.000 viviendas. Con esta operación ganó unos 160 millones de euros.

- Pero sus negocios no se acaban en Murcia. Es dueño de Santa Mónica Sports, propietaria de los derechos televisivos y el patrocinio de la Selección española, de la argentina, y de los derechos de imagen de personalidades como Dani Pedrosa, Fernando Alonso y Valentino Rossi.



* El País - 6.11.10
Foto: Murcia, estadio La Condomina (archivo) - gacetacartagonova.com


Pd.- En la información sobre la operación anticorrupción en Murcia que fue publicada el miércoles en primera página se dice en un sumario que ha sido detenido un concejal del PP. No es cierto. El concejal está imputado, pero no detenido. El detenido es el director gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia.

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Morón.-Un 'pelotazo' de libro

ELPAÍS/Sevilla* : Un terreno en Morón destinado a VPO multiplica por siete su valor desde 2006. Un empresario obtuvo un millón de euros pese a que no levantó las viviendas El boom del ladrillo dejó durante años sospechosos acuerdos, recalificaciones y concursos donde ciertos Ayuntamientos y promotoras fueron de la mano para lograr el mayor beneficio al menor coste. El suelo sumaba ceros mientras las viviendas crecían como setas. En Morón de la Frontera (28.000 habitantes, Sevilla), los ceros se multiplicaron pero sin ninguna casa que lo justificara. El Ayuntamiento de Morón (PP) pretendía en 2005 construir 191 viviendas de protección oficial (VPO).

La empresa MozamproXXI, en aquel entonces propiedad al 50% del cantante Tate Montoya, amigo del alcalde Manuel Morilla, se adjudicó los terrenos por 430.000 euros en un concurso público plagado de irregularidades. Un año después el cantante vendió la sociedad por 1,4 millones a Bartolo SL, tal y como reconoció ayer Montoya. El precio de la finca pasó de valer 350.000 euros a los actuales 2,4 millones. Siete veces más. Y el terreno permanece hoy como un secarral abandonado.

El Ayuntamiento, a través de la sociedad municipal Altos del Sur, adquirió los terrenos a la constructora Portland Valderribas (del grupo FCC) por 350.000 euros, bajo el compromiso de destinarlos a VPO. Al concurso solo se presentaron MozamproXXI y PYM Consultores pese al precio extremadamente ventajoso de 400.000 euros (existía una opción de compra previa del Consistorio por 1,6 millones).

Los criterios del concurso fueron leoninos y perjudiciales para las arcas públicas: el Ayuntamiento dejó de percibir 380.000 euros. El precio de licitación ofrecido por PYM Consultores fue de 812.000 euros frente a 430.000 de MozamproXXI, y el precio de venta de cada vivienda 86.135 euros frente a 89.950 (las casas de MozamproXXI eran más caras).

Si el Ayuntamiento quisiera rescindir el acuerdo con la ganadora MozamproXXI, tendría más de una razón para hacerlo. La cláusula 12.3 exigía que la escritura pública solo fuera otorgada una vez iniciadas las obras de urbanización. Y sin embargo, se escrituró sin levantar un solo ladrillo. "Fue un error autorizarla, pero también lo cometió el notario que firmó la escritura y el registro", se escuda Alfonso Angulo, alcalde en funciones que sustituye al polémico Manuel Morilla, de baja por enfermedad. El plazo de ejecución, fijado en 30 meses para la mitad de las viviendas y en 50 meses para el resto de viviendas, se incumplió. Además, el pliego de condiciones tenía "la obligación expresa del adjudicatario de no transmitir las parcelas", ignorado por Montoya y su socio al vender el 100% de la sociedad para enmascarar la transmisión por vía indirecta.

A pesar de que la oferta económica de PYM Consultores era muy superior, los arquitectos premiaron las obras realizadas en Morón por los técnicos contratados por MozamproXXI, ya que la empresa se había creado solo un año antes. Estos criterios localistas decantaron la balanza a favor de MozamproXXI por 19 puntos.

Tras el temporal de la crisis, Bartolo SL vendía MozamproXXI por 2,4 millones el pasado verano, pero ahora se replantea construir las viviendas si surgen suficientes vecinos interesados.

"No teníamos empleados, sino que se contrataba gente para las ocasiones (...) Viendo la lentitud burocrática, decidimos vender", alega Montoya sobre la operación fraguada. Su amistad con el alcalde era conocida por todos sus vecinos. En 2003, Javier Arenas había encumbrado como candidato a Morilla, ex apoderado del torero Jesulín de Ubrique, pese a que el PP local nombró al concejal Felipe López.

Tras el concurso, el PSOE se quejó en el Consejo de Administración de Altos del Sur porque la promotora ganadora estaba "recién constituida" y pidió un informe jurídico que fue rechazado por Angulo como secretario de la sociedad. De momento, Portland Valderribas no exigirá la devolución del terreno, pese a que una cláusula le atribuía ese derecho con una indemnización del 20% del precio original de 350.000 euros. "Estamos esperando. Veremos si no construyen", avisó un portavoz de la constructora.




* El País - 9.11.10
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com

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Demolición estructura Hotel en Marbella Golf




* YouTube - 28.10.10

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Murcia.-Aucosta achaca el descalabro de su autopista al colapso urbanístico

LAVERDAD* : A la concesionaria de la autopista de peaje Cartagena-Vera no le preocupa tanto que el Gobierno murciano le haya quitado clientela con una autovía autonómica, como que se hayan hundido las previsiones de crecimiento urbanístico en el principal trozo virgen del litoral. La situación de Aucosta es «difícil y complicada», según su director general, Florentino Rodríguez, que reconoce que el negocio de este vial está por los suelos. Su ocupación está en el 25% de los cálculos previstos inicialmentede 9.000 vehículos diarios.

El mismo concesionario gestiona Ausur -los 76,6 kilómetros de la autopista Cartagena-Alicante-, cuya situación es algo mejor, pero tampoco cubre las expectativas, con unas cifras de peaje de unos 10.500 vehículos diarios en agosto. Rodríguez desconoce qué medidas tomarán finalmente los grupos parlamentarios en el Congreso para acudir al rescate de un sector en sus peores horas bajas. Según publicó ayer El País, los representantes políticos parecen estar de acuerdo en aprobar unas ayudas que compensen las pérdidas de las concesionarias de nueve autopistas españolas, entre ellas las dos que recorren el litoral de la Región de Murcia. Esta cuenta de compensación podría ascender a 250 millones de euros a través de créditos participativos y por un periodo de cinco años, al menos en el caso de las radiales de Madrid, según una propuesta del PSOE que duplica la asignación que se había barajado inicialmente.
Las concesionarias buscan oxígeno para poder refinanciar sus deudas y evitar la quiebra. La fórmula final aún no está decidida, por lo que Florentino Rodríguez no quiere aventurarse. De una forma u otra, todo apunta a que estas constructoras serán compensadas por tener menos tráfico del que habían previsto cuando se adjudicaron las concesiones. Rodríguez señala que el problema es general, y cita como casos más sangrantes los de las radiales de Madrid y el eje Toledo-Madrid, cuyas cifras de ocupación son aún peores que las del tramo Cartagena-Vera, de 114 kilómetros.
Como ha venido publicando 'La Verdad', la ocupación de las dos autopistas de la costa descendió el pasado verano sobre unas cifras que ya eran de por sí negativas, a lo cual contribuye unos peajes que muchos usuarios consideran caros. Entre Cartagena-Vera disminuyó hasta un 5% el tráfico de agosto respecto al mismo mes del año anterior, cuando circularon 3.361 vehículos diarios. «Las pérdidas de tráfico son muy grandes», apostilla Rodríguez, para quien el problema no es exclusivo de la Región de Murcia. Explica que este vial empezó con niveles de ocupación «muy bajos» cuando se puso en servicio en 2007, y desde entonces sigue en dificultades.
Deuda alta
Tres años después, por este tramo pasa un 25% del tráfico previsto cuando se aprobó la concesión, lo cual da idea del desajuste entre el número real de usuarios de pago y los ingresos que se esperaban.
Aucosta reconoce que tiene una deuda alta que se debe solucionar «buscando fórmulas» entre el Ministerio de Fomento y la asociación nacional de empresas concesionarias de autopistas. ¿Rescate de la concesión, créditos participativos, reducción de las tarifas...? ¿Cuál es la solución? El representante de Aucosta ignora cuál será la propuesta financiera para capear unas malas cifras de negocio. Las empresas que ganaron la adjudicación invirtieron 550 millones de euros para hacer la obra y ahora se encuentran con serios problemas para refinanciar la deuda.
La autovía Cartagena-Alhama construida por el Gobierno regional ha contribuido a chafarle el negocio a la concesionaria, pero no es la causa principal. Según Florentino Rodríguez, la concesionaria sabía que se iba a construir esa carretera pública cuando pujó por las obras. El problema para ellos es el frenazo urbanístico, que ha afectado a Marina de Cope. «Lo que nos hace más pupa es que no se genera el tráfico que esperábamos. La idea general es que se iba a producir un crecimiento a lo largo de esa zona, y no sólo el Marina de Cope, que al final no se ha cumplido».
IU: «Es una vergüenza»
El coordinador de IU en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, considera «una vergüenza» que PP, PSOE y CiU pacten en el Congreso la concesión de un préstamo de 200 millones de euros anuales a las concesionarias de autopistas de peaje, entre la que se encuentra la constructora del vial Cartagena-Vera.




* La Verdad - 9.11.10
Foto: Autopista vacía Cartagena-Vera - mineralespania

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Bilbao.-La ciudadanía opina sobre la futura villa

DEIA* : La participación ciudadana va a ser un aspecto novedoso en la revisión del PGOU de Bilbao. Representantes de colectivos muy diversos han participado ya en talleres celebrados a los largo de este años para discutir sobre las necesidades que tiene Bilbao en estos momentos, de manera que posteriormente los técnicos puedan reflejar sobre la plano la soluciones. Fernando Hevia, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Laudio, que también está revisando el Plan General de este municipio, es una de las personas que ha participado en estas mesas de trabajo. "Sobre todo lo que he planteado es que el urbanismo ha evolucionado. De ser concebido para que la ciudad crezca, a ser diseñado para renovar o responder a los problemas de las ciudades".

Según este arquitecto, en el caso de Bilbao es más evidente porque la capital vizcaina ha agotado su expansión territorial y su desarrollo tiene que basarse en la renovación de la trama urbana. En este contexto de pasar de un territorio más o menos virgen a un urbanismo con suelo prácticamente agotado, Hevia considera que es imprescindible "tener consciencia de las tensiones socioeconómicas".

Esta es una reflexión de partida que marcará las líneas del nuevo plan. Para ello, es necesario contar con una información que va más allá del examen topográfico, como ha podido ocurrir en otros momentos de la historia de Bilbao. Hay problemas que no son perceptibles por aquellas personas que no estén implicadas. En este contexto, es donde los talleres adquieren una importancia mayor, por la participación ciudadana que eso implica. Hevia cita algún ejemplo para explicar esta metodología. "Si se quiere situar un equipamiento en un barrio, primeramente será necesario conocer las circunstancias psicosociales para conocer el grado de aceptación o problemas que puede ocasionar. Eso es lo que deberá tener en cuenta la revisión del PGOU".

Idoia Uriarte, del Área de Mujer, otra de las personas que han participado en estos talleres, hace una exposición de su aportación en términos similares. "Hemos compartido las jornadas de reflexión con sectores muy diferentes. Desde representantes del mundo vecinal, hasta consumidores, comerciantes y mujeres para rentabilizar la vida en Bilbao". Para Uriarte, es preciso mejorar la accesibilidad, adaptar la ciudad a la nueva realidad de su población, a las costumbres sociales y religiosas de sus habitantes. "Yo no sé cómo reflejarán los técnicos sobre plano las inquietudes que puede tener la población, pero sí se que una ciudad donde hace falta fomentar la vecindad necesita espacios donde reunirse, por ejemplo, y eso tendrá que reflejarse en el nuevo plan que se redacte".

Los talleres, bajo diferentes títulos, han abordado temáticas diversas. Desde el fomento de un urbanismo transversal , o las metologías para la resolución de conflictos de incidencia territorial, también se ha tratado el tema de los grupos de presión frente a las formas participativas más estables o los elementos a considerar en la redacción de un programa de participación ciudadana asociado a un Plan General de Ordenación Urbana.




* Deia - 7.11.10
Foto: Bilbao, ría museo Guggenheim - elpais.com

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Madrid.-La privatización del Canal de Isabel II

OTROMADRID* : La privatización del Canal de Isabel II ya está en un proceso de privatización silenciosa, a través de subcontratas y externalizaciones. Su privatización pública está cerca, ya existen ofertas sobre la mesa y probablemente ocurra después de las elecciones autonómicas del 2011. Hace más de dos años la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciaba su intención de privatizar el 49% del Canal de Isabel II (1). Pese a que aun no se ha llevado a cabo, se ha realizado paralelamente una privatización silenciosa basada en la externacionzación y la subcontratación.

El gobierno de Aguirre contrató el pasado mes de Abril al banco BBVA, Rothschild y a Cuatrecasas para realizar las valoraciones y preparar a la compañía de cara a su estreno en los mercados, aunque aun no han presentado el folleto informativo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El mes pasado Aguas de Barcelona (Agbar) mostró su interés con una Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) (2). Todo parece indicar que no se ejecutará hasta después de las elecciones municipales y autonómicas de 2011, para no perjudicar la reelección de Esperanza Aguirre. El Canal de Isabel II es una institución para todos los madrileños, una empresa pública que, a diferencia de otras privadas, sí tiene beneficios. Peligran los puestos de trabajo, la calidad del agua, el propio servicio público de importancia básica y uno de los ejemplos prácticos de la superioridad económica y de gestión pública frente a la privada.

Desde hace algunos años se están sustituyendo puestos de trabajo internos del Canal de Isabel II por una subcontratación que significa, de facto, el primer paso de una privatización silenciosa. La externalización de la mayoría de los servicios del Canal ha eliminado prácticamente los procesos selectivos públicos, apenas se sacan a oposición plazas libres para sustituir los puestos vacantes por jubilación o baja. Se está sustituyendo la propia configuración laboral de la empresa, adecuandola a un modelo de empresa totalmente privada, en perjuicio de los propios trabajadores y de los ciudadanos que querían optar a un puesto de trabajo en una empresa supuestamente pública. La mediación de contratas es mucho más cara e ineficaz porque supone un gasto superior por cada obra y cada empleado, por lo tanto no hay razón socio-laboral válida para la privatización.

Además la subcontratación y externalización conllevarían un empeoramiento del propio servicio público y de la calidad de las aguas y del abastecimiento, ya que las contratas anteponen el beneficio privado al servicio público, reduciendo costes de producción, de mantenimiento y las inversiones de carácter medioambiental que el Canal de Isabel II ha llevado a cabo algunos años. La gestión de un servicio público tan esencial como el agua no puede depender ni subyugarse a los vaivenes del mercado, inestable ante cualquier crisis -como la financiera. La quiebra de una empresa privada del Canal de Isabel II pondría en peligro el suministro de agua potable para la ciudadanía, lo que sería una catástrofe difícil de calcular.

Tendría, así mismo, un nefasto impacto en el consumo de agua, cuestión tan importante en una cada vez más desértica España. Las campañas de concienciación ciudadana para que la población ahorre agua, que lleva a cabo el Canal de Isabel II y que tan importantes son desde el punto de vista medioambiental, serían incompatibles con la condición de empresa privada y la política de máximo beneficio empresarial, que incentivaría y dispararía el consumo, con un elevado impacto medioambiental y social que un país como España no podría soportar.

El Canal de Isabel II es una empresa pública con beneficios, lo que choca con los dogmas de la superioridad de la gestión privada. Grandes ciudades como Paris, Toulouse o Burdeos han decidido volver a la gestión y titularidad pública del recurso agua por razones de eficiencia y ahorro, además del propio beneficio social. La privatización del Canal significaría por lo tanto una pérdida de empleos, de calidad del agua, del servicio público, de los beneficios económicos para las arcas públicas y una catástrofe medioambiental. El Canal de Isabel II es propiedad de todos y por ello debe ser 100% público como lo ha sido desde hace 150 años.

Morales de Urioste
Moralesdeurioste.blogspot.com

(1) 19/09/2008 Aguirre insiste en privatizar el Canal http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/19/madrid/1221816429.html(2) Agbar quiere participar en la privatización del Canal Isabel II http://www.expansion.com/2010/09/09/empresas/1284042699.html



* OtroMadrid Opinión - 6.11.10
Foto: Madrid, antiguo depósito canal Isabel II - arqueologiay patrimonioindustrial

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Orpesa derriba su patrimonio

LEVANTE/Castelló* : La piqueta y las máquinas excavadoras demolieron la semana pasada el Mas de Conill, una casa de labriegos del siglo XVIII que estaba catalogada como Bien de Relevancia Local (BRL). El municipio pierde así uno de los edificios emblemáticos, que aparece frecuentemente citado en textos literarios. "Tres cosas hay en Oropesa que no las tiene Madrid, la Farola, playa de la Concha y el Mas de Conill". Además, el escritor Enric Valor también cita el mencionado Mas.

El derribo del vetusto inmueble ha generado malestar en la localidad y ha sido denunciado por el concejal del Bloc, Josep Lluís Romero, quien en su momento planteó al consistorio que conservase el mas, por los valores tanto sentimentales como patrimoniales que representa.
La demolición del Mas de Conill coincide con el anuncio del consistorio, fotos incluidas, del inicio de las obras de restauración de la torre vigia de la Cordà. Un Bien de Interés Cultural (BIC) que estaba muy degradado, con el riesgo de perder una de sus ventanas y con sus paredes llenas de grafitis, lo que propició las denuncias de los grupos políticos Bloc y Compromís, que pedían a las autoridades que frenasen el daño al monumento.
Su catalogación como Bien de Relevancia Local se apoyó en los valores etnológicos y patrimoniales que representaba. A pesar de que presentaba un importante estado de abandono, los técnicos consideraron en su momento que podría ser recuperable en su totalidad para "dejar a generaciones futuras un estilo de vida, de cuando en Orpesa la agricultura era el motor económico del municipio".
Con la demolición del edificio construido en 1814 por Bautista Martínez se va un emblema de una forma de vida. Ni el consistorio ni la Conselleria de Cultura decidieron intervenir parar poner en valor la masía, que al final cayó a golpes de piqueta pese a que durante años fue testigo de la vida social del municipio.
No en vano, el edificio, una antigua casa de labradores que disponía en sus orígenes de noria y horno moruno, estaba muy próximo a la estación de ferrocarril en la que se reunían los comerciantes de la época. También la Guardia Civil de Benicàssim y Torreblanca se encontraba con los agentes de Orpesa en este enclave en las rondas de vigilancia, de manera que la masía actuaba como un punto de reunión.
Fue durante la Guerra Civil cuando la masía vivió su momento más duro al sufrir varios saqueos en los que los ladrones se llevaron hasta los muebles. Tampoco la posguerra fue mucho más halagüeña para el edificio, pero en los 70 recuperó su esplendor gracias a una intensa reforma que varió la estructura.




* Levante - 8.11.10
Foto: Las máquinas derrumbaron días atrás el Mas de Conill. - levante

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Pide a los diputados que rechacen la Ley Sinde que recorta la libertad de expresión en Internet

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La bahía más tóxica del Mediterráneo

ELPAÍS/Murcia* : Entre 1957 y 1990, una mina sepultó la rada murciana de Portmán con metales pesados. Manuel se arrodilla sobre la arena negra y toma un poco en las manos. "Mire cómo brilla. Es el mineral que queda". Y señala los destellos que emanan aquí y allá. Pasea por la playa de Portmán (La Unión, Murcia), lo que fue una majestuosa bahía, puerto natural usado desde la época de los romanos, es hoy el mayor vertedero de residuos mineros al aire libre de España. Los desechos de 33 años de la mina en la que Manuel trabajó como palista saturaron la rada (hasta 14 metros de profundidad) y arrasaron 12 kilómetros mar adentro. Es posiblemente el mayor desastre ambiental del Mediterráneo y, 20 años después de que cesaran los vertidos, la bahía sigue aterrada y sin solución a la vista.

Santiago Guillén, ingeniero técnico de minas jubilado del Ayuntamiento de La Unión, sabe que cuesta entender cómo se ha llegado a esta situación. "En 1957 la empresa francesa Peñarroya pidió instalar aquí uno de los lavaderos de flotación más grandes del mundo", cuenta en un céntrico café de La Unión, "ciudad minera y flamenca". Las minas, de plata, oro, blenda, pirita..., habían sido explotadas desde los romanos. Pero lo de Peñarroya era otra cosa. "Un monstruo", como define Santiago al lavadero, bautizado como Roberto.

Como las vetas eran malas, la empresa pasó a volar enormes cantidades de tierra y en el lavadero a tratarla con productos químicos para separar los minerales. Una ínfima parte era valiosa. El resto, la tierra mezclada con los reactivos y restos de plomo, zinc, cadmio, una especie de lodo parduzco, se vertía a la bahía. "Tiraban 40.000 toneladas al día al Mediterráneo", se escandaliza Santiago.

Casi cada mes había que mover "el chorro", como llamaban al tubo por el que salía el vertido mar adentro, pues ya se había comido el mar. Los pescadores, los únicos que se quejaron, fueron compensados con 25.000 pesetas y un punto de amarre en Cabo de Palos, unos kilómetros al este.

El Ayuntamiento de La Unión empezó un contencioso contra el vertido, pero contra el permiso franquista no tuvo nada que hacer. El Supremo falló que "el interés nacional" de la explotación de la mina, de la que salían el 20% de la plata de la Península y el 70% del plomo, era superior al del Ayuntamiento a proteger su bahía. Así, uno de los mayores atentados ecológicos del Mediterráneo siguió a la vista de todos hasta 1990. El alcalde de La Unión, el popular Francisco Bernabé, define el lavadero como "el Auschwitz del medio ambiente". El Ayuntamiento está en un bello edificio modernista, herencia de la rica ciudad que fue La Unión.

Luis Martínez, ex presidente del comité de empresa de Peñarroya y mecánico en la explotación durante 25 años, pide comprensión: "En aquel momento no se veía la gravedad. La mina daba 400 empleos y nadie se quejaba. Era de la banca Rothschild, ganaron fortunas y nadie les pidió cuentas". Martínez, que entró en la mina en 1965, no encuentra explicación a que la situación no haya cambiado en dos décadas: "Que se haya arreglado el Prestige y el vertido de Aznalcóllar y esto siga igual... Se cerraron los chorros sin pensar en las consecuencias", afirma sobre la desprotección en la que quedaron los trabajadores y las vanas promesas de recolocación.

En 1989, cuando Greenpeace ya se había encadenado a los chorros, Peñarroya vendió la sierra entera, seis millones de metros cuadrados, a un precio ínfimo: una peseta el metro cuadrado. Martínez explica la operación: "España estaba ya en la Comunidad Europea. Ellos vieron que tendrían problemas con el principio de quien contamina paga; así que vendieron". Compró Portmán Golf, de un promotor de la zona, que esperaba construir algún día allí. El temor de Peñarroya eran injustificado: en 1993 la justicia les absolvió de delito ecológico porque el vertido se había realizado con permiso.

La minería sin control ambiental es riqueza unos años y una carga durante generaciones. Así ocurrió en Aznalcóllar y en el vertido de Hungría. Pedro Baños, profesor de la Universidad de Murcia y autor de un libro sobre Portmán, dice que los materiales pesados en la arena "son relativamente inertes" y que no es un riesgo que la gente del pueblo se bañe allí.

La Administración ha presentado tres planes de recuperación de Portmán. Uno con Cristina Narbona como secretaria de Estado de Medio Ambiente, otro con el Gobierno de Aznar y un tercero con Narbona de ministra. El último proyecto, presupuestado en 120 millones, trataba de retirar un 10% de los 58 millones de toneladas de residuos -que ocupan 35 millones de metros cúbicos, como 35 veces el Bernabéu, por seis millones que se vertieron en Aznalcóllar-. Su objetivo es recuperar la lámina de agua en mitad de la bahía (solo en apariencia, no en profundidad). Fue anunciado en 2006 y sigue en tramitación.

El plan está pendiente de declaración de impacto ambiental, de que la Universidad de Murcia concluya un estudio pionero sobre cómo retirar metales pesados mediante calizas y de que la Comunidad de Murcia y el Ministerio de Fomento renuncien al puerto de contenedores de El Gorguel, a solo 700 metros. Francisca Baraza, jefa de la demarcación de Costas de Murcia, de Medio Ambiente, admite que ambos proyectos son incompatibles: "No tiene sentido gastar 120 millones si al lado va a haber un macropuerto". Quedan muchos flecos, como que el dueño del terreno ponga dinero o compense con suelo al Gobierno. Portman Golf no ha querido hablar para este reportaje.

Mientras, la bahía romana de Portus Magnus es un chiste de mal gusto. En el antiguo club náutico, los puntos de amarre dan a tierra firme. Una placa en la pared reza: "Este es el club más modesto de todo el gran litoral, que espera ese presupuesto para que el mar pueda entrar".




* El País - 7.11.10
Foto: El desastre de la bahía de Portmán - EL PAÍS


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'CasoBrugal'.-El Big Bang de la corrupción

LAVERDAD/Alicante* : La mancha de la 'Operación Brugal' ha traspasado fronteras y superado localismos. Invadió al menos una docena de municipios alicantinos, se ha extendido a altas instancias de la Generalitat y salpica incluso a la Región de Murcia. La investigación inicial se ha desdoblado en unas veinte tramas diferentes a medida que se iban revelando nuevas sospechas. Un error del Juzgado de 1ªInstancia 3 de Orihuela, que instruye el sumario desde el año 2007, ha permitido a la opinión pública conocer los entresijos de casi todas ellas, que se encontraban secretas. El hedor de la podredumbre tira hacia atrás, pero paradójicamente en la calle predomina una sensación de escepticismo no exento de resignación. «Al final todo quedará en nada; acabarán por librarse», puede escucharse con frecuencia en cualquier tertulia de café.

La realidad, por el momento, está cargando de razón a esas voces. En el PP, que cuenta en sus filas con más de veinte cargos públicos y orgánicos imputados o implicados en la causa, no se ha producido ninguna dimisión. El discurso oficial es que sin condenas, sin sentencias firmes, no hay culpables. En cambio, el vendaval 'Brugal', esa hidra feroz, se ha llevado por delante a los portavoces del PSPV-PSOE en la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, Antonio Amorós y Roque Moreno, por ese orden.
Resulta en cualquier caso prematuro extraer conclusiones. Todavía restan siete meses para las próximas elecciones municipales y autonómicas. Y muchos folios de las las diligencias judiciales, varios miles, pueden salir a la luz en ese tiempo. Cosa distinta, e incuestionable, es que el sumario, en el que se men ciona a más de un centenar de sospechosos, ha dejado tocada de muerte ante los ciudadanos de toda España la imagen pública de una región zarandeada previamente por las revelaciones de otro asunto de corrupción, el 'caso Gürtel', donde hasta la máxima autoridad de la comunidad autónoma está encausado.
Independientemente de lo que decidan los múltiples órganos judiciales llamados a resolver sobre el asunto en un futuro lejano -la Justicia se rige por sus propios ritmos, por lo general lentos como el andar de una tortuga-, las escuchas telefónicas del 'caso Brugal' demuestran una connivencia y una familiaridad poco saludables entre el mundo de la política y el de los negocios, un cordón umbilical que conecta desde hace mucho tiempo sin pudor alguno ambición, poder y dinero.
El 'caso Brugal' pivota constantemente alrededor de dos figuras omnipresentes en las pesquisas policiales: Ángel Fenoll, dueño y señor de la gestión de residuos en el sur de la provincia, con varios antecedentes penales a sus espaldas, y Enrique Ortiz, uno de los promotores de referencia en todo el territorio nacional, que ha amasado una inmensa fortuna y alumbrado un auténtico emporio con la diversificación de sus actividades comerciales en los últimos años.
Con estilos diferentes y una voracidad compartida, los dos supieron manejar sus hilos, desplegar sus tupidas redes de influencias y colmar de lujosas dádivas cuando no de ingentes cantidades de dinero a quienes podían favorecerles con la adjudicación de contratos públicos.
Curiosamente, el primero de ellos ostenta el dudoso honor de haber hecho saltar la liebre en la primavera del año 2006, al denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción, que dirige Felipe Briones, los supuestos sobornos que jalonaban el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras de Orihuela. Esos tejemanejes, claro, le dejaban a él fuera del 'pastel'. Respecto de Ortiz, existen fundadas sospechas que apuntan a que utilizó a su antojo al ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y a su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, ex edil de Urbanismo, para convertir la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en un traje a medida de sus intereses.
Cruce de caminos
Los caminos de ambos empresarios se cruzaron con motivo del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII, el que corresponde a la Vega Baja, que garantiza las próximas dos décadas una auténtica lluvia de millones de euros al adjudicatario. El pulso personal repleto de golpes bajos que sostuvieron Fenoll y Ortiz, las maniobras irregulares y soterradas que simultáneamente pusieron en práctica entre 2008 y 2009, terminó por estallar y se convirtió en una especie de big bang que ha irradiado todos los despachos oficiales donde latía una galaxia corrupta, de norte a sur de la provincia, desde Calpe hasta el Pilar de la Horadada.
De una u otra forma, a falta de una concreción procesal que el error judicial que propició la filtración ha alterado, la 'Operación Brugal' puede acabar salpicando a cuatro consellerias (Educación, Infraestructuras, Economía y Justicia), al vicepresidente del Gobierno valenciano Juan Cotino, a once localidades de la provincia, la capital de la Región de Murcia, los principales partidos nacionales (PP y PSOE), a un guardia civil o a una funcionaria de Hacienda.
Igualmente, los 'pinchazos' telefónicos arrojan sombras de duda sobre el comportamiento de decenas de directivos de empresas, algunas tan potentes como Sufi o Cespa, filiales de Sacyr y Ferrovial, respectivamente, abogados, técnicos municipales o altos ejecutivos de las más importantes cajas de ahorros del espectro autonómico, Bancaja y CAM. No en vano, el ex presidente de esta última entidad Vicente Sala figura en el listado de sospechosos del fiscal Briones en relación a la trama del PGOU alicantino.
El mastodóntico sumario pone en tela de juicio la licitud de la construcción de escuelas infantiles, algunos tramos del Tram alicantino, la edificación de palacios judiciales e incluso el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana. «Está todo el pescado vendido», llega a advertir a Ortiz sobre esa contrata Vicente Cotino, hermano del conseller del mismo apellido. «Es para Iberdrola por un compromiso del presidente», añade poco después en velada alusión al jefe del Consell, Francisco Camps.
La ambición de un promotor
Como publicó este diario, la ambición del promotor alicantino llegó hasta el punto de intentar, presuntamente, modificar toda una norma autonómica, la Ley Urbanística Valenciana (LUV), para favorecer sus intereses en el sector del ladrillo. El artículo que establece la obligación de los constructores de ceder a la Administración un metro cuadrado de suelo protegido por cada metro cuadrado reclasificado como urbanizable en otras zonas se erigía como un enorme obstáculo para los empresarios del sector.
Briones, que lleva años sin disfrutar de vacaciones estivales y debe lidiar con una gran precariedad de medios –no tiene asignado funcionario alguno en exclusiva a su departamento–, sostiene que el dueño del Hércules corrompió con dinero, inversiones, viajes, empleos, viviendas y coches a Castedo, Díaz Alperi y un buen puñado de concejales del Ayuntamiento de Alicante. También se habría mostrado tremendamente solícito en las dádivas con amigos íntimos de los consellers Gerardo Camps y Mario Flores.
Su yate estaba siempre a punto para zarpar si un amigo del PP lo requería. Bien provisto siempre del mejor marisco y champagna y de los puros más exquisitos. En él disfrutaron de días soleados y noches templadas el entonces alcalde de Alicante y su concejal de Urbanismo junto a otros compañeros de la corporación. Fotografías y vídeos realizados por los agentes de la Udef así lo atestiguan.
También gozaron sobre su cubierta o en sus camarotes el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y su mujer, Margarita de la Vega, empedernida amante del lujo según la describen las diligencias policiales. La investigación señala precisamente al jefe del PP provincial como el presunto cerebro del pacto al que habrían llegado Ortiz y Fenoll con la oportuna intermediación de otro empresario, Rafael Gregory, un personaje clave en toda la trama, para repartirse en secreto los beneficios del contrato del Plan Zonal.
Ripoll está imputado por cohecho, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada y fraude. La Policía sospecha que recibió dos pisos, ayuda para imponerse en los comicios internos de su partido o respaldo en la operación de recapitalización de una televisión local, Canal 37, que él mismo impulsó, como contraprestación a sus gestiones.
Por su parte, Fenoll no dejó nunca de controlar su entorno natural, la comarca de la Vega Baja, donde parecía actuar como un auténtico cacique. El polémico industrial se aseguró presuntamente de forma encubierta el contrato de las basuras de Orihuela, cuya alcaldesa, Mónica Lorente, también está en el punto de mira de Anticorrupción. Lo mismo que una larga lista de ediles de ese mismo partido en el Consistorio.
Existen igualmente indicios de que sobornó supuestamente a varios alcaldes y portavoces del PP en seis localidades de la Vega Baja con entregas de dinero en metálico para garantizar su monopolio en las basuras en el sur de la provincia.
Fenoll estuvo siempre en medio de todo, allí donde su afilado instinto de lince de los negocios le dictaba que debía estar. La Fiscalía le acusa de financiar ilegalmente a los populares de su comarca, pero también a esa formación en Fortuna y al PSOE de Abanilla ( ambas en Murcia), donde tiene uno de sus famosos vertederos.
Ortiz, Fenoll, Fenoll y Ortiz, el brutal encontronazo de estos dos meteoritos en llamas ha alumbrado un particular sistema solar plagado de planetas y satélites sospechosos en las instituciones públicas. Albert Enstein enseñó a la humanidad que el Universo carece de límites. ¿Los tendrá esa galaxia corrupta que ha puesto ahora al descubierto un sumario con nombre de ron añejo?

LAS TRAMAS DE UN SUMARIO SIDERAL
Plan Zonal. Ripoll, Ortiz, Fenoll y Gregory son los principales imputados por la contrata de basuras de la Vega Baja.
Orihuela. Contrato local de basuras. La lista de sospechosos incluye a la alcaldesa, Mónica Lorente, y a muchos de sus ediles. Se investigan también delitos electorales en la campaña de 2007.
Calpe. Implica al ex alcalde Morató, otros dos concejales del PP y un ex edil de IU en irregularidades con el pesaje de residuos.
Vega Baja. Fenoll pudo dar dinero a los alcaldes o portavoces municipales de Rafal, Callosa, Bigastro, Algorfa, El Pilar y Jacarilla.
Autisa. Alzamiento de bienes y blanqueo en las empresas de los hermanos Gregory.
Hacienda. Una funcionaria del Estado es sospechosa de avisar de una inspección fiscal a Fenoll.
Hércules. Un juez archivó la presunta compra de partidos de fútbol en la temporada pasada.
Abanilla. Financiación irregular del PSOE.
Fortuna. Investigación sobre el alcalde y el PP de ese municipio.
Medio Ambiente. Posibles irregularidades en el vertido de residuos recogidos por Fenoll.
PGOU Alicante. Con varias subtramas, están implicados el ex alcalde Díaz Alperi y su sucesora, Sonia Castedo, junto a Ortiz y otra veintena de empresarios y directivos de cajas de ahorro.
Generalitat. Presuntas irregularidades en el Tram, Parques Eólicos, Educación y Justicia.
Algas. Salpica a una contrata de la costa oriolana.
Economía. El Parque Cultural de San Vicente, un crédito del IVF y una contrata de Ciudad de la Luz están bajo sospecha. Afecta al conseller Gerardo Camps.
Murcia. La Policía investiga el proceso para dotar de tranvía a la capital de la Región.
Fundación. Esta entidad vinculada al Hércules pudo financiarse con contratistas de la Diputación.
Proambiente. Licencias sospechosas en las licencias para los accesos a una empresa de Fenoll.
Callosa de Segura. Se investiga su contrata de limpieza viaria.
Vinalopó. Supuestas irregularidades en Monóvar y Villena.



* La Verdad - 8.11.10
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

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Trafalgar ya es urbanizable

DIARIODECÁDIZ* : El Ayuntamiento de Barbate ha finalizado el proceso de reclasificación urbanística de la parcela de 300.000 metros cuadrados situada entre la ensenada de Trafalgar y Zahora que comenzó a principios de la década para dar cabida al histórico complejo hotelero de Trafalgar. El terreno es urbanizable desde el martes, día en el que el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Barbate para habilitar el cambio de uso del suelo: de rústico a urbanizable con fines turísticos.

La publicación oficializa los parámetros de desarrollo de la parcela hotelera: en Trafalgar se pueden construir 600 habitaciones en edificios de dos alturas como máximo (bajo más primera planta) en una superficie de 45.000 metros cuadrados de suelo edificable; 250.000 metros cuadrados se reservan para espacios libres.

El Ayuntamiento de Barbate y la Junta de Andalucía pactaron estas condiciones de desarrollo en 2005. La modificación puntual del Plan General fue aprobada en noviembre de 2006, pero, entonces, la Administración regional instó al municipio a subsanar una serie de deficiencias para obtener la resolución favorable definitiva, entre ellas, la elaboración de un informe de impacto visual, recordó el alcalde de Barbate, Rafael Quirós (PSOE). El plan completo, con nuevos informes de Cultura, Medio Ambiente y Costas, fue examinado otra vez este verano por la Junta en la Comisión de Ordenación del Territorio. Su visto bueno definitivo es lo que ahora ha sido publicado en el BOJA.

La peculiaridad de la reclasificación de Trafalgar es que se produce sin que haya inversores dispuestos a construir los hoteles. En 2006, los propietarios del suelo -la familia Castro- y las cadenas Robinson Club (Grupo TUI) e Hipotels iniciaron un conflicto sobre las condiciones de compraventa de la parcela pactadas a principios de la década y que se vieron afectadas por la larga tramitación del proyecto y por la reducción del terreno edificable y del tamaño de los hoteles impuesta por la Junta. Ese conflicto enconado hundió el proyecto de Trafalgar. Hipotels, cuya parcela quedó mermada tras los recortes, abandonó el plan, y Robinson Club permanece al margen de su desarrollo desde hace años.

En 2008, el alcalde de Barbate, Rafael Quirós (PSOE), tras fracasar en sus intentos de mediación entre los Castro y los empresarios, anunció que el Ayuntamiento continuaría los trámites urbanísticos del proyecto hotelero por su cuenta. La aprobación de la modificación del PGOU conseguida ahora es un avance, aunque se haya producido con extrema lentitud.

Quirós asegura que el nuevo trámite habilita al Ayuntamiento a reclamar alrededor de 300.000 euros a los promotores (en este caso, Robinson), según una cláusula del convenio urbanístico original. "Lo vamos a hacer", asevera el regidor, que sigue presionando a las partes. Su intención es elaborar el plan parcial del sector, que incluye los hoteles, un colegio y zonas verdes, e iniciar su urbanización reclamando las cargas establecidas por la ley a los propietarios del suelo, "bien en euros, bien en terreno". Quirós, al frente de un Ayuntamiento endeudado y con poca capacidad de maniobra, tendrá que demostrar la solidez de su órdago.




* Diario de Cádiz - 5.11.10
Foto: La costa de Trafalgar vista desde las inmediaciones del faro, en una imagen de archivo. Al fondo, la parcela hotelera, junto a las viviendas irregulares de Zahora.- diariodecadiz

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El precio de la vivienda en España tendrá que ajustarse hasta un 40%

ELECONOMISTA* : El precio de la vivienda en España tendrá que ajustarse hasta un 40% para que el excedente de casas construidas sin vender pueda absorberse, según el experto José Luis Ruiz Bartolomé, autor del libro Adiós, ladrillo, adiós sobre la situación del sector tras el 'pinchazo' de la burbuja inmobiliaria. Ruiz Bartolomé, que ha trabajado en varias firmas del mundo inmobiliario como la consultora Knight Frank y la promotora Nexity, ha asegurado que el ajuste variará en función de la zona, y que en las áreas costeras podría llegar a ser de un 60%, mientras que en Madrid rondaría el 25%. Asimismo, ha indicado que, si en las localidades del litoral se concentra gran parte del 'stock', esto se debe a que los compradores extranjeros han perdido interés por las viviendas de segunda residencia en la costa porque resulta "mucho más barato comprar una casa en ciudades como Burdeos y Hamburgo".

Los compradores ya no "viven engañados"

A su juicio, este fenómeno se corresponde con lo que sucede también dentro de España, ya que considera que los compradores han pasado de "vivir engañados" en los años del 'boom' inmobiliario a ser "muy escépticos" a la hora de decidirse a adquirir una vivienda.

No obstante, Ruiz Bartolomé cree que la supresión de la desgravación fiscal a la compra de viviendas a partir de 2011 ha generado una aceleración de las ventas. Aun así, ha apuntado que la construcción residencial está "prácticamente muerta", por lo que es necesario un cambio del modelo productivo que potencie "a los jóvenes emprendedores".

Para Ruiz Bartolomé, la crisis que vive la construcción es la "digestión lenta" de "una orgía de liquidez" monetaria que se inició a principios de los años 2000, como resultado de la bajada generalizada de tipos de interés. Ha añadido que la banca canalizó este "exceso" de dinero hacia el sector inmobiliario, al "estirar el chicle al máximo" y ofrecer préstamos hipotecarios con plazos de hasta 40 años, lo que incentivó la demanda y generó una especulación "a todos los niveles".
Difícil el reciclaje de los trabajadores

Asimismo, ha indicado que los especuladores no fueron únicamente los dueños de las inmobiliarias ni las promotoras, sino que también fueron muchos particulares que "se reían de los tontos" que no invertían en el ladrillo y ahora "están arruinados".

Además, ha criticado el papel de las tasadoras, a las que acusa de ser los principales responsables del alza de los precios del suelo. "En dos años, un suelo en el que el metro cuadrado tenía un valor de 60.000 pesetas (unos 360 euros), podía incrementarse hasta 420.000 pesetas (unos 2.524 euros)", aseguró.

En cuanto a la corrupción urbanística, el autor señaló que "es imposible" cuantificar el número de ayuntamientos que han podido verse implicados, ya que, en su opinión, en los últimos años de expansión del sector "daba asco" realizar negocios inmobiliarios, porque "todos querían sacar partido".

Por lo que respecta a los trabajadores del sector que se encuentran en el paro desde el inicio de la crisis, este experto ve muy difícil "poder reciclarles", ya que se trata de "mano de obra poco cualificada".





* El Economista - 6.11.10
Foto: Construcción crepúsculo - eleconomista

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La maldición del ladrillo en Llanes

ELCOMERCIO/Asturias* : El urbanismo llanisco está gafado, no hay manera de que la norma que rige la ordenación del ladrillo salga adelante sin que la sombra continua de la justicia enturbie el documento que la materializa. O es una cuestión de mala suerte o, como ha dicho la alcaldesa del municipio, Dolores Álvarez Campillo, es que simplemente «Llanes es para los tribunales un campo de experimentación en temas urbanísticos». Porque, desde el PSOE de Llanes no creen que las cosas se estén haciendo tan mal como para acumular tal cantidad de sentencias y denuncias, sino que «hay intereses que hacen que así sea». Bien mirado, uno se plantea si los mismos dirigentes políticos que han visto llegar sentencia tras sentencia puedan cometer tantos errores sin percatarse de que están en el ojo del huracán y de que sus movimientos son mirados con lupa, desde todos los sectores.

Algo falla en Llanes para que el hormigón no fragüe como en cualquier otro sitio de España.
El último varapalo jurídico ha llegado desde el Tribunal Supremo. El Plan General de Ordenación -anulado en 2007 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias- , según el Supremo «no llegó a entrar en vigor porque no se publicó correctamente el informe de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), entidad que aprobaba el Plan. Cuando el documento se hizo público a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) no aparecían ni fichas ni planos en los que se incluye información, al parecer, trascendental, de la calificación y uso de determinados suelos, así como de la ordenación porque, según la sentencia «cuando las normas urbanísticas no resultan descifrables ni entendibles por sus constantes remisiones a las fichas, haciendo de éstas no un instrumento auxiliar de la norma, sino un elemento esencial para su comprensión, al tiempo que se les confiere un contenido normativo impropio (...) les alcanza la exigencia de la publicación, que se extiende a todo cuanto tenga contenido normativo». Un paso que se omitió.
Y esto se conocía el mismo día en que el Ayuntamiento de Llanes hacía pública su decisión de rescindir el contrato con la empresa encargada de la redacción del nuevo Plan General. Después de que una sentencia anulara el proceso por irregularidades en la adjudicación -hay que pagar una indemnización de 19.000 euros a la empresa demandante-, de la presión de poner fin al proceso por parte de la oposición y de que desde el Ayuntamiento se consultaran hasta seis gabinetes jurídicos y tres informes, el equipo de Gobierno llanisco ha decidido «por transparencia y por garantizar la seguridad jurídica» dar por finiquitado el trabajo de la empresa que hasta hace poco redactaba un nuevo plan urbanístico para Llanes.
Un Plan al que no pararon de nacerle percances desde el mismo día que se conoció. Desde el día en el que se anunció consenso para su elaboración y se inició un proceso histórico desde el Ayuntamiento, el de congregar a todos los sectores y asociaciones para aunar ideas con el fin de materializarlas en lo que llamaron el Plan de todos.
Aunque parece que no es de todos, porque su fondo arrastra una maldición. La misma que han tenido absolutamente todas las normas urbanísticas desarrolladas en Llanes, desde las Subsidiarias hasta los planes generales urbanos. La última mala noticia llegó hace ocho años y fue cuando se inició el nuevo proceso que hoy está en tela de juicio.
La CUOTA aprobó el documento inicial en julio de 2002 y, posteriormente, este organismo hizo lo propio con un texto refundido en abril de 2003. En el año 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declaró nulo el documento. El texto refundido había incorporado algunas recomendaciones hechas desde la propia CUOTA para subsanar algunas deficiencias observadas en el Plan inicial, así como 16 de los 54 recursos que habían presentado particulares. El cambio era susceptible de un nuevo proceso de información pública que nunca se hizo, lo que motivó su anulación. Sin embargo, la norma y sus correspondientes posibilidades continuaron adelante.
Pero eso no evitó que la justicia siguiera su curso para estudiar los recursos interpuestos ya fuera contra toda la norma, o contra alguna de sus partes. Por ejemplo, en mayo de este año la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló el plan parcial de La Talá. La decisión judicial supone un nuevo varapalo para el Ayuntamiento de Llanes y el Gobierno del Principado, que suman ya cuatro anulaciones -dos parciales y dos generales- en torno al vigente Plan General de Ordenación (PGO), aprobado en octubre de 2002. La anulación del plan de La Talá tiene un significado especial, dado que esta actuación urbanística, que contempla la construcción de medio millar de viviendas junto a la costa, ha sido considerada desde hace veinte años como la «perla», el «escaparate» y el «mejor ejemplo» del modelo urbanístico propuesto por los socialistas de Llanes, basado en la construcción de segundas residencias y urbanizaciones de chalés adosados y unifamiliares.
Son decenas las sentencias que acumulan los ladrillos llaniscos. Tal vez ahora, con el cambio en el equipo redactor y la última advertencia del Supremo, se inicie un nuevo proceso, ahora sí, el que dé vida a la ordenación urbana de Llanes. Para siempre.




* El Comercio - 7.11.10
Foto: Cientos de tejados, en una vista general de la capital llanisca, con los acantilados al fondo - elcomercio

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Málaga.- ¿De qué sirve el PGOU?

EL PRISMA* : Para qué demonios sirve pasarse ocho años estudiando, redactando y discutiendo un PGOU si no es para recualificar la ciudad, para dar solución a sus problemas, para prever un crecimiento sostenible que incluya la regeneración de espacios urbanos ya consolidados, que aproveche la oportunidad del Metro para liberar espacios del tráfico y acometer operaciones de ambición?. Un ejemplo del despropósito del documento urbanístico, al fin y al cabo una herramienta eminentemente recaudatoria para el Ayuntamiento más que un instrumento realmente de ordenación. El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) es la supuesta joya de la corona de la tambaleante economía malagueña, que ahora pasa como puede su mono del ladrillo y el pelotazo. Tiene empresas que pueden ser símbolo de las bondades de la nueva economía, pero también otras naves en las que trabajan teleoperadores hacinados como gallinas ponedoras de huevos.

El caso es que es nuestra única gran apuesta, junto con el turismo de calidad, para salir del pernicioso monocultivo de la construcción, una actividad que genera mucho movimiento especulativo de dinero pero poca o ninguna riqueza. Así que uno pensaría todo está pensado y repensado cuando llevamos años hablando de la nueva ampliación de la tecnópolis, de que dentro de una década podría tener hasta 50.000 trabajadores (una ciudad como Antequera) y de su conjunción con el nuevo campus de la Universidad. Pero no es así.

Resulta que en esta Málaga Valley que quiere compararse con San Francisco simplemente poniendo pegatinas en un mapa, nadie ha caído en la cuenta de que hay que reservar suelo para llevar el Cercanías al PTA. Si ya de por sí parece escandaloso que se esté abriendo en canal la ciudad para construir un metro ligero, de juguete, sin capacidad para atender los flujos masivos de un campus y un centro productivo de cierto tamaño, y por tanto no llegue hasta Campanillas, peor es que ni Urbanismo, ni los responsables del Potaum tocanarices de la Junta, ni los dirigentes de Adif, hayan pensado en la oportunidad que se pierde.

¿Para qué sirve además tener una empresa como Ferrocarriles Andaluces, teórica depositaria de la competencia en la materia, si no hace alegaciones y propuestas por escrito, si no presiona a Fomento para que atienda las necesidades de la comunidad?

Felipe Romera lleva veinte años predicando en el desierto -cada vez menos desierto, la verdad- sobre la necesidad de acometer el acceso norte al aeropuerto, el dichoso vial distribuidor que Obras Públicas retrasa una y otra vez, advirtiendo que si el tráfico estrangula al PTA, éste difícilmente podrá venderse como un lugar atractivo para instalar una sede. Se ha entrevistado con los responsables de Fomento, ha hecho piña con ese otro lujo para Málaga que es Miguel Ruiz, gerente de la EMT, pero, como a los viejos sabios, nadie le hace demasiado caso.




* Málaga Hoy - Opinión - 7.11.10
Foto: Málaga, zona Guadalhorce y PTA - malagahoy

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LA PAH impide un desalojo. Stop desahucios!




* YouTube - afectadosxlahipoteca


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