* Acuerdo8 - You Tube - Madrid - 23.11.09
El juez aprecia una red de corrupción para enriquecerse con el urbanismo en Castro
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ELCORREO/Cantabria* : La Justicia está encontrando abundantes indicios de irregularidades en el desmesurado crecimiento que ha experimentado Castro Urdiales en los últimos años. Con motivo del auto con el que da por cerrada la instrucción de varios presuntos delitos en las unidades de ejecución del área de Santa Catalina, el titular del Juzgado de Instrucción nº2 de la localidad ha detallado el alcance de sus numerosas investigaciones al respecto.
En su escrito, advierte «evidencias sólidas» de que existe una «trama de corrupción» en la gestión del urbanismo promovida desde el Ayuntamiento. Pero sus conclusiones van más allá. Sostiene que esta red -en la que involucra a políticos, funcionarios y constructores- estaría encabezada por «personas de perfil bajo incorporadas a la vida política municipal con el único ánimo de enriquecerse de manera ilícita».
La consecuencia de estas actuaciones, que el instructor considera se han prolongado por espacio de años, es la «despatrimonialización» de Castro. El proceso ha seguido hasta completar un «auténtico desastre urbanístico». Según argumenta, se ha aplicado un «modelo centrado y basado únicamente en la mera construcción de viviendas, lo que significa la ausencia de una preocupación por cubrir las necesidades de la población». Y, en ese sentido, se habría cedido a las constructoras suelo correspondiente a equipamientos públicos, espacios libres e infraestructuras básicas. Materias en las que la localidad presenta «graves deficiencias».
Falta de control
El instructor avala sus afirmaciones con pruebas. En virtud de ellas, se ha producido una «anulación sistemática, consciente y voluntaria de los controles de legalidad urbanística». En su opinión, esta materia se ha gestionado a nivel local «a criterio y voluntad de los responsables municipales».
También se ampara en la fiscalización del Ayuntamiento que practicó el Tribunal de Cuentas de Cantabria. El juez subraya que este informe ya advertía de un «contexto generalizado, manifiesto y prolongado de graves ilegalidades en la actuación urbanística municipal».
Sus investigaciones le han permitido desentrañar la forma en que operaban los autores de estas irregularidades y apunta a que el principal instrumento utilizado es el propio planeamiento urbanístico municipal. O, mejor dicho, de sus diversas modificaciones, que no han sido aprobadas por las instituciones competentes, lo que implica su nulidad y de todas las decisiones que sobre dicho documento se han adoptado.
«Hacían caso omiso de los informes vinculantes de la Comisión Regional de Urbanismo, bien prescindiendo de solicitar los que eran preceptivos porque sabían que serían desfavorables, o bien decidiendo que algunas actuaciones fuesen informadas sólo por personas de confianza o ajenas a la Administración Pública buscando así informes 'a la carta'», detalla el juez. Es más, afirma que los políticos incluso habrían «prescindido» de los funcionarios «molestos» por criticar que se actuase en contra de la legalidad.
Blanqueo de capitales
El auto también confirma la investigación que ya desveló EL CORREO sobre un presunto delito de blanqueo de capitales entre políticos, funcionarios y constructores. Así, subraya los desfases patrimoniales detectados en más de 130 personas investigadas. Curiosamente, remarca que los nombres más cercanos al Ayuntamiento apenas poseen un patrimonio «relevante», aunque sí se detecta un incremento importante «en familiares y allegados».
Sus pesquisas le permiten incluso cifrar en 9 millones de euros el «enriquecimiento patrimonial ilícito» que se habría producido con el urbanismo en Castro. Una estimación que, se apresura a señalar, es «muy prudente», ya que la cantidad «real» podría multiplicarse «por dos o por tres si se atiende a un más que seguro alto nivel de vida». La tela de araña tejida en torno al Ayuntamiento se caracterizaría por todo tipo de conexiones. «Existe una relación con personas o sociedades relacionadas con algunos concejales o sus familiares», concluye el instructor.
* El Correo Digital - 8.01.10
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - flickr
El juez del 'caso Gürtel' imputa a una concejal de Pozuelo
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ELPAÍS/Madrid* : El juez que investiga el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha imputado a un nuevo cargo político en la Comunidad. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a declarar el próximo martes a la concejal de Presidencia y Mujer de Pozuelo, Yolanda Estrada (PP), en calidad de imputada.
Estrada era la persona que hacía de enlace entre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y el Ayuntamiento de Pozuelo, según un auto del juez Baltasar Garzón. El documento señala: "Una vez que Jesús Sepúlveda ganó las elecciones en Pozuelo [en 2003], el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para este municipio y les compró el proyecto de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). La persona con la que contactaban en el Ayuntamiento de Pozuelo era Yolanda Estrada, concejal de Obras".
Con esta decisión judicial se elevan a 12 los altos cargos del PP imputados en la Comunidad de Madrid en el caso Gürtel, la trama de corrupción en administraciones gobernadas por ese partido.
La edil imputada ayer entró en el Consistorio de Pozuelo de la mano de Jesús Sepúlveda en 2003, quien la puso al frente de la Concejalía de Obras hasta el verano de 2008, cuando pasó a ocuparse de la Secretaría de la Junta de Gobierno municipal. Hasta entonces colaboró estrechamente con Gonzalo Aguado, ex concejal de Urbanismo y actual regidor en sustitución de Sepúlveda. "Es la mano derecha del alcalde", reconocen fuentes municipales.
Tras conocerse la destitución de Sepúlveda como alcalde por su presunta implicación en el Gürtel (recibió 442.000 euros de la trama y un todoterreno), Estrada pasó a ocupar la Concejalía de Presidencia. Un portavoz municipal negó que el alcalde fuera a destituir "de forma inminente" a la edil.
* ELPAIS.com - 8.01.10
Foto: Pozuelo (Madrid), ayuntamiento - elpais.com
Ciudadanos cómplices
ROMÁN OROZCO/Andalucía* : Amin Maalouf escribe en su último libro que "el mundo padece un desajuste en varios ámbitos al mismo tiempo: desajuste intelectual, desajuste financiero, desajuste climático, desajuste geopolítico, desajuste ético". En El desajuste del mundo, el escritor libanés reflexiona sobre todo tipo de discordancias. De algunas se habla mucho estos días: la financiera, la climática, la geopolítica e incluso la intelectual. Pero se habla menos de los desajustes éticos.
Dos noticias recientes, aparentemente contradictorias, me han hecho reflexionar sobre las palabras de Maalouf.
Primera: los dirigentes del Partido de Almería (PAL), con el apoyo de buena parte de los vecinos de El Ejido, presentarán de nuevo a su encarcelado alcalde, Juan Enciso (ex PP), acusado de malversación, blanqueo, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, como candidato a las próximas elecciones municipales.
Segunda: el Gobierno andaluz ha aprobado dos leyes para dotar a los ayuntamientos de más competencias y mejor financiación. O sea, más poder y más dinero.
Los problemas de los municipios andaluces son en algunos casos dramáticos. El más grave es el de Jerez. Su alcaldesa, Pilar Sánchez, lo resumía aquí: o se pone en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) o hay "un despido masivo de trabajadores".
¿Cómo se ha llegado a esa situación? En el caso de Jerez, entre otras cosas, por una plantilla inflada por razones políticas y electorales. De los 2.700 empleados, unos 2.000 (el 75%) consiguieron su puesto de trabajo sin concurso de mérito alguno. Fueron contratados a dedo. Igual que en muchos otros municipios.
El profesor de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo (Suecia), Víctor Lapuente, recordaba en este periódico que, mientras en las ciudades menos corruptas de Europa hay sólo dos o tres personas cuyo sueldo depende del éxito electoral de un partido, en España ese número sobrepasa el centenar. En esos casos, empleadores y empleados protagonizan el "desajuste ético" que preocupa a Maalouf.
También se producen desajustes éticos cuando, por ejemplo, 16 alcaldes de la Axarquía malagueña piden que se legalicen 10.000 viviendas construidas irregularmente en zona rural, autorizadas por ellos a sabiendas de que cometían una ilegalidad. Esos ediles piden también que no se les aplique el Código Penal por el presunto delito cometido.
Por fortuna, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia ejemplar que confirma las penas impuestas a los responsables del escándalo urbanístico y corrupto de Andratx (Mallorca). El TS ordena que "ante la inoperancia de la disciplina administrativa, se acuda al derecho penal". El alcalde mallorquín alegaba que construir en terreno agrícola podría merecer una sanción administrativa, pero no una penal.
Imagino que miles de malagueños que levantaron sus viviendas violando la ley apoyan a sus alcaldes y estarían dispuestos a votarlos de nuevo. Como lo estarán los miles de andaluces que durante años han encontrado empleo en la construcción a la sombra de la burbuja inmobiliaria, inflada con licencias de obras ilegales por las que muchos alcaldes recibían sustanciosos sobornos.
Unos y otros, políticos, propietarios, constructores, trabajadores, se mueven en un clarísimo "desajuste ético". Por ese desajuste, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), en libertad bajo fianza, obtuvo en 2007, cuatro meses después de ser detenido, 5.545 votos más que en las elecciones municipales de 2003.
El desajuste ético, pues, no solo implica a políticos y empresarios. También salpica a los ciudadanos que apoyan comportamientos corruptos y se convierten en sus cómplices políticos. Por ello, nos preguntamos con Maalouf "si nuestra especie no ha llegado al umbral de incompetencia ética".
* ELPAIS.com - Opinión - 7.01.10
La Generalitat valenciana desafía al Gobierno y autoriza los derribos en El Cabanyal
ELPAÍS : El Gobierno valenciano ha aprobado esta mañana un decreto ley urgente para sortear la suspensión de derribos ordenada el pasado lunes por el Ministerio de Cultura para evitar que se parta en dos el barrio marinero de El Cabanyal de Valencia. La norma deroga expresamente el decreto 57/1993 de la Generalitat que declaró Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto histórico del barrio marítimo de la ciudad de Valencia, que perderá más de un centenar de edificios protegidos si entran las excavadoras.
El Gobierno valenciano ha aprobado esta mañana un decreto ley urgente para sortear la suspensión de derribos ordenada el pasado lunes por el Ministerio de Cultura para evitar que se parta en dos el barrio marinero de El Cabanyal de Valencia. La norma deroga expresamente el decreto 57/1993 de la Generalitat que declaró Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto histórico del barrio marítimo de la ciudad de Valencia, que perderá más de un centenar de edificios protegidos si entran las excavadoras.
El consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Juan Cotino, ha situado el dictamen del Ministerio de Cultura en el mismo nivel que la política de Franco hacia los valencianos o la abolición de los Fueros por parte de Felipe V. "No vamos a tolerar la intromisión del Gobierno central en nuestras competencias", ha añadido Cotino. El consejero apuntó a la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, de estar detrás de la "maniobra".
La norma aprobada por vía de urgencia por el Consell "autoriza la ejecución" del plan especial de El Cabanyal, que prevé el derribo de 450 edificios, muchos de ellos construidos a finales del siglo XIX con influencias modernistas y en la zona declarada BIC. Y establece que, dado que la declaración de BIC fue realizada por la Generalitat en 1993 (cuando los socialistas gobernaban la Comunidad Valenciana) corresponde al mismo Ejecutivo decidir qué elementos lo determinan y se protegen.
Según la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, la protección del patrimonio de El Cabanyal no variará "sustancialmente" porque, en su opinión, se compatibilizó con el plan del Ayuntamiento aprobado en 2001. Sin embargo, la destrucción que prevé el plan de una parte importante del entramado urbano de El Cabanyal con la prolongación de una gran avenida es precisamente uno de los aspectos clave del debate social y judicial de la última década. El Tribunal Superior de Justicia valenciano, y después el Supremo, aceptaron el derribo de viviendas en el BIC porque consideraron que implicaba una mejora para el barrio y las expectativas de rehabilitación que proclamaba el plan. El Supremo, no obstante, reabrió el caso el año pasado al confirmar una sentencia pendiente que exigía del Ministerio de Cultura un dictamen específico sobre la posibilidad de que los derribos supusieran un expolio al patrimonio histórico, sobre el que tiene competencias el Estado.
Ese dictamen es el que dio a conocer Cultura el lunes, cuando ordenó paralizar el plan porque supone un expolio, según los informes recabados por el ministerio. Según la Generalitat, el decreto-ley aprobado hoy "prevalece" sobre la orden ministerial, lo que obliga al Gobierno, en su caso, a recurrirlo ante los tribunales.
Horas antes, el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, consideraba "valiente, responsable y sensata" la decisión de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, de frenar los derribos. Y ha acusado al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de "degradar voluntariamente" el barrio para hacer caer los precios de la vivienda y facilitar de ese modo su destrucción.
Alarte ha defendido que la paralización del plan de El Cabanyal debe ir acompañado de un fuerte impulso de rehabilitación. Y ha comparado la prolongación de Blasco Ibáñez con los intentos que en su día se hicieron para convertir el viejo cauce del Turia, que hoy es un jardín, en una carretera. "Es la misma derecha" que quería aquello, ha afirmado. "Los votos de los ciudadanos no son una carta blanca para hacer cualquier cosa", ha seguido, como habrían demostrado hechos históricos acaecidos en el siglo XX.
El líder socialista ha afirmado que la concepción del urbanismo que está detrás del plan para partir en dos el barrio, "es la misma que nos ha llevado a un 22% de paro". "Estamos en otro tiempo. Barberá y Camps son el pasado. Y el Cabanyal es el último ejemplo de ese tiempo". Alarte ha calificado de "inadmisible totalmente" la decisión del Consell, ya adelantada a primera hora, de desproteger El Cabanyal para poder continuar los derribos.
* ELPAIS:com - 7.01.10
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - S.CARREGUÍ, elpais.com
El Gorg de Badalona sigue desierto 5 años después del desalojo masivo
ELPERIÓDICO/Barcelona* : Después de cinco años de la gran expropiación que vació una superficie de 134.000 metros cuadrados, los terrenos destinados a ampliar el puerto de Badalona y construir un canal marítimo y 2.000 pisos solo han servido para mantener dividido al barrio del Gorg. Ninguna inmobiliaria construye en la zona y ni el ayuntamiento ni la empresa pública Marina de Badalona, gestora del puerto y encargada del proyecto de urbanización, han aclarado el futuro urbanístico del lugar.
Solo la empresa Sacyr Vallehermoso ha levantado parte del esqueleto de un edificio de viviendas que hace ya varios meses que está abandonado.
Los terrenos, que están situados entre el puerto y el Pavelló Olímpic, fueron expropiados hace un lustro para acometer un proyecto que hoy parece poco realista. El ayuntamiento se comprometió a impulsar la construcción de un canal que se adentraría en la ciudad y a través del cual embarcaciones como los yates podrían llegar hasta las viviendas levantadas en la nueva urbanización. Pero para ello debía financiar el coste de elevar las vías del tren, una obra compleja y costosa que el gobierno municipal no puede asumir.
TIERRA DE NADIE / Los vecinos denuncian ahora que los terrenos son un vertedero de basura, que el alumbrado público es insuficiente y que el poco tránsito de personas favorece los robos a coches y comercios. Hace dos meses, un triple robo en los bares de la zona alarmó a los vecinos. Una de las víctimas, Gemma Aragón, que perdió unos 600 euros en el atraco a su bar, asegura que el lugar está abandonado y que el temor entre los vecinos aumenta. «Ahora abro mi local más tarde y también lo cierro más temprano. Tengo muy pocos clientes y casi no se ve a gente por la calle. Trabajamos con miedo», asegura.
Pocas semanas después, el asalto a un domicilio por parte de un grupo de hombres armados y disfrazados de pintores y albañiles aumentó la alarma social. Fuentes de la policía local reconocen que ha habido un aumento de los hurtos y robos, pero no solo en esta zona sino también «en toda la ciudad y, en general, en el país, por la crisis económica».
Los vecinos aseguran además que son frecuentes los robos y daños a vehículos. «Hay vándalos que queman los coches aparcados en las calles y la gente arroja la basura en la zona en vez de llevarla a los contenedores», explica Pablo, uno de los últimos vecinos expropiados que ahora vive en un piso cerca del puerto.
La asociación de vecinos del barrio ha denunciado en varias ocasiones el aumento de la basura y de las ratas en las proximidades del solar cuyas obras se encuentran paralizadas. Los terrenos se han convertido en un nuevo punto donde algunos vecinos arrojan deshechos, muebles y colchones.
Poco después de ocupar la alcaldía de Badalona, el socialista Jordi Serra anunció su intención de reconsiderar el proyecto urbanístico de la zona. Desde ese momento la incertidumbre pesa sobre el futuro del barrio, que desconoce si se construirá un canal marítimo o una rambla como había sugerido el alcalde.
La indefinición del proyecto y la crisis inmobiliaria hacen que los vecinos no esperen una solución ni a corto ni a medio plazo. Creen que la salida definitiva a la actual situación de abandono solo llegará cuando se construyan los pisos previstos y comience a aumentar de nuevo la población del barrio.
PUBLICIDAD DE PISOS / En los terrenos afectados todavía se anuncian pisos de gran nivel con lujosas instalaciones al lado de un canal de navegación cuya construcción no está asegurada. Una de las promociones privadas, Port Vila Layetana, ha desplegado carteles para dar a conocer futuros bloques de pisos que dispondrán de «dos piscinas elevadas».
* El Periódico - 7.01.10
Foto: Solares expropiados y con obras paradas en el barrio litoral del Gorg de Badalona, ayer, donde deben hacerse un canal de navegación y 2.000 pisos. - GUILLERMO MOLINER, elperiodico.com
Los vecinos rechazan por «sangrante» el plan del Palacio de Valsaín
ELNORTE/Segovia* : A los vecinos no les gusta la renovación del entorno del Palacio de Valsaín que planea el municipio del Real Sitio de San Ildefonso. La asociación rechaza el convenio firmado el pasado 29 de diciembre por el que se acordó un gasto en la rehabilitación de 3,5 millones de euros, sufragado entre el Ministerio de Vivienda, la Junta de Castilla y León y el Consistorio.
En un comunicado, la asociación de vecinos del Palacio de Valsaín señala que «resulta evidente que el Ayuntamiento cuenta con todos los apoyos institucionales y por lo tanto económicos para sacar adelante su proyecto de convertir las ruinas del palacio de Valsaín en un hotel de lujo, a costa de expulsar de sus viviendas a los actuales habitantes y propietarios de los restos del palacio y de los edificios existentes en su entorno y a costa de vulnerar abiertamente los principios legales por los que se deben regir las actuaciones urbanísticas».
«A los vecinos afectados por esta operación especulativa -continúa la nota- nos resulta verdaderamente sangrante comprobar cómo las Administraciones públicas, que están por ley obligadas a velar por los intereses generales, sólo se acuerden de nosotros y de las penosas condiciones en las que vivimos y en las que se encuentran las ruinas de un monumento nacional, para echarnos de nuestras casas y financiar una operación urbanística a beneficio exclusivo de los intereses particulares de unos inversores privados» para añadir que «no deja de asombrarnos que Administraciones siempre peleadas no tengan ningún problema en ponerse de acuerdo e invertir, mejor dicho, malgastar el dinero de los contribuyentes en operaciones de contenido altamente especulativo».
La asociación de vecinos explica que lleva «luchando desde el año 2001, en que se aprobó el primer documento de Avance del Plan Especial de Palacio de Valsaín por el Ayuntamiento , para que se respeten los legítimos derechos de quienes venimos sufriendo desde décadas una situación de completo abandono». Para los vecinos «las carencias no se resuelven con el Plan Especial por cuanto, con la falacia de que el proyectado hotel de lujo constituye un 'equipamiento' turístico, libera a los promotores de la operación de las obligaciones legales establecidas de cesiones obligatorias de suelo y de aprovechamientos urbanísticos a favor del Ayuntamiento para ejecución de equipamientos sociales y la construcción de viviendas de protección pública».
Vulneraciones de la legalidad
«Es por esta y otras graves vulneraciones de la legalidad urbanística» que la asociación haya presentado numerosas alegaciones «sin que en ningún momento se hayan tomado en consideración nuestros argumentos». La operación se encuentra en el juzgado y no se ha esperado «a que se dicte una sentencia que establezca la legalidad o nulidad del Plan Especial», afirman al tiempo que califican el asunto de «cacicada del alcalde de La Granja que desde el primer momento ha sido contestada por los vecinos, por cuanto de la misma no se deriva ningún beneficio para ellos, ninguna solución a los problemas realmente existentes; sino todo lo contrario: la expulsión de nuestros hogares y la privatización de espacios actualmente de uso público».
* El Norte de Castilla - 6.01.10
Foto: Ruinas del Palacio de Valsaín. :: EFE
La Fiscalía se querella contra el Ayuntamiento de Mataró por construir en un edificio protegido
ELPAÍS/Barcelona* : La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra el Ayuntamiento de Mataró por autorizar la construcción de un centro comercial en los terrenos de la antigua fábrica de Can Fàbregas, declarada Bien Cultural de Interés Local y que está siendo trasladada, pieza a pieza, a otro solar.
La querella, que ahora el juez debe decidir si admite a trámite, acusa al alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron (PSC), y a la abogada del servicio de Urbanismo del consistorio de dos supuestos delitos sobre la ordenación del territorio y sobre el patrimonio histórico, han informado fuentes judiciales.
El fiscal ha pedido tomar como medidas cautelares la paralización del almacenamiento de la fábrica, que está siendo desmontada pieza a pieza y guardada en los terrenos de Valldeix.
Por su parte, el consistorio afirma en un comunicado que los acuerdos del traslado de Can Fábregas para construir en su lugar un centro de El Corte Inglés se tomaron "siguiendo la legalidad vigente y que el Ayuntaiento defenderá esta línea argumental ante las interpretaciones realizadas por el fiscal en su escrito".
El consistorio recuerda que la construcción del centro comercial se aprobó teniendo en cuenta el interés general para la localidad y la creación de más puestos de trabajo y atractivo comercial en Mataró.
* ELPAIS.com -5.01.10
Foto: Mataró, desmontaje Can Fábregas - mataro.org
Ribeira: El 'batallón' urbanístico
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ELCORREOGALLEGO* : La comunidad de vecinos Campo da Agra-II de Corrubedo confirmó ayer la presentación de una demanda por la vía penal contra el alcalde de Ribeira, José Luis Torres Colomer, por un presunto delito de prevaricación.Y es que, una vez derribada la parte ilegal de una vivienda que invadió suelo protegido, el Concello sigue sin anular, sin embargo, la licencia que dio para otra obra en el solar anexo en base a la misma alineación errónea.
Desde hace meses, los vecinos (los mismos que habían denunciado la obra que invadió suelo protegido) vienen reclamando por activa y por pasiva al alcalde que revise y revoque la licencia otorgada para el edificio de 17 viviendas y que se proceda al replanteo in situ de la alineación. Al respecto, la respuesta del gobierno local fue siempre la misma: "lo que se haga, se hará en base a la legalidad".
Los vecinos, entre los que hay varios arquitectos y abogados, están indignados con el alcalde, al que acusan de "empeñarse en persistir en el error a sabiendas". Por ello, advierten que mantendrán su actitud beligerante "hasta las últimas consecuencias".
En este sentido, ya han iniciado los trámites para la presentación de la demanda penal, no sólo contra el alcalde, sino también contra los concejales que hayan votado a favor y los técnicos que hayan informado favorablemente en la concesión de la licencia.
Pero, además, reclamarán daños y perjuicios al Concello, porque, según señalan, "se nos está obligando a gastar dinero para defender nuestros derechos; actuamos para evitar que se cometa una ilegalidad en base a un error que el gobierno conoce desde el principio y no corrige".
* El Correo Gallego - 6.01.10
Foto: Vecinos de la urbanización Campo da Agra-II, junto al solar para el que se otorgó la polémica licencia - SUSO SOUTO, elcorreogallego.es
Gijón: El TSJA admite a trámite el recurso vecinal contra las cuatro torres del área de Roces
LNE* : El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha admitido a trámite la interposición del recurso que plantea la plataforma Roces Residencial Sostenible. Este colectivo vecinal rechaza el proyecto de hacer torres de 97 metros de altura en el nuevo barrio que está construyéndose entre la ronda Sur y la Autovía Minera. El contencioso que ahora se inicia en el alto tribunal asturiano lleva al terreno jurídico una lucha que hasta ahora sólo se libraba a pie de calle.
Las torres motivo de polémica modifican el diseño original de la llamada área residencial de Roces. Sustituirán a los dos edificios con forma de arco y 10 plantas de altura que representaban la puerta de entrada y salida de la nueva urbanización. Aunque dichos edificios siguen apareciendo en los planos oficiales, la idea es transformar su naturaleza de hito arquitectónico en cuatro bloques de hasta 26 plantas. Los promotores de estas torres justifican el cambio alegando problemas de sombras.
Los trámites para hacer efectiva la modificación del área de Roces se encuentran ya en su recta final. La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) le daba su aprobación el pasado mes de agosto y generaba gran inquietud entre los futuros vecinos de este nuevo ámbito residencial, que no empezará a poblarse hasta mediados de año. Esa inquietud ha dado lugar a la plataforma Roces Residencial Sostenible y al recurso admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
El colectivo sostiene que el cambio de diseño es «inadmisible» tanto desde el punto de vista legal como medioambiental. Los futuros vecinos desaprueban, por un lado, que se vaya a alterar la fisonomía del área residencial cuando las obras de edificación ya están en marcha y muchas viviendas vendidas. Por otro, advierten del impacto que las torres podrían causar en una zona donde la altura media de los edificios será de cinco plantas y el entorno todavía conserva resquicios rurales.
«Es una brutalidad», considera la plataforma, cuyos miembros fueron contactando entre sí a través de internet. La red también les ha servido para informar «de lo que se está cociendo» en el área de Roces. Su labor de difusión ha tenido influencia directa sobre la comercialización de las casi 4.000 viviendas previstas en la zona. Algunos compradores incluso se han echado atrás. Como Almudena Casado: «No quiero asomarme a la ventana y ver una torre de 26 plantas».
Esta joven de 33 años, que se trasladó a Gijón por motivos de trabajo, vive de alquiler con su marido. Animados a comprar piso, buscaron por todo el concejo, hasta que se decidieron por el área de Roces. Les gustó su diseño y la relación calidad/precio de las viviendas que se ofertan en este nuevo barrio del Gijón meridional, en su mayoría sujetas a protección. Llegaron a pagar una señal de 2.000 euros para formalizar su reserva. Cuando se enteraron del cambio de diseño que se estaba tramitando, «preferimos perder ese dinero a seguir adelante con el contrato de compra».
Ahora, se encuentran en el punto de partida, buscando piso de nuevo. «Espero que alguien se dé cuenta y ponga freno a esta monstruosidad. Aunque nosotros no quisimos arriesgarnos. Comprar un piso ya te exige suficiente sacrificio como para estar todo el día preocupado por el hecho de que quieran poner unas torres al lado de tu casa». Almudena Casado ha decidido irse del área de Roces. Otros, aunque se queden, renunciaron a su primera elección para buscar piso en un edificio alejado del lugar donde están previstas las torres.
Es el caso de Yalina García, que ya tenía apalabrado un ático con terraza «soleado y precioso» cuando «me pilló la noticia de que iban a colocar esos monstruos enfrente». Esta joven de El Entrego, con empleo en Montevil, se mantiene en el área de Roces «porque económicamente no puedo permitirme otra cosa». Pero no sigue con la misma constructora (en su caso, por cierto, sí le devolvieron el dinero que pagó inicialmente). «Estaba de vacaciones en Cádiz e hice el ingreso desde allí, así que mira si estaba interesada en el piso. El que elegí ahora ya no es igual; está orientado al Norte y será menos luminoso. Pero no tendré delante ninguna torre», explica.
Detrás de estos dos testimonios hay decenas de personas que se encuentran en una situación similar. Muchas de ellas han pasado a la acción a través de la plataforma Roces Residencial Sostenible, que lleva meses movilizándose para recaudar fondos que permitan sufragar su contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
* La Nueva España - 6.01.10
Foto: Recreación virtual de las torres de Ábalos para el nuevo Roces residencial. L. A - lne.es
C. Valenciana: Las urbanizaciones ya ocupan el doble de superficie que los cascos urbanos
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LEVANTE* : La ocupación artificial del territorio en la Comunitat Valenciana aumentó un 37% entre los años 2000 y 2005, según los últimos datos comparativos publicados por el programa SIOSE (Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España).Esta cifra pone de relieve la aceleración sufrida por la construcción de edificios, zonas industriales e infraestructuras durante el periodo analizado en el territorio valenciano, un crecimiento que, por otro lado, triplica la media española. Y son datos, además, que se quedan a la puerta del considerado "boom" urbanístico, que se desarrolló entre los años 2005 y 2007.
De la radiografía realizada por el SIOSE en relación con la Comunitat Valenciana cabe señalar que la mayoría de las modificaciones sobre el territorio -en total 160.197 hectáreas (ha)- se producen para crear suelo urbano (85.669 ha), seguido del destinado a infraestructuras (19.748 ha) -especialmente con la red de carreteras-, equipamientos dotacionales (9.104 ha) -sobre todo las superficies dedicadas a zonas deportivas y educativas- e industriales (23.085 ha).
En cuanto al suelo urbano, lo más destacable es que en 2005, la superficie destinada a las urbanizaciones dispersas -que se incrementó un 28,3% respecto al año 2000- es más del doble de la meramente urbana (cascos históricos y ensanches), 54.582 ha frente a 31.086.
Hay que tener en cuenta que al incremento de superficie ocupada del último lustro estudiado (2000-2005) hay que sumar el que ya se registró en el anterior periodo analizado (1987-2000), que también supuso uno de los mayores aumentos de toda España -el 52%-. Sumando estos últimos dieciocho años, la superficie artificial se ha duplicado en la Comunitat Valenciana, pasando de las 76.652 ha a 160.197.
Cultivos
El informe SIOSE también determina que la superficie destinada a cultivos en la Comunitat Valenciana en 2005 era de 697.091 hectáreas, la mayoría dedicada a los cítricos (200.424 ha) y otros frutales (169.366). En cuanto al arbolado forestal (379.576 ha), el mayor porcentaje del terreno está cubierto por coníferas (329.866 ha). Del resto del territorio cabe destacar las superficies ocupadas por pastizal (649.481 ha) y matorral (358.834 ha). Tan solo un 1,41% del terreno de la Comunitat Valenciana es "superficie desnuda".
Respecto a las "coberturas de agua", en total suponen 11.503 hectáreas, contando ríos, embalses y lagos, mientras que de "coberturas húmedas" (marinas, salinas, zonas pantanosas...) se han contabilizado 6.112 hectáreas.
Análisis
Para la organización Ecologistas en Acción, el informe desvela unos "datos de ocupación del territorio escalofriantes". Según señalan, "aunque el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007 ha paralizado muchos proyectos urbanísticos y ahora se presentan muy pocos nuevos, todavía están en tramitación más de un centenar de PAIs en las comisiones territoriales de urbanismo, algunos de ellos paralizados en los tribunales".
Ecologistas en Acción entiende que los planes que aún continúan en tramitación "promueven todavía desarrollos urbanísticos desmedidos e insostenibles", añadiendo que en los últimos veinte años se ha transformado más territorio que en los últimos dos mil años de historia.
* Levante-EMV - 6.01.10
Foto: Denia (Alicante), urbanizaciones - E.Weber (Levante)
Patio Maravillas: Desalojo y 'reokupación'
ELPAÍS/Madrid* : El Patio de Maravillas se mudó ayer unos metros más allá. La Policía Nacional cumplió por la mañana la orden del Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid y desalojó este centro social okupado desde hace más de dos años y situado en un inmueble deshabitado de la calle del Acuerdo. Por la noche, tras una jornada de gritos y proclamas contra el desalojo, unas 1.000 personas avanzaron desde la plaza del Dos de Mayo hasta el número 21 de la calle del Pez. Allí se quedaron y allí prometen levantar otro centro social de las mismas características.
El Patio de Maravillas es un centro social okupado de "segunda generación", según la terminología utilizada por algunos usuarios del edificio. Es decir, el lugar mantiene los símbolos y los objetivos del movimiento okupa, nacido en los años ochenta para denunciar las dificultades del acceso a la vivienda, pero ha evolucionado a algo mucho más complejo. Se ha convertido en una asesoría laboral, un espacio para niños, una sala de ensayos, un cine, un coro, un taller de idiomas y otro de cuentos, un comedor, una cafetería y un laboratorio de nuevas tecnologías.
El lugar donde todo esto tenía cabida, un edificio de la calle del Acuerdo 8 (barrio de Universidad, distrito Centro) en el casco histórico de la capital, fue desalojado por la policía a las nueve de la mañana. No tuvieron que forzar la puerta. Agentes vestidos de paisano aprovecharon que uno de los ocupantes accedía al edificio para entrar en él.
Para entonces todos los accesos a la calle del Acuerdo estaban cortados por un cordón policial en el que intervinieron más de 30 policías antidisturbios, según cálculos de este periódico. Un vecino de la calle de la Palma puso La Marsellesa a todo volumen para acompañar la escena.
El resto de los habitantes del barrio que quería acceder a la calle tuvo que explicar a los agentes sus intenciones; si querían llevar el perro al veterinario, si iban a comprar pan o si tan sólo trataban de entrar en sus casas. Al margen de esas molestias, la jornada transcurrió sin incidentes. En una hora, las cuatro personas que dormían en el edificio estaban fuera de él. "Anoche dormimos unas 15 personas aquí, pensábamos que el desalojo iba a ser a las seis de la mañana, pero han aprovechado cuando todos se han ido a currar para entrar", explicó Elena de 27 años y participante del Patio desde su fundación hace ya dos años y medio, informa Pablo León.El desalojo era algo esperado por los asiduos al centro, así que a la primera señal todos se pusieron en contacto a través de redes sociales en Internet y mensajes de móvil para censurar con sus lemas y cánticos la actuación de la policía. Un centenar de personas gritó durante horas aquello de "Un desalojo, otra okupación", subrayando así las palabras de Antonio García, uno de los portavoces del Patio, que en una improvisada rueda de prensa afirmó: "Si no puede ser en este edificio, será en otro. Seguiremos buscando otros espacios y el que quiera entender que entienda, seguiremos tomando lo que consideramos que es de toda la ciudadanía".
Y eso es lo que hicieron, tomar un nuevo edificio, esta vez en la calle del Pez. Unas mil personas se dirigieron hasta allí sobre las ocho de la tarde para okupar otro. Se trata del número 21, un inmueble de cinco plantas deshabitado desde hace años. Sobre la fachada hay un cartel de la empresa Procasa en el que se lee "Obras de rehabilitación del edificio solicitadas el 14 de abril de 2007". También tiene patio, pero éste es mucho más estrecho que el que servía para organizar muchas de las actividades en el antiguo Patio de las Maravillas. "Lleva años vacío", señaló ayer un antiguo habitante de uno de los pisos del edificio. "Yo me crié ahí. Creo recordar que muchos de los que vivían allí eran inquilinos de renta baja. Cuando los propietarios vendieron, la gente tuvo que irse".
Los lemas de apoyo y los gritos para festejar el nuevo espacio siguieron durante horas para mantener el mismo espíritu que se había vivido en la calle del Acuerdo por la mañana.
Hasta el Patio Maravillas se habían acercado el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Ignacio Murgui, y la presidenta de la Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad (ACIBU), Isabel Rodríguez. Murgui mostró su preocupación por el previsible abandono del edificio: "Se quedará criando telarañas y se seguirá especulando con él". "Para los vecinos significaba dotar al barrio, que tiene el centro cultural más pequeño de todo Madrid, de todas las carencias que tiene", declaró por su parte Rodríguez, que aseguró que las quejas de vecinos contra el centro okupado "eran minoritarias".
Rodríguez se refería a la Asociación de Vecinos Afectados por el Patio Maravillas, cuyos miembros no llegaban a la decena el pasado noviembre. Esta asociación ha denunciado en su página web un empeoramiento en la calidad del vida del barrio desde la apertura del Patio.
Este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con Leopoldo Arnaiz, propietario del inmueble y presidente de la promotora inmobiliaria Grupo 2 Reunidos. Fue él quien hace dos años y medio denunció la ocupación del edificio. Arnaiz criticó a los okupas por "una acción a la que la sociedad y los tribunales de justicia deberían poner veto de inmediato, evitando el abuso y la actividad delictiva de estos agitadores sociales". Arnaiz también se las ha visto últimamente con los jueces. El pasado mes de julio tuvo que sentarse en el banquillo por supuestas irregularidades en la modificación parcial del plan urbanístico de Boadilla del Monte, del que fue responsable. También está procesado por tráfico de influencias, negociación prohibida y uso de información privilegiada en el municipio de Alcorcón. Ambas causas siguen abiertas.
Fuentes del área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento explicaron ayer que habían ofrecido a los okupas la posibilidad de trasladarse a una de las parcelas que ahora mismo no tienen uso en la ciudad. "Pero ellos quieren un local y el Ayuntamiento no tiene ninguno", afirmaron las mismas fuentes.
Las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento para conservar el Patio Maravillas no fueron muy útiles, según Antonio García, portavoz de los ocupantes. Explicó que el Consistorio ha tenido una "receptividad muy moderada" en las tres o cuatro reuniones que han mantenido. "No se han mojado lo suficiente", señaló.
Cumplida la promesa de llevar el Patio Maravillas a otro lugar, sólo queda saber si los propietarios denunciarán la acción y si el centro podrá seguir albergando los mismos espectáculos y actividades. En cualquier caso, ya hay nuevos vecinos en la calle del Pez.
* ELPAIS.com - 6.01.10
Foto: Madrid, protesta desalojo Patio Maravillas - 20minutos.es
Uralde sufre "condiciones duras y desproporcionadas" en prisión
PÚBLICO* : El director de Greenpeace España, Juanjo López de Uralde, se queja de estar recibiendo un “trato humillante” en la cárcel danesa en la que se encuentra desde el pasado 17 de diciembre tras irrumpir en una cena de gala organizada por la reina Margarita II de Dinamarca, según ha explicado a Público su hermana Esperanza López de Uralde.
El ecologista está “muy enfadado”, especialmente desde ayer, cuando se le trasladó a la zona de presos comunes junto a los otros tres activistas de Greenpeace detenidos.“Humanamente les están machacando”, lamenta su hermana.
López de Uralde, que lleva 19 días en prisión preventiva y régimen de aislamiento, recibió esta mañana una visita de su mujer y su hermano en la que también estaban presentes el cónsul de España, un traductor y un policía danés. Cada vez que hablaban de su proceso judicial, los funcionarios interrumpían la conversación, explica su hermana.
Uralde ha relatado que cuando llegó a prisión, los cuatro activistas de Greenpeace fueron encerrados junto con otros 60 detenidos, durante un día entero, en una estancia con colchonetas en el suelo y una cámara de seguridad en el techo. Hasta ayer, cuando les mezclaron con presos comunes, los activistas han permanecido en un régimen especial de aislamiento, sin acceso a mensajes ni contacto con el exterior.
El director de campañas de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha criticado las medidas "desproporcionadas" que según él "se están llevando a cabo con ellos", ya que consideran que "son un castigo a la sociedad civil que lucha por un mundo mejor".
Separación de presos comunes
Según un comunicado enviado por Greenpeace tras la visita, el Ministerio de Asuntos Exteriores español, a través de la Embajada, ha pedido su inmediata separación de presos comunes y la vuelta a la situación en la que se encontraban.
Según la nota, López de Uralde se encuentra más delgado de lo habitual, aunque está tranquilo. Ha relatado a sus familiares que, a su llegada a la prisión de Vestre Faengsel de Copenhague, pasó 24 horas en una estancia con tan solo una colchoneta en el suelo y una cámara de seguridad en el techo.
* Público - 5.01.10
Foto: Uralde cumple ya 19 días en prisión. - publico.es
La policía desaloja el Patio Maravillas
PÚBLICO/Madrid* : En torno a las 9.00 de la mañana un grupo de agentes de la Policía ha procedido al desalojo del centro social autogestionado Patio de Maravillas de Madrid, situado en la céntrica calle Acuerdo número 8. Según representantes del centro, "la policía ha aprovechado una hora en la que la gente está fuera trabajando", de modo que cuando los agentes iniciaron el desalojo sólo había "tres personas" dentro.
Según fuentes de agencia, un grupo de activistas habría intentado hacer frente a la actuación de las fuerzas de seguridad, aunque desde Patio de Maravillas se recalca que la resistencia es siempre "activa, pero pacífica, no violenta". Cientos de personas, "unos 200", se han concentrado en el exterior del edificio para "dar apoyo al no desalojo del Patio". "No nos gusta nada que nos saquen de nuestra casa", protestan los miembros del centro.
Los activistas se han reunido con la policía para tratar de sacar "los objetos de valor" que aún se encuentran dentro del edificio desalojado, según confirman fuentes del Patio de Maravillas. Un desalojo que habría durado unos minutos de modo pacífico, en contraste con el fuerte dispositivo policial que se despliega a los alrededores del edificio madrileño.
Testigos del desalojo han confirmado que cerca de una decena de furgonetas de la policía antidisturbios se han desplazado al lugar para impedir ningún tipo de incidentes. La policía ha situado el límite del dispositivo a dos manzanas de la localización del Patio y sólo permite el acceso a quienes presentan el DNI para acceder a sus viviendas, aunque muchos vecinos se quejan de que no les han dejado acceso.
Fuentes cercanas a la organización del Patio de Maravillas han asegurado que, tras el desalojo, se piensa en buscar un nuevo emplazamiento porque "la idea del Patio sigue viva". De momento, "aún no se ha decidido nada" hasta que se reuna la asamblea del Patio, que será la que tenga que decidir qué ocurre con el proyecto puesto en marcha hace más de dos años.
"Concentración a las 20h. Pásalo"
La reacción al desalojo del Patio de Maravillas ha sido inmediata a través de las redes sociales por las que se mueve el Patio de Maravillas, ya que se ha convocado una concentración "en repulsa por el desalojo" en la Plaza del Dos de Mayo, situada en el barrio madrileño de Malasaña, para las 20.00 horas del martes.
La red Twitter ha servido, a través del sitio de Patio de Maravillas en esta red social, para convocar esta concentración popular a través de una palabra que ya es un clásico en este tipo de manifestaciones, "pásalo". También a través de la página web Defiéndelo Patio de Maravillas, se han hecho eco de una concentración en la calle San Bernardo en contra del desalojo del centro social.
Conversaciones "abiertas" con el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Madrid aseguró hoy que mantiene "abiertas" las conversaciones con el colectivo Patio Maravillas, al que ofrecen varias parcelas donde podrían instalar sus actividades.
Según informó un portavoz municipal, el área de Urbanismo y Vivienda se ha reunido ya con representantes del colectivo, al que han ofrecido la posibilidad de trasladarse a alguna de las parcelas municipales que actualmente no tienen uso en la ciudad.
Sin embargo, "ellos quieren un local, pero el Ayuntamiento no tiene ninguno: Urbanismo puede tener alguna parcela, pero no inmuebles", explicaron las mismas fuentes, que aseguraron que, "en cualquier caso, las conversaciones siguen abiertas y seguirán adelante".
Con respecto al desalojo del edificio, el portavoz municipal eludió comentarlo ya que "es un asunto entre dos entidades privadas en las que el Ayuntamiento no tiene nada que decir".
Un centro sin ánimo de lucro
El Patio de Maravillas es un "centro social autogestionado" desde hace dos años y medio situado en el centro de Madrid, en el que se imparten cursos y clases para extranjeros, se organizan reuniones con entidades vecinales y sociales, charlas, proyecciones, talleres, conciertos e incluso se otorga asesoría jurídica a personas que no pueden costeársela. El Patio cuenta con una cafetería gestionada por todos los integrantes del centro y cuyos beneficios se usan para sufragar las actividades que en él se desarrollan.
El 12 de noviembre el juzgado notificó al Patio Maravillas que volvía a estar activa la orden de desalojo que ya pesaba sobre el edificio de la calle Acuerdo 8 y que fue bloqueada en febrero por la Audiencia Provincial de Madrid.
Tras recibirla, los okupas se organizaron hace meses para dormir en el edificio. Asimismo, planificaron "diferentes niveles de residencia activa no violenta" para el momento del desalojo. Así, construyeron un 'bunker' situado en una habitación sellada en la que advertían hace tiempo que se encerrarían por dentro varias personas y se encadenarían cuando llegue la Policía.
* Público - 5.01.10
Foto: La policía custodia los objetos sacados durante el desalojo del Patio de Maravillas, en Madrid. - Twitpic, publico.es
Muñoz y Del Nido crearon una sociedad para ´saquear Marbella´
LAOPINIÓN/Málaga* : El titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Marbella ha dado por concluida la instrucción del ´caso Minutas´ sobre las presuntas irregularidades en los encargos hechos al abogado y presidente del Sevilla FC José María del Nido por parte del Ayuntamiento marbellí. Así, el juez ha remitido el sumario a la Audiencia Provincial de Málaga.
Según adelantó ayer Canal Sur Radio, en el auto de conclusión de la instrucción se especifica que Del Nido, junto con el ex alcalde marbellí Julián Muñoz "formó una organización criminal para saquear las arcas municipales".
Para Muñoz, pide 16 años y seis meses de prisión por los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude, malversación continuada y delitos societarios, entre otros. Para José María del Nido, por su parte, solicita 14 años por asociación ilícita, malversación, falsedad documental, etcétera.
Precisamente, el pasado mes de julio el titular del citado juzgado ordenó la apertura del juicio oral contra Muñoz, Del Nido y otras 15 personas por este caso. A través de aquel auto, el juez que ha instruido la causa declaró a la Audiencia Provincial como órgano competente para el conocimiento y enjuiciamiento, en virtud de las penas solicitadas; y, además, requirió a los acusados para que en un plazo de 30 días prestaran fianza para asegurar las responsabilidades, tanto pecuniarias como civiles.
Asimismo, mediante aquella resolución, se citó a los acusados para notificarles personalmente el auto. El juez no acordó la apertura de juicio oral contra el ex edil Francisco Javier Lendínez, sobre el que existen órdenes de detención y personación, puesto que se encuentra en ignorado paradero.
Escritos de acusación. Este auto se dictó después de haber formulado escritos de acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Ayuntamiento de Marbella, personado como acusación particular en el asunto.
El instructor acordó a principios del pasado mes de junio seguir la causa, pasando de diligencias previas a procedimiento abreviado, iniciada a raíz de la querella interpuesta en 2006 por la Fiscalía Anticorrupción tras analizar varios informes de fiscalización del Consistorio de Marbella realizados por el Tribunal de Cuentas.
El fiscal pidió inicialmente para Muñoz 14 años de prisión y 48 de inhabilitación, tanto absoluta como para empleo o cargo público; aunque el juez le indicó, en otra resolución, que no se concretaba la pena por los delitos societarios, por lo que la petición de pena de cárcel sería superior.
El origen de este proceso, informa Efe, es una querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2006 en la que consta que el abogado José María Del Nido, facturó directamente entre 2000 y 2001 un total de 1,5 millones de euros procedentes del Consistorio marbellí y 1,6 millones de las sociedades municipales.
* La Opinión Málaga - 5.01.10
Foto: Marbella - agenda21malaga.org
La Federación de Asociaciones de Vecinos muestra su alegría por la decisión de Cultura sobre El Cabanyal
EUROPAPRESS/Valencia* : La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia mostró hoy su "alegría" por la orden del Ministerio de Cultura que declara "acto de expolio" del patrimonio histórico las actuaciones derivadas del 'Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyameral (Pepri)' y obliga a suspender su ejecución, ya que consideró que esta actuación es una "aberración y un atentado contra el patrimonio histórico". Por ello, apostó por la "rehabilitación y revitalización" de la zona.
Así lo expresó en declaraciones a Europa Press el vicepresidente de esta entidad, Antoni Pla, respecto a la Orden emitida por el Ministerio de Cultura, en cumplimiento de la decisión del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2009, donde declara como "acto de expolio" del patrimonio histórico las actuaciones derivadas del 'Plan Especial de Protección y Reforma Interior de Cabanyal-Canyameral (PEPRI)' que se han llevado a cabo y se proyectan realizar en el barrio de El Cabanyal-Canyameral de Valencia.
Asimismo, la Orden declara la obligación de los titulares de los bienes que integran el conjunto de suspender la ejecución del Plan hasta que no se "adapte y garantice" sus "valores histórico-artísticos".
Antoni Pla celebró la Orden ministerial y confió en que ayude a "abrir los ojos" de "aquellos empeñados en poner las máquinas con no sé que fines" en este barrio valenciano y apeló a "no dar muerte" a El Cabanyal con su "paralización y abandono". En esta línea, apostó por la "rehabilitación y revitalización" de este distrito valenciano.
* Europa Press - 4.01.10
Foto: Valencia, vista del Cabanyal - levante-emv.com
El cabecilla de la trama admitió dar en mano los sobornos al ex alcalde de Llíber
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LEVANTE/Alicante* : Mientras que el constructor Miguel Muntaner, presunto cabecilla de la trama urbanística de Llíber, admitió ante la juez de Dénia que instruye el caso que pagaba sobornos al ex alcalde, José Mas Avellá, del PP, para obtener licencias para construir chalés ilegales, el ex primer edil, quien está encarcelado desde el pasado 16 de diciembre, lo negó todo.
Cuando la juez, según ha podido saber este diario, le preguntó por las comisiones, Mas Avellá replicó que no eran tales, sino tasas por las licencias. No obstante, admitió que las recibía directamente del citado constructor, quien hace días salió de prisión tras abonar una fianza de 100.000 euros.
El ex alcalde aseguró que ese dinero terminaba en las arcas municipales. Sin embargo, aparentemente, la contabilidad municipal no recoge esos ingresos. Es muy probable que la juez tenga que pedir una auditoria contable del ayuntamiento para aclarar dónde terminó el dinero.
Con todo, en el sumario de este caso, en el que hay una veintena de imputados por la estafa de construir en suelo no urbanizable 300 casas ilegales y después venderlas, se intuye la sospecha de que el ex primer edil pudo beneficiarse de sobornos. De hecho, la Guardia Civil investigó cómo Mas Avellá, quien ahora tiene 69 años y a quien no se le conocen ingresos, amasó en su último mandato un llamativo patrimonio.
En esos años construyó dos casas para sus hijos y se reformó la suya propia que está enfrente del ayuntamiento. Además, empezó a pasearse por el pueblo con un automóvil Mercedes que, sin ser de último modelo, sí que llamaba la atención de sus vecinos. El constructor Miguel Muntaner declaró ante la juez que él le regaló el coche. Sin embargo, el ex alcalde sólo reconoció que Muntaner lo puso en contacto con el vendedor en Alemania y él pagó el coche de su bolsillo y en efectivo.
Tanto Mas Avellá como el que fue su aparejador municipal, Amador Signes Arabí, para ambos la juez decretó prisión sin fianza, alegaron que al autorizar las viviendas en suelo no urbanizable aplicaban una normativa urbanística exclusiva de Llíber. Apelaron a una ordenanza municipal que, aunque contraria a la Ley del Suelo, permitía dar licencias para edificar chalés en suelo rústico en parcelas de 5.000 m2 (la superficie mínima legal son 10.000 m2). El resto de la declaración de ambos consistió en negar su implicación en la trama, aunque la investigación sí considera probada su connivencia con promotores, empresarios e intermediarios imputados en la estafa de vender 300 casas que ahora son ilegales y tienen luz y agua en precario.
El técnico municipal, además de informar favorablemente las licencias, efectuaba luego los proyectos privados de los chalés, que aunque de nueva planta se disfrazaban como restauración de ruina o construcción de almacén agrícola con parte habitable. Con esos permisos de obra menor se eludía la intervención de un arquitecto superior. El aparejador municipal redactaba unos proyectos que cobraba como honorarios privados.
Pese a que ocultar 300 chalés ilegales parece imposible, la investigación de la trama de Llíber se inició casi por casualidad. Un propietario denunció a un constructor inglés, que, según sus clientes, está en la actualidad en paradero desconocido, porque su chalé estaba sin terminar. A ese constructor se le tomó declaración en Valencia y reveló que su socio era Miguel Muntaner, a quien ya señaló como muñidor de la estafa urbanística. A partir de ahí, la Guardia Civil empezó a tirar del hilo de una trama por la que, entre otros, están imputados todos los ediles de la corporación de Llíber de 1999 a 2003, cuando era alcalde Mas Avellá y se dieron la licencias fraudulentas.
Presentan un recurso para salir de la cárcel
Mientras que el promotor Miguel Muntaner ya ha abandonado la cárcel, tras depositar una fianza de 100.000 euros, el ex alcalde y su aparejador municipal continúan en prisión. La juez decretó para ellos prisión provisional sin fianza al considerar que existía riesgo de fuga. Los abogados de ambos han presentado un recurso ante la Audiencia Provincial en el que piden que se les deje en libertad, ya que son personas mayores y con gran arraigo en la comarca. Discrepan, por tanto, de que exista peligro de fuga.
En la trama hay una veintena de imputados por delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho y estafa. También está imputado un notario de Xàbia por una presunta falsedad documental. Al parecer una propietaria de terrenos rústicos en Llíber negó ante la Guardia Civil que ella hubiera otorgado poderes al constructor Miguel Muntaner para que vendiera sus terrenos. Esos poderes, por tanto, eran falsos, aunque sí que tenían el visto bueno del citado notario.
También están imputados constructores ingleses y alemanes, así como un asesor y un abogado de Dénia. La juez instructora tiene mucho trabajo hasta desentrañar la responsabilidad, si la tuvieron, de todos ellos en el escándalo urbanístico.
* Levante-EMV - 5.01.10
Foto: Llíber (Alicante) - enciclopedia.cat
Castilla y León mantiene plagios en otro informe que avala una estación de esquí
ELPAÍS* : El informe de la Junta de Castilla y León para permitir la estación de esquí de San Glorio, en una zona protegida entre León y Palencia, mantiene plagios de Internet que tenía el informe previo, retirado en mayo, cuando EL PAÍS desveló el copia y pega. Sin embargo, el informe de sostenibilidad ambiental de las directrices de ordenación de la montaña cantábrica mantiene algunos de los plagios, a veces de informes de otras provincias sin relación.
Las Directrices de Ordenación de la Montaña Cantábrica Central ordenan el urbanismo en 50 pueblos de la cordillera en León y Palencia y sirven para dar amparo a la estación de esquí de San Glorio, prevista en un espacio protegido. El primer intento de la Junta de aprobar la estación lo anuló un tribunal por defecto de forma y el segundo lo frenó la comunidad en mayo, cuando EL PAÍS desveló que el informe para avalarla, que costó 165.420 euros, estaba fusilado de webs como El rincón del vago.
Pero este nuevo planeamiento mantiene párrafos copiados de páginas como árbolesornamentales.es. De cantabrijoven obtiene la descripción de la fauna en la zona, pese a que la web no se refiere a la comunidad de Castilla y León, o frases textuales de una guía chilena de conservación del paisaje. Esta vez, el informe incluye una página de bibliografía, aunque sin explicar de dónde ha sacado cada cosa y sin citar estas webs. Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión de la Consejería de Medio Ambiente.
Las nuevas directrices no mencionan directamente el proyecto de estación de esquí de San Glorio, pero señala que "se incluirá el esquí alpino como actividad autorizable en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Montaña Palentina", un parque natural que alberga una de las dos poblaciones de oso pardo cantábrico. Juan Carlos Atienza, de la organización ecologista SEO-Birdlife, consideró "realmente vergonzoso" que no se haya desechado por completo el informe previo. Y añadió: "Seguimos pensando que todo esto sólo sirve para justificar un proyecto que no tiene ningún futuro, como la estación de esquí de San Glorio".
* ELPAIS.com - 5.01.10
Foto: San Glorio 2007 - ecologistasenaccion.org
El Ministerio de Cultura ve expolio en el plan del Cabanyal y ordena pararlo
LEVANTE/Valencia* : Con una de las pocas competencias que no ha transferido a las comunidades autónomas, la de determinar si existe expolio en actuaciones sobre bienes declarados patrimonio histórico, el Ministerio de Cultura ordenó ayer la paralización de los trabajos del plan urbanístico municipal en el barrio del Cabanyal y la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el paseo marítimo a través del antiguo barrio de pescadores.
En poco más de seis meses de análisis y estudios, y por petición expresa del Tribunal Supremo en una sentencia del 25 de mayo pasado, Cultura ha resuelto emitir "una Orden donde declara como acto de expolio del patrimonio histórico" las actuaciones derivadas del plan urbanístico para Cabanyal-Canyamelar "que se han llevado a cabo y se proyectan realizar en el conjunto histórico del barrio, que está declarado Bien de Interés Cultural.
Según la información facilitada ayer tarde por el Ministerio de Cultura, éste tiene la competencia exclusiva en la defensa del patrimonio histórico español contra la expoliación y en aplicación de esa prerrogativa ordena "la suspensión inmediata de la ejecución del Plan hasta que no se adapte y garantice los valores histórico-artísticos del barrio".
Para la emisión de la orden de suspensión del plan, el Ministerio se ha apoyado en informes técnicos entre los que destaca los presentados por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, la Real Academia de la Historia y el Museo Nacional de Cerámica "González Martí" de Valencia, algunos de los cuáles ya habían emitido dictámenes contrarios al plan en momentos anteriores del largo proceso judicial del plan. Entre estos informes de rechazo estuvo también, según subraya el Ministerio, el de la Inspección de Patrimonio Histórico de la Dirección Territorial de Cultura de la Generalitat, que ya con gobierno del PP, el mismo partido que impulsa el plan en el ayuntamiento, expresó su posición contraria en el año 2000.
La orden de suspensión emitida por Cultura ayer, lejos de poner fin al pleito, lo alargará. La disposición del ministerio puede ser recurrida ante la sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Previsiblemente, el Ayuntamiento de Valencia que preside Rita Barberá tomará este camino, ya que ni siquiera consideraba que lo que pudiera determinar el ministerio fuese vinculante.
En las organizaciones que se oponen al plan y a la prolongación de Blasco Ibáñez se confiaba en la orden de suspensión del ministerio. De hecho, Salvem el Cabanyal había decidido ya en asamblea reconvertirse en asociación de afectados para obtener la mejor valoración de sus propiedades ante los derribos hasta que el Supremo, en mayo de 2009, emplazó al Ministerio a pronunciarse sobre si había expolio. Esa sentencia dio renovados bríos a la coordinadora, que ahora tiene más motivos para la esperanza.
En cuanto a la marcha del plan, el ayuntamiento tenía previsto completar entre enero y febrero los derribos de fincas para completar el bulevar de San Pedro, perpendicular a Blasco Ibáñez y primera actuación global al margen de las demoliciones aisladas.
* Levante-EMV - 5.01.10
Foto: Valencia, el Cabanyal - levante-emv.com
Orpesa debe mantener los 3 millones de m2 de las nuevas urbanizaciones
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LEVANTE/Castelló* : El Ayuntamiento de Orpesa debe afrontar en los próximos meses la prestación de los servicios básicos que requieren el mantenimiento de los 3 millones de metros cuadrados de 5 urbanizaciones, la misma superficie que gestiona actualmente, habitadas por casi 20.000 vecinos. Personas a las que habrá que facilitar los servicios por los que pagan ya tasas e impuestos municipales.
Sectores como el de La Colomera, Torre Bellver II, Les Quarts, Amplàries, la Renegà o Tossal Natural requerirán un esfuerzo inversor del consistorio para atender las demandas vecinales. Servicios e infraestructuras básicas (agua, luz, seguridad) que vecinos dels Quarts ya han demandado, vía Registro municipal, al alcalde Rafael Albert, tras un lustro de espera a que concluya la urbanización proyectada. Será el consistorio quien retome las obras tras presupuestar las carencias y desperfectos en viales, red de saneamiento y jardines en varios millones de euros..
La situación de crisis económica que agrava los problemas de las constructoras no hará sino acelerar el proceso de transferencia de las urbanizaciones al consistorio que deberá afrontar las cargas de mantenimiento que ello conlleva. Con la recepción de las nuevas áreas urbanas, asume el mantenimiento de los miles de metros cuadrados de superficies verdes o ajardinadas, de los miles de metros de viales y las farolas del alumbrado público que mantener.
La seguridad ciudadana y la correcta prestación (hay quejas) de los servicios de recogida de basuras o de abastecimiento de agua y saneamiento pasan a formar parte de las obligaciones de un consistorio que cerró el ejercicio 2009 con números azules, como recalcó Albert, quien afirmó que la deuda municipal era menor que la de la hipoteca de un piso.
El panorama, como recuerda el portavoz del Bloc, Josep Lluís Romero, puede cubrirse de nubarrones, pues a poco que el consistorio asuma todo lo urbanizado durante el "boom" de la construcción, el superávit se reducirá. Y es que "en poco tiempo tendremos que la mitad del suelo urbano que atiende el consistorio".
Romero apunta que "son muchas calles que barrer, alumbrar, cuidar sus zonas verdes, patrullar...". Algo, añade, de lo que "llevamos años alertando al PP que parece no tomarlo en cuenta instalados en su prepotencia".
* Levante-EMV - 4.01.10
Foto: El ayuntamiento ya ha tenido que actuar para acabar la urbanización dels Quarts. - vicent gamir, levante-emv.com
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