LAVOZDEGALICIA* : Los depósitos de basura ilegales siguen proliferando por montes y parajes aislados de Galicia pese a la inversión de las Administraciones autonómica y local en materia de gestión de residuos sólidos y los esfuerzos de las campañas de concienciación ambiental. Desde que echó a andar Sogama -creada por la Xunta en 1992-, y sobre todo su planta incineradora en Cerceda, se fueron clausurando los vertederos municipales.
Con la ayuda de los fondos europeos, de aquellos más de 250 que funcionaban entonces hoy apenas quedan treinta por clausurar. El resto se han ido sellando y regenerando poco a poco. El Gobierno autónomo completará el programa con una inversión de 5 millones de euros destinada a ejecutar su cierre antes del año 2012.
Sin embargo, no será el fin del problema. Aunque estas grandes acumulaciones de residuos emblemáticas -de referencia para los vecinos- han sido eliminadas, siguen aflorando depósitos incontrolados por el paisaje, que casi siempre tienen que ver con residuos cuyo tratamiento está en pañales: restos de obra y desmontes, mobiliario y enseres, y neumáticos. Existen emplazamientos ya clásicos, de acumulación recurrente (canteras, taludes, lechos fluviales, rías, cunetas), aunque se limpien cada cierto tiempo, y otros que surgen por el simple efecto llamada: basta con que un desaprensivo deje allí un sillón desvencijado, una lavadora o unas sacas con escombro o despojo vegetal; enseguida encontrará adeptos.
El anuncio de Sogama de que dejará de retirar a partir de septiembre residuos voluminosos (mobiliario, electrodomésticos, colchones... enseres que no asume el contenedor) no parece que vaya a facilitar la desaparición de los verteros ilegales, sino al contrario. Unas 12.000 toneladas de este tipo de basura llegó en el 2008 a Cerceda, donde fueron incinerados o trasladados al vertedero de Areosa. Por el momento, la Xunta no se ha avenido a la petición de PSOE y Fegamp, que la instan a que financie las alternativas: gestores privados autorizados que encarecen el tratamiento. La Consellería de Medio Ambiente sí ofreció información y colaboración.
En Vilagarcía existen vertederos incontrolados en Trabanca, en Berdón, y dos en el monte Lobeira y, aunque han sido denunciados siguen almacenando basura. En O Grove y Cambados se organizan habitualmente retenes de limpieza para eliminar acumulaciones esporádicas.
La brigada ambiental del Concello de Ames eliminó nada menos que 210 vertederos entre el 2008 y lo que va de año.
En el sur de Lugo sigue habiendo pequeños puntos de vertido. Uno de los más llamativos se halla en la parroquia de Pombeiro (Pantón), en pleno cañón del Sil y a la vista de la presa de Santo Estevo, y que el Concello limpia, pero no logra erradicar.
Las canteras
En Ourense siguen quedando ejemplos, incluso en la capital. En el entorno de sus dos puntos limpios los vecinos depositan todo tipo de objetos cuando hallan el servicio cerrado. En el resto de la provincia destacan los lugares usados por las canteras para depositar escombro, un problema habitual en Toén o Xinzo, pero sobre todo en la zona pizarrera de Valdeorras. No obstante, allí está en marcha un programa para su eliminación.
Los vertederos son una constante en las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes, especialmente en carreteras en desuso y en las proximidades de los ríos, y que muchas veces desaparecen bajo la maleza. Uno de ellos se localiza en Pozo Negro (Lalín), a orillas del río Asneiro, donde el pasado año se retiraron tres toneladas de ruedas y residuos.
* La Voz de Galicia - H. J. Porto - 30.08.09
Foto: EL CUARTO DE BAÑO EN CULLEREDO. Los restos de obra aparecen esparcidos junto a un contenedor y cerca de una parada del bus escolar - lavozdegalicia.es
Los vertederos ilegales proliferan por montes y parajes aislados de Galicia
en
30.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia
Otro monstruo urbanistico en la Vera
Ecologistas en Acción de la Vera, consideramos que la construcción de 270 apartamentos es pura especulación ya que se basan en el cambio de uso del suelo rústico a turístico, con un futuro de uso residencial y la empresa promotora Raso del Arca S.L. y empresas constructoras que pretenden realizar ésta macro urbanización, solamente buscan beneficios propios y rápidos, sin considerar el desarrollo sostenible de la Comarca, con el deterioro faunístico y ambiental en la zona de Juan Rasero de Villanueva de la Vera, dónde se pretende realizar.
Por otra parte queremos que se considere la repercusión de los gastos en infraestructuras que se deben llevar a cabo para dar accesos a dicha urbanización a cargo de las arcas autonómicas, comarcales y locales, cuando se necesitan de otras mejoras que afecten directamente a los habitantes de la zona.
Desde nuestro punto de vistas, los procesos de ocupación del territorio por parte de la civilización humana deben estar necesariamente encuadrados en el marco de políticas globales, regionales y locales de respeto por el medio ambiente. Así lo puso de manifiesto un informe elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad en España para el Ministerio de Medio Ambiente hecho público en 2006 y así se recoge repetidamente en la bibliografía especializada y en la legislación estatal.
En la actualidad hay un acuerdo generalizado en que, o nos esforzamos en cuidar el planeta que habitamos, ó tendremos problemas que afectarán gravemente a nuestra calidad de vida y que habremos generado con nuestro desmedido afán por consumir los recursos limitados de que disponemos. Este planteamiento debe estar presente en la práctica de la ordenación del territorio y del urbanismo, tanto a escala global como local y en todos y cada uno de los instrumentos de planificación y/o planeamiento que se elaboren para estructurar coherentemente la integración de nuestra especie y de su actividad en del territorio.
Este nuevo proyecto supondría un abuso de los recursos del suelo y agua por el incremento desproporcionado de suelo urbanizable propuesto, alejado de las necesidades del municipio y que responden a fenómenos coyunturales de expansión urbanística ligada en la mayoría de los casos a operaciones especulativas.
El enorme consumo de agua potable, que se captará de acuíferos subterráneos ó bien se detraerá de la red de distribución del Servicio Municipal de Aguas de Villanueva de la Vera. La contaminación del agua (superficial y subterránea), el suelo y el medio natural que suelen provocar los herbicidas, abonos y productos químicos que se emplean y por los posibles daños a la vegetación y a la avifauna y otras especies animales que abundan en la zona. La arbitraria e injustificable motivación de unas instalaciones cuya puesta en obra y mantenimiento atentará contra el verdadero “interés general” de la ciudadanía pues ni persiguen las satisfacción de necesidades esenciales de la población, ni garantizan la correcta conservación de los bienes de dominio público.
Que se pretendan desviar caudales de aguas depuradas ó pozos de perforación, cuando continuamente se habla de escasez en sectores como la agricultura, la ganadería y en el caso concreto de la Comarca de la Vera la escasa cantidad de agua como este año para satisfacer los consumos mínimos a los ciudadanos.
Un proyecto de éste tipo (y cualquier otro de éstas características, aunque sea de menos impacto) no es sostenible en los tres sentidos del término: No es sostenible porque no se puede mantener una población y unos usos que necesitan una cantidad de agua mayor que la capacidad de recarga de los acuíferos; No lo es porque no tiene en cuenta a las generaciones futuras a las que se les deja una hipoteca irreversible, y no lo es porque contamina el agua por encima de la capacidad auto regenerativa de la naturaleza.
Además no es sustentable porque priva a la comunidad local de su territorio tradicional, de su capacidad política, de parte de sus costumbres y modos de vida.
Los consumos estimados por persona y día es de 300 litros que por 270 apartamentos y 3 personas por cada uno constituyen 250 m3 diarios, 100.000.-m3 anuales aproximadamente.
Los consumos para un campo de golf de este tipo (9 hoyos) se establecen en 193.000.- m3/año. Es decir, consume los mismo que 3.846 hogares. Si se regara con aguas residuales, se necesita el agua residual de una población de al menos 6.000.- habitantes.
Hay muchas evidencias de que el cambio climático nos traerá cada vez menos agua y desde organizaciones internacionales nos alertan de la necesidad de regular el uso de este bien preciado y escaso. Un campo de golf supone un despilfarro para un lugar en el que el agua no sobra.
Los campos de golf usan cantidades enormes de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y pesticidas. Todos estos agros tóxicos irían a parar a los acuíferos y finalmente a los arroyos que desembocan en él Río Tiétar por lo que los campos que riegan sus vegas los harían con esta agua contaminada, con el deterioro que supondría a toda una Zona agrícola.
Por todo lo expuesto, Ecologistas en Acción de la Comarca de la Vera, SOLICITA A DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERITORIO DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO: DENIEGUE EL PROYECTO JARDIN BOTANICO GOLF, promovido por la empresa Raso del Arca S.l...
* Kaos en la Red - Manuel M. | Ecologistas en Acción de la Vera - 30.08.09
Foto: Kaos en la Red
en
30.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS CastillaMancha
Un rincón ´marbellí´ en A Coruña
LAOPINIÓN* : Los inquilinos del edificio Conde de Fenosa se mueven entre los que aseguran estar tranquilos ante la orden de demolición del Supremo, confían en que no se ejecutará jamás, y los que admiten cierta inquietud por la posibilidad de perder sus viviendas. "Esto es como Marbella", resume uno de los inquilinos del edificio Conde de Fenosa. Abogado, para más señas, lo que le ha convertido en blanco habitual de las consultas del resto de vecinos una vez que se ha conocido la decisión del Tribunal Supremo de ordenar la demolición del inmueble de Fernando Macías.
Reconoce que existen personas "asustadas" repartidas entre el centenar de viviendas, a diferencia del clima de tranquilidad que se respira entre el resto de la comunidad de propietarios. Él ha intentado tranquilizarlas bajo un único punto de partida: la responsabilidad patrimonial pertenece al Ayuntamiento. Esto es, el Consistorio fue quien otorgó una licencia de construcción que ahora se ha revelado como "ilegal", según el Tribunal Supremo.
"Esto es como en Marbella -desliza el abogado-, los propietarios compraron bajo la presunción de la legalidad". Nada les hizo sospechar que, como en el caso de la popular población andaluza de la Costa del Sol, otro caso de naturaleza urbanística como el que monopolizó los informativos nacionales podría afectarles a ellos, a más de mil kilómetros de distancia. Las miradas, pues, se dirigen ahora hacia el Ayuntamiento, hacia la manera de afrontar los acontecimientos a partir de ahora.
Algunos vecinos plantean incluso la posibilidad de que el responsable último de otorgar la licencia de rehabilitación en el año 1997 responda también ante la Justicia. "Aunque actualmente ya no forme parte del equipo de gobierno municipal o ya no sea el responsable del área que la otorgó". El resto prefiere esperar a que las aguas se tranquilicen: saber qué es lo que pretende el particular que presentó la demanda, conocer cómo avanzan las negociaciones entre las partes y, sobre todo, dejarlo todo en manos de los abogados.
"Esto es un tema a otro nivel, entre abogados, no entre los vecinos", insiste una inquilina antes de cruzar el portal de uno de los edificios del conjunto arquitectónico que reúne cerca de un centenar de viviendas, oficinas y hasta un consulado perteneciente a un país africano.
Las conversaciones de portal oscilan entonces entre los que desconfían de que la orden de demolición se ejecute finalmente -"Es un auténtico disparate", sentencia una mujer de edad avanzada-; los que no alcanzan a entender el objeto de la sentencia del Supremo -"Es absurdo tirarlo para después volver a construirlo", opina otro vecino-; y los que, perdidos en un proceso judicial que se alarga desde 2001, cuestionan las razones de la orden -"Creo que hubo un problema de volumen de edificación", aventura un propietario-.
Problema que más bien otros vecinos achacan a enfrentamientos de carácter personal. Pese a todo afirman estar tranquilos, hasta el punto de que a alguno no le asustaría "dormir en tienda de campaña en la plaza. No en vano, éste es un "edificio muy particular".
* La Opinión Coruña - MARCOS OTERO - 29.08.09
Foto: nquilina saliendo de uno de los portales del edificio Fenosa de Fernando Macías. / eduardo vicente, laopinioncoruna.es
en
30.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia
Cultivos abandonados en decenas de PAI fallidos amenazan con arder
ELPAÍS/Valencia* : La crisis ha dejado la comunidad autónoma salpicada de proyectos urbanísticos fallidos. Unas veces por decisión o incapacidad empresarial: ¿quién quiere invertir y quién quiere financiar con un mercado saturado y una demanda a la baja? Otras, porque la falta de agua y de rigor en el planeamiento han eternizado su tramitación. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha dejado una resaca imprevista y peligrosa. Un cordón de antiguos terrenos agrícolas en el borde de los núcleos urbanos. Donde debían ir urbanizaciones hay árboles y malas hierbas secándose al sol. Cada uno de ellos -y hay decenas- representa un riesgo de incendio.
Los propietarios ignoran masivamente las ordenanzas municipales para mantenerlos en buen estado: limpiarlos sale caro y la quema está prohibida. Los ayuntamientos desisten de adoptar medidas enérgicas. De la Generalitat no hay noticia. Y ya ha habido fuegos.
El fenómeno del abandono, agigantado por el desplome de los precios de los cítricos, es, sin embargo, general. A principios de verano, se registró un incendio en un campo abandonado de Tavernes de Valldigna (La Safor), donde el proceso de recalificación urbanística iniciado en 2004 -y que no ha concluido- afecta a ya cinco millones de metros cuadrados. Una enorme superficie que linda con los edificios de apartamentos de segunda línea de playa.
"Es un asunto serio por los incendios y también porque son un nido de ratas, de animales muertos y de basura. Es una cuestión de salud pública", sostiene tajante Jordi Juan Huguet, concejal del Bloc de Tavernes, que ha pedido al Gobierno local del PP que obligue a las promotoras a limpiar los terrenos.
En la primera semana de agosto se desató otro fuego al sur de la Pobla de Vallbona (Camp de Tùria), en una zona donde solían crecer naranjos y cebollas y que ahora integra la larga lista de los PAI (Programas de Acción Integrada, la polémica fórmula urbanizadora valenciana) empantanados.
Federico Gómez Pardo, un veraneante de Girona, ha relatado el impacto que le produjo encontrar grandes extensiones de naranjos dejados a su suerte en la comarca de La Ribera Alta, y el peligro que ello entrañaba."No fue grave porque no alcanzó a ninguna vivienda. Pero con un incendio nunca se sabe, sobre todo si hay poniente como aquel día", cuenta Jaume Cortina, edil oposición socialista.
"Ha habido decenas de incendios rurales en campos abandonados", señala una portavoz de la Consejería de Gobernación, "pero no tenemos un balance. A nosotros sólo nos llegan los más serios. Si no, se nos colapsarían los buscas".
Durante el boom del ladrillo el abandono se vio agravado por la fuerza del rumor y por un efecto indeseado de la normativa fiscal, afirma Ferran Gregori, encargado de Ordenación del Territorio en La Unió de Llauradors. "Al vender una finca se paga una plusvalía por haber desarrollado actividades agrícolas. Pero a los cinco años del cese de actividad ese sobrecargo expira.
En cuanto en un pueblo aparecía el rumor de que se iba a hacer un PAI, había muchos que cortaban los árboles para ahorrárselo. Yo creo que tendría que ser al revés y primar el mantenimiento de la actividad". Según Gregori, cerca del 50% de los cultivos de la franja costera de Castellón han sido abandonados. Y en las poblaciones donde la fiebre del ladrillo fue alta, como Moncofa o Xilxes, la pérdida se eleva al "60% o 70%".
"Los naranjos se defienden durante un tiempo. Algunos rebrotan. Pero si la cosa sigue así dentro de dos o tres años esto será un incendio global o un cementerio", opina el responsable de La Unió.
¿Quién está anticipándose a ese escenario? Todo indica que nadie. La Consejería de Gobernación ha tenido reuniones con las organizaciones agrarias para mentalizar a sus afiliados de la importancia de mantener limpios los campos. Y existe una línea de ayudas de las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente para poda y limpieza, pero sólo para aquellos propietarios de parcelas cercanas a parques naturales. Así que el peso de la prevención, o mejor dicho su ausencia, recae en los ayuntamientos.
Es habitual, afirma Francesc Signes, portavoz socialista de Medio Ambiente en las Cortes valencianas y ex alcalde de L'Alcúdia, que en primavera el Consistorio envíe notificaciones a los propietarios recordándoles su deber de conservación. Y también es habitual que los propietarios hagan caso omiso. "Los ayuntamientos tienen que ser valientes y adoptar medidas contundentes, como encargarse de la limpieza y pasar la factura a los dueños", dice Signes.
Un propósito más difícil de lo que parece, como saben en Potries, un muy pequeño municipio (tiene menos de mil habitantes) próximo a Gandia. El equipo municipal, del Bloc, prepara una ordenanza para obligar a los propietarios a mantener los terrenos en buen estado. Entre otras cosas, porque las zarzas invaden las parcelas vecinas, multiplicando el coste de la poda, explica Mari Carme Almunia, edil de Cultura y alcaldesa en funciones.
El paso del Ayuntamiento de Potries ha levantado quejas. Un malestar que Ferran Gregori comprende. "Nosotros somos partidarios de que los campos abandonados se limpien. Pero hacer recaer esa obligación únicamente sobre los agricultores es complicado. No ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando lo que está abandonado es una fábrica o una casa, que también representan un peligro. Cuando un agricultor deja perder un campo es porque ya no le salía rentable. Y si poda, ¿qué hace luego con los restos?, porque está prohibido quemarlos. La única solución es contratar máquinas trituradoras, y son caras".
La Unió estima que el cortado, triturado y transporte de la leña que resulta demasiado grande para ser molida cuesta unos 1.000 euros por hectárea. Un coste respetable para alguien que ha abandonado el cultivo por la crisis del sector.
Así las cosas cuenta Gregori que hace unos días recibió la llamada de un propietario de Potries preocupado por la futura ordenanza: "Me dijo: '¿Y yo qué tengo que hacer? Pues podo y dejo las ramas amontonadas en los márgenes del campo'. O sea, un polvorín".
El técnico de La Unió opina que los agricultores deberían recibir ayudas para seguir siéndolo (aunque sólo sea para proteger el paisaje) y para limpiarlos en caso de cese de actividad. Los ayuntamientos (al menos el de Potries, cuyo presupuesto va más que justo) afirman que no tienen capacidad para prestarla. Y la Generalitat no parece haberse parado a pensar en ello.
* ELPAIS.com - IGNACIO ZAFRA - Valencia - 30/08/2009
en
30.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Unas 2.000 personas se manifiestan en Candeleda contra la urbanización ‘Candelas de Gredos’
ÁVILADIGITAL* : Fueron, finalmente, unas 2.000 las personas que, según la organización, se manifestaron este viernes en Candeleda para protestar contra el proyecto que la empresa Dávila Monteblanco está llevando a cabo en el paraje de Navalpilón, a los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos. Según Fernando Martín, portavoz de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, convocante del acto, los manifestantes procedían no sólo de la localidad candeledana, de más de 5.000 habitantes, sino también de localidades vecinas y provincias limítrofes, como Cáceres, Toledo o Madrid.
Con el lema ‘¡Nos roban Gredos!’, la manifestación contó con la adhesión de numerosos colectivos ecologistas; entre ellos, Gredos Verde, Ecologistas en Acción, Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, Izquierda Unida de Talavera de la Reina (Toledo), Mujeres Progresistas de Candeleda, Ecologistas en Acción de La Vera (Cáceres), Comisiones Obreras de Ávila, lsociación Agaden de Cádiz, Ecologistas en Acción de Cáceres, Asociación Mountain Wilderness de Ayllón, Guadarrama y Gredos.
La manifestación, que se suma a las que, en anteriores ocasiones, ya ha convocado esta misma plataforma como protesta por el proyecto urbanístico que se desarrolla en el paraje de Navalpilón, dentro de los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), partió, con el acompañamiento de cerca de 600 personas y pasadas las 20.30 horas, de la plaza del Ayuntamiento, para finalizar en La Cañada.
En el transcurso del recorrido, se fueron adhiriendo simpatizantes a este acto de protesta que, según la organización, acabó contando con unas 2.000 personas y con el que se quiso transmitir la “alarma” no sólo a las personas del entorno geográfico de Candeleda, sino también a la sociedad en general, como protesta por las “irregularidades” que presentan, según se indicó desde la plataforma, las obras de captación, conducción y construcción de un depósito de 750.000 litros, destinadas al abastecimiento de agua de la urbanización ‘Candelas de Gredos’, que estará integrada por 432 chalés y un hotel.
Manifiesto
Unas obras que, según se recordó desde la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, se están llevando a cabo “sin someterse al tramite de Evaluación Ambiental y vulnerando con descaro hasta las condiciones impuestas por las dos administraciones tolerantes”.
Son, según se indicó en el manifiesto leído, unos trabajos que presentan "claras irregularidades", relacionadas con el plan parcial y con la concesión de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
Así mismo, se denunció la "manera" en la que se están llevando a cabo las obras en la actualidad, encaminadas al abastecimiento de agua de la urbanización, ya que "se están realizando dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, sin Declaración de Impacto Ambiental y contraviniendo la normativa ambiental y la urbanística", además de que los estamentos "competentes" que "deberían controlar" que la legislación "se ejecute escrupulosamente", siguen "sin cumplir" con la labor que deberían realizar, si bien se ha denunciado, "en repetidas ocasiones", la "impunidad" con la que el promotor del proyecto está actuando.
En la manifestación, además, se reclamó un desarrollo urbanístico "armónico" para Candeleda, "conservando y potenciando sectores como la agricultura, la ganadería, la transformación de sus productos o el desarrollo de un turismo racional", y se exigió un "control real y fehaciente" de la "legalidad" del proyecto y de las obras que lo desarrollan, para "que no se siga destruyendo el patrimonio que es de todos".
Antes de finalizar el acto, se leyó una carta dirigida al alcalde de Candeleda, Miguel Hernández, en la que se pidió que la Corporación municipal tome, "de forma decidida", cartas en el asunto, sirviendo como "puente de conexión para que todas estas arbitrariedades sean subsanadas por la Administración y no se lleve a cabo esta aberración contra la naturaleza".
Se le pidió, en este sentido, que controle "decididamente" las obras y anule el Plan Parcial Zona Norte Camino de la Raya junto a las Normas Urbanísticas Municipales que recalificaron estos terrenos como urbanizables, al tiempo que se le retiren las competencias en Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo a la Junta de Castilla y León, ya que consideran que la gestión sobre estos aspectos "está siendo muy perniciosa para los intereses de los ciudadanos".
* Ávila Digital - C.T.I. - 29.08.09
Foto: Asistentes a la manifestación llevada a cabo en Candeleda (Ávila) - aviladigital.com
en
29.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Bollullos: El ex alcalde admite irregularidades ante el juez por el caso Ramos Mantis
HUELVAINFORMACIÓN : Sánchez afirma que sabía que el procedimiento seguido en las obras no era el previsto en la ley pero que se trataba de una práctica habitual. El ex alcalde de Bollullos del Condado, el socialista Carlos Sánchez, admitió ayer irregularidades en la tramitación de las obras del parque Ramos Mantis iniciadas bajo su mandato (2007) y sobre las que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de La Palma tiene abiertas diligencias.
Según ha podido confirmar este diario, en su declaración en calidad de imputado por sendos delitos de prevaricación y fraude en la contratación durante la ejecución y pago de las obras, el ex regidor admitió ante la autoridad judicial que conocía que el procedimiento "no era el previsto por la ley", pero que se trataba de una práctica habitual en el Ayuntamiento de Bollullos del Condado.
De hecho, Carlos Sánchez llega a afirmar que la totalidad de las obras que se llevaban a cabo cuando estaba al frente del Gobierno bollullero se realizaban sin consignación presupuestaria alguna y se escuda en el hecho de que su partido no gozaba de mayoría absoluta para gobernar y los presupuestos se prorrogaban año tras año. Las cuentas no estaban regularizadas.
Precisamente por estas circunstancias, según el imputado, los informes negativos del departamento de Intervención solían ser frecuentes, razón a la que no prestó atención -confiesa- en el caso del parque Ramos Mantis.
La denuncia presentada por el nuevo equipo de gobierno (abril de 2009) señala que en la ejecución de las obras del parque no medió "ningún procedimiento de contratación y adjudicación alguno ni proyecto de obra, contrato firmado ni acreditada la solvencia técnica y financiera de la empresa". El coste de estas actuaciones ascendió a 1.200.000 euros, de los que 608.561,21 fueron a parar a la empresa FCL Contafis SL.
Sánchez justifica la ejecución de la actuación en Ramos Mantis argumentando que tenían carácter de urgencia para mejorar la seguridad y evitar el vandalismo en la zona y que, en un principio, estaba proyectada como una obra menor pero que desconoce los motivos por los que el Ayuntamiento acabó pagando más de 600.000 euros.
En cuanto a la subvención de 120.000 euros concedida por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía con la finalidad de financiar obras en el referido espacio con recursos propios y para contratar 15 trabajadores desempleados, el ex regidor muestra lagunas sobre el objeto de la ayuda, lagunas que expresa también a la hora de explicar la justificación que se dio a la Administración andaluza, diciendo desconocer si el departamento correspondiente del Ayuntamiento no la justificó como debía.
Tanto el ex alcalde de Bollullos como la segunda imputada en la causa, la ex concejal de Urbanismo y Hacienda, Rosario Rosado, se eximen de responsabilidad en el control de los trámites del procedimiento y la derivan hacia los técnicos municipales y, especialmente, hacia el arquitecto municipal, Juan Domínguez.
En el ámbito meramente político, Carlos Sánchez atribuye al concejal de Turismo, Antonio José Carrellán Domínguez, el control de los números y de los pagos a la empresa. Tres meses después de que se presentase la denuncia que ha provocado la investigación judicial, el pasado mes de julio, Carrellán renunciaba a su acta de concejal.
El abogado que ejerce la representación legal del Ayuntamiento, José Carlos Hernández, se mostró confiado en que la causa siga su curso procesal, máxime después de que el ex alcalde "no desmintiera los hechos que se le imputan".
La ex concejal de Hacienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Bollullos, en la misma línea que Sánchez, apunta a los técnicos municipales como responsables de controlar las cantidades de licitación de las obras y afina para señalar al arquitecto como la persona encargada de comprobar las certificaciones de obras.
Durante las sesiones de las comisiones informativas, los técnicos municipales comparecieron para afirmar que las tres empresas que intervinieron en la construcción del Parque Jardín se adjudicaron las obras sin pasar por la preceptiva licitación pública. Los trabajos realizados por Contafis no fueron supervisados por el técnico de Urbanismo ni el arquitecto municipal, quienes aseguraron no haber certificado ni supervisado el preceptivo proyecto técnico.
* Huelva Información - C. López / M. R. Font - 29.08.09
Foto: Bollullos del Condado (Huelva) - visitingspain.es
en
29.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
La Xunta agota hasta el 2010 las ayudas de rehabilitación de calidad
LAVOZDEGALICIA/Ferrol* : La Xunta cerrará dentro de dos días, el lunes 31 de agosto, el plazo para solicitar cédulas de rehabilitación de calidad. Se trata de unas ayudas que permiten financiar hasta 30.000 euros o el 50% del coste de una obra de recuperación en edificios de cascos históricos. Las cédulas fueron creadas en el 2006 y desde aquel entonces en Ferrol se han beneficiado de ellas hasta 250 intervenciones en inmuebles.
El cierre del plazo fue anunciado en la edición del pasado jueves del Diario Oficial de Galicia . La decisión ha cogido por sorpresa al gobierno local y a los vecinos de Ferrol Vello, A Magdalena y A Graña, que se oponen por completo a ella.
El motivo de la clausura del plazo, según una orden dictada por el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, es el «esgotamento da partida orzamentaria» para «subvencións en conxuntos históricos para familias e instituciones sen fin de lucro». La orden también recoge la «inadmisión» de las solicitudes de cédulas presentadas a partir del lunes 31 de agosto.
Fuentes oficiales de la citada consellería culparon de lo ocurrido a la «falta de previsión» del anterior Gobierno gallego (PSOE-BNG), que «no presupuestó fondos suficiente para toda la demanda existente». La decisión de no recoger más solicitudes es «lógica, porque no vas a recoger peticiones solo para acumularlas, sin tener fondos disponibles para atenderlas».
Las mismas fuentes señalaron que el Ejecutivo gallego ya trabaja en el presupuesto del 2010, «que se diseñará para dar salida a toda esa demanda» y, aunque subrayaron que las ayudas a la rehabilitación «se van a mantener», no descartaron cambios en la norma que las regula.
En cuanto a la posibilidad de ampliar el presupuesto para otorgar más cédulas este año, en Territorio se limitaron a insistir en que las cuentas del 2010 cubrirán esas necesidades.
La decisión del Ejecutivo gallego ha «colapsado» el departamento municipal de Urbanismo. El edil delegado de esa área, Ángel Mato, explicó que han recibido «cientos de llamadas y visitas» solicitando información sobre el cierre del plazo. El concejal evitó estimar cuántas solicitudes no podrán presentarse por quedarse fuera de plazo. «Lo sabremos el lunes, ahora lo importante es tramitar todas las que sea posible», afirmó.
Mato recordó que en Ferrol hay «casi 1.600» solicitudes de ayudas a la rehabilitación sin resolver, tanto cédulas de calidad como subvenciones por Área de Rehabilitación Integral.
La ayuda más solicitada
El edil insistió en que las cédulas «son las ayudas más solicitadas en Ferrol», que es la ciudad gallega que ha pedido «más subvenciones» de ese tipo. Por eso lamentó el «repentino» cierre del plazo para pedirlas, y criticó la «total falta de información» por parte de la consellería que dirige Agustín Hernández.
Mato mostró el apoyo del gobierno local a las quejas de los vecinos, afirmó que esas ayudas son «indispensables» para Ferrol y para que el casco histórico «no vuelva a la decadencia», anunció que el gobierno local pedirá una reunión con los responsables de Patrimonio y pidió a Feijoo que «clarifique qué va a hacer con las ayudas a la rehabilitación». Advirtió que el Gobierno gallego «tendrá enfrente» al de Ferrol si intenta reducirlas. «No lo vamos a permitir», concluyó el concejal.
El miércoles, las asociaciones vecinales Pedro Padrón y la de A Graña hicieron público un comunicado en el que denunciaban que la medida de la Xunta supone «a paralización inmediata do proceso de rehabilitación dos cascos históricos de A Graña, A Magdalena y Ferrol Vello». Sus presidentes, Azucena Muiños y César Manso, han pedido una reunión con el gobierno local para analizar la situación.
* La voz de Galicia - Xosé V. Gago - 29.08.09
Foto:
Un edificio rehabilitado y otro en ruinas en las inmediaciones de la plaza Vella del barrio de Ferrol Vello - CÉSAR TOIMIL , lavozdegalicia.es
en
29.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia
Orden judicial para derribar cuatro viviendas ilegales en Puerto Real
DIARIODECÁDIZ* : Dos de las casas afectadas se encuentran en El Marquesado y el resto en otras zonas del término municipal. El Ayuntamiento de Puerto Real tendrá que hacer frente en el plazo de un mes al primer derribo de una vivienda ilegal construida en su término municipal. Este periódico ha podido saber que el Área de Urbanismo ha recibido cuatro órdenes judiciales ordenando el derribo de otras tantas viviendas.
La primera de ellas, una casa ubicada en el núcleo rural de El Marquesado, tendrá que ser demolida antes del próximo día 29 de septiembre, ya que el Juzgado de lo Penal número 3 de Cádiz así lo ha notificado al teniente de alcalde de Urbanismo de Puerto Real, Antonio Noria. Concretamente, éste recibió dicha notificación el pasado 29 de julio y, en la providencia del juez, se especifica que "en el plazo improrrogable de dos meses proceda a la demolición acordada, con apercibimiento de que caso de no verificarlo, incurriría en un delito de desobediencia a la autoridad".
Se trata de la primera vez en la que el Ayuntamiento de Puerto Real se enfrentará a una demolición de una vivienda ilegal en su municipio. Además, como se aclara en el documento judicial, la decisión no admite demora. En este caso, la demolición se produce por un delito contra la ordenación del territorio y data del año 2005 como consecuencia de una denuncia del propio Ayuntamiento. En los otros tres casos, uno de ellos también pertenece a una vivienda ubicada en El Marquesado mientras que los dos restantes se trata de casas afincadas en otras zonas de Puerto Real y que podrían haber sido edificadas en zona de servidumbre de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Este periódico se puso en contacto ayer con el teniente de alcalde delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Puerto Real, Antonio Noria, quien no quiso, por el momento pronunciarse al respecto. Tan sólo aclaró que, en primer lugar, tratará de hablar con las familias afectadas para concer al detalle su situación, si se trata de primera o segunda residencia y, llegado el caso, buscar alguna solución para su realojo.
Lo que sí parece seguro es que estas primeras cuatro viviendas tendrán que ser derribadas y, en breve, podrían sucederse nuevos casos.
El Ayuntamiento de Puerto Real contabilizó, hasta el pasado año 2006, alrededor de 2.000 viviendas ilegales construidas en el término municipal ( en varias zonas). El 90% de estos casos han sido regularizados en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Sin embargo, ese 10% restantes más todos los casos nuevos de edificación registrados en los últimos tres años tendrán que hacer frente a lo que dicta la Ley.
* Diario de Cádiz - F. Rufo - 28.08.09
Foto: Carretera que atraviesa el núcleo rural de El Marquesado, en Puerto Real, donde se encuentran dos de las viviendas afectadas por órdenes de derribo. - diariodecadiz.es
en
28.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
El Supremo declara ilegal la licencia del edificio Fenosa y ordena su demolición
LAOPINIÓN/A Coruña* : El Tribunal Supremo ha confirmado que el edificio Conde de Fenosa, en la calle Fernando Macías, que cuenta con unas cien viviendas y numerosos locales y despachos, debe ser demolido porque la licencia que otorgó el Ayuntamiento en 1997 es "ilegal". Esta sentencia es la culminación de un proceso iniciado hace doce años tras la denuncia de una vecina de la zona y ya no hay posibilidad de más recursos, la resolución es definitiva.
El Concello de A Coruña realizó en 2007 el último intento para evitar la demolición y solicitó la "inejecución" de la sentencia pues el inmueble está totalmente habitado. Los magistrados acaban de rechazar esta petición.
Durante treinta años se ubicó en este lugar la sede central de Unión Fenosa, muy recordada por los coruñeses. Este edificio que debe ser derribado y que fue rehabilitado de forma integral por Fadesa cuenta con un centenar de pisos y apartamentos distribuidos en tres bloques que tienen cuatro portales. En la planta baja se ubican tres entidades bancarias además de una peluquería, una tienda de mobiliario de diseño, un centro de infertilidad masculina y una oficina de Unión Fenosa. En la primera planta se sitúan varios despachos y consultas de profesionales de reconocido prestigio: varios abogados, fisioterapeutas, dentistas y oftalmólogos, así como un grupo de empresas y las consultas de un cirujano plástico y de otro vascular.
El fallo del Supremo confirma la sentencia que emitió el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en diciembre de 2001 y que anuló la licencia que otorgó el Ayuntamiento de A Coruña a Fadesa Inmobiliaria en noviembre de 1997. Cuando se otorgó dicha licencia estaba vigente el plan general urbano de 1985 que dejó el inmueble fuera de ordenación.
El planeamiento de 1985 prohibía otorgar licencias en los edificios fuera de ordenación que supusiesen agravar dicha situación urbanística, por lo que sólo se admitían obras mínimas, de conservación y mantenimiento. Pero el Concello otorgó licencia para obras de reforma integral y con cambio de uso de oficinas a viviendas, lo que claramente excedía el simple mantenimiento.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia también expuso otras razones para anular la licencia que concedió el Ayuntamiento coruñés. En primer lugar las dimensiones del patio posterior del cuerpo central del edificio, el bloque B, no cumplen el mínimo establecido por las normas de habitabilidad para el uso residencial.
Otra razón expuesta por el TSXG es que se incumplió el mínimo fijado para plazas de aparcamiento: se habilitaron 72, frente al centenar de viviendas construidas.
La última razón que estimaron los magistrados es que el promotor de las obras, Fadesa, incumplió la obligación de presentar, mediante "fotomontaje o alzados", una imagen de cómo quedaría integrado el inmueble en el entorno, con el fin de comprobar su impacto visual y si afectaba a la "estética" de la zona. Es más, en este último caso los magistrados explicaron que la empresa adjuntó fotografías de edificios que no estaban cerca del que se iba a rehabilitar.
Tras la sentencia de 2001 el Concello y Fadesa interpusieron diferentes recursos y los perdieron todos. En marzo de 2006 el Tribunal Supremo confirmó expresamente que había que demoler el edificio y desestimó el recurso presentado por Fadesa.
En esta resolución de 2006 del tribunal resaltaba que "toda anulación de licencia comporta el derribo de la edificación" y no se puede invocar la excepcionalidad porque en este caso no hay posibilidad de legalización.
No había posibilidad de legalización pero el Ayuntamiento lo intentó al aprobar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 1998. En este nuevo plan el Concello modificó las condiciones de ordenación del inmueble respecto a las que tenía en 1985.
El Tribunal Superior había anulado la licencia que dio a Fadesa en 1997 por lo que tras aprobar el nuevo plan de 1998 otorgó dos nuevas licencias, en abril y noviembre de 1999, que sustituyeron y dejaron sin efecto la primera.
Al otorgar nuevas licencias el Ayuntamiento también solicitó al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la "inejecución" de la sentencia de derribo. Explicó que el edificio Conde de Fenosa ya tenía licencia adaptada al planeamiento, así que no tenía que ser demolido. Pero los magistrados del TSXG emitieron un auto en junio de 2007 en el que desestimaron la demanda del Concello para no ejecutar la demolición.
La última resolución judicial, la del Supremo que acaba de conocerse ahora, no sólo confirma que no hay más posibilidad que la de demoler el inmueble, sino que además critica tanto la forma en la que el Ayuntamiento planteó el recurso como la manera en que intentó legalizar la situación del edificio Conde de Fenosa mediante el plan general de 1998.
El Ejecutivo municipal otorgó dos licencias para legalizar parcialmente el edificio en lugar de una única licencia para legalizarlo todo, lo que los magistrados consideran improcedente.
En su sentencia, los jueces son rotundos al criticar la maniobra del Concello, ya que el Supremo precisa que dichas licencias otorgadas después al amparo del plan urbano de 1998 "tienen un carácter fragmentario respecto a la inicialmente otorgada que pretenden sustituir y que fue anulada judicialmente por lo que no puede entenderse como legalizadas dichas obras generales e integrales de la rehabilitación de un edificio de las características del proyecto de una manera fraccionada o dividida".
El alto tribunal también hace referencia a cómo planteó el Concello de A Coruña este recurso de casación, pues contenía varios "defectos procesales".
Los magistrados señalan que los abogados del Ayuntamiento siguieron "una peculiar técnica" en su recurso al invocar diversos motivos no contra los autos recurridos, "sino a cada uno de sus razonamientos jurídicos".
* La Opinión Coruña - MARTA VILLAR - 28.08.09
Foto: Imagen del edificio Conde de Fenosa, en la esquina de la calle Fernando Macías y la avenida de Finisterre. / víctor echave , laopinioncoruna.es
en
28.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia
Colectivos extremeños se suman a la convocatoria de una manifestación hoy en Candeleda contra una urbanización
EUROPAPRESS/Ávila* : Diferentes organizaciones y colectivos ecologistas, algunos de Extremadura, se adhirieron a la convocatoria de una manifestación en Candeleda (Ávila) contra la macrourbanización Candelas de Gredos, que tendrá lugar hoy a las 20,30 horas. La movilización ha sido convocada por la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda y cuenta con el apoyo de Gredos Verde, Ecologistas en Acción, la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche, Izquierda Unida de Talavera de la Reina (Toledo), Mujeres Progresistas de Candeleda, Ecologistas en Acción de La Vera, Comisiones Obreras de Ávila, la Asociación Agaden de Cádiz, Ecologistas en Acción de Cáceres y la Asociación Mountain Wilderness, entre otras.
Bajo el lema 'Nos roban Gredos', pretenden mostrar su "absoluto rechazo" a que se construya dentro de los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos y evitar que "caiga bajo las garras de la especulación urbanística", poniendo "en serio peligro" el abastecimiento de agua para todo el pueblo.
El proyecto urbanístico de Dávila Monteblanco, la empresa promotora, incluye 400 chalés y un hotel en el paraje de Navalpilón, dentro de los límites del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en una Zona de Especial Protección para las Aves y Lugar de Interés Comunitario.
La manifestación se iniciará a las 20,30 horas frente al ayuntamiento y finalizará en la cañada, donde se dará lectura a un manifiesto.
* Europa Press - 28.08.09
en
28.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Ben Magec insiste en rechazar el actual proyecto de tren para Gran Canaria
CANARIAS7* : Ben Magec-Ecologistas en Acción insiste en rechazar el actual proyecto de tran para Gran Canaria diseñado por el Cabildo. Los ecologistas consideran que "las verdaderas razones de esta infraestructura no se encuentran en un análisis de la realidad de la movilidad de esta Isla y sus necesidades, sino más bien en el impulso que el Cabildo quiere dar al sector de la Obra Publica".
Desde Ben Magec consideran que el fin es intentar "paliar los graves efectos de la crisis sobre el sector". Las declaraciones del sector empresarial de la construcción, exigiendo el desarrollo de obra publica y las propias declaraciones desde el Cabildo que también han dado esta razón "nos preocupan profundamente, al entender que se está realizando una obra faraónica y costosísima sin un estudio real y serio sobre los impactos del Tren y sus verdaderas consecuencias sobre la movilidad".
Los ecologistas explican en un comunicado que la vinculación de la construcción del tren a la mejora de la movilidad en el corredor Las Palmas de G.C.-Maspalomas), se hace "sin contar con un estudio previo que nos describa la actual situación y cuál sería el mejor medio de transporte para dar solución a las necesidades de accesibilidad de los grancanarios".
Por todo ello entienden "que la elección del tren como medio de transporte, es simplemente un capricho del Cabildo que responde más a la posibilidad de encontrar financiación que a que sea el medio de transporte más conveniente".
Uno de los "principales defectos de este proyecto", según Ben Magec, "es su incapacidad de intervenir sobre la GC-1", ya que "cree el Cabildo que por la sola instalación del tren, los ciudadanos van a abandonar el coche". Insisten en que está "más que demostrado que si no existen medidas coercitivas al uso del transporte privado, los medios públicos por sí solos no atraen al ciudadano".
Por ello consideran que el Cabildo "debería empezar a desarrollar medidas efectivas con el actual sistema de transporte público, por una cuestión de eficiencia presupuestaria". Con una inversión "infinitamente inferior" a la que se plantea para el tren, aseguran que "podríamos obtener mejores resultados con una estrategia de plataforma reservada para guaguas".
* Canarias 7 - ACN Press . 27.08.09
Foto: Las Palmas, sede gobierno Canarias - wikipedia.org
en
27.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Canarias
Piélagos: «El Cuco es un chiste al lado de esto»
DIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : Todavía sobre los rescoldos del 'incendio' urbanístico que en su momento supuso el caso de 'El Cuco', el Ayuntamiento de Piélagos enfrenta ahora un nuevo conflicto surgido justo en el mismo monte -La Picota- pero al otro lado de las urbanizaciones ya paralizadas, donde se levantan los terrenos conocidos urbanísticamente como sector 2, frente al acceso a la playa de Valdearenas. Un lugar privilegiado.
La demanda que Gregorio César Zazo Vázquez ha presentado en nombre de la Junta de Compensación contra el Ayuntamiento por haber denegado éste sendos proyectos de compensación y urbanización, ha obtenido una respuesta del juzgado, que ahora obliga al Consistorio a aceptar el primero con el fin de urbanizar, en un futuro, la otra falda del monte.
Para el alcalde, Jesús Ángel Pacheco, «El Cuco, es un chiste al lado de esto».
El regidor municipal indicó ayer que hace aproximadamente un año el Consistorio denegó los dos proyectos previos a la urbanización de los terrenos amparándose en los «informes negativos» que emitió el Gobierno de Cantabria a través de las consejerías de Ganadería y Carreteras siguiendo las directrices que marca la ley en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).
Aquella negativa dio lugar a que la Junta de Compensación, formada por los propietarios de los terrenos que integran La Picota, acudiera a los tribunales acompañándose del Plan General de Ordenación Urbana del año 1986, en el que el suelo se registra como urbanizable.
El 'muerto'
Para el alcalde, «el 'muerto' se lo quieren pasar a Pacheco de nuevo» porque «desde la corporación compartimos la idea de que no se puede construir y, además, denegamos los proyectos en base a una orden» que ahora el Juzgado neutraliza basándose precisamente en la condición de urbanizable de ese suelo para obligar al Ayuntamiento a permitir tramitar el primero de los proyectos.
Así las cosas, por el Monte Picota asoma, además de un nuevo conflicto de índole urbanística, una paradoja, cual es que mientras en una ladera existe un mandato que fuerza la paralización de las obras de construcción de viviendas, en la otra existe otro que obliga a aceptar un proyecto de compensación que, de momento, se esboza como el primer paso a la futura edificación de un total de 196 viviendas.
* El Diario Montañés - SHEILA IZQUIERDO - 27.08.09
Foto: Los terrenos, conocidos urbanísticamente como 'sector 2', se levantan frente al acceso a la playa de Valdearenas. / S. IZQUIERDO, eldiariomontanes.es
en
27.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Cantabria
El Consell ha autorizado 107 planes urbanísticos en zonas inundables
LEVANTE/C.Valenciana* : El Consell ha autorizado desde 2003 hasta el 31 de diciembre de 2008 un total de 107 planes urbanísticos en zonas inundables, según una respuesta parlamentaria de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda al diputado socialista Francesc Signes. Del total de estas actuaciones urbanísticas, en sólo 33 se ha impuesto algún condicionante para mitigar o reducir el riesgo de inundación desde el Consell. En el resto, se ha dado vía libre al plan tal como se presentó por el ayuntamiento que lo impulsaba.
Urbanismo no informa en la respuesta parlamentaria cuántas viviendas se han autorizado mediante estos 107 planes urbanísticos ni en qué municipios. Desde la conselleria aseguran que en las zonas inundables existen "varios grados" y que a las actuaciones autorizadas se les ha dado vía libre porque existía un riesgo menor y contaban además con el informe de inundabilidad favorable (en el que también interviene la Confederación Hidrográfica del Júcar) en el que se garantiza que se minimizan los riesgos y se toman medidas correctoras. No opina lo mismo el diputado socialista, Francesc Signes, quien considera que los 107 planes urbanísticos en zonas inundables es un motivo para "aprobar un nuevo" Patricova (Plan Territorial de Riesgo de Inundación de la Comunitat Valenciana), aprobado precisamente en 2003. Signes defiende una actualización urgente de este documento ya que "no incluye ni los retranqueos de la línea de costa que ha provocado inundaciones, la proliferación de barrancos urbanos o los efectos del cambio climático en las inundaciones".
Precisamente ayer, la Conselleria de Gobernación informó sobre la revisión del Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat, que actualizará la población afectada, ya que el documento actual data de 1999 cuando el censo de la Comunitat era de 3,9 millones de personas, frente a los cinco millones actuales. El nuevo plan incluirá también la puesta al día de la descripción de cuencas.
El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, explicó que su departamento lleva "más de un año trabajando" en este nuevo plan, que, en estos momentos, tiene que ser supervisado por la Comisión técnica, para después pasar por la Comisión de Protección Civil de la Comunitat valenciana. Posteriormente, el texto será remitido al Gobierno valenciano para poder aprobar el nuevo decreto a partir de octubre o noviembre. Uno de los puntos "fundamentales" que se va a revisar es el de la población afectada, que incluirá gráficos descriptivos y que analizará "municipio por municipio todas las zonas de riesgo contrastándolas con los censos de población".
En la descripción de las cuencas se incluye una cartografía temática actualizada con tres mapas por cada una, así como ortofotos de todos los municipios. También se incorporarán los riesgos derivados de la rotura de presas de la Comunitat, y se adapta la estructura de organización del plan a la actual distribución de recursos y servicios operativos.
En la campaña de prevención de inundaciones de 2009 la conselleria ha remitido, como todos los años, a todos los ayuntamientos un CD con la información sobre procedimientos y actuaciones ante situaciones de lluvia intensa o crecidas de caudales de ríos y barrancos. En la Comunitat Valenciana existen 136 municipios con riesgo "alto o medio" y cuyos ayuntamientos están obligados a elaborar un plan especial de inundaciones. Gobernación desconocía ayer cuántos lo tienen.
Aviso a practicantes de deporte de riesgo
Una de las novedades de la campaña de prevención de inundaciones para 2009 de la Generalitat Serafín Castellano, es el convenio de colaboración con más de una treintena de federaciones deportivas de la Comunitat Valenciana con el fin de minimizar el riesgo en la práctica de deportes al aire libre en caso de temporal de lluvias e inundaciones. La administración autonómica ha mantenido reuniones con las federaciones deportivas en las que han acordado la difusión inmediata y efectiva de las diferentes alertas meteorológicas de la Generalitat, que las asociaciones remitirán a su vez a los federados. "Así, cuando haya alguna alerta por temporal de lluvia o viento, determinados tipos de deportes al aire libre no se podrán realizar", ha concretado, y ha justificado la medida en "prevenir daños mayores". En ese sentido, ha recordado el derrumbe el pasado 24 de enero de un pabellón deportivo en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) debido a un fuerte temporal de viento y que costó la vida a 4 niños.
* Levante-EMV - L. B. B./EFE/E.P. - 27-08.09
Foto: El río Girona se desbordó en octubre de 2007 a su paso por el Verger (la Marina Alta). Una casa junto al cauce se derrumbó. efe/manuel lorenzo
en
27.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Cuenta atrás para el derribo de tres iconos del paisaje urbano de Tarragona
ELMUNDO* : El inicio del derribo del complejo deportivo Sant Jordi, en la Avenida de Andorra, marca el primer paso de una importante transformación del paisaje urbano de Tarragona, que verá en los próximos meses cómo el Hostal del Sol y la actual sede de la Autoritat Portuaria también desaparecen del catálogo de las construcciones emblemáticas de la capital.
Después de un notable retraso, el nuevo equipamiento se adjudicó en septiembre de 2008, lo que ha provocado fuertes polémicas entre el Gobierno municipal y la oposición, las máquinas excavadoras trabajan desde hace una semana en el solar del Sant Jordi, un complejo que lleva cerrado más de cinco años y cuyo nivel de degradación había motivado reiteradas quejas de los vecinos por la presencia de indigentes en el recinto. El derribo durará aproximadamente tres semanas más como preludio de los dos años y medio de obras que se prevén para levantar un nuevo complejo deportivo de 14.000 metros cuadrados útiles en el que se van a invertir más de 20 millones de euros.
La Asociación de Vecinos de la Avenida de Andorra respira más tranquila al comprobar que por fin se han superado los problemas burocráticos y financieros que habían atascado el proyecto, que contempla la construcción de un pabellón exterior, una pista polideportiva y un párking. "Después de cinco años en los que habíamos perdido estas prestaciones, estamos muy contentos de que por fin arranquen las obras y podamos disfrutar de unos servicios tan demandados", afirman.
Los habitantes de la zona, tras presionar durante años con su reivindicación, están encantados con una infraestructura que va a transformar por completo el entorno al crear una gran plaza pública, una zona verde y un edificio con piscina, solárium y spa. El deterioro actual dará paso a uno de los espacios de mayor calidad de toda la ciudad "con un proyecto innovador y dinamizador", ha vaticinado el alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, que también valoró las sinergias positivas para este área del nuevo y cercano El Corte Inglés.
Hostal del Sol
También con muchos años de promesas incumplidas tras de sí, el histórico Hostal del Sol sigue en pie imperturbable a las amenazas de derribo en el Passeig de Sant Antoni. Esta vez parece que su suerte ha cambiado, toda vez que el Ayuntamiento ha firmado un protocolo de intenciones con el propietario del solar para convertirse en titular del inmueble e iniciar los trámites para el derribo.
El alcalde, que ha realizado recientemente una visita de obras al complejo deportivo de Sant Jordi, confía en que la demolición pueda realizarse antes de que finalice 2009, pues los técnicos municipales están ultimando el proyecto para convertirlo en escombros sin dañar la arquitectura modernista de la Casa Ripoll. El espacio, a medio plazo, se convertirá en una zona verde. El Hostal del Sol, en ocasiones también refugio de sin techo -incluso protagonizó un episodio okupa-, es una torre de ocho plantas que condiciona enormemente la armonía de la fisonomía de la parte alta y la vista de las murallas.
De hecho, el inminente derribo significa el cumplimiento de una sentencia de 1998 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que lo ordenaba por obstaculizar la panorámica sobre los vestigios romanos y el baluarte Sant Climent. La operación costará 1,7 millones de euros, si bien el Ayuntamiento obtiene en compensación una parcela de 1.900 metros cuadrados entre el estadio del Nàstic y la Vall de l'Arrabassada.
Sede de la Autoritat Portuària
Otro icono de Tarragona, el singular poliedro acristalado que acoge la sede de la Autoritat Portuària, también tiene las horas contadas. Durante los próximos seis meses lo irán vaciando -ya ha comenzado el traslado a los edificios anexos de nueva construcción-, antes de derribarlo por los graves problemas estructurales que padece.
El Port de Tarragona ya ha encargado el estudio-proyecto del nuevo edificio, que se ubicará en el muelle de Cantabria, en una explanada que se sitúa delante de la zona de atraque de embarcaciones. Será una construcción de seis plantas de estructura sostenible y con las soluciones más avanzadas en materia medioambiental. Todavía no se ha tomado la decisión sobre el uso del solar liberado tras la demolición del antiguo edificio, aunque se ha descartado levantar un hotel de lujo como se había especulado.
* El Mundo - Roberto Villareal - 25.08.09
Foto: Edificio de la Autoritat Portuària. | J. Antonio, elmundo.es
en
27.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Cataluña
Palma: La constructora facturó trabajos inexistentes y duplicó los costes
DIARIODEMALLORCA : Una persona enfrascada en la construcción de su vivienda no suele tolerar que el albañil le cobre dos veces por unos ladrillos, le cargue el precio de la hormigonera nueva o le cuele una chapuza jamás ejecutada. Pero en el velódromo todo era posible. La Policía ha hallado en la sede de la Unión Temporal de Empresas constructoras (UTE), integrada por FCC y Melchor Mascaró, facturas que jamás deberían haberse librado al erario público.
Al menos, eso es lo que sostienen los agentes y el informe pericial de un arquitecto, incorporado al sumario del Palma Arena. Estas aparentes irregularidades ascienden a 13,5 millones de euros, más de 12.000 millones de pesetas. El caso Túnel de Sóller precipitó la caída del ex president Gabriel Cañellas por un cohecho de 50 millones de pesetas.
En el velódromo donde los responsables políticos no leían papeles se consintió a la constructora cobrar por la demolición de un pilar que ni constaba en el proyecto ni, al parecer, existía en el solar. Así lo indica el informe pericial. La ´dolorosa´ que se pasó al consorcio público: 22.612 euros.
Las empresas necesitaron un grupo electrógeno de hasta 100 kilovoltios, posiblemente para ejecutar las obras durante la noche. También consumieron agua durante el transcurso de la edificación. El arquitecto encargado de analizar las cuentas del velódromo entiende que se trata de gastos generales a cuenta de los constructores, que ya han computado cuando presentan el presupuesto. Sin embargo, los cargaron a la Administración. Agua y grupos electrógenos: 62.160 euros. A esta cantidad cabe añadir maquinaria diversa, como dos plataformas elevadoras eléctricas, por 42.000 euros.
Los ejemplos de gastos que deberían haber asumido las compañías y se achacaron a la Administración son abundantes. Por ejemplo, el coste de los guardias de seguridad encargados de velar por el material de la obra. La hora de este personal costó 45,77 euros, cuatro veces más del precio que suelen ingresar estos trabajadores.
Puntales a precios de oro
En cuanto a partidas ya incluidas en otros apartados, y por tanto, cobradas dos veces, destacan los 218.000 euros de unos puntales de gran sección de acero inoxidable. Su misión, sujetar la cubierta del velódromo. Los investigadores no los han encontrado. También se facturaron por dos vías distintas el transporte de unos asientos abatibles y su montaje.
También solía ocurrir que los costes se dispararan el doble de lo previsto sin razón. Dos paradigmas reveladores. El primero, de escasa cuantía, hace referencia al hierro empleado en la estructura de los ascensores. El metal se licita a 1,70 euros el kilo y luego se pasa un recibo a 3,80 euros, lo que implica una subida de casi del 125% sin justificación alguna, al menos eso es lo que dice uno de los peritos.
El segundo paradigma, esta vez mucho más caro, se refiere a la construcción de la cubierta del óvalo de la pista. Se licita de madera y Melchor Mascaró, única empresa que se presenta, se ofrece a elaborarla de hierro porque resultaba más barato y rápido. Al final, sucede al revés. Se adjudica por 2,3 millones de euros y se importa por 4,4.
Algo muy parecido a lo relatado con el hierro y la cubierta acontece con el pavimento flotante de las terrazas exteriores del edificio, cuya desviación del presupuesto inicial alcanzó los 40.000 euros, y también se repitió la operación con un muro de cortina de silicona, cuyo desfase roza los 332.000 euros.
La traca final de los desbarajustes descubiertos por los policías y el arquitecto encargado de la prueba pericial se refiere a la preparación de la parcela Can Domenge para su uso como aparcamiento para el personal autorizado del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista, celebrado en 2007. Los constructores debían limpiar el solar, retirar la capa vegetal y nivelar el terreno, pero al perito no le constan estos trabajos. Algo similar sucede con otro aparcamiento situado al otro lado de la calle Uruguay para su uso como ´parking´ público. En total, los no aparcamientos costaron unos 160.000 euros.
La documentación incautada en la sede de la UTE también apunta a duplicaciones del IVAN o la no aplicación de la rebaja prevista en el concurso por un importe cercano a los 735.000 euros. Estas y otras supuestas irregularidades rondan los 13,5 millones de euros.
* Diario de Mallorca - MANSO/MESTRE/FERRER - 26.08.09
Foto: Imagen del montaje de la cúpula cuyo importe se duplicó, pese a ser de metal. - Sebastián Llompart, diariodemallorca.es
en
26.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Baleares
Calp: El nuevo deslinde afecta a mil propietarios y amplía la zona de protección de les Salines
INFORMACIÓN/Alicante* : La dirección de Costas de Alacant ha publicado el proyecto provisional del deslinde de la franja costera de Calp. La nueva delimitación del dominio público marítimo-terrestre y la zona de servidumbre de tránsito y protección abarcará los 15,800 metros lineales de la franja litoral calpina y afecta, según las primeras estimaciones, a más de un millar de propietarios.
La aplicación de la Ley de Costas en el municipio del Penyal tendrá consecuencias importantes y es previsible que en los nuevos lindes de protección queden numerosos chalés e incluso edificios de apartamentos, ya que el litoral de Calp ha soportado una fuerte presión urbanística en las últimas décadas.
Además, la nueva delimitación no sólo acarrea restricciones sobre las propiedades privadas, sino que también introducirá afecciones sobre bienes de titularidad pública y sobre el humedal de les Salines. Desde el Consistorio ya se advirtió ayer de que un solar municipal de la calle Alemania y una parcela dotacional escolar del Plan Parcial 4 o del Saladar (perímetro de les Salines) forman parte del expediente iniciado por Costas. También el paseo marítimo, que fue cedido al municipio en 1972 a través de un acuerdo del consejo de Ministros, ahora podría volver a ser titularidad del Estado.
No obstante, el alcalde de Calp, Ximo Tur, del Bloc, explicó ayer que el Ayuntamiento alegará en contra del proyecto de deslinde al entender que no existen argumentos sólidos para la fijación de los hitos del dominio público. El fundamento del alegato municipal apuntará al uso de material cartográfico de 1992 y, por tanto, ya desfasado, y a la falta de un criterio homogéneo al fijar la Administración estatal la delimitación del dominio público.
Otro de los puntos polémicos del documento es la protección de les Salines hasta un perímetro de 100 metros. Esta decisión, como ya se advirtió ayer desde el Ayuntamiento, contravendría la sentencia dictada en 2003 por el Tribunal Supremo, que falló que los lindes del paraje "son de propiedad privada, anulando su deslinde", ya que "no hay prueba de que los terrenos ocupados por les Salines fueran un día una marisma". Esa misma sentencia dio vía libre al PAI de 2.200 casas en la zona, actualmente paralizado. Con todo, les Salines forman parte del catálogo de zonas húmedas de la Conselleria.
Exposición al público
El primer edil calpino anunció que el Consistorio publicará bandos para dar a conocer a los ciudadanos el procedimiento abierto por el departamento dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. En estos momentos, el servicio provincial de Costas ha expuesto al público el deslinde calpino con tal de facilitar a los afectados la información relativa y dar la posibilidad de presentar alegaciones en el plazo de un mes.
Asimismo, el Consistorio deberá emitir un informe sobre la aplicación del Real Decreto 1.112/1992 y asignar sobre el litoral del término municipal la suspensión de licencias de forma cautelar.
Finalmente, y para proseguir con el expediente,realizará un apeo sobre el terreno para mostrar la delimitación provisional. Esta actuación tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de septiembre, a partir de las 10 horas.
* Información - E. VIDAL - 26.08.09
Foto: El litoral de Calp ha soportado una fuerte presión urbanística - ERNEST WEBER,diarioinformacion.com
en
26.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Defensa cerca una playa en Rota para uso y disfrute de los soldados estadounidenses
LAREPÚBLICA/Cádiz* : El Ayuntamiento del municipio gaditano de Rota ha abierto un expediente de infracción urbanística contra el Ministerio de Defensa por las obras que ha realizado la base naval en plena playa de la localidad. Los trabajos comenzaron sobre el 25 de julio y consistían en la instalación de una valla que separara la playa del Chorillo, muy frecuentada por los veraneantes, con la del Almirante, situada en terrenos de la base militar.
El Ayuntamiento reaccionó con una orden de paralización, ya que las obras carecían de licencia y la base no había realizado ninguna comunicación de las mismas. No obstante, el Ministerio de Defensa ha seguido adelante y ha concluido el vallado.
Un portavoz de la base aseguró que se trata de una zona de «seguridad nacional», por lo que no necesita pedir autorización al municipio. «El protocolo de Defensa es diferente. No está sujeto al Ayuntamiento. Además, no se ha levantado una valla, sino que se ha sustituido la que estaba por otra en mejores condiciones. Es una continuación de la delimitación de la base por el mar. Cerca de esa zona está el muelle, donde están atracados los barcos, así que es un asunto de seguridad», explicó.
Esta visión no convence al Ayuntamiento ni a gran parte de los roteños, que observan con indignación cómo un número privilegiado de bañistas accede cómodamente a la playa de El Almirante, mientras miles de personas se hacinan a pocos metros.
De hecho, en el Consistorio, que lleva años reclamando el uso público de esa zona de costa, están convencidos de que la verja se levanta para poder seguir disfrutando de una playa privada.
«Nadie en Rota lo entiende. Si no nos diéramos cuenta, pues ojos que no ven, corazón que no siente. Pero es que están ahí al lado, bañándose tan tranquilos. Esa playa no tiene ningún uso militar. Ahí no se ven maniobras ni nada», protesta el concejal de Urbanismo, Jesús Corrales (Roteños Unidos).
El acceso a la playa de El Almirante está prohibida desde hace 50 años, cuando la base, hoy de uso conjunto con EEUU, se instaló en Rota. En los últimos años, una alambrada y varios carteles advertían a los civiles de que no entraran, mientras el personal de la base y sus familiares frecuentaba cada vez más la playa.
El aumento de los bañistas también levanta la indignación en El Puerto de Santa María, ya que la playa de la base linda con la de Fuentebravía. Al igual que Rota, el Ayuntamiento portuense lleva años reclamando el uso público de la zona.
En la actualidad, el asunto está encallado y pendiente de la resolución municipal, que muy probablemente desemboque en una sanción al Ministerio de Defensa superior a 3.000 euros.
* La República - 24.08.09
Foto: Operarios colocando las vallas de separación en plena playa. | J. F. Ferrer, elmundo.es
en
26.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
4
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Málaga: El cuartel de Segalerva, abierto al abandono
SUR* : El abandono se ha hecho aún más evidente en el antiguo cuartel de Segalerva, una instalación militar clausurada desde más de una década que el Ayuntamiento adquirió hace seis años para darle uso como equipamiento para la ciudad. A la espera de su reforma para convertirlo en un polideportivo dotado con piscina cubierta, como se proyectó hace tres años, el edificio ha permanecido cerrado hasta que, desde hace varios días, algunos chatarreros han conseguido forzar el candado de su puerta principal y entrar sin mayor problema en su interior para desvalijar lo poco que ya queda entre los muros del antiguo acuartelamiento.
Según pudo comprobar este periódico y el testimonio de algunos vecinos, hay varios momentos del día en que las puertas permanecen abiertas. De hecho, SUR pudo entrar sin problema alguno en el interior del recinto y captar algunas imágenes que dan buena cuenta del abandono que sufren las instalaciones. En ellas se encontraba uno de los carritos de supermercado que los chatarreros usan para llevarse elementos del edificio y venderlos luego para sacar algún dinero.
Fue en marzo de 2008 cuando el Ayuntamiento adjudicó a una empresa denominada Gaia Gestión Deportiva la construcción y explotación durante 35 años tanto de este polideportivo para la zona de Segalerva como de otro que se va a construir junto al Parque Huelin.
El pasado mes de mayo, fuentes de la Fundación Deportiva Municipal indicaron que la citada empresa tenía previsto iniciar las obras a finales de este verano con un plazo de ejecución de catorce meses.
Sin embargo, por el momento no se aprecia en el edificio más movimiento que el de algunas personas que abren y cierran el portón a su antojo para poder acceder así a su interior.
Con licencia de obras
La realización del polideportivo de Segalerva cuenta con la licencia de obras de la Gerencia Municipal de Urbanismo desde el pasado mes de febrero, si bien estaba pendiente de la presentación del proyecto completo de ejecución, según matizaron en mayo desde la Fundación Deportiva Municipal. El cumplimiento de este trámite y los preparativos para el inicio de los trabajos se apuntaron como causas para su demora.
La empresa que acometerá esta actuación y gestionará el futuro centro deportivo abonará al Ayuntamiento un canon por la explotación de 4,1 millones de euros. Según anunció en su momento el equipo de gobierno, este dinero servirá, por un lado, para recuperar la inversión realizada por el Consistorio en la compra del antiguo cuartel -2,15 millones de euros- y, por otro, para financiar obras complementarias demandadas por los vecinos de la zona en unos terrenos situados al norte de la parcela.
Se trata de un edificio que albergará una guardería, locales para colectivos ciudadanos y la nueva sede de la Escuela Municipal de Folclore, Flamenco y Dramaturgia, ubicada desde hace cuatro años en el colegio Divino Pastor, en la calle Gaucín.
El proyecto de Segalerva, que prevé restaurar las antiguas estructuras del techo del cuartel, incluye una pista de esquí artificial de 150 metros cuadrados, así como una piscina de 25 por 14,5 metros y otra de 7 por 12,5 metros para iniciación. Los estudios realizados para la puesta en marcha de esta instalación prevé que tenga unos 6.000 abonados. Habrá tarifas especiales para jóvenes, jubilados y familias enteras.
* SUR - JESÚS HINOJOSA - 26.08.09
Foto: Partes del techo están caídas. /J. A. P. - diariosur.es
en
26.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Los vecinos de un pueblo leonés consiguen echar temporalmente a una comunidad de monjes benedictinos
INFOCATÓLICA* : El monasterio benedictino de San Salvador del Monte Irago, ubicado en Rabanal del Camino (León), atraviesa días convulsos. La polémica habida en torno a la restauración de la iglesia románica del pueblo ha provocado que los monjes abandonen la vida regular en su comunidad para pasar unos días de silencio y oración en otro monasterio de la Orden.
La salida de los monjes ha tenido que efectuarse con una escolta de la Guardia Civil para proteger a los religiosos. El traumático abandono se produce precisamente en un momento de gran afluencia de peregrinos del Camino de Santiago, a los que los monjes atienden en sus necesidades tanto espirituales como físicas. La comunidad monástica ha publicado un comunicado en el que lamenta los hechos ocurridos, muestra su deseo de regresar al monasterio desalojado, advierten de que la protesta violenta ha sido protagonizada por personas que no son católicos practicantes de la parroquia y piden a las autoridades públicas que asuman sus responsabilidades para restablecer la convivencia en paz y en justicia. La diócesis de Astorga ha publicado también una nota de apoyo a los monjes.
(ReligiónConfidencial/InfoCatólica) Detrás de lo que los monjes han dado en llamar “tumultos” está la polémica en torno a la restauración de la iglesia románica de Rabanal del Camino, de la que es párroco uno de los monjes del vecino monasterio. Dicha iglesia cuenta con aproximadamente un millón de euros como fondo para su restauración. Se trata de un Bien de Interés Cultural y, por tanto, el proyecto depende de la Dirección General de Patrimonio de Castilla y León. La Dirección General ha terminado por desviar la ejecución de la restauración –y, por tanto, la responsabilidad en la gestión de los fondos- al ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza, municipio del que depende la pedanía de Rabanal del Camino.
Tanto la parroquia como la diócesis de Astorga se han negado a que sea el ayuntamiento –en manos del Partido Popular- el que promueva las obras. La reacción airada de unas sesenta personas concernidas por la restauración ha alterado de modo insostenible la vida de los consagrados, a los que se les achaca “la pretensión de alterar no sólo la estructura arquitectónica del templo, sino de modificar, incluso, la configuración urbanística del pueblo”, según han afirmado los monjes en una carta circular enviada a los amigos del monasterio.
Otras acusaciones resultan, si cabe, más sorprendentes: se acusa a los monjes de “no escuchar a las autoridades locales a la hora de organizar los actos litúrgicos” y aun de robar imágenes de la iglesia. Los monjes, conocedores de que “la exclusión del Ayuntamiento en la gestión de tan importantes fondos económicos ha originado toda esta situación”, han sufrido “insulto, injuria sistemática, amenazas de violencia física” y atranco de puertas del convento, además de las acusaciones de distintos medios de comunicación a los que no piensan hacer declaraciones.
El día 13 de agosto, la Junta Vecinal de Rabanal del Camino, en concejo público al que fueron convocados todos los vecinos excepto el monje-párroco, también vecino empadronado en dicha localidad, propuso el envío de una carta de protesta a la Junta de Castilla y León. Dicha carta contenía los datos de un proyecto todavía en fase de redacción y han inducido al equívoco a los vecinos de Rabanal. Las disposiciones hasta ahora aceptadas por las autoridades han sido rechazadas.
Los monjes de San Salvador del Monte Irago están ya más preocupados por la restauración de la vida monacal que por la de la propia iglesia, y se han mostrado especialmente dolidos porque en un punto de tradicional acogida en la Ruta Jacobea hayan tenido que oír gritos de “fuera de este pueblo”.
La polémica, todavía soterrada, no es la primera que afecta al Ejecutivo de Juan Vicente Herrera en su trato con las órdenes religiosas: a este respecto, se cita el caso de una clausura de Clarisas en Segovia, de enorme valor artístico-monumental por sus artesonados, que sufre el olvido económico de la Dirección General de Patrimonio de la Junta.
Comunicado del Monasterio de San Salvador del Monte Irago
Los pasados días 15 y 16 de agosto, se produjeron sendos tumultos durante la celebración de la Eucaristía, en Rabanal del Camino, durante los cuales no sólo se profirieron insultos contra los monjes sino que, debido a sus actitudes violentas, fue precisa la intervención de la Guardia Civil, para proteger su integridad física, viéndose obligados a abandonar el pueblo.
Ante tan tristes acontecimientos, la comunidad de monjes benedictinos de San Salvador del Monte Irago quiere manifestar lo que sigue:
1. Deploramos el empleo de la violencia física o moral como medio de solución de cualquier conflicto.
2. A causa de la violencia del tumulto, hemos sido llamados a nuestra Abadía de Santa Otilia por nuestro Superior, el Archiabad, con el conocimiento de las autoridades eclesiásticas competentes. Lamentamos, con ello, la situación de desatención que, de hecho, se produce no sólo en nuestras Parroquias sino, también hacia los cientos de peregrinos que cada día esperan encontrar en Rabanal del Camino la presencia espiritual del Monasterio. Y, deseamos, a la menor brevedad posible, poder reanudar nuestra vida monástica y pastoral ordinaria.
3. Ante la oposición manifestada por la Junta Vecinal de Rabanal del Camino y del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza (del que depende Rabanal) al proyecto de restauración de la iglesia románica de Nuestra Señora de la Asunción, solo podemos decir que dicho templo está declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León y, en cuanto tal, corresponde únicamente a la Dirección General de Patrimonio la responsabilidad sobre cuantos obras se lleven a cabo en él. Por otra parte, la responsabilidad sobre la gestión urbanística corresponde, en exclusiva, a las autoridades municipales de Santa Colomba de Somoza. Nos parece inadecuado, en consecuencia, querer imputar al Monasterio de San Salvador responsabilidad alguna sobre dichas materias.
4. Por otra parte, nos consta que el Proyecto de Restauración de la iglesia de la Asunción, a día de hoy, no ha sido presentado a la aprobación del Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza. Desconocemos, por tanto, el fundamento de la protesta tanto de éste, como la Junta Vecinal de Rabanal del Camino. Por nuestra parte, hemos colaborado con las autoridades de Patrimonio, cediendo el templo para la realización de dos excavaciones arqueológicas, a pesar de las molestias que ello nos ha causado. Somos conocedores, eso sí, de la finalidad última de dicha intervención, consistente en poner en valor los importantes hallazgos románicos descubiertos hace nueve años. En cuanto a los retablos barrocos que ocultaban dicha estructura románica, fueron reubicados, junto con todas sus imágenes, en los otros dos templos barrocos existentes en Rabanal, hecho fehacientemente conocido y contrastado por las autoridades competentes de Patrimonio, además de la feligresía.
5. Si bien se reconoce la tutela de la Dirección General de Patrimonio sobre dicho Bien de Interés Cultural, también afirmamos, sin ambages, la titularidad de la propiedad de todos los templos de Rabanal del Camino por parte de la Parroquia Católica de Nuestra Señora de la Asunción (Obispado de Astorga), persona jurídica reconocida por la legislación civil española, a favor de la cual dichos bienes se encuentran inscritos en el Registro de la Propiedad, incluyendo en dicha titularidad cuantos bienes muebles se hallan allí contenidos.
6. Como consecuencia de la declaración de aconfesionalidad recogida en la Constitución Española de 1978 y la subsiguiente legislación en materia de libertad religiosa, resulta inadmisible la pretensión de las autoridades locales de imponer formas y contenidos en las celebraciones litúrgicas católicas.
7. Los pueblos del Camino han acogido, a lo largo de los siglos, peregrinos en tránsito hacia la tumba del Apóstol Santiago. Tristemente, en cambio, hemos vivido en Rabanal una violenta protesta protagonizada por no más allá de cien personas, que en su inmensa mayoría no son miembros de la Parroquia Católica. Esto ha provocado la marcha de los monjes y el cese de las actividades del Monasterio que no sólo ha venido atendiendo espiritualmente a los feligreses que habitualmente residen en el pueblo sino que, sobre todo, ha orientado sus esfuerzos en acoger a muchos miles de peregrinos que, cada año, han participado libremente en sus servicios religiosos. Ellos son, sin duda, los grandes perjudicados de toda esta lamentable situación.
Nuestro Señor, venerado en Rabanal como el Bendito Cristo, nos manda amarnos y perdonarnos. En este espíritu, pedimos disculpas a cuantos se puedan haber sentido ofendidos por nuestras acciones, al mismo tiempo que perdonamos cuantas ofensas hemos podido recibir a lo largo de estos días.
Al mismo tiempo, esperamos que las autoridades públicas asuman sus responsabilidades, y pongan cuanto está de su mano para restablecer una convivencia en paz y en justicia.
Santa Otilia, a 24 de agosto de 2009
La comunidad de monjes de San Salvador del Monte Irago.
* InfoCatólica - 25.08.09
Foto: infocatolica.com
en
26.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
4
comentarios
Tema: NOTICIAS CastillaLeón
'Spam' urbanístico y terceros confusos
ELPAÍS/Marbella* : Las últimas 8.252 quejas y peticiones ciudadanas al Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (PGOU), pendiente del visto bueno de la Junta para su entrada en vigor, pueden parecer a simple vista un cajón de sastre. Sin embargo, un repaso detallado muestra cómo muchas reivindicaciones se repiten como si fueran spam (correo electrónico basura) urbanístico...
... casi siempre por asuntos que la oposición socialista ha tomado como bandera, y se advierten numerosas exigencias de propietarios de viviendas ilegales que se apuntan al concepto "terceros de buena fe" para reclamar la exoneración total de cualquier responsabilidad derivada de su regularización.
A los redactores del PGOU les ha tocado resolver entuertos como éste, diciéndoles que el documento de ordenación urbanística "no califica" a los adquirientes de viviendas de terceros de buena fe, ya que no entra dentro de sus competencias. Entre los peticionarios hay príncipes, empresarios implicados en el caso Malaya, entidades tan conocidas como Fórum Filatélico, muchas asociaciones de vecinos y hasta seis concejales socialistas.
- Realeza y solares municipales. El príncipe saudí Mishari Bin Saud Bin Abdulaziz, ha pedido que se le reconozca el uso residencial en una parcela de su propiedad, algo que han desestimando, de momento, mientras que la empresa Helicópteros Sanitarios ha reclamado que se cambie a helipuerto la calificación de los terrenos en los que tiene sus dependencias, y que está prevista para parques y jardines. Todo estaría dentro de la normalidad, de no ser porque el cambio no se puede dar, entre otras cosas, porque la parcela en la que ejerce la concesión administrativa es de titularidad municipal.
- Los platos rotos. La Comunidad de Propietarios Jardines de la Represa solicitó "modificaciones legales" para que "no paguen los platos rotos los propietarios" y no los conviertan en "cabeza de turco de la especulación urbanística". Los dueños de una parcela de Los Monteros Playa también pidieron que se contemple su exoneración "para evitar confusiones en las responsabilidades urbanísticas". Una de las propietarias sugiere que sean las administraciones públicas quienes asuman el coste de las viviendas ilegales, mientras que varios vecinos se interesan por las posibilidades de demolición de determinadas construcciones, como ocurre en la zona Parque Arroyo del Pozuelo, y muestran su interés para que ocurra. Los encargados de responder las alegaciones insisten en que no es competencia del documento la decisión sobre una demolición, como tampoco lo es "la previsión de un único cementerio".
- Edificios protegidos y spam. La catalogación de diversos edificios como construcciones protegidas por su especial valor arquitectónico también suma defensores y detractores. Para el Casino Marbella es un problema, porque le impide hacer una ampliación del edificio principal, igual que para la plaza de toros de Puerto Banús. La empresa propietaria ha pedido salir del inventario de Bienes Reconocibles del Patrimonio Histórico Andaluz. Sin embargo, se ha recibido una verdadera avalancha de peticiones para que se incluya en el catálogo de elementos protegidos todos los viejos almacenes (sobre todo el restaurante El Relicario) y el resto de edificios del barrio El Ingenio, en el núcleo marbellí de San Pedro, algo que el Consistorio tendrá en cuenta.
- Convenios e implicados. Varias promotoras implicadas en el caso Malaya contra la corrupción en Marbella han reclamado con escaso éxito que se les respete las condiciones del suelo que acordaron por convenio con el Grupo Independiente Liberal (GIL). Ocurre con Naviro Inmobiliaria 2000 SL, propiedad del empresario José Ávila Rojas, o Yambali 2000 SL.
Esta última pide que le permitan materializar una licencia de obras concedida para 144 viviendas en una zona calificada en el PGOU de 1986 como parques y jardines públicos. Construcciones Salamanca SL, también vinculada a la trama de corrupción marbellí, se muestra disconforme con la calificación de una parcela en Nueva Andalucía "por incumplimiento de convenio urbanístico" firmado en mayo de 2004, época en la que Marisol Yagüe era alcaldesa de Marbella.
EL PGOU EN CIFRAS
El plan prevé la regularización de 16.500 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones.
Deja fuera de ordenación cerca de 500 viviendas ilegales habitadas y un millar de inmuebles no ocupados.
Los ciudadanos han presentado 17.000 alegaciones.
El documento sustituye al actual, de 1986, sistemáticamente vulnerado por los gobiernos del Grupo Independiente Liberal.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 24/08/2009
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
en
25.8.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía