LAVOZDEGALICIA* : La recuperación de zonas degradadas en las ciudades gallegas y la revalorización social y económica de estos barrios ha reavivado el acoso inmobiliario. Este fenómeno, que hace poco ha dado lugar a las primeras condenas de prisión en Bilbao y Barcelona, suele darse en edificios viejos pero céntricos y, por ello, con un gran atractivo inmobiliario.
La presión al inquilino puede durar años y, habitualmente, el propietario se niega a realizar reparaciones y deja que el piso se vaya deteriorando con la única intención de conseguir la ruina del inmueble y el desahucio del inquilino. «Sabemos de casos polos concellos e tamén a través de particulares. A maioría destas situacións danse en cascos históricos e zonas vellas, en casas con renda antiga», señalan desde la Consellería de Vivenda.
No hay estadísticas oficiales para cuantificar el mobbing inmobiliario. «No tenemos datos, pero con eso no digo que no existan estos casos», señala Martín Bermúdez de la Puente, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Galicia. Otras fuentes conocedoras del sector inmobiliario gallego, sin embargo, aseguran que sí hay acoso, que se da en todas las ciudades y que son los inquilinos de más edad que pagan alquileres muy pequeños (anteriores al conocido como decreto Boyer, que data de 1985) quienes se han convertido en blanco de algunos propietarios que ven cómo sus casas les rentan cantidades simbólicas frente a las que se cobran en inmuebles justo al lado de los suyos.
Por miedo a represalias, añaden las mismas fuentes, muchos casos nunca llegan a ver la luz. «Si hay empresas especializadas en la compra de casas de renta antigua, es que hay mercado», razonan. «Porque esto no ocurre en pisos que están bien alquilados, sino donde pagan 10, 20 o 50 euros de renta en vez de 600», añaden.
Plan piloto
A falta de estadísticas, un buen termómetro del mobbing inmobiliario es el plan piloto que el Ministerio de Vivienda puso en marcha en febrero del 2007 en diez ayuntamientos de toda España para combatir este tipo de acoso. Uno de ellos es A Coruña. A través de un teléfono gratuito (900 900 707), el ministerio ha recibido ya 546 denuncias de afectados de toda España. De ellas, 69 corresponden a la decena de municipios con los que Vivienda desarrolla el programa. De A Coruña llamaron 13 inquilinos a los que sus caseros hostigaban para que hiciesen las maletas y abandonasen el piso. Estas 13 quejas suponen poco más del 2% del total a nivel nacional, pero son casi el 20% de las que llegaron desde los diez ayuntamientos con el plan piloto. Según los datos de Vivienda, también se recibieron llamadas de afectados de otros municipios gallegos como Vigo, Santiago, Pontevedra, Vilagarcía o Lugo.
* La Voz de Galicia - S. Basterrechea - 4.01.2009
Foto: Imagen del casco antiguo de Santiago, donde se ha denunciado algún caso de acoso inmobiliario - lavozdegalicia.es
La revalorización de los cascos viejos reaviva el acoso inmobiliario
El Supremo anula el PGOU de Castelló de 2000 porque no se expuso al público
LEVANTE* : El fallo invalida cambios de calificación de suelos y el Plan Especial del Puerto. La sala quinta de lo contencioso del Tribunal Supremo ha invalidado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del año 2000 por aprobarse sin previamente salir a exposición pública.
El fallo, al que ha tenido acceso Levante de Castelló y que fue emitido el 9 de diciembre, revoca la resolución del 1 de marzo de 2000 de la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo por la que se daba luz verde a la revisión de dicho PGOU por no haber sido expuestas a información pública las modificaciones introducidas entonces, y ordena «la retroacción del procedimiento administrativo al momento anterior al acuerdo del Consell»y sacarlo a exposición pública . En aquel momento el alcalde de la ciudad era el popular José Luis Gimeno y el concejal de Urbanismo, el actual alcalde, Alberto Fabra. El Supremo también censura la antigua Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana (LRAU), de la que señala que no «garantiza la participación pública» tal como exigen, afirma, normas superiores como la Ley Estatal de Suelo o la misma Constitución Española.
Esta decisión paraliza los planes parciales en fase de ejecución y deja en el aire el desarrollo futuro de la ciudad. Castelló depende ahora del Plan General anterior a la revisión de 2000, es decir, del planeamiento de 1984. Fuentes jurídicas consultadas por este diario explicaron que en base a esta sentencia el PGOU de 2000 queda automáticamente suspendido. Se anulan por ejemplo los cambios de suelo de no urbano a urbanizable contemplados hace ocho años, la previsión de zonas verdes e infraestructuras, o el Plan Especial del Puerto. La sentencia no tiene ya efecto sobre las dotaciones o zonas residenciales ya levantadas pero sí sobre los proyectos en trámite. Las mismas fuentes señalaron que al equipo de gobierno local sólo le queda la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y éste no llevaría consigo la suspensión cautelar de la sentencia.
El fallo de la sala quinta de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo da la razón a unos vecinos de Castelló que apelaron contra la revisión del PGOU de 2000 al considerarse perjudicados, estima su recurso de casación y corrige una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de mayo de 2003, que se pronunciaba a favor del proceso seguido para modificar el Plan de Urbanismo en 2000.
Los magistrados argumentan que el Consell y el Ayuntamiento incurrieron en una irregularidad al no sacar a información pública las modificaciones incluidas en el PGOU de 2000. Las dos administraciones se escudaron en la LRAU, que en su artículo 38 indica que no «es preceptivo reiterar este trámite en un mismo procedimiento, ni aún cuando se introduzcan modificaciones sustanciales». El letrado de la Generalitat adujo además que los cambios planteados no eran importantes.
Carga contra la LRAU
La sala quinta del Supremo rebate que en la tramitación se dejó «sin posibilidad de participar en la elaboración del planeamiento a la generalidad de los ciudadanos», infringiéndose, señala, el artículo 105 de la Constitución Española relativo «a la audiencia de los ciudadanos en la elaboración de las disposiciones administrativas», y la Ley Estatal de Suelo de 1998 que dispone «que el documento aprobado inicialmente debe ser sometido a información pública, y que ese trámite de información pública debe reiterarse después de la aprobación provisional cuando en ésta se introduzcan modificaciones sustanciales». El fallo carga a este respecto contra la antigua LRAU valenciana, derogada en 2006. Destaca que no «garantiza la participación pública en el planeamiento, que es lo exigido de manera inequívoca en la Ley Estatal de 1998». Además, apunta que esta última, la Ley del Suelo estatal, ha de prevalecer sobre las normas autonómicas.
Asimismo, el Supremo responde al Consell que en la revisión del PGOU sí se incluyeron modificaciones significativas, según el informe del perito municipal, ya que éste concluía que las revisiones introducidas sí que «eran sustanciales dado que se han modificado tantos parámetros estructurales, nos encontramos en la aprobación ante un PGOU distinto al de la aprobación inicial».
* Levante-EMV - Joan Mestre - 4.01.2009
Foto: Castelló - wikipedia
La Fiscalía insta a investigar por separado la corrupción en Alhendín
LAOPINIÓN/Granada* : La Fiscalía ha considerado oportuno activar el ´caso Marchelo´ cuando se cumplen casi dos años de la detención del ex concejal de Urbanismo de Alhendín, Manuel Fernández (PP), que permitió destapar una supuesta trama urdida por políticos locales y relevantes empresarios sobre operaciones de dudosa legalidad con dinero negro de por medio.
La fiscal Marta Martín trasladó el pasado 22 de diciembre un escrito al juez de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Gómez Torres, donde se muestra partidaria, dada la ingente cantidad de supuestas irregularidades cometidas durante el anterior gobierno municipal de Alhendín, de que el Juzgado opte por abrir piezas separadas ya que entiende que, cada una de las operaciones tiene, por sí solas, suficiente entidad como para investigarlas de forma independiente. El objetivo no es otro que desatascar una investigación que tiene varios frentes delictivos y que en la actualidad parece encontrarse en punto muerto.
Lo último que trascendió de cierta entidad sobre la ´Operación Marchelo´ tuvo que ver con los informes recabados por la Policía Nacional y Hacienda, a petición del juez, que revelaban un frenético cruce de operaciones económicas realizadas por los imputados. Dicha investigación desvelaba numerosos pagos de promotoras, cancelaciones de préstamos y participaciones en sociedades de los principales imputados -el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, y el ex alcalde José Guerrero-, que se vieron obligados a dimitir y que, según dicho informe, disponían de 20 y 30 cuentas bancarias respectivamente aunque no se precisaba las cantidades que allí se guardaban ni los bienes patrimoniales que poseían.
El Ayuntamiento de Alhendín, gobernado hoy por el PSOE y personado como acusación popular, solicitó precisamente que se ampliara la investigación sobre los bienes patrimoniales de los imputados y sus familiares, titulares algunos de ellos de numerosos negocios, algunos ya sin actividad.
Junto a dicha petición, el Ayuntamiento presentaba un recurso de reforma contra la decisión del juez de denegar la entrega de las cintas donde se recogen las escuchas intervenidas por la Policía que permitieron destapar una de las tramas de corrupción urbanística más importantes de la provincia.
El magistrado entendió meses antes que dicha solicitud no era procedente en aras a proteger la intimidad de los imputados y de aquellas personas que resultan aludidas en las conversaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento argumentaba su petición en el hecho de que las transcripciones por escrito de las conversaciones están incompletas, y entendía que el acceso al contenido íntegro de las cintas ayudaría a avanzar en la investigación para conocer con exactitud los detalles de los diálogos que mantiene el principal imputado, el ex edil de Urbanismo, con los distintos empresarios, también bajo sospecha.
El municipio, a su vez, pidió al juez instructor que librara un oficio para que reclamara al Ministerio de Defensa todos los requerimientos que en su día hizo el anterior equipo de gobierno del PP sobre las infracciones urbanísticas que se estaban produciendo en la construcción de las viviendas que promovió la empresa FRAi y que precisamente ahora el Ayuntamiento se ha visto obligado a corregir porque violaban la servidumbre de paso de la base aérea de Armilla.
Sobre todas estas cuestiones y algunas más, como fraccionamientos de obras menores para eludir el proceso de contratación y adjudicarlas a dedo, el Ayuntamiento solicitaba ampliar las pesquisas, a lo que la Fiscalía no pone objeción alguna salvo que se haga por separado.
En su escrito, la fiscal Marta Martín muestra su conformidad "a extender mediante la práctica de nuevas diligencias de investigación el objeto del proceso debiendo deducirse testimonio de si existen indicios de comisión de otros delitos que deben tramitarse en causa separada".
En definitiva, la representante del ministerio público considera que, al margen de las investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación administrativa del polígono industrial Marchalhendín, el plan parcial donde se han edificado más de mil viviendas o la venta presuntamente fraudulenta de una finca del alcalde y su familia para hacer una gasolinera, sería conveniente trocear el ´caso Marchelo´ para aclarar la trama de corrupción.
* La Opinión de Granada - ÁLVARO CALLEJA - 4.01.2009
Foto: Alhendín - andaluciarustica.com
La Fiscalía imputa al ex alcalde de Fene por malversar fondos al ejecutar una obra
LAVOZ/A Coruña* : La Fiscalía Provincial de A Coruña ha imputado al ex alcalde de Fene, el nacionalista José María Rivera Arnoso; al representante de Construcciones Camilo Ares, Camilo Ares Ares, y al arquitecto Julio Barallobre Sanmartín por un delito de malversación de fondos y otro de falsedad documental.
Los imputados, según consta en las diligencias abiertas por el ministerio público, urdieron supuestamente «una trama» para disponer de dinero de forma ilícita al certificar que los trabajos de la primera fase de una obra de dotación de acabados e instalaciones en un edificio municipal destinado a juzgado de paz y otros servicios, ubicado en el parque Castelao de la citada localidad coruñesa, estaban terminados, cuando únicamente estaban realizados poco más de la tercera parte.
El objetivo era, según la Fiscalía, que la empresa adjudicataria, Construcciones Camilo Ares, cobrara el importe total de la obra, que ascendía a 79.000,2 euros, con el IVA incluido, aunque solo había ejecutado trabajos por importe de 28.237,43 euros. El fiscal ya ha pedido al Concello documentación sobre el asunto.
Para ello, los imputados confeccionaron presuntamente, según el escrito del Ministerio Fiscal, documentos totalmente carentes de sustrato real, a pesar de ser conscientes de que la obra no se había ejecutado en su totalidad y de que los fondos utilizados para pagarla eran dinero público. Supuestamente, la empresa recibió 48.884,75 euros por obras que no llegaron a ejecutarse. Estas habían sido adjudicadas el 22 de septiembre del 2005 por Rivera Arnoso a Construcciones Camilo Ares, firmándose el contrato con Camilo Ares menos de un mes después. En aquella resolución también se nombró director de la obra al arquitecto autor del proyecto, Julio Barallobre Sanmartín, según consta en el escrito de la Fiscalía.
Primer pago
El 14 de octubre de ese mismo año, el ex alcalde certificó la obra expedida por Barallobre, por importe de 30.115,45 euros, cantidad que fue pagada a la constructora el 9 de noviembre. Aquel día de octubre también fue justificada parcialmente la subvención concedida por la Consellería de Xustiza para el trabajo por un importe de 22.000 euros, una cifra que fue ingresada en la cuenta que el Concello tenía en Caixa Galicia.
El 29 de diciembre del 2006, el ex alcalde hizo otra certificación de la obra expedida por el arquitecto el 1 de junio, por valor de 48.884,75 euros, en la que constata su remate. Esa resolución se remitió a Presidencia e Administracións Públicas y la obra fue pagada el 5 de febrero del 2007 a la constructora, justo antes de la precampaña.
* La Voz de Galicia - María Cedrón - 3/1/2009
Foto: La constructora debía levantar en el parque un edificio de servicios - lavozdegalicia.es
Anticorrupción seguirá investigando el PAI Sant Jordi Golf
LEVANTE/Castelló* : Dos meses después de que la Generalitat haya aprobado el Programa de Actuación Integrada (PAI) Sant Jordi Golf, la Fiscalía de Castelló ha remitido a la sección de Delincuencia Económica y Anticorrupción la denuncia de la Asociación de Ciudadanos de Benicàssim en la que se alerta de que el PAI se ha aprobado con un informe en contra de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Según el presidente de la asociación, José Vicente Ahicart, este informe es que el que debe garantizar la suficiencia hídrica.
De esta manera, la Fiscalía de Castelló da por concluidas las investigaciones y, tras detectar que se pude haber cometido un delito, turna el caso a Anticorrupción, según ha explicado Ahicart.
La asociación argumenta en su denuncia que la Comisión Territorial de Castelló "dio conformidad" a la aprobación del PAI con el voto en contra de la CHJ "por lo que entendemos que ha sido violada la Ley de Aguas". Además, añaden que el acto administrativo se ha hecho "con pleno conocimiento" de que es "irregular e ilegal". Ahicart señaló ayer a Levante de Castelló que este mismo mes viajará a Bruselas para asistir a una comisión del Parlamento Europeo en la que aportará toda la documentación del caso "y si lo creen conveniente informar al Tribunal de Luxemburgo".
Por su parte, el alcalde de Sant Jordi, el popular Luis Tena, afirmó ayer a este periódico que no era conocedor de la decisión del fiscal y que "la reponsabilidad sería, en todo caso, de la comisión territorial de Urbanismo y no del ayuntamiento".
El PAI Sant Jordi abarcará una superficie de 1,9 millones de metros cuadrados en los que se prevé construir un campo de golf de 18 hoyos y 2.200 viviendas, de las que el 10% (220) serán de protección oficial. El campo de golf, el quinto aprobado este año por el Consell, abarcará una superficie de 792.579 metros cuadrados. El sector está diseñado a sólo 20 minutos del futuro aeropuerto por la CV-10.
* Levante-EMV - Nerea Soriano, Castelló - 3.01.2009
Foto: panorámica. Entrada del pueblo de Sant Jordi, de la comarca del Baix Maestrat.
rosa mengual, levante-emv.com
Los juzgados tramitan más de 50 denuncias por chalés ilegales en el pantano de Orellana
HOY/Badajoz* : Los juzgados de Villanueva de la Serena están tramitando más de medio centenar de denuncias por chalés construidos junto al pantano de Orellana, en el paraje conocido como Los Tercios. Se trata de una zona especialmente protegida y donde se prohíbe cualquier tipo de construcción.
Las primeras denuncias partieron del grupo Ecologistas de Extremadura en febrero de 2008. A lo largo del pasado año se han unido nuevas denuncias realizadas por la Junta de Extremadura y el SEPRONA.
Son los agentes de este servicio de la Guardia Civil los que documentan con planos y fotografías la situación de cada uno de los chalés levantados junto al pantano y los envían a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia. Esta institución las deriva hacia la Fiscalía de Badajoz, que abre diligencias y las pone en conocimiento de los juzgados de Villanueva de la Serena, que son los competentes para realizar la instrucción.
Hasta ahora, según la información recabada por HOY, han llegado a los juzgados villanovenses más de medio centenar denuncias correspondientes a otros tantos chalés construidos en el entorno del pantano. Se trata de viviendas que se han construido sin licencia de obra e incluso en ocasiones con la licencia abiertamente denegada por el Ayuntamiento. En unos casos las viviendas están acabadas y en otros se encuentran todavía en obras.
La construcción de estos chalés podría constituir un delito urbanístico, calificado técnicamente en el Código Penal como un delito contra la ordenación del territorio. Hay que tener en cuenta que las viviendas están construidas en un espacio sobre el que recaen varias figuras de protección ambiental. Es un espacio natural protegido, calificado también como ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves) y LIC (Lugar de Importancia Comunitaria). El entorno del embalse está incluido también en la Red Natura 2000. Algunos de los chalés invaden además la superficie cercana al embalse, que se encuentra en la categoría de humedales protegidos.
Seis meses a tres años
El Código Penal establece penas de seis meses a tres años de cárcel para los promotores o constructores de viviendas en suelo protegido. A esta pena hay que añadirle multas de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para la profesión u oficio de tres meses a seis años. Este apartado es especialmente importante para el caso de que exista un arquitecto o aparejador que dirija la obra. Sin embargo, en estos casos es frecuente que los chalés sean autoconstruidos, lo que supone que el propietario es el promotor y único responsable al que se le responsabilizará del presunto delito.
Pero hay otro apartado de la ley especialmente importante: los jueces o tribunales 'pueden' ordenar la demolición de la obra a cargo del autor del delito.
«Pediré la demolición»
Agustín Manzano, fiscal especializado en Medio Ambiente de Badajoz, considera que debe aplicarse el artículo que contempla la demolición de la construcción ilegal. Manzano, que confirmó a HOY la existencia de estas denuncias y la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, estima que de no aplicarse esa sanción no se consigue proteger los espacios naturales. Por ello, en este caso está dispuesto a pedir la demolición de todas las construcciones ilegales levantadas en Los Tercios.
Sólo si decreta esa medida se recuperaría la zona tal como se considera que debe estar. Además, tendría un efecto ejemplarizante para todas las personas que están dispuestas a construir en parajes naturales sin disponer de ningún tipo de licencia urbanística e incluso a sabiendas de que es ilegal.
Calculan que serán penados como mucho con una multa, pero que se les permitirá conservar su chalé. Hay que tener en cuenta que las penas de cárcel que se contemplan no son muy altas -de seis meses a tres años. En el caso de aquellas personas que no tengan antecedentes penales y reciban una condena de no más de dos años no tienen que entrar en prisión. Con el pago de la multa zanjarían su responsabilidad ante la ley. Por ello el fiscal piensa que sólo la demolición de los chalés consigue el propósito que persigue la ley, que es la protección de la naturaleza. «Si no se hace así te has cargado el paraje ecológico para siempre», afirma el fiscal Agustín Manzano.
* Hoy - M.M. - 3.01.2009
Foto: Chalés construidos en el paraje Los Tercios, a orillas del pantano de Orellana, en una zona protegida. / FRANCISCO HORRILLO, hoy.es
Rechazo de Ronda al plan para levantar 15 hoteles
PÚBLICO/Málaga* : Hay unanimidad, aunque a primera vista pudiera parecer lo contario. Ni los ecologistas ni el Ayuntamiento, pese a que dio el visto bueno inicial, quieren un macrocomplejo hotelero de 3.750 camas en el encinar de Ronda, a unos 11 kilómetros del casco urbano de la Ciudad del Tajo.
Esta ha sido la reacción ante el proyecto presentado por la promotora Urconsa (Urbanizadora Constructora Nueva madrid SA) y cuyo plan especial fue autorizado por el alcalde de este municipio, Antonio Marín Lara (PA), el pasado 29 de octubre.
Sin embargo, para el regidor este edicto municipal únicamente "es un mero trámite administrativo". "Si no lo firmo me pueden acusar de prevaricación", afirma el primer edil de este Ayuntamiento, donde el Partido Andalucista gobierna en coalición con el PSOE. Además, Marín Lara recalca que en el equipo de Gobierno "hay voluntad política cero" de que el proyecto salga adelante.
Y es que muchos no pueden dejar de relacionar las intenciones de esta promotora con lo sucedido en la cercana zona de Los Merinos, donde la crisis inmobiliaria tiene prácticamente paralizada la construcción de 800 chalés y dos campos de golf, un faraónico proyecto urbanístico impulsado pese a no disponer del suministro de agua garantizado.
Ahora, el macroproyecto turístico quiere levantar en la denominada Finca Carrasco. Constaría de 15 hoteles de 250 plazas cada uno se triplicaría la oferta del sector en Ronda y de otros servicios, como un helipuerto o un campo de tiro. Y todo ello en una zona calificada en el PGOU de 1992 como "no urbanizable de protección compatible".
Con tales antecedentes, que en su día llevaron incluso a la UNESCO a amenazar con retirar la denominación de Reserva de la Biosfera a la zona, los ciudadanos de esta localidad que da nombre a la Serranía en la que se encuentra el municipio no se han quedado quietos ante la nueva ofensiva urbanística.
Vecinos, plataformas sociales, grupos ecologistas y asociaciones de la comarca han presentado "una avalancha de alegaciones al proyecto", según explicó a Público José Galán, miembro de la Coordinadora Ciudadana Nueva Cultura del Territorio.
Este colectivo, que agrupa a representantes de una treintena de organizaciones, denuncia que el macroproyecto hotelero no prevé el abastecimiento de agua, no hace referencia al futuro del encinar que hay en la zona, ni justifica la necesidad de incrementar en 3.750 las plazas hoteleras en la comarca.
El alcalde, quien reitera una y otra vez su rechazo a que este proyecto sea una realidad, recuerda además que ahora deberán ser las distintas administraciones competentes las que emitan sus informes correspondientes. Precisamente fue la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía la que impugnó la actuación en Los Merinos por no tener garantizado el suministro de agua. Fuentes cercanas a la Administración autonómica no descartan un dictamen similar en este caso.
* Público - ÁLVARO L. MILLÁN - MÁLAGA - 03/01/2009
Foto: Finca Carrasco, el paraje donde se proyecta crear 15 hoteles. - daniel pérez, publico.es
Promoción y construcción: razón aquí
ELPAÍS/Madrid* : El alcalde y dos concejales compaginan la labor municipal con sus negocios inmobiliarios. A escasos 50 kilómetros de la capital, tras desviarse de la autovía de A Coruña (A-6) en Collado Villalba y tomar la comarcal M-608, se llega a Moralzarzal, una de esas localidades situadas en las primeras estribaciones de la sierra de Guadarrama y en el valle del río Moralzarzal.
Con tal nombre no se tiene constancia de su existencia hasta bien entrado el siglo XVII. Hasta entonces, el pueblo era conocido como Fuente del Moral, siendo Zarzal una especie de núcleo periférico agregado.
En este marco geográfico es en el que, desde 1995, José María Moreno Martín figura como alcalde del municipio y presidente del PP local. Actividad que compagina desde hace años -como lo hacen otros dos concejales (Aurelio González García y Javier Martín Pascual)- con negocios ligados a la construcción y la promoción inmobiliaria. Entre los tres cuentan con ocho sociedades operativas, sobre todo en el pueblo. Para cubrir las apariencias, la titularidad y administración de alguna de estas empresas figuran a nombre de sus esposas e hijas, tal y como se puede comprobar en el Registro Mercantil de Madrid. Es el caso del alcalde en PIM Construcciones Siglo XXX o de Martín Pascual, concejal de Hacienda, en Construcciones Plaza 4.
Como ejemplo de estos intereses, la última empresa registrada bajo la curiosa denominación de Esta Vez Sí. Está operativa desde el 1 de agosto de 2006, una fecha clave, en plena fase de información pública del nuevo avance del plan general. Y con un nombre, cuanto menos extraño -más acorde para un eslogan electoral que para una razón social-, pero que encierra toda una declaración de intenciones. La de que, después de varios intentos frustrados, se logre recalificar la finca de Los Praderones: más de 1,1 millones de metros cuadrados de suelo ubicado al norte de la M-607, incluidos en plena zona de transición del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque nacional de la Sierra de Guadarrama. En este caso, los administradores que figuran en el Registro son la esposa del alcalde, María Piedad Álvarez Bernal, y el concejal de Vivienda Joven, Aurelio González. Ejerce de apoderada la hija del primer edil, Gema Moreno Álvarez.
Una recalificación que el alcalde lleva intentando colar a la Comunidad de Madrid desde hace seis años. Bajo presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón fue rechazada en dos ocasiones, al ser declarado como suelo no urbanizable de especial protección. Lo mismo que ocurrió la pasada legislatura cuando, en 2004, los responsables de Urbanismo desestimaron el avance presentado, donde se incluía la declaración como urbanizable de la finca, por entender que no había lugar a revisar un planeamiento que se había aprobado un año antes y, lógicamente, estaba sin desarrollar. Inasequible al desaliento, lo volvió a presentar en 2006.
Hace ahora justo un año, referiéndose a Los Praderones, señalaba José María Moreno que en 2008 "tiene que ponerse en marcha; me hago responsable de ello y de tomar las medidas necesarias para que así sea. Hay que sacar esto adelante, porque ya estamos esperando desde hace cinco o seis años y los jóvenes y vecinos de Moralzarzal tienen derecho a esas viviendas. No vamos a aguantar más que 2008". Según explicaba el regidor, ese informe favorable podría llegar incluso antes de que termine el año (se refería a 2007), o en todo caso en el primer trimestre de 2008, por lo que en el próximo Pleno el ejecutivo llevará el proyecto para su redacción pormenorizada. Dicho y hecho, el pasado mes de enero se sacó a concurso la redacción de la ordenación pormenorizada del ámbito por 164.000 euros.
El proyecto de Los Praderones incluye casi 1.500 viviendas, de las que 880 serían protegidas, en su mayoría en alquiler con opción a compra. Un inusitado interés por la vivienda protegida que contrasta con el hecho de que hace más de una década que en Moralzarzal no se promueve ninguna bajo esta tipología y tampoco existe previsión de hacerlo en los actuales sectores urbanizables.
Actividades paralelas
De las actividades paralelas de los ediles populares la oposición socialista en el Ayuntamiento presentó, al principio de la presente legislatura, un informe sobre presuntas operaciones de compraventa de parcelas en el municipio. En el mismo se hacia referencia a la compra, en mayo de 2005, de ocho parcelas a Hilario Rico, dueño de la empresa Hirimasa, contratada en varias ocasiones para ejecutar obras municipales. PIM Construcciones Siglo XXX -en la que entonces el alcalde figuraba como apoderado- adquirió cuatro por 433.000 euros, y Construcciones Roloa -la empresa del entonces concejal de Urbanismo y hoy de Vivienda Joven, Aurelio González- otras cuatro por 456.000 euros. Ocho meses después, en enero de 2006, según el informe del PSOE local, cada uno vendió dos de los cuatro solares a un precio de 309.600 y 343.175 euros, respectivamente.
Por otra parte, Construcciones Plaza 4, la sociedad cuya administración delegó en sus hijas el actual concejal de Hacienda, se vio beneficiada el pasado año con una modificación puntual por la que se legalizó un hotel en la calle de la Cañada, que había sido construido indebidamente por el uso dado a la planta bajo cubierta.
La venta de parcelas municipales en el sector de Las Hachazuelas le está costando más de lo previsto al equipo de Gobierno presidido por José María Moreno. El concurso convocado hace un mes hacía el quinto desde que se licitara el primero el pasado mes de marzo. El objeto del contrato, el mismo que en las cuatro anteriores ocasiones: la enajenación de seis parcelas para otros tantos adosados y una séptima, de mayor tamaño, destinada a la construcción de 15 viviendas unifamiliares. La semana pasada finalizó el plazo de presentación de ofertas.
En esta ocasión, el precio sí parecía lo suficientemente rebajado respecto al ofertado en marzo. Entonces, los solares se licitaban a 208.500 euros, y ahora lo hacen a 100.000 euros, un 52% menos. Aunque habrá que ver la reacción de los promotores. En abril, al convocar el segundo concurso, ya se ofrecieron por 117.225 euros y nadie mostró el más mínimo interés. Y curiosamente en el siguiente concurso, en lugar de rebajar ese precio se elevó a 165.000 euros. Respecto a la parcela más grande, era la segunda vez que se ponía en venta. Cuenta con una superficie de 3.684 metros y una edificabilidad de 2.834 metros suficientes para 15 unifamiliares. Ahora se pedía por ella 1,2 millones de euros, 150.000 euros menos que a finales de septiembre.
Alteración del monte
Las obras de pavimentación y mejora de la calle Berrocal han obligado al Ayuntamiento de Moralzarzal a desafectar, como monte de utilidad pública, la parcela municipal "Dehesa Vieja y Robledillo", de 683 metros cuadrados de superficie, situada en el límite exterior del referido monte. La medida, autorizada el pasado 27 de noviembre por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, lleva aparejada la compensación para que otra finca municipal, en este caso de 1.168 metros cuadrados y colindante con el límite del monte, quede afectada como de utilidad pública.
En la operación se obtienen 485 metros cuadrados adicionales catalogados como no urbanizables, que se unen a las más de 3.820 hectáreas que cuentan con esta protección en esta localidad situada en el piedemonte de la sierra del Guadarrama. Están repartidas entre el parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares, al este del casco urbano, y la zona de transición del proyecto de parque nacional, al oeste.
* ELPAIS.com - JUAN CARLOS MARTÍNEZ - Madrid - 02/01/2009
Foto: Moralzarzal - elpais.com
La Fiscalía intensifica los derribos para poner coto al urbanismo ilegal
ABC/Valencia* : La Fiscalía está dispuesta a llegar hasta el final en su política de persecución del urbanismo indiscriminado. El Ministerio Público solicitará a los jueces la demolición de las construcciones que hayan sido levantadas con el más absoluto desprecio a la normativa urbanística. No es una práctica novedosa, pero se va a intensificar.
Durante el recién concluido año se han solicitado doce demoliciones. La cifra registrada en 2008 experimentará este año un importante incremento como consecuencia de los procedimientos judiciales recientemente incoados y de la campaña puesta en marcha por la Fiscalía para descubrir aquellas construcciones ilegales cuya existencia no ha sido comunicada al Ministerio Público.
También en el caso de Zarra
La medida se aplicará también en el caso de Zarra, donde la Fiscalía ha detectado más de 87 chalés levantados sobre suelo rústico, caso por el que están imputados el alcalde, su hijo y cuatro concejales. La Fiscalía mantiene que «las obras no son autorizables» porque las parcelas sobre las que se asientan los chalés son demasiado pequeñas y no alcanzan los 10.000 metros cuadrados que exige la ley.
«La Fiscalía, como criterio general, siempre pide la demolición, aunque en casos de conformidad, teniendo en cuenta la entidad de la obra, la antigüedad y la existencia de otras edificaciones también ilegales, no se pide», explica Joaquín Baños, coordinador de la sección de Medio Ambiente.
La voluntad de la Fiscalía por restituir la legalidad urbanística no encuentra siempre la complicidad de los jueces. La posibilidad de ordenar la demolición está contemplada en el artículo 319 del Código Penal. No es una sanción, sino una medida de carácter reparador. No tiene carácter imperativo, sino facultativo: jueces y tribunales podrán ordenarla o no, siempre que el fiscal u otra parte acusadora lo solicite.
La tendencia más extendida entre los tribunales es ordenar la demolición en los «supuestos más graves e intolerables», cuando lo construido no es legalizable o se levanta sobre suelo protegido.
Tanto en el supuesto de condena como en el caso de que el juez no vea delito y, por tanto, la acusación no prospere en vía penal, se mantiene la posibilidad de perseguir la infracción urbanística por vía administrativa. Y ahí se abre otra puerta a la demolición, siempre que no hayan transcurrido cuatro años desde que se cometió la infracción.
¿Pero qué ocurre con la edificación ilegal que ha sido declarada delictiva por los tribunales si éstos no acuerdan la demolición? En este caso, se deja la decisión en manos de la administración urbanística, que tiene tres opciones: una, legalizar «a posteriori» modificando el planeamiento urbanístico o forzando al condenado a subsanar la ilegalidad; dos, proceder a la demolición, lo cual, según Baños, «es bastante improbable aunque completamente legal»; tres, dejarlo estar, lo cual sería mantener «sine die» una situación ilegal desde el punto de vista administrativo y penal. El Ministerio Público advierte de las paradojas que se generan cuando es la «propia Administración la que se plantea la posibilidad de cobrar tasas o impuestos a esas construcciones, lo cual sería una licencia tácita o encubierta».
La jurisprudencia es contradictoria. Dice la Audiencia Provincial de Ciudad Real que parece «incoherente declarar que la obra es ilegal y delito» y no enviar la excavadora, pero aclara que «esa posibilidad de demolición la sigue teniendo la Administración, una vez resuelta la cuestión penal, teniendo aquella más posibilidades en la declaración y ejecución de esta medida». La Audiencia de Jaén sostiene lo contrario: es un «contrasentido que se declare delito una edificación y se deje a la administración urbanística acordar la demolición».
Argumentos contradictorios
Los tribunales se amparan muchas veces en el agravio comparativo que supondría ordenar la demolición de una casa cuando hay otras en la misma situación. Derribar una «no vendría a reponer la legalidad urbanística» y «se vulneraría el principio de igualdad, por lo que deberá ser la Administración la que acuerde tal medida», dice la Audiencia Provincial de Jaén en relación a la demolición. Existe otra sentencia, del mismo tribunal, que predica lo contrario: el argumento anterior, apunta, tiene «doble filo». Y concluye: «no existiría discriminación si todas ellas se demolieran, antes o después». La Audiencia de Alicante apostilla: «El objetivo del legislador de preservar la ordenación del territorio quedaría frustrado dejando a las leyes administrativas la restauración del derecho perturbado». La Audiencia de Córdoba es más llana es sus argumentos: hay que echar la construcción abajo porque, de no hacerlo, «el condenado se saldría con la suya».
Desde el Ministerio Público se alerta de que en la realidad cotidiana de los tribunales «se observa que se está desembocando en una legalización «de facto» de las edificaciones ilegales. Y esto es así porque incluso se inician procesos penales con autodenuncia; luego, se buscan conformidades: de esta manera el acusado acepta una pena de prisión; al ser inferior a dos años, le es suspendida; acepta también una multa que es muy inferior a la que que se le puede imponer en vía administrativa. La pena de inhabilitación que lleva aparejada la condena no sirve para nada pues el penado, normalmente, no es un profesional de la construcción. Consigue así que no se derribe la edificación ilegal, ya que la administración urbanística no la suele acordar.
* ABC - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 2.01.2009
Foto: Una excavadora echa abajo una construcción levantada ilegalmente - abc.es
Espejismo del espacio público
ENRIQUE GIL CALVO* : En un reciente informe comparado que dirigió el año pasado Mario Pezzini para la OCDE, Madrid destacaba con ventaja sobre el resto de capitales europeas por su excelente calidad de vida, con el transporte público y la integración de su 16% de inmigrantes como notas más destacadas. Es la joya de la corona que enorgullece al PP, cuya política social de americanización urbana (privatización del espacio público, ascensión social de las clases medias y sustitución de la clase obrera por inmigración foránea) es el común denominador que identifica a los por otra parte rivales alcalde y presidenta de la conurbanización madrileña.
Pero este nuevo Gran Madrid no es "la suma de todos", como reza la publicidad electoral de la lideresa. Por el contrario, sólo pertenece a una exigua minoría de constructores urbanos, políticos derechistas, especuladores financieros y propietarios inmobiliarios.
El resto de madrileños no pertenecemos a Madrid, sólo habitamos aquí, coexistiendo de manera relativamente pacífica. Pues el espectáculo que deslumbró al equipo de la OCDE no es más que un espejismo urbano que reverbera en la meseta manchega, como Las Vegas en el desierto de Nevada o Los Ángeles en la Baja California. Y para demostrarlo, nada mejor que el contundente informe elaborado por el Observatorio Metropolitano: un equipo de geógrafos y urbanistas críticos que lleva años diseccionando la metamorfosis de este sufrido Madrid, que ha dejado de ser el rojo rompeolas de todas las Españas para pasar a ser el nuevo escaparate ostentoso del arribista neofranquismo sociológico. Y este informe traza la cartografía madrileña de un espacio público reconstruido por la privatización, que lo fractura y manufactura para comercializarlo entre turistas y nuevos ricos mientras los inmigrantes trabajan a su servicio
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Podría pensarse que semejante hipertrofia especuladora del urbanismo sólo podría tener lugar en las capitales regidas por el PP o sus avatares, como Madrid, Valencia o Marbella. Pero nada más lejos de la realidad. Por desgracia, en la Barcelona regida por consistorios progresistas, a la que la izquierda española siempre ha imaginado como alternativa urbanística a Madrid, ocurre otro tanto. Y para comprenderlo, nada mejor que el reciente panfleto del antropólogo barcelonés Manuel Delgado: un manifiesto incendiario dirigido contra el modelo urbanístico barcelonés que viene presidiendo la reconstrucción permanente de la Ciudad Condal desde el comienzo de la transición democrática, y que alcanzó su cenit de máximo esplendor en los fastos olímpicos de 1992. Un modelo que si bien se ha escenificado con un diseny mucho más edificante y edulcorado que el madrileño, sin embargo se ha erigido con la misma voracidad especulativa y depredadora, sin complejos para esgrimir como coartada una impecable corrección política que le autoriza a arrasar barrios populares enteros en beneficio del presunto progreso municipal.
Es la otra cara sólo aparentemente antitética de la misma moneda de Madrid, ahora catalanista y tripartita en vez de franquista o pepera. Y Manuel Delgado se ceba en su libelo denunciando los desmanes del llamadomodelo Barcelona de urbanismo progresista: un modelo de moda venal al que compara con la prostitución seudovirginal de una top model de pasarela, que no duda en vender sus dudosos encantos ciudadanos, arquitectónicos y paisajistas al mejor postor, desde el turista accidental al crédulo izquierdista, pasando por el inversor global. Como reza la publicidad municipal: "Barcelona, ponte guapa" (para seducir con sus encantos urbanísticos a la clientela comercial).
La especulación urbanística e inmobiliaria es la principal fuente de financiación autonómica, municipal y partidaria. Es el lado oscuro de la fuerza de Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona, cuya cara más visible y brillante se muestra en las torres del Madrid, la cáscara del Guggenheim, los calatravas de Valencia o el falo de Aguas de Barcelona. Pero la privatización especulativa del espacio público no sólo genera espejismos urbanísticos como el barcelonés o madrileño, entre otros muchos ejemplos de ciudades-espectáculo convertidas en parques temáticos como Shanghai o Venecia, sino que también ofrece otra cara oculta mucho más miserable, violenta e inhumana. Es la destrucción pura y dura de los espacios urbanos, o su hipertrofia cancerosa y putrefacta, causada por la globalización deslocalizadora que está generando un doble movimiento de huida, abandono y desertización de los viejos cascos históricos, y su reflejo contrapuesto, allí donde proliferan ingentes megaciudades-basura hechas de chabolas donde se acumula la escoria humana expulsada de los ecosistemas rurales destruidos para hacinarse en homicidas campos de concentración urbana. Ambos procesos antitéticos, el de los espectros urbanos de las ciudades muertas y el de los despojos urbanos de las ciudades-miseria, han sido diseccionados en dos libros por el geógrafo estadounidense Mike Davis, quizás el más celebrado crítico anticapitalista de la autodestrucción urbana del presente.
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Madrid: ¿la suma de todos? Globalización, territorio, desigualdad. Observatorio Metropolitano. Traficante de Sueños. 703 páginas. 24 euros. La ciudad mentirosa. Fraude y miseria del "modelo Barcelona". Manuel Delgado. La Catarata. 242 páginas, 18 euros. El desgobierno de lo público. Alejandro Nieto. Ariel. 351 páginas, 21 euros. Ciudades muertas. Ecología, catástrofe y revuelta. Mike Davis. Traficante de Sueños. 249 páginas, 18 euros. Planeta de ciudades miseria. Mike Davis. Akal. 283 páginas, 19 euros
* Enrique Gil Calvo, Comité de Apoyo de Attac, Babelia
* Attac Madrid - 31.12.2008
Urbanismo y corrupción
CARLOS MARTÍNEZ BUJÁN* : La reciente sentencia condenatoria del ex alcalde y de otros cinco ex concejales de Gondomar por un delito continuado de prevaricación urbanística nos vuelve a poner en contacto con el urbanismo municipal como una de las principales fuentes de corrupción en Galicia. Dicha condena viene a coincidir con la comparecencia del fiscal superior de Galicia ante el Parlamento gallego, en la cual, a la vez que nos dibuja un sombrío panorama del urbanismo en nuestra comunidad, nos ofrece un diagnóstico certero del fenómeno y nos propone unas medidas encaminadas a combatir lo que acertadamente se ha calificado en la ciencia política como la gran amenaza del Estado democrático.
Desde luego, es digna de elogio ya en sí misma la actividad de la Fiscalía superior, que, entre otros asuntos de relevancia jurídico-penal, se ha centrado en el estudio del urbanismo como "fuente de riesgo de comportamientos corruptos". No obstante, lo verdaderamente trascendente es, a mi juicio, que, más allá de los aspectos puramente represivos, en dicho informe se haga especial hincapié en los aspectos preventivos en sentido estricto, basados en el análisis de las causas del problema.
La corrupción ha estado concentrada principalmente en el ámbito de la Administración local debido a problemas en el diseño institucional que dan lugar a fallos en los sistemas de control. Y la razón reside fundamentalmente en el hecho de que los ayuntamientos poseen una especie de varita mágica (próxima al milagro de los panes y los peces), que permite que un particular obtenga enormes beneficios: se trata de las recalificaciones de suelo seguidas de licencia para construir, de tal manera que con una mera decisión administrativa el valor de la mercancía del suelo se puede multiplicar, y la plusvalía va a parar íntegramente al dueño del suelo.
A esta razón básica hay que añadir unos factores potenciadores de la corrupción, entre los que cabe resaltar la endémica insuficiencia presupuestaria de los municipios, la cual abrió el camino a la práctica de financiarse a través de las recalificaciones: ciertamente, en muchos casos éstas nacieron con la intención de acometer proyectos o mejorar servicios necesarios, pero era inevitable que pronto surgiese la tentación de recurrir a ellas como mecanismo para paliar otras deficiencias y, a la postre, para el enriquecimiento personal de cargos públicos, promotores y constructores sin escrúpulos. Por lo demás, existen otras causas favorecedoras de la corrupción en el ámbito municipal, como, singularmente, la concurrencia de un régimen muy laxo de incompatibilidades, a diferencia del régimen estricto que existe en la Administración central y en la autonómica: así, por ejemplo, constituye un escándalo que un alcalde pueda ser también promotor inmobiliario o socio de múltiples sociedades dedicadas a la construcción dentro de su propio municipio.
Ante este diagnóstico existe una serie de obvias medidas preventivas de actuación, a las que aludió el Fiscal superior de Galicia, y que pueden verse también en el reciente Manifiesto del Grupo de Estudios de Política Criminal sobre corrupción urbanística. Algunas de ellas fueron ya incluidas en la Ley del suelo de 2007, pero, si se quiere realmente atajar esta lacra, habría que acudir a las verdaderas raíces del problema: ante todo, acabar con las recalificaciones y expropiar el terreno rústico por lo que vale, para que después sea la Administración la que encargue la urbanización; en segundo lugar, revisar las fuentes de financiación municipal, con el objetivo de reforzar las potestades financieras y tributarias de los ayuntamientos, para que impedir que el urbanismo se convierta en fuente ilegal de financiación; en tercer lugar, instaurar controles independientes en los ayuntamientos, reforzando la autonomía, autoridad y competencia de los órganos técnicos locales encargados de verificar la legalidad de las actuaciones administrativas y permitiendo que sus informes sean tenidos en cuenta en instancias supramunicipales.
Finalmente, no hay que olvidar que también la Administración autonómica puede desempeñar una importante misión al respecto, en la medida en que tiene atribuidas amplias competencias. Así, entre otras actuaciones, mediante los planes de ordenación territorial puede estructurar el territorio más allá de los intereses de los municipios, y, a través de las agencias autonómicas de disciplina urbanística, puede establecer un mayor control en las inspecciones.
* ELPAIS.com - Opinión - 29.12.2008
Doce núcleos de chabolas en Valencia
ELPAÍS* : Era español, tenía unos 40 años y aparentaba más. Dormía sobre un transformador eléctrico, protegido por la cubierta de un antiguo hospital psiquiátrico, en la zona donde el barrio de Patraix se junta con el distrito de Jesús, en Valencia. Apareció muerto sin signos de violencia el 25 de noviembre, en plena ola de frío.
El caso atrajo a la policía. Durante unos días, cuenta Amparo Hernández, de 31 años, el transformador se quedó desierto. "Luego volvieron", dice, y señala los colchones, las mantas y los fardos de ropa que sobresalen del techo.
A diferencia de otras ciudades, Valencia no tiene ningún gran poblado de chabolas. Cuenta, a cambio, con una legión de asentamientos precarios esparcidos aquí y allá. La Federación de Asociaciones de Vecinos ha elaborado algo parecido a un mapa de la exclusión con información recogida sobre el terreno. La intención, señala Antoni Pla, vicepresidente de la federación, es promover una "actuación integral, no solo policial, que atienda a las necesidades sociosanitarias" de indigentes y otros colectivos marginales, como los relacionados con la prostitución y las drogas.
"Está muy bien que existan unidades policiales como la X-4, que hace un seguimiento de los indigentes y les facilita recursos, pero tendría que haber grupos interdisciplinares de apoyo. Porque las situaciones son muy diferentes. Hay familias que se instalan y acaban integrándose en el barrio. Hay quienes están de paso, o son temporeros, grupos con menores, personas con problemas de dependencia. Casos de desestructuración familiar o desadaptación social. No todos pueden tratarse de la misma manera porque son casos muy variopintos", afirma Pla.
Los asentamientos también son variopintos. Pueden nacer en unas naves industriales (como las de Macosa, hacia el final de la calle de San Vicente) o una fábrica (Bombas Gems, en la avenida de Burjassot) abandonadas. En una furgoneta (carretera de la Font d'Encorts, camino de Mercavalencia). En una alquería (en la huerta de San Marcelino y en la Ciudad Fallera). En un patio de manzana (la Malva-rosa). O en un cobertizo de uralita (en la Font de Sant Lluís) como el que Eugen Peptanaru, rumano, de 57 años, y su mujer Iulica vaciaron de basura durante semanas para convertirlo en su morada."Yo solo, mira, con las manos y el carro", dice Peptanaru. Buena parte de la basura, los escombros y los muebles rotos han quedado amontonados alrededor del algarrobo que hay frente a su vivienda. Dentro hay un par de habitaciones pequeñas, atestadas de trastos, en las que flota un fuerte olor a humedad. La cocina queda a la entrada, a la derecha de un pasillo minúsculo. No hay luz eléctrica. Ni agua. De noche usan una vela, y tienen una botella de butano.
"Cuando llueve, problema, mucho problema. Cubo aquí, cubo allí, mucho cubo", dice. Peptanaru no domina el castellano, pero después de explicar, medio con palabras medio con gestos, que en Galati, desde donde llegó hace un año, se ganaba la vida esculpiendo los nombres en las lápidas de los cementerios, agrega: "Por ejemplo, Pepa Pérez".
El hombre tiene todos los papeles en regla. Insiste en abrir la riñonera y mostrar el pasaporte, la tarjeta de residencia, la tarjeta sanitaria. "Todo perfecto, no problema". Iulica apenas sale de casa. En verano la operaron de la columna, asegura. Su marido insiste en levantarle un poco el pañuelo a la altura de la nuca y mostrar una cicatriz circular de la intervención. Los Peptanaru viven de lo que a Eugen le dan a la puerta de Mercadona. "Cinco céntimos, diez céntimos".
Su casa está incluida en el mapa de los asentamientos que ha trazado la federación de vecinos. Pero el vicepresidente advierte de que han tardado casi un mes en reunir los datos de las asociaciones de cada barrio, así que ya habrán cambiado. Ni es exhaustivo ni logra nunca estar actualizado, pero el mapa tiene el valor de una foto fija. Y permite seguir las huellas.
En la carretera de la Font d'En Corts la federación había detectado dos asentamientos en furgonetas y uno muy grande en las antiguas instalaciones de Industrias de Barnices Especiales, donde llegaron a reunirse más de 10 familias de etnia gitana, afirma José Siurana, de 31 años, uno de los pocos agricultores a tiempo completo que quedan en la zona, ubicada entre la salida de la pista de Silla y L'Oceanogràfic. "Muchos problemas no daban, pero mala imagen, sí", comenta. "Habían ido sacando la basura casi hasta la calle".
Las familias fueron desalojadas por la policía. Y antes de llegar a la Font d'En Corts, dice Siurana, habían sido desalojadas de La Punta.
Antoni Pla subraya ese problema circular, y lo extiende a los puntos de venta de droga. Otro de los elementos analizados en el mapa de la exclusión, pero que la federación difunde con precaución para evitar, dicen, un efecto reclamo.
Reconocen, sin embargo, que las operaciones policiales en el híper de la droga de la huerta de Campanar, provocaron un resurgimiento de la venta de drogas duras, como la heroína, en otras zonas: el barrio de El Carme, las casitas rosas de la Malva-rosa, o el barrio de Beteró (al final de la avenida de Blasco Ibáñez).
"Cuando se genera una situación muy grave en las cañas, el híper de la droga, actúan, pero eso es como pegarle una pedrada a un avispero, provoca una dispersión", dice Pla, que lleva años apostando por una atención sociosanitaria a los toxicómanos que incluya, en casos muy graves de adicción, la dispensación de las sustancias bajo prescripción facultativa, como paso previo a un posible tratamiento de desintoxicación. Y añade: "¿Cómo vas a convencer a alguien directamente en las cañas de que acuda al psicólogo o de que tiene cita con el trabajador social?"
* ELPAIS.com - IGNACIO ZAFRA - Valencia - 31/12/2008
Foto: Eugen Peptanaru y su mujer Lulica- JESÚS CÍSCAR, elpais.com
El 80% de los baleares dice que la corrupción daña la imagen de las Islas en el exterior
ELMUNDO* : 2008 ha sido el año del aterrizaje sin frenos en la crisis económica. Pero sobre todo han sido los doce meses de la corrupción política. De los altos cargos esposados. De los registros en despachos de postín. De los cuellos blancos entrando y saliendo de la prisión provincial. De los gerentes de consorcios públicos que esconden 200.000 euros en efectivo en una lata de colacao enterrada bajo las hortalizas del jardín. El año de las confesiones y las vendettas. De la langosta con dinero público y el pelotazo urbanístico. Del escándalo. De la tinta. Y de la furia del contribuyente.
La crisis y la corrupción. La corrupción y la crisis. Dos tragedias que se retroalimentan. Dos realidades que encrespan a la sociedad balear. Que la enervan de puertas adentro. Y, según desvela la encuesta encargada por EL MUNDO, que le destrozan la autoestima.
Los casos
Si ayer estas mismas páginas recogían el abrumador dato de que un 53,7% de los ciudadanos de las Islas califica el año como "catastrófico", "corrupto" o "vergonzoso", hoy avanzamos en esa línea. Un 82,7% de los encuestados considera que "los casos de corrupción están dañando la imagen de Baleares en el exterior". La imagen. Esa mina en la que se ha sustentado durante años la economía insular. Sólo un 4,5% se muestra incapaz de responder a la pregunta. Y un raquítico 12,9% se apunta al 'no'.
Los fardos que lastran esa imagen son muchos y muy pesados. El caso Son Oms: recalificación de un polígono industrial participada y comisionada por políticos de UM. El caso CDEIB: malversación de caudales públicos y cobros de sobornos a cambio de contratos. El caso Rabasco: condena a dos ex ediles de Llucmajor por el expolio de un millón de euros públicos.
El caso Andratx: una quincena de años de cárcel para políticos del PP por infracciones urbanísticas. El caso Plan Territorial: investigación en torno a la recalificación injustificada de un millón de metros cuadrados rústicos. El caso Turisme Jove: políticos gastando en lujos y pidiendo sobornos. El caso Bitel II: un alto cargo público exigiendo comisiones porque, claro, "no podía decir que no" a su alto tren de vida. La Piñata: el reparto de más de 4 millones de euros a dedo a entidades fantasma interpuestas por miembros de un partido. El caso Palma Arena. El caso Rodrigo de Santos, que ha llevado al ex edil que le da nombre a prisión por presunto abuso de menores después de que se desvelase que gastó 50.000 euros con la visa municipal en clubes de ambiente homosexual. Y, para rematar el año, la investigación del dinero que se gastó el ex presidente Matas en relojes de lujo o en amueblar su palacete.
En total, nueve políticos han sido encarcelados preventivamente o se han librado de entrar en prisión gracias al pago de fianzas millonarias. Otra decena están procesados.
Eso sí, la cosa va por barrios políticos. Curiosamente, un 57,1% de los votantes de UM considera que la corrupción no daña la imagen de Baleares en el exterior, mientras que un 14,3% no lo tienen claro y se muestran indecisos. Es la opinión de los que militan en uno de los partidos en cuyas filas más se han prodigado las actitudes denunciadas y refleja fielmente la histórica estrategia de un partido unido por la argamasa del clientelismo y que siempre opta por no darse por aludido. Sólo el 28,6% de los votantes de UM considera que sí daña la imagen. Los votantes que más denuncian esa degradación de la imagen son los del PSOE: un 88,1% del partido que gobierna cree que la corrupción larva la proyección de Baleares. Sólo un 9,5% entiende que la imagen de Baleares no se ve dañada por los escándalos.
Autocrítica
En el PP, el partido más duramente castigado por las operaciones de la Fiscalía Anticorrupción, un 75,6% también secunda esa teoría de la pérdida de prestigio autonómico. Lo que, teniendo en cuenta que el PP ha protagonizado la mayoría de esos escándalos, refleja un alto grado de autocrítica en los votantes del partido. Lo opuesto a UM.
En lo que se refiere a la percepción de ese deterioro de la imagen entre los simpatizantes del Bloc, un 78,3% de los encuestados que se declararon afines a la coalición nacionalista apoyaron la tesis de que la corrupción daña la proyección de las Islas, mientras que un 21,7% consideraron que no.
Curiosamente, entre el Bloc no hay indecisos en torno a este asunto. Otra de las conclusiones que se extraen del estudio es que la isla donde mayor fuerza tiene esta idea es Menorca, donde un 85,2% de los entrevistados considera que la imagen está perjudicada. La cifra contrasta con la de Ibiza, donde se sitúa en un 74,9%. Eso pese a que en la isla pitiusa se ha judicializado este año el caso Eivissa Centre, un presunto escándalo de comisiones desvelado por este diario y sustanciado en una serie de reveladoras grabaciones que han llevado a la imputación del presidente del Consell Xico Tarrés.
* El Mundo - EDUARDO COLOM - 29.12.2008
Isach acumula otra querella urbanística
LEVANTE/Castelló* : El alcalde de Moncofa, el socialista José Vicente Isach, está llamado a declarar al juzgado nº2 de Nules el próximo día 9 de febrero en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación por, supuestamente, permitir que se construya en una parcela de la avenida Diputación con un edificabilidad superior a la inicialmente acordada.
Junto a Isach también tendrá que declarar como imputado el concejal de Urbanismo, Enrique Navarro. De esta manera, el primer edil acumula ya cuatro querellas por supuestas irregularidades en la tramitación del sector Camí Cabres, el PAI Belcaire Sur y dos por la UA-15.
Según los informes a los que ha tenido acceso este periódico, la citación responde a la admisión a trámite de una querella presentada por la Asociación por la Justicia y los Derechos Civiles -con sede en Valencia- ejerciendo la acción popular. En la demanda se explica que uno de los miembros de la asociación inicia en el año 2000 negociaciones con el ayuntamiento para reducir, voluntariamente, la edificabilidad de unos terrenos de su propiedad que pasarían de 4 metros cuadrados de techo por metro cuadrado de suelo a 1,25 m2t/m2s.
En la querella se señala que el ayuntamiento "aceptó reducir la edificabilidad mediante un acuerdo plenario del 27 de junio de 2002" y concreta que la reducción afecta a la UA-15, "unidad de ejecución que comprende parte de los terrenos propiedad de nuestro asociado". La asociación entiende que lo hace el consistorio es modificar las Normas Subsidiaras para esa zona en concreto.
Además, en noviembre de 2003 "se le confiere -al miembro de la asociación- la condición de agente urbanizador". El problema surge cuando el propietario decide vender una parcela de la UA-15 a la mercantil Construcciones Ayódar, SL.
Los proyectos presentados
La Asociación por la Justicia y los Derechos Civiles asegura que pese a que en un principio la constructora acepta reducir la edificabilidad, una vez escrituradas las parcelas, el representante legal de la empresa renuncia a la licencia de obras para hacer 22 adosados con jardín y presenta en el consistorio un proyecto para hacer 28 viviendas, en hilera, sin jardines y con una volumetría de casi 3 m2t/m2s, esto es, "más del doble de lo comprometido en el convenio urbanístico". El colectivo valenciano se pregunta qué "inteligencias se han llevado a cabo entre Construcciones Ayódar y el Ayuntamiento de Moncofa para que este último otorgue una licencia a sabiendas de que es del todo incompatible con el PAI aprobado". El colectivo denuncia, además, que cuando el propietario inicia los trámites legales para poner en conocimiento la "urdimbre tramada por el consistorio" se empieza a gestionar la manera de rescindirle la condición de agente urbanizador y así "poder eliminar el problema". Este periódico intentó ayer sin éxito contactar con Isach para que confirmara si se mantiene la citación o si, por el contrario, se ha recurrido.
* Levante-EMV - Nerea Soriano - 31.12.2008
Foto: parcela. Actualmente ya se han ejecutado alrededor del 95% de las obras.
vicent martí, levante-emv.com
La ciudad perdida
JORDI BORJA* : El arquitecto David Mangin acaba de recibir el Premio Nacional de Urbanismo de Francia y declara: "La ciudad sólo es sostenible, duradera, si posee la capacidad permanente de adaptarse, de evolucionar. Y sólo es posible si es una ciudad transversal, de mezcla, abierta..., pero el espacio público hoy está fuertemente amenazado. Lo que predomina ahora son los espacios uniformes, sin vida urbana de las periferias, y las áreas de enclave, cerradas, especializadas, en la ciudad compacta, lo que aún llamamos ciudad aunque cada vez lo es menos. La ciudad con historia no representa más que el 5% de las zonas urbanas francesas...".
Recientemente, se presentó el Anuario Territorial de Catalunya correspondiente a 2007. Una gran obra que elabora cada año la Societat Catalana d'Ordenació del Territori del Institut d'Estudis Catalans, con el apoyo de la Generalitat y la Diputación de Barcelona. Se analizan los 200 casos más relevantes de transformaciones y proyectos territoriales y no se obvian los impactos negativos que las acciones y omisiones de los actores públicos y privados han producido sobre un territorio cada vez más mal urbanizado. Se incluye el debate público y la resistencia de los actores ciudadanos, lo que demuestra que el país tiene un gran potencial crítico y capacidad de elaborar propuestas alternativas o por lo menos exigencias que forman parte de la ciudadanía de nuestra época.
La Introducción al Anuario, a cargo de Josep María Llop, ex responsable de Urbanismo de Lleida y de Barcelona, tiene la virtud de explicar las causas de este proceso disolutorio de la ciudad que denuncia David Mangin. La absurda y culposa expansión inmobiliaria (los promotores recibieron en estos años del boom créditos por valores de más de 50.000 millones de euros) ha multiplicado tanto la banalización de las periferias como los enclaves en la ciudad compacta. Es la negación de la ciudad, de su capacidad de progreso. La evolución resulta como es sabido de la selección natural y del juego entre el azar y la necesidad, y también, como dice Marcoulis citado por Llop, de la simbiosis, de las relaciones contradictorias y complementarias entre elementos o actores distintos. En la ciudad se dan en teoría estos tres factores pero la urbanización actual, negando el tercero también reduce la eficacia de los otros dos.
El planeamiento municipal y regional se ha mostrado impotente y ha faltado una intervención pública sistemática y eficaz sobre el suelo urbanizable o con vocación de serlo, el factor clave del proceso urbano. A pesar de que el 73% del suelo está teóricamente planificado, la capacidad de gestión es débil frente al dinamismo del mercado. La conflictividad territorial que han desarrollado plataformas múltiples en ámbitos locales es todo lo contrario de una patología social como a veces creen los responsables políticos: en muchos casos ha frenado o reducido los impactos negativos de lo que la misma Cámara de la construcción ha denominado "urbanismo especulativo". Un urbanismo que ha contado con la complicidad de los proyectos de la extensión de la red viaria que de facto han favorecido la expansión de la urbanización difusa.
Ahora, en el marco de la crisis económica global, ha llegado una oportunidad de respuesta a la misma desde la Catalunya-ciutat. Enfrentar la disolución de la ciudad y sus impactos sociales y ambientales, la regulación del mercado inmobiliario, la falta de una política de reforzamiento de centralidades y compacidades urbanas en todo el territorio, el modelo de comunicaciones que requiere este urbanismo integrador, la gestión del planeamiento a escala supramunicipal. Los objetivos territoriales vinculados a la generación de empleo y al desarrollo de actividades endógenas pueden ser una respuesta positiva a la crisis si son capaces no de reproducir sino que demuestran que son capaces de reducir el salvajismo capitalista actual. La miseria intelectual de la política española no permite hacerse esperanzas pero, en cambio, debieran estimular al Gobierno catalán a tomar iniciativas innovadoras.
La intervención pública se apoya en tres instrumentos principales: la normativa, la inversión y la capacidad de definir planes y proyectos, que incluyen normas y actuaciones propias y algo más, una voluntad política práctica que orienta la acción del conjunto de actores públicos y privados. La normativa existe, la actual legislación urbanística permite una fuerte intervención del sector público, tanto en el planeamiento como en la gestión. La capacidad de inversión, no sólo directa, también mediante la obtención de recursos, ya sean monetarios (plusvalías), cesiones de suelo, etcétera. El punto débil es el planeamiento que existe pero faltan las instituciones adecuadas a los desafíos del territorio y también una concepción renovada del planeamiento, más estratégico que regulador, entendido como un medio para desarrollar proyectos y no como la autoridad superior que aprueba o rechaza hipotéticas iniciativas públicas o privadas.
La nueva organización del territorio que anunciaba el Estatuto (el anterior y el actual) no solamente no se ha desarrollado, sino que tampoco se ha planteado mediante conceptos operativos. El planeamiento más importante es el de escala municipal, lo cual en un país con más de 900 municipios, la mitad de los cuales no llega a 500 habitantes y más del 80% no alcanzan los 5.000, es insostenible. Las "veguerías" (¿por qué no llamarlas "regiones", que no suena tan anacrónico y que ya se utilizó en los años republicanos?) no parece que vayan a ser la solución. No tanto por su ámbito, más adecuado al planeamiento, como por su concepción administrativista, delegación de los departamentos y relación bilateral con los municipios.
Nos falta un motor innovador, un referente para el conjunto del territorio. El silencio de Barcelona es estruendoso. Encerrada en su término municipal, sin un proyecto de futuro y sin ambición de capital, su gobierno, al optar por una ficticia proximidad, sólo ha conseguido alejarse de Cataluña.
* ELPAIS.com - Opinión - 22.12.2008
El TSJ levanta el veto al ladrillo en la costa de Dénia
ELPAÍS/Alicante* : La sombra del hormigón vuelve a planear sobre el litoral de Les Marines de Dénia. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha anulado el plan transitorio que regía la gestión del urbanismo en el municipio y que apostaba por la protección de casi tres millones de metros cuadrados en ese tramo de costa, impidiendo la construcción de 20.000 viviendas.
El documento fue elaborado por el Ayuntamiento cuando gobernaban PSPV y BNV y aprobado por la Consejería de Territorio en 2005.
Aunque el fallo alude a defectos de forma, sus consecuencias urbanísticas son muy importantes: la denuncia fue presentada por la Asociación de Vecinos de Almadrava-Molins, uno de los sectores de Les Marines, que impugnó el plan transitorio por considerar los terrenos afectados como "suelo urbanizable con planeamiento suspendido", lo que evitaba su edificación. Además, los representantes legales de la entidad vecinal son los mismos que los de una promotora que aspira a construir 4.000 inmuebles en la zona.
La sentencia no cuestiona la protección de ese suelo en el litoral, pero anula el plan porque Territorio no respondió a los informes exigidos por diversas administraciones, como el Ministerio de Medio Ambiente, la Consejería de Educación o la Diputación. Así, un fallo judicial vuelve a dejar a Dénia sin su principal instrumento de planeamiento.
No obstante, el urbanismo no se paralizará en la ciudad ya que la Generalitat ha decidido recurrir la sentencia del TSJ ante el Tribunal Supremo. Fuentes del anterior gobierno local de PSPV y BNV culparon de esta situación a la Consejería de Territorio, toda vez que sus criterios urbanísticos no han sido condenados. Y mostraron su inquietud porque el actual ejecutivo, integrado por PP e independientes tras la moción de censura, esgrima esa sentencia como argumento para dejar Les Marines sin protección en el nuevo PGOU.
Socialistas y nacionalistas denunciaron que ésa era una de las razones de voto de censura y recordaron que algunos de los ediles del actual ejecutivo de la popular Ana Kringe ya apostaron hace dos legislaturas por construir 20.000 casas en la costa. Por su parte, fuentes del actual gobierno local consideran que la sentencia "vuelve a demostrar la pésima política urbanística de PSPV y BNV".
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 30/12/2008
Foto: Denia_desde_el_Montgó - wikipedia.org
Un alcalde de Cádiz boicotea el derribo de un hotel ilegal
ELPAÍS* : La casa rural de Tavizna, en Benaocaz (Cádiz), seguirá en pie. Los vecinos de esta pedanía, en plena sierra de Grazalema, consiguieron ayer su propósito de evitar que las máquinas contratadas por la Consejería de Medio Ambiente derribaran este edificio. Lo lograron con el apoyo del alcalde, Juan María Mangana, del PP, quien encabezó la protesta ciudadana que reunió a 200 personas y protegió el polémico edificio con vehículos particulares que impidieron que las piquetas pudieran trabajar.
La Junta llevará esta movilización a la Fiscalía por entender que se ha opuesto al cumplimiento de una sentencia judicial firme.
La primera denuncia contra esta casa rural se presentó en septiembre de 2001. El pequeño hotel había comenzado ya a construirse. La vivienda con fines turísticos se levantó en un espacio protegido del Parque Natural de Grazalema. Además, ocupaba una vía pecuaria, la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar.
La denuncia interpuesta por agentes de la Consejería de Medio Ambiente inició un procedimiento administrativo que fue paralizado en 2002 con la apertura de diligencias penales contra el propietario por un delito contra la ordenación del territorio.
Sin embargo, el juzgado que abordó este caso, absolvió al dueño. El proceso administrativo continuó después y un juzgado de Jerez dictó resolución definitiva en 2006, con una sentencia que obligaba a la demolición de todo lo construido.
Ni los propietarios de la casa rural, ni muchos vecinos entienden la insistencia de la Junta en derribar este inmueble y lo defienden como una fuente de riqueza para la pedanía. El alcalde, Juan María Mangana, acusa al Gobierno andaluz de saltarse la normativa, al tratar de demoler este edificio sin contar con una licencia municipal de obra previa.
Transcurrido un tiempo prudencial, y tras consultar a sus asesores jurídicos, la Junta entiende que no necesitaba este permiso del Ayuntamiento y que esa solicitud no era más que un intento de demorar el derribo. "Es lamentable que una autoridad pública asista a una protesta contra un acto que sólo pretende restituir la legalidad", se quejó ayer la delegada de Medio Ambiente, Gemma Araujo, quien informará a la Fiscalía de la actuación del alcalde, por si es constitutiva de delito.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 30/12/2008
Foto: Benaocaz (Cádiz) - wikipedia.org
Sant Antoni y Sant Josep estudian mantener como urbanas partes de sectores anulados por el TSJB
DIARIODEIBIZA* : Los ayuntamientos de Sant Josep y de Sant Antoni intentarán mantener como urbanos algunos fragmentos de sectores que han sido considerados rústicos por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
En concreto, Sant Antoni mantendrá inicialmente en su propuesta de nuevo planeamiento dos franjas de suelo urbano en la zona de ses Variades, mientras que Sant Josep querría hacer lo mismo con unos 37.000 metros cuadrados del sector 5.7 de Port des Torrent, que aún no tiene ninguna consolidación urbanística.
El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, criticó al anterior equipo de gobierno del PP en el Consell Insular por sus «maniobras para hacer urbano lo que nunca debería haberlo sido». También recordó que el grupo municipal progresista de Sant Josep afirmó en sus alegaciones al PTI que los dos sectores ahora anulados en Port des Torrent -el 5.5 y el 5.7- «no tenía ninguna justificación ponerlos como urbanizables».
Sin embargo, Marí Ribas indicó que el equipo de gobierno que preside es partidario de destinar el 80 por ciento del sector 5.7 -que en total tiene 183.000 metros cuadrados- a zona verde, mientras que en el resto «dejaríamos construir un poquito», concretamente en la parte de detrás del actual centro social. Así se ha plasmado ya en el avance de nuevas Normas Subsidiarias que Sant Josep está tramitando y que en breve volverán a ser expuestas al público.
En cuanto al otro sector de Port des Torrent, el 5.5, Marí Ribas informó que ya venía recogido como suelo rústico en el mismo avance.
En los dos sectores de Platja d´en Bossa, el 1.23 y el 2.2, «hay una parte no construida, que puede quedar como rústica», señaló. En todo caso, las partes de terreno no construidas ocupan una superficie muy reducida en ambos casos.
Por lo que se refiere a los dos sectores de Cala Tarida, el 4.17 y el 4.18, el alcalde indicó que «ya están totalmente construidos» y por ello se recogían ya como urbanos en el primer avance de nuevas Normas Subsidiarias de Sant Josep. «Tendremos que ver cómo plasmamos esta situación [en alusión a la sentencia que los considera rústicos] en las Normas», explicó.
Sant Antoni y ses Variades
Por su parte, la concejala de Urbanismo de Sant Antoni, Pepita Costa, consideró que la sentencia del TSJB «no afecta demasiado» a los planes urbanísticos del municipio.
En todo caso, explicó que el equipo de gobierno mantendrá en principio las dos franjas de ses Variades que en el avance de las nuevas Normas aparecen como suelo urbano. «Pero si mantenemos estas dos franjas será como suelo urbano consolidado; no tiene nada que ver con lo que diga el PTI». Según dijo, estas dos franjas -situadas en los lados norte y sur del sector- coinciden con la prolongación de «calles que cuentan con todos los servicios urbanos». «Ahora tendremos que justificar que estas dos franjas de suelo urbano en ses Variades tienen todos los servicios exigidos y, si es así, se mantendrán», añadió.
Costa recalcó que se trata de una delimitación urbana «estimativa, que se tiene que concretar».
* Diario de Ibiza - EIVISSA | J. LL. FERRER - 29.12.2008
Foto: Sant Josep (Ibiza) - flickr.com
Lorca acuerda la aprobación provisional del proyecto Marina de Cope
LAOPINIÓN/Murcia* : El Pleno del Ayuntamiento de Lorca acordó hoy --únicamente con los 13 votos a favor del PP, ya que PSOE e IU, que suman 12 escaños, se opusieron--, la aprobación provisional de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para el desarrollo del proyecto de Marina de Cope, que de esta forma pasa al Gobierno regional para que estudie su visto bueno definitivo.
El concejal de Urbanismo, Francisco García, anunció que los cambios introducidos respectos a la aprobación inicial se expondrán para que los ciudadanos puedan conocerlos, y reprobó la actitud de la oposición, y especialmente del PSOE, ya que esta formación apoyó el proyecto de Marina de Cope cuando gobernaba en el consistorio.
García aseguró que el trámite superado hoy supone un "avance definitivo" para un proyecto que, recordó, "constituye una clara apuesta por el crecimiento, desarrollo y diversificación económica del municipio de Lorca, pero también de la Región de Murcia". Así, apuntó que se prevé genere, sólo en la fase de urbanización y construcción del complejo, un total de 3.000 puestos de trabajo directos, a los que habrá que añadir otros 3.000 inducidos debido a la actividad paralela.
"Es una oportunidad que no podemos desaprovechar por los grandes beneficios laborales, económicos, turísticos y sociales que conlleva", subrayó García, quien por ello lamentó que el PSOE "rechace y critique ahora lo que antes aplaudía".
Y es que, para García, el PSOE, "es un partido perdido y desorientado", al tiempo que acusó a los ediles socialistas de "renegar de lo que ellos mismos hacían". "Sólo quieren destruir y buscan excusas para ello, pero lo tienen muy difícil para justificar sus incoherencias incluso ante sus propios militantes", apostilló.
García insistió en que "Marina de Cope va a fortalecer nuestra diversificación económica, va a generar numerosos puestos de trabajo y construye el futuro de Lorca con sólidos cimientos", y recalcó que se trata de una iniciativa "positiva, por lo que no entendemos por qué se opone el PSOE". "Sinceramente, creo que el paso del tiempo nos va a dar la razón", auguró.
En cuanto al proyecto, García apuntó que Marina de Cope será "clave para la diversificación económica del municipio", pues "apostamos por impulsar la oferta hacia el sector hotelero, combinado con una proporción de residencia adecuada y por debajo del límite de mínima densidad (la edificabilidad es de 0,14 m2/m2, no siendo posible el uso residencial en los primeros 500 metros de la costa), destinando el 50 por ciento de la actuación a sistemas generales, equipamientos y dotaciones complementarias".
El 32,6 por ciento del proyecto de Marina de Cope, esto es, unos 7 millones de metros cuadrados, se ubica en el municipio de Lorca, mientras que el territorio restante está situado en Águilas.
En concreto, según un comunicado del Ayuntamiento, la superficie destinada a Sistema General de Comunicaciones Viario ocupará 129.699 metros cuadrados del término municipal de Lorca. El eje estructurante del complejo será una Vía Parque que conectará la zona deportiva de la marina interior con una gran zona de equipamientos y áreas comerciales que se proyecta a caballo de Águilas y Lorca, y que tiene proyectado un tranvía.
Por su parte, el Sistema General de Comunicaciones y Transportes ocupará 10.228 metros cuadrados del municipio de Lorca y en él se incluyen las superficies reservadas en la ordenación para la creación de un centro intercambiador de transportes; mientras que el Sistema General de Espacios Libres de Protección Paisajística alcanza los 1,2 millones de metros cuadrados y el Sistema General de Espacios Libres de Parques Urbanos tendrá una superficie de 105.693 m2 en el término municipal de Lorca.
Además, el Sistema General de Equipamiento tiene 29.855 m2 en Lorca y está constituido por las diferentes instalaciones colectivas como un auditorio, y los Sistemas Generales Deportivos, con una superficie de 1,4 millones de m2, prevén la construcción de dos campos de golf y un Centro de Especialización Deportiva dedicado a la práctica del fútbol.
* La Opinión de Murcia - EUROPA PRESS - 29.12.2008
Foto: Costa_Marina_Cope - elpais.com
Crisis y política ambiental
JOAN OLMOS* : La pasada legislatura no se distinguió precisamente por un cambio positivo en las políticas ambientales desde la Administración central, si se exceptúan algunas iniciativas de la ministra Narbona. En momentos difíciles, y parece que ahora estamos en uno de ellos, suele haber voces que aconsejan no sacar a relucir los déficits ambientales de nuestro sistema productivo y de consumo. Sin embargo, esa reflexión, con sus propuestas alternativas, no solo es oportuna, sino que ayuda a explicar en buena medida la crisis actual.
Supongo que hablar en plena crisis de decrecimiento -consumir menos para vivir mejor- se puede tomar como una provocación si, como suele ser habitual, nos quedamos en la superficie del debate. Pues bien, ya hay quien apunta, desde hace tiempo, que el actual modelo económico, basado en el crecimiento sin límites, está obsoleto, por la sencilla razón de que nuestros recursos son limitados.
El PIB a toda costa -y casi como único indicador soberano de la salud económica de un país- impide analizar con otra óptica la estructura del crecimiento económico. Si se habla de calidad en el empleo, ¿por qué no hacerlo con el resto de las variables macroeconómicas? Los economistas críticos explican que no todo PIB es positivo por definición y animan a introducir la contabilidad ecológica para analizar y evaluar adecuadamente los impactos que generan determinadas actividades productivas y que por lo general, se cargan impropiamente a la cuenta de la comunidad.
Es lo que ha venido ocurriendo, por ejemplo, con el sector inmobiliario. Por mucho que ha sido la iniciativa privada la protagonista de la ya famosa película del ladrillo, resulta ahora irritante repasar la pasividad y complicidad de las administraciones públicas -en plural- ante tanto desmán. Los desperfectos en patrimonio colectivo, recursos naturales y en el paisaje pasan a engrosar la deuda colectiva, sin contar las infraestructuras públicas que han coadyuvado al proceso. Véase, por citar un caso, el de la costa de Murcia y Almería, donde en 2005 se proyectaban una autopista paralela al mar y una desaladora en uno de los pocos tramos de litoral mediterráneo libres de los abusos urbanísticos.
Lejos de corregir el tiro, el Gobierno se apresura a salir en defensa del PIB a base de reactivar la maquinaria de la obra pública con un programa análogo al anterior, corregido y aumentado: léase inyectando más hormigón, más asfalto y más hierro para lo que ya se adivina como una sobredosis de altas velocidades en carretera y ferrocarril.
En cambio, otros sectores de la acción pública, verdaderamente necesarios y que, a fin de cuentas, crean más empleo sin destruir capital natural y sin generar desigualdades sociales, ven recortadas sus posibilidades. Programas como la promoción pública y rehabilitación de la vivienda, la creación de solventes redes de transporte colectivo, la construcción de equipamientos sociales, la modernización de las instalaciones sanitarias y educativas, la rehabilitación del patrimonio hidráulico o la recuperación paisajística, serían algunos ejemplos. ¿Es precisa una reconversión del sector empresarial?... pues adelante.
Todo parece indicar pues, que el mantenimiento en el nuevo Gobierno de la ministra de Fomento y el pase a la reserva de Cristina Narbona supuso algo más que una anécdota. Algunos temen la supresión de los últimos obstáculos desde el propio Gobierno para esta nueva etapa continuista de construcción de infraestructuras de gran escala -ya sabemos lo que significa, por ejemplo, aligerar los trámites de los estudios de impacto ambiental- así como el replanteamiento del programa nuclear para la crisis energética.
La ministra Narbona causó incomodidades a diestro y siniestro -incluyendo entre los afectados a sus correligionarios socialistas valencianos- por su política en materia de aguas. Por primera vez, una ministra intentó poner en marcha una nueva política hidráulica, acorde con la directiva europea y la racionalidad, alejada de la vieja tradición de resolver los problemas a base de tubos y hormigón. Ahora, desde el mismo Gobierno, se ha renegado de esa política, en un ejemplo de oportunismo político sin tapujos. Lo cual lleva a comprobar que la razón política, con frecuencia, se lleva muy mal con la razón científica.
Así que esta nueva legislatura, y visto cómo se las gastan en los gabinetes económicos de Moncloa -nombrando un embajador en el SEOPAN, la gran patronal de la obra pública- todo parece indicar que va a haber pocas contemplaciones con la política medioambiental de la pequeña y mediana escala, precisamente en las que el Gobierno tiene tanta influencia. Aunque continuaremos, eso sí, pregonando la lucha contra el cambio climático.
Las políticas ambientales son hoy un camino inequívoco para sentar bases firmes en nuestro sistema económico, pues abren el proceso hacia la autonomía en los recursos, el empleo estable y de calidad, la innovación y progreso cultural. Pero también son la manera éticamente decente para promover la solidaridad con aquellos pueblos que, expoliados de sus recursos y libres de responsabilidad con los impactos ambientales, son en cambio los más damnificados por la contaminación y la pobreza.
A medio y largo plazo, las políticas ambientales nos hacen menos vulnerables, menos dependientes y más solidarios. Contrariamente a lo que se viene transmitiendo a la opinión pública, son las épocas de crisis las más adecuadas para poner en práctica nuevas medidas hacia la sostenibilidad, ese camino para sanear la economía y dejar a nuestros herederos un país mejor. Ahí tenemos las enseñanzas de la crisis del agua -ya estructural- y también la de la energía: para aprender, para rectificar, no para huir hacia delante. Como sabiamente afirman los autores del famoso informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento, "las ideas de límite, sostenibilidad, suficiencia, equidad y eficiencia, no son ni barreras, obstáculos ni amenazas. Son guías hacia un mundo nuevo..."
* Joan Olmos es ingeniero de caminos.
* ELPAIS.com - Opinión - 20.12.2008
