La Fiscalía insta a investigar por separado la corrupción en Alhendín

LAOPINIÓN/Granada* : La Fiscalía ha considerado oportuno activar el ´caso Marchelo´ cuando se cumplen casi dos años de la detención del ex concejal de Urbanismo de Alhendín, Manuel Fernández (PP), que permitió destapar una supuesta trama urdida por políticos locales y relevantes empresarios sobre operaciones de dudosa legalidad con dinero negro de por medio.

La fiscal Marta Martín trasladó el pasado 22 de diciembre un escrito al juez de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe, Miguel Ángel Gómez Torres, donde se muestra partidaria, dada la ingente cantidad de supuestas irregularidades cometidas durante el anterior gobierno municipal de Alhendín, de que el Juzgado opte por abrir piezas separadas ya que entiende que, cada una de las operaciones tiene, por sí solas, suficiente entidad como para investigarlas de forma independiente. El objetivo no es otro que desatascar una investigación que tiene varios frentes delictivos y que en la actualidad parece encontrarse en punto muerto.
Lo último que trascendió de cierta entidad sobre la ´Operación Marchelo´ tuvo que ver con los informes recabados por la Policía Nacional y Hacienda, a petición del juez, que revelaban un frenético cruce de operaciones económicas realizadas por los imputados. Dicha investigación desvelaba numerosos pagos de promotoras, cancelaciones de préstamos y participaciones en sociedades de los principales imputados -el entonces concejal de Urbanismo, Manuel Fernández, y el ex alcalde José Guerrero-, que se vieron obligados a dimitir y que, según dicho informe, disponían de 20 y 30 cuentas bancarias respectivamente aunque no se precisaba las cantidades que allí se guardaban ni los bienes patrimoniales que poseían.
El Ayuntamiento de Alhendín, gobernado hoy por el PSOE y personado como acusación popular, solicitó precisamente que se ampliara la investigación sobre los bienes patrimoniales de los imputados y sus familiares, titulares algunos de ellos de numerosos negocios, algunos ya sin actividad.
Junto a dicha petición, el Ayuntamiento presentaba un recurso de reforma contra la decisión del juez de denegar la entrega de las cintas donde se recogen las escuchas intervenidas por la Policía que permitieron destapar una de las tramas de corrupción urbanística más importantes de la provincia.
El magistrado entendió meses antes que dicha solicitud no era procedente en aras a proteger la intimidad de los imputados y de aquellas personas que resultan aludidas en las conversaciones. Sin embargo, el Ayuntamiento argumentaba su petición en el hecho de que las transcripciones por escrito de las conversaciones están incompletas, y entendía que el acceso al contenido íntegro de las cintas ayudaría a avanzar en la investigación para conocer con exactitud los detalles de los diálogos que mantiene el principal imputado, el ex edil de Urbanismo, con los distintos empresarios, también bajo sospecha.
El municipio, a su vez, pidió al juez instructor que librara un oficio para que reclamara al Ministerio de Defensa todos los requerimientos que en su día hizo el anterior equipo de gobierno del PP sobre las infracciones urbanísticas que se estaban produciendo en la construcción de las viviendas que promovió la empresa FRAi y que precisamente ahora el Ayuntamiento se ha visto obligado a corregir porque violaban la servidumbre de paso de la base aérea de Armilla.
Sobre todas estas cuestiones y algunas más, como fraccionamientos de obras menores para eludir el proceso de contratación y adjudicarlas a dedo, el Ayuntamiento solicitaba ampliar las pesquisas, a lo que la Fiscalía no pone objeción alguna salvo que se haga por separado.
En su escrito, la fiscal Marta Martín muestra su conformidad "a extender mediante la práctica de nuevas diligencias de investigación el objeto del proceso debiendo deducirse testimonio de si existen indicios de comisión de otros delitos que deben tramitarse en causa separada".
En definitiva, la representante del ministerio público considera que, al margen de las investigaciones sobre las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación administrativa del polígono industrial Marchalhendín, el plan parcial donde se han edificado más de mil viviendas o la venta presuntamente fraudulenta de una finca del alcalde y su familia para hacer una gasolinera, sería conveniente trocear el ´caso Marchelo´ para aclarar la trama de corrupción.





* La Opinión de Granada - ÁLVARO CALLEJA - 4.01.2009
Foto: Alhendín - andaluciarustica.com