GRANADAHOY* : El ex alcalde de Gójar y diputado provincial del PP Francisco Javier Maldonado vuelve a estar en el punto de mira de la Justicia. Esta vez por, presuntamente, haber permitido a una familia del pueblo realizar varias edificaciones ilegales en el paraje Cañada de la Grama, un terreno no urbanizable con una calificación de protección especial por razones paisajísticas.
El fiscal solicita para el ex regidor 4 años de prisión, así como 11 años y medio de inhabilitación por tres delitos, por los que plantea no obstante también otras penas menores alternativas.
Los delitos que el Ministerio Público imputa al ex primer edil son prevaricación urbanística, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos. En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal sostiene que Maldonado, pese a conocer en 2005 a través del Seprona de la Guardia Civil que se estaban levantando edificaciones ilegales en el citado paraje, "en lugar de proceder conforme a su deber legal", no realizó ninguna actuación.
La acusación pública asegura que el ex alcalde llegó incluso a conceder una prórroga de licencia para construir una casa de aperos a dos de los miembros de la familia en cuestión, cuando "ya le había sido puesto de manifiesto por la Guardia Civil y un técnico municipal que estaban construyendo una verdadera vivienda ilegal y que la parcela había sido segregada de facto en contra de las normas urbanísticas vigentes".
El fiscal dirige por ello también su acusación contra la citada familia: cuatro hermanos que se convirtieron en copropietarios de 39.108 metros cuadrados de suelo en el mencionado paraje al fallecer sus padres. Asimismo, incluye en su lista a la hija de uno de ellos y su esposo, M.S.D.J. y F.J.T.M., a quienes se les cedió una porción de terreno de unos 2.000 metros.
En su escrito, a través del que solicita la apertura de juicio oral, el Ministerio Público recuerda que el PGOU de Gójar prohibía la construcción de viviendas unifamiliares en esa finca . Sin embargo, pese a ello, los hermanos C.D.Y., A.D.Y., M.J.D.Y. y M.D.Y. realizaron "clandestinamente" una segregación del terreno en seis porciones.
En estas porciones construyeron varias edificaciones: una vivienda unifamiliar de dos plantas con piscina, dos almacenes de grupos electrógenos, y otras seis obras realizadas en su mayoría con bloques huecos de hormigón, forjado de viguetas y chapas. Según el fiscal, "todas estas obras fueron comenzadas con posterioridad a octubre de 2004 y llevadas a cabo durante 2005, no habiendo finalizado la construcción de algunas de ellas".
A juicio del Ministerio Público, con las obras ejecutadas los acusados "sentaron las bases para constituir clandestinamente una verdadera urbanización ilegal, tras haber parcelado los terrenos y edificado en ellos en contra de las normas urbanísticas vigentes". Por ello, les achaca la posible comisión de un delito continuado de construcción ilegal en suelo protegido por su valor paisajístico.
Para los cuatro hermanos solicita la pena de 2 años de prisión, 3 de inhabilitación y una multa. No obstante, por si no se considerase que el delito fuese continuado, solicita subsidiariamente que los acusados sean condenados por cada una de las construcciones ilegales que levantaron en sus solares. Junto a ello, solicita la demolición de todas las edificaciones ilegales.
Para M.S.D.J. y F.J.T.M. reclama un año de cárcel, dos de inhabilitación y una multa. A esta pareja el fiscal atribuye en concreto la construcción ilegal de una vivienda con piscina en el solar que le fue cedido tras el reparto de la herencia.
Esta no es la única causa que existe en los tribunales contra el ex regidor de Gójar. En el juzgado de Instrucción 1hay otro proceso judicial relacionado con la venta de un solar a una empresa -Cavifer S.L.- de la que era socio su hermano. Recientemente, Maldonado acudió a declarar por esos hechos y negó que conociera la vinculación de su hermano con esa empresa.
* Granada Hoy - Y. Huertas - 16.05.2008
Foto: Gójar (Granada) - keyproperty
El fiscal acusa al ex alcalde de Gójar por dejar edificar en suelo protegido
Valverde pide alejar a los políticos del urbanismo
CANARIAS7* : El magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, defendió ayer la necesidad de que los cargos políticos dejen trabajar a los técnicos en materia urbanística. Así, se reduciría notablemente la arbitrariedad en los procesos y la sospecha permanente que hay sobre éstos.
Rafael Fernández Valverde ofreció ayer una conferencia a los técnicos que trabajan en la Audiencia de Cuentas de Canarias, que asisten a unas jornadas sobre urbanismo y la responsabilidad penal y contable.
El magistrado del Tribunal Supremo dijo ser partidario de potenciar el papel de los técnicos en los procesos urbanísticos y que los cargos públicos se limiten a los planes y programas en los cuales se inspiran después estos expertos en su trabajo. Por ello, animó a «huir de la penalización del urbanismo mediante una mayor discrecionalidad técnica».
De todas maneras, Fernández Valverde afirmó que «el urbanismo de hoy en día es más sostenible, más transparente y también menos concertado» ya que «hay un cierto temor a los convenios».
El magistrado se apoyó en parte de la doctrina que considera que el derecho penal debe actuar «mínimamente» en los procesos urbanísticos ya que esencialmente se enmarcan en la jurisdicción administrativa. De hecho, llamó la atención sobre las «dificultades» que entraña la convivencia de la vía administrativa y penal a la hora de condenar y sancionar una actuación que se ha llevado a cabo.
En cualquier caso, Fernández Valverde se centró en dos de los delitos reconocidos en el ámbito urbanístico, el de la construcción ilegal y el de la autorización indebida.
En relación al primero, el magistrado del Tribunal Supremo reprodujo el artículo 319 del Código Penal, que establece los supuestos para aplicar el delito de construcción ilegal. Sobre él llamó la atención acerca de que no es lo mismo hablar de «construcción» que de «edificación», así como tampoco que alguna de ellas sea o no «autorizada» o «autorizable».
Preocupación
Rafael Fernández Valverde admitió que «existe una gran preocupación» entre los funcionarios por la figura de la autorización indebida.
Al respecto, el magistrado puntualizó que para condenar a un técnico hace falta «acreditar» que su actuación estuvo movida por la mala fe y eso «es de una gran dificultad». De hecho, el público presente en la sala le hizo preguntas a este respecto a lo cual el ponente trató de aclarar que cada caso merece ponerle una atención especial.
* Canarias 7 - Almudena Sánchez, Santa Cruz de Tenerife - 13.05.2008
Viñeta: El Roto, recalificable - El País
El Defensor del Pueblo reprocha al Consell su silencio en los PAI de Parcent
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LEVANTE/Alacant* : Hasta cuatro veces ha tenido que dirigirse ya el Defensor del Pueblo a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para reclamarle informe en relación al caso de los PAI de Parcent en relación al úlitimo informe del ombudsmann español en el que recomendaba que "en ningún caso debería aprobarse la actuación urbanística proyectada".
El silencio del Consell mientras mantiene los polémicos programas urbanísticos en tramitación empieza a impacientar al Defensor del Pueblo, y también a la plataforma ciudadana Veïns de Parcent, que ayer manifestó sentir "vergüenza ajena por la actitud de la conselleria ante el Defensor".
Es la cuarta vez que el Defensor del Pueblo se dirige por escrito para reclamarle el informe a la conselleria desde mayo de 2007, fecha en la que la institución defensora solicitó una primera explicación del caso. Ninguna de las comunicaciones ha sido por el momento contestada por la Generalitat.
El pasado día 30, el Defensor del Pueblo informaba en una carta a Veïns de Parcent, promotor de la queja, de que "ante la tardanza en recibir el informe solicitado de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, con esta misma fecha se ha solicitado que sea remitido urgentemente".
Asimismo, el Defensor del Pueblo, Manuel Ángel Aguilar, comunica a la plataforma vecinal que "tan pronto como dicha Administración autonómica envíe la información pedida, se le dará cuenta de su contenido y de las actuaciones que en el caso concreto procedan".
La información pedida por el Defensor del Pueblo a la Conselleria de Medio Ambiente no es otra que un informe sobre el que emitió ya el Defensor, que instaba al Consell a no aprobar los programas urbanísticos de Parcent principalmente por no tener garantizado el suministro hídrico las cerca de 2.000 viviendas proyectadas.
Ayer, Veïns de Parcent lamentó "profundamente el despecho que se le hace a la institución garante de los derechos de los ciudadanos, no sólo no siguiendo su recomendación y retirando inmediatamente los PAI, sino además al ni siquiera contestarle". "Nos avergonzamos y entristecemos de ello", concluye el comunicado.
* Levante-EMV - S. G., Parcent - 14.05.2008
Foto: Parcent (Alicante) - parcent.es
Menos hormigón y más reflexión
GERARDO ROGER FERNÁNDEZ* : Finalmente, la burbuja inmobiliaria estalló. La tan temida y tantas veces anunciada desaceleración de la economía del ladrillo ya se está produciendo, incluso de una manera mucho más virulenta de lo que se esperaba. Pues bien, desde la presumible lucidez que ofrece encontrarse en el epicentro de la cruda realidad del problema, procede analizar sus características básicas con el fin de vislumbrar eventuales respuestas y salidas. Como primera reflexión debe señalarse que la situación actual se deriva de un anterior proceso productivo del sector inmobiliario explícitamente anormal, es decir, "fuera de norma".
Si la "norma" de crecimiento urbano anual en ciudades modernas y dinámicas es de 6-8 viviendas por cada 1.000 habitantes (equivalente a la formación de hogares), crecer, como en España, por encima de las 12-15 viviendas por 1.000 habitantes (más de 700.000 viviendas por año) -y en algunos territorios superando las 20-30 viviendas por 1.000 habitantes-, desvela un inquietante proceso acromegálico derivado de la aparición de factores exógenos, fundamentalmente de tipo financiero. Un proceso que, además, comportaba claro un riesgo de colapso si no se producía una reorientación gradual y sostenible hacia la normalidad.
Lamentablemente, el mal augurio sobrevino. Cuando el sector comenzaba a reajustarse con bajas acomodadas de precios y productos, se produjo el tsunami de las subprime norteamericanas con sus globalizadas, dramáticas y sorprendentemente incontroladas consecuencias de contracción financiera, generando un acusado desplome en el "aterrizaje blando" que venía aconteciendo y, tras ello, la preocupante afección al empleo y al consumo que la economía española, la macro y la micro, comienza a padecer.
Obviamente, la difícil situación en la que nos encontramos exige un esfuerzo de inteligencia, imaginación y prudencia por los responsables del sector, tanto públicos como privados, para diseñar y disponer medidas y políticas activas que permitan recuperar el escenario normalizado que nunca debió abandonar. En una etapa de contracción inmobiliaria, ante la "caída del hormigón", resulta conveniente potenciar la reflexión colectiva, prudente y experta.
Lógicamente, la primera medida pasa por recuperar una confianza asumible en la solvencia y eficacia del sistema financiero. La anunciada clarificación de su situación en tiempos próximos, mediante la formulación de las preceptivas auditorías, permitirá separar el grano de la paja y distinguir la gestión seria de la menos rigurosa. Asimismo, la esperanza en el acierto de las medidas que vienen adoptando tanto el Banco Central Europeo y la Reserva Federal como el Gobierno y el Banco de España permite albergar cierta confianza en que la situación financiera pueda solventarse en plazos razonables.
Y, en paralelo, adóptense medidas de intervención conjunta e inteligente entre el sector público y el privado más emprendedor. Movilícese la inversión inmobiliaria, pública y privada, estatal, autonómica y municipal, hacia la promoción de la vivienda protegida diversificando el régimen de tenencia, tanto en propiedad como, y sobre todo, en alquiler, cuya demanda social hoy se encuentra claramente insatisfecha y cuya absorción por el mercado y su financiación, tanto la pública como la bancaria, sí se encuentran garantizadas.
Adicionalmente, acométanse decididamente intervenciones dirigidas hacia la rehabilitación y recuperación urbanas, actuaciones no sólo necesarias para mejorar la calidad de vida de nuestras ciudades, sino también muy adecuadas al escenario restrictivo en que nos encontramos, al demandar menores recursos financieros. Además, estas intervenciones son intensivas en mano de obra, lo que posibilitará paliar el proceso de desempleo iniciado.
Como técnicas destinadas a esa finalidad, se manifiestan como idóneos aquellos sistemas de gestión pública apoyados en la participación concertada entre propietarios y empresarios bajo el control, dirección y partenariado de la Administración más proactiva, que permitan optimizar los limitados recursos económicos hacia la actividad de mayor valor añadido, evitando, en lo posible, la expropiación-enajenación de suelo para nuevas inversiones y apostando por sistemas de "aportación", cesión del derecho de superficie y modalidades análogas de mayor eficacia inversora y mejor asunción social y empresarial.
Para ello, seguramente habrá que reajustar algunos marcos legislativos urbanísticos autonómicos. En este sentido, tal como ya están haciendo algunas comunidades, se puede aprovechar el trámite obligado de adaptación a la nueva Ley de Suelo estatal, con lo que no se producirán dilaciones temporales, nunca deseables y menos en esta etapa. Téngase en cuenta que las innovaciones instrumentales que ya presenta la reciente Ley de Suelo proporcionan y potencian, explícitamente, el escenario reactivador señalado, al apostar por la vivienda protegida y al establecer un marco regulador adecuado para desarrollar la inversión productiva, así como a penalizar la especulación.
Con ello a corto-medio plazo se podrá recuperar paulatinamente un escenario de desarrollo urbano equilibrado y sostenible, garantizándose una prudente estabilidad en el sector inmobiliario que nunca debió perder.
* Gerardo Roger Fernández es arquitecto y profesor del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.
* ELPAIS.com - Opinión - 08.05.2008
Colectivos ciudadanos reclaman a la Generalitat que paralice la revisión del PGOU
EFE/Valencia* : Medio centenar de representantes de diversos colectivos de ciudadanos han reclamado hoy a las puertas de la Generalitat Valenciana la paralización de la revisión del PGOU de Valencia, al considerar que la Ley de Territorio "obliga a hacer una planificación territorial", entre otros asuntos.
Así lo ha indicado hoy a EFE uno de los representantes del colectivo Per l'Horta, Antonio Montiel, quien ha explicado que la revisión del PGOU, aunque se presenta como una actuación "simplemente municipal de la capital", condiciona tanto la movilidad como el parque de viviendas de la comarca de l'Horta.
Ha agregado que las decisiones de planificación urbanística general de Valencia no pueden ser indiferentes por su implicación con "el conjunto de relaciones funcionales, demográficas, socioeconómicas y territoriales del conjunto de la comarca".
Montiel ha señalado que también han solicitado la tramitación del Plan de Acción Territorial del Litoral, paralizado desde 2007, ya que "no se puede tramitar un plan de ordenación sin que se produzca la planificación territorial necesaria".
Asimismo el representante del colectivo Per l'Horta ha señalado que la petición exige someter a información pública el Plan de Acción Territorial de l'Horta, al que se comprometió el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con la consiguiente suspensión de licencias y de planes de actuación integrada.
A juicio del representante del colectivo Per l'Horta, el presidente de la Generalitat, tiene la obligación de intervenir y paralizar la ejecución de la revisión del PGOU hasta que no se resuelvan la queja interpuesta por los colectivos ante el defensor del pueblo y porque la revisión actual compromete el futuro del Plan de Acción Territorial de l'Horta que promueve el propio gobierno autonómico.
Asimismo Montiel ha denunciado que el proceso de participación ciudadana del que presume la alcaldesa para la elaboración de esta revisión del PGOU ha sido "reducido", moptivo por el que, en su opinión, no se ha alcanzado "el consenso social".
Montiel ha recordado que Camps tiene la obligación legal de contestar en tres meses la petición formulada y ha advertido que en el caso de que no recibieran contestación lo reclamarán ante el Tribunal Constitucional.
Entre los colectivos que han apoyado esta reivindicación destaca Per l'horta, Acció Ecologista-Agró, Acció Cultural del País Valencià, Intersindical Valenciana STEPV, Consell Juventud de València, Ca revolta y CC.OO.
* Levante-EMV - EFE - 15.05.2008
Foto: Valencia, ayuntamiento - viajeros.com
La urbanización de Miño paralizada preveía contaminar la marisma de Baxoi
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LAVOZ/A Coruña* : El proyecto de construcción de la macrourbanización de Miño en monte Piñeiro -paralizado por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza- prevé afectar al entorno con las obras y con vertidos de aguas residuales. En el caso de la marisma de Baxoi, se prevé la llegada de materiales sólidos y contaminantes durante la fase de construcción de las 700 viviendas previstas y se advierte de que «las repercusiones alcanzarían los procesos de sedimentación de la marisma, a su vegetación y sobre todo a su fauna».
También se reconoce que el sistema de saneamiento elegido para la zona dejaría huella, ya que las aguas residuales se derivarían a una depuradora que vertería directamente al humedal y a la playa. Además, el plan reconoce que esta área ya tiene un nivel de contaminación importante, puesto que «ha sufrido el vertido de aguas residuales sin depurar» durante el tiempo en el que Miño no disponía de depuradora, motivo por el que el estudio del proyecto concluye que ya «ha recibido unos sobreaportes de sedimentos arcillosos y de cantos a través del río Xario o Vidrieiro. Todo ello explica el estado de degradación que posee la marisma de Baxoi».
El saneamiento es una de las cuestiones que ha suscitado más alegaciones entre partidos y asociaciones de protección de la naturaleza, ya que rechazan que se añada una contaminación previa para deteriorar más el entorno natural de Miño.
Depuradora
Tanto el PSOE como la asociación Verdegaia alertan de que la depuradora prevista se quedará pequeña, puesto que tiene capacidad para 5.000 habitantes (las parroquias de Perbes, Vilanova, Castro y Leiro) y asumirá el servicio de la urbanización de 1.300 viviendas que construye Martinsa-Fadesa en el municipio y los vertidos del polígono industrial de Vidrieiro (en Pontedeume), «que no seu conxunto equivalen a 20.000 habitantes», según Verdegaia. Esta organización precisa que «coa incorporación da urbanización R-3 de O Piñeiro, dubidamos que a depuradora de Ponte Baxoi teña suficiente capacidade para tratar de forma axeitada toda esa carga contaminante».
Los socialistas critican que el el proyecto de urbanización sea remitido a la Xunta por el promotor y no por el Ayuntamiento, un detalle que les parece sospechoso y por el que denuncian que, a la vista del «examen de todo el proceso, el Concello le hace un traje a medida a la firma constructora (una UTE de Lugo)». Aducen otras deficiencias, como «el incumplimiento del artículo 57 de la Ley 9/02, así como que con carácter previo a la aprobación del plan se omiten otros informes sectoriales, como los de Costas, Augas o Estradas en cuanto a posición, capacidad y afección de vías perimetrales del ámbito».
Pendiente de proteger
La Consellería de Medio Ambiente recalca que los planes para la zona se revisarán de forma exhaustiva, ya que está a 1.800 metros de una zona protegida y catalogada como lugar de importancia comunitaria (LIC), como es el entorno del Mandeo en Betanzos. Además, en la actual revisión que se está realizando de los espacios protegidos que integran la Red Natura 2000 existe una propuesta para incrementar el betanceiro y que incluiría a Miño.
* La Voz de Galicia - Bea Abelairas - 15.05.2008
Foto: Miño (A Coruña) - mma.es
El TSJ rechaza que se construya en el último tramo de dunas del litoral de Dénia
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LEVANTE/Alacant* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha desestimado el recurso interpuesto por una promotora contra el Plan General Transitorio (PGT) de Dénia que protegió parte de los terrenos anteriormente urbanizables que posee en primera línea de playa en les Deveses, justo en el único tramo virgen de dunas que subsiste en la costa dianense.
La sentencia rechaza, además, que la constructora tenga derecho alguno a indemnización.
En les Marines y les Deveses se está librando la principal batalla judicial de las promotoras contra el plan general en vigor en Dénia. Allí, cerca de 3 millones de metros cuadrados antes urbanizables quedaron suspendidos con el PGT y son múltiples los recursos planteados por promotoras que adquirieron los terrenos con anterioridad, cuando eran urbanizables.
En el caso de esta sentencia, la protección de parte de la parcela adquirida por la promotora es consecuencia de que el PGT amplía hacia el oeste la anterior franja de protección del dominio público marítimo-terrestre, pues recoge el nuevo deslinde provisional tramitado por Costas desde 1995. El TSJ resuelve los recursos interpuestos por la constructora Alter de Pau, S.L., contra la aprobación del PGT en diciembre de 2005. La mercantil había solicitado unos meses antes (el 16 de marzo de 2005) licencia de obras para construir 31 apartamentos con aparcamiento y psicina en una parcela de la zona de Racons, al final de les Marines. Entonces, el suelo tenía consideración de urbano de uso residencial, según el PGOU entonces vigente. Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo denegó la licencia, pero la promotora argumenta que considera que la había obtenido ya por silencio administrativo.
El 27 de diciembre de 2005, Territorio aprueba el PGT de Dénia, después de que los tribunales anularan el PGOU de 1990. Y el plan transitorio modifica la consideración de la parcela, pues incorpora el desilinde provisional aprobado por Costas en 1995, lo que se traduce en que parte de los terrenos se califican como no urbanizables de especial protección marítima. Además, ese suelo queda integrado en la ficha de espacios protegidos como Dunes Racons. La actora solicitaba la anulación del PGT y, subisidariamente, una indemnización económica. En otra apelación otra, pedía que se declarara caducada la tramitación del nuevo deslinde de Costas. En ambos casos, el TSJ desestima las peticiones.
* Levante-EMV - Sergi García - 14 de mayo de 2008
Foto: tramo virgen. La zona de Racons aún conserva las dunas en Dénia/ ernest weber, levante-emv.com
Almuñécar: El juzgado anula un nuevo convenio urbanístico firmado por Benavides
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IDEAL/Granada* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Granada ha anulado otro convenio urbanístico de gestión firmado por el alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, que fijaba la compensación del aprovechamiento urbanístico sobre el sector 'La Mariquilla' de La Herradura.
Esta anulación se suma a la del convenio de gestión del sector de Río Seco, firmado también por el alcalde y los promotores de dicho sector, por el que el Ayuntamiento cobró más de 3 millones de euros.
El decreto ahora anulado, de fecha 11 de agosto de 2005, aprobaba un convenio de gestión denominado 'La Mariquilla' por el que el Ayuntamiento vendía el 10 por ciento de los aprovechamientos que le corresponderán a futuro en el Plan Parcial del mismo nombre, cobrando el 5 por ciento de ese importe por adelantado, y siempre y cuando el PGOU se aprobara con dichas determinaciones.
El juzgado de los Contencioso Administrativo Número 3 de Granada ha vuelto a dar la razón al PP de Almuñécar tras la demanda interpuesta por esta formación contra este decreto firmado en su día por el alcalde Juan Carlos Benavides.
Desde el PP sexitano, tras el fallo sobre el convenio de Río Seco al que también tuvo acceso IDEAL y al que se suma éste otro, se espera que el resto de los convenios denunciados en su día vayan 'cayendo' en cadena y lo recaudado en su día haya que devolverlo «en algunos casos con intereses»,según recordó el portavoz popular, Juan Luis González Montoro.
Hacer caja
Precisamente fue González Montoro quien dio aviso al equipo de gobierno antes y durante la negociación para apoyar el documento del Plan. «Sin embargo -recordó- desde el propio gobierno municipal lo que importaba en ese momento era hacer caja para sacar adelante los proyectos de fin de mandato», señaló.
El decreto que ahora ha sido anulado en cuestión estaba fechado el 11 de agosto de 2005 y venía aprobar un Convenio de Gestión firmado el 4 de abril de 2004, denominado 'La Mariquilla'. Ahora el Juzgado viene a dar la razón al PP y anula el citado convenio, «ya que no puede cobrarse por adelantado el dinero de un Plan General que todavía no está aprobado. Es decir, determina que el Convenio contraviene la Ley y por eso lo anula», indicó.
Esta es la segunda sentencia que se dicta en pocos días y que anula otra de las ventas realizadas por Benavides a cuenta del futuro planeamiento.
El PP ha impugnado ante los tribunales 24 de estos convenios, mientras que los particulares han impugnado tres, habiendo recaído ya sentencia que anula el del sector Río Seco y de la cual IDEAL informó el pasado domingo.
«La novedad en este caso es que el juzgado determina que el PP sí está legitimado para interponer dichas demandas, ya que entiende que los actos urbanísticos son de Derecho Público, afectan a materias generales y pueden ser objeto de revisión a petición de cualquiera. Además, el Juzgado recuerda que entre los fines de los partidos políticos está velar por la legalidad y por el interés general, y que, por tanto, procede que dichos partidos puedan impugnar actos administrativos que afecten a una generalidad de personas», explicó el portavoz popular almuñequero.
Grave problema
Juan Luis González Montoro advierte que de continuar las sentencias tal y como se prevé «el Ayuntamiento va a tener un gravísimo problema económico si tiene que devolver las cantidades recaudadas. Benavides hizo una mega campaña electoral con muchas obras e inversiones que se pudieron ejecutar gracias al dinero recaudado con estos convenios, que ahora los juzgados están anulando». El portavoz no dudó en afirmar que Benavides, «en un alarde de irresponsabilidad y de temeridad, se ha gastado el dinero recaudado ilegalmente».
González Montoro subrayó que los citados convenios, «además de ilegales, son lesivos para el interés general, ya que se está poniendo el precio ahora al suelo que el Ayuntamiento obtendrá del desarrollo del Plan General que todavía no se ha aprobado; de ese precio se cobra sólo un 5%, y el resto se cobrará dentro de cinco, seis o diez años, pero sin posibilidad de modificar el precio inicial».
Ante este panorama los populares anuncian que el Ayuntamiento dejará de ingresar bastantes cientos de millones de euros en los próximos años, ya que los precios del suelo y de los aprovechamientos crecen.
* Ideal - 14.05.08 - JUAN M. DE HARO
Foto: La_Herradura (Almuñécar) Granada - sexitanas.es
Valencia: El Defensor del Pueblo investiga por falta de transparencia y participación el nuevo PGOU
LEVANTE* : La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia se ha topado con el Defensor del Pueblo. Esta institución ha admitido a trámite una queja de la l'Associació Per l'Horta en la que cuestiona el procedimiento de la revisión del PGOU que se encuentra hasta la primera semana de junio en exposición pública. Per l'Horta considera que el consistorio "vulnera derechos elementales de información, acceso, audiencia y participación ciudadana en la elaboración de normas administrativas".
El nuevo PGOU reclasificará más de 250 hectáreas de huerta y la construcción de 54.000 viviendas, al tiempo que fija un modelo de ciudad de crecimiento moderado de 900.000 habitantes.
El Defensor del Pueblo ha iniciado una investigación que "podría concluir con el requerimiento al ayuntamiento para que anule el trámite de audiencia defectuoso", informaron fuentes de la entidad. La asociación recuerda que se están analizando tres documentos (el Informe de Sostenibilidad, la revisión simplificada del PGOU y el Estudio del Paisaje) que el ayuntamiento pretende resolver en un sólo trámite y reclama al Defensor que requiera al consistorio a "empezar de nuevo el proceso con anuncios claros y una tramitación individualizada de los documentos". Opinan que el consistorio, gobernado por el PP, "ha reducido de forma interesada los plazos con la intención de limitar las posibilidades de alegación y presentación de alternativas de los ciudadanos, vaciando así su posibilidad de participación".
Defienden su derecho a "participar en el proceso de una forma real y efectiva, con un plazo de tiempo suficiente y claramente definido". El colectivo entiende que este proceso no se puede hacer "a través de procedimientos ambiguos, poco serios y pobres, que no tienen más finalidad que la de otorgar al ayuntamiento una estética democrática y participativa que maquilla su falta de voluntad para facilitar a los ciudadanos procesos verdaderamente participativos".
El consistorio ha fijado un plazo de información al público de 45 días, el mínimo previsto por la normativa. El PSPV denunció la ausencia de participación ciudadana en la fase de concierto previo y abogó por empezar de cero. El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, presentó entonces un plan de participacion ciudadana que incluye jornadas informativas, una página web, una votación sobre las unidades del paisaje.
* Levante-EMV - S. G./ H. G. Valencia - 14 de mayo de 2008
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - EFE
La irritación de los constructores con Solbes
ANTÓN COSTAS* : Acostumbrados a más de 10 años de bonanza, de vender todo lo que se podía producir aun antes de comenzar la obra, de precios estratosféricos, de plusvalías muy por encima del beneficio normal en cualquier otra industria, de ostentación pública de riqueza, ahora algunos promotores y constructores de vivienda se encuentran con la cruda realidad de tener que hacer frente a los excesos de endeudamiento, buscar salida a un elevado número de viviendas construidas que no encuentran comprador y replantear el futuro del negocio para condiciones de normalidad del mercado.
Fervientes partidarios del mercado libre en los años de vacas gordas, la crisis les ha vuelto de repente intervencionistas, reclamando, casi con apocalíptico dramatismo, la ayuda del Estado. Naturalmente, esa petición no la justifican los constructores en razón de su propio interés, sino atendiendo a los "más de un millón de empleos" que se perderán si el Estado no interviene.
Esas llamadas de socorro han hecho mella en la nueva ministra de la Vivienda, pero no así en el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que es, en último término, el que tiene la llave de la caja de los recursos públicos. El ministro, como un buen médico, es partidario de la purga como medicina para los excesos, y no cree que se deba impedir artificialmente el necesario ajuste en la construcción.
Esta posición, expresada en la Comisión de Economía del Congreso la semana pasada, ha irritado a la patronal española de la construcción, cuyo presidente ha acusado a Solbes de decir "frivolidades", y le ha conminado a dejarse de "discursitos" y dedicarse a hacer un mejor diagnóstico. Por lo que se ve, el lenguaje de algunos constructores es peculiar, asilvestrado, callejero, de andamio, si me lo permiten los trabajadores del sector. Nunca antes lo había escuchado de representantes de otros sectores industriales -como el caso del textil, el naval y el siderúrgico- que antes lo pasaron igual o peor que ahora los constructores.
Si de algo no se le puede acusar a Solbes es precisamente de frívolo. En este sentido, el ministro no se distingue precisamente por ser la alegría de la huerta, como queda reflejado en su doble del programa Polonia, de TV-3. Por el contrario, su estilo es el del rigor sin florituras, aunque, eso sí, no sin una cierta sorna a la gallega, como la que utilizó la semana pasada al responder a la acusación de "despreciar" al sector de la construcción que le hizo Cristóbal Montoro, nuevo portavoz económico del Partido Popular y anterior ministro de Hacienda en los gobiernos de Aznar: "¿La solución que propone es que sigamos construyendo 750.000 viviendas al año aunque no las vendamos?", le contestó el ministro.
El diagnóstico de Solbes es acertado: "el sector ha acumulado excesos en años anteriores que deben ser corregidos para que la construcción residencial vuelva a crecer con normalidad, en el entorno del 3%". Eso no significa desconocer que "el ajuste de la construcción, y su efecto arrastre sobre el resto de sectores, va a tener inevitablemente un impacto en el PIB, aunque será transitorio". Pero es inevitable y sano. No es el momento de inyectar ayudas que actúen como estímulo fiscal.
La palabra clave en el diagnóstico de Solbes es, a mi juicio, "normalidad". Y la normalidad para el sector de la construcción residencial no es lo que ocurrió durante la década que acaba de terminar. Fue un periodo de anormalidad, con la iniciación de una media de 650.000 viviendas al año (más que las que se iniciaron en Alemania, Francia e Italia), cuando la formación de nuevos hogares estuvo alrededor de la mitad; y en el que los precios se incrementaron a una media anual alrededor del 12%. El simple sentido común dice que ese comportamiento no podía ser sostenible, ni era sano.
Normalidad significa que más allá de la crisis actual, la industria de la construcción tiene un futuro razonable y hasta brillante en nuestro país. La inmigración, el retraso en la emancipación de los jóvenes y el crecimiento espectacular de nuevas formas de hogares significan una demanda importante y sostenida en los próximos años.
Pero eso no significa que todas las empresas del sector tengan que ser salvadas de la crisis. La purga que necesita el sector tiene en la crisis su mecanismo darwiniano: supervivirán los mejores. Y eso será bueno para la industria. Lo saben perfectamente los promotores y constructores que después de padecer y sobrevivir a la crisis anterior, de la primera parte de la década de 1990, no se dejaron llevar por los excesos de ésta.
En una economía de mercado cada palo ha de aguantar su vela. No vale ser liberales cuando la cosa va bien, y llamar al papá Estado cuando arrecia el temporal. Sólo los banqueros se salvan, en parte, de esta regla general, por la singular importancia que la confianza en el sistema financiero tiene para la estabilidad del conjunto de la economía. Pero no así los constructores, que, como los empresarios de cualquier otro sector industrial, han de aguantar el ciclo económico y pagar sus propios excesos.
No hay mal que por bien no venga. Esta crisis debe permitir al sector de la construcción residencial llevar a cabo una reconversión profunda, de la misma forma que antes lo hicieron otras industrias y el sector automovilístico. Es el esfuerzo profundo de mejora de la innovación, la productividad y la calidad del producto, y no la irritación con Solbes, la que sacará de la crisis a la construcción y le dará una imagen pública de industria innovadora que hoy no tiene. Por lo que veo en una publicación reciente de la Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña, de eso son también conscientes los constructores más renovadores.
* Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.
* ELPAIS.com - Opinión - 13/05/2008
Tarragona derribará el restaurante del Fortí en verano
ELPERIÓDICO* : El próximo verano el restaurante ilegal construido en el interior del Fortí de la Reina, situado en la playa del Miracle de Tarragona, pasará a la historia, ya que se hará efectivo el derribo del establecimiento en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Esta sentencia fue confirmada luego por el Tribunal Supremo, que determinó que se había levantado en una zona verde.
Josep Fèlix Ballesteros, alcalde socialista de Tarragona, confirmó ayer este calendario y aseguró que las pocas esperanzas de salvar el edificio se han desvanecido. "No nos queda otra salida que acatar el veredicto judicial", dijo. Ayer se supo que el coste de la demolición oscilará entre los 535.500 y 654.700 euros, el montante de la oferta más baja y más alta realizada por las tres empresas que se han presentado al concurso para llevar a cabo los trabajos. Ballesteros insistió en que se ha seguido la hoja de ruta elaborada por el anterior gobierno municipal, formado por CiU y PP.
El litigio en torno a este baluarte del siglo XVIII se remonta a agosto de 1987 cuando el empresario Enric Catà solicitó su "reutilización" como restaurante. En abril de 1989, el ayuntamiento socialista otorgó la correspondiente licencia. En enero de 1990, Rosa Elías, vecina de Tarragona, recurrió la licencia y comenzó el periplo del caso por los juzgados. En 1992, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya anuló la licencia. El 17 de mayo del 2007, es decir, tras más de 17 años de polémica, el Tribunal Supremo rechazó un recurso de casación planteado por el ayuntamiento y que era la última carta que se podía jugar para evitar el derribo del restaurante, que en la actualidad sigue abierto.
* El Periódico - FERRAN GERHARD - 13.05.2008
Foto: Tarragona - musique09.free.fr
Benferri: El alcalde dio licencia para edificar adosados en zonas verdes
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INFORMACIÓN/Alicante* : El alcalde de Benferri, el socialista Luis Vicente Mateo, otorgó licencia para la construcción de 38 viviendas adosadas en la urbanización Benfis Park pese a que ésta invade dos zonas verdes, ubicadas a ambos lados de la carretera CV-870, según se desprende de un informe elaborado por el propio redactor de la Homologación de las Normas Subsidiarias de Benferri, así como del plano a escala de las mismas.
Las Normas Subsidiarias son la base de la normativa urbanística vigente en el municipio hasta que se elabore un Plan General de Ordenación Urbana, anunciado en varias ocasiones por el regidor de la localidad.
El redactor del informe, al que ha tenido acceso este diario, ex técnico municipal de este Ayuntamiento y redactor a su vez del Plan Parcial Benfis Park, especifica que en la urbanización de estas viviendas se han producido "dos graves" irregularidades. Por un lado, la edificación de viviendas "en zonas verdes así zonificadas en el planeamiento vigente" y, por otro, la "invasión de una propiedad privada" que afecta a una vecina que ha decidido denunciar este asunto ante los tribunales.
Asunción Mayoral presentó a principios de año una reclamación en el Ayuntamiento de Benferri solicitando el restablecimiento de la legalidad vigente y por tanto el derribo de las edificaciones sobre zonas verdes. Tras el silencio del Consistorio, esta vecina ha trasladado su denuncia al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) donde ha pedido, a través de un recurso contencioso-administrativo, el derribo de las viviendas para reponer la legalidad. Asimismo, Asunción Mayoral indicó a este diario que trasladará los hechos al fiscal Anticorrupción para que investigue si existe un delito contra la ordenación del territorio u otros presuntos delitos, como trasfondo de esta actuación municipal. "Esto puede ser un delito muy grave, no hay procedimiento administrativo legal que haya supuesto un cambio del planeamiento urbanístico y por tanto esas Normas Subsidiarias demuestran que hay casas donde tiene que haber zonas verdes", indicó.
Según explicó Mayoral, la presunta infracción incurriría en una responsabilidad penal que afectaría al alcalde como responsable municipal, así como al conjunto de técnicos que dieron luz verde a la concesión de licencias a la empresa promotora Urbana Iberosol.
Asunción Mayoral dice estar avalada por el informe pericial del redactor de la homologación de las Normas Subsidiarias (que ha preferido no hacer público su nombre), antiguo técnico municipal del Ayuntamiento de Benferri, quien ha elaborado el documento a petición de la denunciante. En el texto, el redactor da fe de que en su oficina se ha redactado tanto la normativa vigente de Benferri como otra documentación relativa al Plan Parcial Benfis Park, siendo rotundo en afirmar que parte del residencial está en zona verde, contemplada así en la normativa urbanística vigente.
La denunciante asegura que en caso de haberse efectuado algún procedimiento administrativo para cambiar el planeamiento urbanístico por el que se rige Benferri, éste se ha hecho, asegura, sin cumplir con la legalidad "porque he investigado y no consta ninguna exposición pública, necesaria para este tipo de modificaciones de las normas subsidiarias o Planes Generales, sobre ninguna tramitación para modificar esas zonas verdes".
Por su parte, el alcalde explicó ayer que la normativa contemplaba esas zonas verdes, pero que estaban "dispersas" y que se reagruparon para habilitarlas en otra zona. Según Luis Vicente Mateo, el procedimiento administrativo para este mantenimiento de zonas verdes "reagrupadas" en otra ubicación "cumplió con toda la legalidad" y "se cumplieron todos los trámites". El regidor indicó que iba a solicitar un informe a los técnicos sobre la tramitación que se siguió para el cambio para dar su versión "con todos los detalles" ya que todo se hizo, dijo, "legalmente".
El presidente de Procosta figura como administrador
La promotora del residencial Benfis Park, Urbana Iberosol, tiene como uno de sus administradores a Antonio Navarro Ballester, presidente de la asociación de pequeños y medianos promotores de la Vega Baja, Procosta. Navarro sustituyó a Aurelio Murcia al frente de la entidad. Junto a otro administrador, consta también con ese cargo dentro de la empresa, según los datos que constan en el registro mercantil de la citada Sociedad Limitada. Preguntado por este diario, Navarro, que dijo que no era administrador sino accionista de la firma, contestó que la empresa cuenta con "todas las licencias concedidas por el Ayuntamiento" para la construcción de la urbanización.
* Información - S. LL. - 14 de mayo de 2008
Foto: Benferri (Alicante) - convega.com
La junta rectora de la Sierra de Grazalema se inhibe frente a las ilegalidades urbanísticas
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20MINUTOS/Cádiz* : Fuego cruzado en la última reunión de la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Pese a la insistencia de los ecologistas para que se constituyera una comisión de investigación sobre las ilegalidades urbanísticas en la zona, el presidente del ente gestor, Antonio Perales, se negó en redondo y afirmó que sólo se trataría el informe del director del parque, Miguel Maneiro, que excluye las actuaciones urbanísticas en suelo urbano y urbanizable y los expedientes de ayuntamientos y Obras Públicas.
Los ecologistas acusan a Perales y a la delegada provincial de Medio Ambiente, Gemma Araujo, de mentir cuando se escudan en un dictamen del gabinete jurídico que excluiría la materia urbanística de las competencias de la junta rectora.
"Tenemos ese dictamen jurídico y dice todo lo contrario. Y el gran problema en esta sierra no son los incendios, que son escasos, sino la especulación urbanística", apuntó el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Clavero.
Así las cosas, los máximos responsables de la junta rectora se inhiben de investigar las presuntas ilegalidades urbanísticas que vienen denunciando los ecologistas y parecen querer limitar la intervención del ente a materias como la prevención de incendios forestales, la educación medio ambiental o el cuidado de las especies, por poner algunos ejemplos.
Los ecologistas están horrorizados con el argumento de Perales de que los cascos urbanos no pertenecen al parque natural, lo que excluiría del mismo a los pueblos de Grazalema, Benamahoma, Zahara de la Sierra, Benaocaz, Montejaque, Benaoján y Villaluenga.
Los ánimos están muy caldeados porque los conservacionistas dicen que si la Consejería y la presidencia de la junta rectora tienen constancia de las ilegalidades urbanísticas y se niegan a abordar este tema, habrá que presentar contra ellos una denuncia en los juzgados por prevaricación por omisión.
* 20 Minutos - M.V.. 14.05.2008
Foto: Construcciones como ésta en Benaocaz son algunas de las 'monstruosidades' que irritan a los conservacionistas/ Ecologistas en Acción
Pego: Paralizan el plan de 1.372 casas que prevé comprar agua a los regantes
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INFORMACIÓN* : La Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante acordó el pasado 28 de abril "dejar sobre la mesa" el expediente sobre el Plan Parcial de Mejora del Sector Pego Golf, promovido por la mercantil Inversiones Patrimoniales de la Marina Alta. El proyecto supone la construcción de 1.372 casas y un campo de golf en la falda de la montaña de Penya Roja, en Pego, con la reclasificación como suelo urbanizable de más de 1,7 millones de metros cuadrados.
La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda reclama una subsanación de deficiencias cuantiosa en el documento que ha remitido al Consistorio y en el que destaca la necesidad de un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre las necesidades hídricas del polémico PAI.
En el plan de mejora presentado ante los servicios territoriales de Urbanismo se incidía en el apartado de futuros abastecimientos hídricos a la opción de "adquisición de caudales de agua a la SAT (Sociedad Agraria de Transformación) Riegos del Bullentó de Pego, aprovechando la actual posibilidad de suministro a los depósitos de cabecera del municipio desde sus instalaciones. Esta situación es posible debido a la existencia de una cláusula que lo permite en un contrato de compraventa de instalaciones de suministro de agua en esa fecha (Aguas Potables y Riegos S.A.)".
Pero la necesidad de agua también se ampliaba en ese supuesto a la utilización de caudales del pozo propiedad de la SAT Penya Roja afectada por "Pego Golf" y que cambiaría el uso de su agua de riego (390.000 m3 anuales) a uso de abastecimiento.
Tramitación correcta
La Conselleria considera correcta la tramitación del proyecto, pero sin embargo exige "que la Corporación municipal aporte texto refundido aprobado por el pleno, por mayoría absoluta de los miembros de la misma, que incorpore las modificaciones habidas como consecuencia de la tramitación y las que en su caso, resulten del cumplimiento de las observaciones a que se refieren las consideraciones siguientes".
Y esas consideraciones a las que apela la Conselleria son la clasificación legal de los suelos afectados por barrancos y vías pecuarias que no podrán computar a efectos de edificabilidad o aprovechamiento urbanístico.
Del mismo modo se exigen informes del Plan de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras para la zona, informe de la entidad pública de saneamiento de aguas, un "documento favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deportes en cuanto a las afecciones arqueológicas del sector y tratamiento que se propone para las mismas".
En la necesidad de recursos hídricos con carácter previo al desarrollo del sector se incide en que deberá obtenerse "informe favorable bien de la CHJ, bien de la entidad colaboradora autorizada para el suministro de agua potable al municipio, sobre la disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficiente para la previsión de consumos que se desprende del desarrollo de la actuación planteada".
También se deberá justificar la existencia de recursos hídricos, la concesión o derecho que amparará su consumo y la compatibilidad con la previsiones de la planificación hidrológica. La CHJ tendrá que pronunciarse sobre los suelos afectos a Dominio Público Hidráulico vinculados a la futura urbanización.
En resumen, la Conselleria formula hasta 12 consideraciones que deberán cumplir el Consistorio pegolino y la promotora, si quieren el visto bueno de Urbanismo.
* Información - V. X. C. R - 14 de mayo de 2008
Foto: Pego (Alicante), la Penya Roja - lasprovincias.es
Otras cuatro sentencias del Tribunal Superior anulan el plan de Ourense
ELPAÍS* : El Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ourense (PXOM) no sólo es ilegal por haber aprobado una planimetría distinta a la expuesta al público, como se recoge en la primera sentencia que lo anula en su totalidad, emitida por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. El plan orensano incumple además diversos trámites y obvia informes preceptivos.
Así se desprende de cuatro nuevas sentencias emitidas por el alto tribunal gallego que anulan en su totalidad otras tantas veces el plan de ordenación de Ourense, que fue aprobado definitivamente en 2003 por la Consellería de Ordenación del Territorio presidida por Alberto Núñez Feijóo.
Con estas nuevas sentencias suman ya seis (de los 17 recursos presentados a la totalidad) las emitidas por el TSXG anulando el plan de urbanismo de la capital orensana ratificado en su día sólo por los votos del PP y recurrido judicialmente por el PSOE.
Entre las nuevas deficiencias consideradas relevantes por el tribunal superior para anular el plan figuran algunas como que éste se aprobó sin "presentar informe sobre las necesidades de redes públicas de telecomunicaciones". Un hecho suficiente para el Tribunal Superior como para "no entrar a examinar otras cuestiones de fondo". El tribunal reitera la anterior sentencia, según la cual los planos, la memoria, el estudio económico financiero, la normativa, los convenios urbanísticos y el catálogo expuestos "carecían de todo tipo de testimonio, sello y firma" de autentificación.
Los cuatro autos que anulan el plan se pronuncian sobre los recursos presentados por dos empresas (Caracochas y ATL Urbanísticas) y por los particulares Manuel Valentín Álvarez y Olga Rodríguez González.
El grupo de gobierno del Ayuntamiento (ahora integrado por PSOE y BNG) decidió recurrir estas sentencias con las que están de acuerdo, pero cuya aplicación dejaría a la ciudad con el planeamiento de 1986 y con la consiguiente imposibilidad de ejecutar el desarrollo urbanístico y las inversiones previstas.
El alcalde orensano, el socialista Francisco Rodríguez, afirmó al conocer la primera sentencia de anulación del plan que con el recurso al Tribunal Supremo (ya se han enviado los correspondientes a las dos primeras sentencias) el gobierno local pretende ganar tiempo para ir realizando modificaciones puntuales en la planimetría que dejó el PP y, a la vez, ir redactando un nuevo documento que sustituya al anulado, que para PSOE y BNG era "claramente especulativo".
La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, subrayó ayer que los informes de los que carece el plan "no son irrelevantes, como señala el grupo municipal del PP; ninguna tribunal tumba un planeamiento por cuestiones irrelevantes".
Socialistas y nacionalistas insisten en responsabilizar directamente al anterior grupo de gobierno, presidido por Manuel Cabezas, por imponer sin consenso una normativa "lesiva para los intereses colectivos y que marca el desarrollo de la ciudad para 20 años". Los dos socios de gobierno descartan por el momento presentar demanda judicial contra el PP por haber expuesto al público unos planos que no se correspondían con los aprobados en pleno, pero insisten en reclamar que la Fiscalía actúe de oficio.
El Fiscal jefe, Florentino Delgado, descarta esa posibilidad considerando que toda vez que ha habido un fallo judicial podría habérsele hecho esa recomendación, "pero ninguno de los jueces vio indicios de criminalidad". Además, sostiene que no recibe recado a través de los medios, aunque "la Fiscalía está abierta a cualquier denuncia".
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 14/05/2008
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
Un juez anula la licencia para 22 viviendas dada a uno de los promotores imputados de Zurgena
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IDEAL/Almería* : Mientras que el proceso judicial derivado de la 'Operación Costurero' desarrollada por el Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil continúa abierto, empiezan a salir resoluciones judiciales que responden a los procedimientos abiertos por la Junta de Andalucía, a través de la vía contencioso-administrativa, para tratar de frenar la construcción de viviendas en suelos no urbanizables en la localidad de Zurgena.
Lo curioso es que los nombres de los imputados en la presunta trama urbanística de Zurgena -por delitos urbanísticos- empiezan a ser los mismos que los que protagonizan los procesos administrativos.
Es el caso de Antonio López, propietario de la mercantil 'Construcciones de la Jacinta'. Fue uno de los seis detenidos por la Guardia Civil cuando salió a la luz la 'Operación Costurero', puesta en marcha para dirimir la legalidad de un millar de viviendas construidas en suelos rústicos y no urbanizables.
En el caso de la sentencia dictada por Tomás Cobo, titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Almería, aunque la demanda interpuesta por la Junta de Andalucía va contra el Ayuntamiento de Zurgena, aparece como codemandado Antonio López.
Los mismos abogados
Los abogados también coinciden. De hecho, en este procedimiento en concreto, el letrado de Antonio López es Rafael Salinas, que también lleva su defensa en la causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huércal-Overa. Al Ayuntamiento de Zurgena lo defiende el abogado personal de Cándido Trabalón -alcalde de la localidad- y Manuel Tijeras -concejal de Urbanismo-. Se trata de Antonio Segura Asensio.
La sentencia del juez Tomás Cobo, a la que ha tenido acceso IDEAL, responde a un nuevo caso en el que el Ayuntamiento zurgenero trata de aducir silencio administrativo -que la Junta de Andalucía no se ha pronunciado dentro del plazo establecido- para conceder una licencia de obras a 'Construcciones Antonio de la Jacinta' para hacer 22 viviendas en el paraje de 'El Palacés', en el término municipal de Zurgena.
El 27 de febrero de 2007, la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía interpuso un recurso contra la concesión de la citada licencia, después de recibir el 3 de enero del mismo año una notificación del Consistorio zurgenero en el que informaban de que habían dado luz verde a la promoción. El abogado del Ayuntamiento trata de defender que este recurso es «extemporáneo», es decir, que está presentado fuera de plazo, pero el magistrado rechaza esto, ya que aunque el pleno de la localidad adoptó el acuerdo para conceder la licencia el 17 de julio del año anterior, la Junta no tiene noticia de este acuerdo hasta que le llega la notificación.
Tomás Cobo no se queda ahí y en su sentencia entra a analizar el fondo del asunto. Para el magistrado, «es claro que el suelo en cuestión está clasificado como no urbanizable». No le sirven al juez las alegaciones del Ayuntamiento que «en su contestación a la demanda se limita a verter una serie de reflexiones generales sin aplicarlas al caso que nos ocupa, haciendo referencia a un informe de un catedrático de Derecho que no aportan».
Además, a Tomás Cobo le resulta «significativo» el informe emitido por los Servicios Jurídicos de la Junta en el que «pone de relieve la situación urbanística del suelo no urbanizable en Zurgena», acreditada por las ortofotografías que se acompañan. En definitiva, lo que viene a destapar este documento, según recoge la sentencia, es que se está produciendo una transformación del uso del suelo -de carácter rústico a residencial- sin instrumento de planeamiento preciso para su legitimación».
Bajo estas premisas y al desestimar la causa de inadmisibilidad que pedía la parte demandada, el juez estima el recurso y declara nula de pleno derecho la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Zurgena. Asimismo, Cobo precisa en el fallo que debe procederse a la restauración de la legalidad urbanística. Eso sí, no condena a costas en esta sentencia, contra la que cabe recurso de apelación.
* Ideal - 13.05.08 -ÁFRICA MATEO
Foto: ¿ILEGALES? Algunas de las viviendas construidas sobre suelo rústico/J. J. MULLOR, ideal.es
El informe denuncia pasividad de Consell y municipios ante ilegalidades urbanísticas
LEVANTE/Valencia* : La parálisis del sector inmobiliario en la Comunitat Valenciana no ha llegado acompañada de un mayor rigor en el cumplimiento de las normativas urbanísticas. Un año más, el informe de la Sindicatura de Greuges correspondiente a 2007 está plagado de quejas ciudadanas referidas a cuestiones de esta índole, concretamente el 17% del conjunto de reclamaciones. Y de nuevo el órgano que dirige en funciones Emilia Caballero lanza una seria advertencia tanto a los ayuntamientos como la Generalitat valenciana.
«Hemos seguido constatando que los ciudadanos manifiestan su impotencia ante la pasividad de los ayuntamientos y, en algunos casos, de la Generalitat, a la hora de iniciar los expedientes sancionadores y ordenar, sobretodo, ejecutar la demolición de las construcciones ilegales».
La síndica considera que las autoridades locales y autonómicas no están actuando convenientemente ante las denuncias y recursos administrativos formulados a causa de la detección de irregularidades en los proyectos urbanísticos y ambientales. Caballero se hace eco de diversas quejas que señalan conflictos de indefensión ciudadana por parte de compradores a los que se les entregan viviendas sin estar acabadas las urbanizaciones de calles, la instalación del suministro eléctrico, la provisión de agua potable o las infraestructuras de recogida de aguas residuales y pluviales. La síndica recuerda la «obligación legal» que recae sobre las autoridades locales, y en algunos casos autonómicas, para reestablecer la legalidad urbanística vulnerada en el término legal de cuatro años desde la total terminación de las obras.
El asunto del agua vuelve a aparecer en los informes con una advertencia que suena a desesperada. «Esta institución no alcanza a entender como se puede aprobar, ni siquiera provisionalmente, un plan o proyecto urbanístico sin que la Confederación Hidrográfica del Júcar haya acreditado la existencia de recursos hídricos suficientes y haya informado». La síndica insiste en que no pueden aprobarse planes urbanísticos sin el informe favorable de la Administración estatal de aguas.
Otro de los aspectos que señala la Defensora del Pueblo Valenciano es el de las trabas informativas que los ciudadanos encuentran cuando presentan alegaciones a determinadas actuaciones urbanísticas. Caballero reconoce la legitimidad de los ayuntamientos para impulsar y aprobar planes urbanísticos en aras del interés general. Pero señala también que los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones y los motivos que justifican las decisiones urbanísticas «con el fin de no generarles indefensión y disipar cualquier indicio de arbitrariedad administrativa».
Servicios Sociales
Especialmente duro es el capítulo del informe dedicado a investigar quejas ciudadanas sobre los servicios sociales de la Conselleria de Bienestar Social. El documento no se adentra con detalle en las quejas referidas a la Ley de Dependencia porque llegaron mayoritariamente a partir de septiembre de 2007, pues el texto legislativo fue aprobado en diciembre de 2006. Los casos más polémicos de retrasos en la percepción de ayudas, que la propia Caballero ha denunciado, se están produciendo este año, cuando el departamento que dirige Juan Cotino debe desplegar la ley.
Pero la síndica sí ha detectado graves deficiencias en los servicios de evaluación y calificación de minusvalías. No en balde las quejas en este apartado representan el 50% de los expedientes que tramita en materia de servicios sociales. Los retrasos en la emisión de las calificaciones de minusvalía son la estrella de las denuncias, hasta el punto de que Caballero advierte a Bienestar Social que está incumpliendo la legislación en materia de plazos y que comete una «actuación pública irregular».
«Hemos vuelto a recomendar a la Conselleria de Bienestar Social que adopte las medidas necesarias para los plazos se reduzcan al mínimo, con el fin de evitar importantes perjuicios a las personas afectadas». La Sindicatura de Greuges incluso señala que ha efectuado en sus resoluciones «un recordatorio de deberes legales» a Bienestar Social.
* Levante-EMV - V. R./ J. G. G. - 13 de mayo de 2008
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net
El Tribunal Superior paraliza una promoción de 700 viviendas que se iba a levantar en Miño
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LAVOZ/A Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado un auto de paralización de una urbanización de 700 viviendas en una zona del municipio coruñés de Miño llamada monte Piñeiro. El desarrollo de esta área, conocida ya como el nuevo Miño, fue impugnado por dos de las firmas que optaron al concurso, Vallehermoso y Areal, que perdieron frente a una UTE formada por tres empresas de Lugo.
Uno de los procesos iniciados por la empresa Vallehermoso es el que ha terminado en una paralización cautelar, que ha sido recurrida por el Concello, desde donde aseguran que no se les dio opción a presentar alegaciones. Por su parte, Vallehermoso pide la anulación del plan parcial para esta área por errores en su tramitación. El alcalde, el popular Juan Maceiras, defiende la transparencia del proceso y del concurso en contra de lo que afirman las empresas afectadas, el PSOE de Miño, una plataforma de afectados y varias asociaciones ecologistas.
Los socialistas consideran que la aprobación fue «cuando menos turbia», sobre todo en cuanto a las expropiaciones -las segundas más elevadas en el municipio después de las realizadas por Fadesa para la construcción de 1.500 viviendas- y a la sostenibilidad del proyecto, que incluye la construcción de más de 700 casas, un edificio municipal, además de zonas comerciales, aparcamientos y parques en una superficie total de 15 hectáreas.
La plataforma de afectados se queja del modo en el que se gestionó el proyecto y por eso se ha personado en parte de la decena de causas abiertas contra el mismo. Además, entidades ecologistas como Verdegaia o Alternativa Miñoterra alertan de que amenaza a la marisma de Baixoi, ya que el propio estudio medioambiental alerta de que «las repercusiones alcanzarían a los procesos de sedimentación de la marisma, a su vegetación y sobre todo a su fauna». También dicen que el funcionamiento del sistema de drenaje artificial de pluviales implicará un cambio en la salinidad de la marisma. Por último, critican que se pretenda «urbanizar innecesariamente un dos escasos espazos verdes que quedan no municipio, susceptible de ser aproveitado como o grande pulmón verde da vila de Miño».
En fase de expropiaciones
El Concello de Miño logró aprobar el plan parcial el año pasado y ahora se estaban llevando a cabo las expropiaciones (el 60% de las 15 hectáreas). Curiosamente, además de algún particular, son dos firmas las afectadas y cobrarán un precio mucho menor al de otros propietarios, según denuncia la plataforma de afectados.
* La Voz de Galicia - Bea Abelairas - 13.05.2008
Foto: Imagen del monte en el que se prevé construir la urbanización, que tiene a sus pies una marisma/ CÉSAR DELGADO, lavozdegalicia.es
NOTICIA RELACIONADA: Los baches de la primera macrourbanización de la villa - La Voz de Galicia - 13.05.2008
Transparencia social y corrupción
JOSÉ LUIS POYAL* : En la era en la que el ladrillo ha sido oro, los salarios no han pasado de hojalata. Según el estudio del Barómetro Social de España, que ha sido presentado estos días, mientras el capital inmobiliario y financiero se ha más que duplicado (crecimiento anual del 8 por ciento), las rentas salariales se han estancado (reducción de salario medio del 2,4 por ciento en el conjunto del período analizado). Los más perjudicados, los jóvenes, los inmigrantes no comunitarios y las mujeres.
Entre 1994 y 2006 se triplicaron las deudas de los hogares y el ahorro ha descendido un tercio en el mismo período, de tal modo que la deuda ha aumentado seis veces más deprisa que su renta, debido principalmente a las hipotecas.
El Colectivo IOE, autor del informe y que utiliza datos estadísticos oficiales, afirma, además, que ha aumentado en más de un millón de personas el colectivo de pobreza severa (quienes no alcanzan el 40 por ciento de la renta media) y añade que el nivel de diferencia social se ha incrementado en un 23 por ciento. Entre las causas de los desajustes sociales hay un capítulo que merece especial atención: la necesidad de mejorar la «transparencia social» para lograr que administraciones públicas y privadas sean más eficaces y equilibradas.
La transparencia social, como elemento que garantiza el derecho a la información del ciudadano, esto es, el «derecho a saber» como un factor realmente fundamental para la lucha contra la corrupción.
Durante el prolongado período de crecimiento económico debido al «ladrillo de oro», ha estado sobrevolando la percepción de que el factor corrupción ha estado presente y que todavía queda mucho por reformar para que la mayor transparencia social impida las prácticas que la fomentan.
El «Informe global 2007 sobre la corrupción en España» emitido por Transparency International España, señalaba el retroceso de nuestro país en cuanto al índice de percepción de la corrupción (CPI). quebrando una tendencia que era muy positiva. En una lista de 180 países figuramos en el puesto 25.º, que comienza en Finlandia con la mejor nota.
Los analistas señalan que han sido los escándalos urbanísticos los causantes de ese peor juicio y han focalizado en el ámbito local, urbanismo y especulación, la mayor incidencia. También informes oficiales, como el del Defensor del Pueblo, coinciden en indicar los mismos puntos. Se ha afirmado hasta la saciedad que la calificación del suelo urbano es el origen de los mayores casos de corrupción y convierten en sospechosos los llamados «convenios» en los que el titular de unos terrenos se compromete a llevar a cabo determinadas cesiones de los mismos, independientemente de lo que está obligado por ley, e incluso pagos en metálico a favor de la Administración urbanística, para el caso que se apruebe o se modifique por parte de dicha Administración un plan con determinaciones concretas (clasificación, usos, volumetría...).
Los «convenios» y los planes urbanísticos, con continuas modificaciones, siguen siendo la fórmula de aumentar ingresos en los ayuntamientos, a la par que es evidente la escasa vigilancia sobre construcciones ilegales, multas en lugar de demoliciones, expropiaciones a particulares para ceder posteriormente a empresas con fines sociales, las cuales, con el suelo en su poder, han vendido a precios astronómicos y otros malos usos.
La corrupción urbanística no respeta institución alguna y hasta los Juzgados han sufrido las consecuencias, como bien sabe la Fiscalía Anticorrupción, que tendrá que activar sus funciones para que la transparencia social pueda funcionar.
Y por favor que nadie toque las reservas de la Seguridad Social como medio de financiar crisis del «ladrillo de oro».
* La Nueva España - Opinión - 10 de mayo de 2008
Denuncian al Seprona y a Confederación por los chalés ilegales en Mengíbar
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IDEAL/Jaén* : El actual alcalde llevó ante la Justicia la posible responsabilidad de estas administraciones a los tres días de tomar posesión, cuando la Guardia Civil pidió papeles de la zona. La investigación que ya había en marcha ha quedado paralizada pues la hacía el Seprona, ahora parte implicada, lo que puede dar tiempo para iniciar la legalización urbanística.
Miguel Ángel Martínez tomó posesión de la alcaldía de Mengíbar en una moción de censura el 28 de marzo. A los tres días, el 31, llegó la Guardia Civil al Ayuntamiento, le informó de que había abierta una investigación sobre chalés ilegales en la localidad, requirió documentos y dijo que podría haber responsabilidades municipales. Con las mismas, Martínez se fue al cuartelillo y denunció que Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y hasta el Seprona del Instituto Armado, entre otras administraciones públicas, podrían haber incurrido en responsabilidades por no haber perseguido esas posibles infracciones urbanísticas en una zona junto a un río. Martínez explica que «lo que hice fue poner en conocimiento de las autoridades unos hechos y que este equipo de gobierno municipal está dispuesto a colaborar con la Justicia». Otras fuentes consultadas indican que puso una denuncia en toda regla implicando a otras administraciones públicas. «Hay una responsabilidad de otras administraciones. Aquí no pueden venir tres días después de tomar posesión a achacarnos una situación de hecho anterior», indica el regidor.
La Guardia Civil investigaba estas construcciones tras una denuncia del ex parlamentario de IU José Cabrero, que explicó recientemente que «la denuncia se hizo como IU de Mengíbar y la firmé yo». Aunque ayer el alcalde dijo que lo hizo «a instancias de un particular que luego intentó retirarla». Se sospecha que puede haber no menos de 80 chalés de dudosa legalidad en la ribera del Guadalbullón, cerca de la carretera de Villargordo.
Denuncia o comunicación de unos hechos a la Justicia, el acto de Martínez ha tenido ya un efecto: el Seprona, como parte ahora denunciada, ha parado la investigación hasta que la Justicia decida si le da trámite a lo que dice el alcalde o lo archiva. Los especialistas en este tipo de investigaciones del Instituto Armado iban a hacer una batida en profundidad, y en casos similares en otros pueblos habían acabado imputando a responsables y funcionarios municipales por dejación de sus obligaciones de control.
Martínez, sin embargo, le ha dado la vuelta a la tortilla al acusar al mismo investigador que trata de esclarecer los hechos, que a su vez es responsable de detectar delitos urbanísticos contra la naturaleza. Los chalés de Mengíbar se ven desde la autovía, y se han ido construyendo desde hace años.
Responsabilidad
De paso, Martínez combate la situación que se había producido en otros pueblos (como Torredelcampo), donde el alcalde acababa apechugando (Blas Sabalete está acusado y se juega la inhabilitación) por obras ilegales en su término municipal pero en terrenos que son también competencia de otras administraciones (la Junta en el caso torrecampeño, pues se ha invadido una cañada real).
La prioridad de Miguel Ángel Martínez, sin embargo, no es el tema judicial, sino la regularización urbanística de una zona habitada de hecho. «Las administraciones tienen que darle una solución», insiste. De hecho el Ayuntamiento, explica, se puso en contacto inmediatamente con la delegación provincial de Obras Públicas para pedirle colaboración en la modificación de las normas urbanísticas que sean precisas. Aunque el regidor asegura que no se obtuvo una respuesta positiva. Pero insiste: «Estamos dispuestos a colaborar para que haya un plan especial para esta zona».
* Ideal - 13.05.08 - JUAN ESTEBAN POVEDA
Foto: Mengíbar (Jaen) - aytomengibar.net
