El informe denuncia pasividad de Consell y municipios ante ilegalidades urbanísticas

LEVANTE/Valencia* : La parálisis del sector inmobiliario en la Comunitat Valenciana no ha llegado acompañada de un mayor rigor en el cumplimiento de las normativas urbanísticas. Un año más, el informe de la Sindicatura de Greuges correspondiente a 2007 está plagado de quejas ciudadanas referidas a cuestiones de esta índole, concretamente el 17% del conjunto de reclamaciones. Y de nuevo el órgano que dirige en funciones Emilia Caballero lanza una seria advertencia tanto a los ayuntamientos como la Generalitat valenciana.

«Hemos seguido constatando que los ciudadanos manifiestan su impotencia ante la pasividad de los ayuntamientos y, en algunos casos, de la Generalitat, a la hora de iniciar los expedientes sancionadores y ordenar, sobretodo, ejecutar la demolición de las construcciones ilegales».
La síndica considera que las autoridades locales y autonómicas no están actuando convenientemente ante las denuncias y recursos administrativos formulados a causa de la detección de irregularidades en los proyectos urbanísticos y ambientales. Caballero se hace eco de diversas quejas que señalan conflictos de indefensión ciudadana por parte de compradores a los que se les entregan viviendas sin estar acabadas las urbanizaciones de calles, la instalación del suministro eléctrico, la provisión de agua potable o las infraestructuras de recogida de aguas residuales y pluviales. La síndica recuerda la «obligación legal» que recae sobre las autoridades locales, y en algunos casos autonómicas, para reestablecer la legalidad urbanística vulnerada en el término legal de cuatro años desde la total terminación de las obras.
El asunto del agua vuelve a aparecer en los informes con una advertencia que suena a desesperada. «Esta institución no alcanza a entender como se puede aprobar, ni siquiera provisionalmente, un plan o proyecto urbanístico sin que la Confederación Hidrográfica del Júcar haya acreditado la existencia de recursos hídricos suficientes y haya informado». La síndica insiste en que no pueden aprobarse planes urbanísticos sin el informe favorable de la Administración estatal de aguas.
Otro de los aspectos que señala la Defensora del Pueblo Valenciano es el de las trabas informativas que los ciudadanos encuentran cuando presentan alegaciones a determinadas actuaciones urbanísticas. Caballero reconoce la legitimidad de los ayuntamientos para impulsar y aprobar planes urbanísticos en aras del interés general. Pero señala también que los ciudadanos tienen derecho a conocer las razones y los motivos que justifican las decisiones urbanísticas «con el fin de no generarles indefensión y disipar cualquier indicio de arbitrariedad administrativa».
Servicios Sociales
Especialmente duro es el capítulo del informe dedicado a investigar quejas ciudadanas sobre los servicios sociales de la Conselleria de Bienestar Social. El documento no se adentra con detalle en las quejas referidas a la Ley de Dependencia porque llegaron mayoritariamente a partir de septiembre de 2007, pues el texto legislativo fue aprobado en diciembre de 2006. Los casos más polémicos de retrasos en la percepción de ayudas, que la propia Caballero ha denunciado, se están produciendo este año, cuando el departamento que dirige Juan Cotino debe desplegar la ley.
Pero la síndica sí ha detectado graves deficiencias en los servicios de evaluación y calificación de minusvalías. No en balde las quejas en este apartado representan el 50% de los expedientes que tramita en materia de servicios sociales. Los retrasos en la emisión de las calificaciones de minusvalía son la estrella de las denuncias, hasta el punto de que Caballero advierte a Bienestar Social que está incumpliendo la legislación en materia de plazos y que comete una «actuación pública irregular».
«Hemos vuelto a recomendar a la Conselleria de Bienestar Social que adopte las medidas necesarias para los plazos se reduzcan al mínimo, con el fin de evitar importantes perjuicios a las personas afectadas». La Sindicatura de Greuges incluso señala que ha efectuado en sus resoluciones «un recordatorio de deberes legales» a Bienestar Social.




* Levante-EMV - V. R./ J. G. G. - 13 de mayo de 2008
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net