ELFARO/Murcia* : El Colegio Profesional de la Región aseguró, durante la presentación del IV Foro de Urbanismo, que tendrá lugar en Murcia, que la construcción de estos espacios provoca la escisión entre los elementos del casco urbano.
En el marco de una crisis económica, “que ha llegado con una dureza más grande de la esperada”, el Colegio de Arquitectos ha vislumbrado no sólo un momento crítico, sino también “una oportunidad para estudiar y repensar nuestras ciudades”, según afirmó ayer el presidente del Colegio de Arquitectos de Murcia, Francisco Caminos, durante la presentación del IV Foro de Urbanismo.
La iniciativa, celebrada en su anterioridad en otras capitales españolas como Sevilla, Palma de Mallorca y Zaragoza, aterriza en Murcia para “plantear las experiencias positivas de planificación urbanística en otras ciudades españolas”. Camino aborda el arranque de la cuarta edición del foro con una rotunda afirmación inicial, “el urbanismo tradicional ha muerto y es necesario cambiar la planificación para convertir las ciudades en lugares con articulación, con todas sus zonas interconectadas entre sí, que exista continuidad entre sus elementos, que sea mixta, mestiza, sin marginar ninguna de las partes que la conforman”.
Para Camino, lo ideal es que “todos los miembros de la ciudad, así como sus elementos vivan juntos”, por lo que denunció “la creación de ciudades de ocio, ciudades de la justicia, espacios que no son ciudades y que rompen el tejido urbano y humano entre las personas”. Camino sentenció, “se está despojando a la ciudad de sus vísceras, con la presión de modelos urbanísticos que no son los nuestros”.
Situación de Murcia
La reciente construcción de determinadas zonas dedicadas a funciones sociales, económicas o administrativas específicas, han elevado la voz de los arquitectos. Su presidente, Camino, afirma que “el gran atractivo de la ciudad de Murcia eran las condiciones de tenerlo todo a mano. La persona que vivía en Murcia tenía cerca el trabajo, podía hacer la compra sin necesidad de desplazarse porque le quedaban cerca de casa, podía pasar tiempo con los amigos paseando por los parques, incluso un ciudadano que tenía problemas con la justicia, tenía los juzgados cerca”.
Sin embargo, para los arquitectos, la creación de “la Ciudad de la Justicia, o ciudades del ocio a las afueras han roto con esto”.
Los movimientos de la población hacia zonas residenciales, “no tan numeroso como se pueda pensar, no tiene por qué realizarse si se puede vivir en una ciudad bien conectada, ya que vivir en las zonas de las afueras suponen un gasto en la vivienda y en el transporte”.
Estudio
El Colegio de Arquitectos, inmersos en uno de los talleres que organiza con frecuencia, ha cartografiado el área metropolitana de Murcia para estudiar los movimientos de los ciudadanos y el estado de la ciudad. En palabras de Camino, “se ha descubierto que existen muchas viviendas sin ocupación y que tampoco son rentabilizadas por sus propietarios, lo que quiere decir que están ahí para nada, del mismo modo que se han registrado zonas como auditorios que funcionan durante tan sólo unas horas o unas jornadas, lo que se traduce en la insostenibilidad de determinados espacios urbanos de la ciudad de Murcia”.
Expertos y experiencias de prestigio internacional
El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España celebra con carácter bianual el Foro de Urbanismo para un desarrollo de las ciudades en la sostenibilidad del territorio, para crear espacios más respetuosos, más equilibrados y más justos con la naturaleza. Para el abordaje de este tema, Murcia recibirá la visita de arquitectos de gran prestigio nacional e internacional, como Jaime Lerner o Herbert Girardet, así como distintas personalidades del mundo de la Arquitectura que expondrán ejemplos sobre qué de bueno han incluído en sus ciudades construcciones como el anillo verde de Vitoria, la ría 2000 de Bilbao, distintas intervenciones arquitectónicas hechas en Sevilla, Girona, o incluso, Bogotá.
* El Faro de Murcia - Isabel Sanchez - 06.05.2008
Foto: Murcia - vegamediapress.com
Los arquitectos critican la nueva ubicación de la Ciudad de la Justicia y los centros de ocio
Mallorca: El Govern del PP impuso un mínimo de 200 chalés para traspasar a es Crevers
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DIARIODEMALLORCA* : La conselleria de Medio Ambiente del Govern del PP impuso al Consell de Mallorca un trasvase de 200 chalés como mínimo desde la parcela AS16 de Alcúdia a la finca rústica es Crevers de Marratxí, una operación incluida en el Plan Territorial de Mallorca (PTM) y que investiga la fiscalía anticorrupción por un supuesto pelotazo de casi 100 millones de euros, según ha revelado uno de los principales testigos de cargo, el experto en urbanismo Josep Giménez Serra.
Giménez, al igual que otros testigos, mantiene que los aprovechamientos urbanísticos de Alcúdia eran cero, pese a lo cual el Govern del PP habría convencido a sus socios de Unió Mallorquina (UM) en el Consell para hacer un trasvase a la finca rústica de es Crevers (Marratxí) de 1.200 viviendas.
Giménez, en la pasada legislatura, formó parte del equipo de dirección técnica del Plan Territorial y era la mano derecha del entonces conseller de Territorio del Consell, Bartomeu Vicens, imputado en el sumario. Giménez actualmente es asesor del conseller de Medio Ambiente del Govern, Miquel Àngel Grimalt (UM).
El testigo de cargo ha revelado cómo supuestamente la inclusión de la operación AS16-es Secar de la Real (Palma) y, después, AS16-es Crevers partió del Govern de PP en una reunión mantenida, a mediados o finales de noviembre de 2003, en el Parlament con dirigentes de UM. Al menos dos de las personas citadas como asistentes a esa cumbre, Rosa Estarás, presidenta del PP y ex vicepresidenta del Govern, y Mabel Cabrer, ex consellera de Obras Públicas en el mismo ejecutivo, han negado públicamente haber hablado de la operación de la AS16 de Alcúdia en dicho encuentro.
Giménez sostiene que en febrero de 2004 se frustró el trasvase desde la finca de Alcúdia a es Secar (una operación incluida dentro de las llamadas áreas de reconversión territorial del PTM). Semanas después, desde la conselleria de Medio Ambiente, dirigida entonces por Jaume Font, otro de los imputados por el juez Miquel Florit a instancias de la fiscalía anticorrupción, se remitió al Consell de Mallorca un sobre con el nombre de es Crevers como beneficiada del área de reconversión territorial propuesta presuntamente por el PP.
Josep Giménez ha explicado a los investigadores que el sobre remitido desde la Conselleria contenía también los planos de la AS16 y una ficha urbanística de dichos terrenos que, para el ayuntamiento de Alcúdia y el Consell, eran suelo rústico, pero que para el Govern del PP y los propietarios podían ser suelo urbano, ya que existía un pleito judicial por su desclasificación. El testigo dice que Medio Ambiente impuso 200 chalés como mínimo del hipotético aprovechamiento urbanístico de la AS16. Finalmente, a es Crevers se traspasó la posibilidad de hacer hasta 1.200 viviendas.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J. F.MESTRE. PALMA - 06 de mayo de 2008
Foto: Marratxí (Mallorca), finca Plan Territorial - diariodemallorca.es
Valladolid: El TSJ declara ilegal la ocupación y las obras del edificio de Caja Duero
NORTECASTILLA* : La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nulas las licencias de obra, el proyecto de ejecución y la licencia de primera ocupación del edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla, donde el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, tiene una vivienda en propiedad.
Además el regidor era el vicepresidente de la entidad de ahorros en el momento de autorizar los trabajos de rehabilitación en este inmueble.
La Federación de Vecinos Antonio Machado hizo pública ayer la sentencia del TSJ de 28 de abril en la que se estima el recurso presentado por el colectivo ciudadano en el año 2000 contra los trabajos de rehabilitación que se llevaron a cabo en este inmueble y que convirtieron las galerías y carboneras del bloque en una planta más de uso residencial. La decisión de la sala convierte el edificio, con fachadas a la plaza de Zorrilla, a Santiago y a María de Molina, en ilegal.
La sentencia, notificada ayer mismo, deja claro que los trabajos que se llevaron a cabo por la constructora Edificasa 2000 no respetaron la normativa urbanística vigente en varios aspectos, ya que se trataba de un edificio sujeto a protección P3. La Federación había alegado que las obras no mantenían los elementos de cerramiento que definen el volumen y la forma del inmueble. Asimismo, denunciaron que no se conservaba la fachada interior de la calle Santiago y se alteraban las tres fachadas exteriores en la zona de los áticos. Además, a juicio de los vecinos, se excedían los límites de la rehabilitación parcial que se pretendía, porque se superó el 25% de la superficie total y se modificó la composición tipológica del bloque. El TSJ da la razón a algunos de los argumentos esgrimidos en el recurso vecinal al afirmar que en la obra se alteró la forma del edificio en la cubierta, así como la fachada interior de la calle Santiago donde se demolió una galería acristalada.
La sentencia también respalda a la Federación de Vecinos, que en su recurso denunciaba un aumento de edificabilidad. Mientras que el perito judicial considera que los tres edificios afectados se pueden considerar como un solo bloque y que es admisible el traslado de la edificabilidad obtenida con la supresión de las galerías, la sala subraya que «en ningún caso la infracción de este deber de conservación puede servir de justificación para un aumento de superficie edificada en otra parte del inmueble, y en este caso -según el propio dictamen pericial- ese incremento se produjo en toda la octava planta, afectando a todos los edificios con protección».
En su recurso, la Federación de Vecinos Antonio Machado también denunciaba que el edificio del número 28 de la calle Santiago no respetaba el porcentaje que se tenía que destinar a vivienda con un límite del 50% de su superficie construida. «Afirmar que en este caso no se ha respetado ese límite del 50% de su superficie construida no precisa esfuerzos argumentales en cuanto todas las plantas, hasta la sexta inclusiva, se han destinado a oficinas».
Los magistrados Ana Martínez Olalla, Ramón Sastre Legido y Ezequías Rivera Temprano añaden que si se aceptara que los tres inmuebles fuesen un solo edificio -un argumento que utilizaba el Ayuntamiento en su defensa- ese límite también se habría superado según los datos que constan en el propio informe pericial donde se señala que a uso residencial se destinan 3.270,51 metros cuadrados, para uso comercial-social 2.018,76 y para oficinas 3.611, 39 metros cuadrados. La Sala sí acepta un argumento alegado por el letrado del Ayuntamiento en el que justificaba que la protección integral de la fachada exterior del inmueble imposibilitaba realizar garajes. La Federación de Vecinos Antonio Machado consideraba que se había infringido el artículo 79 de las normas del PGOU al no dotar de plazas de aparcamiento a los tres edificios.
En el punto séptimo de los fundamentos de derecho, el TSJ estima la nulidad del proyecto de ejecución y de la licencia de obra, una nulidad que hace extensiva a las licencias de primera ocupación, «ya que no hacerlo sería reconocer como correcta la ocupación de unos edificios que se han rehabilitado o reestructurado en base a una licencia de obras expedida sin respetar las normas urbanísticas». El presidente de la Federación de Vecinos Antonio Machado, Ángel Bayón, expresó su satisfacción por este fallo que avala los argumentos de su organización. A su juicio, este caso es un paso más en el «erre que erre» de las ilegalidades urbanísticas que comete el PP y su regidor al frente a pesar de la fama de buen gestor que vende. Bayón considera que habrá que pedir responsabilidades por este nuevo desaguisado similar al de Niña Guapa 23.
* El Norte de Castilla - J. ASUA - 06.05.2008
Foto: Obras en el edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla en el año el 2001/ JAVIER RODRÍGUEZ, nortecastilla.es
La escasez de zonas verdes se debe a la falta de planificación urbanística
LAVOZDEGALICIA* : La falta de planificación urbanística es la causa principal de la escasez de parques y jardines públicos en la Costa da Morte. Al menos así lo ven los expertos en la materia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, unas cifras que están lejos de alcanzarse en la comarca.
Ricardo García Mira, profesor de Psicoloxía Social e Ambiental en la Universidade de A Coruña, echa en falta una política general que estructure las zonas verdes en relación con las edificaciones, los espacios naturales y el patrimonio cultural. «Precísase estruturar o patrimonio da Costa da Morte, e os espazos verdes son un elemento desa identidade, pero para iso cómpre artellar os xardíns públicos en torno aos proxectos de megalitismo e de rutas turísticas», explicó. García Mira recuerda que un jardín «para o esparcimento» debe integrarse en una política del municipio, en la que deben trabajar gobernantes, técnicos y ciudadanos.
Todos coinciden en señalar que los espacios verdes integrados en el núcleo urbano apenas existen. «Só hai pequenas áreas», explica García Mira.
Por su parte, Andrés Graña, ingeniero técnico agrícola, declaró que los jardines «sempre son insuficientes, pero a súa escaseza responde non só á falla de planificación senón, sobre todo, a unha cuestión de presuposto», comentó.
Para llegar a crear verdaderos espacios verdes es necesario potenciar «a dimensión ecolóxica urbana», en palabras de García Mira, es decir, aprender el significado de la ecología y la sostenibilidad urbana, creando, para ello, espacios de interpretación. «No deseño destes lugares debe estar presente esta dimensión, sobre todo de cara aos cativos», añadió.
Las asociaciones de vecinos ya se han puesto a trabajar en este sentido para pedir más zonas verdes. Por ejemplo, el presidente de la asociación de vecinos Costa da Morte, José Fernando Carrillo, explicó que los habitantes proponen crear una zona ajardinada en el paseo marítimo de Fisterra, aprovechando para el riego de los jardines, las aguas residuales que saldrán depuradas de la futura EDAR.
En cuanto al vandalismo, hay quien opina que es una de las causas de la falta de espacios verdes, pero los expertos optan por la visión opuesta. «Cando hai un espazo ben coidado e limpo, a xente respéctao máis e colabora no seu mantemento. E aos vándalos illados que queden, habería que castigalos con multas para sufragar os danos que causaron e facéndoos reparar a eles mesmos esas roturas», comenta Andrés Graña.
* La Voz de Galicia - Laura López - 06.05.2008
Foto: casal - lavozdegalicia.es
El ex alcalde de Andratx niega que supiera que su propia casa es ilegal
ELPAÍS/Mallorca* : La Fiscalía Anticorrupción pretende demostrar ante el tribunal de la Audiencia de Palma de Mallorca que el ex alcalde de Andratx actuaba como dueño y señor de la villa. Y el ex alcalde quiere hacer creer que no sabía que su propia casa era ilegal y que lo único que hay contra él es un compló.
En el primer juicio por el urbanismo salvaje en la citada villa balear, la fiscalía pretende probar que la antigua cúpula del Ayuntamiento de Andratx toleró ilegalidades urbanísticas y tomó "represalias" contra la oposición. Y que, al mismo tiempo, se maquinaron negocios privados entre el ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo y tres funcionarios (una arquitecta, un letrado y un celador de obras), que decidían o informaban los expedientes de Urbanismo y conocían proyectos inmobiliarios.
El primer asunto del caso Andratx que se juzga parece un caso menor: la casa de aperos del edil fue convertida en chalé ilegal, con unas obras efectuadas a cien metros del edificio del Ayuntamiento, en terreno rústico protegido. Hidalgo, por este asunto, se enfrenta a una pena de seis años de cárcel. Su socio el inspector de obras, Jaume Gibert, se confesó "arrepentido" y apoyó las tesis de los fiscales a cambio de una rebaja de su condena.
El caso Andratx es el mayor escándalo político ocurrido de Baleares, porque nunca se había detenido ni encarcelado a una autoridad (un alcalde) y arrestado e imputado a un director general Jaume Massot, cerebro del urbanismo del antiguo Gobierno de Jaume Matas. Éste y el secretario general del PP y su consejero de Interior, José María Rodríguez, patrocinaron a Hidalgo y se reunieron con él, en la sede del Gobierno, 40 horas antes de su detención. Las grabaciones recogieron una llamada de alerta de Rodríguez a Hidalgo.
El sumario está segregado en 68 causas penales distintas, según los hechos, construcciones y protagonistas de la supuesta trama delictiva. Andratx es uno de los territorios de las islas donde ha reinado el urbanismo salvaje. Situado en el oeste de la isla de Mallorca, a media hora por autopista de Palma, el municipio tiene 10.000 habitantes y está especializado en el turismo residencial. El caso penal instruido alude a una suma de diversos delitos distintos: contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, cohecho, asociación ilícita, de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y delito fiscal.
"Si no me firmas el final de obra te echo a la puta calle", se escuchó ayer en la sala de vistas. La voz era del ex edil Eugenio Hidalgo (ex guardia civil y empresario inmobiliario en Andratx) y procedía de uno de los cientos de archivos informáticos que almacenan las grabaciones de los pinchazos judiciales a los imputados durante la investigación. La amenaza la espetó el ex edil al celador de obras y su socio Jaume Gibert. Éste dijo que no informó sobre las ilegalidades del alcalde por miedo y asumió que hizo negocios con aquel y otros técnicos. Otro imputado, el letrado municipal Ignacio Mir, rebatió todas las acusaciones y negó ser socio de la trama.
"Desde que me fui, aquello [el Ayuntamiento de Andratx] era un verdadero desastre", se defendió el ex director general de Ordenación del Territorio del Gobierno del PP, Jaume Massot. Éste, ex funcionario de Andratx, fue señalado por los fiscales como el hacedor de todos los expedientes y licencias y, en especial, colaborador del alcalde, aun cuando no tenía función ni competencia porque estaba de alto cargo en el Gobierno balear.
El ex edil Hidalgo pidió "disculpas" y "perdón" por haber convertido de manera ilegal una pequeña nave agrícola en la vivienda "sin yo saberlo" y afirmó "ser víctima de una trama" contra él. Los fiscales le recordaron al ex alcalde que manejó la administración para perseguir con expedientes a tres ediles de la oposición que denunciaron sus infracciones. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach denunciaron que un informe sobre el ex alcalde ha sido expoliado y que su información ha sido escamoteada a la justicia.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 06/05/2008
Foto: Andratx (Mallorca), puerto - guides
Juzgado por prevaricación el alcalde de Guadarrama
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ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Guadarrama y diputado regional (PP), José Ignacio Fernández Rubio, el concejal de Urbanismo y ex edil de Medio Ambiente Miguel Rodríguez Bonilla y otros tres concejales populares han sido acusados por el Juzgado de Instrucción nº2 de Collado Villalba de un delito de prevaricación -tomar una decisión a sabiendas de que es injusta- con consecuencias contra el medio ambiente.
Los tres concedieron una licencia provisional de explotación para instalar un restaurante, El Molino del Rey, en suelo protegido con el único aval de un informe elaborado por un ingeniero industrial, en el que se obviaban las consecuencias ambientales y la calificación de los terrenos, no urbanizables y especialmente protegidos. Además, el concejal de Urbanismo es administrador de la empresa propietaria del restaurante, y el alcalde fue abogado y asesor de la misma.
Fernández Rubio, que gobierna el municipio casi ininterrumpidamente desde 1995, asegura que se ha inhibido de todas las decisiones que se han tomado respecto al restaurante. Pero ha estado al frente de la comisión municipal que trató el tema, según un escrito del fiscal.
"En octubre pasado la Comunidad autorizó la recalificación de los terrenos", explica el regidor, que también es portavoz de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Asamblea de Madrid. "Espero que la decisión de la Comunidad ayude a cerrar el caso", concluye. Pero el supuesto delito que se juzga es anterior a la recalificación de los terrenos.
Los problemas comenzaron en 2000, cuando la empresa Golden Hipotecaria, de la que es administrador el edil de Urbanismo, adquirió unos 3.000 metros cuadrados junto al río Guadarrama con la intención de restaurar un antiguo molino de piedra para instalar un restaurante. Para ello solicitaron un permiso al Ayuntamiento. Desde entonces el asador El Molino del Rey lleva funcionando con una licencia provisional, a pesar de encontrarse en un espacio clasificado como monte preservado y suelo no urbanizable protegido. "Muchos otros propietarios intentaron rehabilitar el molino, pero el Ayuntamiento siempre denegó cualquier licencia", cuenta el dueño de los terrenos colindantes, que llevó el caso a los tribunales.
Durante ocho años la Consejería de Medio Ambiente rechazó la recalificación de los terrenos junto al río Guadarrama.En febrero de 2003, el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid reclamó al Ayuntamiento que clausurara el restaurante El Molino del Rey. Pero el local nunca fue cerrado. Los propietarios realizaron obras y levantaron una valla de piedra en torno al molino, e instalaron un merendero y un aparcamiento para un centenar de coches, sin traba por parte del Consistorio. De esta forma, convirtieron un antiguo molino del siglo XVIII, que era uno de los mayores proveedores de harina de la Panera Real, en un restaurante para 120 comensales.
El propietario de la finca colindante, José Rodríguez Rubio, llevó el caso a los tribunales porque los propietarios del molino se habían apropiado de una parte de sus terrenos. Rodríguez Rubio inició dos procedimientos: uno civil, para conseguir que le devolvieran la parte de suelo que reclamaba, y otro penal, por presunta prevaricación.
El juez que instruye el caso, Juan José Escalonilla, consideró el 18 de septiembre de 2006 que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y dio traslado al ministerio fiscal, que se interesó en el caso y acusó al alcalde, al concejal de Urbanismo y ex edil de Medio Ambiente, y a los otros tres ediles populares que concedieron en 2000 la autorización al local: José Antonio Garrido, Remedios Panizo y José Ignacio Gómez.
Se confirma el delito
Con el caso en los tribunales, el alcalde intentó regularizar la situación. Aunque la decisión que constituye el supuesto delito ya estaba tomada. Por eso, Fernández Rubio explica que "el fiscal presentó su escrito unos meses antes de que el local lograra el permiso de la Comunidad, pero ahora el problema está solucionado con la calificación urbanística de Medio Ambiente". En marzo de 2008, el juez del caso, ante un escrito presentado por la acusación, confirma el delito contra la ordenación del territorio tipificado en el artículo 329.2 del Código Penal -se castigará a la autoridad que hubiese resuelto a favor de una concesión a sabiendas de su injusticia- que ya había establecido.
El regidor explica que "la autorización libera a la empresa de realizar una declaración de impacto ambiental". Medio Ambiente condiciona la autorización a la consideración del restaurante como "un establecimiento rural". Además, el permiso regional traspasa al Ayuntamiento la obligación de emitir un informe de evaluación ambiental.
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 06/05/2008
Foto: Guadarrama (Madrid), ayuntamiento - ayuntamientodeguadarrama.es
Un problema de modelo
JORDI PORTABELLA/Barcelona* : Setecientas cincuenta viviendas afectadas donde viven más de 2.000 personas con una inversión prevista de 390 millones, 313 de los cuales corresponden a la iniciativa privada. Estas son las cifras que pueden explicar, de forma sintética, el impacto del plan de reforma del Carmel, un tema de ciudad al que hay que estar muy atentos por la complejidad de una intervención que afecta a una trama urbana singular, tanto por su orografía como por las características de las viviendas que se construyeron.
Se trata de una actuación que permitirá, por lo tanto, visualizar un determinado concepto urbanístico en un modelo de ciudad concreto.
El alcance de esta intervención plantea un primer reto institucional: el de garantizar el derecho a saber de todos los afectados. En este sentido es necesario crear una comisión de vecinos con todos los afectados para empezar a debatir con toda la información alrededor del proyecto. Es así como podremos conseguir una actuación que puede dar proyección a lo que durante muchos años hemos definido como modelo Barcelona y que es determinante para un buen número de familias. Un modelo basado en la complicidad entre la sociedad civil y la Administración, que en muchos casos ha dado como resultado elementos de referencia internacional en el ámbito del urbanismo y la arquitectura. Así, tal y como se ha llevado a cabo en otros puntos de la ciudad, como en el barrio del Coll, este proceso de información debe producirse previamente a la aprobación inicial del proyecto. Uno no puede enterarse por la prensa, como ha sucedido con muchos afectados.
LA REFORMA del Carmel es un proyecto complejo que limita, en parte, con la de los Tres Turons, todavía pendiente de una solución definitiva y que resulta prioritario resolver tras 40 años de afectación. No parece razonable que un proyecto, en debate desde el 2002 y que desde el distrito de Horta se ha anunciado públicamente hasta seis veces que estaría terminado "en breve", quede aplazado otra vez. Tampoco parece razonable, ni encaja con el modelo de ciudad vigente, tratar de solucionar urbanísticamente un área sin una visión de continuidad urbanística, teniendo en cuenta que hay calles fronterizas entre ambos planeamientos. No puede llevarse adelante la reforma del Carmel sin antes dar explicaciones de cómo van a evolucionar los Tres Turons. Lo requiere la misma complejidad de la afectación urbanística, así como la larga historia de relaciones entre el ayuntamiento y el conjunto de colectivos vecinales afectados y el hecho --no menos importante-- de que cualquier solución supone más de un mandato.
LA PROPUESTA de ERC es partir de un pacto ciudadano por los Tres Turons y evitar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona afrontar en solitario esta cuestión, implicando al conjunto de fuerzas políticas representadas en el consistorio. Es así como se debe gobernar, más aún considerando la situación actual del bipartito, que no reúne una mayoría amplía y por lo tanto no representa la voluntad mayoritaria del consistorio.
Con respecto a la inversión estimada en el Carmel, destaca el elevado presupuesto previsto, sobre todo si fijamos como referencia a la población y el territorio que abarca. Sin embargo, no hay nada que objetar si tenemos en cuenta la deuda histórica con el Carmel y los barrios anexos. El peso de la inversión privada es decisivo para el conjunto del proyecto, lo cual explica la necesidad de detallar un plan de ruta para la inversión privada, dejando claros los plazos, las afectaciones, la capacidad de ejercer el derecho de retracto, etcétera, puesto que pocas cosas afectan tan negativamente a los propietarios o arrendatarios de un inmueble como la incertidumbre de no saber qué va a pasar en los próximos años.
En cuanto al calendario, 12 años son muchos para desarrollar un proyecto que no depende sólo del ayuntamiento de la ciudad, sino también de la inversión de la Generalitat en equipamientos, no concretada a estas alturas, y del desarrollo privado. Tenemos ejemplos próximos de lo que esto puede comportar, como el planeamiento del barrio de Vallcarca aún pendiente de ejecución en buena parte del territorio y con años de retraso, lo cual genera degradación urbanística, problemas de carácter social, ocupación de fincas, desertización del comercio de barrio e inseguridad jurídica para los pequeños propietarios y para los arrendatarios, ya que el paso del tiempo beneficia la acumulación de inversión de grandes corporaciones, que son las que terminan controlando los planes de mejora urbana.
Visto el desarrollo de otros proyectos urbanísticos, la experiencia nos lleva a creer que el peso de la inversión privada es el que finalmente acaba marcando el calendario y que todo lo que no está escrito resulta de difícil cumplimiento. Hay que pensar, en este sentido, en reducir el periodo de desarrollo y ejecución de la intervención, que en el peor de los casos no puede ir más allá de dos mandatos.
SOLO A PARTIR de ahí podemos empezar a hablar del proyecto técnico en el que destacan dos elementos principales. Por un lado, la consideración de infravivienda es demasiado genérica y no tiene en cuenta toda la casuística. Cuando detallamos las fincas de forma más minuciosa veremos cuáles pueden salir de la afectación propuesta, ya que, en realidad, cumplen con la calidad de habitabilidad estándar de la ciudad.
Por otro lado, creemos necesaria una revisión general del área de afectación, que se podría reducir, no solo por las denominadas infraviviendas, sino también por algunas de las propuestas referidas al espacio público.
En definitiva, la complejidad y la importancia del plan no se corresponden con el intento del gobierno de querer aprobar un proyecto sin establecer antes un turno intenso de conversaciones bilaterales con todas las partes implicadas.
* El Periódico - Tribuna - 05.05.2008
Solo 23 concellos han adaptado sus planeamientos a la ley urbanística
LAVOZDEGALICIA* : El ritmo de adecuación de los planeamientos municipales a las reglas de juego establecidas por la ley urbanística gallega es muy inferior a lo previsto en la propia normativa. Más de 24 meses después de que expirara el plazo establecido por la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural para que los concellos adaptaran sus normas al nuevo marco autonómico, solo 23 cuentan a día de hoy con los deberes hechos.
Las aprobaciones definitivas de planeamientos llegan a cuentagotas. En los últimos siete meses, seis ayuntamientos se han sumado a la lista. Se trata de Curtis, Toques, Castroverde, Avión, Laza y Santiago, cuyo plan general dispone desde octubre de la aprobación parcial. Completan el listado Lousame, Oroso, As Somozas, A Capela, Vilarmaior, Cerdido, Vedra, Boimorto, O Incio, San Cibrao das Viñas, Xunqueira de Ambía, Sandiás, Amoeiro y Ourense.
En este último caso, las objeciones han llegado del Tribunal Superior de Xustiza, que a través de dos sentencias sucesivas publicadas a lo largo de los últimos días ha anulado el plan ourensano de ordenación municipal por una exposición pública que no recogía «lo que se aprobó inicialmente». Además, estos dos fallos del alto tribunal han desatado en la ciudad de As Burgas el choque de intereses políticos que siempre confluyen en torno a la gestión urbanística.
Ese debate es también usual en las decisiones que adopta la Xunta a la hora de suspender planeamientos. En la actualidad, el desarrollo urbanístico de ocho concellos se rige por ordenamientos provisionales, ya que sus planes continúan suspendidos por decreto.
En esa tesitura se encuentran los ayuntamientos de Teo, O Grove y Ponteareas, en los que la suspensión ya fue decretada en la etapa del Gobierno del Partido Popular, y los de Tui, Sada, Viveiro, A Estrada y Barreiros, que fueron penalizados por el actual Ejecutivo bipartito.
Proceso complejo
Algunos casos son elocuentes del tiempo que requiere la elaboración del planeamiento urbanístico. Teo tiene el suyo suspendido desde el 26 de mayo del 2001; y O Grove y Ponteareas, desde el 21 de junio del 2002.
Al margen de los 23 concellos que ya tienen sus planeamientos adaptados, otros 52 municipios de la comunidad han recibido ya algún informe de la Dirección Xeral de Urbanismo correspondiente al proceso de tramitación de sus nuevas normas urbanísticas.
Subvenciones
Los 240 ayuntamientos restantes lo tienen todo por hacer, aunque la gran mayoría ya se han acogido a las subvenciones promovidas por Política Territorial para financiar el coste del planeamiento. La consellería tiene abiertos 178 expedientes de ayudas a entidades locales para elaborar sus planes urbanísticos. El importe de esta línea de financiación, que cuenta con una dotación global de 39 millones de euros a repartir en cinco años, está ligado a la población de cada municipio. En los 196 concellos de menos de 5.000 habitantes, la subvención alcanzará el 100% del coste del planeamiento; en los 97 que tienen entre 5.000 y 20.000 vecinos censados, cubrirá el 90%; y en los 15 ayuntamientos con una población de 20.000 a 50.000, será del 80%.
Política Territorial concede en la orden que regula la concesión de esas ayudas un trato preferente a los municipios en los que anuló o suspendió sus normas, pero esa deferencia no ha impedido que sigan funcionando con reglas provisionales.
* La Voz de Galicia - Serafín Lorenzo - 05.05.2008
Foto: O Grove - aedru.org
El gobierno municipal de Las Palmas subastó un solar reservado a pisos sociales en el que ahora se edifican casas de alto nivel
LAPROVINCIA/GranCanaria* : Cuando el Partido Popular gobernaba en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vendió a una constructora un terreno situado en un lugar muy estratégico de Las Torres que tenía reservado para levantar unas 220 viviendas de promoción pública.
En la citada parcela de 8.900 metros cuadrados se realizan ahora los trabajos de excavación para levantar un edificio de viviendas cuyos precios nada tendrán que ver con los que hubieran pagado aquellas familias de ingresos mínimos para quienes debían ser las casas.
El suelo en cuestión, que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria colocó en manos privadas tras la celebración de una subasta, se había obtenido a través de una permuta con una empresa a la que se le cedió otro suelo también en el barrio de Las Torres.
En principio, las prisas que la alcaldesa Josefa Luzardo tenía por activar la construcción de viviendas públicas para cumplir con una de sus promesas electorales motivó que el PP pidiera al grupo constructor que aceptara otro suelo como permuta del terreno donde ahora otra firma va a levantar un edificio de pisos de renta libre, que pueden oscilar entre los 40 y 50 millones de las antiguas pesetas. Al parecer, en la parcela que el Ayuntamiento cambia al promotor inicial no podía llevarse a cabo la construcción de viviendas porque aún quedaban vecinos a los que expropiar.
El suelo, ahora propiedad de otra empresa, incluso llegó a cederse a la sociedad autonómica Visocan para que hiciera viviendas públicas. Pero el grupo popular liderado por Josefa Luzardo, cuando vio los rendimientos económicos que podía sacar a este patrimonio, se las ingenió y ofreció a Visocan otro terreno en Tamaraceite para recuperar la citada parcela. De esta forma, el suelo vuelve a manos municipales y se saca a subasta junto con el edificio del antiguo Banco Exterior.
Con la subasta de las viejas oficinas municipales de la calle León y Castillo, el PP pretendía ingresar nada menos que 8,8 millones de euros, según la tasación que hizo una empresa de Madrid del antiguo edificio.
No pensaba el equipo municipal dirigido por Luzardo que la subasta quedara desierta y no despertara el interés de ninguna empresa, a pesar de que el inmueble pudiera recalificarse y se permitiera incluso albergar viviendas en donde antes había oficinas. Es por ello que, con el fin de hacer más atractivo el lote, el Ayuntamiento saca a subasta el edificio de oficinas municipales con el terreno de Las Torres que adquirió de una empresa por 24 millones de euros.
Fuentes del PP del grupo de gobierno del último mandato señalaron ayer que el suelo se puso a la venta porque "no tenía un uso establecido". Según destacaron, este terreno se subastó junto a otros bienes inmuebles dentro del plan de reordenación del patrimonio cuyo objetivo primordial era proporcionar recursos para pagar deudas y llevar a cabo otros proyectos.
* La Provincia - M. P. PÉREZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 05 de mayo de 2008
Foto: Imagen de las obras de excavación del solar de Las Torres, previsto inicialmente para viviendas sociales. ANDRÉS CRUZ, laprovincia.es
C. Valenciana: Zanjas por todas partes
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ELPAÍS/Reportaje* : Las grandes obras ponen patas arriba las principales ciudades. Centenares de zanjas salpican el paisaje urbano. Obras de saneamiento, electrificación, del gas y otros servicios levantan diariamente la acera o la calle en algún punto de las principales ciudades.
En Valencia, por ejemplo, se conceden anualmente 3.000 licencias para abrir agujeros y realizar acometidas de servicios que gestiona la Oficina de Coordinación de Obras. Ésta asegura que la planificación permitió en 2007 ahorrar más de una decena de kilómetros de zanjas. Sin embargo, a estas actuaciones menores se suman en estos meses importantes obras de infraestructuras viarias y del metro que han puesto patas arriba Alicante y Valencia, y en menor medida Castellón. Atascos, ruido y polvo, calles cortadas y desvíos afectan a peatones y a miles de conductores. El presidente de la Plataforma Comarcal por la Movilidad Sostenible de L'Alacantí, Javier Cobela, asegura que las obras "afectan gravemente a la población en general", pero especialmente "a los usuarios del transporte público y peatones", ya que "la Administración se preocupa más" por los coches.
ALICANTE "Lo han levantado todo a la vez"
Los vecinos de Alicante encaran normalmente con estoicismo las obras públicas que afloran casi en cada esquina. Sin embargo, tres actuaciones de envergadura en puntos neurálgicos empiezan a colmar el ancho vaso de su paciencia. En las últimas semanas, peatones y conductores tienen que extremar la atención cuando circulan por las inmediaciones del puerto, el acceso norte o la céntrica avenida de la Estación, si no quieren quedar atrapados en una de las múltiples zanjas abiertas.
La conexión ciudad-puerto está patas arriba por las obras de la Volvo Ocean Race. La hasta hace unos meses tranquila entrada norte del puerto es ahora un mapa de boquetes, zonas valladas y obreros que trabajan a toda máquina. El puerto, que se prepara para acoger la salida de la vuelta al mundo de vela en octubre, construye un paseo de 500 metros sobre el espaldón del dique de Levante, remodela el acceso norte, la antigua estación de Orán y edifica el Village. Las obras, con 12 millones de presupuesto, deberán estar terminadas entre julio y septiembre. Los que las sufren son, principalmente, los centenares de bañistas de la playa de El Postiguet, así como los clientes de dos hoteles. "Entrar ha sido apoteósico", comentaba esta semana una joven que quedó a comer en uno de los restaurantes del puerto. Un poco desorientada, la joven se mostraba molesta con la agresividad de la obra: "Fatal, porque lo han levantado todo a la vez". "Se ha complicado bastante la circulación por la zona", añade resignado un taxista.
La entrada norte por la avenida de Dénia es ahora una interminable trinchera en la que los conductores acumulan retrasos de 20 minutos. La obra es de envergadura. El acceso a Alicante desde poblaciones del área metropolitana tan populosas como Sant Joan d'Alacant, Mutxamel o El Campello vive una fuerte transformación en el tramo que discurre entre La Goteta y la A-70. Más de 3,5 kilómetros que se amplían a tres carriles por sentido en unos tramos y a cuatro en otros, y en los que se construirán cuatro pasos inferiores, según la Consejería de Infraestructuras.
Los conductores se arman de paciencia para cubrir apenas tres kilómetros de carretera por dos angostos carriles en cada sentido. "Esto es un desastre. Para recorrer apenas 300 metros, cada mañana invierto 20 minutos", asegura Alfonso, un trabajador autónomo. "Está bien señalizado, pero el problema es que hay mucho tráfico", añade. "Muy mal. El cliente se desespera porque parece que no vamos a llegar nunca, y eso que yo soy un profesional", asevera Vicente López, un veterano taxista. "Y no sólo es este punto, si no que a estos atascos hay que sumarles los habituales de cada día", explica. María Jesús, jubilada de la zona, encara el problema con resignación y habilidad: "Procuro salir en coche cuando veo que el tráfico está más despejado, así sufro menos".
Y la tercera gran obra que agota la paciencia en Alicante es la ampliación del tranvía. Son tres los puntos calientes: la avenida de la Estación, en el centro, el ramal que discurre entre el centro y la Universidad de Alicante, en Sant Vicent del Raspeig, y la prolongación entre la plaza del Mar y la avenida de las Naciones.
Dentro de la ciudad el más visible es el de la avenida de la Estación (desde Renfe hasta la plaza de los Luceros), donde se construyen la ampliación de la red subterránea de tranvía y un aparcamiento de tres niveles para 450 vehículos. Los comerciantes son los principales paganos de la obra. En marzo denunciaron que la eliminación de parte de las aceras impide el acceso de clientes y supone recortes en los ingresos de hasta el 50%. Las zanjas se abrieron en diciembre de 2007 y arrancan de la futura estación tranviaria de Luceros hasta la avenida de Salamanca. Y aunque está previsto que un tramo de la avenida retome la normalidad antes de las fiestas de hogueras, las obras al aire libre durarán un año. Después, hasta completar los 18 meses previstos de ejecución, seguirán en subterráneo.
VALENCIA "El reino de los agujeros"
"A ver... Una, dos, y ahora la tercera". Son las veces que Francisco Ródenas y José Jaime March han visto abrirse la acera o la calle de Lluís de Sant Àngel desde el pasado septiembre. A las puertas de su taller mecánico se han instalado ahora las vallas y máquinas para el segundo tramo de la nueva línea de metro T-2, que conectará en 7,5 kilómetros el centro y sureste de Valencia. La obra pública de mayor incidencia en el tránsito de la ciudad ha obligado desde agosto a crear por etapas nuevos itinerarios para miles de vehículos y autobuses urbanos en el área de Russafa, la avenida de Germanías, General Urrutia y estos días en Peris y Valero. Las zanjas se suceden para desviar servicios y colectores, y luego excavar el futuro túnel de la línea.
Rodeados de polvo, los peatones se ven obligados a no perder de vista el laberinto de pasos entre máquinas y obreros, mientras los coches se atascan en muchas calles. En agosto, el taller de Francisco y José Jaime tendrá que cerrar 15 días "por huevos" para que se construya el túnel de la T-2 en su calle. Eso impedirá a los clientes entrar en el taller y mermará sus ingresos. Ya han notado la bajada del negocio por las sucesivas aperturas de la vía. "Si de ésta nos salvamos, que venga lo que quieran", comenta José Jaime. No muy lejos, en Doctor Sumsi, María Luisa Serrano recoge de la guardería a su niño de tres años. Se topó con la obra una mañana, de pronto. "Yo no uso el metro, pero hay que ser solidario. Eso sí, el ruido no es bueno para los niños", grita esta mujer para hacerse oír en medio el ensordecedor estruendo de un martillo hidráulico.
Este verano, la Consejería de Infraestructuras espera reabrir al tráfico General Urrutia y comenzar las obras en Antic Regne de València. Una complicada planificación que implica a la consejería y al Ayuntamiento, que han celebrado reuniones con vecinos para explicar los desvíos "e intentar cubrir las necesidades de aparcamiento", indican desde la Concejalía de Circulación. Ha habido encuentros en Russafa y también en Montolivet, donde la asociación de vecinos considera que "se informó a tiempo" del laberinto de obras, según su presidenta, Amparo García. "Es molesto, pero se aguanta. Han estado trabajando hasta la una de la madrugada para adelantar la obra", añade.
En pleno centro histórico, en el entorno de las calles de Bosseria y Quart también están desde el verano pasado envueltos en polvo por la renovación de la vía, calzada y la red de saneamiento que acomete Infraestructuras. Julia Martínez, siempre con el móvil a mano para avisar de nuevas obras a los miembros de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, afirma que hay "fluidez" con la Administración, pero se queja de que las empresas de servicios reciben permisos para obras que no se advierten a los afectados y les dejan horas sin luz o agua. "Eso causa un perjuicio, hay que avisar con antelación", apunta Martínez. En el centro están a la espera de otro corte, en la calle de Calabazas, donde la semana próxima comienzan los trabajos de la estación de Mercat de la T-2.
A estas obras se suman varios aparcamientos en construcción en distintas zonas que obligan a cortes de calles, y se avecinan los que serán necesarios para las obras del AVE en Sant Marcel.lí y Camí Reial. "Tanto que se habla de Madrid... Ahora mismo parece que Valencia es el reino de los agujeros", ironiza Carmina Castelló, de la federación vecinal. "El objetivo es conocer de antemano los cambios, pero no siempre avisan", afirma.
"Son obras molestas, pero hay que tener paciencia. Lo que pasa es que hay mucho coche circulando", opina Juan García, taxista, en la avenida de Cataluña, inmersa en otra de las obras de envergadura en Valencia. En esa zona junto a las universidades, de gran volumen de tráfico, el Ministerio de Fomento aborda la última fase de obra para eliminar el scalextric, construir un túnel y desviar el tranvía. De momento, dos policías locales se dejan los pulmones en el silbato para mover el tráfico. ¿Mucho conductor cabreado? "Siempre".
CASTELLÓN Quebraderos de cabeza por el trolebús
En Castellón, las obras del trolebús, oficialmente el TVRCAS, han sido las que más conflictos de circulación han causado ya que el trazado atraviesa la ciudad por el centro. Actualmente, las vías que habían permanecido cortadas ya se han abierto, pero se han reducido porque el trolebús viaja por una plataforma reservada. El trolebús traerá nuevos quebraderos de cabeza a los conductores en el momento en el que se inicien las obras del camino de vuelta, ya que llega hasta el centro por un trazado y vuelve hasta la universidad, ubicada en el oeste y desde donde parte. Uno de los problemas que habrá de solventar entonces el Ayuntamiento, será el de salvar la entrada a dos de los aparcamientos subterráneos más utilizados. En las vías de acceso a la ciudad, los conductores se siguen encontrando con una inacabada ronda norte que obliga a que todo el tráfico que entra y sale de Castellón por el norte se colapse en la avenida de Benicàssim.
* Esta información ha sido elaborada por Rosa Biot, Santiago Navarro, María Fabra y Sara Velert.
* ELPAIS.com - Valencia - 05/05/2008
Foto: Valencia, obras circuito F1 - carles francesc (El País)
Baleares: Políticos en el banquillo
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DIARIODEMALLORCA* : Desarrollan su trabajo en el Parlament, en el Consell, al frente de un consistorio o en alguna otra institución pública o, simplemente, están alejados de la política pero fueron imputados durante su trabajo en la cosa pública. Más de cincuenta políticos o ex políticos se encuentran inmersos en procesos judiciales, alguno de los cuales se inició con la vista puesta en altos cargos que finalmente fueron exonerados por la justicia, que acabó acusando a meros funcionarios o empleados públicos de menor nivel.
Estos son los casos en los que están implicados, de una u otra forma, políticos de Balears y cuyas primeras vistas comienzan en breve. La más inmediata, la que abre la serie del caso Andratx, arranca mañana.
CASO ANDRATX
La fiscalía anticorrupción, en estrecha colaboración con la Agencia Tributaria, puso en marcha el 27 de noviembre de 2006 una gran operación contra la corrupción urbanística en Andratx. Ese mismo día, dos políticos del PP fueron detenidos: el entonces alcalde del municipio de Ponent, Eugenio Hidalgo, y Jaume Massot, que ostentaba el cargo de director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas.
Uno de los principales artífices de esta trama de corrupción urbanística, el celador municipal Jaime Gibert, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía para declararse culpable, lo que ha dado un espectacular giro a la instrucción de un complejo sumario en el que hay abiertas hasta setenta piezas separadas. El ex empleado municipal podría ser acusado de varios delitos de falsedad documental y de cooperador necesario en delitos de prevaricación urbanística.
La asunción de culpas de Gibert contrasta con la actitud de los dos políticos implicados, que siempre han negado todos los cargos presentados contra ellos. La primera consecuencia de este pacto Gibert-fiscalía se podrá ver mañana en la sección segunda de la Audiencia de Palma, donde tendrán lugar el primer juicio por una pieza separada del caso Andratx. Se juzga la construcción de una vivienda unifamiliar del ex primer edil en un área de especial protección. Hidalgo y Massot están imputados por falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio.
CASO PTM
Uno de los casos de corrupción más sonados destapados últimamente es el del Plan Territorial de Mallorca (PTM). El magistrado Miquel Florit, por el momento, ha citado en calidad de imputados a Bartomeu Vicens, diputado y portavoz de UM en el Parlament, y a Jaume Font, conseller y portavoz popular en el Consell de Mallorca. Junto a ellos, dos notorios promotores inmobiliarios, Vicenç Grande y Mateo Sastre. El presunto delito: el uso de información privilegiada sobre futuras recalificaciones de fincas rústicas a urbanizables, un proceso que materializó el Plan Territorial de Mallorca a través de las Áreas de Reconversión Territorial (ART). Los canjes urbanísticos de diferentes terrenos contemplados en el PTM habrían generado unos pelotazos estimados inicialmente en más de 300 millones de euros. Florit tomará declaración a Vicens, que en la época de autos, los años 2003-2004, era conseller de Territori, el lunes 12 de mayo. Font pasará por los juzgados el viernes 23.
CASO SON OMS
La fiscalía también está investigando quién se quedó con un 15% de los solares que se recalificaron de rústicos a urbanizables industriales en el polígono de Son Oms. El promotor Ángel Ochando denunció que dos dirigentes de UM, Bartomeu Vicens y Maximilià Morales, le habían exigido la cesión de un 15% de sus parcelas en caso de que la zona se recalificase. Morales, ex presidente del Parlament, y Vicens desvincularon sus actuaciones en Son Oms de sus responsabilidades políticas y alegaron que su intervención se ciño a su actividad privada.
CASO CAN DOMENGE
El empresario catalán Josep Lluís Núñez se ha querellado contra todos los consellers del PP y de UM en el Consell de Mallorca durante la pasada legislatura que votaron a favor de la adjudicación de los terrenos de Can Domenge por un valor que considera inferior al precio del mercado. Núñez acusa a los querellados de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales. Los políticos de UM implicados son Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Dolça Mulet. Los del PP: Fernando Rubio, María Binimelis, Rafel Bosch, Bartomeu Vallori, Eduardo Puche, Carme Feliu, Joan Font, Antoni Coll, Miquel Munar, Gaspar Oliver, Miquel Canàves, Catalina Sureda, Andreu Obrador, Carlos Luis Veramendi, Miquel Amengual y Francesc Cañelles. El juzgado número 12 de Palma sigue investigando el asunto, sobre el que han encargado dictámenes tanto el Consell como el Colegio de Arquitectos.
CASO AYUDAS
La presunta trama de corrupción en torno a las subvenciones públicas otorgadas en la anterior legislatura por el Consell de Mallorca a varias entidades afines a UM recibió el sobrenombre de Caso Ayudas. Pese a que la denuncia inicial incluía a más políticos, entre ellos la entonces presidenta Munar, en el sumario sólo figuraban como imputados Dolça Mulet, vicepresidenta entonces del Consell y hoy en día consellera ejecutiva de Esports y Promoció Social de la institución insular, y Joan Josep Mas, ex director insular de Patrimonio Histórico-Artístico. No obstante, el 9 de abril el juez Pedro Barceló exoneró a ambos políticos tras archivar parcialmente el sumario al no ver indicios delictivos en la concesión de los fondos públicos. Sin embargo, la resolución dejó abierto el caso para 11 de los responsables de las entidades beneficiadas por presunto desvío de las ayudas a fines nos subvencionados y falsedades. Anticorrupción estudia recurrir el archivo y el PP, como acusación particular, ya ha anunciado su recurso.
CASO DE SANTOS
Uno de los casos más mediáticos por la truculencia de los hechos ha sido el protagonizado por el ex teniente de alcalde de Urbanismo de Palma, Javier Rodrigo de Santos, investigado por una presunta malversación de fondos públicos usando abusivamente una tarjeta de crédito municipal para pagar servicios en clubs de alterne homosexuales. Pese a haberse gastado una cantidad superior a los 50.000 euros usando la visa de la EMOP, como el propio imputado ha admitido al devolver esta cantidad, la jueza que instruye la querella formulada por la fiscalía anticorrupción accedió a adelantar la comparecencia del ex alto cargo público que gestionaba el urbanismo de Ciutat para evitarle el "acoso" de los medios de comunicación. Bronceado y con buen aspecto, el ex edil compareció ante la magistrada Ana San José durante apenas 5 minutos, tras lo cual quedó en libertad para regresar a Madrid, donde sigue un tratamiento por su adicción al sexo y a las drogas que, según alegó ante la jueza, no le permiten explicarse.
CASO CASTILLO INFANTIL
El anterior no es el único caso en el que está implicado De Santos. La fiscalía también investiga una presunta prevaricación y otros delitos por el contrato verbal con el que el ex responsable de urbanismo adjudicó a la empresa sueca Hags la construcción del castillo infantil que imita al de Bellver para el Parc de sa Riera. En las diligencias de la fiscalía figuraba también como imputada Gloria Penalva, ex gerente de la EMOP y mano derecha de De Santos. La empresa Hags reclama al Ayuntamiento 1,4 millones de euros, trescientos mil más de lo presupuestado.
CASO BITEL II
Un nuevo escándalo sacudió al PP a finales del pasado mes de abril. Damià Vidal, hombre de confianza del ex president Matas y colocado por éste al frente de la empresa Bitel, es detenido por una presunta malversación de 700.000 euros. Damià Vidal, junto a otras 5 personas, está acusado de los delitos de malversación de caudales, cohecho, defraudación y falsedad en documento mercantil. Anticorrupción postula que Vidal supuestamente urdió con los otros encausados un entramado societario para vaciar las arcas de Bitel. Lo último: los actuales gestores de Bitel han descubierto un segundo descuadre de 440.000 euros que Vidal habría autorizado para aumentar la seguridad de la empresa y de cuyo destino real apenas hay justificación.
CASO MAPAU
De la docena de personas que llegaron a estar imputadas en el sumario del caso Mapau, la presunta trama para la captación ilícita de votos de emigrados a Argentina y Uruguay en favor del PP en las autonómicas de 1999, la jueza instructora ha dictado un auto de "procesamiento" (pase a procedimiento abreviado) contra tres funcionarios del Govern a los que se acusa de falsedad documental y prevaricación continuada por la contratación irregular por el Institut Balear de Desenvolupament Industrial de Maria de la Pau Segura, supuesta agente electoral del entramado. Los tres procesados son Rosa Grijalba, Angel Gallego y Joan Fortuny, que formaron parte de la mesa de contratación convocada para cubrir una plaza de traductor.
CASO GARCÍAS-ESTARÀS
El diputado socialista en el Congreso Antoni Garcías se ha querellado contra la presidenta del PP, Rosa Estaràs, por un delito de calumnias tras haberle acusado ésta de malversación de fondos con unos billetes de un viaje oficial a Cuba durante su etapa de conseller. El juzgado de instrucción 7 lleva las diligencias y ya citó a declarar como imputada a Estaràs el pasado día 10 de abril. Su abogado defensor, Rafael Perera, ha pedido el sobreseimiento de las diligencias al considerar que el asunto no tiene ninguna relevancia penal, ya que, en su opinión, se trata de un asunto limitado al ámbito parlamentario. El juez Antoni Garcías, de mismo nombre que el querellante, habrá de decidirse por esta opción o elevar una consulta al TSJB para imputar a la diputada del PP.
CASO NÁJERA
La sección primera de la Audiencia ha ordenado la reapertura de la última de las causas abiertas contra la ex alcaldesa de Calvià Margarita Nájera, referida a la presunta venta a bajo precio por parte del entonces recaudador municipal del municipio, Jaime Riera, de un solar urbanizable a Manuel Barajas,ex marido de la actual consellera de Trabajo. Según afirma el denunciante, el primer edil calvianer Carlos Delgado, Nájera habría mejorado el contrato del recaudador municipal para conseguir este trato de favor hacia su ex marido.
CASO CABALLISTAS
La implicación de la alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler, entre la decena de alcaldes, ex alcaldes y funcionarios implicados en la trama de presuntas certificaciones falsas por las que el ex alcalde de ses Salines, Sebastià Vidal, legalizó su vivienda de na Fonda como un club hípico, ha obligado al TSJB a instruir el caso dada la condición de diputada, y por tanto de aforada, de la primera edil felanitxera.
Será el magistrado Antoni Monserrat quien llevará el caso en el que el anterior magistrado Antoni Rotger, que se inhibió a favor del primero, imputaba un presunto delito de falsedad documental, penado con seis años de privación de libertad y otros tantos de inhabilitación para ejercer cargo público, a la alcaldesa de Felanitx, al alcalde de Santanyí, Miquel Vidal; al alcalde de Selva, Joan Rotger; al de Montuïri, Gabriel Matas; al ex alcalde de Santa Margalida, Antoni del Olmo; al ex primer edil de Lloret, Joan Jaume Ramis; al ex alcalde de sa Pobla, Antoni Serra. y al teniente de alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet. En Inca, las certificaciones fueron firmadas por el edil Joan Rubert, para el que se pide la misma pena que a los anteriores.
El ex alcalde de Campos y actual conseller del PP, Andreu Prohens, se enfrenta a dos años de suspensión al ser acusado de presunta falsedad en connivencia con el secretario Sebastià Portell. El presunto causante de este aluvión de certificaciones falsas, el ex alcalde saliner Sebastià Vidal, afrontará una petición de 66 años de privación de libertad y una multa de 800.000 euros.
CASOS DE STELLA MATUTES
La hija del ex ministro de Exteriores Abel Matutes, Stella, tiene abiertos dos pleitos judiciales en la pitiusa mayor por sendas denuncias interpuesta por el GEN, el equivalente ibicenco al GOB mallorquín. En la anterior legislatura, cuando era consellera de Carreteras y Obras del Consell de Eivissa, votó a favor de un Plan Territorial insular que presuntamente permitía la edificabilidad en unos terrenos propiedad de unas empresas en las que la consellera tendría participación. Además de para Stella Matutes, el fiscal ha pedido la imputación por esta presunta recalificación de terrenos de Joan Marí Tur, en el momento de la denuncia conseller de Patrimonio de la institución insular y vicepresidente del Parlament, de su hermano Antoni Marí Tur, ex diputado del Parlament, y José Sala, entonces y ahora alcalde de Sant Antoni.
El otro frente judicial que tiene Stella Matutes, con diligencias penales abiertas por varios delitos pero aún no imputada, es por el presunto vertido de tierras procedentes de las obras de las autovías de Eivissa en unos terrenos de su propiedad que servirían de base para la formación de un campo de golf. Matutes anunció la pasada semana su retirada de la política para dedicarse a la actividad privada.
CASO IBIZA CENTRO
En el caso de las presuntas comisiones en la construcción de un centro comercial en Eivissa figura como imputado José Marí Ribas, en la actualidad alcalde de Sant Josep y en el momento de la denuncia formulada por Roque López, ex secretario general de la Federación Socialista Pitiusa, gerente de la empresa pública que acometía las obras del centro comercial. También está imputado el ex teniente de alcalde de Eivissa, Pedro Campillo. López pidió la imputación del actual presidente del Consell insular, Xicu Tarrés, y el secretario de organización, Miquel Mestre, petición que finalmente no prosperó.
CASO LICENCIAS
La alcaldesa de Felanitx está imputada por presuntamente "retener irregularmente" la entrada en vigor de una norma urbanística restrictiva que habría permitido la concesión de treinta licencias para unas 140 viviendas en bloques plurifamiliares. Catalina Soler, en su declaración del pasado 3 de diciembre, atribuyó el retraso de la norma al Consell de Mallorca.
CASO RABASCO
La primera semana de julio se celebrará el juicio contra el alcalde de Llucmajor, Lluc Tomàs, y el ex edil de ASI, Joaquín Rabasco, por varios delitos con presunto fraude de fondos públicos ya que la acusación postula que, entre 1999 y 2002, Tomàs permitió y auspició el desvío de casi 950.000 euros de las arcas municipales a empresas ligadas al ex regidor.
CASO RENT A CAR
La presunta trama de evasión fiscal a través de un entramado de sociedades en los sectores de coches de alquiler y empresas náuticas que señalaban como imputado al alcalde de Montuïri, Gabriel Matas, ha quedado al albur tras emitir Hacienda un informe que consideraba que las presuntas prácticas irregulares no constituían delito. No obstante, el caso continúa abierto.
CASO VARADERO
La empresa Boat Yard Palma (BYP) acusa al ex presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Verger, de irregularidades en la concesión de varadero del puerto de Ciutat. BYP achaca a Verger los presuntos delitos de fraude a la Administración y negociaciones prohibidas a los funcionarios al haber adjudicado la concesión a una UTE en la que participaba un ex socio suyo, Juan Antonio Riutord. Verger sostuvo en su declaración ante el juez el pasado mes de septiembre que la decisión de la adjudicación fue tomada por todo el consejo de administración de manera colegiada y que, por tanto, nunca fue decisivo para la resolución final.
* Diario de Mallorca - I.OLAIZOLA. PALMA - 04 de mayo de 2008
Foto: Felanitx (Mallorca) - hotels.com
Tan cercanos, tan distantes
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ELPAÍS/Vitoria* : Los proyectos de levantar sendos campos de golf con urbanizaciones anejas en Laguardia y Labastida sólo coinciden en su interés especulativo. Distan apenas 20 kilómetros, viven amparadas por la sierra de Toloño (conocida en la Rioja Alavesa más como de Cantabria), presumen de un interesante patrimonio monumental y de sus viñas salen algunos de los mejores vinos del mundo.
Sin embargo, Labastida y Laguardia, tan cerca en principio, suponen dos mundos muy distintos, como muestra el proceso que han vivido con sus respectivos proyectos urbanísticos planeados alrededor de sendos campos de golf.
En ambos casos el punto de partida es el mismo: el Plan Territorial Parcial que impulsó la Diputación alavesa cuando la gobernaba el PP y refrendó el 28 de diciembre de 2004 la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, dirigida entonces por Sabin Intxaurraga, de EA. Aquel día de los Santos Inocentes se avalaba la intervención en una de las zonas privilegiadas de Euskadi, de Labastida a Oyón, que ha llevado a numerosos procesos especulativos, con su primera expresión en los dos polémicos campos de golf.
Impulsados por ayuntamientos que el PP gobernaba con mayoría absoluta, cada uno ha mantenido una evolución propia. Sólo coinciden en su intención especulativa. La dimensión de los complejos que deberían acompañar al proyecto deportivo, desproporcionada a juicio de los vecinos, le costó la alcaldía a los populares en ambas localidades en las últimas municipales.
En Laguardia se iba a crear todo un nuevo núcleo urbano (con 500 viviendas en principio, aunque la última propuesta la bajaba a 100) en las faldas de la sierra, aislado de la villa. La urbanización se situaba en un paraje muy cercano al biotopo protegido de las lagunas de Laguardia. En Labastida, la propuesta se dispone en una lengua de terreno que asciende al parque de San Ginés, un millón de metros cuadrados que incluyen terrenos municipales. Si en Laguardia la promotora era privada, en Labastida, cuenta con participación municipal.
La evolución de ambos proyectos también ha sido dispar. En Laguardia, el caso ha llegado a los tribunales. Bajo secreto de sumario se encuentra la investigación del intento de soborno al único edil de EA, Gregorio López Gonzalo, a quien un promotor ofreció 90.000 euros por cambiar su voto para que saliese adelante el proyecto impulsado por el PP (cuatro ediles), frente a la negativa del PNV, ahora en la alcaldía (otros cuatro). El PNV de Laguardia siempre ha visto con recelo el proyecto y se ha opuesto, aunque tibiamente. El presidente de la ejecutiva alavesa del PNV, Iñaki Gerenabarrena, recuerda que su formación "siempre ha estado en contra de la creación de nuevos núcleos urbanos".
Ésa es una de las claves de la postura peneuvista en Labastida. Como en esta localidad la propuesta suponía prolongar el pueblo, en principio sus concejales no se opusieron, pero las denuncias de la asociación Torrolate han comenzado a calar en las bases de la organización. El anterior alcalde, Ignacio Gil, del PP, respalda el proyecto y los dos ediles del PNV le apoyan sin fisuras, lo que ha llevado a una crisis en esta formación. Primero, dimitió uno de ellos, Fernando Eguiluz (sustituido por Karmele Petralanda). Al final, tras el enfrentamiento del sector encabezado por el otro edil, Iosu Landa con otros militantes, el Tribunal Nacional del partido ha terminado por disolver la organización municipal de Labastida. La fiscalía también investiga los terrenos donde se va a levantar la urbanización y el golf.
Lo que dice el Plan Territorial
El Plan Territorial Parcial de Rioja Alavesa, el documento que ordena todo su crecimiento urbanístico, propone construir tres equipamientos deportivos en Labastida, Laguardia y Oyón. El plan señala que debe prevalecer la práctica del deporte sobre otros usos residenciales u hosteleros asociados. Además, no podrán construirse en áreas de especial protección o en detrimento del viñedo. Y, por supuesto, deberán ser autosuficientes, sobre todo en su abastecimiento de agua. El proyecto que impulsa la promotora Golf & Wine en Labastida no cumple muchos de estos requisitos, como tampoco lo hacía el complejo previsto en Laguardia. Sin embargo, los anteriores alcaldes de ambas villas los impulsaron sin titubeos.
El caso de Laguardia está bajo investigación judicial por un supuesto intento de soborno. En Labastida, la asociación Torrolate ha denunciado que el ex alcalde popular Ignacio Gil, principal impulsor del proyecto, tiene propiedades, en concreto su bodega, en el espacio donde se proyecta la urbanización de 750 viviendas.
Ignacio Gil ha precisado que sus terrenos se encuentran fuera del espacio previsto para el proyecto, aunque reconoce que serán recalificados. En cuanto a Iosu Landa, principal defensor del proyecto en el seno del PNV, trabaja como apoderado de la empresa riojana Terrenos, Unidades de Ejecución y Promociones, con sede en Haro, dedicada a la compraventa de fincas y al asesoramiento en operación de transacción inmobiliaria.
Marcados por la polémica
Labastida (1.475 habitantes)
- Proyecto: Campo de golf con una urbanización de 750 viviendas.
- Ubicación: Al norte del pueblo, en una lengua de terreno que parte de la periferia del núcleo urbano para llegar hasta el parque de San Ginés.
- Estado actual: La Comisión de Ordenación y Urbanización del Territorio, en la que participan el Gobierno y Eudel, ha rechazado el proyecto en su redacción actual. El ex alcalde Ignacio Gil (PP) estima que son correcciones mínimas. El actual primer edil, Higinio Arinas (EB), cree que las exigencias impiden que siga adelante el campo. La fiscalía investiga los terrenos.
Laguardia (1.484 vecinos)
- Proyecto: Dos campos de golf con una urbanización de 500 viviendas, que se desinfló hasta quedarse en un campo de golf y 100 viviendas.
- Ubicación:Al norte del pueblo, entre la sierra de Cantabria y el biotopo protegido de las lagunas.
- Estado actual: Se ha abandonado el proyecto tras descubrirse el intento de soborno al único concejal de EA para que cambiase el sentido de su voto. El caso está bajo secreto de sumario. Los terrenos se volverán a calificar como rústicos, tras el apoyo de 48 de los 50 propietarios. Uno de los que se oponen es el anterior alcalde, Javier San Pedro (PP).
* ELPAIS.com - TXEMA G. CRESPO - Vitoria - 05/05/2008
Foto: Labastida (Álava), ayuntamiento - Eduardo Dulce (picasaweb.google.com)
Guía práctica para especuladores en diez cómodos pasos
OLIVEPRESS* : "Cómo comprar todo un pueblo en Andalucía". Imagínense a ustedes mismos como un grupo de inversores con el sano deseo de embolsarse unos mil millones de euros en el menor tiempo posible. Tienen ustedes la maravillosa idea de construir campos de golf, cientos de chalets de lujo, hoteles de cinco estrellas, etc. Ya se han comprado la finca donde piensan desarrollar su proyecto: una propiedad cercana a lo que ustedes consideran un pueblo de catetos en el corazón de Andalucía. Saben perfectamente que si se atienen a la estricta legislación medioambiental, no hay manera de que puedan embolsarse la millonada que sueñan. Saben que no hay suficiente agua para regar los campos de golf y que arriesgan contaminar el acuífero subyacente. Bueno ¿y qué? No vamos a preocuparnos por minucias. Hay que trincar la pasta cuanto antes y largarse.
¿Cómo hay que proceder?
Bueno, pues hay que comprar la ciudad en cuyo municipio se van a realizar nuestros planes. ¿Cómo? He aquí una guía clara y precisa en diez cómodos pasos que les ayudarán a que su maravilloso sueño se haga realidad.
1º. COMPRE A LOS POLÍTICOS
Es necesario comprar a los políticos locales. No se olvide de ninguno de los partidos principales, sea de derechas, de izquierdas o de centro. Consiga que se posicionen a su lado. Llévelos de copas e invítelos a comer tan a menudo como se lo permitan sus estómagos. Asegúrese de que ganan las próximas elecciones locales. ¿Cómo? Corran con los gastos de sus campañas electorales. Anuncie repetidamente su fabuloso proyecto en sus periódicos gratuitos (panfletos, más bien). ¿Y si el partido que ostenta el poder municipal no es muy proclive a sus proyectos? Pues organice un golpe de mano democrático en el ayuntamiento y que los partidos afines a sus ideas se hagan con el gobierno municipal.
Consiga que los políticos de ámbito regional y nacional sean comprensivos con sus planes. ¿Que uno de ellos podría trabajar de arquitecto en su proyecto? ¡Estupendo, dele el puesto! ¿Que el hermano de un ex ministro está dispuesto a encabezar su promotora? Pues miel sobre hojuelas.
2º. COMPRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES
No querrá usted que algún protestón, con la excusa de proteger el entorno natural, haga declaraciones en contra de su proyecto en la radio, televisión o prensa local. ¿Qué hacer? Simple. Bombardee los medios con publicidad de su maravilloso proyecto. Consiga que algún profe mercenario, auto-nombrado catedrático, jure y perjure en los medios las bondades de su proyecto.
3º. COMPRE LA ASOCIACIÓN LOCAL DE EMPRESARIOS
Por supuesto, los empresarios locales deben apoyar sus planes incondicionalmente. Y, si al presidente, propietario de una importante empresa constructora local, le encantaría pillar algún trabajillo de su proyecto... ¡maravilloso! Ni se preocupará en buscar acuerdo general entre todos los socios de la asociación. En cambio, se encargará de recoger firmas a favor de sus planes y las entregará al mismísimo defensor del pueblo. Y, con suerte, puede que hasta se encargue de organizar una manifestación de apoyo a su proyecto.
4º. COMPRE LOS CLUBS Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS
Regáleles camisetas con su logotipo para los entrenamientos y competiciones. Los directivos de estos clubs se encargarán de obligar a sus socios a llevar puestas sus equipaciones, les gusten o no.
5º. COMPRE LA ASOCIACIÓN LOCAL DE VITICULTORES
¡Vaya, está usted de suerte! Así que ha conocido a un ambicioso arquitecto local dispuesto a aceptar un importante puesto en su proyecto y, además, resulta que es el presidente de la asociación local de viticultores. ¡Fantástico! Ya se encargará él de convencer a los otros socios para que respalden su proyecto.
6º. COMPRE LA ASOCIACIÓN LOCAL DE MINUSVÁLIDOS
Este paso es bien fácil. Suelte 20.000 euros (que para usted no supone mucho), y compre a los pobres minusválidos un microbús de segunda mano. Seguro que alguno de ellos se lo agradecerá encabezando una manifestación a su favor.
7º. COMPRE AL CLERO LOCAL
Quizá se acuerde usted del pasaje evangélico en que Jesús expulsa a los mercaderes del templo, y supone que ni el mismísimo diablo le dejaría colgar sus banderolas publicitarias en la iglesia del pueblo. La cosa está difícil pero... ¿no tiene el párroco un pariente ambicioso con intereses en su proyecto? ¡Tío, qué suerte! ¡Cuelga los pendones bien alto del santuario! ¡Más cerca está del cielo!
8º. COMPRE A LA GUARDIA CIVIL
Éste sí que es bueno. Pensará usted que las fuerzas del orden están ahí para proteger a los ciudadanos de manera absolutamente imparcial. Pero, por otro lado, usted sabe que va a necesitar un buen equipo de agentes de seguridad que defiendan su propiedad de los intrusos.
¿Por qué no contrata al pariente de un jefe local de la guardia civil? Seguro que se encarga de denunciar a sus oponentes agitadores y follonistas. Simplemente déle los detalles de aquellos que le están dando la lata más de la cuenta.
9º. YA PUESTOS, INTENTE COMPRAR A TODO EL PUEBLO
Como en cualquier parte, los jóvenes del pueblo y sus padres necesitan trabajo y diversión. Y usted va a necesitar todo un regimiento de picapleitos que denuncien a sus oponentes, va a tener que echar mano de agentes inmobiliarios, periodistas, presidentes de asociaciones vecinales, etc. Invítelos a francachelas y cuchipandas. Regale entradas para los toros, organice conciertos populares gratuitos. El pueblo entero terminará creyendo que su proyecto es lo mejor que le podría haber sucedido.
10º. Y, POR ÚLTIMO, ¿POR QUÉ NO COMPRAR TAMBIÉN A LOS QUE SE OPONEN?
Ha llegado ya al punto en que sólo le queda anular a esos listillos que han tenido la desfachatez de oponerse a su proyecto considerándolo un gravísimo atentado para el futuro del pueblo y de su medio ambiente.
Bien, primero intente comprarlos. ¿Que se resisten? Eche mano de todos los mercenarios que ya se han dejado comprar para amenazarlos e intimidarlos. Si todavía no funciona, bombardéelos con denuncias y querellas apañadas. Verá como encuentra suficientes sinvergüenzas dispuestos a ayudarle.
N.B. Unas palabras de advertencia. Si, a pesar de todo, aquellos ciudadanos insobornables que se oponen a sus proyectos deciden continuar la lucha, terminarán derrotándole. La ley y la justicia están del lado de ellos. Quizás pueda usted comprar algún juez, pero no puede comprar a todos.
* http://www.theolivepress.es/
* JRMora, Humor Gráfico - 28 April 2008
Andratx: La Audiencia de Palma juzgará al ex alcalde Eugenio Hidalgo y a tres acusados más
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DIARIODEMALLORCA* : El 'Caso Andratx', la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca, sentará mañana, lunes, en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma al ex alcalde de esa localidad mallorquina Eugenio Hidalgo, y a tres de sus presuntos colaboradores.
Hidalgo, ex director general de Ordenación del Territorio Jaime Massot, el ex celador municipal Jaime Gibert y el ex abogado del Ayuntamiento de Calviá Ignaci Mir, comparecerán ante el tribunal para responder por la supuesta comisión de los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.
La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos entre 2 y 9 años de cárcel y elevadas indemnizaciones por la construcción de un vivienda unifamiliar, propiedad de Hidalgo, en una caseta de herramientas y aperos situada en una zona protegida de Andratx (Área Rústica de Interés Paisajístico).
El ex alcalde, "pese a la imposibilidad legal procedió en fecha 14 de febrero de 2003 a solicitar de Ayuntamiento una licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola inexistente", según el escrito de acusación del Ministerio Público.
Los demás acusados colaboraron, de alguna manera u otra, para permitir "la construcción de una vivienda unifamiliar, de 3.035 metros cuadrados, prohibida por disposición legal", añade la Fiscalía Anticorrupción.
Una de las incógnitas del juicio que se celebrará en la Audiencia de Palma es la actitud que adoptará el ex celador municipal Jaime Gibert, quien el pasado mes de febrero alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público para auto inculparse a cambio de penas de cárcel más benévolas.
Gibert se ha comprometido a decir "toda la verdad" durante el proceso judicial, a pesar de que algunos abogados del resto de imputados han cuestionado la validez de una confesión realizada tras un pacto de conveniencia por "su nulo valor jurídico y moral", han subrayado.
Éste el primer juicio de la causa abierta el 27 de noviembre de 2006, y que tras una compleja instrucción en el Juzgado número 12 de Palma ha sido dividida en 70 piezas, algunas de ellas, todavía, secretas.
Desde que se puso en marcha la denominada 'operación Voramar', en la que intervinieron la Guardia Civil, inspectores de Hacienda, Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, la instrucción se ha centrado en la investigación de diversos delitos contra la ordenación del territorio.
En un año de instrucción, han prestado declaración en calidad de imputados y testigos más de 250 personas, y cuando estalló el caso, Hidalgo, Gibert, y también el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern Jaume Massot, fueron acusados de los siguientes supuestos delitos: negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, falsedades documentales, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Hidalgo y Gibert han ingresado en dos ocasiones en la cárcel de Palma, en la que permanecieron más de 40 días, mientras que Massot fue puesto en libertad después de declarar ante el juez tras permanecer detenido un fin de semana en el cuartel de la Guardia Civil.
El 'Caso Andratx' también repercutió de lleno en la vida política de Baleares, ya que la Guardia Civil grabó las conversaciones telefónicas del ex conseller de Interior José María Rodríguez, y en especial, una conversación que mantuvo con Hidalgo pocas horas del desarrollo de la 'operación Voramar' y posterior registro del Ayuntamiento de Andratx.
Además, también estuvo imputado el presidente del Consell Consultiu, órgano que asesora al Ejecutivo en cuestiones legales, Miguel Coll Carreras, por asesorar a una urbanizadora, Almudaina Dos, que mantiene un litigio con el Govern por la desclasificación de unos terrenos en el Port de Andratx.
El juez Álvaro Latorre archivó la causa relativa a Coll Carreras tras tomarle declaración en unos momentos en que toda la oposición exigía la dimisión del presidente del Consell Consultiu.
Los investigadores también han rastreado diversas cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales vinculadas, al parecer, con alguno de los principales imputados.
* Diario de Mallorca - EFE - 04 de mayo de 2008
Foto de archivo (28/11/06) de construcciones situadas en la costa de Andratx. El "caso Andratx", la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca, sentará a partir de mañana lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma al ex alcalde de esa localidad mallorquina Eugenio Hidalgo y a tres de sus presuntos colaboradores. / EFE-ARCHIVO/Alonso M. Gamero
Ferrol, Vigo y Lugo tienen los cascos viejos más deteriorados de Galicia
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LAVOZ* : Aunque la opinión generalizada sobre los abundantes cascos históricos en torno a los que pivotan ciudades y pueblos gallegos es que ya estuvieron peor, lo cierto es que prácticamente ninguno ha logrado una regeneración integral en los últimos veinte años, mientras que existen abundantes casos de total abandono y degradación.
Hoy en día, la Xunta actúa sobre 41 áreas de rehabilitación diseminadas en 32 ayuntamientos. Poco más de la mitad de esas actuaciones tienen como objetivo la rehabilitación de cascos históricos, algunos de ellos sin que cuenten con un plan especial de protección, es decir, sin un catálogo pormenorizado de los inmuebles incluidos en esas áreas.
El resultado es que, en función de la ciudad, el casco histórico puede presentar un aspecto más o menos aseado, incluso atractivo, o tratarse de un territorio vedado a la vida ciudadana por los problemas de derrumbe que presentan los edificios o las situaciones de marginalidad y degradación que han ido vaciando paulatinamente el barrio de comercios y vecinos. El grado de conservación mejora en función de los años que los concellos llevan aplicando políticas de protección y rehabilitación. Santiago, Allariz y Pontevedra han conseguido integrar con notable éxito sus centros históricos, mientras que Vigo, Ferrol o Lugo se enfrentan al inicio de un largo y oneroso camino para recuperar espacios ciudadanos en estado de auténtica ruina.
Otro problema común que afecta a los centros históricos gallegos reside en la permisividad urbanística que ha hecho en muchos casos que su recuperación sea arquitectónicamente imposible o que, simplemente, la nueva ciudad los haya sepultado.
En los últimos años, las actuaciones urbanísticas sobre los cascos históricos se han incrementado y han permitido, cuando menos, iniciar un camino de recuperación en algunos de estos centros urbanos. La necesidad de encontrar nuevos espacios para la construcción en una etapa de explosión inmobiliaria generó también la codicia especulativa con la adquisición de propiedades arruinadas para revenderlas a precios exorbitados.
Inyectar vida
La Xunta de Galicia pretende revertir definitivamente esa situación con la entrada en vigor de la nueva Lei de Vivenda, que recoge medidas concretas para forzar la rehabilitación de los inmuebles y el adelanto de una parte de las ayudas económicas a las que tengan derecho los propietarios.
Entre las actuaciones llevadas a cabo en los últimos planes se contempla la adquisición de edificios por parte de los consorcios que gestionan los cascos históricos, para ser rehabilitados y puestos luego en el mercado de alquiler como viviendas protegidas, además de dedicar una parte de esos inmuebles a la instalación de servicios públicos que obliguen a visitar la zona y refuercen la vida ciudadana en esos barrios.
* La Voz de Galicia - Jorge Casanova - 4/5/2008
Foto: Ferrol (A Coruña), casco vello - lavozdegalicia.es
NOTICIA RELACIONADA: ¿Recuperar o clonar? - La Voz de Galicia - 4/5/2008
El 'caso Faycán' se acerca a su fin con casi 50 imputados
LAPROVINCIA/GranCanaria* : La instrucción del caso Faycán, la supuesta trama de corrupción política de mayor envergadura detectada hasta la fecha en la isla de Gran Canaria, entra estos meses en su recta final con un total de 46 imputados -dos de ellos por filtrar información reservada- y casi tres años de bagaje a sus espaldas.
El magistrado que dirige las riendas de las pesquisas, Francisco Javier García, dispone ya de una nueva comisión de servicios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para rematar las diligencias previas abiertas en el verano de 2005 y, posteriormente, solicitar tanto al fiscal anticorrupción, Luis del Río, como a los más de 35 abogados personados en el caso la presentación de sus respectivos escritos de defensa y acusación.
Una de las pistas más fiables que señalan a que la instrucción se acerca a su fin es el hecho de que el juez, con plaza desde hace ya más de un año en un juzgado de lo Penal de la capital grancanaria tras dejar atrás la ciudad de los faycanes, ha solicitado en esta ocasión una prórroga de tan sólo tres meses, cuando en las dos anteriores ocasiones los plazos solicitados por su señoría -y concedidos- habían sido de seis.
CITAS. En fuentes cercanas a esta investigación, que gira en torno a una presunta trama orquestada para la adjudicación de obras y contratos y compras de productos a cambio de comisiones ilegales, se da por hecho que a lo largo de los meses de mayo, junio y julio García concluirá con la ronda de citaciones a imputados que comenzó este año.
Las futuras comparecencias de la ex presidenta del PP en Telde, María del Carmen Castellano, y la del ex tesorero del partido en la localidad, Carmelo Oliva, junto a la de Guillermo Reyes -el último imputado, por prevaricación- se dan ya por más que seguras.
Tras 26 meses de detenciones e interrogatorios, las cifras no dejan de llamar la atención de propios y extraños por lo abultado de sus dígitos. Las diligencias practicadas hasta la fecha, con unas indagaciones en las que también han tomado parte activa la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía, la Agencia Estatal Tributaria y la Audiencia de Cuentas de Canarias, arrojan una instrucción que supera con creces los 8.000 folios agrupados en una veintena larga de tomos y varias piezas separadas.
ORIGEN. Tras la denuncia presentada en agosto de 2005 por María Luz Navarro -representante de una empresa a la que se le adjudicó una pequeña obra en El Calero y que dijo haber sido objeto de cohecho por parte del ex asesor Francisco Gordillo para poder cobrar estos trabajos- se iniciaron las investigaciones con la intervención de varios teléfonos -lo que ha motivado que a día de hoy se atesoren cerca de medio millar de llamadas telefónicas en CD- y la primera ronda de arrestos, acaecida el 1 de marzo de 2006 y en la que fue detenida la que es considerada como principal cabecilla de esta supuesta trama: la ex concejala de Obras, María Antonia Torres.
Con Torres se inició el carrusel de apresamientos y con los hijos de Torres, en abril de 2007, se cerró. Trece meses de ajetreo. Sólo 11 de las 46 personas que se han visto implicadas en este peliagudo asunto han tenido la suerte de no tener que dejar sus huellas dactilares en comisaría.
Las consecuencias políticas, sociales y económicas del caso Faycán han sido también numerosas. El trabajo del juez y de la policía propició la imputación de una docena de políticos -con la dimisión del alcalde Valido tras la salida del pacto de gobierno del CCN y de Ciuca y la imputación del ex parlamentario regional Jorge Rodríguez como 'platos fuertes'- y la creación de un verdadero estado de psicosis y temor en el seno de la plantilla del Ayuntamiento que se vio alentado por los arrestos de varios funcionarios y que provocó que, durante muchos meses, el consistorio se encontrase en estado de coma y la inversión pública congelada casi por completo.
El colectivo empresarial ha sido otro de los que se han visto sacudidos con virulencia. La relación de inversores imputados supera la quincena, pero se apunta a que la misma podría seguir ampliándose en los meses que quedan.
GORDILLO. Las confesiones de Francisco Gordillo, que reconoció que recaudaba las supuestas comisiones exigidas por Torres "para el PP de Telde", dieron pie a más citaciones, y el descubrimiento parcial del secreto de sumario, hace ahora un año, no hizo más que destapar la caja de los truenos y despejar algunas dudas.
Un bloc de 40 hojas con un dibujo de Mickey Mouse en su portada es, a día de hoy y salvo sorpresas devenidas del estudio detallado del patrimonio de cada uno de los imputados, una de las principales pruebas que pesan en contra de Francisco Valido y la mayoría de sus ex ediles. Unas iniciales y un reparto de euros que los peritos caligráficos atribuyen a Torres y que los agentes creen que se corresponden con pagos ilegales.
El anterior regidor vio hace un mes cómo su comparecencia ante el juez y el fiscal le añadían un nuevo cargo al de cohecho, el de prevaricación. Por su parte, Torres, que compartirá el banquillo de los acusados con sus tres hijos y su actual marido, el interventor Enrique Orts, tiene en su contra los cálculos de la Policía Nacional y un auto del juez. En los papeles se sostiene que la concejala, que sólo declaró la primera vez, pudo embolsarse más de 660.000 euros en comisiones.
Pocas noticias buenas han tenido en estos años los imputados de Telde. Salvo la masiva reducción o supresión de las fianzas -que no de los cargos- el trabajo de los investigadores ha contribuido a hacer aflorar sospechas hacia los más diversos ámbitos. Más allá de Obras Públicas, García ha puesto sus ojos en varias ramificaciones que se han saldado con el seguimiento a los acuerdos cerrados por el gobierno de PP y AFV-Ciuca con Grupo Europa o Santana Cazorla, por solo citar dos ejemplos. De hecho, Faycán ha cruzado fronteras hasta llegar a Moya, Guía de Isora o el Puerto.
* La Provincia - ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ - TELDE - 04 de mayo de 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
