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DIARIODEMALLORCA* : El 'Caso Andratx', la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca, sentará mañana, lunes, en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma al ex alcalde de esa localidad mallorquina Eugenio Hidalgo, y a tres de sus presuntos colaboradores.
Hidalgo, ex director general de Ordenación del Territorio Jaime Massot, el ex celador municipal Jaime Gibert y el ex abogado del Ayuntamiento de Calviá Ignaci Mir, comparecerán ante el tribunal para responder por la supuesta comisión de los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio.
La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos entre 2 y 9 años de cárcel y elevadas indemnizaciones por la construcción de un vivienda unifamiliar, propiedad de Hidalgo, en una caseta de herramientas y aperos situada en una zona protegida de Andratx (Área Rústica de Interés Paisajístico).
El ex alcalde, "pese a la imposibilidad legal procedió en fecha 14 de febrero de 2003 a solicitar de Ayuntamiento una licencia de obra mayor para la ampliación de un almacén agrícola inexistente", según el escrito de acusación del Ministerio Público.
Los demás acusados colaboraron, de alguna manera u otra, para permitir "la construcción de una vivienda unifamiliar, de 3.035 metros cuadrados, prohibida por disposición legal", añade la Fiscalía Anticorrupción.
Una de las incógnitas del juicio que se celebrará en la Audiencia de Palma es la actitud que adoptará el ex celador municipal Jaime Gibert, quien el pasado mes de febrero alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público para auto inculparse a cambio de penas de cárcel más benévolas.
Gibert se ha comprometido a decir "toda la verdad" durante el proceso judicial, a pesar de que algunos abogados del resto de imputados han cuestionado la validez de una confesión realizada tras un pacto de conveniencia por "su nulo valor jurídico y moral", han subrayado.
Éste el primer juicio de la causa abierta el 27 de noviembre de 2006, y que tras una compleja instrucción en el Juzgado número 12 de Palma ha sido dividida en 70 piezas, algunas de ellas, todavía, secretas.
Desde que se puso en marcha la denominada 'operación Voramar', en la que intervinieron la Guardia Civil, inspectores de Hacienda, Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, la instrucción se ha centrado en la investigación de diversos delitos contra la ordenación del territorio.
En un año de instrucción, han prestado declaración en calidad de imputados y testigos más de 250 personas, y cuando estalló el caso, Hidalgo, Gibert, y también el ex director general de Ordenación del Territorio del Govern Jaume Massot, fueron acusados de los siguientes supuestos delitos: negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, falsedades documentales, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
Hidalgo y Gibert han ingresado en dos ocasiones en la cárcel de Palma, en la que permanecieron más de 40 días, mientras que Massot fue puesto en libertad después de declarar ante el juez tras permanecer detenido un fin de semana en el cuartel de la Guardia Civil.
El 'Caso Andratx' también repercutió de lleno en la vida política de Baleares, ya que la Guardia Civil grabó las conversaciones telefónicas del ex conseller de Interior José María Rodríguez, y en especial, una conversación que mantuvo con Hidalgo pocas horas del desarrollo de la 'operación Voramar' y posterior registro del Ayuntamiento de Andratx.
Además, también estuvo imputado el presidente del Consell Consultiu, órgano que asesora al Ejecutivo en cuestiones legales, Miguel Coll Carreras, por asesorar a una urbanizadora, Almudaina Dos, que mantiene un litigio con el Govern por la desclasificación de unos terrenos en el Port de Andratx.
El juez Álvaro Latorre archivó la causa relativa a Coll Carreras tras tomarle declaración en unos momentos en que toda la oposición exigía la dimisión del presidente del Consell Consultiu.
Los investigadores también han rastreado diversas cuentas bancarias abiertas en paraísos fiscales vinculadas, al parecer, con alguno de los principales imputados.
* Diario de Mallorca - EFE - 04 de mayo de 2008
Foto de archivo (28/11/06) de construcciones situadas en la costa de Andratx. El "caso Andratx", la primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca, sentará a partir de mañana lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma al ex alcalde de esa localidad mallorquina Eugenio Hidalgo y a tres de sus presuntos colaboradores. / EFE-ARCHIVO/Alonso M. Gamero
Andratx: La Audiencia de Palma juzgará al ex alcalde Eugenio Hidalgo y a tres acusados más
Ferrol, Vigo y Lugo tienen los cascos viejos más deteriorados de Galicia
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LAVOZ* : Aunque la opinión generalizada sobre los abundantes cascos históricos en torno a los que pivotan ciudades y pueblos gallegos es que ya estuvieron peor, lo cierto es que prácticamente ninguno ha logrado una regeneración integral en los últimos veinte años, mientras que existen abundantes casos de total abandono y degradación.
Hoy en día, la Xunta actúa sobre 41 áreas de rehabilitación diseminadas en 32 ayuntamientos. Poco más de la mitad de esas actuaciones tienen como objetivo la rehabilitación de cascos históricos, algunos de ellos sin que cuenten con un plan especial de protección, es decir, sin un catálogo pormenorizado de los inmuebles incluidos en esas áreas.
El resultado es que, en función de la ciudad, el casco histórico puede presentar un aspecto más o menos aseado, incluso atractivo, o tratarse de un territorio vedado a la vida ciudadana por los problemas de derrumbe que presentan los edificios o las situaciones de marginalidad y degradación que han ido vaciando paulatinamente el barrio de comercios y vecinos. El grado de conservación mejora en función de los años que los concellos llevan aplicando políticas de protección y rehabilitación. Santiago, Allariz y Pontevedra han conseguido integrar con notable éxito sus centros históricos, mientras que Vigo, Ferrol o Lugo se enfrentan al inicio de un largo y oneroso camino para recuperar espacios ciudadanos en estado de auténtica ruina.
Otro problema común que afecta a los centros históricos gallegos reside en la permisividad urbanística que ha hecho en muchos casos que su recuperación sea arquitectónicamente imposible o que, simplemente, la nueva ciudad los haya sepultado.
En los últimos años, las actuaciones urbanísticas sobre los cascos históricos se han incrementado y han permitido, cuando menos, iniciar un camino de recuperación en algunos de estos centros urbanos. La necesidad de encontrar nuevos espacios para la construcción en una etapa de explosión inmobiliaria generó también la codicia especulativa con la adquisición de propiedades arruinadas para revenderlas a precios exorbitados.
Inyectar vida
La Xunta de Galicia pretende revertir definitivamente esa situación con la entrada en vigor de la nueva Lei de Vivenda, que recoge medidas concretas para forzar la rehabilitación de los inmuebles y el adelanto de una parte de las ayudas económicas a las que tengan derecho los propietarios.
Entre las actuaciones llevadas a cabo en los últimos planes se contempla la adquisición de edificios por parte de los consorcios que gestionan los cascos históricos, para ser rehabilitados y puestos luego en el mercado de alquiler como viviendas protegidas, además de dedicar una parte de esos inmuebles a la instalación de servicios públicos que obliguen a visitar la zona y refuercen la vida ciudadana en esos barrios.
* La Voz de Galicia - Jorge Casanova - 4/5/2008
Foto: Ferrol (A Coruña), casco vello - lavozdegalicia.es
NOTICIA RELACIONADA: ¿Recuperar o clonar? - La Voz de Galicia - 4/5/2008
El 'caso Faycán' se acerca a su fin con casi 50 imputados
LAPROVINCIA/GranCanaria* : La instrucción del caso Faycán, la supuesta trama de corrupción política de mayor envergadura detectada hasta la fecha en la isla de Gran Canaria, entra estos meses en su recta final con un total de 46 imputados -dos de ellos por filtrar información reservada- y casi tres años de bagaje a sus espaldas.
El magistrado que dirige las riendas de las pesquisas, Francisco Javier García, dispone ya de una nueva comisión de servicios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para rematar las diligencias previas abiertas en el verano de 2005 y, posteriormente, solicitar tanto al fiscal anticorrupción, Luis del Río, como a los más de 35 abogados personados en el caso la presentación de sus respectivos escritos de defensa y acusación.
Una de las pistas más fiables que señalan a que la instrucción se acerca a su fin es el hecho de que el juez, con plaza desde hace ya más de un año en un juzgado de lo Penal de la capital grancanaria tras dejar atrás la ciudad de los faycanes, ha solicitado en esta ocasión una prórroga de tan sólo tres meses, cuando en las dos anteriores ocasiones los plazos solicitados por su señoría -y concedidos- habían sido de seis.
CITAS. En fuentes cercanas a esta investigación, que gira en torno a una presunta trama orquestada para la adjudicación de obras y contratos y compras de productos a cambio de comisiones ilegales, se da por hecho que a lo largo de los meses de mayo, junio y julio García concluirá con la ronda de citaciones a imputados que comenzó este año.
Las futuras comparecencias de la ex presidenta del PP en Telde, María del Carmen Castellano, y la del ex tesorero del partido en la localidad, Carmelo Oliva, junto a la de Guillermo Reyes -el último imputado, por prevaricación- se dan ya por más que seguras.
Tras 26 meses de detenciones e interrogatorios, las cifras no dejan de llamar la atención de propios y extraños por lo abultado de sus dígitos. Las diligencias practicadas hasta la fecha, con unas indagaciones en las que también han tomado parte activa la Brigada Provincial de Información del Cuerpo Nacional de Policía, la Agencia Estatal Tributaria y la Audiencia de Cuentas de Canarias, arrojan una instrucción que supera con creces los 8.000 folios agrupados en una veintena larga de tomos y varias piezas separadas.
ORIGEN. Tras la denuncia presentada en agosto de 2005 por María Luz Navarro -representante de una empresa a la que se le adjudicó una pequeña obra en El Calero y que dijo haber sido objeto de cohecho por parte del ex asesor Francisco Gordillo para poder cobrar estos trabajos- se iniciaron las investigaciones con la intervención de varios teléfonos -lo que ha motivado que a día de hoy se atesoren cerca de medio millar de llamadas telefónicas en CD- y la primera ronda de arrestos, acaecida el 1 de marzo de 2006 y en la que fue detenida la que es considerada como principal cabecilla de esta supuesta trama: la ex concejala de Obras, María Antonia Torres.
Con Torres se inició el carrusel de apresamientos y con los hijos de Torres, en abril de 2007, se cerró. Trece meses de ajetreo. Sólo 11 de las 46 personas que se han visto implicadas en este peliagudo asunto han tenido la suerte de no tener que dejar sus huellas dactilares en comisaría.
Las consecuencias políticas, sociales y económicas del caso Faycán han sido también numerosas. El trabajo del juez y de la policía propició la imputación de una docena de políticos -con la dimisión del alcalde Valido tras la salida del pacto de gobierno del CCN y de Ciuca y la imputación del ex parlamentario regional Jorge Rodríguez como 'platos fuertes'- y la creación de un verdadero estado de psicosis y temor en el seno de la plantilla del Ayuntamiento que se vio alentado por los arrestos de varios funcionarios y que provocó que, durante muchos meses, el consistorio se encontrase en estado de coma y la inversión pública congelada casi por completo.
El colectivo empresarial ha sido otro de los que se han visto sacudidos con virulencia. La relación de inversores imputados supera la quincena, pero se apunta a que la misma podría seguir ampliándose en los meses que quedan.
GORDILLO. Las confesiones de Francisco Gordillo, que reconoció que recaudaba las supuestas comisiones exigidas por Torres "para el PP de Telde", dieron pie a más citaciones, y el descubrimiento parcial del secreto de sumario, hace ahora un año, no hizo más que destapar la caja de los truenos y despejar algunas dudas.
Un bloc de 40 hojas con un dibujo de Mickey Mouse en su portada es, a día de hoy y salvo sorpresas devenidas del estudio detallado del patrimonio de cada uno de los imputados, una de las principales pruebas que pesan en contra de Francisco Valido y la mayoría de sus ex ediles. Unas iniciales y un reparto de euros que los peritos caligráficos atribuyen a Torres y que los agentes creen que se corresponden con pagos ilegales.
El anterior regidor vio hace un mes cómo su comparecencia ante el juez y el fiscal le añadían un nuevo cargo al de cohecho, el de prevaricación. Por su parte, Torres, que compartirá el banquillo de los acusados con sus tres hijos y su actual marido, el interventor Enrique Orts, tiene en su contra los cálculos de la Policía Nacional y un auto del juez. En los papeles se sostiene que la concejala, que sólo declaró la primera vez, pudo embolsarse más de 660.000 euros en comisiones.
Pocas noticias buenas han tenido en estos años los imputados de Telde. Salvo la masiva reducción o supresión de las fianzas -que no de los cargos- el trabajo de los investigadores ha contribuido a hacer aflorar sospechas hacia los más diversos ámbitos. Más allá de Obras Públicas, García ha puesto sus ojos en varias ramificaciones que se han saldado con el seguimiento a los acuerdos cerrados por el gobierno de PP y AFV-Ciuca con Grupo Europa o Santana Cazorla, por solo citar dos ejemplos. De hecho, Faycán ha cruzado fronteras hasta llegar a Moya, Guía de Isora o el Puerto.
* La Provincia - ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ - TELDE - 04 de mayo de 2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
Los vecinos advierten que el hotel del Valencia genera un 'grave' precedente urbanístico
LEVANTE* : La segunda modificación del PGOU que permitirá al Valencia la construcción de un hotel de hasta 20 alturas anexo al nuevo estadio de Corts Valencianes culmina un proceso auspiciado por el Ayuntamiento de Valencia que ha convertido "una parcela pública deportiva en una parcela privada lucrativa".
Lo dicen las alegaciones que ha presentado contra la nueva modificación del planeamiento la plataforma vecinal de Benicalap contraria a la construcción del estadio.
Los vecinos reclaman que en los 89.000 metros cuadrados de edificabilidad que tiene la parcela se mantenga como uso dominante el deportivo; que las tiendas y oficinas previstas se construyan dentro de las instalaciones y que no se exima al club del cumplimiento de las normas urbanísticas del plan de Ademuz que obligarían a retranquear 15 metros la línea de fachada. El hotel no cabría con ese retranqueo.
Los vecinos critican las interpretaciones "interesadas" de los usos permitidos y que "las modificaciones se han hecho para que el cómputo de la edificabilidad sea favorable al uso terciario", ya sean tiendas, oficinas o un hotel.
Insisten en que el uso hotelero "está claramente prohibido" en el PGOU y que la doble recalificación "sentará un grave precedente en la ciudad" porque abrirá la puerta a que las parcelas educativas o sanitarias -calificadas como el suelo del nuevo Mestalla como sistema general- se puedan segregar para construir zonas comerciales y oficinas.
Las normas urbanísticas permiten igualmente usos terciarios, oficinas e instalaciones recreativas como actividad complementaria, si bien hasta ahora no se ha dado el caso de que un centro educativo o deportivo rentabilice esa posibilidad. Los vecinos alegan que el club -a quien asesora el arquitecto y autor del PGOU de 1988, Alejandro Escribano- ha hecho una interpretación "torticera" de las normas urbanísticas y pretende que haya una edificabilidad deportiva y una lucrativa -que se gana a costa de no computar la edificabilidad de las gradas, entre otros elementos-. La plataforma cree que "se está perjudicando el interés patrimonial de todos los ciudadanos" porque las permutas que se hicieron con el club se calcularon en base a un terreno deportivo.
El valor pasa de 45 a 150 millones
El solar municipal de Corts Valencianes, que tiene una superficie de 69.000 metros cuadrados se valoró en 45 millones de euros. Con los nuevos usos hoteleros permitidos el valor de mercado se incrementaría a 150 millones. Los vecinos consideran en que el uso terciario que se permite en el nuevo estadio debe ser complementario del uso dominante, que es el deportivo y "no un negocio al margen de dicha actividad".
Esto sólo permitiría al club construir pequeños comercios de material deportivo, oficinas para el club y otros espacios para las peñas deportivas. La modificación del PGOU aprobada inicialmente el 29 de febrero aún tiene que pasar por la comisión territorial de Urbanismo. La construcción de un hotel en las proximidades del campo valencianista no es nueva. De hecho el club todavía tiene pendiente un pleito con Barcino Hotels que recurrió la suspensión unilateral del contrato suscrito con la sociedad deportiva en 2001 y 2002 para dedicar la estructura existente adosada al estadio a establecimiento hotelero y explotar los aparcamientos en el subsuelo respectivamente. La empresa incluso obtuvo licencia de obras en 2002.
Sin embargo, cuando el TSJ anuló la ampliación del campo (decisión posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo y aún sin ejecutar), el consistorio suspendió el permiso y, al parecer, no llegó a notificarlo. El Valencia entonces resolvió los contratos y las firmas afectadas acudieron a los tribunales. La cadena hotelera intentó sin éxito que el club le compense con una de las torres previstas en la reclasificación de Mestalla.
* Levante-EMV - H. G., Valencia - 04 de mayo de 2008
Foto: En obras. La construcción del nuevo estadio avanza en el antiguo solar municipal de Corts Valencianes/ fernando bustamante, levante-emv.com
El alcalde de Sayalonga, imputado por presuntas irregularidades urbanísticas
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SUR/Málaga* : Un juzgado de Torrox ha citado como imputado al alcalde de Sayalonga, el socialista José Luis Navas, para declarar en un procedimiento judicial abierto por presuntas irregularidades urbanísticas relacionadas con la construcción de cuatro viviendas en suelo agrícola. En concreto, al regidor se le imputan presuntos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y cohecho.
Navas, sin embargo, ha asegurado que las cuatro viviendas agrícolas cuentan con todos los permisos y licencias municipales, por lo que dice estar seguro de la legalidad de su actuación como alcalde.
Asimismo, el mandatario se ha mostrado convencido del sobreseimiento y archivo del caso una vez que el juzgado que ha abierto las diligencias conozca y analice toda la documentación.
El procedimiento judicial se inicia a raíz de una denuncia realizada ante la Fiscalía por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por la construcción de cuatro viviendas en suelo rústico, concretamente en la zona conocida como Bajatillo, según ha declarado el alcalde.
Denuncia
Las presuntas irregularidades urbanísticas por las que el juzgado torroxeño ha citado a declarar a Navas fueron detectadas a raíz de una inspección rutinaria de los agentes del Seprona, aunque el alcalde dice estar convencido de que detrás se esconde la denuncia de un particular. «Son cuatro viviendas agrícolas que cuentan con su preceptivo proyecto de actuación», según el regidor. El proyecto de actuación es exigido para justificar el uso agrario de la parcela en la que se quiere edificar. «Estamos hablando de casas que están construidas desde hace entre tres y un año en parcelas que superan los 5.000 metros cuadrados y que toda la vida se han dedicado al cultivo del níspero y el olivo», ha asegurado Navas.
El alcalde ha anunciado su intención de iniciar acciones legales una vez que se archive la causa para restituir su imagen. «No se puede acusar gratuitamente a nadie de esta manera, porque no hay ningún indicio de delito», ha asegurado Navas.
El de Sayalonga no es el único alcalde de la comarca que está procesado por un presunto delito urbanístico. Recientemente, la Fiscalía de Málaga ha solicitado un año y medio de prisión y 17 años de inhabilitación especial para cargo público para el alcalde socialista de La Viñuela, Juan Millán, por conceder presuntamente tres licencias de obras para viviendas unifamiliares en suelo calificado como no urbanizable y sin realizar los trámites necesarios en los expedientes.
Otros casos
También la Fiscalía ha denunciado al alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE), por conceder presuntamente licencias de reforma cuando en realidad se trataba de nuevas construcciones en suelo no urbanizable. El pasado mes de marzo, el ex alcalde popular de Cómpeta, Leovigildo López, ya retirado de la vida pública, era condenado a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística, también relacionado con la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable.
* SUR - 04.05.08 - A. PELÁEZ / J. CANO
Foto: Sayalonga (Málaga) - participaenandalucia.net
El mal ejemplo de Seseña
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ELPAÍS* : Seseña (Toledo) se ha convertido en el gran emblema del fiasco inmobiliario. En la macrourbanización de Francisco Hernando, Paco El Pocero, los inversores que adquirieron viviendas compiten con el promotor con descuentos suculentos. Hernando lo tiene mal para levantar 13.508 viviendas. De éstas, hace un mes tenían licencia de primera ocupación 2.536. En la urbanización sólo residían 750 personas. Sin embargo, Seseña es sólo la punta del iceberg.
Según los datos del Consejo de Colegios de Arquitectos Técnicos y Aparejadores, Castilla-La Mancha es la quinta comunidad que más ha construido en los últimos tres años: 123.000 viviendas de obra nueva. De éstas, de acuerdo con el Colegio de Registradores y el INE, las inmobiliarias han vendido sólo 38.907, lo que arroja una enorme bolsa de 85.763 pisos sin hallar comprador. Dos de cada tres de los terminados desde 2005.
El director de Análisis de la consultora Aguirre Newman, Javier García-Mateo, asegura que muchas de estas promociones se han ido construyendo al calor del trazado del AVE en la comunidad. "Eran poblaciones con suelo muy barato que se adquirió con fines especulativos", afirma.
Las viviendas que se han ido construyendo en Castilla-La Mancha no han parado de crecer. Se terminaron alrededor de 31.000 en 2005, 37.500 en 2006 y 47.500 el año pasado. En cambio, la demanda se mantuvo muy estable durante todo este tiempo: se vendían unas 12.000 casas al año.
El director del Máster de Asesoría y Consultoría Inmobiliaria de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, sostiene que los promotores han jugado con el desplazamiento de ciudadanos madrileños a la periferia para edificar en Castilla-La Mancha. "Creían que la subida de precios de la capital expulsaría los ciudadanos de la comunidad. Y compraron suelos a precios bajísimos para vender pisos a precios muy altos, pensando que la demanda sería infinita. Pero el exceso de oferta es enorme", afirma Bernardos.
García-Mateo recuerda que en Castilla-La Mancha se han desarrollado resorts turísticos. El mayor de todos, está previsto que esté operativo en 2010. Es El Reino de Don Quijote, a tres kilómetros de Ciudad Real, que tendrá un casino de la firma americana Caesars. Se trata de un desarrollo urbanístico que cuenta con 1.250 hectáreas. En él habrá un casino, hoteles, balnearios y, cruzando las vías del AVE, 8.900 viviendas, de las cuales se construirán 2.000 en una primera fase.
* ELPAIS.com - LL. PELLICER - Barcelona - 04/05/2008
Foto: Seseña macrourbanización - ULY MARTÍN (El País)
La M-30 pudo incumplir las normas ambientales
El Juzgado nº 22 de lo contencioso administrativo de Madrid, a instancias de Ecologistas en Acción*, planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trataba de determinar si los proyectos de ampliación y reforma de la M-30 cumplieron con la normativa ambiental comunitaria. Tras las declaraciones de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea todo parece indicar que el Tribunal dará la razón a la organización ecologista.
Ecologistas en Acción interpuso en julio de 2005 un recurso contencioso administrativo contra la aprobación de los proyectos de la M-30 que afectaban a las riberas del río Manzanares, tras haber presentado las correspondientes alegaciones e incluso presentado ante el propio Ayuntamiento el pertinente recurso administrativo.
A lo largo del procedimiento, Ecologistas en Acción ha defendido la nulidad de los proyectos por la flagrante vulneración de la normativa medioambiental y de protección del patrimonio histórico y cultural que supuso su aprobación. El Ayuntamiento, como es sabido, se oponía arguyendo que la obligación de someter a la previa evaluación de impacto ambiental a los proyectos de reforma de autovías y carreteras no resulta aplicable a “vías urbanas” como la M-30.
Pero, en contra de esta interpretación del gobierno municipal, el Magistrado-Juez Titular del citado Juzgado entendió en su Auto que el proyecto “Madrid calle 30” supone una “magna y compleja obra de ingeniería civil que responde a un proyecto global y unitario de mejora y reforma de la práctica totalidad de la autovía de circunvalación de Madrid” que ha sido “fragmentado y tramitado como quince proyectos distintos e independientes” sin que ninguno de ellos haya sido evaluado ambientalmente con carácter previo a su aprobación, lo que “justifica la necesidad de cuestionar si es preceptiva desde la óptica normativa europea de medioambiente su sumisión a previa y preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental”.
Dado que la normativa de evaluación ambiental tanto española como autonómica derivan de la Directiva 85/377 relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, el Juzgado núm. 22 de lo contencioso resolvió en enero de 2007 remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por cierto, que se trata de la primera vez que se ha utilizado este mecanismo en un asunto de carácter medioambiental.
De este modo, el máximo intérprete de la legislación comunitaria se pronunciará en breve acerca de la aplicabilidad de la citada normativa comunitaria a los proyectos que aprobó y ejecutó el Gobierno municipal presidido por Alberto Ruiz-Gallardón. Y, para la organización ecologista, después de escuchar las declaraciones de la Abogada General, no le cabe duda de que el Tribunal de Justicia de la UE fallará quitando la razón al Ayuntamiento.
Una vez exista sentencia firme del Tribunal Europeo, el Magistrado-Juez del Juzgado contencioso administrativo nº 22 dictará su sentencia que, en buena lógica, no podrá contradecir a la más alta instancia judicial europea. Se hará así evidente lo que ha venido defendiendo Ecologistas en Acción desde el primer momento: que pese a los intentos de distracción del Ayuntamiento, pocas dudas hay de la continua vulneración de la legislación ambiental que ha supuesto esta obra, que sólo ha estado sujeta a los intereses electoralistas de Ruiz-Gallardón. Convienen recordar que entre otros, la obra acumula un procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea, un duro informe del Parlamento Europeo y, ahora, un más que previsible refrendo de esta ilegalidad por parte del Tribunal Europeo de Luxemburgo.
* Ecologistas en Acción de Madrid - 30 de abril 2008
La Guardia Civil investiga las dos operaciones en Campos
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DIARIODEMALLORCA* : La policía judicial de la Guardia Civil, siguiendo instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción y del juez que instruye el caso Plan Territorial de Mallorca, Miquel Florit, está recabando información sobre las dos operaciones urbanísticas en el municipio de Campos, que de llevarse a cabo generarían plusvalías millonarias.
En el primero de los casos, estaba previsto que mediante una área de reconversión territorial directa se trasladara hasta la zona de sa Vinyola la edificabilidad de los hoteles Don Pedro, en la Cala de Sant Vicenç (Pollença), o en su caso el Rocamar (Sóller), a cambio de demolerlos. A la Fiscalía le llama poderosamente la atención que, en el caso del establecimiento solleric, el Plan Territorial lo incluya para el trasvase de sus plazas turísticas hasta Campos cuando el hotel fue dado de baja definitiva en 2002, con lo cual carece de edificabilidad.
Con todo, de urbanizarse el área prevista en sa Vinyola mediante este canje urbanístico, los propietarios de esta finca en Campos se verían beneficiados con una reclasificación a suelo urbano de 42 hectáreas, para un complejo hotelero-residencial de más de mil plazas hoteleras y 234 viviendas.
En la segunda operación, los afortunados serían los propietarios del predio de Son Durí, donde se levanta una vieja vaquería que sería reconvertida en un centro de interpretación para el salobral de Campos, muy cerca del lugar. Para compensar a sus dueños, se les permitiría urbanizar unas 35 hectáreas hoy clasificadas como suelo rústico.
En ambos casos, la Fiscalía Anticorrupción considera que los responsables políticos del Plan Territorial siguieron criterios del todo arbitrarios para determinar las fincas que serían objeto de trasvases, con el único fin de favorecer intereses privados.
* Diario de Mallorca - 03 de mayo de 2008
Foto: Vaquería de sa Ràpita vinculada a una de las áreas de reconversión territorial/ T. Obrador, diariodemallorca.es
NOTICIA RELACIONADA: El ´pelotazo´ de la vaquería de Campos beneficiaba a la cúpula del PP local - Diario de Mallorca - 04 de mayo de 2008
Efectos colaterales de la Fórmula 1
ELPAÍS/Valencia : Vecinos afectados discrepan sobre perjuicios y beneficios del circuito urbano. A pocas fechas de la celebración en agosto del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, que acogerá el circuito urbano de Valencia, es mayoritario el consenso social en torno a la prueba automovilística.
Como muestra, la venta en apenas diez días de las 112.771 entradas previstas inicialmente para seguir en directo el espectáculo. Sin embargo, en los barrios afectados por el trazado el debate sobre los perjuicios y beneficios de la prueba fluctúa entre la oposición total al circuito urbano, el aplazamiento de los juicios de valor al día después y las adhesiones más entusiastas. Las molestias por los accesos, los ruidos y la falta de aparcamientos, las inversiones aplazadas en estos barrios frente a la millonaria inversión en el circuito, la falta de información o las incógnitas de futuro son algunos de los temas que planean sobre el asfalto del gran premio.
Julio Moltó, de Veïns i Veïnes de Natzaret, plantea objeciones sobre la forma en que la Administración valenciana ha conducido la construcción del circuito, "sin ningún tipo de información". "Solo tenemos un decreto de excepción legal", dice. Moltó, que califica así el decreto del día 8 de febrero con el que la Generalitat declaraba de interés general el Gran Premio de Europa eximiéndolo de la declaración de impacto ambiental y habilitanado procesos de expropiación urgentes. Eso ha permitido, a su juicio, que se haya construido "parte del circuito en una zona inundable", circunstancia denunciada por los ecologistas ante el Parlamento Europeo, o que "no se haga nada respecto al ruido". "Eso sí, los vecinos no sabemos todavía por dónde vamos a poder salir", añade. Para esta asociación, el día después también se antoja problemático. "Si tomamos como referencia el circuito urbano de Mónaco, se necesitan entre 30 y 40 días para desmontar todo el tinglado, por eso creemos que el circuito seguirá generando problemas". Moltó, en todo caso, aporta objeciones de fondo. "Se está financiando un negocio privado en barrios donde hay gente que no llega a final de mes. En vez de eso, se deberían atender las necesidades de Natzaret", dice, y desgrana carencias como un instituto, escuelas infantiles, residencias para la tercera edad, el soterramiento de vías o la llegada del tranvía.
Vicente Gallart, vicepresidente de la asociación vecinal de El Cabanyal, incide también en la "falta total de información". "Se ha hecho todo a espaldas de los vecinos y de los colectivos. Y no han hecho caso", afirma en referencia al Ayuntamiento, "ante preguntas tan normales como los aparcamientos o las medidas que piensan adoptar por el tema del ruido. Les guste o no, el circuito urbano requiere muchas explicaciones". Gallart es muy crítico asimismo con la medida anunciada por la alcaldesa, Rita Barberá, de habilitar unos toldos para tapar las zonas más degradadas y no generar un impacto visual negativo. "Nos parece alucinante que se preocupen de esas cosas en vez de preocuparse del urbanismo de la ciudad". Y pone el acento en las consecuencias a medio y largo plazo. "A nivel urbanístico nos preocupa que esta parte de la ciudad se esté planificando con el circuito como punto de partida. Hubo un concurso de ideas", recuerda en alusión al que ganaron ex aequo Meinhard von Gerkan y Jean Nouvel y del que se ha encargado José María Tomás, "y no sabemos qué va a pasar con todo esto. Y hay una parte del circuito que no coincide con la futura red viaria contemplada en el avance del Plan General".
"Nosotros no hemos estado nunca de acuerdo con el circuito", afirma tajante el presidente de la asociación Grau Port, Jesús Vicente. "Se están gastando muchísimo dinero, cuando el barrio no tiene ningún tipo de servicio. No tenemos, por ejemplo, un centro de atención primaria que nos han prometido muchas veces. Por lo visto, no hay dinero porque se gasta en otras cosas". Vicente alerta del aislamiento que se puede producir en los barrios marítimos ("a partir del Puente de Serrería dicen que los vecinos podremos pasar identificándonos", se lamenta) e incluso aventura serias dificultades para la prueba. "Esto va a ser una ratonera. Que no pase nada, pero si pasa, veremos por dónde sale la gente".
Desde la asociación Baleares Grau se contempla el tema con algo más de distanciamiento. "Como asociación, queremos esperar al día después para hacer la evaluación. No queremos aventurarnos y decir cuatro barbaridades sin tener fundamento, no merece la pena", señala su presidente, Balbino Albiñana, que deja muy claro: "No estamos en contra del evento deportivo". Si bien muestra su preferencia por que se hubiese celebrado en el circuito de Cheste. De cualquier forma, Albiñana cita los problemas recurrentes de ruido, aparcamientos y accesos y su escepticismo ante las infraestructuras "de quita y pon" como los jardines o las gradas. Al final, no esconde su preocupación por la contradicción entre el "despilfarro" que rodea el Gran Premio y las carencias dotacionales de los poblados marítimos, pero tampoco oculta que entre un sector de los vecinos el circuito urbano es visto con buenos ojos. "El marketing hace mucho. Con el circuito está pasando lo mismo que con la Copa del América. A la gente le están vendiendo muy bien la moto".
De hecho, ni los dirigentes vecinales más críticos ocultan que existe un sector de los vecinos que ven con buenos ojos la prueba, ya sea porque les ilusiona ser el centro de un evento de esta magnitud o, directamente, porque han visto oportunidades de negocio en la prueba, como los propietarios de la calle de JJ Dómine, del Grau, que van a poder hacer suculentos negocios con el alquiler de sus terrazas. En total, calculan obtener unos beneficios cercanos a los 600.000 euros.
José Antonio Barba, presidente de la asociación Natzaret Unido, se sitúa en la línea del posibilismo. "Gracias al circuito se está realizando el PAI Grau-Cabanyal, hay una zona que ya se está urbanizando y nos están quitando una gran cantidad de mierda de encima", dice sin tapujos. "Es más: si no fuera por el circuito, el PAI no se llevaría a cabo. Y si no se invierte aquí está claro que ese dinero no irá a un centro de salud o una residencia para jubilados", arguye. A diferencia de otras asociaciones, Barba asegura haber tenido contactos frecuentes con las administraciones. "Todo esto hay que negociarlo, hablarlo, pero decir que no a una cosa que va a hacerse igual no lleva a ninguna parte. ¿Qué mejor que estar dentro? Si decimos que no, nos apartan de las negociaciones", explica, y reconoce que eso ha pasado con los colectivos vecinales críticos con la prueba. Barba pone como ejemplo de colaboración la celebración de la Copa del América. "En las negociaciones sacamos cosas positivas para el barrio", dice, y cita 800.000 euros para la biblioteca y 64 millones más para un centro de salud y para la reforma del parque deportivo de Natzaret. En el caso concreto de la F-1, Barba asegura estar negociando con el Ayuntamiento distintas alternativas de accesos y transporte para minimizar el impacto del gran premio. "No podemos ir en contra de la ciudad, porque la ciudad quiere el circuito. Y si la visión de la gente fuera negativa, se hubiera visto en las urnas, pero el PP ha reforzado su mayoría incluso en los colegios electorales de las zonas donde va la F-1", comenta, y lanza un desafío a los colectivos críticos con la prueba: "Habrá que pensar para quién están trabajando las asociaciones".
* ELPAIS.com - XAVIER ALIAGA - Valencia - 02/05/2008
Foto: Una vista del circuito urbano de Fórmula 1, junto al Puerto de Valencia- SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com
La UE estudia denunciar a la Comunidad de Madrid
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DIAGONAL* : El ambicioso plan de carreteras por el que la Comunidad de Madrid pretende construir 334 kilómetros más de carreteras antes de 2011 está en el punto de mira de la Comisión Europea por la vulneración de la legislación medioambiental.
Desde que el Plan de Carreteras de la Comunidad de Madrid fuera aprobado el 15 de noviembre de 2007, la polémica ha estado servida, tanto por la oposición de los grupos ecologistas como por la constante confrontación entre el Ministerio de Fomento y la CAM.
El cierre de la M-50 es uno de los proyectos de este Plan que más polémica ha suscitado. El trazado elegido por el Gobierno regional prevé la construcción de tres túneles. Uno de ellos, de 10 kilómetros, recorre subterráneamente el Monte del Pardo, y otro se situará en la zona de San Sebastián de los Reyes, conocida como Dehesa Vieja : ambos lugares están clasificados por la Ley del Parque Regional como Reserva Natural Educativa por albergar un encinar en excelente estado de conservación.
El Ministerio de Fomento congeló el proyecto del cierre de la M-50 en el 2004 alegando los graves impactos ambientales que generaría, y propuso un tramo alternativo, que para los grupos ecologistas tampoco era la solución más adecuada. Esperanza Aguirre afirmó en su momento que no aprobaría ninguna propuesta alternativa a la M-50 que no fuese la de su equipo de Gobierno, y aseguró que la construiría por su cuenta, aunque fuese necesario cambiarle el nombre. A principios de abril, la Comunidad de Madrid dio luz verde al trámite de la M-61, el tramo más polémico del cierre norte de la M-50. Mientras tanto, el proyecto se encontraba bajo período de información pública para que participara la población antes de que se emitiera la Declaración de Impacto Ambiental, presentando dos alternativas de cierre : una con la construcción del túnel debajo del Monte del Pardo y otra por el embalse de Santillana. Pero antes de que se acabara este procedimiento, el consejero de Transportes anunció el tramo por debajo del Monte del Pardo, demostrando su nulo interés por la participación ciudadana y los procedimientos ambientales.
Coincidiendo con el anuncio de la presidenta, la Comisión Europea declaró que el Plan de Carreteras 2007- 2011 de la Comunidad de Madrid sería investigado por su aparente vulneración de la legislación medioambiental en materia de hábitats y de evaluación de impacto ambiental.
David Hammerstein, eurodiputado del grupo Verde, que realizó la interpelación en Bruselas, denuncia que, de llevarse a cabo el plan, se verá afectada gravemente la Red Natura 2000, cinco zonas declaradas de interés comunitario y una zona de especial protección para las aves. Al mismo tiempo, la Comisión Europea estudia denunciar las obras de la M-501, al constatar que éstas se siguen ejecutando sin tener la obligatoria evaluación de impacto ambiental.
El consejero de Transportes, Manuel Lamela, hace oídos sordos a cualquier voz discordante con el proyecto y Aguirre se lava las manos atribuyendo tanta oposición a la discriminación que el Gobierno del PSOE lleva ejerciendo en esta comunidad para llevar a cabo una modernización de sus infraestructuras viarias, convirtiendo el Plan en uno de sus principales desafíos políticos con el Gobierno Zapatero. La carrera de la presidenta de la CAM por llevar a cabo el Plan de Carreteras más ambicioso que se ha emprendido nunca en la región, parece que se hará con o sin el apoyo del Gobierno estatal. El programa pretende construir 334 kilómetros más de vías, casi el 14% de la existente red regional y siete nuevas carreteras, con una inversión prevista de 4.200 millones de euros, que según la presidenta permitirá a los ciudadanos madrileños contar con unas infraestructuras viarias de calidad para desplazarse con libertad, rapidez y comodidad. Esta partida presupuestaria supera en 800 millones la partida que el Ministerio de Fomento ha ofrecido al Ejecutivo regional para realizar las obras. El informe presentado por Ecologistas en Acción, Afecciones de la construcción de nuevas autovías previstas sobre el Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares, pone de manifiesto cómo el Gobierno de Esperanza Aguirre parece actuar como si en la Comunidad de Madrid hubiera una baja dotación de autovías y carreteras, mientras que los datos demuestran una saturación y sobredotación de las mismas, siendo el Área Metropolitana de Madrid la región europea con más kilómetros en autovías y autopistas en relación a la población.
Intereses especulativos
Para Ecologistas en Acción, hay unos indiscutibles intereses especulativos con la construcción de este tipo de autovías, por encima de las necesidades reales de los ciudadanos. Según afirma Paco Segura, portavoz de esta organización, “es evidente que detrás de la mayor parte de los proyectos de las autopistas ya hay un negocio en sí para las constructoras, porque no olvidemos que son las empresas que más influencia política tienen y en gran medida condicionan la política de construcción desaforada de infraestructuras a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno de la Comunidad de Madrid”. Además del negocio de la obra, continúa Segura, “lo que ocurre es que cada nueva autovía pone mucho más territorio a tiro de las urbanizadoras, al aumentar la accesibilidad al mismo y, por tanto, ganando valor urbanístico, algo que corroboran los paisajes típicos a los que nos tienen acostumbrados de urbanizaciones dispersas”. “El cierre de la M-50 desgajaría zonas protegidas en distintos trozos de territorio que quedarían rodeados por la autovía y que, evidentemente, se convertirán en pasto de las urbanizadoras”, concluye Segura.
Aire y salud pública
El incremento de la movilidad privada que se prevé con el Plan de Carreteras de la CAM tendrá consecuencias directas en la emisión de gases de efecto invernadero. Además, Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, denuncian que la CAM ya supera los límites legales de contaminantes establecidos para la protección de la salud y denuncian que esta política de transporte camina en sentido completamente opuesto.
* Periódico Diagonal - Carolina Yacamán - 1 may -14 may 2008
Foto: Atascos y contaminación Madrid - Uly Martín (El País)
Los vecinos rechazan la reordenación porque amplía el puerto y ´destroza´ la bahía de Xàbia
LEVANTE/Alacant* : La Federación de Asociaciones de Vecinos de Xàbia ya se ha pronunciado sobre la propuesta de reordenación y ampliación del puerto del municipio. Lejos de cualquier sorpresa, los vecinos vuelven a decir "no" aunque esta vez a la iniciativa de la conselleria de Infraestructuras y no al proyecto de una empresa privada.
La reordenación pública implica trasladar las actuales instalaciones del club náutico y la Cofradía de Pescadores y crear unos 350 amarres nuevos.
La federación de vecinos tilda la propuesta de la conselleria, en un comunicado enviado ayer a los medios de comunicación, de "no clara", porque "detrás de ella lo que hay es una ampliación portuaria al estilo del último proyecto de la empresa Marina Punta del Este".
La ampliación propuesta, según los vecinos, "destrozaría nuestra hermosa bahía, produciría fuertes estancamientos del agua, suciedad, pérdida de transparencia de las aguas y peligro de contaminación de nuestra emblemática playa de la Grava". Además, la ejecución de la nueva escollera de Levante "llegaría a afectar a la reserva marina de la zona del Tangó porque, obviamente, se necesitarían miles de toneladas de materiales y de hormigón".
Los vecinos creen que el puerto de Xàbia puede albergar entre 250 y 270 amarres más sin la necesidad de proyectar grandes propuestas y obras faraónicas, tan sólo con una reordenación del espejo de agua existente. Por eso, piden a la conselleria que tenga en cuenta las alegaciones presentadas en su día contra la ampliación que propuso la mercantil Marina Punta del Este y "se deje de macroproyectos como el propuesto, que al único que puede beneficiar es a la empresa a la que se le adjudique la concesión".
Por otra parte, ayer el grupo municipal Nueva Jávea explicó en un comunicado que en el seno del partido se ha iniciado una reflexión y estudio de la propuesta de la conselleria y que no habrá pronunciamiento por su parte hasta que no finalice ese período.
No obstante, Nueva Jávea valora "positivamente que se haya abordado la problemática del puerto desde un punto de vista global, analizando no sólo la posible ampliación sino también la mejora de su entorno".
Para concluir, el grupo municipal apunta que ya que se ha iniciado el proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, que debe analizar el modelo territorial, "es imprescindible trasladar este debate a la mesa de la comisión de urbanismo para analizarlo conjuntamente con el resto de previsiones que se tengan para el municipio".
* Levante-EMV - M. J. Mascarell, Xàbia - 03 de mayo de 2008
Foto: Xabia - lasprovincias.es
Fuerteventura: Las cesiones a la cadena de hoteles RIU invalidan la Ley de Costas
JESÚS GIRÁLDEZ MACÍA* : El chantaje de la cadena hotelera RIU en Fuerteventura es un caso ilustrativo de la connivencia de intereses políticos y económicos que llevan décadas ‘marbellizando’ Canarias. Todo comenzó al principio de la década de los ‘70, justo cuando el primer boom turístico estaba en su apogeo. Fuerteventura seguía despoblada y había sufrido la última emigración general de Canarias, esta vez hacia el Sáhara (todavía colonia española).
Entonces, unos hoteles vinieron como caídos del cielo: el Hotel Tres Islas y el Hotel Oliva Beach –ambos de la cadena hotelera RIU– que, sin embargo, cayeron justo sobre las Dunas de Corralejo (municipio de La Oliva). Apenas una década después de su construcción, estos hoteles se convirtieron en uno de los objetivos de las luchas del movimiento ecologista y político majorero, entonces todavía de la mano.
Asamblea Majorera (ahora Coalición Canaria) hizo de la lucha contra los hoteles de las Dunas una de sus señas de identidad. Se organizaron actos reivindicativos y hasta una manifestación en las puertas de los hoteles. Entre otros, encabezaban la lucha en esos tiempos convulsos dos jóvenes izquierdistas significados, Mario Cabrera y Claudina Morales, hoy al frente del Cabildo de Fuerteventura y del Ayuntamiento de La Oliva, respectivamente. En los años ‘80 solicitaban su demolición; hoy participan –con la inestimable colaboración del PSOE majorero y español– de su salvaguarda como moderna seña de identidad.
Todas las instituciones han cedido ante los poderosos intereses empresariales de la cadena RIU. No es baladí que, según los propios balances de la cadena hotelera, ésta facturó durante el año 2006 un total de 1.018 millones de euros, un 8,2% más que durante 2005. Con semejantes beneficios, las nóminas ocultas se amplían.
Cronología de un chantaje
En el momento de la construcción de los Hoteles de las Dunas, el Estado realizó una concesión administrativa de su suelo por 30 años. En 1982, las Dunas de Corralejo fueron declaradas como espacio protegido, con la categoría de Parque Natural. Pero diez años después, la Dirección General de Costas realizó el deslinde que certificaba la presencia de los Hoteles dentro del dominio marítimo-terrestre. Las empresas de los Hoteles RIU y Geafond y el Ayuntamiento de La Oliva (entonces gobernado por el PP) recurrieron la sentencia. Y en 2003, la Dirección General de Costas, seis días antes de que el Tribunal Supremo fallara a favor de los intereses públicos, le concedió una nueva concesión por 60 años a la cadena RIU, nueva propietaria del Oliva Beach, en un acto manifiestamente ilegal.
Ya en 2004, el Ayuntamiento de La Oliva le concedió permiso al Hotel Oliva Beach para reformar el hotel pese a la oposición de los colectivos ecologistas. La reforma, camuflada como obra menor, significó una reforma profunda del hotel y la constatación de que el otorgamiento de la licencia daría continuidad a los hoteles en el espacio natural. El Ministerio de Medio Ambiente emitió, un año después, un listado de edificios que, por incumplir la Ley de Costas, deberán ser demolidos. Este listado incluía a ambos hoteles. La ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró que “la demolición y posterior recuperación ambiental de los dos hoteles situados en el Parque Natural de las Dunas de Corralejo es una aspiración de la Dirección General de Costas, en cumplimiento de las finalidades establecidas en el articulado de la Ley de Costas”.
Las presiones de la poderosa cadena hotelera RIU han conseguido que el canario José Fernández (Director de Costas) y Cristina Narbona den marcha atrás y suscriban un acuerdo ilegal, según el cual la cadena RIU cede al Estado la titularidad de la Isla de Lobos a cambio de obtener nuevas concesiones para sus hoteles (diez años para el Oliva Beach, 30 años para el Tres Islas). Recordemos que la Isla de Lobos es Parque Natural y, por lo tanto, la cadena RIU nunca podría construir en ella. Con este acuerdo de cesión, RIU dejará de pagar 60.000 euros anules por el pago de los Impuestos de Bienes Inmuebles.
Expropiación en Los Molinos
La presión ejercida por la actividad turística y constructora en Canarias es enorme. Se ha especulado hasta el último metro cuadrado, aunque coincida con la bajamar. Se han apropiado de los espacios públicos. Y en eso llegó la Ley de Costas y su talante igualitario y, según sus estimaciones, cerca de 2.000 construcciones se verán afectadas. Con la aplicación de la Ley de Costas han comenzado los derribos en Los Molinos, en la costa occidental de la isla de Fuerteventura. Los Molinos fue un pequeño enclave donde los pescadores fueron poco a poco construyendo un poblado, para dar refugio a las artes marineras y cobijo a sus pobladores. Con posterioridad, algunos habitantes de Fuerteventura fueron construyendo allí algunos cuartos para los fines de semana y continuar con la tradición de la pesca, ahora como entretenimiento. El poblado no tiene más de treinta casitas, pero la gran mayoría construidas en la franja marítima terrestre, una zona pública.
* Diagonal
* Rebelión - 01-05-2008
El impacto de 50 años de crecimiento: cinco modelos de desarrollo urbanístico
GACETA* : Una muestra revela cómo han cambiado algunas ciudades españolas desde finales de los años cincuenta. El denominador común es la falta de planificación. La construcción ha sido el gran motor de la economía española durante muchos años. Ha creado riqueza y ha transformado el paisaje, hasta dibujar nuestro actual perfil urbano. ¿El mapa de nuestros pecados?
Con el pinchazo inmobiliario a las puertas, parece que se acerca el tan temido fin de ciclo. Momento ideal para un balance.
Las Arquerías de Nuevos Ministerios, en Madrid, acogen la exposición 5 paisajes x 50 años, que propone un recorrido por los cambios experimentados en el desarrollo urbano de España en los últimos 50 años a través de la evolución de cinco entornos a lo largo de medio siglo: Madrid, Barcelona, Alicante, Murcia y Córdoba.
Organizada por el Ministerio de la Vivienda, la muestra se divide en dos espacios diferenciados. En el primero se recogen las proyecciones de imágenes aéreas de 1956 e imágenes de satélite de 2006 de cada una de las cinco ciudades. La segunda sala permite el acceso a través de ordenadores interactivos de los datos sociológicos explicativos de dichos mapas: población, economía, educación y vivienda.
Se han elegido dos fechas claves. En 1956 se promulgó la primera Ley de suelo y el Ejército de Estados Unidos tomó una serie de fotos aéreas de la Península y las Islas Baleares, un retrato de nuestra piel de toro que se conocería con el nombre de “el vuelo americano”. Medio siglo después, se inició la tramitación formal de una nueva Ley de Suelo, finalmente aprobada en 2007.
Diferente fisonomía
En cuanto a las localizaciones geográficas, se han elegido áreas urbanas —se evita el término ciudad, más reduccionista— de diferente fisonomía, para proporcionar una perspectiva global.
Madrid y Barcelona, inevitables, representan las áreas metropolitanas, y muestran cómo el mapa municipal ha sido desbordado por el crecimiento urbano. La costa de Murcia y de Alicante describen la influencia y el impacto del turismo en determinadas localizaciones. Finalmente, Córdoba sirve como ejemplo de capital de provincia de tamaño medio en el interior, ajena a los fenómenos que han tenido lugar en los dos casos anteriores, pero también afectada por la expansión urbana.
Josep Roca, director del Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña, es uno de los comisarios de la muestra. Según él, la principal conclusión del balance es el aumento exagerado, y peligroso, del consumo de suelo.
“En 1956 había en las cinco ciudades una media de 6,3 hectáreas por cada mil habitantes; en 1990 se pasó al 12,5, y en 2006 la cifra era ya de 35,4”, dice Roca. Y el factor demográfico no basta para explicar el salto: “La población creció sobre todo hasta la década de los 90, y el consumo de suelo se dispara precisamente a partir de entonces”. Ahí parece estar la clave. La década prodigiosa del crecimiento económico y la euforia capitalista.
Frente a los excesos, Roca advierte: el suelo es un bien escaso. No hay que abusar. De hecho, la UE es clara en su apuesta por la “ciudad compacta”, que además de suelo ahorra energía: la vivienda unifamiliar o el adosado se suelen situar lejos del trabajo, con el consiguiente gasto de gasolina en los desplazamientos, mayor consumo de electricidad por persona...
Otra forma de vida
El problema es el arraigo del problema: la causa está, sobre todo, en un cambio en la forma de ver la vida. Los urbanitas españoles necesitan más suelo: casas más grandes, más espacios comerciales... ¿Y viviendas vacías por la especulación?
Jesús Leal, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y otro de los comisarios de la muestra, cree que “se ha impuesto una forma determinada de crecimiento que tiene problemas notables de sostenibilidad cara al futuro, no solamente por el hecho de contar con una gran cantidad de viviendas sin un uso permanente, sino también por la forma en la que se han ido desarrollando”.
Jesús Leal propone una reflexión para dar un giro al urbanismo en España, que debe orientarse a un “mayor aprovechamiento de los recursos disponibles y a un mejor reparto de las oportunidades”.
El problema, reconoce Leal, es que “los planes territoriales han estado ausentes en las decisiones de desarrollo porque no existían o porque se les hacía poco caso”.
Política urbanística
Se trata de un debate que los expertos llevan sosteniendo durante años, pero que parece haber llegado a su punto de ebullición con el crecimiento exacerbado de la construcción en los últimos años.
En unas recientes jornadas sobre El papel de las herramientas de planificación urbana en el desarrollo de las ciudades españolas, Marcos Vaquer, de la Entidad Pública Empresarial del Suelo, ponía el dedo en la llaga: “La Unión Europea insiste en la necesidad de políticas urbanas integrales”, que crearía un sistema más sencillo, ya que ahora mismo “sólo los sacerdotes del urbanismo pueden leer un plano”.
Para Vaquer, los planes se han cargado de contenidos impropios de instrumentos de planificación urbana. Y, además, son ilógicos los planes que pretenden ordenar a 20 o 30 años vista y con estructuras jerárquicas que hacen difícil los cambios. Esto es lo que explica, por ejemplo, que se hagan modificaciones puntuales a planes generales casi simultáneamente a la misma redacción. “Hay que reivindicar una cultura de planeamiento, pero no con instrumentos de hace 50 años”, asegura.
Madrid: el derroche de suelo y la dispersión
Con 10,5 hectáreas por cada mil habitantes y la moda de viviendas unifamiliares y pareados, Madrid refuta la estrategia europea de la ciudad compacta que ahorra suelo y energía. Además, la creación de infraestructuras, como la M-40, favorece y dirige la urbanización.
Barcelona: ingenio contra la naturaleza limitadora
Constreñida por el mar y la montaña, Barcelona tiene una densidad mucho mayor que Madrid, con los consiguientes problemas de congestión. La necesidad se convierte en virtud con la reutilización de suelo industrial en residencial, comercial y turístico. La zona portuaria es el mejor ejemplo.
Alicante, la locura del turismo de masas
Debido al turismo, el consumo de suelo es, lógicamente mayor que en las metrópolis: 21,6 hectáreas. Pero el crecimiento ha superado toda lógica, sobre todo en municipios com Benidorm, Santa Pola y Torrevieja, cuyo suelo urbanizado creció en torno al 90% entre 1990 y 2006.
Murcia o el expolio de la naturaleza
Con sus 34,1 hectáreas, supera incluso a Alicante. El de la Manga del Mar Menor es un caso de manual de pérdida de espacios naturales o ganancia de suelo residencial y comercial (según se mire). Una barra de arena se ha convertido en zona de puertos deportivos, hoteles, residencias...
Córdoba, el crecimiento sin excusa
Sin área metropolitana, ha multiplicado por 7,5 el suelo urbanizado. Un auténtico expediente X, ya que el turismo no es comparable a Alicante o Murcia, ni tiene ciudades dormitorio a su alrededor. Su densidad ha pasado de 4,9 hectáreas por mil habitantes en 1956 a 20,3.
* Gaceta.es - Ángel Peña - 30.04.2008
Foto: Madrid, hace 50 años (arriba) y ahora (abajo).
Imputado el general que vendía los terrenos de Defensa con el PP
ELPAÍS* : El general de brigada en la reserva Juan Antonio Miguélez Paz, máximo responsable de las enajenaciones de terrenos e inmuebles del Ministerio de Defensa con el Gobierno del PP, ha sido imputado por un juzgado de Madrid por los presuntos delitos de prevaricación y fraude.
Tanto el general Miguélez, ex director de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa (GIED), como el teniente coronel José Luis Bastabad Amado, jefe de Gestión Patrimonial del mismo organismo, comparecieron el pasado 4 de marzo ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid para declarar, en calidad de imputados, por una denuncia de la Fiscalía. La denuncia se refiere a la venta, en el año 2000, de la vivienda del jefe de la Estación Naval de Tarifa y de la Enfermería de la misma dependencia, por un importe de 180.662 y 137.094 euros, respectivamente.
Ambos inmuebles se enajenaron por venta directa, después de que se declarasen desiertas las correspondientes subastas. El problema deriva de que las características que figuraban en los anuncios de las subastas no coincidían con las inscritas en el Registro de la Propiedad, lo que explica que no acudiese ningún licitador. En la primera, por ejemplo, existía una edificación de dos plantas y 566 metros cuadrados que no estaba legalizada.
Finalmente, la propiedad se adjudicó por venta directa a un particular, quien la adquirió por el precio de salida de la segunda subasta, que era un 15% inferior al importe de la tasación.
Se da la circunstancia de que la carta con la que la Gerencia aceptó la oferta del comprador está fechada el 27 de marzo de 2000, mientras que la oferta no se presentó hasta un día después. Sobre la carta del comprador figuraba una nota manuscrita del teniente coronel Bastabad con el siguiente texto: "Urgente. Dámela en cuanto se presente".
Antes de firmar la venta, la Gerencia inscribió correctamente en el registro los datos de la propiedad y legalizó el edificio preexistente, por lo que enajenó un inmueble distinto al que ofreció en la subasta. El mismo procedimiento se siguió para la venta de la enfermería.
Tribunal de Cuentas
Estas irregularidades, y otras muchas, fueron desveladas por la investigación que la Sección de Fiscalización del Tribunal de Cuentas realizó sobre las enajenaciones inmobiliarias de la GIED en los ejercicios de 1999 a 2002. Sólo en este periodo, dicho organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Defensa, vendió un total de 618 inmuebles, de los que más de la mitad (378) fueron enajenados mediante adjudicación directa, por un importe superior a los 600 millones de euros.
El anteproyecto de informe se presentó hace un año en el pleno del Tribunal de Cuentas pero los consejeros elegidos a propuesta del Grupo Popular, que eran mayoría, se opusieron a su aprobación, en lo que constituye un caso sin precedentes en este organismo fiscalizador, por lo que el documento quedó aparcado y nunca se remitió al Parlamento, como es habitual.
No obstante, el fiscal del Tribunal de Cuentas, cumpliendo con su obligación, dio cuenta a sus superiores jerárquicos de aquellos asuntos que, más allá de las irregularidades contables, presentaban indicios de ilícito penal. En su opinión, esto ocurría como mínimo con la venta de los inmuebles de Tarifa (Cádiz) y del cuartel de Boltaña (Huesca), que compró el Ayuntamiento de dicha localidad por 543.000 euros, cuando su valor catastral superaba los 720.000.
Mientras en este último caso el posible delito, de existir, ya habría prescrito, no sucedía lo mismo con las ventas de Tarifa, por lo que el fiscal presentó en enero pasado una denuncia que fue admitida a trámite por el Juzgado número 39 de Madrid.
* ELPAIS.com - MIGUEL GONZÁLEZ - Madrid - 02/05/2008
Foto: Madrid, antiguos cuarteles en Campamento - elpais.com
Baleares: Costas tramita la demolición de 80 construcciones ilegales en el litoral
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DIARIODEMALLORCA* : La llegada de Celestí Alomar a la dirección de la Demarcación de Costas de Balears ha supuesto la activación del registro de las construcciones ilegales situadas en el litoral balear, el inicio de expedientes y la posterior demolición de los inmuebles. Hay ochenta expedientes en marcha, alguno de los cuales ya ha llegado al final de la tramitación, siendo la sentencia el derribo de los mismos.
Las ilegalidades son variopintas porque comprenden tanto paredes como "piscinas, terrazas y edificios. Una buena parte corresponde a casetas de varadero", que han sido convertidas en chalets. Esto sucede entre otras, en la playa ibicenca de es Codolá, situada en el Parc natural de ses Salines, y pronto se tomarán las medidas necesarias.
En la playa de Figueretes ya se ha trabajado para retirar una plataforma de cemento, mediante excavadoras. La acción se realizó el pasado febrero y se dejó el perfil de la playa en un estado casi primitivo, que era el objetivo perseguido.
Este tipo de actuaciones se seguirá también en otros puntos del litoral como el caso del Club La Mola de Andratx, donde se recuperó parte de la costa.
En estos momentos se está echando abajo un chiringuito de playa, el Banana´s Bar, situado en Son Bauló, junto a la playa de Can Picafort. La causa es "la ocupación abusiva" de la primera línea.
También se demolerá un vallado existente en un camino de Betlem que conduce a la playa de es Caló. El propietario lo cerró con llave impidiendo el paso a los bañistas pese a que es un sendero público. Hace un año aceptó abrirlo y ahora la valla se echará por tierra, dejando definitivamente expedita la entrada a la playa.
En Cala Tuent ya ha quedado definido que el chalet levantado en la playa será derribado en octubre. Se había demorado esta actuación porque los propietarios querían poner un contencioso, pero Alomar comprobó que se había pasado de los plazos marcados y ya no hay vuelta atrás.
Concesiones caducadas
El director de Costas ha comprobado que "hay muchas concesiones que han finalizado pero las construcciones siguen en pie. El concesionario debe dejarlo todo tal como lo encontró, y si no lo hace, debemos actuar de forma subsidiaria, y cuando es abusivo, lo hacemos directamente".
Celestí Alomar se ha puesto como objetivo de su mandato "la aplicación de la Ley de Costas, recuperando el dominio público. Esta recuperación y una mejor gestión, en una comunidad como Balears incidirá positivamente en la materia prima esencial de las islas como es el turismo".
* Diario de Mallorca - MARIO MORALES. PALMA - 02 de mayo de 2008
Foto: Las obras para derribar el "Banana´s Bar" de Son Bauló (Can Picafort) ya han comenzado/ G. Bosch, diariodemallorca.es
El paisaje cae en el olvido
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LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda admite en una respuesta parlamentaria a la diputada de Compromís, Mònica Oltra, que una obligación prevista en el reglamento del paisaje se ha quedado en papel mojado.
El Reglamento del Paisaje, publicado en agosto de 2006 en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) obligaba a los ayuntamientos "con instrumentos de planeamiento urbanístico general vigentes a la entrada en vigor de este reglamento" a adaptarse a la nueva normativa. Mientras esta actualización se producía "los municipios podrán aprobar un catálogo del paisaje con delimitación de los sistemas abiertos".
Una vez transcurridos casi dos años, la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, preguntó a la conselleria que ahora dirige José Ramón García Antón "¿cuántos municipios, y cuáles, han iniciado la tramitación del Catálogo del Paisaje?"
La respuesta, si no fuera por la seriedad del asunto, suena a chiste. "Desde la entrada en vigor del reglamento del paisaje no hay ningún municipio que haya iniciado la tramitación del Catálogo del Paisaje, según lo previsto en el apartado 2 de la disposición transitoria primera del Reglamento del Paisaje de la Comunitat Valenciana", responde el conseller García Antón a la síndica de Compromís, Mònica Oltra.
Un instituto "fantasma"
Pero además, la misma conselleria ha eludido predicar con el ejemplo. En el Reglamento del Paisaje se prevé la creación del Instituto del Paisaje como el "organismo encargado de dar soporte a la Generalitat en esta materia".
"¿Se ha constituido el Consejo Rector del Instituto del Paisaje?", ha preguntado Mònica Oltra. Ni se ha constituido el consejo rector, ni se ha aprobado el reglamento del instituto así que no está en funcionamiento. "El Reglamento del Instituto del Paisaje, el cual está previsto que se pueda aprobar pronto, regulará las funciones y la composición del Consejo Rector", asegura el conseller de Medio Ambiente en la respuesta parlamentaria, con fecha del pasado 5 de marzo.
Sin embargo, apunta Mònica Oltra, "en 2007 se presupuestó más de medio millón de euros para el Instituto del Paisaje y, para 2008, se han previsto 1,1 millones de euros".
La ejecución de las inversiones destinadas al programa de paisaje y sostenibilidad tampoco permiten echar cohetes. En 2007, el presupuesto inicial era de 12,6 millones de euros. A 30 de noviembre aún quedaban por gastar 9,6 millones de euros, según la ejecución del presupuesto. Ante esta situación, Oltra se interesó por "la ejecución del presupuesto para el Paisaje y Sostenibilidad en los apartados de inversiones reales y transferencias de capital". En una nueva respuesta parlamentaria, el conseller García Antón admite, con el presupuesto de 2007 ejecutado al cien por cien, "que de los casi 9,5 millones presupuestados sólo se ha dispuesto de 3,7".
Compromís se ha interesado por los instrumentos de protección, ordenación o gestión del paisaje desarrollados por la conselleria durante 2007. La respuesta de Medio Ambiente es desoladora. "Se están elaborando diversos instrumentos de protección, ordenación y gestión del paisaje. Entre estos, el más avanzado es el Plan de Protección de l'Horta de València que, en breve, se someterá a consultas e información pública".
* Levante-EMV - L. B. B., Valencia - 02 de mayo de 2008
Foto: feísmo. Chalé engastado en la montaña en la urbanización Bonavista de Cullera/ f. albero, levante-emv.com
El menudeo de la corrupción política
FERNANDO URRUTICOECHEA* : La corrupción no ha estado presente en la campaña electoral, cuando representa, en mi opinión, uno de los principales peligros, si no el mayor, para nuestra democracia. Suelen quejarse los expertos de que pese a la amplia percepción social de la corrupción, los españoles no están verdaderamente preocupados por ella. Tras las elecciones municipales del 27-M del año pasado, se llegó a decir que la corrupción había ganado, ya que de 133 alcaldes acusados de corrupción antes de las elecciones, un 70% fueron reelegidos.
También dicen que la solución pasa por los partidos políticos y los medios de comunicación, sin tener en cuenta que los primeros carecen de estímulo alguno para acabar con la corrupción, ya que es uno de sus principales medios de financiación. En cuanto a los medios de comunicación, en su mayoría han devenido en correas de transmisión de los primeros y saben de lo peligroso que es sacar un caso de corrupción, ya que la competencia acostumbra a contestar con otro del partido contrario.
Los corruptos legitiman sus actuaciones en base a la red de clientelismo que organizan, y son numerosos los ejemplos de que se persiga al que denuncia por poner en peligro tal modus operandi, de lo que puedo dar testimonio personal. Sin la presión ciudadana no se controlará la corrupción existente, y para ello es preciso que se expliquen en primer lugar no las supuestas ventajas, sino los costes de la corrupción para el bien común, para los ciudadanos, con casos concretos, no en genérico.
Y en segundo lugar los ciudadanos tenemos que ver el coste que tiene la corrupción para sus responsables y beneficiarios, con el decomiso de los patrimonios ilícitamente adquiridos y con la pena de prisión para sus principales responsables.
Son recetas ya conocidas, pero falta ‘poner el cascabel al gato’ y tal papel corresponde de forma coordinada a los funcionarios públicos implicados en el control de lo público: jueces y fiscales primordialmente; también a los notarios y registradores y a los funcionarios responsables de las tareas de fiscalización de la gestión pública, interventores en las tres escalas de la Administración Pública, secretarios municipales y, por supuesto, a las fuerzas de orden público, como las recién estrenadas unidades de delitos urbanísticos de la Guardia Civil.
Porque existen excepciones a la tópica utilización de la apatía popular, al contar con ejemplos de voto higiénico en las últimas municipales, precisamente en aquellos lugares donde el escándalo de la corrupción generó indignación social.
La corrupción endémica
Espectáculos como el de la Operación Malaya o el de la Operación Guateque no han facilitado precisamente la indignación moral de los ciudadanos, al verlos como un entretenimiento más que como un tumor social. El problema de la corrupción en España no es de los personajes de la prensa rosa, ni sus responsables más comunes atesoran cuadros de Miró en sus infinitos cuartos de baño o de spa. El principal problema de la corrupción en España es el del menudeo de la corrupción, el que sucede en el urbanismo de la mayoría de los 8.000 ayuntamientos españoles, de todos los tamaños y colores y en muchas de las contrataciones públicas, que van desde la adjudicación de un servicio de aguas a una constructora, a la contratación de una asistencia técnica de un arquitecto.
Precisamente el juez Miguel Ángel Torres, responsable de las mayores operaciones contra la mafia inmobiliaria, Operación Ballena Blanca y Operación Malaya, es el que ha alertado contra la corrupción ‘de baja intensidad’ en el sector inmobiliario, ya que lo de los maletines o bolsas llenas de dinero son las excepciones. Los métodos son más sutiles: se inicia con felicitaciones navideñas acompañadas de regalos, invitaciones a restaurantes, palcos de fútbol, a los toros, asistencias a congresos en hoteles de lujo. El paso siguiente es la participación en algún negocio o el convencimiento de que construyendo muchas casas se pueden ganar las elecciones o conseguir un ascenso en la carrera de funcionario.
Sin embargo, aunque existan tentaciones, también hay quienes las resisten, y así algunos de los casos anticorrupción más espectaculares se han debido al buen quehacer profesional de jueces y fiscales, como los casos recientes del juez Miguel Ángel Torres, en Marbella o del juez Santiago Torres, en Madrid. Tuvieron que pasar muchos años para que esos casos se abordaran judicialmente y sus responsables pasaran por la cárcel. Antes hubo muchas víctimas, pero por parte de los denunciantes, funcionarios vocacionales.
* Fernando Urruticoechea Basozábal, economista-urbanista e interventor tesorero de Administración Local con habilitación estatal
* ECOVOZ - 30 de abril de 2008
Sevilla: Colectivos sociales entran en la fábrica de sombreros para reclamar su uso social y cultural
INDYMEDIA* : Colectivos sociales compuestos por vecinos y artesanos entraron hoy en la fábrica de sombreros de Sevilla situada en la calle Heliotropo, en la zona de San Luis, para reclamar el uso social y cultural de este edificio "abandonado desde hace casi una década".
Según indicaron en un comunicado remitido a Europa Press, se trata de una acción enmarcada dentro de la 'Semana de Lucha Social' convocada por sindicatos y organizaciones políticas y sociales, que comenzó el 25 de abril y que culminará con una manifestación el Primero de Mayo.
Del mismo modo, el colectivo indicó que "ante la escasez de espacios sociales y culturales en la ciudad", exigen la revitalización del edificio que, "como tantos otros, contribuye al deterioro del entorno urbano y la exclusión de las poblaciones y usos tradicionales".
Por otro lado, matizaron que "mientras el Ayuntamiento promete espacios de uso público en cada solar, cientos de inmuebles continúan degradándose en espera de proyectos que nunca llegan o son privatizados para satisfacer la vorágine especulativa".
Este inmueble está proyectado por el PGOU de Sevilla como equipamiento socio-cultural y espacio para talleres de artesanos en su primer cuatrienio de aplicación. Entre la aprobación inicial y final del documento, la administración "ha recortado casi la totalidad del espacio dedicado a actividades artesanales, mostrando escaso interés en el mantenimiento de esta actividad tradicional y en la protección de cultura sevillana en general".
"A día de hoy se sigue sin intervenir el edificio o iniciar las acciones necesarias para llevar a cabo su expropiación, mientras que los artesanos del casco antiguo continúan siendo desalojados por la presión especulativa e inmobiliaria y se sigue padeciendo la falta de espacios para los jóvenes", añade la nota.
El edificio permanece "en el más absoluto abandono mientras el Ayuntamiento despilfarra sus recursos en proyectos faraónicos, con su máxima expresión en los Parasoles de la Plaza de la Encarnación". La presión de la especulación inmobiliaria "sigue acosando los corrales de artesanos característicos de la ciudad, como el corral de la calle Castellar, los talleres del Pasaje Mallol u otros lugares típicos que están siendo desalojados".
Por último, el colectivo lamentó que "el interés privado prevalece a toda costa sobre el valor de la cultura tradicional", ya que "en lugar de defender el patrimonio cultural común, se prima el beneficio económico de los de siempre".
* Indymedia Estrecho - SEVILLA, 26 Abr. (EUROPA PRESS)
Foto: Colectivos sociales entran en la fábrica de sombreros para reclamar su uso social y cultural - estrecho.indymedia.org
El periodista Chema Gil agredido en Murcia por sus informaciones sobre corrupción urbanística
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PERIODISTAS* : El periodista Chema Gil, director del digital Noticias de Murcia, sufrió la agresión de un desconocido el pasado lunes. Un hombre al que no logró identificar propinó contundentes porrazos contra su vehículo, aparcado a plena luz del día en la localidad de Torre Pacheco, cuando el periodista se encontraba dentro.
El atacante iba armado con una barra de hierro. Gil logró escapar a tiempo de su agresor, sin que le alcanzara alguno de los golpes.
La agresión se produce justo un día antes de que se ordenara libertad con cargos para el alcalde de la localidad, Daniel García Madrid, implicado en un escándalo urbanístico revelado por el digital de Chema Gil. El periodista fue víctima de amenazas de muerte e intimidaciones referidas a su familia. La espiral de intimidación contra Gil –a excepción de una llamada en que era insultado, también de manera anónima-se había interrumpido hacía un mes.
Amenazas de muerte, llamadas telefónicas e, incluso, alusiones a su lugar de residencia, a su familia y a su trabajo. En ese día a día en que desde dos años atrás y hasta hace menos de un mes se movía el periodista murciano. Gil es autor de las informaciones periodísticas que llevaron a incoar el caso de corrupción urbanística en Torre Pacheco (Murcia). Un proceso que implicó al Ayuntamiento y que ahora investiga el juzgado número cuatro de San Javier en las diligencias 878/2007.
Entre quienes profirieron parte de esas intimidaciones, se cuenta el alcalde de la localidad, quien amenazó con dejar sin trabajo al periodista.
Chema Gil comenzó a desvelar asuntos escandalosos en la gestión del Ayuntamiento de Torre Pacheco en el periódico La Gaceta del Mar Menor, que antes dirigía y que debió cerrar presionado por la falta de anunciantes. “Intimidados por el Ayuntamiento”, atribuye el periodista. Sus informaciones sirvieron de base para que los juzgados iniciaran la causa penal que ahora se ha puesto al descubierto. El periodista recibe desde entonces amenazas casi diarias. La mayoría, telefónicas. Algunas, de muerte. Como las que colgaron desconocidos en el foro de la página web del Ayuntamiento de Torre Pacheco o la que atendió la delegación en Murcia de la agencia EFE. Incluso han llegado a advertirle de que sabían el colegio y la hora exacta donde cursa su hija de ocho años. El periodista puso todo en conocimiento de la Guardia Civil e, incluso, consiguió recibir protección de este cuerpo durante dos días. Pero, aunque las amenazas continúan, las autoridades le retiraron el amparo “por entender que no había de qué preocuparse”, explica.
El periodista, en cambio, considera de extrema gravedad su situación y la de su familia. Pese a que tomó conciencia del cariz del asunto cuando colegas de profesión le alarmaron de la implicación del alcalde de Torre Pacheco en las amenazas. Los periodistas conocieron ese dato una vez se levantó el secreto sumarial, aunque parcial, del caso. “Ésto hay que sacarlo”, le dijeron. “Porque si mañana te fallan los frenos del coche, nadie va a saber quién está detrás”, le advirtieron. No obstante, Chema Gil denuncia la pasividad de las autoridades y los colectivos periodísticos que, ante la gravedad de la situación, “solo me recomiendan mantener la calma”. Le piden “aguantar el tipo”, pero confiesa temer por la integridad de su familia y por su propia vida. Sus recelos no pasan tanto por el alcalde o e constructor Facundo Armero. Teme, más bien, la reacción de algún “exaltado próximo a sus intereses”.
Las escuchas telefónicas ponían de manifiesto que el alcalde García Madrid encargó a una persona --“no identificada” en las investigaciones de la Guardia Civil- que diera nombres y apellidos de los familiares del periodista, según consta en la desgrabación de las escuchas telefónicas. Además, desde el teléfono móvil del alcalde, intervenido por orden judicial al edil del PP, el 22 de abril del pasado año se envió un SMS solicitando la identidad de la esposa del periodista. El titular del teléfono receptor satisfizo el requerimiento ocho horas después. En otra conversación, seis días después, el alcalde amenazaba con lograr que el periodista se quedara sin trabajo, incluyendo en la conversación que mantiene con un familiar suyo la frase: “ya verá ese”.
La situación no quedó ahí ya que el 19 de mayo, poco después de las dos de la tarde, Daniel García, según obra en las diligencias de la Sección de Investigación Criminal de la Guardia Civil, llamó al mismo número de teléfono al que un mes antes había dirigido el mensaje pidiendo datos de la familia del periodista. El alcalde solicita ahora la dirección del domicilio de Chema Gil. La persona que recibe el encargo saluda al alcalde con un “a sus órdenes”. Poco después le comunica la dirección. El alcalde, interpelado, responde que la necesita para enviarle un jamón al periodista. Ese obsequio nunca llegó al domicilio.
* Periodistas-es - Marta Molina - 01.05.2008
Foto: Torre-Pacheco (Murcia) - oteo (flickr.com)
Funcionarios de Mogán alertaron de la actividad delictiva del alcalde
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ELPAÍS/GranCanaria* : El sumario del caso Mogán -la trama de corrupción en ese municipio turístico grancanario- evidencia que muchos funcionarios sabían que su alcalde, Francisco González (PP) -imputado por ocho delitos- vulneraba la ley con sus decisiones. Sus charlas grabadas revelan hasta qué punto los funcionarios llegaron a ser conscientes de que obedecer las órdenes del alcalde podía acarrear la comisión de delitos.
La investigación ha revelado supuestos delitos económicos, electorales, ecológicos y urbanísticos en la gestión de González.
PREVARICACIÓN "¿Me estás obligando a delinquir?"
La policía destaca que el secretario municipal, Ángel Sutil, "era conocedor de diversas acciones ilegales que desarrollaban los principales responsables del Ayuntamiento", incluso de su propio alcalde: "En alguna licencia, si no le suena así, habla con el arquitecto y se la conceden en la Junta [de Gobierno] y entonces que dos millones los invierta en infraestructuras de no sé qué, que los destine a una finalidad pública. (...) Pero eso tampoco es lícito. Esto puede ser apropiación indebida o malversación, yo por eso digo 'yo no sé nada', yo salgo de la junta, yo a veces he oído cosas, pero por supuesto no las digo. (...) Como le decía yo al alcalde, ¿me estás obligando a delinquir?". Sutil reveló más irregularidades: "Es una irresponsabilidad mía de la hostia meter la ratificación del decreto [de planificación urbanística, competencia del alcalde] y no haber todavía redactado el decreto".
ADJUDICACIÓN ILEGAL "Predilección por ciertas empresas"
La policía ve "claro que existió una predilección del alcalde y de Onalia Bueno [su primera teniente de alcalde]" por ciertas empresas, a las que habrían favorecido mediante "alteraciones ilícitas" en adjudicaciones de obras. Sacan esta conclusión de grabaciones en las que, por ejemplo, Onalia Bueno, primera teniente de alcalde, invocando al alcalde, ordena subir los precios en un concurso "para que se lo lleven ellos". El funcionario capta su ilegal mensaje: "Él querrá ganarle dinero ahí seguro, y como ustedes quieren que la hagan ellos, igual se va a aprovechar de eso. Porque esos precios están muy bien. ¿Que hay algunos precios que están bajos? Vale. Pero hay otros precios que están muy por encima también, ¿entiendes?".
PRECINTO SIN INFORME "Te vas a meter en un follón"
La policía interpreta que en su afán por paralizar un desmonte en una parcela, cuya legalidad refrendó la justicia, el alcalde priorizó hacer cumplir su orden al informe que la justificaba. Sospecha que su "acoso" ocultaba intereses o venganzas particulares. Tuvo que frenarlo el responsable del Plan de Mogán, Marcelino Martín, a quien el sumario atribuye la siguiente frase: "¿Y tú qué me das a cambio de que te recalifique el terreno?". Pero cuando González presionó a todos para paralizar el desmonte ("precinta hoy, sin falta", "el decreto hay que firmarlo hoy", "voy a llamar para que me haga el informe sobre la marcha", "la policía va a precintarle aquello y no le deja entrar sin orden judicial (...), decirles que paren aquello que al final vamos a ir también contra los maquinistas"), le alertó: "Te vas a meter en un follón". Y aconsejó al alcalde denunciarlo por delito ecológico para que recayese en el juzgado paralizar las obras.
LICENCIA A DEPURADORA "Podéis estar prevaricando"
El alcalde, según la policía, ocultó vertidos sin depurar y autorizó una depuradora ilegal. El secretario del Ayuntamiento lo diagnosticó así: "Podéis estar prevaricando por acción si concedéis una licencia sin ajustarse al planeamiento y sin tener la calificación territorial, porque está en suelo rústico; y podéis prevaricar por omisión, siendo cómplices de un delito ecológico al seguir manteniendo... [los vertidos]". La jefa de disciplina urbanística, Patricia Hernández, lo respaldó: "No se puede informar la puesta en funcionamiento. Ningún técnico ha dicho favorable, ha dicho estos son los problemas; si usted quiere aprobarlo en Junta de Gobierno en estos términos, pues es un problema de la Junta de Gobierno". Su oposición a la depuradora que, finalmente, autorizó el alcalde viene reforzada por el hecho de que el responsable del Plan General, Martín, le presionaba en nombre del regidor: "Mira a ver si le puedes resolver el tema al alcalde. Te estoy hablando por boca del alcalde. Lo lógico es que le busques una solución al problema del vertido". Un vertido que el alcalde y la primera teniente de alcalde ordenaron ocultar al funcionario que les dio la alerta.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 01/05/2008
Foto: Mogán (Gran Canaria), urbanismo salvaje - R.Cordero, elpais.com
