ABC* : Las últimas inundaciones del Guadalquivir están sacando a la luz situaciones contradictorias en las que viven varias zonas de la ciudad, como es el caso de Fontanar de Quintos o La Altea, donde los vecinos llevan pagando desde hace ya una década, o más, impuestos de agua, basura o el IBI de Urbana, así como otros servicios oficiales, como es el caso de la luz a Endesa-Sevillana, que requiere de la autorización d ela Junta de Andalucía, o el teléfono a Telefónica, a pesar de que se siguen considerando zonas no legalizables. Es más, tal y como recordó una vecina de Fontanar de Quintos, María del Mar Antares, la infraestructura para que llegara el agua «la acabamos pagando todos los vecinos, a propuesta del Ayuntamiento, que también nos ofreció el alcantarillado, pero, como ya era excesivamente caro, no hubo unanimidad para realizar esa obra». En caso contrario, también estarían pagando por ese concepto, «como todo hijo de vecino», recordó por su parte, Carmen Pilar Cañamón, también vecina de esa zona.
Ella, junto a su hija de 13 años y su marido, habitan en una hermosa casa de la calle Orquídea, donde el pasado día 6 «me acabaron de poner la cocina estropeada por la riada de febrero; no está ni pagada y ya está para tirarla por completo». Algo parecido le ha pasado con las puertas de toda la vivienda, si bien estas todavía no habían sido instaladas por el carpintero y se han salvado de la última inundación.
La ayuda del Gobierno
Además, hace dos semanas le llegó, por fin, el dinero del Gobierno por los daños ocasionados por el agua a principios del presente año, «y ya vamos a tener otra vez al perito por aquí para hacer uso del segundo decreto que vaya a salir en este mismo año», se lamentó.
Para Pilar, «carece de toda lógica que nos sigan considerando ilegales cuando estamos pagando el IBI de Urbana, que indica que que esto es también la ciudad y no una mera zona rural, y otros servicios municipales, y eso es algo que los demás ciudadanos de Córdoba tienen que saber».
Y es que, en efecto, los parcelistas se sienten considerados por la generalidad de los cordobeses como unos «caraduras» o unos «okupas» que se libran de pagar sus impuestos para ahorrarse un buen dinero. «¿Ilegales? Eso es absurdo. Yo llevo diez años pagando el IBI de Urbana, e incluso cuando compré la casa y le hice un arreglo posterior fui a declararlo al Registro y al Catastro para ponerlo todo en orden y tuve que pagar, incluso, cinco años de retrasos por ese impuesto», sentenció, por su parte Juan Montilla, presidente de la calle Orquídea y funcionario del Ayuntamiento de Córdoba, quien aseveró contundente que «tengo todos los papeles en regla y pago ahora por mi casa, de 133 metros, mi cochera, mi piscina y por todo lo demás».
Hasta tal punto Montilla está convencido de que su situación está tan regularizada como la de cualquier otro cordobés que lanzó un reto al Consistorio: «Si realmente somos ilegales, ¿qué pasaría si de golpe y porrazo dejara de pagar el IBI de Urbana? ¿Me embargarían la vivienda o mi cuenta? Si soy tan ilegal, a ver qué solución le damos a todo esto».
Pero las curiosidades en esta zona de la ciudad no acaban ahí. Las calles de Fontanar de Quintos están sembradas con carteles indicativos de sus nombres, y todos ellos llevan impreso el logotipo del Ayuntamiento, como señaló irónica María del Mar Antares. «¿Se entiende que el Ayuntamiento pueda considerar irregular una zona a la que le presta su logotipo oficial?».
También en La Altea se consideran legales. Así, al menos, lo aseguró el presidente de la asociación vecinal, Julio Cortés, quien aseguró ayer a este periódico que cuenta con documentación para demostrar «eso, y el hecho de que no somos una zona inundable, como ocurre con una parte de Guadalvalle».
Planes urbanísticos
Según sus palabras, «nosotros nunca hemos actuado al margen de Urbanismo y siempre hemos hecho lo que nos han dicho desde el Ayuntamiento y, en nuestro caso, nosotros somos del tipo de urbanismo que está dentro del PGOU».
Una cuestión que, por cierto, también puntualizó el presidente de la asociación de vecinos de Fontanar de Quintos, Rafael Muñoz, quien afirmó que esta zona, en concreto, se incluía en el PAU III «como zona urbanizable y no con carácter rural».
Por lo pronto, los vecinos continuaron ayer con las labores de limpieza en el interior de sus parcelas, después de que un vehículo de Tragsa se encargara desde el pasado sábado de quitar el barro y el agua de los principales caminos y calles.
No obstante, al contrario de lo que ocurrió en febrero pasado, cuando el Ayuntamiento y la Junta se encargaron de hacer frente a este gasto también, en esta ocasión son los propios vecinos quienes se lo están pagando de su bolsillo, porque «como a las empresas encargadas de esto no se les pagó, ahora ya no se fían de las administraciones». Eso sí, a cambio de un «precio especial», tal y como aclaró la responsable de realizar estas labores, que han sido «muy solicitadas».
* ABC - 15.12.10
Foto: Carmen Cañamón y Juan Montilla muestran documentos de que están pagando impuestos de agua, luz, basura, teléfono y el IBI de Urbana - abc
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ANDRÉS BERLANGA/Guadalajara* :
Un ejemplo de la destrucción callada de nuestra arquitectura popular y rural de siglos tuvo lugar ayer mismo. En Labros, Guadalajara, un pueblecito tendido al sol en la paramera de Molina de Aragón, además de un arco románico del siglo XII, y una torre del XVI en una iglesia que sus descendientes han conseguido que se restaure, había en la plaza tres edificios singulares que fueron biblioteca, carnicería comunal y fragua, tras un porche (allí llamado portegao), con soportes de piedra para los pilares de sabina. Formaban hasta el lunes un conjunto de una planta, con tejados de teja árabe, testimonio de una cultura tradicional que había merecido, entre otros reconocimientos, ser reproducido en el reciente libro Arquitectura Popular de Tierra Molina.
La vieja fragua se había convertido en Centro Cívico en 1983, por iniciativa de la Asociación de Amigos de Labros, y allí dentro, además de mostrar arados, albardas, hoces, fuelles y toda la memoria de lo que fue un pueblo campesino, se celebraban reuniones comunitarias, se organizaban exposiciones de fotos o se planeaba un premiado periódico, la representación de teatro clásico de cada año, las fiestas de agosto, un rastrillo, la recuperación de juegos tradicionales o iniciativas mil en bien del pueblo.
Después de muchos meses de batallas para que el Ayuntamiento (radicado en otro pueblo) no lo echase abajo, la mano del hombre, que no un rayo o el paso del tiempo, ha arrasado todo eso. No es mal reflejo (desolador y simbólico) de un país, un paisaje y un paisanaje municipal.
* El País - Opinión - 15.12.10
Foto: Labros (Guadalajara) - todopueblos
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SUR/Málaga* : Se preveía la regularización de un millar de viviendas ilegales antes de final de año y, de momento, la cuenta arroja un saldo de 316 inmuebles. Tras el pistoletazo de salida que dieron hace poco más de tres semanas 227 pisos de las promociones Santa María Green Hills y El Palmeral, tras ceder suelo y abonar 1,3 millones para cumplir con las cargas impuestas, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella sigue avanzando sin prisa pero sin pausa para arreglar el caos urbanístico heredado del gilismo. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer una nueva normalización de viviendas ilegales, en este caso de 89 casas de la urbanización La Corniche, ubicada en la Supermanzana D de Nueva Andalucía.
El método sigue la misma pauta que la mayoría de las normalizaciones que están por venir. Estos inmuebles, que hasta el momento habían estado fuera de ordenación por incumplir el PGOU del 86, han salido del limbo urbanístico tras pagar los promotores las cargas impuestas. En este caso, 712.000 euros en dinero contante y sonante y 12.031 metros cuadrados de terrenos que se destinarán a espacios libres, como se viene a denominar a las zonas verdes. En este caso, además, hay letra pequeña: una caución de 250.000 euros para garantizar la ejecución de las obras que tendrán que realizar en este sector.
Transferencia y escritura
No es una cuestión menor. En suma, las arcas municipales se han embolsado ya más de dos millones de euros solo por la regularización de 300 inmuebles; un balón de oxígeno para unas finanzas que llevan 500 millones en deudas de lastre. «Es un acuerdo importante para el Ayuntamiento, que está muy necesitado de los ingresos económicos», explicó Félix Romero, portavoz del equipo de gobierno. Los pasos están marcados de antemano. Para que la regularización de una promoción de viviendas se apruebe en Junta de Gobierno Local, la transferencia bancaria y la escritura pública deben estar acreditadas.
«Todo está rematado oficialmente. Por eso se puede pensar que está siendo más lento de lo que se esperaba, pero hay muchos promotores interesados», señaló a este periódico Pablo Moro, concejal delegado de Urbanismo, que confía en que antes de que expire 2010 se eleve considerablemente el cómputo de inmuebles que se ponen del lado de la legalidad. Por su parte, Romero puso el acento en la trascendencia de las regularizaciones para los llamados terceros de buena fe. «Nos autoimpusimos trabajar para que los ciudadanos tuvieran seguridad jurídica y tranquilidad en la gestión de su patrimonio», abundó el portavoz del equipo de gobierno, que aventuró que a la vuelta de pocas semanas los acuerdos para la legalización de viviendas irregulares, de las 16.500 que dejó la gestión del GIL y que podrán normalizarse mediante el pago de compensaciones, serán algo «cotidiano».
No se prevé un camino de rosas. El sistema que marca el Plan General, hasta ahora inédito en un planeamiento urbanístico y realizado expresamente para intentar desenmarañar el caos del ladrillo que dejaron los gobierno gilistas, entraña una enorme complejidad jurídico-administrativa. Aunque algunos promotores han asomado por la sede de Urbanismo, al menos para interesarse por el estado de sus construcciones, pero otros han desaparecido y han dejado en la estacada a decenas de propietarios. El más crítico con este modelo de normalización es Ricardo Arranz, presidente de la Federación de Urbanizadores y Turismo Residencial de Andalucía, que considera que el documento será «imposible» de gestionar. De momento la palabra imposible no entra en el diccionario de los primeros promotores que han dado un paso al frente. El plazo voluntario para que todos sigan su ejemplo concluirá en mayo. Pasada esta fecha, el Ayuntamiento podrá tomar medidas para reclamar las cargas.
* Sur - 15.12.10
Foto: Vista de las 89 viviendas ubicadas en Nueva Andalucía que se han regularizado tras el pago de las compensaciones - sur
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LEVANTE* : Las obras de protección y conservación del jardín de Monforte consistentes en la apertura de una nueva puerta junto al palacete, en la limpieza de las esculturas, la reparación de caminos y el esponjamiento y poda intensiva del arbolado arrancarán esta semana con cargo al Fondo estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, descartó que los retrasos en el inicio de la remodelación, adjudicada hace mes y medio, estén relacionados con su imputación en la investigación de un posible delito de prevaricación en las obras del aparcamiento de Severo Ochoa. Este aparcamiento se construyó sin los informes preceptivos de la Dirección General de Patrimonio por afectar al Bien de Interés Cultural del jardín de Monforte. El fiscal mantiene las imputaciones contra los funcionarios con responsabilidades urbanísticas implicados en el expediente, entre ellos, el actual secretario del ayuntamiento, Pedro García Rabasa.
El delegado de Urbanismo está convencido de que la investigación del aparcamiento abierta por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia a instancias de Cercle Obert "se archivará en cuanto pasen las elecciones" municipales y autonómicas de mayo.
En relación a la otra obra pendiente en Monforte -la del controvertido derribo parcial del muro perimetral- Bellver apuntó que "se hará en el momento oportuno". El derribo parcial del muro de Monforte y su sustitución por una reja con el objeto de mejorar la conexión del jardín con la ciudad y la oxigenación de los árboles causó un fuerte rechazo. Expertos en jardines históricos, asociaciones en defensa del patrimonio y el mismo ex conseller de Cultura, Fernando Villalonga, se opusieron al proyecto.
Un portavoz de Cyrespa, la adjudicataria en UTE con Pavasal del proyecto, apuntó que hoy está prevista la firma del acta de replanteo, que supone el inicio formal de las obras de mejora del jardín de Monforte . La remodelación se adjudicó en octubre pero ha tardado mes y medio en empezar, un plazo que las adjudicatarias consideran que está "dentro de lo normal". Fuentes de Pavasal aseguraron que ya se ha empezado a trabajar aunque en partes del proyecto que no son visibles.
Una veintena de obras aplazadas
La remodelación del jardín histórico, en la que se gastarán 1,2 millones de euros, se ha retrasado y el ayuntamiento tendrá que solicitar una prórroga al Gobierno. Así lo ha hecho con otros proyectos como los huertos urbanos de Sociópolis y el jardín de Gas Lebón (incluido en el primer plan Zapatero). La reordenación de las grandes vías también ha empezado esta semana y no estará terminada en plazo. El ayuntamiento ha tramitado ya una veintena de solicitudes de aplazamiento de obras. Para no perder el dinero, tiene que justificar que la demora no ha sido por causas imputables al ayuntamiento o las contratas.
* Levante - 15.12.10
Foto: Valencia, jardines de Monforte con la ampliación a la derecha - aytovalencia
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ELPAÍS* : La Audiencia de Granada ha condenado a siete años de inhabilitación al ex diputado del PP José Luis del Ojo por un delito de prevaricación. El fallo considera que durante su etapa como concejal de Urbanismo en Ogíjares (Granada), Del Ojo adjudicó varias obras municipales prescindiendo del procedimiento administrativo correspondiente y siendo "perfecto conocedor de la ilegalidad que estaba cometiendo". La condena le impide desempeñar el cargo de concejal o alcalde y además le obliga a pagar la mitad de las costas procesales del juicio. La sentencia, que va a ser recurrida por el ex diputado a las Cortes, considera probado que Del Ojo, como alcalde en funciones, contrató "verbalmente" en 2003 varias obras en el Ayuntamiento y en algunas calles a la empresa Promociones y Construcciones García Mejías S. L.
Con la finalidad de que los contratos tuviesen la condición de "menores" -al no superar la cuantía de 30.020,61 euros, según consta en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas- se fraccionó la documentación relativa a esas obras de mejora y adecuación de las calles y del Consistorio. Y se concertó verbalmente con ausencia total del procedimiento, sin informe de Secretaría del Ayuntamiento, del Servicio de Contratación o de Intervención y sin consignación presupuestaria en el momento de las obras.
De esa forma, y tras lograr los informes técnicos necesarios que avalaran el fraccionamiento de las obras, Del Ojo eludió los requisitos de publicidad e imparcialidad en la contratación. Y eso aunque en realidad, según consta en la resolución, las obras se correspondían con una sola en la calle y otra en el Ayuntamiento. Además, sostiene el tribunal, tampoco se cumplió con otros requisitos previstos en obras menores, lo que motivó que se emitieran "informes de reparo" del secretario del Ayuntamiento y de la interventora municipal.
Por todo eso la Audiencia considera que Del Ojo, que ya no es ni concejal ni diputado aunque sí miembro del Comité Ejecutivo Provincial del PP, prescindió "total y absolutamente" de todo procedimiento administrativo en la adjudicación de las referidas obras, siendo "perfecto conocedor de la ilegalidad que se estaba cometiendo".
Por el contrario, respecto a las obras de la Casa de la Cultura del municipio, por las que también estaba acusado, el tribunal considera que no ha quedado acreditado que llegara a un compromiso verbal con la empresa adjudicataria, en este caso UCOP. De ahí que lo absuelva del otro delito de prevaricación del que estaba acusado y por cuyo escándalo dejó su responsabilidad en Urbanismo en Ogíjares, donde fue concejal desde 2003 al 16 de octubre de 2006. La sentencia será recurrida ante el Tribunal Supremo.
* El País - 15.12.10
Foto: Ogíjares (Granada) - andalucia.org
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ELPAÍS* : Se llamaba "hipoteca bienvenida". Era un producto financiero especialmente pensado para los inmigrantes y lo ofrecía, en 2005, la intermediaria financiera CreditServices. Con sólo tres meses de trabajo en España, el inmigrante podía acceder a un crédito que cubría el 120% del valor de una vivienda. Todos los gastos y comisiones de gestión quedaban cubiertos y pasaba a ser propietario de un piso en España sin poner un euro por su parte. El crédito lo concedían entidades estadounidenses, que apenas tenían oficinas a pie de calle en España y les era más fácil colocar sus productos a través de redes de intermediarios como CreditServices. Se firmaban unas mil al mes. A los bancos estadounidenses les interesaba especialmente ese perfil. Al inmigrante se le podía poner un interés más alto al del mercado sin que se diera cuenta. Además, venían con familia, estaban aquí para quedarse.
Así lo cuenta el presidente de CreditServices, Javier López. La "hipoteca bienvenida" era solo uno de los productos que ofrecía entonces, cuando su red de oficinas conseguía unas 50.000 hipotecas al año, para todo tipo de clientes. Llegó a tener 596 oficinas. Hoy tiene 80.
CreditServices es todo un síntoma de la situación económica. Fue un gigantesco negocio de intermediación de hipotecas. Los tiempos cambian y hoy su principal línea de negocio es reunificación de deudas y procesos concursales ante impagos. "Estoy adaptando mi negocio a la realidad", dice. "Hago otros productos, pero no me generan tantos ingresos". Cinco años después, López asegura que "hay siete millones de hipotecas que, si el banco no hace un esfuerzo por refinanciar, van a caer". La cifra tiene el valor de la estimación de un profesional. En este caso, la estimación de uno de los mayores expertos de España en conseguir hipotecas durante los años de la burbuja inmobiliaria.
En octubre de 2007, durante la presentación de sus resultados trimestrales, el número dos del Banco Santander, Alfredo Sáenz, dijo: "Claro que hay hipotecas subprime en España. Es una cuestión de puro sentido común". Según fue citado en una noticia de la web Cotizalia, Sáenz añadió que "los criterios por los que una hipoteca se considera subprime en los países anglosajones se pueden aplicar perfectamente a España".
El consejero delegado del mayor banco de España dijo también cuáles eran esos "vicios que todos nos sabemos". Un elevado porcentaje del valor (en general, se considera arriesgado un préstamo que cubra más del 80% del valor del bien hipotecado), una tasa de esfuerzo alta (que el comprador tenga que dedicar más del 35% de su renta a pagar los plazos) y las tasaciones "forzadas" que subían los precios.
Faltan detalles en esta descripción. Los pueden aportar Jairo González, de 39 años, y Noemí Ramos, de 35, ecuatorianos que compraron una casa en enero de 2007. El crédito se lo negoció un chiringuito llamado Central Hipotecaria del Inmigrante, en Aluche. "Antes de tener tu piso, tenías que firmar como copropietario de otro", explicaba Jairo hace unos días. Una vez hecha esta operación, no había forma de echarse atrás. El intermediario les cobró 17.000 euros de comisión por las gestiones que no recuperarían si se echaban atrás. Se dieron cuenta del entramado en la misma mesa del notario, pero perdían mucho dinero si se levantaban y se iban. Tienen una niña de tres años. Noemí está embarazada de ocho meses. Tuvieron que dejar de pagar el piso y ahora esperan en cualquier momento la subasta y el desahucio.
El hilo de cualquiera de estos relatos no tiene fin: "En mi piso figura como copropietaria una señora de 60 años a la que, a su vez, le dieron una hipoteca a pagar en 30 años. ¿Cómo lo hicieron? Pusieron de copropietarios a otros dos de 25 años, y así el plazo se calcula sobre la media de los tres", contaba Jairo. El intermediario le confeso un día que había ganado un millón de euros en comisiones de hipotecas.
Como ellos, miles de familias están sufriendo hoy las consecuencias de haber creído en dos promesas: que podían pagar créditos de cientos de miles de euros con nóminas mileuristas y que las casas seguirían subiendo de precio. Estas hipotecas se hicieron en cadena y están cayendo en cadena. El impago de una de ellas hace que el banco actúe contra todos los avalistas o copropietarios de la misma. Son más de 90.000 ejecuciones hipotecarias en 2009, y una previsión del Consejo General del Poder Judicial de 180.000 ejecuciones este año. El edificio subprime, el de las hipotecas para todos, al precio y a los años que sea, cualesquiera que sean los ingresos, se está derrumbando sobre el último eslabón de la cadena, las familias que creyeron que podían comprar un piso.
Los casos muestran como, si acudía a un banco, un inmigrante sin trabajo fijo y con un sueldo dependiente de las horas extras no podía comprarse a un piso. Pero intermediarios como el que contactaron Jairo y Noemí montaron un sistema por el que dos inmigrantes en las mismas condiciones podían comprarse dos pisos, con créditos de esos mismos bancos. El abogado Rafael Mayoral lo describe así: "El intermediario manejaba su cartera de clientes como piezas de puzle, con las que hacía pruebas hasta que cuadraba una operación y la colocaba". Mayoral presentó el pasado día 1 una denuncia por estafa contra la persona que negoció la hipoteca de Jairo y Noemí y otras cuatro más, todas con copropietarios que no se conocían entre sí antes de firmar.
No será la última. Carlos Guerrero, un abogado del despacho Sofos Consulting de Barcelona se ha especializado en procesos concursales de personas físicas ante el aluvión de impagos. Los clientes acuden a él con deudas tan escandalosas que Guerrero está estudiando también la posibilidad de presentar querellas individuales contra bancos, cajas, tasadoras e inmobiliarias. "Hay un engaño masivo, hay un ánimo de lucro y hay perjudicados. Son los elementos de una estafa", afirma Guerrero.
"En 2006, se cortó el crédito de los bancos", explica este abogado a partir de la observación de casos. "Pero había directores de oficinas que todavía tenían capacidad para dar créditos. El intermediario conoce cuáles son, y junto con el director y su amigo tasador se ponían de acuerdo y se repartían las comisiones por cerrar hipotecas". La tasación es un factor clave, explica Guerrero. "Se hacían a la carta de acuerdo con la necesidad del director".
En la denuncia presentada el pasado día 1, los ecuatorianos lo describen así al juez: "Fuimos víctimas de una sucesión de engaños por medio de actos aparentemente legales tendentes a eludir el control de riesgos financieros y que se sustentaron en la credibilidad profesional de las personas participantes y en su apariencia legal (...) Pusimos nuestros intereses en sus manos confiando en la diligencia y profesionalidad, en la buena fe y el prestigio de las personas y entidades intervinientes". Las hipotecas de estos denunciantes se firmaron con Caja España, Ibercaja, Caja Madrid y Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Otro abogado, Mario Barguñó, que asesora a familias para declarar concurso de acreedores a través de su empresa Equilibrio Financiero, añade que se ha encontrado hasta casos de falsificación de documentos, como nóminas, para conseguir cumplir los requisitos de la hipoteca. "Era una carrera [de los bancos]", afirma. "El que no daba créditos estaba perdiendo negocio".
Por supuesto, hay otro punto de vista de las hipotecas a familias humildes. La denominación legal de los brókeres hipotecarios es agentes de la propiedad inmobiliaria (API). Existen unos 5.500 colegiados en España. Su portavoz, Germán Navarro, sabe perfectamente cómo era posible que varios inmigrantes sin ingresos estables pudieran comprara casas en cadena. "Las operaciones se hacían muy rápido para que no se registrara en el Banco de España", explica Navarro. Los datos de crédito de todos los clientes de los bancos se anotan cada 10 días. Si las dos operaciones se hacen en menos tiempo, el Banco de España no detecta el sobreendeudamiento. De esa forma, una persona podía ser propietaria de un piso al 80% y de otro al 20%, o avalar a otros que a su vez le avalaban a él.
Navarro rechaza estas prácticas. Pero también rechaza que los brókeres hipotecarios tengan una responsabilidad. "¿A quién engañaban? ¿Al cliente o a la entidad?", se pregunta. "Son los bancos los que te dicen todas las cosas que se pueden hacer". Su trabajo, explica, consiste en encontrar la entidad que es más fácil que te dé la hipoteca. "Por ejemplo, un banco que acaba de llegar a la plaza y necesita clientes. El director de la oficina les dice a los brókeres que acaba de abrir y necesita cumplir unos objetivos de clientes. Así que te dice: 'Mira, esto que te deniegan en cualquier parte, este mes, aquí cuela".
Navarro también deja muy claro que el riesgo no es asunto suyo. "El trabajo del bróker es derivar operaciones y hacer muchas operaciones. Al bróker no le tiene que interesar la solvencia del cliente, eso le tiene que interesar al que se juega el dinero, que es el banco". El riesgo no es asunto suyo. "Tú le dices al cliente: esto son 1.000 euros al mes durante 25 años. Si él quiere, yo no soy su padre para decirle que no lo haga. Y si al banco le parece que podrá pagar...".
Con la crisis se ha perdido la perspectiva de un dato fundamental que entonces tenía su sentido: "La premisa era que daba lo mismo, porque el piso valía el doble mañana. Es decir, daba igual que la señora ni pudiera pagar, porque el piso iba a seguir subiendo de precio. Esa es la creencia que está detrás de todas estas prácticas", dice Navarro. En esa subida de precios la principal responsabilidad era de las tasadoras. Navarro las define como "la voz de su amo". "La tasación es un trámite engorroso del que hay que salir. A tal director de tal oficina le intersaba colocar tanto dinero en tal colectivo". Y las tasaciones se hacían al gusto. "Seguro que en cada banco hubo alguien que en algún momento daría la voz de alarma. Y seguro que al día siguiente le pusieron a vigilar el aparcamiento".
El caso es que, ya con la crisis encima, todavía siguieron saliendo productos para dar hipotecas. Josep F. tenía una casa de 60.000 euros por la que pagaba 300 al mes cuando en 2008 aceptó una "hipoteca cambio de casa" de la intermediaria UCI, que le dio el banco Santander. Se iba a vivir con su novia, cobraban entre 1.400 y 1.900 euros y les aseguraron que podían pagar una casa de 330.000 euros. "Te lo vendían diciendo 'tranquilo, que venderás la casa. Pero ellos ya sabían que no era así". El producto les daba dos años de carencia, con una cuota de 1.100 euros al mes en los que se supone que venderían la casa pequeña y les quedaría una hipoteca de 240.000 euros. La realidad es que la casa no se ha vendido y a Josep se le viene encima dentro de tres meses una cuota de más de 2.000 euros al mes que acabará con él. Además, nadie le explicó que, a través de una complicada fórmula, la deuda real es de 427.000 euros. "La cláusula más divertida es esa en la que el notario da fe de que estás en el conocimiento de lo que estás firmando", dice Josep. "También da fe de que te han dejado la hipoteca para revisarla. Pero habíamos negociado una a 35 años y el día antes nos la cambiaron a 40".
¿Por qué se siguen haciendo hipotecas cuando ya está claro el riesgo? "Ya en 2007 se empezó a ver que iba a aumentar el paro", asegura Javier López. "Los bancos tenían que hacer hipotecas para conseguir liquidez. Se titulizaban y se vendían en los mercados, sobre todo Londres y Nueva York [para obtener financiación]. A los directores de oficinas les ponían objetivos de hipotecas y había que crecer un 20% al año. Yo recuerdo directores que me llamaban y me decían: 'Oye, Javier, necesito mil hipotecas antes de final de año o no tengo bonus". López asegura que el 90% de estas hipotecas se hicieron para bancos estadounidenses.
También rechaza cualquier insinuación de malas prácticas. "¿Se dieron mal las hipotecas? No, se dieron bien en aquel momento. El primero que cayó fue el último de la cadena [los inmigrantes] y todo el mundo dice que nos equivocamos al dar hipotecas a inmigrantes. ¿Y los demás? ¿Y los pilotos despedidos de Spanair? Yo tengo hipoteas de pilotos denegadas. Ahora todo es un sector de riesgo".
También rechaza que la gente no supiera lo que firmaba. "La gente minimiza el riesgo. Van con la ilusión de comprar. Eso de que no sabían... ¿Por qué se pide un avalista entonces? Se busca cuando no daba suficiente. Los americanos nos decían que, como en España se responde con todo el patrimonio, se podía seguir con el negocio. ¿Es subprime una hipoteca con tres avalistas? No, porque responden con todo su patrimonio. Te lo dice el notario, no se firma en un bar. Son conscientes en el 99% de los casos".
No es fácil definir cuántas hipotecas de alto riesgo hay. El mes pasado, la revista Estabilidad Financiera editada por el Banco de España incluía un artículo en el que expone que los bancos y cajas tienen más de un billón de euros (el PIB de España) en créditos hipotecarios. De ellos, 600.000 milones están concedidos a hogares. Y el 16% de los préstamos a hogares (casi 100.000 millones de euros) está concedido por encima del 80% del valor del inmueble, es decir, son más arriesgados. La semana pasada, el Banco de España anunció que las entidades tendrán que hacer pública toda la información sobre su exposición real al riesgo inmobiliario, que ahora es confidencial.
Con el tinglado hipotecario hundido, los brókeres inmobiliarios están aplicando sus conocimientos de ingeniería financiera para vender productos que ayuden a capear el temporal. Para que la gente pueda pagar, hay que convencer al banco de que rebaje las cuotas mensuales. Por pura lógica, eso implica ampliar el plazo. Javier López, de CreditServices, asegura que él puede conseguir hipotecas con plazos hasta que el deudor tenga 90 años. "Tengo una hipoteca a 69 años hecha a una persona de 18", pone como ejemplo. Esto se consigue añadiendo al contrato un seguro de vida. "Hay entidades que hacen esos seguros. Para ser más concretos, francesas. Otra cosa será que quiebren dentro de tres meses. ¿Están alargando el problema? Sí, pero de momento, salimos".
Pero hay miles de familias a las que ningún truco financiero les puede salvar del desahucio. Cuando se visita un juzgado especializado en ejecución de hipotecas se ve la crisis en pequeños montones de carpetas de papeles. Los sueños de las familias desparramados por la pared en edictos de subasta que, como en los juzgados 31 y 32 de Madrid, no caben en el tablón de anuncios. "Nos ampliaron el tablón este año, y para el año que viene han prometido más espacio", dice un funcionario del 31. Siguen sin caber.
Es solo un juzgado. Registró 970 procedimientos en 2007, la inmensa mayoría ejecuciones de hipotecas. En 2009 fueron 2.944 casos. Este año llevaba 2.089 casos hasta junio. "No se puede ocultar lo que está pasando", dice apesadumbrado.
* El País - 12.12.10En los juzgados 31 y 32 de Madrid, especializados en hipotecas, los edictos de subastas de pisos ya no caben en el tablón de anuncios y hay que ponerlos en puertas y paredes - elpais
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INFORMACIÓN/Alicante* : El ex aparejador municipal de Llíber, Amador Signes, quien está imputado por la supuesta estafa urbanística en la que también están implicados, entre otros, el ex alcalde del PP, José Mas Avellá, y el constructor Miguel Muntaner, desvió a cuentas en el principado de Andorra 2,4 millones de euros. El pasado mes de abril, la juez que investiga esta trama ordenó el bloqueo de las cuentas y el embargo de bienes de Muntaner, José Mas, Amador Signes y del constructor Trevor Bourne, que es otro de los imputados. Dictó una comisión rogatoria internacional para rastrear los posibles fondos bancarios del ex arquitecto técnico municipal en Andorra. Fuentes del caso confirmaron ayer a INFORMACION que se han encontrado depósitos por valor de 2,4 millones, que la magistrada ya ha ordenado congelar.
En su auto de abril, la juez advirtió del "cuantioso patrimonio" que los principales imputados habían logrado amasar con la construcción y venta de 300 casas ilegales. La presunta estafa se cometió entre los años 1999 y 2003. Los promotores implicados actuaban en supuesta connivencia con el entonces alcalde y con el aparejador municipal. José Mas daba las licencias de obra fraudulentas y el arquitecto técnico las informaba favorablemente y realizaba y cobraba los proyectos privados.
Cuando la juez ordenó embargar el patrimonio de los imputados, los bienes de Signes no eran nada del otro mundo comparados con los de Muntaner, quien acumulaba 100.000 metros cuadrados en terrenos repartidos por media comarca de la Marina Alta, 16 viviendas y 7 coches. El ex aparejador municipal "sólo" tenía seis fincas en Dénia que sumaban 22.000 m2. Pero los 2,4 millones localizados en cuentas en Andorra sí que constituyen un peculio importante.
La trama urbanística de Llíber se destapó hace justo ahora un año. La Guardia Civil detuvo a Muntaner, al ex alcalde del PP y al ex aparejador municipal. La juez ordenó el ingreso de los tres en prisión, pero fueron saliendo en libertad tras pagar la fianza. El último en abonarla fue Mas Avellá, quien permaneció más de dos meses en el centro penitenciario de Fontcalent.
Por esta estafa urbanística, hay, en total, 18 imputados, entre promotores, abogados e incluso un notario. También están imputados todos los ediles de la corporación de 1999 a 2003, incluido el actual alcalde, Juan Bautista Reus, del PSPV.
En la causa se han personado como acusación particular 158 propietarios de viviendas que las compraron convencidos de que eran legales. Sin embargo, con el tiempo descubrieron el fraude y, además, todavía hoy no disponen de servicios urbanísticos básicos. El suministro de luz y agua sigue siendo de obra, años después de construirse las casas en suelo no urbanizable y habitarse. Además, numerosos propietarios tienen que recurrir a placas solares y generadores.
El montante total de la estafa podría ascender a 60 millones de euros. Los afectados son, en su mayoría, jubilados extranjeros que invirtieron los ahorros de toda una vida en adquirir una casa. Pero su retiro a la Marina Alta poco ha tenido de apacible. Llevan años luchando para que se legalicen sus viviendas. De un año a esta parte, al menos han visto cómo la estafa de la que fueron víctimas ha tenido respuesta policial y judicial.
Las fuentes del caso antes citadas indicaron que la juez está a punto de terminar la instrucción y que, probablemente en enero, se iniciará ya el procedimiento abreviado. Entonces, esta causa, en la que hay indicios delictivos de estafa, cohecho y prevaricación, pasará a los juzgados de Benidorm.
* Información - 14 .12.10
Foto: Llíber (Alicante), chalés ilegales - diarioinformación.com
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ELPERIÓDICO* : El Banco de España no adoptó ninguna de las medidas adecuadas que habrían frenado la burbuja inmobiliaria española y que habrían amortiguado la gravedad de la crisis económica y financiera actual del país, según detalla hoy un informe de la Comisión Europea. El establecimiento de techos en el importe de las hipotecas en relación al valor de la vivienda y al nivel de ingresos del adquiriente "habrían ayudado a evitar el excesivo crecimiento del crédito en España e Irlanda", advierte el informe trimestral sobre la zona euro en una apartado específico dedicado las burbujas inmobiliarias. El Banco de España toleró durante la expansión inmobiliaria que bancos y cajas de ahorro dieran hipotecas por importe equivalente hasta el 120% del valor de la vivienda. Otra de las medidas que habrían frenado el alza de los precios de los pisos y la burbuja inmobiliaria hubiera sido aumentar los costes de financiación por parte de los bancos y cajas obligando a incrementar el nivel de capital propio para este tipo de créditos, precisa el citado informe.
Efecto negativo de la desgravación fiscal
La pasividad del Banco de España permitió una espiral especulativa en la que los precios de la vivienda se alejaron cada vez más de la realidad económica del país, según el análisis que efectúa la Comisión Europea, aunque evita señalar directamente al supervisor español.
El Gobierno español, según el informe europeo, también contribuyó a mantener viva la burbuja inmobiliaria al no haber eliminado antes la desgravación fiscal por la compra de vivienda. El Ejecutivo comunitario señala que la reducción de las desgravaciones fiscales en las hipotecas constituye una medida efectiva para contener la especulación inmobiliaria y el alza de los precios.
* El Periódico - 14 .12.10
Foto: Parlamento europeo - flickr
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DIARIODEMALLORCA* : El titular del Juzgado de lo Penal nº4, Juan Manuel Sobrino, ha condenado a una multa de 1.080 euros (doce meses a tres euros diarios) al ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, por un delito de encubrimiento tras alcanzar un acuerdo de conformidad con las acusaciones en la vista oral celebrada por la pieza nº2 del caso Andratx. También ha sido condenado a dos multas de mil euros el otro de los acusados en este fleco, Antonio Belén. En concreto, la Fiscalía solicitaba dos años de prisión contra el ex primer edil mientras que la acusación particular, ejercida por los letrados Josep de Luis e Isabel Fluxà en nombre del Ayuntamiento 'andritxol', reclamaba un total de tres. Para Belén pedían otros tres años por el delito contra la ordenación del territorio. Este último acusado deberá además demoler lo ilegalmente construido. Hidalgo ha acudido a los Juzgados de Vía Alemania desde el centro penitenciario de Palma, donde cumple condena por otras dos piezas separadas de la causa y ha permanecido durante los cinco minutos que ha durado la vista flanqueado por varios agentes policiales, para ser de inmediato conducido nuevamente a la prisión.
Tras el acuerdo alcanzado, se considera probado que Belén adquirió en enero de 2003 una parcela ubicada en suelo rústico protegido, clasificado como Área Natural de Especial Interés (ANEI), en la que únicamente existía una pequeña casa de aperos de 20 metros cuadrados.
Pese a ello, un mes después el acusado solicitó licencia de obras para "cambiar cañas por rasillas de 20 metros cuadrados (sin afectar a elementos estructurales)", que fue informada de forma favorable por el entonces jefe de Urbanismo Jaume Massot así como por el asesor jurídico Ignacio Mir.
Ese mismo día fue otorgada mediante decreto la licencia, con la que, amparándose en su amistad con el primer edil, Belén construyó una vivienda unifamiliar de nueva planta de 70 metros cuadrados y un anexo de 10.
Por su parte, Hidalgo no solamente no impidió el levantamiento de la edificación ilegal, omitiendo su obligación de perseguir obras ilegales y delictivas, sino que llevó a cabo cuantos actos eran necesarios para encubrir la construcción.
Tras diversas inspecciones, entre ellas por parte del Consell de Mallorca, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) se personaron en la finca y constataron la existencia de una construcción de nueva planta que nada tenía que ver con la licencia concedida.
Es más, a pesar de las múltiples notificaciones por parte de la Institución supramunicipal, Hidalgo, según el escrito, hizo caso omiso a los requerimientos efectuados y fue tras anunciar el Consell la subrogación de las competencias de urbanismo de Andratx cuando incoó los trámites para iniciar un expediente administrativo de suspensión de obras, para evitar que la institución insular demoliese los trabajos.
En este decreto se ordenó además abrir un expediente sancionador como mero recurso para favorecer a Belén, que se mantuvo inconcluso y aparentemente en tramitación como medida para mantener las obras y usos dados al inmueble.
* Diario de Mallorca - 14.12.10
Foto: Andratx(Mallorca), Hidalgo en el banquillo (archivo) - diariodemallorca.es
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MÁLAGAHOY* : El ex primer teniente de alcalde de Marbella (Málaga) Pedro Román ha declarado este martes que habló con el ex alcalde Jesús Gil y con el presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, sobre las características urbanísticas de una parcela antes de invertir en la operación denominada Crucero Banús, que, según la acusación, reportó a Roca, Román, el ex comisario Florencio San Agapito y el letrado Juan Hoffman, beneficios millonarios. Román ha sido el segundo acusado en declarar en el juicio del caso 'Malaya', contra la presunta trama de corrupción en Marbella, después de que lo hiciera en la sesión del lunes el letrado Juan Hoffman. En concreto, ha contestado a preguntas sobre dicha operación urbanística. Según la Fiscalía Anticorrupción Román "se concertó" con los otros tres acusados "para adquirir una determinada parcela sobre la que se conseguiría, con un convenio, un incremento de edificabilidad".
El ministerio fiscal señala que el objetivo era revender la parcela "garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado". El perjuicio para las arcas municipales fue de casi cinco millones de euros, mientras que los acusados lograron, según las conclusiones iniciales, un beneficio de más de seis millones.
Román ha asegurado que cuando Hoffman le propuso entrar en el negocio llamó a Gil "para ver si era verdad que se podían construir apartamentos porque era mucho dinero -4,3 millones de euros- y había que comprobar todos los extremos" y el ex regidor le dijo que "el que sabe de ese asunto es Roca, vete a hablar con él, y yo fui a hablar con él".
En su conversación con Roca, éste le dijo, según ha asegurado, "que le había llamado Jesús Gil y que me quedara tranquilo, creo recordar que me dijo que ya había un convenio firmado". Además le comentó que "está tasado el exceso de aprovechamientos urbanísticos por los técnicos municipales y que tenía que pagar 240 millones de pesetas", cantidad, ha precisado, que era "cuatro veces más" de lo solicitado a otros interesados.
Ha asegurado que su participación en la negociación del convenio urbanístico fue nula. "Nada, absolutamente que ver", ha apuntado, aunque sí ha precisado que "exigí que estuviera firmado para invertir", apuntando que "el convenio estaba negociado" e insistiendo en que "hasta no comprobar que era verdad la potencialidad de desarrollo de ese solar no quería dar el primer paso de inversión".
Además, se ha referido a la incorporación de Roca al negocio, asegurando que "le dije que si sabía de alguna sociedad que quiera participar con un 15 por ciento me lo dices". "En ese momento, el señor Roca me contestó: me lo apunto y al cabo de unos días me dijo que hay una sociedad que quería", ha dicho Román, quien ha señalado que supo "después" que era personalmente, aunque al principio "ni sabía ni me importaba" si era Roca el que invertía, "porque para mi tenía todo el respeto".
* Málaga Hoy - EP. - 14.12.10
Foto: El ex teniente de alcalde de Marbella, Pedro Román, a su llegada a la Ciudad de la Justicia - malagahoy
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EUROPAPRESS/Madrid* : La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrará del 14 al 17 de diciembre el juicio contra la ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz y actual secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Rollán, así como de toda la Corporación municipal de esta localidad en el año 2001 por su supuesta implicación en el 'caso Patrimonio Siglo XXI', ha informado el TSJM en un comunicado. La Fiscalía del TSJM les acusa de un presunto delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases del Régimen Local. Cada uno de los acusados se enfrenta a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Además de Rollán, se sentarán en el banquillo la diputada Esperanza Rozas; Francisco Martín Rojas; Julia López Jiménez; María del Mar González Romero; Josefina Ginovart Amorós; María de los Desamparados Gallego Alfaro; y Francisco Montero Almirón.
También serán juzgados Lucía Tizón Cuñarro; Valentín Gómez Goraz, Luis Ceres Rodríguez; Juana Fernández Rodríguez; Félix Ortega Arias; y Juan Francisco López Gárate.
El escrito de acusación señala que en 2001 la corporación del Ayuntamiento de Torrejón, en la que se encontraban Rollán o la diputada regional del PSOE Esperanza Rozas, votó favorablemente un convenio urbanístico entre el Consistorio y la entidad Patrimonio Siglo XXI S.A., por valor de 539.291.000 pesetas (3.241.204 euros), a pesar de que durante el pleno "se puso de relieve la ilegalidad del convenio" y los miembros del equipo de gobierno eran "plenamente conscientes de su ilegalidad".
El texto señala que, en virtud del convenio, la sociedad "materializaría a su costa las obras de urbanización de terrenos propiedad del Ayuntamiento en la unidad de Ejecución 19 denominada 'Mancha Amarilla' ubicada en el PGOU" del municipio.
CONVENIO IRREGULAR
El escrito indica que el pleno municipal en el que se votó el convenio "puso de relieve la ilegalidad tanto de forma como de fondo del convenio suscrito" advirtiendo que la Concejalía de Urbanismo de la localidad "no cumplió con los artículos 164, 172, 175 y 177 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales", y en el fondo, "se infringía la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid" porque el convenio "no tenía cabida en los artículos 245 y 246 de la Ley del Suelo".
Asimismo, señala que el secretario del Ayuntamiento "ponía de relieve la circunstancia de que nunca se podría configurar jurídicamente el convenio como una permuta, al no darse la necesaria reciprocidad de dar y recibir".
Por todo ello, el fiscal señala que los hechos "constituyen 14 delitos de prevaricación del artículo 404 del código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases de Régimen Local" y que "cada acusado es responsable de un delito de prevaricación de los preceptos reseñados". Además, indica que "a cada acusado procede se le imponga la pena de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público".
CONVENIO "AJUSTADO A LA LEGALIDAD", SEGÚN PSOE
Tras conocer la citación, el PSOE de Torrejón de Ardoz anunció que presentará en un el juicio "un informe jurídico que prueba que el convenio jurídico" por el que se juzga a la Corporación municipal de 2001 "estaba ajustado a la legalidad".
Se trata del informe de un catedrático de derecho con el que los socialistas pretenden arrojar luz a un asunto en el que, según explicaron, "existe una gran controversia entre dos informes jurídicos, el de la abogada de Urbanismo y el del secretario de la Corporación".
Los ediles han mostrado su deseo de que el juicio y la consiguiente sentencia "se produzcan cuanto antes, en unos días, para poder aclarar todos los extremos que llevaron a 14 concejales a aprobar este acuerdo plenario". Además, dijeron estar "convencidos de que se producirá una sentencia absolutoria".
"Queremos reiterar de nuevo que los 14 concejales de la Corporación de Torrejón de Ardoz no están acusados ni de beneficiarse ni de enriquecerse personalmente. Se trata de dirimir una posible prevaricación administrativa; es decir, si fue acertado hacer caso al informe de la abogada de Urbanismo en vez de al del secretario. Esta es la actuación que se analiza: la decisión y el voto de 14 personas en un pleno municipal", han aclarado.
Asimismo, los ediles han recordado que con este acuerdo de Pleno se consiguió "salvar la construcción de 107 viviendas de integración social y llevar a cabo la construcción de otras 390 viviendas públicas".
MULTA DE TRÁFICO
Días antes de conocer la fecha del inicio del juicio, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, comparó la imputación de Rollán con una "multa de tráfico" y aseguró que no tiene "ninguna duda" de que el caso no va a tener ninguna consecuencia jurídica.
"Nada tiene que ver una multa de tráfico, que desde luego, de ese proceso judicial no tenemos ninguna duda que no va a tener ninguna consecuencia jurídica, pero nada tiene que ver, en todo caso, una multa de tráfico con atracar un banco. Nada tiene que ver un asunto puramente de una decisión administrativa y que no va a tener consecuencias judiciales con lo que estamos viendo y viviendo en las administraciones que gobierna el PP", señaló entonces Gómez.
* Europa Press - 12.12.10
Foto: Torrejón de Ardoz (Madrid) - elpais.com
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LAOPINIÓN/Málaga* : El guion varió a última hora, pero ninguno de los miembros de la película podía ausentarse: en la undécima sesión del juicio de «Malaya», que se retomó ayer, estaba previsto que el principal acusado, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, comenzara a declarar, pero la sorpresa fue mayúscula cuando el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero pidió empezar por el abogado hispano-alemán Juan Hoffmann. El tema de discusión fue el pelotazo de «Crucero Banús», aunque eso no consoló a los periodistas ni al público que acudió a la Ciudad de la Justicia para comprobar que el Jefe habla y tiene alma. Sin embargo, abrió el fuego otro peso pesado de la trama, al igual que hoy hablará Pedro Román, la sonrisa del régimen. Ellos también son actores principales en esta historia, cuyo protagonista con más empaque, Jesús Gil, hizo mutis por el foro hace tiempo.
Primero, el marco del debate: el pelotazo «Crucero Banús», una transacción inmobiliaria que supuso un aumento de la edificabilidad de una parcela desde los 532 metros cuadrados de techo hasta los 11.406 en virtud a un convenio, siempre según las tesis de la Fiscalía. Hoffmann, Roca, el ex comisario Florencio San Agapito y Román habrían constituido una sociedad en Suiza, Lispag AG, con la que a su vez adquirieron las participaciones de la propietaria del terreno de Puerto Banús (Yambali) por cuatro millones de dólares.
Un año después, tras el verano de 2002, vendieron la mercantil al promotor José Ávila Rojas por diez millones de euros. El beneficio: seis millones de euros en un solo año, recibiendo el Ayuntamiento la mitad de los aprovechamientos urbanísticos previstos (2.400 metros cuadrados). El perjuicio a Marbella, indica López Caballero, asciende a cinco millones de euros.
El acusador público estuvo riguroso, atento al detalle, y huyó de las frases grandilocuentes: se centró en demostrar la ilegalidad de la compraventa inmobiliaria de principio a fin; Hoffmann, por su parte, se esmeró en dos aspectos: demostrar que nunca se manejó dinero ilícito en el proceso. El acusado está considerado el hombre que diseñó la estructura societaria del presunto cerebro de la trama en el extranjero.
El letrado indicó que en ese terreno, el promotor del centro comercial Cristamar, Yassin Dogmoch, quería edificar un rascacielos señero, pero al no llegar a un acuerdo le pidió que buscase un comprador, que resultó ser Román, reconvertido en 2001 en industrial inmobiliario –dejó el Consistorio en 1998–. Los técnicos del primer propietario de la superficie ya negociaron un convenio con el Consistorio, pero Hoffmann dijo desconocer si se había rubricado.
Aunque el momento álgido se vivió cuando lo interrogó su abogado, el minucioso José Manuel Vázquez. Reconoció haber firmado el convenio en el que se aumenta la edificabilidad y se recortan a la mitad los aprovechamientos urbanísticos de Marbella. Pero dejó muy claro que, en septiembre de 2001, cuando se inician los trámites, no tenía negocios ni amistad con Roca. «¿Lo conocía?», le indicó el jurista, a lo que éste respondió: «Sí, de hola y adiós».
«Roca, sin influencia decisiva»
Antes le había dicho al acusador que no tenía conocimiento de que «la influencia» de Roca fuera decisiva para llevar a buen puerto el convenio de «Crucero Banús», pero era uno de los socios iniciales. Eso sí, sobre Jesús Gil sí podía tener influencia, pero nunca, pese a ello, habló con él de negocios. «Ni me uní a su partido», indicó.
Sobre qué actividad realizaba en Marbella, el letrado hispano-alemán fue tajante: «Trataba de traer inversores a Marbella para generar riqueza». No en vano, tanto Dogmoch, en un principio, como los cuatro socios en la mercantil helvética, después, querían levantar en la mítica parcela de Puerto Banús un edificio señero.
Declaró que no había sido jamás experto en Derecho Urbanístico, y consideró que, en el primer convenio, que no llegó a buen puerto, se hablaba de más edificabilidad y de un menor beneficio para el Ayuntamiento. El segundo le pareció «caro».
En septiembre de 2001, cuando Lispag AG compra Yambali, «Roca no estaba imputado en ningún caso, ni siquiera había sido detenido», apostilló, y, por tanto, no tenía por qué conocer los procesos penales en los que el murciano estaba inmerso (fue arrestado en mayo de 2002). Tampoco sospechó de que el entonces asesor «tuviera capacidad económica para afrontar una inversión de 600.000 euros», suma inicial aportada en tres cheques para participar en el negocio.
«Caos urbanístico total»
Por tanto, rubricó un convenio negociado por Román. El fiscal López Caballero le había preguntado antes si sabía por qué esa parcela no se desarrolló finalmente –hoy en día está paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)–. «No se ajustaba a la legalidad urbanística vigente, pero el caos era total», le espetó a López Caballero, aunque luego abundó en el asunto. En aquella época, regía el PGOU de 1986, toda vez que la Junta de Andalucía tumbó parte del elaborado por Jesús Gil, conocido como el de 1998. El acusador Antimafia le cuestionó sobre si era consciente de que la licencia se concedió en base al nuevo planeamiento que, andando el tiempo, resultó ser ilegal. «No, pero es una práctica corriente en Marbella y en toda España».
Su letrado le recordó la pelea entre la Junta y el Ayuntamiento por ver qué plan se aplicaba, de la que dijo ser consciente, pero, aún así, «se construía en Marbella y los bancos financiaban». «No se sabía qué documento regía. Todo era un tremendo caos administrativo, que no legal», resaltó.
En este caso se imputa a los encausados supuestos delitos de blanqueo y fraude fiscal y malversación. Junta, Ayuntamiento y Hacienda acusan también a Julián Muñoz, José Mora y Ávila Rojas.
* la Opinión Málaga - 14.12.10
Foto: Juan Hoffmann declaró durante casi cinco horas y contestó a numerosas preguntas de sus abogados. Jamás perdió las formas pese a la difícil situación en la que se halla. EFE
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ELNORTEDECASTILLA* : Las sesenta organizaciones que han firmado el manifiesto contra el cobro por parte del Ayuntamiento de Valladolid de la tasa por la ocupación del espacio público para actividades sin ánimo de lucro estudian acudir a los tribunales para pedir que se anule, al considerar que vulnera derechos fundamentales contenidos en la Constitución Española como la libertad de expresión o de asociación. El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, justificó ayer el cambio de criterio de su equipo desde el pasado mes de mayo (se han girado recibos con carácter retroactivo) en la caída «escandalosa» de los ingresos municipales, lo que, a su juicio, obliga al Consistorio a aumentar la entrada de dinero «tacita a tacita».
El PP, que argumentó jurídicamente la posibilidad del cobro, se quedó solo en la defensa de esta medida durante el pleno municipal. El presidente de la Federación de Vecinos, Pablo Gerbolés, mostró, durante su intervención en la sesión, la preocupación de los colectivos porque el Ayuntamiento «ponga precio a derechos fundamentales». Óscar Puente fue más duro y tachó al alcalde de «medieval y antidemocrático, porque piensa que Valladolid es su feudo, los vallisoletanos sus súbditos y la ciudad el patio de su castillo».
Alfredo Blanco, concejal de Hacienda, destacó que los informes técnicos arrojan la posibilidad de poder cobrar sin problemas, porque el texto no hace distinción entre actividades lucrativas o no lucrativas. Durante el pleno la oposición recordó al PP dos sentencias muy recientes que han condenado al Ayuntamiento por disolver una acampada de CGT y un acto del Movimiento Cultural Cristiano. En ambos casos, los jueces consideraron que se había vulnerado el derecho de reunión.
* El Norte de Castilla - 14.12.10
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org
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SUR/Málaga* : José María González estaba encantado con la inversión que había hecho. Había comprado un apartamento en La Perla, un complejo que se levantaría en uno de los puntos menos masificados de Benalmádena Costa y con unas espectaculares vistas del litoral malagueño. Hizo la reserva en junio de 2003. La fórmula de compra era de lo más apetitosa, en régimen de condominio, de modo que podría disfrutar de las instalaciones en vacaciones, mientras que el resto del año sería gestionado como un apartotel. «Nos lo vendieron como algo divino, porque podríamos disfrutar las vacaciones en familia, a un paso de la playa y con buenos restaurantes», recuerda. Cada seis meses tenía que hacer frente a una cuota, hasta que desembolsó los 51.500 euros estipulados; la misma cantidad que abonaron sus padres para hacerse con otro apartamento colindante. Pero el tiempo pasaba y las obras no empezaban. Ni lo harán. El Ayuntamiento revocó en 2008 la licencia de obras a la promotora, Grupo Mirador, puesto que estaba condicionada exclusivamente a un uso hotelero, y no como apartamentos.
Además, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha devuelto la calificación de los terrenos a su origen, de forma que finalmente la parcela se destinará a chalés.
Mientras tanto, ni José María ni su padre han visto un solo euro. La mercantil les ofreció cambiar el apartamento por unos adosados en Fuente de Piedra, pero la mayoría estaban embargados. Además, sus intentos de ejercer el aval para recuperar su dinero también fueron baldíos, ya que había sido suscrito por un banco sudamericano de nula solvencia. Ante esta situación, denunciaron a la mercantil por estafa, pero un juzgado de Antequera no vio indicios de delito, al considerar que se trataba de un simple incumplimiento de contrato que se debía resolver por la vía civil y no por la penal.
Todos sus ahorros
En idénticas circunstancias se encuentra Bianca Alves desde que en 2006 destinó todos sus ahorros a la adquisición de una vivienda en la urbanización Mirador de la Fortaleza, en Vélez-Málaga. Para hacer frente a los 33.000 euros, tuvo incluso que solicitar un préstamo de 15.000 euros que hoy aún está pagando, pese a que esta promoción, como su dinero, también se ha desvanecido. Y es que no sólo carecía de licencia de obras; los terrenos ni siquiera pertenecían a Mirador al estar hipotecados por impago. «Encima, sus responsables se han declarado insolventes a pesar de que les seguimos viendo con coches y casas, con lo que no sé cómo vamos a recuperar nuestro dinero», se lamenta Bianca.
Sin piso y sin dinero. Así es como se encuentran cerca de 600 familias -la mayoría parejas jóvenes, aunque también algunos extranjeros- que durante años depositaron entre 30.000 y 50.000 euros en alguna de las promociones que el Grupo Mirador tenía proyectadas y que finalmente no se han construido, con casos en Fuente de Piedra, Villanueva del Rosario, Fuengirola, La Cala del Moral, las ya citadas en Benalmádena y Vélez-Málaga, e incluso en Loja (Granada). Algunas bajo la excusa de la crisis; otras, por presuntas irregularidades.
A través de la oficina del Defensor del Ciudadano, con Francisco Gutiérrez al frente, las quejas de los afectados de la provincia fueron trasladadas al Defensor del Pueblo Andaluz, quien concluyó que se podrían depurar responsabilidades penales y puso el caso en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sin embargo, el Ministerio Fiscal volvió a remitir la causa a los juzgados de Málaga, donde ha habido disparidad de criterios, de modo que algunas siguen su curso por la vía penal por presunta estafa y otras, la mayoría, han sido desestimadas. «Me atrevería a decir que se ha producido cierta negligencia en la justicia, porque vender algo que ni siquiera es tuyo es una estafa y no un incumplimiento de contrato», asegura Gutiérrez, quien advirtió que «esta actitud de los jueces da fuerza a individuos de este tipo -en referencia al gerente de Mirador, Enrique Faura- que se ha dedicado los últimos años a engañar tranquila y ominosamente a muchas personas y a burlarse de todo el mundo. Aquí hemos tramitado 800 quejas».
Sobre el papel jugado hasta ahora por la justicia también opina la abogada Patricia Morales, que representa a un buen número de afectados y tiene en marcha tres procedimientos abiertos contra la promotora. «Es incomprensible que no lo consideren estafa cuando hay tantos indicios como la falta de avales, la apropiación indebida de los terrenos,...», asegura la letrada, quien alerta del daño que estos casos pueden causar a la imagen del mercado inmobiliario de la Costa del Sol. «Muchos de mis clientes estafados son británicos, y tienen muy claro dos cosas: que jamás recomendarán a sus compatriotas comprarse una casa aquí, y que en su país estos personajes estarían entre rejas», afirma. En este punto, abogó por que la Fiscalía «se ponga las pilas» para que las demandas tengan recorrido en la vía penal. «Irte sólo por lo civil es un suicidio porque este señor presenta una insolvencia personal absoluta que nadie se cree, porque no tiene nada a su nombre».
* Sur - 12.12.10
Foto: Mil viviendas, un hotel y un campo de golf estaban previstos en Villanueva del Rosario - sur
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ELPAÍS/Almería* : España y Estados Unidos tienen un problema enquistado desde 1966: el accidente nuclear en Palomares, en el que cuatro bombas atómicas cayeron en la pedanía almeriense. España decidió en 2004 descontaminar la zona e insiste en que EE UU pague parte de la limpieza y se lleve la tierra contaminada con plutonio. Así se lo transmitió el 14 de diciembre de 2009 el entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en Washington. Moratinos reclamó, según un cable confidencial, que Clinton hiciera lo posible "para ayudar desde el punto de vista de la opinión pública española, de la que temió que se volviera en contra de EE UU si se divulgaran los resultados de un reciente estudio sobre la contaminación". Clinton no contestó. El estudio, a cuyas conclusiones ha tenido acceso EL PAÍS pero que no ha sido hecho público, concluye que en Palomares queda medio kilo de plutonio que ha contaminado unos 50.000 metros cúbicos de tierra -el volumen de 27 piscinas olímpicas-.
Los cables revelan que Washington sabe que su compromiso estaba escrito en un documento de 1969. La Embajada en Madrid pidió al Departamento de Estado que pagara o, de lo contrario, serían duramente criticados si eludían su responsabilidad. Sin embargo, EE UU comunicó a España en una nota verbal del 16 de noviembre pasado que necesita más estudios, que por ahora no va a pagar su parte de la descontaminación, según fuentes conocedoras del documento. Este no aparece en los cables de Wikileaks, ya que las comunicaciones filtradas concluyen el pasado mes de febrero. Pero supone el colofón a un intenso intercambio de pareceres que demuestra que el caso Palomares ha estado muy presente en las relaciones bilaterales.
El 7 de noviembre de 2006, un cable de la Embajada de Madrid a Washington (84732) firmado por el embajador Eduardo Aguirre (en el cargo entre 2005 y 2009) relata la visita a España de John Shaw, secretario adjunto del Departamento de Energía (DOE) en septiembre de 2005. Shaw visitó Palomares, pese a lo que el Ministerio de Exteriores español no le trató durante la visita. El cable afirma que "Shaw no se comprometió formalmente a dar financiación del DOE a ningún plan eventual de limpieza, pero quedó implícito que el DOE permanecería en la escena de una forma u otra hasta que Palomares estuviera limpio".
La nota recuerda que tras el choque de dos aviones militares durante un repostaje en el aire, el 17 de enero de 1966, el Ejército estadounidense se llevó unas 1.700 toneladas de tierra contaminada a un almacén nuclear en Carolina del Sur. En 1997, el DOE "se comprometió a pagar el 25% del gasto anual del Ciemat en vigilancia ambiental y médica, hasta unos 300.000 dólares" al año. El Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, del Ministerio de Ciencia) es heredero de la Junta de Energía Nuclear de Franco y quien vigila Palomares. Entre 1997 y 2007, el DOE pagó tres millones de dólares al Ciemat.
Una zona olvidada
Palomares nunca fue un problema, era una zona olvidada. Pero hace una década llegó la burbuja inmobiliaria y, con ella, los planes para construir decenas de miles de viviendas del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (al que pertenece Palomares) y de Vera, que también tiene terreno afectado. Pretendían multiplicar por 10 la población de Palomares (1.500 habitantes) y obligaron al Ejecutivo a dejar de mirar hacia otro lado.
En 1996, las mediciones de radiación en el aire y los cultivos comenzaron a dar niveles anormalmente altos. Era el americio, producto de la desintegración del plutonio y que se dispersa más fácilmente. En 2001, el Ciemat tomó nuevas muestras de suelo y halló un nivel de radiación 20 veces superior al considerado aceptable para un suelo donde vive gente. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) alertó de que remover la tierra contaminada era un riesgo para la salud.
En la Ley de Acompañamiento de 2003, el Ejecutivo de José María Aznar incluyó la expropiación de los terrenos en los que cayeron las bombas. Todos esos movimientos se hicieron sin comunicarlo públicamente. La ley que permitía la expropiación no citaba en ningún lado la palabra Palomares.
En 2004, ya con el PSOE, llegó a la dirección del Ciemat Juan Antonio Rubio, quien, según la nota de la embajada, "revitalizó una institución moribunda" y puso en marcha un plan de descontaminación. Rubio, ya fallecido, declaró entonces a EL PAÍS que él fue el primer sorprendido al saber que el plutonio seguía enterrado: "Lo mejor es quitar el material radiactivo y olvidarnos de Palomares". El Ciemat comenzó a realizar un detallado estudio tridimensional de la contaminación: expropió los terrenos de las bombas, tomó 325.000 muestras con un georradar en 6,6 millones de metros cuadrados de suelo y analizó 1.848 muestras de tierra. EE UU puso 1,983 millones de dólares para el estudio. En un informe preliminar, de junio de 2007, el Ciemat admitió que había contaminación fuera de las zonas valladas y expropiadas y el CSN replicó que la contaminación detectada se podría superar la dosis de radiación admisible para el público, lo que obligó a "imponer restricciones totales o parciales" al uso del suelo.
El estudio sobre la radiación enterrada se terminó en diciembre de 2008 y es al que se refiere Moratinos. El Gobierno no lo ha hecho público, pero según las conclusiones, ha hallado 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con medio kilo de plutonio (cada bomba tenía entre 4 y 5 kilos). Además, desvela la localización de las zanjas radiactivas en las que el Ejército de EE UU dejó enterrados restos metálicos contaminados y que la sobreexplotación del acuífero ha provocado la intrusión salina (entra agua de mar en el subsuelo), algo que "reduce las posibilidades de que el agua subterránea haya sido utilizada para beber o regar". Hay tres zonas contaminadas, una cerca del cementerio -donde están las zanjas-, un solar en el centro de la pedanía, y 20 hectáreas en la sierra de Almagrera, donde el viento llevó parte de la contaminación durante la caída de la bomba. De los 50.000 metros cúbicos contaminados hay 4.200 con un nivel de radiación que implica "la restricción total de uso". Los investigadores buscan cómo reducir el volumen de tierra con un tamizado y consideran que los 50.000 metros cúbicos de tierra radiactiva se podrían quedar en 6.000.
Control de daños
El embajador Aguirre advirtió a Washington ya en 2006 de que si decidían no pagar nada "la embajada debería preparar una estrategia de control de daños, ya que EE UU sería atornillado en la prensa (por ejemplo, un buen aliado debería solucionar su propio lío)". El entonces embajador, que también visitó Palomares, recomendó buscar financiación militar.
La decisión de Washington de desentenderse del accidente ha contado siempre con la oposición de su legación en Madrid. Arnold Chacon, ex encargado de negocios y embajador interino entre enero de 2009 y enero de 2010, elevó el 30 de abril de 2009 un despacho confidencial sobre Palomares (204960). Chacon expresa a Washington sus dudas: "¿Está el Gobierno de EE UU considerando pagar al menos parte de la limpieza y llevarse parte del suelo contaminado?". La Embajada revisó todo el expediente para responder la pregunta de si estaban obligados legalmente a pagar. "La Embajada no conoce ningún documento que indique que el Gobierno de EE UU se haya comprometido a financiar la limpieza", aunque admite que hay "una referencia en un documento de poco valor de 1969" a una garantía del general Wilson. La legación explica que cree que se trata del militar "Delmar Wilson, que estuvo al mando de la respuesta inicial al accidente" y que en ese texto queda claro que "el Gobierno de EE UU sufragaría todos los gastos causados por el accidente, pero el contrato no explica qué cubre esta garantía". El Ciemat encargó otro informe jurídico en el que ve muy difícil reclamar el pago en los tribunales.
Los documentos firmados durante décadas no dejan claro quién debe pagar. El acuerdo Hall-Otero, del 25 de febrero de 1966, un mes después del accidente, se refiere a "un área rural que ha sido descontaminada de acuerdo con límites y procedimientos de descontaminación mutuamente acordados y no hace referencia a ninguna limpieza adicional", según prosigue Chacón. "Sin embargo" ?admite? "está claro que, debido a los avances del conocimiento científico de qué niveles de contaminación son aceptables y con los resultados preliminares del mapa de la contaminación, la limpieza adicional ahora es considerada necesaria".
En 2006 y 2007 los dos países firmaron nuevos documentos para llevar a cabo el proyecto para conocer la contaminación en detalle. El cable considera que ninguno de estos "constituye un compromiso para ninguna de las partes para llevar a cabo la limpieza". Chacón considera, pues, que no hay obligación legal pero advierte a sus superiores de que las negociaciones en "2005 y 2006 contribuyeron a la expectación" de que EE UU apoyaría la limpieza. Insiste en que, aunque nunca se comprometieron por escrito, los tratos entre representantes de los dos Ejecutivos "reforzaron" la aspiración de que los estadounidenses pagarían y de que se llevarían el plutonio. En la Península Ibérica no hay ningún almacén para esta sustancia. El plutonio tarda 24.000 años en desintegrarse a la mitad.
Gastos compartidos
Los científicos españoles involucrados en la limpieza siempre daban por descontado el apoyo: "Con EE UU no hay ningún problema. Pagarán su parte. Son gente muy seria y saben que esto lo causaron ellos", afirmaban con rotundidad. Aunque con el cambio de Administración y la llegada de Obama todo cambió. El 8 de octubre de 2006, Juan Antonio Rubio explicó a EL PAÍS: "EE UU nos va a ayudar en la parte técnica y aunque no se dice cuánto, los gastos serán compartidos". La información no fue desmentida y salió en medios internacionales. La Embajada admite en sus cables que "las historias en la prensa" reforzaron la impresión de que Washington pagaría su parte de los 25 millones en los que está presupuestado el proyecto.
Chacón, al igual que su predecesor, entiende la petición española: "Si el Gobierno de EE UU decide no colaborar en la limpieza, anticipamos una significativa reacción negativa del Gobierno de España y del público y la prensa española (esperamos que la prensa de EE UU, que ocasionalmente sigue el tema, también se interesaría)". El embajador considera que lo relevante no es si hay un compromiso implícito o explícito, sino que la discusión se centraría en "la falta de voluntad de EE UU de ayudar a terminar de limpiar la contaminación causada por armas de EE UU que cayeron de aviones de la Fuerza Aérea de EE UU".
Pese a los cables, Washington siguió dando largas. Hace un año, Moratinos sacó el tema en Washington y pidió ayuda antes de que se conocieran las conclusiones del estudio. En la reunión estaba el entonces embajador en EE UU, Jorge Dezcallar, y el ex director general para América del Norte Luis Felipe Fernández de la Peña. Clinton le replicó "que recordaba el accidente pero no hizo ningún compromiso". En lugar de eso, en el presupuesto para el curso 2009-2010, EE UU dejó de pagar los 300.000 dólares anuales que abonaba desde 1997.
En mayo de este año, durante la visita del actual vicepresidente norteamericano Joe Biden a España, Exteriores sacó el tema y el 7 de julio, finalmente, hubo una reunión en Washington entre representantes del Gobierno y militares estadounidenses. El Ejecutivo español (La Moncloa, Exteriores y el Ciemat) llevaba tres ideas: que España necesitaba ayuda tecnológica, financiera y, sobre todo, que EE UU debía llevarse la tierra. No hubo respuesta, solo tomaron nota, como había hecho Clinton siete meses antes. La réplica finalmente llegó en una nota verbal de dos folios del 16 de noviembre pasado.
Análisis a la población
En ella, EE UU afirma ahora que necesita más estudios antes de tomar una decisión, que hay que realizar análisis a la población y establecer criterios de exclusión de uso del suelo. Fuentes españolas consideran que el escrito supone retroceder 40 años, que no abordan el problema del plutonio y ni mencionan el americio. Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, y buen conocedor del proceso, culpa a EE UU "pero también al Gobierno español": "España ha enviado delegaciones muy técnicas, de muy poco nivel y Exteriores nunca se ha implicado en el proceso. Así que EE UU, que en principio se tomó el tema muy en serio, ha aprovechado la puerta que le han dejado abierta".
El Gobierno ha recibido con sorpresa y desánimo la respuesta y ha convocado una reunión el 14 de diciembre para decidir qué hacer. España es consciente de que sin ayuda estadounidense no puede solucionar Palomares. "No dicen que no vayan a colaborar, es una nota interina en la que piden más estudios. En esencia, se dedican a dar largas", resume una fuente próxima a la negociación.
Ante la previsible negativa estadounidense, el Ejecutivo involucró a la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que ha preparado un informe sobre la situación. Además, en abril visitaron Palomares expertos de Euratom (la agencia europea de la energía atómica) y elaboraran otro informe para el Parlamento Europeo. España espera que la publicidad del informe sirva de palanca para implicar a EE UU. Pero admite que es muy complicado porque Washington no quiere crear un precedente y comenzar a recibir reclamaciones de otros lugares del mundo donde ha dejado contaminación radiactiva.
Trato VIP al alcalde en un viaje personal a EE UU
La Embajada de Estados Unidos consideró que tener de su lado al alcalde en el caso de Palomares era fundamental. La pedanía pertenece a Cuevas del Almanzora, cuyo alcalde es Jesús Caicedo, del PP, en el cargo desde 1999.
La embajada y el Departamento de Energía "se encargaron" de que el alcalde "recibiera trato de VIP durante un viaje personal a Washington a finales de 2005", según un cable de 2006 del entonces embajador, Eduardo Aguirre, a Washington. El informe relata que el Ayuntamiento podría haber puesto multitud de pegas al acuerdo bilateral pero que ahora apoya completamente los trabajos en la zona.
Aguirre se muestra en el cable como un defensor de la limpieza en la zona con apoyo estadounidense, para usarlo como ejemplo de cooperación bilateral. También recomienda aportar material de EE UU para el museo sobre las bombas que planteó el Ciemat al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. El museo, con un centro de interpretación, iba a ser dirigido por el antropólogo Eudald Carbonell, uno de los codirectores de Atapuerca. El proyecto está paralizado.
* El País - 9.12.10
Foto: El general de brigada Arturo Montel felicita al comandante de EE UU Radm William tras el rescate de la bomba caída en Palomares en 1966 - elpais
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LAVOZ/A Coruña* : Unos obreros limpian la pared de una de las casas de la Rúa da Cerca, en el casco histórico de Betanzos. La semana pasada, a solo unos metros, una de los muros del inmueble ubicado en el número 9 acabó por los suelos. El desplome fue solo un grito de auxilio más, de los muchos que lleva dando el casco viejo de la ciudad. En dos años se han caído quince elementos estructurales. El escaso interés que despiertan las ayudas a la rehabilitación entre los propietarios, muchos de los cuales prefieren poner sus casas a la venta, y la falta de fondos de las Administraciones para poder ejecutar instrumentos legales, como el inicio de procesos expropiatorios, complican la recuperación del que es uno de los mayores cascos históricos de Galicia.
Ahora, la Xunta acaba de aprobar una partida de 700.000 euros para comprar y rehabilitar casas. Adquirirán ocho en la misma calle en la que hace unos días ocurrió el último derrumbe. Desde el Ayuntamiento confían en que esto actúe de resorte para revalorizar el casco y animar a otros propietarios a invertir y rehabilitar. Pero el proceso será largo. Y puede que cuando termine muchas casas que ahora están sostenidas por andamios y estructuras metálicas ya no estén en pie y pervivan únicamente en el recuerdo de los vecinos.
Ejemplo
«No hace falta que se inscriban muchos inmuebles en el registro de solares. Con uno o dos ejemplos basta para que el resto de propietarios se pongan las pilas y empiecen a arreglar». Una responsable de la rehabilitación del casco histórico de Santiago explica con estas palabras cómo Compostela utilizó en su día la herramienta coercitiva del registro de solares para instar a la rehabilitación. En ese listado aparecen aquellas viviendas que requieren reforma. El Concello puede enviar a los dueños avisos para que hagan arreglos y, pasado un plazo de dos años, podría activar un proceso para subastar la vivienda a precio de catastro. Algo semejante es lo que ha habilitado A Coruña desde hace unos años, ciudad en la que ya se han expropiado varias casas.
Presupuesto
«Ayuntamientos grandes pueden permitirse eso, pero con un presupuesto como el de Betanzos, de dos millones de euros, no se puede expropiar. Podría hacerse en un caso o dos, pero de qué valdría eso», apuntan fuentes municipales.
Betanzos ha preferido optar por un método aplicado ya en otras zonas, como en el barrio lucense de La Tinería. Ahí se activó un plan para recuperar 52 edificios. El presupuesto con el que contaba era de 31 millones de euros, una cantidad que multiplica por treinta lo dedicado al casco brigantino, donde el total que dedicará la Xunta en dos años es de un millón de euros. Una vez reformados, los edificios albergarán viviendas destinadas al alquiler.
Eso es lo que harán en Betanzos, la primera ciudad no capital de provincia, junto con Vilalba, en la que aplicarán la iniciativa. Pero de momento el presupuesto para este año alcanza para comprar ocho casas, aunque en el casco hay unas 114 con riesgo de derrumbe y unas 600 que precisan alguna actuación.
«O plan de merca de casas e as axudas que hai son un motor de arranque», explica la alcaldesa de Betanzos, María Faraldo, desde Argentina. Reconoce que se han perdido muchos años y, pese a los pequeños pasos que se están dando, la recuperación del casco antiguo no empezará a dar frutos hasta dentro de unos cinco o seis años. «Hai que empezar a invertir a curva. Estase empezando a facer eso porque ata o 31 de outubro concedéronse un 5% máis de licencias de obra para rehabilitar nesa parte da cidades que en todo o 2009», apunta.
* La Voz de Galicia - 12.12.10
Foto: Unos andamios sostienen una de las casas con riesgo de desplome que hay en el casco histórico - lavozdegalicia
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DIARIODEMALLORCA* : La Fiscalía Anticorrupción atribuye al conseller de Comercio, Industria y Energía en la pasada legislatura del PP, Josep Juan Cardona, así como al resto de principales imputados del conocido como caso Scala, de provocar durante cuatro años -de 2003 a 2007- la "actividad frenética" del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) con el objetivo de desviar unos siete millones de euros, todo ello mediante un "saqueo y robo sistemático de las arcas públicas" y aprovechando la falta "total y absoluta" de controles administrativos y financieros. Así lo pone de manifiesto en el escrito de 175 páginas que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción nº4 para solicitar la transformación de estas diligencias en procedimiento abreviado como paso previo a la apertura de juicio oral. En él, el Ministerio Público imputa los delitos de asociación ilícita, malversación, cohecho, prevaricación, fraude a la administración pública y falsedad documental a diez de los 18 encausados contra los que pide que continúen las investigaciones, que llevarían aparejadas en total penas de hasta 26 años de prisión.
Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach solicitan además que el PP, como responsable civil, resarza 10.585 euros de fondos públicos, mientras que piden que Cardona, Viane y el también imputado Antonio Munar amplíen su fianza de responsabilidad pecuniaria en 14.113 euros, a raíz del transporte de material electoral del PP desde Mallorca a Ibiza que habría sido abonado con fondos del Consorcio.
En el caso de Cardona, la acusación pública le achaca la posición de "líder o jefe director" de esta presunta trama de corrupción, mediante la que tanto el ex conseller como el entonces director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron" actuaciones dirigidas a "apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos", bajo el "lema de más facturación, más comisión" y utilizando "todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido".
Tal y como detalla el escrito, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica "perfectamente organizada" que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB "a todas las ferias y eventos imaginables" así como contratar "cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público", una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa "se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo".
Es por ello que, relata el Ministerio Fiscal, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), "hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse". De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles "para planificar las estrategias y procedimientos de expolio", pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB.
"ROBO SISTEMÁTICO" MEDIANTE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE EMPRESAS
Así, la Fiscalía asevera que el "robo sistemático" efectuado por los inculpados se llevó a cabo mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio. "Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación.
Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas y los encausados Felipe Ferré y Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio "para provecho propio".
Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril.
Sin embargo, en el marco de este proceso, el ex conseller, asistido por el letrado José Zaforteza, ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico, en contra de lo que apuntan las pesquisas.
RESTO DE IMPUTADOS CONTRA QUIENES SE DIRIGE LA FISCALÍA
Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía pide que continúe el proceso penal son el ex concejal del PP en Lloseta, Felipe Ferré -quien ha confesado los hechos de cara a futuras atenuantes-; el empresario Arnaldus Van Den Hurk; la esposa de Ordinas, Isabel Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont; el marido de ésta, Jaime Fernández Abad; el publicista Joan Rosselló; el administrador de Mercantiles NTC, Francisco García; el de Camino Export, Sergio Pereletegui; el de Taller Grafic, Jaume Gil; Manuel Carmelo; Pedro Veny; Juan Enrique Riera; Antonio Munar; Antoni Miguel y Francisco Mauri.
* Diario de Mallorca - Europa Press - 9.12.10
Foto: caso Scala, Cardona tras declarar ante el juez (archivo) - Diario_de_Ibiza
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