Sin piso, sin dinero y sin respuestas

SUR/Málaga* : José María González estaba encantado con la inversión que había hecho. Había comprado un apartamento en La Perla, un complejo que se levantaría en uno de los puntos menos masificados de Benalmádena Costa y con unas espectaculares vistas del litoral malagueño. Hizo la reserva en junio de 2003. La fórmula de compra era de lo más apetitosa, en régimen de condominio, de modo que podría disfrutar de las instalaciones en vacaciones, mientras que el resto del año sería gestionado como un apartotel. «Nos lo vendieron como algo divino, porque podríamos disfrutar las vacaciones en familia, a un paso de la playa y con buenos restaurantes», recuerda. Cada seis meses tenía que hacer frente a una cuota, hasta que desembolsó los 51.500 euros estipulados; la misma cantidad que abonaron sus padres para hacerse con otro apartamento colindante. Pero el tiempo pasaba y las obras no empezaban. Ni lo harán. El Ayuntamiento revocó en 2008 la licencia de obras a la promotora, Grupo Mirador, puesto que estaba condicionada exclusivamente a un uso hotelero, y no como apartamentos.

Además, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha devuelto la calificación de los terrenos a su origen, de forma que finalmente la parcela se destinará a chalés.
Mientras tanto, ni José María ni su padre han visto un solo euro. La mercantil les ofreció cambiar el apartamento por unos adosados en Fuente de Piedra, pero la mayoría estaban embargados. Además, sus intentos de ejercer el aval para recuperar su dinero también fueron baldíos, ya que había sido suscrito por un banco sudamericano de nula solvencia. Ante esta situación, denunciaron a la mercantil por estafa, pero un juzgado de Antequera no vio indicios de delito, al considerar que se trataba de un simple incumplimiento de contrato que se debía resolver por la vía civil y no por la penal.
Todos sus ahorros
En idénticas circunstancias se encuentra Bianca Alves desde que en 2006 destinó todos sus ahorros a la adquisición de una vivienda en la urbanización Mirador de la Fortaleza, en Vélez-Málaga. Para hacer frente a los 33.000 euros, tuvo incluso que solicitar un préstamo de 15.000 euros que hoy aún está pagando, pese a que esta promoción, como su dinero, también se ha desvanecido. Y es que no sólo carecía de licencia de obras; los terrenos ni siquiera pertenecían a Mirador al estar hipotecados por impago. «Encima, sus responsables se han declarado insolventes a pesar de que les seguimos viendo con coches y casas, con lo que no sé cómo vamos a recuperar nuestro dinero», se lamenta Bianca.
Sin piso y sin dinero. Así es como se encuentran cerca de 600 familias -la mayoría parejas jóvenes, aunque también algunos extranjeros- que durante años depositaron entre 30.000 y 50.000 euros en alguna de las promociones que el Grupo Mirador tenía proyectadas y que finalmente no se han construido, con casos en Fuente de Piedra, Villanueva del Rosario, Fuengirola, La Cala del Moral, las ya citadas en Benalmádena y Vélez-Málaga, e incluso en Loja (Granada). Algunas bajo la excusa de la crisis; otras, por presuntas irregularidades.
A través de la oficina del Defensor del Ciudadano, con Francisco Gutiérrez al frente, las quejas de los afectados de la provincia fueron trasladadas al Defensor del Pueblo Andaluz, quien concluyó que se podrían depurar responsabilidades penales y puso el caso en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sin embargo, el Ministerio Fiscal volvió a remitir la causa a los juzgados de Málaga, donde ha habido disparidad de criterios, de modo que algunas siguen su curso por la vía penal por presunta estafa y otras, la mayoría, han sido desestimadas. «Me atrevería a decir que se ha producido cierta negligencia en la justicia, porque vender algo que ni siquiera es tuyo es una estafa y no un incumplimiento de contrato», asegura Gutiérrez, quien advirtió que «esta actitud de los jueces da fuerza a individuos de este tipo -en referencia al gerente de Mirador, Enrique Faura- que se ha dedicado los últimos años a engañar tranquila y ominosamente a muchas personas y a burlarse de todo el mundo. Aquí hemos tramitado 800 quejas».
Sobre el papel jugado hasta ahora por la justicia también opina la abogada Patricia Morales, que representa a un buen número de afectados y tiene en marcha tres procedimientos abiertos contra la promotora. «Es incomprensible que no lo consideren estafa cuando hay tantos indicios como la falta de avales, la apropiación indebida de los terrenos,...», asegura la letrada, quien alerta del daño que estos casos pueden causar a la imagen del mercado inmobiliario de la Costa del Sol. «Muchos de mis clientes estafados son británicos, y tienen muy claro dos cosas: que jamás recomendarán a sus compatriotas comprarse una casa aquí, y que en su país estos personajes estarían entre rejas», afirma. En este punto, abogó por que la Fiscalía «se ponga las pilas» para que las demandas tengan recorrido en la vía penal. «Irte sólo por lo civil es un suicidio porque este señor presenta una insolvencia personal absoluta que nadie se cree, porque no tiene nada a su nombre».




* Sur - 12.12.10
Foto: Mil viviendas, un hotel y un campo de golf estaban previstos en Villanueva del Rosario - sur