Los pesos pesados de Malaya empiezan a desvelar lo ocurrido en la trama marbellí

LAOPINIÓN/Málaga* : El guion varió a última hora, pero ninguno de los miembros de la película podía ausentarse: en la undécima sesión del juicio de «Malaya», que se retomó ayer, estaba previsto que el principal acusado, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, comenzara a declarar, pero la sorpresa fue mayúscula cuando el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero pidió empezar por el abogado hispano-alemán Juan Hoffmann. El tema de discusión fue el pelotazo de «Crucero Banús», aunque eso no consoló a los periodistas ni al público que acudió a la Ciudad de la Justicia para comprobar que el Jefe habla y tiene alma. Sin embargo, abrió el fuego otro peso pesado de la trama, al igual que hoy hablará Pedro Román, la sonrisa del régimen. Ellos también son actores principales en esta historia, cuyo protagonista con más empaque, Jesús Gil, hizo mutis por el foro hace tiempo.

Primero, el marco del debate: el pelotazo «Crucero Banús», una transacción inmobiliaria que supuso un aumento de la edificabilidad de una parcela desde los 532 metros cuadrados de techo hasta los 11.406 en virtud a un convenio, siempre según las tesis de la Fiscalía. Hoffmann, Roca, el ex comisario Florencio San Agapito y Román habrían constituido una sociedad en Suiza, Lispag AG, con la que a su vez adquirieron las participaciones de la propietaria del terreno de Puerto Banús (Yambali) por cuatro millones de dólares.

Un año después, tras el verano de 2002, vendieron la mercantil al promotor José Ávila Rojas por diez millones de euros. El beneficio: seis millones de euros en un solo año, recibiendo el Ayuntamiento la mitad de los aprovechamientos urbanísticos previstos (2.400 metros cuadrados). El perjuicio a Marbella, indica López Caballero, asciende a cinco millones de euros.

El acusador público estuvo riguroso, atento al detalle, y huyó de las frases grandilocuentes: se centró en demostrar la ilegalidad de la compraventa inmobiliaria de principio a fin; Hoffmann, por su parte, se esmeró en dos aspectos: demostrar que nunca se manejó dinero ilícito en el proceso. El acusado está considerado el hombre que diseñó la estructura societaria del presunto cerebro de la trama en el extranjero.

El letrado indicó que en ese terreno, el promotor del centro comercial Cristamar, Yassin Dogmoch, quería edificar un rascacielos señero, pero al no llegar a un acuerdo le pidió que buscase un comprador, que resultó ser Román, reconvertido en 2001 en industrial inmobiliario –dejó el Consistorio en 1998–. Los técnicos del primer propietario de la superficie ya negociaron un convenio con el Consistorio, pero Hoffmann dijo desconocer si se había rubricado.

Aunque el momento álgido se vivió cuando lo interrogó su abogado, el minucioso José Manuel Vázquez. Reconoció haber firmado el convenio en el que se aumenta la edificabilidad y se recortan a la mitad los aprovechamientos urbanísticos de Marbella. Pero dejó muy claro que, en septiembre de 2001, cuando se inician los trámites, no tenía negocios ni amistad con Roca. «¿Lo conocía?», le indicó el jurista, a lo que éste respondió: «Sí, de hola y adiós».

«Roca, sin influencia decisiva»

Antes le había dicho al acusador que no tenía conocimiento de que «la influencia» de Roca fuera decisiva para llevar a buen puerto el convenio de «Crucero Banús», pero era uno de los socios iniciales. Eso sí, sobre Jesús Gil sí podía tener influencia, pero nunca, pese a ello, habló con él de negocios. «Ni me uní a su partido», indicó.

Sobre qué actividad realizaba en Marbella, el letrado hispano-alemán fue tajante: «Trataba de traer inversores a Marbella para generar riqueza». No en vano, tanto Dogmoch, en un principio, como los cuatro socios en la mercantil helvética, después, querían levantar en la mítica parcela de Puerto Banús un edificio señero.

Declaró que no había sido jamás experto en Derecho Urbanístico, y consideró que, en el primer convenio, que no llegó a buen puerto, se hablaba de más edificabilidad y de un menor beneficio para el Ayuntamiento. El segundo le pareció «caro».

En septiembre de 2001, cuando Lispag AG compra Yambali, «Roca no estaba imputado en ningún caso, ni siquiera había sido detenido», apostilló, y, por tanto, no tenía por qué conocer los procesos penales en los que el murciano estaba inmerso (fue arrestado en mayo de 2002). Tampoco sospechó de que el entonces asesor «tuviera capacidad económica para afrontar una inversión de 600.000 euros», suma inicial aportada en tres cheques para participar en el negocio.

«Caos urbanístico total»

Por tanto, rubricó un convenio negociado por Román. El fiscal López Caballero le había preguntado antes si sabía por qué esa parcela no se desarrolló finalmente –hoy en día está paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)–. «No se ajustaba a la legalidad urbanística vigente, pero el caos era total», le espetó a López Caballero, aunque luego abundó en el asunto. En aquella época, regía el PGOU de 1986, toda vez que la Junta de Andalucía tumbó parte del elaborado por Jesús Gil, conocido como el de 1998. El acusador Antimafia le cuestionó sobre si era consciente de que la licencia se concedió en base al nuevo planeamiento que, andando el tiempo, resultó ser ilegal. «No, pero es una práctica corriente en Marbella y en toda España».

Su letrado le recordó la pelea entre la Junta y el Ayuntamiento por ver qué plan se aplicaba, de la que dijo ser consciente, pero, aún así, «se construía en Marbella y los bancos financiaban». «No se sabía qué documento regía. Todo era un tremendo caos administrativo, que no legal», resaltó.

En este caso se imputa a los encausados supuestos delitos de blanqueo y fraude fiscal y malversación. Junta, Ayuntamiento y Hacienda acusan también a Julián Muñoz, José Mora y Ávila Rojas.




* la Opinión Málaga - 14.12.10
Foto: Juan Hoffmann declaró durante casi cinco horas y contestó a numerosas preguntas de sus abogados. Jamás perdió las formas pese a la difícil situación en la que se halla. EFE