,+ayuntamiento+-+wikipedia.org.jpg)
DIARIODECÁDIZ* : En una provincia tan necesitada de infraestructuras y determinados servicios como la de Cádiz, la realidad es dura: proyectos que deberían estar ya en funcionamiento no están acabados, en el mejor de los casos, y muchos ni tan siquiera han comenzado. En estas líneas aparecen sólo algunos de esos proyectos, tal vez los más significativos, pero no los únicos.
1. Cádiz. De Puerto América a la Ciudad de la Justicia
A pesar de su reducido tamaño y de la necesidad de equipamientos que tiene la capital, ésta acumula numerosos proyectos cuyo desarrollo se alarga durante años. Hay dos que se acercan peligrosamente a los veinte años. La Ciudad del Mar se ideó para el Mundial de Vela de 1992 pero nunca se término. El esqueleto del edificio, lleno de pintadas, es el mejor ejemplo de la dejación de las administraciones. Ahora la Autoridad Portuaria pretende recuperar la concesión del suelo, en manos del Ayuntamiento. Los mismos años tiene la tercera fase de la ampliación del Museo de Cádiz, aún pendiente. Su conclusión era una de las grandes apuestas culturales de la Junta para el 2012, que no se cumplirá. Otra de las grandes obras que no acaban de iniciarse, pese a su importancia para toda la ciudadanía, es la Ciudad de la Justicia. Se anunció por primera vez en 2001. Ahora la Junta anuncia que la construcción se iniciará en 2010, pero no se da fecha de finalización. Con igual carácter provincial, Cádiz lleva escuchando desde hace años el inminente inicio de las obras del Hospital Regional así como los trabajos del nuevo hotel de lujo en Valcárcel.
2. Jerez. La gran parra que daría sombra al Museo de la ciudad
Una de las bodegas más coquetas de la ciudad, de la familia Valdespino, fue adquirida por el Ayuntamiento en los años en que pacheco era responsable de Urbanismo. Allí tendría que ir el Museo de la Ciudad. El proyecto, del arquitecto Ramón González de la peña, era rompedor, puro minimalismo respetando en su interior el ambiente bodeguero. El proyecto tuvo los parabienes de Europa que, a través de Interreig III transfirió tres millones para su ejecución. Europa ya ha preguntado por el Museo y por los fondos transferidos porque desde hace meses la obra está totalmente parada.
3. El Puerto. La estación de autobuses sigue siendo una marquesina
La estación de autobuses sigue siendo una pobre marquesina junto ala estación de Renfe. Pese a que ADIF cedió sus terrenos y que en cada presupuesto de la Junta hay una pequeña partida para el proyecto, las obras no acaban de empezar. No es un proyecto olvidado, es más bien un proyecto dormido al que la Administración da migajas para dar la sensación de que lo tienen en mente. Lo cierto es que no acaba de arrancar.
4. Chiclana. Estación de autobuses y poblado de Sancti Petri
En Chiclana, uno de los proyectos que más retrasos acumula y que una mayor repercusión tendrá para la ciudad una vez que se desbloquee es la puesta en valor del poblado de Sancti Petri, una iniciativa que comenzó a desarrollarse hace varios lustros, tras la desafectación de los terrenos por parte del Ministerio del Interior, y que aún hoy permanece a la espera de que las administraciones competentes lleven a cabo los trámites necesarios para concretar las actuaciones.
Otra iniciativa con demora es la construcción de la estación de autobuses, un proyecto del que se viene hablando desde mediados de los 90 y que ha pasado ya por multitud de etapas y vaivenes, sin que aún se haya puesto ni tan siquiera la primera piedra. En la actualidad lo único que existe es el apeadero en la Plaza de Andalucía, emplazamiento que carece incluso del equipamiento básico para este tipo de servicios, como una simple marquesina. No menos destacado es el retraso en la construcción de los dos nuevos centros de salud previstos desde hace años en la localidad. Asimismo, el empresariado local y provincial continúa pendientes de que se ponga en marcha el parque industrial de Miralrío. Por último, y aunque la pasada semana la Agencia Andaluza del Agua hizo público su compromiso de impulsar el proyecto, se encuentra la presa contra avenidas, proyecto que debe acabar con el riesgo de inundaciones y que se antoja clave para el desarrollo de viviendas de VPO en la ribera del río.
5. San Fernando. Sigue sin llegar la rehabilitación del Ayuntamiento
Uno de los casos más flagrantes de estos supuestos despistes en San Fernando es la rehabilitación integral del Ayuntamiento. Esta reforma hubiera sido clave en la conmemoración de los fastos del Bicentenario tan sólo dentro de unos meses y, sin embargo, sigue hoy a la espera del visto bueno de la Junta de Andalucía y de resolver su financiación, inasumible para el Consistorio isleño, que tendría que aportar casi nueve millones de euros. En el capítulo medioambiental, la regeneración de la playa de La Casería es una de las intervenciones más necesarias y sin embargo guardadas en el cajón de Demarcación de Costas. Y en el de equipamiento público, la construcción del Palacio de Justicia, que cuenta con consignación presupuestaria, pero la obra sigue sin visos de arrancar, a pesar de que el estado de las instalaciones actuales es deplorable. Por último, la concertación pública integral del hospital de San Carlos, que actualmente sólo tiene abierto al uso civil una decena de especialidades. Es la única ciudad de estas dimensiones que no cuenta con hospital propio en toda Andalucía. Por otro, en la parcela del desarrollo turístico, la liberación de los terrenos militares que ocupan una inmensa cantidad de terreno en Camposoto. Aunque esto, más que un proyecto olvidado, es una realidad denegada.
6. Puerto Real. Un solar para los nuevos juzgados desde 2005
El proyecto de construcción de los nuevos juzgados en Puerto Real sigue todavía constituyendo una iniciativa que permanece en el aire, a pesar de que hace cinco años que se viene hablando de ella y después de varios anuncios realizados desde la Administración autonómica. Ya en el año 2003, el Ayuntamiento puertorrealeño inició el expediente para la cesión de suelo. Tanto en marzo como en junio de 2004, el pleno de la Corporación da forman y aprueba el ofrecimiento del solar destinado para albergar las nuevas instancias judiciales. En abril de 2005, la Consejería de Justicia resuelve aceptar la donación de los terrenos cedidos. Posteriormente, en mayo de 2007, se presenta ante el Ayuntamiento de Puerto Real el proyecto básico de los nuevos juzgados de cara a obtener la licencia de obra necesaria. El Ayuntamiento da el visto bueno y solicita el obligado estudio de seguridad, algo que hasta la fecha no ha sido presentado, ni tampoco el proyecto de ejecución.
7. Campo de Gibraltar. Sin hospitales en Algeciras ni en La Línea
La mayoría de las grandes infraestructuras proyectadas para el Campo de Gibraltar se encuentran paralizadas. En materia sanitaria, las dos principales actuaciones en la comarca acumulan un retraso más que notable. El caso más grave es del hospital materno infantil de Algeciras. La Junta reconoció a principios de este mes que tendrá que iniciar de nuevo el proceso de adjudicación, después de que Begar –la empresa encargada de las obras– haya presentado concurso de acreedores. La consejera de Salud, María Jesús Montero, aseguró durante la presentación del proyecto que las obras comenzarían en la primavera de 2008 y que el hospital entraría en servicio en 2010. Sin embargo, todavía no se ha puesto ni la primera piedra.
La primera piedra del nuevo hospital de La Línea tampoco se ha colocado todavía aunque estaba previsto que las obras se iniciaran este mes de septiembre después de años paralización a causa del retraso del Ayuntamiento a la hora de entregar el suelo a la Junta. Otra obra que debería estar casi acabada y que todavía no ha empezado es la de la Ciudad de la Justicia de Algeciras. La Junta aseguró que los trabajos empezarían a finales de 2007 y que el plazo de ejecución sería de 24 meses.
Respecto a las comunicaciones, las dos principales actuaciones del Gobierno central –la variante de la A-7 y la A-48– siguen enfrascadas en los trámites administrativos. La A-48 entre Vejer y Algeciras está pendiente de la declaración de impacto ambiental. El Gobierno central auguró que, en el mejor de los casos, la autovía estaría finalizada en 2016.
8. La Sierra. La planta de biodiesel en la azucarera de Jédula
Cuando cerró la azucarera de Jédula por la crisis remolachera se intentaron apaciguar los ánimos hablando de un gran planta de biodiesel, donde iría a parar el cultivo. Contaba con todos los parabienes de la Administración y de Ebro. Desde que se presentó el proyecto, nunca más se supo de lo que iba a ser una de las grandes innovaciones tecnológicas de la provincia. Ebro Puleva renunció a la construcción porque, revisados los objetivos de la UE, se observó que la rentabilidad no alcanzaba los objetivos iniciales. Ebro apostó definitivamente por la planta de Babilafuente (Salamanca).
* Diario de Cádiz - F.R. - 28.09.09
Foto: San Fernando (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Cádiz: Los grandes proyectos olvidados
Xàbia: Los vecinos critican al Arzobispado por resistirse a ceder la iglesia fortaleza
+,+iglesia+-+diarioinformacion.com.jpg)
INFORMACIÓN/Alicante* : Censuran el afán de la diócesis por engrosar su patrimonio a costa del municipal y denuncian el intento de quitarles su bien más emblemático. A Dios lo que es de Dios y a Xàbia lo que es de Xàbia". La frase la acuñó ayer un vecino que, como otros muchos, se declara indignado por el intento del Arzobispado de Valencia de apropiarse de la iglesia fortaleza de Sant Bertomeu de Xàbia.
Los vecinos criticaban ayer abiertamente a la diócesis por registrar a su nombre el templo, cuya titularidad municipal está más que acreditada por referencias históricas y al aparecer como bien del Ayuntamiento en todos los inventarios hasta 1960. Calificaron de "expolio" y "robo" la pretensión del Arzobispado de hacerse con la propiedad de la iglesia gótica.
Con todo, expresar opiniones contrarias al clero todavía se le hace cuesta arriba a muchos xabiencs que, aunque censuraron la forma de actuar de la diócesis de Valencia, prefirieron mantenerse en el anonimato.
Pero sí los hay que dan la cara. Alberto Santamera, que es natural de León, pero tiene casa en Xàbia desde hace 35 años, es uno de ellos. "He visto evolucionar este pueblo y ahora nos quedan cuatro monumentos emblemáticos, la iglesia, el mercado, el museo Soler Blasco y alguna casa histórica. Con lo que le ha costado a este pueblo conservar ese patrimonio, no tiene sentido que ahora se lo quiten. Que la iglesia quiera engrosar sus bienes a costa de arrebatar el patrimonio histórico y artístico de Xàbia es excesivo", dijo. Mientras, Vicente Chulià señaló que "la iglesia, sea de quien sea, seguirá siendo del pueblo porque la hizo el pueblo".
* Información - A. P. F. - 26.09.09
Foto: Un turista fotografiaba ayer la portada gótica de la iglesia de Sant Bertomeu de Xàbia - tino calvo, diarioinformacion.com
Las 11.000 viviendas ilegales
EMILIO RUÍZ/Almería* : Parece que el recuento ya está hecho: Son 11.000 las viviendas construidas al margen de la ordenación urbanística en ese espacio de terreno provincial comprendido entre el mar Mediterráneo y la inmensa parábola que delimitarían los términos municipales de Carboneras, Lubrín, Albox, Huércal-Overa y Cuevas del Almanzora. Dentro de la parábola, un montón de pueblos.
La mancha de construcciones ilegales, por ahora, ha dejado de extenderse. ¿La razón? Puede ser por la crisis inmobiliaria, pero también puede ser –más bien es- porque la mayoría de los alcaldes le han visto las orejas al lobo y no quieren jugarse el pellejo ahora, vistas como están las cosas, tomando decisiones que pueden bordear la legalidad, cuando no incumplirla lisa y llanamente.
El “escarmiento” ante tal desaguisado urbanístico se resume, si es que no aparece nada nuevo, en un concejal/diputado provincial del PSOE imputado y dimitido o cesado (de Lubrín), un alcalde/diputado provincial del PP imputado por la Fiscalía (de Sorbas), en una Corporación entera (PA, PP y PSOE) imputada en la llamada “Operación Costurero” (Zurgena) y en un derribo de una vivienda en Vera (ayuntamiento del PA).
Conclusiones personales: a) Hace el ridículo quien se escude en una persecución política, de uno u otro signo, pues vemos cómo en el Juzgado se juntan todas las siglas, b) Un derribo por ilegalidad ante 11.000 ilegalidades suena a aviso a navegantes más que a inicio de un amplio plan de derribos, c) Unos poquísimos cargos públicos pueden pagar los platos rotos propios y también los ajenos, lo que no deja de ser una cruel injusticia, y d) Este tema no se resuelve en los juzgados sino en los despachos políticos.
Y estoy llegando a otra conclusión aún más notable: Tras leer la transcripción de las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía y buena parte del sumario presiento –es la presunción de un lego en Derecho, claro- que la “Operación Costurero” se va a disolver como un azucarillo por falta de consistencia para imputar penalmente a nadie. No se ve en este caso de Zurgena algo muy distinto de lo que se ha visto en los demás pueblos. También, aquí, la solución va a tener que ser más política que judicial.
www.emilioruiz.es
* Teleprensa - Opinión - 27.09.09
Foto: Albox (Almería), zona viviendas ilegales - teleprensa.net
Una cincuentena de activistas 'invaden' el hotel 'vela' para pedir su demolición
ELPERIÓDICO/Barcelona* : Varias entidades vecinales presentarán mañana una demanda para pedir el derribo. Una cincuentena de activistas entraron hoy en el Hotel W de Barcelona, más conocido como hotel Vela por la forma de su silueta, para protestar por la construcción de este edificio, que es ilegal en su opinión.
Los hechos tuvieron lugar durante una protesta por "tierra, mar y aire" en la playa de Sant Sebastià de Barcelona para pedir la demolición del hotel convocada por los vecinos del barrio donde se sitúa este edificio, la Barceloneta. A esta protesta Acudieron unas 1.000 personas, según la organización, cifra que la Guardia Urbana situó en una sesentena de personas.
El hotel está situado frente al mar, en el muelle de Llevant del puerto, a escasos 20 metros de la costa, "cuando la Ley de costas establece una distancia mínima de 100 metros" aseguró una de las portavoces de los convocantes, Gala Pin.
Pancartas y globos
Para protestar por la construcción de este hotel, se simuló una invasión del hotel por tierra y aire mediante pancartas y globos, y por mar, con la acción de varios nadadores y surfistas que lucieron la pancarta Bomba al Hotel Vela.
Gala Pin lamentó también que el terreno que ocupa se haya privatizado argumentando que es un equipamiento para la ciudad. "Un hotel no es un servicio, y menos si es de lujo", añadió. Por ello, varias entidades vecinales presentarán mañana un contencioso administrativo con la esperanza de que el edificio sea derribado.
El hotel tiene ya entre 250 y 275 habitaciones reservadas de cara a su apertura el próximo domingo, lo que supone una ocupación de más de la mitad de sus 473 habitaciones, 67 de las cuales serán suites.
* El Periódico - E. P. - 27.09.09
Foto: Activistas contrarios al Hotel W de Barcelona -más conocido como Vela- han mostrado pancartas en contra del edificio desde el espigón. Foto: ACN / MARC COLOMER
Madrid: Un informe señala que la política de vivienda en la región perjudica la integración de inmigrantes
EUROPAPRESS* : La política de vivienda pública desarrollada en la actualidad en la región perjudica la integración residencial de la población extranjera y puede generar guetos en unos 15 años, según se desprende sobre el estudio 'Políticas públicas y segregación residencial de la población extranjera en la Comunidad de Madrid' de la Fundación Alternativas.
El responsable del informe, Alfonso Echazarra, achaca estas conclusiones a la "insuficiente" inversión en vivienda protegida pública y a los requisitos exigidos por el Gobierno regional y los ayuntamientos, "que no garantizan la prioridad de los grupos más necesitados y no contribuye a una distribución homogénea de esta población". Respecto a la política urbanística, el trabajo apunta que el modelo de ciudad "descongestionado", presente en los municipios de rentas medias-altas, está "negativamente asociado" con la presencia de las nacionalidades más desfavorecidas.
Los inmigrantes de la Comunidad han pasado en poco más de una década de significar el 2 por ciento de la población a convertirse en el 15 por ciento, con un millón de inmigrantes de 27 nacionalidades que tiene más de 5.000 miembros. "A pesar de que algunos académicos insisten en la creciente heterogeneidad del colectivo inmigrante, lo cierto es que en Madrid se aprecia más bien una concentración progresiva en las nacionalidades de América del Sur y Europa del Este y, concretamente, de ecuatorianos y rumanos", apuntó Echazarra.
Una tendencia que prevé que no disminuirá debido al fuerte crecimiento de los nuevos migrantes procedentes de Europa del Este, al efecto multiplicador de las redes sociales y a los procesos de reagrupación familiar.
Si bien hay un equilibrio de la población inmigrante en razón de género, tiene una media de edad media más joven que la española, de unos 30 años, es decir, en edades laborales activas y fértiles. Siguiendo el estudio, tienen elevadas tasas de empleo, destacada inestabilidad laboral, alta concentración en los sectores de la construcción, servicio doméstico y restauración, bajos ingresos medios y con una fuerte dependencia de las redes sociales a la hora de encontrar empleo.
Respecto a la vivienda, predomina el alquiler directo (48,7 por ciento) o el subarriendo (29,1), mientras que en la población española prevalece el régimen de propiedad (82 por ciento). En segundo lugar, el tamaño medio de las viviendas es significativamente entre los inmigrantes, con 71 metros cuadrados de media, y los españoles, con 90. Por último, el número medio de personas por vivienda (4,4) es sensiblemente superior a la media española (2,9).
Los resultados del informe indican que la distribución residencial de los extranjeros no se produce de forma aleatoria, sino que sigue unas pautas definidas. El más importante es la renta, ya que los municipios y distritos con mayores rentas son los que menos población censada tienen.
EXPOSICIÓN DE EXTRANJEROS A LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
El estudio también analiza diferentes variables para conocer la concentración de la población inmigrante por nacionalidad y su exposición o mezcla con la española. Así, las nacionalidades más concentradas entre sí en la región son la bangladeshí, seguida de la ecuatoriana y la rumana, mientras que la menos son la cubana, la portuguesa y la argentina. En el segundo baremo, las nacionalidades asiáticas y africanas son las menos expuestas a la población española son las chinas y las ecuatorianas y las menos las europeas.
Por distribución en el territorio, las nacionalidades asiáticas y son las americanas las que más tienden a localizarse en el centro urbano, mientras que los marroquíes y rumanos viven más lejos del mismo.
Como conclusión, Echazarra subrayó que durante el periodo 2000-2007 el aislamiento residencial de los extranjeros en la Comunidad no sólo ha aumentado, "sino que lo ha hecho a un ritmo mayor del que cabría esperar por su crecimiento poblacional". Asimismo, resalta diferencias notables entre nacionalidades, ya que las más privilegiadas muestran una segregación residencial desdeñable, similar a la población española, mientras que las menos privilegiadas --entre las que se encuentran las asiáticas, las africanas y las andinas-- presentan una segregación residencial significativa.
DETERMINANTES DE LA SEGREGACIÓN
El autor del estudio destaca el papel de los poderes públicos para integrar a las minorías y la responsabilidad de agentes privados como propietarios, instituciones financieras, agencias inmobiliarias y los propios vecinos para todo los contrario.
Como ejemplo, citó que a principios de los años 90, el Gobierno regional reubicó a 230 familias de origen gitano en el barrio de Moratalaz. Este tipo de medidas, según Echazarra, pueden tener en común la reacción negativa de los miembros más afectados de los grupos mayoritarios en forma de protestas, violencia y, en algunos casos, huída del barrio.
Además, en este caso concreto, afirmó que los gitanos han podido contribuir a "disuadir" la llegada de inmigrantes a la zona, ya que barrios con el mismo nivel socioeconómico acogen muchos más extranjeros que Moratalaz. "Por alguna razón, es inimaginable que este realojo se hubiera producido en los distritos de Salamanca o Chamartín o en municipios con abundante suelo edificable, como Pozuelo o Las Rozas".
POLÍTICA PÚBLICA DE LA VIVIENDA
El autor del estudio cree que las viviendas públicas son insuficientes y que la reglamentación de los requisitos de la renta que se piden para acceder a uno de esos pisos "genera bastantes dudas en cuenta a sus fines redistributivos". En primer lugar, considera que sólo tiene en cuanta las rentas actuales y no las potenciales, por lo que buena parte de los candidatos que cumplen las condiciones al inicio las incumplen una vez que las viviendas son entregadas. En segundo lugar, asegura que este requisito no garantiza que las personas más necesitadas tengan preferencia, "sólo evita el acceso de las más privilegiadas". "Además, los precios de la vivienda pública no gozan de la suficiente subvención como para que los grupos más desprotegidos puedan acceder a ella", agregó.
Echazarra criticó, especialmente, que la Ley no impide que los municipios exijan requisitos adicionales en sus promociones, en incluso en algunas que dependen del Gobierno regional, como es el caso del periodo mínimo de residencia o de trabajo. "Desde el punto de vista democrático, este requisito podría considerarse como una política dirigida a satisfacer las preferencias de los electorados municipales", añadió.
Asimismo, el responsable del informe incide en que los municipios de mayores rentas, como Majadahonda y Pozuelo, imponen requisitos que llegan hasta los diez años de residencia en el municipio. "Las consecuencias de estas condiciones para la segregación residencial de los extranjeros son significativas, impidiendo la entrada de poblaciones desfavorecidas y ajenas al municipio", indicó.
PROPUESTAS DE MEJORA
En línea con los resultados de este trabajo, el autor propone introducir la renta como variable informadora para acceder a una vivienda de protección pública, eliminar el requisito legal para acceder a los sorteos, establecer la residencia legal como único requisito referido al estatus legal.
Asimismo, propone que se implante un sistema global, a nivel regional o nacional capaz de informar de forma automática sobre las posibilidades de construcción en un terreno determinado, con el fin de evitar sesgos localistas y prácticas corruptas; así como eliminar la competencia municipal tanto de vivienda pública como de política urbanística.
Como nota de atención, también señala que hay barrios madrileños donde conviven un porcentaje muy elevado de inmigrantes con población muy envejecida. "Si no se atrae a estas zonas población joven, en unos años pueden crearse guetos, como ha pasado en otros países europeos", concluyó el autor del informe.
* Europa Press- 26.09.09
Foto: Comunidad Madrid - turismadrid.free.fr
Gijón acumula nueve sentencias que anulan el PGOU
ELCOMERCIO* : El Ayuntamiento tiene ya en su haber diez sentencias que anulan el vigente PGOU. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dictado otras nueve resoluciones que declaran «contrarios a Derecho» los acuerdos plenarios que dieron validez al documento que marca las directrices del crecimiento urbanístico de la ciudad y se suman así al primer varapalo judicial emitido el 15 de julio.
En este caso los recursos estimados por el alto tribunal asturiano corresponden al Colectivo de Vega en Defensa del Medio Rural y a ocho particulares, uno de ellos una vecina de Deva afectada por el controvertido plan parcial de Cabueñes.
La nueva remesa de fallos judiciales utiliza como base jurisprudencial la argumentación de la primera sentencia de julio «por razones de igualdad y seguridad jurídica». Así, se vuelve a poner de relieve que «se ha encubierto una genuina operación de revisión del Plan General bajo un indebido supuesto de modificación puntual». Los diferentes ponentes del TSJA señalan también que la adaptación del PGOU gijonés a la Ley del Suelo del Principado va mucho más allá y conlleva, en la práctica, «una reconfiguración del modelo territorial». denominado por la propia Administración como 'urbs in rure' (ciudad en el campo), cuyo factor más novedoso es el salto de la ronda Sur.
Al hilo de todo lo anterior, las nuevas resoluciones inciden de nuevo en lo incorrecto del procedimiento seguido para actualizar el Plan General y dar suficiente cabida a la participación ciudadana. En concreto, se habla de «deficiente periodo de información pública anterior a la aprobación inicial, la falta de documentos esenciales (entre ellos la evaluación de impacto ambiental) y el deficiente estudio económico y financiero como consecuencia de la inadecuada tramitación de la adaptación como una modificación».
El equipo de gobierno municipal acogió ayer con aparente tranquilidad estos nuevos reveses judiciales. El concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, fue ayer el encargado de valorar la creciente acumulación de fallos en contra del Plan Teixidor. El edil aseguró que la doctrina jurídica del TSJA está siendo la misma en las sentencias que ha notificado al Ayuntamiento como parte demandada desde el mes de julio. «Se invalida la tramitación por un error procedimental, pero no se anula el contenido», remarcó.
Sanjurjo también puso de relieve que las estimaciones de los recursos contencioso-administrativos por parte del alto tribunal asturiano no satisfacen, en ningún caso, las pretensiones de los demandantes en términos particulares sobre la calificación del suelo que deberían tener sus fincas. En su opinión, los criterios se mantienen fallo tras fallo, ya que el tribunal considera «irrelevantes» los motivos particulares de la demanda al dirimirse un documento de interés general como es el PGOU Además, a su juicio, las resoluciones judiciales dejan claro que «la determinación de la calificación del suelo es competencia de la Administración municipal y no de los órganos judiciales».
Estrategia sin cambios
La estrategia del Ayuntamiento no variará a pesar del aluvión de sentencias en su contra. Anunció que todos los fallos que vayan llegando se recurrirán en casación ante el Supremo y, en paralelo, se iniciará «a la mayor brevedad el trámite de revisión del PGOU para darle garantía jurídica a la normativa urbanística». El concejal explicó que de las 75 demandas interpuestas contra el Plan Teixidor, a día de hoy diez recursos fueron ya estimados, 25 se desestimaron, 16 están admitidos a trámite y 21 más están pendientes de resolución. Otros cinco recursos concluyeron por desestimiento, archivo o caducidad.
El PP de Gijón, a través de su presidenta Pilar Fernández Pardo, volvió a reclamar ayer la asunción de responsabilidades políticas , ya que, a su juicio, los nuevos varapalos judiciales dejan al gobierno de Paz Fernández Felgueroso en «una situación insostenible».
«La reiteración del criterio judicial sobre la ilegalidad del PGOU supone que estamos ya ante una verdadera doctrina de los tribunales, que ratifica la actuación fuera de la ley en materia de Urbanismo por parte de quien rige el Ayuntamiento, y ello, no por razones de forma, sino por vulnera normas con rango de ley en los ámbitos urbanístico, medioambiental y de procedimiento administrativo general», concluyó Pardo.
* El Comercio Digital - M. MORO - 27.09.09
Foto: Gijón - elportaldelosbarcos.es
Marbella: Una orden de derribo pesa sobre 44 viviendas habitadas que legaliza el PGOU
SUR* : Urbanismo aprobó en julio la resolución al no ajustarse el edificio al planeamiento. El retraso en las previsiones para la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella, cuyo visto bueno definitivo no llegará antes de diciembre, ha supuesto una ingrata noticia para el bloque 4 de la avenida de Las Albarizas.
Los propietarios de las 44 viviendas habitadas que alberga este edificio aguardan con ansiedad que la Junta de Andalucía otorgue la bendición final al nuevo documento, que prevé regularizar la situación de ilegalidad del inmueble. El tiempo juega en su contra, dado que desde el pasado julio pende sobre la construcción una orden de demolición dictada por el Ayuntamiento.
El decreto firmado por la ex delegada municipal de Urbanismo, Alba Echeverría, en una de sus últimas actuaciones al frente de esta concejalía, establece que el bloque resulta incompatible con el planeamiento urbanístico vigente, por lo que ordena iniciar el procedimiento para la reposición de la realidad física alterada. Es decir, el derribo de los 44 inmuebles.
Proyecto de derribo
La resolución establece que, según dispone la normativa, la empresa propietaria del inmueble, en este caso la comunidad de bienes Monteazul, deberá presentar en el plazo de dos meses un proyecto de demolición. El plazo expiró el pasado martes. El expediente, al que ha tenido acceso este periódico, señala que el proyecto de ejecución del edificio carecía de aprobación, por lo que la licencia de obras «no se puede considerar ejecutiva».
Destaca además que los terrenos sobre los que se levanta el conjunto residencial están catalogados en el actual PGOU de 1986 como suelo urbanizable no programado para uso industrial. Dicha calificación, según el informe, permite autorizar únicamente las construcciones, obras e instalaciones correspondientes a infraestructuras y servicios públicos, así como actuaciones de interés general cuando concurran supuestos de utilidad pública e interés social. El expediente concluye que la edificación de 44 viviendas no se encuentra entre estos supuestos.
Cesión de suelos
El nuevo Plan, sin embargo, incluye el inmueble en el proceso de normalización por medio de compensaciones por el que se legalizarán cerca de 17.000 viviendas irregulares en el municipio. El documento recoge que la comunidad de bienes deberá llevar a cabo una aportación de suelos, dotaciones con una superficie que supera los 11.000 metros cuadrados, lo que supone más de un 36 por ciento de la construcción. Los terrenos que Monteazul deberá adquirir y ceder al Ayuntamiento de Marbella se encuentran ubicados al norte de la promoción inmobiliaria, próximos a la autovía A-7.
El decreto municipal establece que el proyecto de demolición que debe presentar la propietaria debe estar suscrito por un técnico y disponer las medidas de seguridad para proceder al derribo. Una vez presentado el expediente, el Ayuntamiento debe otorgar la licencia para acometer la actuación. En el supuesto de que Monteazul no acate la resolución, se puede proceder a la demolición subsidiaria por parte de la Administración local, aunque la ley establece un plazo máximo de un año antes de que el Consistorio pueda acometer esta actuación. La aprobación definitiva del nuevo PGOU por parte de la Junta de Andalucía supuestamente debe llegar mucho antes.
* SUR - 27.09.09 -HUGO SIMÓN
Foto: El nuevo Plan regulariza las viviendas./ JOSELE-LANZA, diariosur.es
La Ley de la Cañada Real Galiana podría esconder una gran operación urbanística
Diferentes profesionales han participado en el informe que Ecologistas en Acción* ha elaborado sobre el anteproyecto de Ley de la Cañada Real Galiana. El nuevo texto podría encubrir una gran operación urbanística. Por ello, agiliza el trámite de reclasificación y elimina todo tipo de control público y social en los procedimientos de desafectación y enajenación del suelo de la vía pecuaria. La organización, solicita a los grupos parlamentarios y a los sindicatos que no apoyen esta “Ley trampa”.
Geógrafos, biólogos, urbanistas y juristas, miembros de Ecologistas en Acción, han participado en la elaboración del informe sobre el anteproyecto de Ley para desafectar (eliminar) 14,2 Km. de la Cañada Real Galiana (a su paso por los municipios de Coslada, Rivas-Vaciamadrid y los distritos de Vicálvaro y Vallecas, en Madrid). Las conclusiones son demoledoras. La nueva Ley es una trampa, no aporta ni un solo euro para resolver la compleja realidad social. Sin embargo, favorecerá operaciones inmobiliarias que marginarán, nuevamente a los más desfavorecidos.
La nueva Ley permite la reclasificación de 1.068.124 m2 de suelo, o lo que es lo mismo 107 hectáreas. Una superficie prácticamente igual a la del parque de El Retiro madrileño (116 hectáreas). Este suelo, hasta ahora dominio público (clasificado como suelo no urbanizable de protección por la Ley de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid) y propiedad de la Comunidad de Madrid, podrá ser reclasificado. Pero además, la Comunidad de Madrid, podrá cederlo, permutarlo (cambiarlo por otro), enajenarlo (venderlo), etc a cualquiera, sin ser obligatorio que los receptores sean los Ayuntamientos.
Por otra parte, el anteproyecto agiliza el procedimiento de reclasificación del suelo al permitir el cambio de clase de suelo por simple modificación del Plan General vigente, en lugar de tener que revisar todo el planeamiento como establece la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Otra cuestión muy grave es la eliminación de todos los mecanismos de control público y social de los procedimientos de desafectación y enajenación del suelo. Así se elimina el periodo de un mes de información público necesario en toda desafectación, se eliminan los informes preceptivos del Patronato de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, incluso la obligación de informar a la Asamblea de Madrid, o la autorización que el Consejo de Gobierno tiene que dar a toda enajenación de los suelos desafectados de las vías pecuarias.
La nueva Ley, por tanto, crea un procedimiento paralelo a los ya existentes para que la actuación pretendida escape a cualquier control público y social. Sin duda este nuevo mecanismo favorece el oscurantismo sobre cualquier actuación en la Cañada Real Galiana.
Por ello, resulta harto complejo creer que la nueva Ley vaya a resolver ningún problema social. Muy al contrario, las nuevas expectativas inmobiliarias que crea la Ley, generará tensiones entre los habitantes actuales con más medios y el resto. Muy posiblemente la población más marginal acabe expulsada del tramo afectado por la Ley y se asiente en otras zonas de la Cañada Real Galiana, actualmente no ocupadas, esperando tal vez, que en un futuro próximo ellos corran la misma suerte que sus vecinos.
Ecologistas en Acción ha solicitado a los grupos parlamentarios, sindicatos y ayuntamientos que no apoyen esta Ley.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 24.09.09
Santander: Denuncia en la Fiscalía contra el parking de Mendicouague
ELDIARIOMONTAÑÉS* : La asociación cívico vecinal Parque Mendicouague registró ayer en la Fiscalía Superior de Cantabria una denuncia para que se investiguen posibles delitos en la adjudicación y la tramitación de la concesión para el aparcamiento subterráneo. En el escrito, los vecinos solicitan además la adopción de medidas cautelares, en concreto la suspensión de las licencias o autorizaciones que se puedan haber concedido.
Un representante de los vecinos intervino en el pleno del jueves y el concejal de Obras, César Díaz, le dio respuesta a su petición de información, de la que no quedó satisfecho.
Uso de los terrenos
Ante la Fiscalía, los vecinos de Mendicouague piden que se requiera al Ayuntamiento un informe jurídico municipal sobre la legalidad del cambio de uso de los terrenos. Y es que, según dicen, la escritura de cesión de los terrenos establecía unas limitaciones de uso y señalaba que la cesión era para destinarlos como parque público.
En la denuncia presentada ante la Fiscalía, la asociación solicita que se investiguen varios aspectos relacionados con el proyecto, tanto en lo que respecta a su tramitación administrativa, como a los riesgos que puede llevar aparejados, como que las obras pueden suponer para las edificaciones próximas, así como del peligro derivado de la contaminación del suelo, en concreto por metales pesados -principalmente cromo y mercurio-, ya que el terreno fue en el pasado la ubicación de una fábrica de curtidos.
Asimismo, el colectivo de vecinos contrarios al aparcamiento denuncia que no se les ha permitido acceder al expediente completo y critica que sus alegaciones a la licencia de apertura fueron contestadas «con pretextos formales, sin dar respuesta a lo planteado» y generándoles así una situación de indefensión.
La tramitación
En cuanto a la tramitación, la asociación pide a la Fiscalía que investigue la posible incompatibilidad del alcalde, Íñigo de la Serna, y de otros miembros de la Corporación, para participar en la tramitación de los expedientes por su vinculación laboral con la empresa APIA XXI, hecho este que ambos han negado. En el pleno del jueves el concejal Díaz indicó que «no hay ninguna relación laboral de ningún miembro de este Gobierno municipal con esa empresa».
Los vecinos incluyen como argumentos de su denuncia ante la Fiscalía un «desfase presupuestario» en la adjudicación, falta de informes jurídicos preceptivos de los servicios municipales, concesión de la licencia de instalación a nombre de una empresa diferente a la adjudicataria y la contratación de una firma de ingenieros para prestar auxilio técnico cuando ya estaba adjudicada la redacción del proyecto.
* El Diario Montañés - E. P. -26.09.09
Foto: Vista del parque de Mendicouague. / SÉ QUINTANA, eldiariomontanes.es
La Plataforma de Afectados por la Ley de Costas pedirá a Europa que retire los fondos a España por los "abusos"
EUROPAPRESS* : La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas pedirá al presidente del Parlamento Europeo y al de la Comisión de Peticiones que retire los fondos a España por mantener los "abusos" en las costas y "desoir" el 'informe Auken'. Así lo indicó hoy en declaraciones a Europa Press el portavoz y abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega, tras celebrar una asamblea directiva en un hotel del Saler (Valencia).
Al respecto, Ortega explicó que la plataforma ha decidido dirigirse por escrito a Europa para pedir la supresión de fondos estructurales a España ya que "no cumple con lo que contempla el 'informe Auken', que le condena por abuso de la ley de costas y por otros abusos urbanísticos".
El portavoz indicó que el Gobierno central, a través del secretario general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, le comunicó a un miembro de la plataforma que el informe europeo "no decía nada de abusos en España", así que "negaba lo evidente", dijo.
Además, "en lugar de hacer caso al Parlamento Europeo", el Ejecutivo "endureció más la situación por un procedimiento turbio, el de denegar el acceso a expedientes de deslindes". En este sentido, Ortega señaló que, asimismo, cuando el deslinde está en marcha, "tampoco lo dejan ver, porque dicen que afecta a la intimidad de las personas, algo que no tiene sentido, porque el domicilio de éstas se puede ver en internet o en las páginas amarillas".
Ante esta situación, los miembros de la plataforma decidieron dirigirse al Parlamento Europeo y pedir que haga ejecutiva la posibilidad recogida en el 'informe Auken' de retirar los fondos a España porque "no está cumpliendo con el urbanismo".
* EuropaPress - 26.09.09
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
El TSJ impide en Lliria que la firma de los Cotino edifique más de 2.000 chalés
,+inicio+urbanizaci%C3%B3n+ilegal+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha desestimado finalmente el recurso presentado por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Lliria y la mercantil Residencial La Maimona, de la que forman parte Bancaixa Habitat y Sedesa, la empresa de la familia Cotino, contra la ejecución provisional de la sentencia que obligó a la citada mercantil a paralizar las obras de urbanización del proyecto que preve la construcción de más de 2.000 viviendas de lujo y un campo de golf en Lliria.
Un auto de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana desestima los recursos de súplica interpuestos por la Generalitat-alineada con las promotoras-la Residencial La Maimona y el Ayuntamiento de Lliria en los que pedían la no ejecución de la sentencia del TSJCV 325/9, de 9 de marzo de 2009 que estimó parcialmente el recurso contencioso administrativo contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lliria de 19 de enero de 2006 por el que se aprobó y adjudicó por gestión indirecta del Coto Catalá a la sociedad formada por Sedesa y Bancaixa Habitat (Residencial La Maimona).
La resolución es ahora firme y no cabe recurso alguno, ni siquiera ante el Tribunal Supremo.
El recurso que provocó la sentencia fue presentado por la Agrupación de Interés Urbanístico "Tos Pelat", formada por propietarios de viviendas - "ilegales", según el Ayuntamiento de Lliria- existentes en la zona y por el grupo ecologista Centro de Acuicultura Experimental (CAE).
La citada sentencia no entra a discernir sobre la legalidad de la reclasificación que permitió convertir en "urbanizable residencial" unos terrenos que eran de "protección forestal" ni el resto de presuntas irregularidades denunciadas, pero sí aplica la doctrina del Tribunal Supremo fijada por sentencia de 6 de junio de 2007 y otras por la que establece que resulta de aplicación a la figura de Agente Urbanizador prevista en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) bajo la que se tramitó el desarrollo urbanístico del Coto Catalá, la normativa estatal y la europea sobre Contratos Públicos.
La actuación urbanística afecta a 2.207.204 metros cuadrados para construir 2.207 viviendas, club social y un campo de golf de 18 hoyos con una superficie próxima los 600.000 metros cuadrados.
* Levante-EMV - JOSÉ SIERRA - 26.09.09
Foto: Inicio de las obras en el Coto Catalá que actualmente están paralizadas por orden judicial . levante-emv
De las corrupciones y los robos
FRANCISCO DE PAULA DE LA TORRE GARCÍA Y ALFREDO OLMEDO PEÑARANDA* : Las conductas actualmente calificadas de corrupción urbanística son hijas legítimas de un actuar administrativo perverso, contaminado por luchas partidistas y por un clientelismo servil hacia los centros de decisión, que confunde el ejercicio de los derechos con el otorgamiento de prebendas y bulas, consumando así, en un mismo acto, la permuta del reinado del principio de legalidad, por el imperio del principio de oportunidad.
No hace tanto, la conducta consistente en apropiarse de lo ajeno era denominada, genéricamente, como robo, hurto, atraco o apropiación indebida (todos ellos con sus distintas variedades), según las características del hecho concreto y de las circunstancias que lo acompañaran. Y se tenía a bien aplicar estos conceptos, por igual, a cualquiera que practicase tan antiguo arte, con independencia de su adscripción social o política, o del carácter público o privado del ámbito en que el hecho acaeciera.
Hoy, por el contrario, asistimos a una mutación semántica, no ajena a la labor de la prensa, según la cual la acción consistente en la apropiación indebida de una cantidad de dinero, a cambio de firmar o no firmar éste o aquél documento relativo a la actividad urbanística municipal, viene a denominarse corrupción urbanística, y no, como debiera, robo, hurto, atraco, soborno, etc...
La distinción conceptual no es baladí. Tanto los medios serios como los circos mediáticos que se generan alrededor de estos ladrones, se refieren a ellos como protagonistas de la corrupción urbanística, en un inconsciente ejercicio que desvía el disparo de la diana.
Se caracteriza el urbanismo por ser una actividad compleja en la que necesariamente han de actuar de manera coordinada distintas administraciones públicas. La actuación unilateral de cualquiera de ellas no podrá conseguir la transformación jurídica y material del suelo perseguida por dicha actividad. El planeamiento no puede ser aprobado sin la participación de la Administración autonómica y local, y en caso de imposibilidad de acuerdo o consenso, serán los tribunales los que de acuerdo con la legislación vigente decidan en última instancia. De la misma forma no puede otorgarse licencia urbanística sin planeamiento previo, so pena de la aplicación de los mecanismos de control e instrumentos de tutela con que las normas urbanísticas dotan a municipios y comunidades autónomas desde hace décadas, y que éstas pueden hacer valer en vía administrativa y en el orden jurisdiccional (sirva como ejemplo la actuación de la gestora y de la Junta de Andalucía en el caso de Marbella).
La complejidad del sistema impide que una conducta concreta del individuo o individuos que ocupan un determinado cargo público en una determinada institución pueda producir, por sí sólo, un despropósito urbanístico de tal magnitud como el que vive la Provincia de Málaga.
La corrupción urbanística precisa de un actuar conjunto y sistematizado de aquellos operadores urbanísticos con poder suficiente para adoptar decisiones relativas a la transformación jurídica y material del suelo, hasta convertirlo en solar con una adscripción de edificabilidad determinada y con unas plusvalías económicas concretas. O bien, para dotarlo de aquellos sistemas de protección que impidan la degradación de una serie de valores que por su importancia ambiental, histórica o cultural merecen ser conservados para beneficio social.
Los operadores urbanísticos intervinientes en la tramitación de cualquier instrumento de planeamiento o desarrollo del planeamiento son multidisciplinares, y se ubican en una pluralidad de administraciones, organismos y entes públicos que suponen otros tantos controles del instrumento urbanístico en cuestión. Las delegaciones provinciales de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, de Medio Ambiente, de Cultura, de Agricultura, organismos de cuenca, carreteras y un largo etcétera, amén de la propia Administración local, intervienen de una u otra forma en la aprobación, gestión y ejecución de cualquier instrumento urbanístico.
Por si lo anterior no bastara, también existe la comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, donde tienen cabida representantes de la Administración central, autonómica y local y que conoce de cualquier actuación de cierta relevancia que afecte a cualquier municipio de la provincia.
Púes bien, dicho lo anterior, tenemos que afirmar que la efectiva constatación de una actividad urbanística corrupta precisa, para ser tal, que el actuar de estos operadores se dirija, no a la consecución del bien público y el interés social, sino a finalidades distintas, que pueden incluir desde favoritismos políticos al pago de servicios prestado, y a una suerte de clientelismo que preside todo el sistema.
Es decir, los operadores urbanísticos utilizarían los instrumentos jurídicos de que se encuentra dotada la actividad urbanística, planes, convenios, licencias, autorizaciones, etc..., no conforme a lo establecido por las propias normas que los prevén y regulan, sino en pos de intereses distintos a los perseguidos por la norma, y por tanto sin sujeción al principio de legalidad. La corrupción urbanística supone siempre una previa perversión teleológica de la norma aplicada.
Así, podemos entender como corrupción urbanística, la sistemática aplicación torticera, por parte de los operadores urbanísticos competentes, de la más estricta legalidad a unos determinados y muy concretos ayuntamientos, de signo político distinto a la de aquel partido que los sustenta, mientras que a la inmensa mayoría se les aplica la legislación urbanística conforme a los principios de equidad y mesura, cuando no, con manifiesta flexibilidad y generosidad y, en no pocos casos, con notoria dejación de funciones en lo que concierne a la disciplina urbanística.
También habrá que calificar de corrupción urbanística la persecución tenaz y pública de actuaciones urbanísticas en unos concretos espacios, mientras que las mismas actuaciones son consentidas en el resto del territorio, o en territorios muy concretos.
Sería corrupción urbanística la aprobación de modificaciones de planeamiento de idéntico contenido según el municipio en que tales modificaciones se hubieran propuesto, o según el promotor que la presentara.
Supone corrupción urbanística el que el tiempo de tramitación de un determinado expediente pueda depender del equipo técnico que lo firma, del despacho que lo gestiona, del promotor que lo presenta, o del municipio donde se ubica.
Podríamos llamar corrupción urbanística el hecho de que la Administración tutelante de la actividad urbanística municipal, impugnara todos los actos adoptados por determinados municipios en determinadas materias, y que, sin embargo, no impugnara ninguno de los adoptados en las mismas materias, con idénticas características, contenido y forma, en otros municipios, y cuya única diferencia fuera el color político de los municipios afectados.
Estaríamos ante un sistema de corrupción urbanística si el acceso de los operadores privados a las instancias decisorias de la Administración dependiera de una red de clientelismo donde se mezclaran los intereses públicos con los partidistas, y éstos, con los intereses privados.
Llegados a este punto, si efectivamente, existen comportamientos de los operadores y administraciones ajenos a los previstos en la norma; si efectivamente, existe perversión telemática de la actividad urbanística por parte de los órganos encargados de su tutela; si los mecanismos reales de tramitación y aprobación de los instrumentos urbanísticos se apartan de los procedimientos y tiempos establecidos en las leyes; si la rapidez, celeridad y eficacia de la resolución de los procesos urbanísticos dependen, no de la calidad técnica de los trabajos presentados, ni la adecuación jurídica de sus contenidos a las normas reguladoras de la actuación concreta de que se trate, sino que dependa de cualquiera otra circunstancia, entonces sí, entonces estaremos claramente ante un sistema corrupto que contamina toda la actividad urbanística, ajeno a cualquier marco normativo, y fundamentado en prácticas perversas que imponen las reglas al margen del cauce legal previsto, dejando en situación real de fuera de juego a todos aquellos operadores que quieran acercarse o intervenir en la actividad urbanística desde la legalidad vigente.
Y es precisamente aquí donde aparecerán de manera inevitable los salteadores, los saqueadores que acompañan cualquier tipo de catástrofe, ya sea natural (terremotos, incendios, apagones, huracanes) ya sea social, política o financiera (caos financieros, guerras, revoluciones, grandes crisis sociales etc), que lejos de encarnar la corrupción urbanística, o ser sus verdaderos protagonistas, constituyen un producto marginal y folclórico del mismo, pero también inevitable.
Si de verdad queremos depurar el sistema, regenerar su funcionamiento, habrá que empezar a buscar a los verdaderos protagonistas de la corrupción, que no se encuentran en los programas del corazón. Habrá que investigar en serio el funcionamiento de los centros de poder que han controlado las decisiones urbanísticas de calado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en especial, en la provincia de Málaga durante los últimos 25 años.
Y es que si hablamos de corrupción urbanística en Marbella y en numerosos puntos de la costa andaluza habrá que comenzar a pensar por qué en ninguno de los casos destapados se ha citado a declarar a los operadores urbanísticos públicos con mayor responsabilidad en el ámbito provincial y autonómico. Limitar la investigación al ámbito municipal y a los operadores privados, así como utilizar el castigo público de los salteadores como única medida preventiva ante males futuros sólo conseguirá saciar la sed de sangre televisiva de los espectadores rosas, espantar la inversión interna y externa que se refugia despavorida y rápida en otros territorios merced a la deslocalización y perpetuar un sistema tan corrupto como eficiente, que más pronto que tarde proporcionará nuevas carnicerías en el circo rosa de la televisión.
*Abogado-secretario interventor de ayuntamiento y abogado-secretario interventor de ayuntamiento
* La Opinión de Málaga - Opinión - 24.09.09
Málaga: Diez ex jefes de Urbanismo cobran lo mismo que cuando ocupaban el cargo
ELMUNDO* : El comité de empresa de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha presentado en un Juzgado de Lo Social una demanda por conflicto colectivo contra esta entidad al detectar que 10 ex jefes de departamento de libre designación del alcalde cobraban como si siguiesen en esos puestos.
Además se indica que mientras ellos cobran 90.000 euros anuales, los que sí ejercen como jefes de departamento cobran 3.000 euros menos, ya que a los primeros no se les ha congelado el salario, y algunos de estos, aunque fueron cesados hace 10 años, han seguido cobrando como si permaneciesen siendo cargos de confianza, ha informado a Efe la presidenta del comité, Zaida Meabe (CCOO).
La vista por esta demanda, suspendida en una primera ocasión, está pendiente de celebrarse y el comité de empresa no ha encontrado contratos o resolución que justifiquen estos pagos.
Han intentado que los responsables de la Gerencia -dependiente del Consistorio gobernado por el PP- expliquen lo sucedido y aporten documentación, pero al no conseguir que lo justifiquen, han interpuesto la demanda, de la que este viernes ha informado la Cadena SER.
Meabe ha explicado que la decisión se ha adoptado al "afectar a la masa salarial de la Gerencia y al presupuesto del organismo" y pretende que se justifique una situación que -a su juicio- "no se entiende por normal".
Precisa que al principio encontraron que siete ex jefes cobraban igual que seis que sí ejercían como tal y que después la cifra de anteriores cargos que seguían cobrando igual se elevó a diez pese a que fueron cesados de tales puestos por el consejo de administración y sustituidos por otras personas, algunos de ellos hace poco tiempo.
La presidenta del comité ha comentado que parece que las cantidades estaban consolidadas para siempre, ha pedido que se compruebe desde 2004 y ha recordado que ganaron un juicio al no informarles la Gerencia de Urbanismo de las retribuciones del personal y que ahora controlan que se ajusten al convenio y que no falte dinero para los 350 trabajadores de este organismo municipal.
Esta demanda se conoce en plena polémica sobre los sueldos de los cargos públicos días después de que el presidente del PP-A, Javier Arenas, propusiera al PSOE-A pactar en el Parlamento y la FAMP bajar o ajustar los salarios de quienes ocupan estos puestos autonómicos y municipales.
Sin embargo, el PP rechazó este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Málaga la propuesta socialista de limitar los sueldos de los puestos de confianza mayores al del alcalde, el popular Francisco de la Torre, que cobra 79.000 euros anuales.
La iniciativa del PSOE recogía limitar la retribución del personal eventual, órganos directivos, directores gerentes de organismos autónomos y empresas municipales y todos los nombrados por libre designación para no sobrepasar lo que percibe el alcalde.
* El Mundo - EFE - 25.09.09
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu
La Generalitat adjudicó en diez años 825 millones a la empresa de la familia Cotino
LEVANTE/Valencia* : La constructora Sedesa Obras y Servicios, propiedad de la familia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, no puede decir que no sea profeta en su tierra. La matriz del Grupo Sedesa, cuyo gerente es Vicente Cotino Escrivá (sobrino del conseller), ha recibido desde 2000 casi medio centenar de adjudicaciones de obra pública de la Generalitat por más de 825 millones de euros.
En el caso de los proyectos de mayor dimensión, Sedesa ha sido beneficiaria de contratos en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras firmas. Más de 25 veces, la empresa vinculada al vicepresidente ha sido elegida en solitario para ejecutar proyectos, por un montante superior a 90 millones de euros.
La obra de mayor envergadura con participación del grupo del que un día fue socio Juan Cotino es la construcción y explotación de la CV-50 entre Benaguasil y la A3, por un importe de casi 505 millones de euros. En esa UTE participan Sedesa y Dytras, de la que forman parte Dragados y Construcciones, Iridium y Concesiones de Infraestructuras SA. Esa autovía se adjudicó por el sistema de peaje en la sombra, consistente en que las constructoras adelantan el dinero para ejecutar la obra y recuperan la inversión cuando entra en funcionamiento, dado que cobran un canon por vehículo que utilice la infraestructura. Lubasa es uno de los socios más habituales de la empresa de Vicente Cotino en las concesiones otorgadas por la Generalitat.
En la lista de financiación al PP
Se da la circunstancia de que estas dos firmas forman parte de la relación de media docena de constructoras señaladas en el informe de la Brigada de Blanqueo de la policía judicial como financiadoras del Partido Popular a través de la trama Gürtel.
Además de a la obra pública, el Grupo Sedesa se dedica al urbanismo, la promoción inmobiliaria, las energías renovables, los parques eólicos ( con Endesa y Bancaja construye 018), al sector medioambiental o la gestión de residencias geriátricas, entre otros negocios. Gerocentros del Mediterráneo (del que Sedesa Concesiones posee un 38,7% del capital) explota, con la marca Savia Centros Residenciales, casi 2.000 plazas de mayores subvencionadas, por las que esa firma ingresó unos 46 millones entre 2007 y 2008, según el PSPV.
* Levante-EMV - 25.09.09
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
El Puerto: Ecologistas critica la "legalización" del complejo de Las Beatillas y de las viviendas de Los Desmontados
,+ayuntamiento+-+wikipedia.org.jpg)
DIARIODECÁDIZ* : Ecologistas en Acción ha criticado que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) excluya de la calificación de sistemas generales el complejo turístico de Las Beatillas y la urbanización ilegal de Los Desmontados. El colectivo conservacionista recuerda que Las Beatillas cuenta con sentencia firme de demolición de TSJA (está pendiente de resolución del Supremo) mientras que hay diligencias judiciales abiertas por la construcción del diseminado ilegal.
Esta calificación, a juicio de ecologistas, es un "premio" para los promotores. En un comunicado apunta: "Si ya es escandaloso que el Ayuntamiento, entonces gobernado por IP, permitiera la construcción de un complejo turístico sin licencia de obras en un suelo protegido como parque público (sistema general de espacios libres), y la negativa de abrir los correspondientes expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística (lo que motivó la retirada de competencias urbanísticas por parte de la Junta de Andalucía), ahora se pretende abrir las puertas a la legalización modificando los límites de ese sistema general para sospechosamente excluir el edificio de Las Beatillas". Para la entidad, una legalización "sería un auténtico fraude de ley".
Además, el colectivo cuestiona que el nuevo Plan General incluya como zonas "urbanas no consolidadas o urbanizables" a núcleos ilegales que están dentro del corredor verde que fija el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC) como es el caso de la Sierra de San Cristóbal, Los Perales y La Manuela.
* Diario de Cádiz - 25.09.09
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
¿Chorizos? Sí, pero de los nuestros
JUANGOYTISOLO* : La mejor noticia de un verano pródigo en desastres, guerras y atentados ha sido para mí la exculpación, confiemos que definitiva, de nuestro santo Job valenciano. Tras sufrir la ordalía del terror sectario, el acoso cruel de una Inquisición y la hipermediatización hostil del caso con la sonrisa crispada del justo cuyos trajes de corte impecable pagó religiosamente al contado en Forever Young y Milano, su sobreseimiento por un juez fuera de toda sombra de amiguismo, me llenó de alivio.
Era hermoso verle en la plaza de toros de su ciudad aclamado por centenares de asistentes al acto de desagravio, arropado por un grupo selecto de compañeros de partido: la sabia y refinada Rita Barberá, por una vez sin sus bolsos de marca Gürtel, el sencillo y honesto presidente de la Diputación de Castellón, cuya innata timidez de buen chico oculta siempre con unas sobrias gafas ahumadas; en fin, por todo el elenco escogido a dedo por un jefe exultante y en olor de multitudes. ¡El triunfo de la verdad y la justicia frente a la calumnia y la imputación falsa levantan el ánimo alicaído de la gente honrada en estos tiempos de relativismo moral y dictadura laica!
El proceso de corte estaliniano montado contra el nuevo Job bíblico, se basaba, como sospechábamos, en un cúmulo de alegaciones carentes de todo fundamento, de pruebas groseramente manipuladas por gente sin escrúpulos. Sin ir más lejos, puedo testimoniar que la supuesta conversación de Job con Álvaro Pérez, El Bigotes, reproduce palabra por palabra la que grabó y me envió meses antes un matrimonio gay amigo para mostrarme que la separación física de la pareja -uno de los cónyuges había viajado a Estados Unidos para preparar su doctorado en Ciencias- no había hecho mella en sus sentimientos de amor recíproco. ¡Agárrese a su silla, atento lector, y lea su transcripción!
El marido: amiguito del alma.
Su esposo: oye, que te sigo queriendo mucho.
El marido: y yo también.
Su esposo: te quiero como un huevo.
El marido: contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale?
Su esposo: ¿durante muchos años? No, hijo de puta, durante toda tu vida.
El marido: bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito.
Su esposo: cuanto tú quieras y te dejen y puedas.
Quien conozca el diálogo con El Bigotes difundido por la prensa comprenderá el grado de mi sorpresa al descubrir que la conversación del matrimonio amigo, con añadidos y extrapolaciones destinados a apuntalar la tesis de los vínculos existentes entre el paciente Job y la trama corrupta, era la comidilla de los cínicos y desaprensivos que medran en aguas turbias. El hecho no ofrece dudas: ¡algún sembrador de bazofia había manipulado dos grabaciones distintas como arma arrojadiza contra nuestro espejo de demócratas!
Por dicha razón, el homenaje de desagravio a Job en el coso valenciano me reconfortó. Aparcada la acusación de su soborno por Orange Market o alguna otra empresa de Francisco Correa, el entusiasmo del público llegaba al alma. El justo de mandíbulas contraídas y sonrisa sobrepuesta parecía al borde de las lágrimas. Su exultación iluminaba también el semblante del Jefe, de la alcaldesa, de Carlos Fabra: era la del diestro que, tras una faena inolvidable, da vueltas y más vueltas al ruedo al frente de su cuadrilla. ¡Venceremos, sí, venceremos, porque somos los mejores y conectamos con las preocupaciones cotidianas del pueblo!
De ese pueblo que harto del debate de ideas y exposición de programas contrapuestos, se aferra al viejo espíritu del clan y asume con naturalidad lo de "poco importa que sean chorizos, si son de los nuestros".
* Juan Goytisolo es escritor.
* ELPAIS.com - Juan Goytisolo 23/09/2009
Los dueños de casas vacías pagarán un IBI más caro
.jpg)
CANARIAS7/Las Palmas* : El Ayuntamiento anunció ayer la posibilidad de imponer un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de las viviendas que están desocupadas. La legislación actual avala esta posibilidad y establece un sobrecoste máximo del 50% de la cuota líquida del impuesto.
El director de gobierno del área de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Benito Cabrera, anunció ayer que se va a estudiar la posibilidad de imponer un sobrecoste en los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los dueños de las viviendas que estén desocupadas.
La medida, que tiene amparo legal y se aplica en ciudades como Barcelona, es de una gran complejidad ya que requiere un censo exacto de viviendas desocupadas y una definición exacta de lo que puede considerarse como casa desocupada.
Aún así, el Ayuntamiento pretende impulsar esta iniciativa, «que parte del grupo socialista, para sacar al mercado» un gran número de viviendas.
Todavía no está definida la cuantía del recargo, pero la legislación actual de haciendas locales permite la imposición de un sobrecoste que puede alcanzar el 50% de la cuota líquida del impuesto. Eso significa que si una persona paga 255 euros de catastro -la media en 2010- por una casa que no utiliza, de aprobarse el recargo máximo, el impuesto de bienes inmuebles podría encarecerse hasta los 383 euros. La medida también repercutiría en el mercado de viviendas que no se utilizan pero que se adquieren al amparo de los fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias.
La complejidad de aplicar un recargo de este tipo -algunas ciudades que lo tenían, como el caso de Madrid, al final renunciaron a cobrarlo- dificulta que la medida se pueda aplicar el próximo año, cuando está prevista la subida de los impuestos como consecuencia de las variaciones de los tipos tributarios municipales. Los nuevos impuestos serán aprobados este viernes por el Pleno tras su paso ayer por la Comisión de Hacienda.
Los cambios en el IAE producen unos 716.000 euros.
Los cambios de tipo y de categoría en algunas calles de la ciudad -fundamentalmente en Siete Palmas y La Minilla, así como en los centros comerciales- van a producir un aumento en la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de cerca de 716.000 euros. El efecto combinado de ambos en las dieciocho vías -incluidos centros comerciales- que se detallan en el expediente que este viernes se lleva a pleno permite pasar de 690.000 euros a 1,4 millones de euros en estas calles, de las cuales doce pasan a la primera categoría y las otras seis, a la segunda. Lo curioso de este crecimiento es que casi la mitad, es decir, unos 700.000 euros lo abonarán sólo dos grandes firmas comerciales. El Impuesto de Actividades Económicas es el cuarto que más crece, en lo que a recaudación se refiere, dentro de las variaciones de tipos tributarios que impulsa el Ayuntamiento. El aumento que representa en los ingresos municipales es de un 43%, hasta alcanzar los 11,4 millones de euros.
* Canarias 7 - Javier Darriba - 24.09.09
Foto: Las Palmas de Gran Canaria, vista aérea - Marrero (La Provincia)
Los vecinos estudian pedir la paralización cautelar de la urbanización del Parque de Lugo
ELPROGRESO* : La Asociación Cultural pola Defensa do Parque de Rosalía de Castro consultará con sus asesores jurídicos la posibilidad de solicitar por vía judicial la paralización cautelar de las obras de construcción de seis torres de viviendas en la zona de O Garañón, después de que el juzgado de lo contencioso-administrativo de Lugo anulase el proyecto de urbanización de esa parcela, aprobado por el gobierno local en 2007, para exigir que se presente un informe previo de la Dirección Xeral de Patrimonio.
En cualquier caso, su presidente, Marcos Bourio, le pidió al Ayuntamiento de Lugo que haga uso de una orden de paralización dictada "hace muchos meses" por la Consellería de Cultura, entonces dirigida por la nacionalista Ánxela Bugallo, para detener los trabajos.
Bourio reconoció que este colectivo, el mismo que presentó la denuncia por la vía contencioso-administrativa, tiene que analizar ahora con sus representantes legales las responsabilidades que pueden derivarse para sus asociados si finalmente solicitan la paralización cautelar de las obras por vía judicial, dado que una sentencia contraria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que se pronunciará a causa de los recursos anunciados por el Ayuntamiento de Lugo y el propio constructor, podría obligarlos a indemnizar al promotor de las obras.
En todo caso, opina que el Ayuntamiento de Lugo podría paralizar las obras con relativa facilidad "haciendo uso de la ley", porque sólo "tendría que recuperar de la papelera" una "orden de paralización de las obras" dictada por la Consellería de Cultura, al considerar que los trabajos afectaban a dos bienes catalogados, las termas romanas y el sanatorio Portela, opinión ratificada ahora por el juzgado.
"Vamos a responsabilizar al Ayuntamiento de todo lo que está hecho en esa obra", dijo Marcos Bourio, porque "si hubiese cumplido la ley, no estaríamos ahora en esta situación".
Por otra parte, Bourio afirma que el Ayuntamiento de Lugo está actuando "de forma arbitraria", porque "acaba de denegar una licencia en una unidad de actuación contigua, con las mismas características, haciendo uso de los mismos argumentos que empleó la Asociación Cultural por la Defensa del Parque de Rosalía de Castro" para oponerse a la urbanización de O Garañón.
Además, opina que la delegada de Urbanismo, María Novo, tendría que explicar por qué esta sentencia afecta al "60% de las licencias" concedidas en los últimos años, como afirmó la concejala no electa el martes. A juicio de Bourio, Novo "tiene que decir cuáles son y tomar las medidas correctoras oportunas, porque de lo contrario, también estaría actuando de forma arbitraria".
Novo alerta de un "fraude de ley"
La delegada de Urbanismo, María Novo, aclaró que el Ayuntamiento de Lugo podría incurrir en un "fraude de ley" si detuviese las obras de construcción de seis torres de viviendas que un promotor privado ha empezado a ejecutar en las cuestas del Parque de Rosalía de Castro. A pesar de que una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo anula el proyecto de urbanización aprobado por el gobierno local en 2007, la autoridad judicial no ha ordenado la paralización cautelar de esos trabajos.
En cuanto a la propuesta de Marcos Bourio de detener las obras en base a una supuesta orden de paralización dictada por la Consellería de Cultura, cuando era dirigida por la nacionalista Ánxela Bugallo, la responsable de Urbanismo precisó que ese documento "carece de validez legal".
Además, Novo recordó que la jueza encargada del caso tampoco adoptó entonces la decisión de suspender las obras en la parcela de O Garañón, a pesar de que Cultura ya ponía en entredicho la urbanización de esos terrenos.
"Fariseísmo político"
El alcalde, el socialista José López Orozco, arremetió esta mañana contra el PP y acusó al concejal Jaime Castiñeira de "fariseísmo político". El regidor local le llamó "caradura" al edil popular por "echarle la culpa a los demás" de esa situación, cuando "fue su partido el que aprobó en el año 91 el Plan Xeral que le daba la máxima edificabilidad a la parcela O Garañón".
López Orozco se preguntó si el Partido Popular pretende que el Ayuntamiento de Lugo "incumpla la ley" y le deniegue "una licencia a un ciudadano que tiene derecho a ella", para que los futuros alcaldes de la ciudad tengan que afrontar indemnizaciones millonarias y las arcas municipales queden embargadas durante años.
En ese sentido, el alcalde recordó que el Ayuntamiento de Lugo tuvo que pagar 3,6 millones de euros "por una alegría" del Partido Popular, que se negó cuando gobernaba la ciudad a conceder una licencia de obra en la Avenida de A Coruña.
"Estoy aquí para cumplir y hacer cumplir la ley. Si el PP no hubiese aprobado el plan del 91, que califica esa parcela como urbana con la máxima edificabilidad, Lugo no tendría hoy ese problema", dijo el alcalde. Recordó, además, que la concesión de una licencia es "un acto reglado", que la Administración realiza en función de los informes emitidos por los propios funcionarios.
* El Progreso - 23/09/2009 - Ramudo / AGN (Lugo)
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv.com
Juzgan a dos ex alcaldes de Monachil por delito urbanístico
++-+participaenandalucia.net.jpg)
LAOPINIÓN/Granada* : Los dos alcaldes de Monachil que llegaron a gobernar en el anterior mandato municipal, Francisco Lara (PSOE) y Antonio Trinidad (PP), compartirán banquillo de los acusados el próximo 9 de octubre en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada por un presunto delito de prevaricación relacionado con la construcción de un edificio de apartamentos en Sierra Nevada, por el que también están implicados el entonces concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez, y un arquitecto municipal.
En el escrito de acusación de la Fiscalía de Granada, al que ha tenido acceso este diario, se incluye una pena de dos años de prisión para Antonio Trinidad, Benjamín Rodríguez y el arquitecto Alfonso Moreno-Cañavate, además de penas de inhabilitación de entre 10 y 20 años y una multa para cada uno de ellos de 57.600 euros. Francisco Lara, el alcalde socialista que estuvo tan solo un año en el poder tras ser depuesto por una moción de censura, se enfrenta a una pena de inhabilitación de diez años para empleo o cargo público. Se da la circunstancia de que ninguno de los tres representantes municipales ejercen hoy actividad política.
Denuncia. El origen de este asunto partió de una denuncia presentada en la Fiscalía por la comunidad de propietarios del Edificio Maribel, en Sierra Nevada, colindante con una parcela de 1.277 metros cuadrados donde hoy ya se ha levantado un bloque de 82 apartamentos llamado edificio Marisol. Dicho terreno multiplicó casi por diez su edificabilidad –según la denuncia de los vecinos– tras aprobarse un polémico estudio de detalle que permitió, a su vez, el cambio de uso: de equipamiento sociocultural a residencial.
La comunidad de propietarios fundamentó su denuncia en la imposibilidad que ofrece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de cambiar el uso y aumentar la edificabilidad mediante la figura del estudio de detalle. La parcela tenía una edificabilidad de 750 metros cuadrados y, con el citado instrumento urbanístico, se multiplicó casi por diez la superficie construida, hasta 7.190 metros, de los que 4.320 tenían uso residencial y el resto se destinó a aparcamientos y trasteros.
Cambio "ilícito". Según el fiscal, los acusados consiguieron modificar "ilícitamente" la configuración jurídica de la finca utilizando un instrumento "absolutamente no idóneo" e "infringiendo manifiestamente las prohibiciones expresas en la LOUA".
El ministerio público sostiene que los acusados optaron por la figura de detalle en lugar de una modificación puntual de las normas subsidiarias para impedir que interviniera la Junta de Andalucía.
Según el fiscal, el entonces concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez, que permitió el cambio de gobierno apoyando la moción de censura que presentó PP y PA, en "connivencia" con el alcalde Antonio Trinidad, concedieron en noviembre de 2004 a la empresa Serrabol la licencia de obras con un informe técnico favorable del arquitecto contratado en funciones, "a sabiendas de la ilegalidad de la situación jurídica creada por el estudio de detalle que él mismo había redactado y de la incompatibilidad del uso residencial".
La Fiscalía ha propuesto que testifiquen durante el juicio el administrador de la mancomunidad de propietarios de los edificios Maribel, agentes del Seprona de la Guardia Civil, el secretario del Ayuntamiento de Monachil y el representante legal de Serrabol SL.
* La Opinión de Granada - ÁLVARO CALLEJA - 24.09.09
Foto: Monachil (Granada) - participaenandalucia.net
De paraíso ambiental a pelotazo urbanístico
MARÍA JOSÉ ESTESO POVES* : Una macrourbanización a cinco metros de Gredos, rodeada de irregularidades que afectan a PP y PSOE, tiene a los vecinos de Candeleda en pie de guerra. “Candeleda es bella. No a otra Marbella” decía una de las pancartas de la manifestación que recorrió las calles de Candeleda el pasado 28 de agosto contra una urbanización de 431 chalés y 200 plazas hoteleras en plena sierra, a cinco metros del parque Regional de Gredos.
Candeleda es una joya situada entre las provincias de Ávila, Toledo y Cáceres. No sólo por su valor paisajístico sino por su clima suave que la convierten en un vergel. Situada al sur de Ávila, está abrigada por Gredos y el pico Almanzor (2.596 m). Cuenta con más de 5.000 vecinos, que llegan al doble en verano.
Pero la sierra está amenazada. En 1999, cuando era alcalde José Antonio Pérez Suárez, PP, apareció por Candeleda un constructor de Ávila, Juan Carlos Jiménez, que tiene varias empresas de construcción y ha trabajado para Caja Ávila. Empezó a comprar pequeñas fincas situadas en la zona de Navalpilón, un paraje en plena sierra alejado 4 kilómetros del pueblo, lindante con el Parque de Gredos. A principios de 2002, el constructor ya se había hecho con 26 hectáreas. Mientras, un grupo de arquitectos redactaba las nuevas normas urbanísticas, aprobadas después por el consistorio y enviadas a la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila para su ratificación definitiva. Las normas fueron rechazadas tres años seguidos, la comisión era contraria a la urbanización de esos terrenos por su proximidad al Parque Regional de Gredos, por su valor paisajístico, es ZEPA, zona de especial protección de aves, y cultural, alberga dos yacimientos arqueológicos catalogados, el Nebral y el Navalpilón de 16’6 hectáreas. El alcalde formaba parte también de la Comisión Territorial de Urbanismo y al cuarto intento, noviembre de 2001, consiguió que se aprobasen las nuevas normas urbanísticas de Candeleda. Entran en vigor y Juan Carlos Jiménez Hernández y su mujer, Margarita Senovilla Dávila, crean Dávila Monteblanco SL para urbanizar los terrenos rústicos que compraron a un euro y medio el metro cuadrado y que se han reclasificado como terrenos “urbanizables no delimitados” .
“Perjuicio publico”
El paso siguiente era el plan parcial que fue aprobado en su primera fase con rapidez ante la proximidad de las elecciones de 2003. De éstas salió elegido un regidor que no compartía las pretensiones de Pérez, el socialista Miguel Hernández, que no llevó a los Tribunales las normas, pero tampoco incluyó la aprobación definitiva del plan parcial en los órdenes del día. La urbanización seguía en el aire. Entonces, el constructor, Juan Carlos Jiménez, realizó dos escritos de queja ante la Junta de Castilla y León y, automáticamente, la Consejería de Urbanismo retiró todas las competencias al Ayuntamiento sobre el plan parcial de Navalpilón alegando ‘inactividad’ y ‘perjuicio público’ por parte del consistorio. Unos meses más tarde la Consejera de Urbanismo, Mª Jesús Ruiz, dio la aprobación definitiva a la urbanización de los terrenos. Esta actuación es casi única en el Estado español, sólo se ha llevado a cabo en Marbella, caso Malaya, entonces el Estado se hizo cargo de las competencias de urbanismo del ayuntamiento marbellí debido a la corrupción generalizada. Esta “peculiar” actuación en Candeleda se suma a otras de la Consejería de Urbanismo de la Junta de Castilla y León regida entonces por Mª Jesús Ruiz, hoy responsable de Medio Ambiente, para construir a toda costa. (Ver nº 105 de Diagonal).
Mientras, la vida política del Ayuntamiento seguía convulsa. Pérez, PP, vuelve a escena en las municipales de 2007. Esta vez encabezó Candidatura Independiente, CI, partido creado en la región por un constructor de Valladolid, Pablo Arias, quien declaró a los medios de comunicación que el objetivo CI es “pactar con aquellos con los que podamos llevar a cabo nuestros proyectos”. El resultado de las elecciones dio empate entre PSOE y PP, y Pérez pactó con el PP. Un año después se alía con el PSOE para una moción de censura que tumbó a la alcaldesa del PP. Hoy Miguel Hernández, PSOE, es alcalde de Candeleda y José Antonio Pérez, CI, teniente de alcalde.
Algunos candeledanos que no daban crédito crearon la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda hace tres años. Desde entonces cuentan con más de 120 socios y el apoyo de la mayoría del pueblo, más de 2.000 personas acudieron a las últimas manifestaciones, han presentado 8.300 firmas al Gobierno y al ayuntamiento, escritos al Defensor del Pueblo, al Parlamento Europeo y hasta al rey. Tienen interpuesto un contencioso administrativos contra la urbanización ante el Tribunal Superior de Justicia y una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Han realizado reuniones informativas para los vecinos y cuentan con el apoyo de más de 25 organizaciones de todo el Estado español.
Diagonal ha hablado con el alcalde de Candeleda, el socialista Miguel Hernández, quien se declara “radicalmente en contra de la urbanización”; sin embargo, la Plataforma cree que no ha hecho mucho para anular el proyecto. Hernández alega que es “injusto” que la Junta le retire las competencias, pero tampoco ha recurrido a instancias superiores. Está molesto por un lema que circuló en la última marcha, “Peperos y sociatas la misma contrata”. Pero el abogado de Dávila Monteblanco SL es un conocido abogado de Ávila que fue concejal socialista, además el alcalde confirma el rumor que circula por Candeleda: “Sí, el constructor dice que es amigo de José Bono”.
Jaime Doreste, abogado de la Plataforma dice que no se entiende la actuación del alcalde. “Le invitamos a unirse a la demanda. Y nos hemos encontrado que se personan como codemandados, eso significa, en resumen, que defienden la postura del promotor”. Por su parte, Hernández asegura que no tiene ningún problema para gobernar con Pérez, el alcalde del PP que aprobó las normas urbanísticas que recogían el plan parcial de Navalpilón y para el que dio la licencia de obras, y asegura que el abogado del Ayuntamiento está, ahora, “estudiando la posibilidad de impugnar el plan parcial”.
La publicidad de la Junta denomina a Candeleda “Vergel de Europa: agua, sol y microclima”. Muchos lo saben, y por eso a este municipio vino durante años el premier británico, John Major a veranear. Además, algunos políticos tienen fincas allí, como el ex ministro de justicia del partido popular, José María Michavila y hasta toreros han elegido este municipio para montar sus ganaderías. La CL-501, que se está construyendo, conectará con la M-501 (la Carretera de los Pantanos, que construyó Esperanza Aguirre a pesar del impacto medioambiental en zonas protegidas, la oposición de los grupos ecologistas y con una sentencia del Tribunal Supremo), acercará Candeleda a Madrid a una hora y poco.
Un pelotazo de 24 millones de euros
Para la Plataforma los cálculos del pelotazo de Navalpilón están claros. Un beneficio aproximado de 10 millones de las antiguas pesetas por chalet reportará al constructor 4.000 millones de pesetas, 24 millones de euros sólo por los chalés. La denuncia ante la Fiscalía asegura que este señor “o era adivino o tenía información privilegiada”. Las normas también aprobaron otro plan, aún sin ejecutar, el Lagunilla Golf.
Además, lo que iban a ser inicialmente 226 chalet y un hotel de 100 plazas en la zona de Navalpilón en Candeleda, ahora debe duplicarse porque la ley ha cambiado durante estos últimos años, serán 431 chalés y 200 plazas hoteleras. Pero el estudio de impacto ambiental que la Junta aprobó no es legal ahora, está basado en las cifras iniciales; por tanto, es necesario otro estudio de impacto ambiental que no existe, y que, sería muy difícil su aprobación en la actualidad debido al impacto ambiental. Por eso el constructor, Juan Carlos Jiménez se reunió hace unas semanas con el alcalde socialista, Miguel Hernández y el teniente de alcalde, José Antonio Pérez Suárez, para solicitarles que les firmase un documento para la construcción de la mitad de las viviendas previstas.
El pasado mes de mayo la constructora mandó sus máquinas al monte. Abrieron zanjas para la captación del agua de la urbanización dentro del Parque Regional de Gredos, sin estudio de impacto ambiental (obligatorio), y con el permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo que permitió la ocupación del monte público para meter las tuberías y que ha dado más caudal a la urbanización que el asignado a Candeleda. Además, dentro del parque regional, también se construye un gran depósito de 750.000 litros para los chalés con las aguas del arroyo del Castañarejo que surte al pueblo de agua. Las tierras que se extraen de estas obras se vierten ladera abajo. De nada sirvió que los vecinos y vecinas de todas las edades subieran este verano todos los días al monte a parar las máquinas. Han vuelto a denunciar. Pilar Diego, de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, asegura: “Todo el mundo nos da la razón menos la Confederación y la Junta. Veremos los tribunales...”.
“LLEVO 30 AÑOS EN EL AYUNTAMIENTO Y NADIE ME DICE NI PÍO"
José Antonio Pérez Suárez ha hablado con DIAGONAL sobre la urbanización de Candeleda junto al Parque Regional de Gredos. Él ha sido alcalde por el PP durante años, miembro de la Comisión de Territorial de Urbanismo, está imputado por el caso de las Navas del Marqués, y ahora es teniente de alcalde con el PSOE. Sobre las normas urbanísticas aprobadas cuando él era alcalde de Candeleda que permiten construir una gran urbanización en el paraje conocido como Navalpilón, zona protegida que linda Gredos, señala que “se aprobaron porque teníamos una anarquía y esto ha traído desarrollo. A mí me dijeron los arquitectos que redactaron las normas urbanísticas que el pueblo tenía que crecer por ‘dos manchas’ (dos planes parciales a cuatro y siete kilómetros), y yo dije que sí. Además, asegura que Navalpilón, una de las ‘manchas’ no está alejada del pueblo varios kilómetros tal y como se aprecia en los mapas que figuran en el Boletín Oficial de Castilla y León, “eso es otra mentira: Le digo que Navalpilón está pegado al pueblo, vamos dentro del pueblo”, asegura.
A la pregunta de si está a favor de la urbanización responde irritado: “Yo estoy a favor de los tribunales y los tribunales están a favor de la urbanización. Por qué el PSOE no ha cambiado las normas urbanísticas. Si esto es una cuestión de ley, el constructor tiene todos los permisos. Todo lo que está saliendo en los medios es un montaje. Mire: Aquí hay dos administraciones, la Junta del PP, y el PSOE que es el dueño de la Confederación Hidrográfica del Tajo y los dos están de acuerdo”.
Cuando este medio le pregunta sobre la pancarta de ‘ay untamiento’ que se lució en la última manifestación levanta el tono de voz: “Está todo manipulado y en esa manifestación eran todos de fuera. Yo no tengo ninguna denuncia en los tribunales”. Pero al hablar del caso de las Navas del Marqués en el que él está imputado responde: “Yo firmé lo que los técnicos me dijeron”.
Sobre el constructor de la urbanización de Candeleda, Juan Carlos Jiménez propietario de Dávila Monteblanco SL, dice que “es un señor más que se acercó al Ayuntamiento para construir. Es todo mentira. Todo lo que se dice del constructor es falso”, recalca con enfado. A la pregunta de si ve ‘normal’ que el constructor compre a un euro y medio el metro y nada más adquirir los terrenos se recalifiquen. Pérez recalca que “es una falsedad más. Compró -continúa- después de reclasificar los terrenos. Este hombre -refiriéndose al empresario que ganará más de 24 millones de euros con la urbanización- solamente ha cometido un error: Ha pedido el agua para cogerla arriba, antes de llegar al pueblo, él tenía que haberla pedido al Ayuntamiento y no se la puede negar. El hombre quería ahorrarse un dinero”, señala Pérez. Sin embargo, fue él quien firmó un documento argumentando la imposibilidad de abastecer de la red general a la futura urbanización de Navalpilón. Candeleda tiene adjudicado por la Confederación Hidrográfica del Tajo un caudal de ocho litros por segundo. El constructor consiguió que la Confederación le asegurase 12 litros por segundo, bajo un estudio con datos “inflados” sobre el caudal que proviene de Gredos, según la Plataforma.
José Antonio Pérez Suárez concluye sobre el plan parcial de Navalpilón: “Si hubiera que rectificar, rectifico” ¿Se siente usted presionado?, Le pregunta DIAGONAL. “Yo llevo 30 años en el ayuntamiento y nadie me dice ni pío”, contesta.
UN CASO PARALELO A LAS NAVAS DEL MARQUÉS
La corrupción de las Navas del Marqués, Ávila, sigue en los tribunales y hay 15 imputados entre políticos y técnicos. Casi todos en sus puestos. Mario Gómez, abogado de la organización ecologista Centáurea, personada en la causa, asegura que el caso de Candeleda es paralelo al de las Navas. “Existen 6 imputados en las Navas que dieron los permisos de Candeleda en los mismos años. José Antonio Pérez Suárez es uno de ellos. El problema es que los responsables de la Junta de Castilla y León en Ávila parten de la concepción de especular o, como ellos llaman, ‘poner en valor’ el espacio natural tan formidable que tiene Castilla y León y la interpretación es hacer una urbanización que, precisamente, destroza ese valor. Y crean ciudades tan grandes como los pueblos que urbanizan, en las Navas del Marqués eran 1.600 chalés, en Candeleda iban a ser bastantes más, al final van a ser 431 y un hotel de 200 plazas, en ese sentido – asegura Gómez- es paralelo también a las Navas. Como decía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el caso de las Navas: ¿Es que no hay otro sitio para construir? En las Navas eligieron justo el lugar más valioso, el pinar, en Tierra de Pinares. Han vendido a la gente ese concepto de naturaleza de la televisión: una casita rodeada de árboles como Canadá o centro Europa, cuando allí son bosques inmensos. En Candelada, en un bosque maravilloso al límite con el Parque Regional de Gredos. Además, también hay coincidencia en la connivencia PP-PSOE y técnicos que dan el visto bueno. La consecuencia es que se están cargando un patrimonio natural que no les pertenece. Es patrimonio de la humanidad”, afirma.
La provincia de Ávila tiene un listado de urbanizaciones salvajes situadas en los mejores parajes naturales de la provincia. En las Navas del Marqués pretendían construir 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en zona protegida. Villanueva de Gómez, 7.500 viviendas y tres campos de golf en zona de pinares protegida, Cebreros, una urbanización de 3.000 viviendas y un campo de golf, impulsado por un constructor relacionado con el caso Malaya, y más proyectos similares en Guisando y Piedralaves, todos en Ávila, y ahora, Candelada. Al lado, en pleno Valle del Tietar, la amenaza sigue: Villanueva de la Vera: ‘Jardín Botánico del Golf’ y 270 viviendas de lujo.
* Diagonal - Opinión - 22.09.09
