+-+flickr.+com.jpg)
ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : Es vox populi en todo Ames. Quienes conocen la evolución urbanística del municipio en las últimas dos décadas no dudan en tildar de uña y carne la relación entre el viejo gobierno del popular José Astray Mariño y la promotora inmobiliaria Mahía; un tándem que reportó más beneficio a la empresa que al crecimiento ordenado del concello con mayor desarrollo urbanístico de la comarca en los últimos veinte años.
Los datos hablan por sí solos al analizar la recalificación del suelo que autorizó el Plan Xeral de Ordenación Municipal aprobado en 2002 por el alcalde que perdería las elecciones un año más tarde dando paso a la era Carlos Fernández. Un total de 19 sectores tipificados como suelo no urbanizable en las anteriores normas de planeamiento pasaron, por obra y gracia de la recalificación, a considerarse urbanizables, ignorando en varios casos pequeños matices, como el hecho de estar sujetos a una normativa de especial protección forestal. Es el caso de la parcela prevista para la futura urbanización de Os Batáns, que según Mahía, acogerá en un futuro el proyecto previsto por la promotora, ahora disuelta, de construir 800 viviendas unifamiliares, pero que una exigencia de Patrimonio, que obliga a retrotraer el plan parcial de la urbanización para modificarlo, ha dejado en la cuerda floja.
Ya en su momento desde la oposición se advertía del escandaloso resultado del reparto de suelo recalificado, que otorgaba el 78% del aprovechamiento a las empresas constructoras y sólo un 22% a los particulares. Sin embargo, más llamativa resulta aún la distribución del aprovechamiento del suelo recalificado a las constructoras. De los más de 140.000 metros cuadrados de terreno urbanizable cuyo aprovechamiento se concedió a las constructoras a través de convenio, 707.430 fueron para Mahía. El 52 por ciento del total. En total la empresa firmó con Astray cuatro convenios, el 36% del total y consiguió a través de ellos la autorización para edificar en los sectores S-03 Alto de vento II, S-04 Os Loureiros, S-05 Cortes-Condomiña, y S-06, Os Batáns.
De estos sectores, en la actualidad Mahía, que no continúa ya adelante con su actividad como tal (se disolvió repartiéndose entre sus dos socios), tiene sin embargo previsto construir en dos: Os Loureiros, donde proyecta unas 1.000 viviendas, y Os Batáns, para la que la firma prevé otras 800. Sin embargo, como ayer informaba este diario, el requerimiento de Patrimonio de modificar el plan parcial de Os Batáns, para incluir en él medidas de protección de Patrimonio, podría dar al traste con el proyecto existente para este terreno. Y es que el nuevo plan entraría, según expertos en esta materia, en conflicto con la actual ley ambiental europea.
* El Correo Gallego - ALBA TALADRID- 25.08.09
Foto: Ames (A Coruña) - flickr. com
Ames: Astray otorgó en 2002 a Mahía el 52% del suelo recalificado por convenio
El juez imputa a otros cinco ex altos cargos de Matas
ELPAÍS/Palma* : El juez cerca al entorno del ex presidente balear Jaume Matas. Anoche, la declaración del ex gerente de la Fundación Illefport -entidad que asignaba los fondos públicos del velódromo Palma Arena- desencadenó en 14 nuevas imputaciones, entre ellas, las de otros cinco ex altos cargos del ex presidente balear. Uno de ellos es su ex jefe de comunicación, Joan Martorell, de su máxima confianza, y actualmente jefe de prensa del PP de Baleares.
En total, el juez que lleva el caso Palma Arena por una obra que costó casi 110 millones, el doble de lo presupuestado, ha imputado a 32 personas, de las que 12 son ex altos cargos del Gobierno de Matas.
Además de Martorell, también resultaron imputados anoche otros cuatro ex altos cargos. Son Raimundo Alabern, ex director general de Ibatur, el instituto balear de turismo; Pedro Álvarez, ex regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Palma, y actual consejero del Consell de Mallorca; Antonio Amengual, ex secretario general de la Consejería de presidencia y deportes; y Javier Cases, ex secretario general de la Consejería de Turismo. Está previsto que no presten declaración antes de septiembre.
Muchas prisas
Un informe oficial incluido en el sumario revela que Matas se implicó en persona en la construcción del velódromo. Ayer, el ex director de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, reconoció ante el juez haber facturado 840.000 euros de su empresa de construcción al consorcio público responsable del recinto.
Durante el concurso para adjudicar las obras, que se anunció en noviembre de 2005, todas las constructoras candidatas coincidieron en que era imposible culminar el velódromo a principios de 2007, tal y como pretendía el Gobierno balear. No obstante, la UTE (unión temporal de empresas) integrada por Melchor Mascaró y FCC aceptó el encargo tras la mediación directa de Matas. El informe "Situación de Obra y Valoración Económica del Palma Arena", elaborado por la dirección de la obra, indica que Matas llegó a un "compromiso personal" con responsables de FCC para que la empresa finalizase en poco más de un año, una construcción cuya duración habitual habría sido de dos años y medio.
Los hermanos arquitectos García-Ruiz, que heredaron el proyecto del alemán Ralph Schürmann por decisión de Matas y con un contrato de casi nueve millones de euros, realizaron entonces una nueva valoración de las obras. Estimaron que en el coste previsto inicialmente faltaban al menos 4,5 millones en concepto de unidades de obra, dos millones en forjados, 2,5 millones en suministros de agua y electricidad, tres millones por la urbanización del perímetro, 2,3 millones por los videomarcadores y 1,5 millones más en equipamientos. La declaración de los responsables de la UTE será clave para justificar el sobrecoste millonario del velódromo, que se construyó con prisas ante la inminencia de las elecciones autonómicas.
* ELPAIS.com - MANU MENÉNDEZ - Palma - 25/08/2009
Foto: Palma de Mallorca, fachada Palma Arena - elpais.com
Sin medidas cautelares no hay Justicia
PEDRO BRUFAO CURIEL* : Cuando la sociedad civil ha de medirse con los poderosos, éstos cuentan con una indudable ventaja: las sentencias llegan tarde y aunque se gane el pleito es casi imposible ejecutarlas luego. Como recientemente ha señalado la doctrina Soriano García: «Jueces, medidas cautelares y Administración Pública: ¿pasaría algo si se suprimiera la jurisdicción contencioso-administrativa?», se llega incluso a recomendar en algunas sentencias que se legalice la clara, dolosa y contumaz vulneración del Estado de Derecho, especialmente en materias de urbanismo, medio ambiente y contratos públicos, quedando además impune su responsable.
Se dice que la corrupción acompaña como la sombra al cuerpo a todo sistema político y es estructural en España, lo cual se aprecia sobre todo en cuestiones ambientales, claro ejemplo de perversión del interés general, de la huida del Derecho público, del pork barrel y de la captura del regulador: se silencia al funcionario que cumple con su deber; las funciones administrativas se diluyen en una marabunta de fundaciones y empresas públicas; se presentan evaluaciones de impacto ambiental pseudocientíficos o directamente copiados sin pudor de internet; si a pesar de todo se presenta un estudio riguroso, se falsifican luego sin ruborizarse nadie; se usa la vía de urgencia para obras que carecen de cualquier atisbo de legalidad; se licita la obra por la obra, previo pacto de los futuros adjudicatarios, muchas ruinosas y carentes de todo estudio de coste-beneficio, y si es en régimen de monopolio o autocontratación mucho mejor; se firman convenios contra legem o sin publicidad, que lo mismo arrasan un parque natural, una zona arqueológica y propiedades privadas o urbanizan una zona inundable... que se inundará.
No es de extrañar por tanto que al frente del botín más preciado, los departamentos de medio ambiente y urbanismo, tengamos a verdaderos zorros cuidando el gallinero, rapiña que destroza literalmente nuestra nación, pasa por encima de vidas y haciendas y actúa de filtro para autorizar lo prohibido y paralizar los escasos instrumentos legales de que disponemos. Lo dicho se constata sobre todo en el ámbito local y autonómico, donde el control es poco menos que una entelequia.
Así, la batalla por las medidas cautelares se convierte en una de las reducidas bazas que tenemos en la lucha por el Derecho, ya que gracias a la paralización de los proyectos es posible al menos en teoría detener por unos momentos al poderoso y evitar que se salga con la suya. De este modo, no nos encontraríamos con casos como el de la primera sentencia firme del Tribunal Supremo sobre caudales ambientales y concesiones de dominio público, aún sin ejecutar tras dictarse en 2005 en un litigio sobre unas presas hidroeléctricas del Parque Natural del Alto Tajo, pleito que se inició en 1989. Con mirada febril vemos que veinte años no es nada.
Junto a la parálisis de la actividad interventora y fiscalizadora, el control político del poder judicial o la denegación de la legitimación activa para acudir a los tribunales, una de las técnicas más efectivas de evitar la aplicación del Estado de Derecho se basa en exigirle al recurrente cantidades multimillonarias como fianza en caso de que el despropósito inicial llegue a recibir el beneplácito de los tribunales, a pesar de tal fianza no es obligatoria. Unos ejemplos ilustran lo que decimos.
El Auto de la Audiencia Nacional de 24 de enero de 1996 sobre la petición de paralización de las obras del embalse de Itoiz, máximo ejemplo contemporáneo junto con el pantano de Riaño de la formación del espíritu hidrológico nacional y del vandalismo institucional y empresarial. En este caso se solicitaron 144 millones de euros o 24.000 millones de pesetas, exactamente 24.071.597.590, que magnánimamente fueron reducidas por auto de 6 de marzo del mismo año a 12.951.211.411, unos 77 millones de euros, liquidez imposible ni para el más rico epulón. Aunque los tribunales le den a uno la razón, si se es un pobre lázaro no le ampara la Ley. Así ha ocurrido con la declarada ilegal conversión en autovía de la M-501, donde el mismo tribunal que declaró clandestina la obra exigió el año pasado para parar estas obras ilegales 497.367 euros a la asociación ambiental recurrente. El valor de las cosas es a veces muy difícil de determinar y se dice que sólo Dios lo sabe: como ha ocurrido hace poco, si un promotor de energía eólica solicita una fianza de 2,5 millones de euros, el interés público ante la presencia manifiesta de ilegalidad y de daños al ecosistema logra salomónicamente para la asociación recurrente una rebaja del cincuenta por ciento.
Los entresijos del poder conocen al dedillo esta técnica. Hace unos meses, la Administración General del Estado solicitó a quienes recurrieron las obras del puerto canario de Granadilla la nada despreciable cantidad de 31 millones de euros, a pesar de que los promotores no aportaron ni un informe científico que amparase la descatalogación de especies protegidas que se encuentran en ese tramo del litoral. Afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias rechazó en marzo tal pretensión y ha accedido a paralizar las obras sin que se preste fianza, basándose en la producción de un daño inminente, cierto e irreversible. En otros muchos casos, al poderoso no le tiembla la mano al hacer caso omiso de las órdenes de paralización dictadas sin solución de continuidad por los jueces, lo que por ejemplo ocurre muy a menudo con la minería, graveras y canteras, cuya extendida clandestinidad y perversos resultados sobre el territorio son conocidos.
La situación podría mejorar si el procedimiento contencioso-administrativo se basara en la oralidad y en la inmediatez, cambiando con coraje judicial el orden de prioridad, con la práctica de las vistillas y favoreciendo con idéntico coraje la adopción de las medidas cautelares inaudita parte. De este modo, tampoco se causarían perjuicios al promotor que respeta la Ley, pues la paralización sería muy breve. En cuanto a la fianza, la ponderación de intereses ha de tener en cuenta la defensa de valores legítimos por entidades sin ánimo de lucro y magras en dineros frente a los actos con patentes muestras de ser nulos de pleno derecho, dictados en ejecución de disposiciones nulas y bajo la contumaz resistencia de una cautiva Administración Pública, donde la fianza no tiene razón de ser al conculcarse la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia garantizados por la Constitución y el Convenio de Aarhus. De esta manera ha ocurrido felizmente con la reciente paralización sin caución de un proyecto ya iniciado de 7.500 casas y tres campos de golf, sin concesión de aguas, situado en un pinar de alto valor ecológico de un pueblo abulense de 150 habitantes que se abastece con camiones cisterna.
Al final, el caos territorial español podría reconducirse si antes de que se sentenciara la ilegalidad de una obra en un plazo razonable de tiempo, se emplease cautelarmente la fuerza pública en el precintado de las obras y maquinaria, y el infractor contara con la total certeza de que habría de llevar a cabo y asegurar previo embargo la eliminación de lo construido.
*Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura
* ABC- Opinión - 24.08.09
Veintiséis ayuntamientos murcianos mantienen en sus puestos a alcaldes y altos cargos pendientes de juicio
ELPLURAL* : Dice el refranero popular que “la manzana podrida pierde a su compañía”, y algo así ha debido pasar en la Comunidad Autónoma de Murcia, donde una enmarañada trama de corrupción se ha cebado con las fechorías de alcaldes y altos cargos del Gobierno que preside el popular Ramón Luis Valcárcel Siso desde el año 1995, con mayoría absoluta. Un sinfín de causas judiciales abiertas, donde ediles imputados y otros pesos pesados continúan en sus puestos a día de hoy, a falta de sentencias.
La oposición ha acusado a Valcárcel de “no tener autoridad moral para depurar responsabilidades en su partido” y que “no puede exigir a sus alcaldes y concejales que separen claramente los intereses privados de los públicos, porque él mismo no lo ha hecho”. El secretario general de los socialistas en esa región, Pedro Saura, durante un debate televisivo en Canal 6, en 2007, [cuyo video se reproduce aquí], reveló que la familia del presidente poseía ocho conocidas empresas dedicadas al negocio de la construcción y promoción inmobiliaria, que “les habían producido pingües beneficios”.
Las empresas de la familia
En el listado presentado por la oposición socialista (enlace información diario La Verdad) aparecen más de ocho empresas de familiares del presidente murciano, cuyo objeto social es el asesoramiento inmobiliario, construcción y promoción de inmuebles. En “10 J. M. Gunter”, fundada en 2001, aparecen como administradores una hermana, María Isabel Valcárcel Siso, y su marido; en “Ancara-9, S.L”, inscrita en 2005, figura su hermano, Carlos Valcárcel Siso, y la esposa de este; mientras en “Guayaquil Import”, la administradora única es su hermana, Marta Valcárcel Siso. Por otro lado, las compañías “Meroño y Cruz”, “Habvit Viviendas”, “Secruz 3”, “Faromar Urbanizaciones”, “Faromur Promociones”, e “Hijos de Juan Francisco Cruz Alfaro” son propiedad de su cuñado Juan Francisco Cruz Alfaro.
Peñalver, el jefe de Urbanismo
La evidencia de las empresas familiares del presidente Valcárcel, no obstante, no ha pasado a más. No ha tenido la misma suerte el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver Mota, que sí está inmerso en una causa judicial porque, según el informe de la Fiscalía, pretendía “controlar toda la actividad urbanística de la región”, desde el despacho de arquitectos de su familia, Peñalver Arquitectos S.L, fundado por su padre, hermano y esposa, esta última como tapadera de su marido.
Los Peñalver, “los naranjitos”
Fiscalía apunta en su informe que “tal era el número de proyectos presentados al visado por el despacho Peñalver Arquitectos y Asociados S.L., y que irónicamente debían recibir el dictamen favorable del propio Joaquín Peñalver, que los funcionarios de Urbanismo lo denominaban sarcásticamente los naranjitos, dado el color de la carátula que utilizaban”, según el diario La Verdad.
Veintiséis de cuarenta y cinco
Veintiséis ayuntamientos de la Comunidad murciana, que cuenta con un total de 45 localidades, tienen procesos judiciales abiertos por corrupción contra algunos de sus altos cargos, sobre todo alcaldes, la inmensa mayoría del PP. Sobre sus hombros, imputaciones por presuntos delitos urbanísticos, compra de votos, cobro ilegal de comisiones, prevaricación o falsedad documental, y la mayoría sigue en sus puestos a la espera de juicios, según evidenció la revista Interviu.
“Los excesos… y comilonas” en Villanueva
En Villanueva del Segura, que cuenta con apenas 1.500 habitantes, el alcalde, José Luis López Ayala(a la izquierda, en la foto), “ha malgastado en poco más de dos legislaturas más de 800 millones de las antiguas pesetas, ha forjado una red de privilegios a afines a su partido. Asesores personales, excesos en los sueldos del alcalde y de los concejales del PP, vehículos, comilonas (60 millones de pesetas gastadas en fiestas)”, según denunció en un comunicado el grupo socialista en ese municipio. Actualmente, López Ayala, el arquitecto municipal y tres concejales de su Gobierno están siendo investigados, a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción, por la concesión de una licencia para construir en una zona de dominio público del río Segura la urbanización Spa Valley, en el paraje de La Morra.
Caso Totem, ¿caso Murcia?
Antes de que termine este año, podría comenzar el juicio por el llamado caso Totem, una operación destapada en la localidad de Totana a finales de 2007, contra el pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales, y en la cual están acusadas 17 personas, entre ellas, el ex regidor Juan Morales y el actual alcalde, también popular, José Martínez Andreo, que fue detenido en noviembre de 2007 acusado de nueve delitos, y que consiguió salir de prisión en febrero de 2008 pagando una fianza de 70.000 euros. Actualmente, continúa al frente de la Alcaldía. Esta trama de corrupción ha llegado también a Cajamurcia, a través de su filial Summa Inversiones Inmobiliarias, implicada en la causa judicial.
El apoyo al alcalde corrupto
La detención del alcalde Martínez Andreo levantó revuelo en la localidad de Totana, pero por razones contrarias a lo que podría pensarse. Más de 500 personas se concentraron ante la cárcel de Sangonera, convocadas por la plataforma Por el Buen Nombre de Totana, para apoyarle. Y esta contradictoria actitud refleja una realidad que se extiende a toda la Comunidad de Murcia, donde en las últimas elecciones, a pesar de los muchos escándalos de corrupción, los populares obtuvieron el 61,55% de los votos.
Urbanismo especulativo y riqueza
Juan José Cánovas, concejal de Izquierda Unida en Totana, explica la razón del éxito de Andreo, que apunta a un fuerte caciquismo del PP en la Comunidad. “Desde el ayuntamiento se han anulado todos los colectivos críticos, además, el consistorio ha gastado 100.000 euros en publicidad para los medios locales. Y controla la mayoría de las subvenciones”. Por otro lado, y con un gran peso en la conciencia de la gente está la especulación inmobiliaria, “que ha dejado muchos nuevos ricos en Murcia. Todo el mundo tiene un vecino o un conocido que contaba con un terreno que ya no servía para cultivos y que ha hecho dinero con las recalificaciones”, de acuerdo con la opinión de ecologistas de la zona. "Es una vinculación psicológica muy fuerte entre urbanismo especulativo y crecimiento económico", resume el líder regional de IU, José Antonio Pujante.
* El Plural - CECILIA GUZMÁN - 24.08.09
Foto: Murcia, Palacio_Regional - jarique.com
La Laguna de Torreguadiaro llega a la Fiscalía de Cádiz
,+laguna++-+andaluciainformacion.es.jpg)
ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : Después de años de lucha contra las edificaciones previstas en la zona de La Laguna de Torreguadiaro, años en los que se han presentado 11 denuncias ante las Guardia Civil y el Seprona, 8 ente la Consejería de Medio Ambiente y Obras Públicas de la Junta de Andalucía y tras entregar un dossier completo del caso al Defensor del Pueblo andaluz, la Plataforma de Vecinos de la barriada de Torreguadiaro ha llevado el caso ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cádiz, concretamente ante el fiscal de Patrimonio, Urbanismo y Medio Ambiente.
El presidente de la citada Plataforma, Jesús Gil Guerrero, expone una vez más las irregularidades de las obras que se pretenden construir en la zona de La Laguna y las diversas ilegalidades en las que se incurre con los terrenos sobre los que se asentarán las edificaciones.
Gil Guerrero vuelve a informar, en esta ocasión a la fiscalía de Cádiz, de las irregularidades de la parcela TG-22. Recuerda en su escrito que el caso se remonta al año 2002, cuando en un Pleno del Ayuntamiento sanroqueño se aprobó la recalificación de un terreno destinado a zona verde a zona urbanizable, adjudicándose “sin que nadie pudiera realizar alegaciones, todo encubierto” a la empresa Werh, quien asegura “no tenía permiso de obras, ni enganche de luz y agua”. El proyecto El Vigía, conlleva la construcción de un hotel resort de lujo con 110 habitaciones y un residencial con 160 viviendas.
Según la Plataforma, esta empresa valló la zona, plantaron en su interior adelfas y palmeras y usurparon una calle que según la documentación que obra en poder de Gil Guerrero, pertenece a los vecinos según escritura pública.
En el terreno entró maquinaria pesada y realizó movimiento de tierras, llegando a romper un colector que proviene del arroyo y va a parar a La Laguna. “Los empresarios al romper los colectores metieron unos grandes tubos para el desagüe de las aguas sucias, fecales, tóxicas que vienen de una gasolinera llamada Montilla”, declara el presidente de la Plataforma, añadiendo que rompieron muros, acerado, tapias y farolas y se apropiaron de una zona verde que estaba destinada a un parque para el disfrute de los vecinos de la zona afectada. Esta parcela TG-22 se encuentra además, en pleamar, a menos de 150 metros del mar.
Las reivindicaciones vecinales no se refieren sólo a esta parcela y al proyecto de edificación, sino también al aprobado en el Pleno extraordinario del 29 de julio pasado, cuando se aprobó la reconversión en urbanizable de una parcela no urbanizable, concretamente la UN-29 de PGOU. Los vecinos alegan que la citada parcela se encuentra situada a menos de 25 metros de La Laguna y a menos de 100 metros de la orilla del mar.
La Plataforma asegura que el anunciado proyecto de viviendas de VPO para jóvenes quedará detrás de lo que realmente tienen proyectado construir en la parcela. El cartel que se ha colocado en la zona informa de la edificación de 52 viviendas de protección oficial para jóvenes en Sotogrande. Gil Guerrero asegura que estas casas estarán construidas en la zona de la parcela que no linda con el paseo y la carretera, donde edificarán un rascacielos que acabará con las vistas de cualquier vecino.
Año tras año y Pleno tras Pleno, desde la Plataforma se informa que están cansados de luchar contra unos proyectos urbanísticos en los que siempre se encuentran un muro de silencio por parte de las autoridades competentes. La lucha continuará y así lo reflejan las palabras de Jesús Gil, quien desde la terraza de su vivienda, desde la que disfruta de inmejorables vistas de La Laguna y la playa, asegura que no se opone a que se edifique en las parcelas colindantes a su terreno, sino simplemente que se cumpla con la legalidad y se edifique en la zona original del terreno, no en las inmediaciones de la carretera junto al humedal, que se retiren las tuberías de aguas fecales que se dirigen directamente al agua de una zona protegida y que se regenere tanto La Laguna como sus alrededores para el disfrute de los vecinos.
El próximo paso previsto es que los vecinos del área soliciten al alcalde de San Roque, Fernando Palma y al portavoz del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, una reunión para que informen a los vecinos de cómo está actualmente la situación y cuándo se van a emprender los trabajos de mejora de esta zona residencial.
Zona protegida
La Laguna, declarada en Granada por la Unión Europea como zona medioambiental y de humedal protegida, se encuentra en la actualidad a pesar de ser un paraje natural de extraordinaria belleza en completo estado de abandono. Los carteles informativos colocados por la Junta de Andalucía, donde se describen las innumerables especies de aves que pasan por la zona, están literalmente enterradas entre escombros, suciedad y cañas.
Tampoco los alrededores presentan un buen estado de conservación, ya que el camino de madera que recorre el lateral de La Laguna han sido mejorado en varias ocasiones pero dándole sólo, según informan los vecinos “un lavado de cara” que no arregló los problemas de inseguridad que presenta, como maderas sueltas y clavos a la vista de cualquier persona que pasee por el lugar.
Los vecinos demandan la conclusión del paseo marítimo que recorre la zona costera existente entre dos torres de vigía muy antiguas y que dominan con su presencia la zona. Desde la Plataforma, Gil Guerrero asegura que la partida presupuestaria existente para finalizar este paseo se gastó sin ser destinada al mismo, añadiendo que la dificultad de terminarlo es porque cruza de parte a parte la parcela TG-22.
Una de las peores zonas que se puede encontrar un caminante, son las casetas ubicadas junto al puente de madera y destinadas a la observación de aves. Algunos desaprensivos las han convertido en el lugar elegido para hacer sus necesidades, por lo que el aspecto que presentan es lamentable.
Desde la Plataforma vecina se pide a los políticos y autoridades competentes, no sólo que se mejore la zona, protegida y con grandes posibilidades, sino que se frene la construcción incontrolada de grandes edificios que van a poner fin a la belleza natural del lugar y con el paso de aves que tienen la zona como su lugar de referencia.
Asimismo, solicitan que se limpien los alrededores de La Laguna y sus aguas no sean el destino de tuberías de aguas fecales y tóxicas.
* Andalucía Información - S.P.C. - 24.08.09
Foto: Laguna de Torreguadiaro · Autor: S.P.C., andaluciainformacion.es
La doctrina Parcent, ante los tribunales
,+protesta+vecinos+-+levante-emv.com.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : La noche del 30 de enero de 2006, negra y gélida, con toda el agua del mundo cayendo desde el cielo, unos doscientos vecinos se congregaron bajo un manto de paraguas en la plaza de Parcent para protestar por la decisión del gobierno local del PP de aprobar tres planes parciales que suponían la construcción de 1.800 casas en la sierra del municipio.
Entonces nadie podía sospecharlo, pero en aquella noche desangelada una modesta manifestación espontánea originó el nacimiento de la famosa doctrina Parcent que en los años siguientes iba a recorrer media Europa como paradigma del urbanismo salvaje que Bruselas se proponía atajar. Tuvo resultados prácticos: los tres PAI aún no se han construido.
Sin embargo, la doctrina Parcent vive ahora momentos complicados: el actual alcalde, Máximo Revilla, y sus cuatro concejales, todos de Coalició Democràtica -el partido que ganó las últimas elecciones por su oposición a los PAI que defendía el PP- se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo 2 de noviembre después de que un juez de Dénia haya admitido a trámite una querella de la promotora Terra de l'Horta, que les acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa por haber anulado de forma ilegal los planes una vez que accedieron al poder.
La cuestión que ahora se dirime en este nuevo duelo judicial sobre el urbanismo desaforado no es baladí, toda vez que los PAI aún no están muertos: de hecho, siguen tramitándose en la Consejería de Territorio y todos los intentos que hasta el momento ha hecho el ejecutivo de Revilla para que la Administración autonómica les devuelva el expediente -lo que acarrearía su paralización- han resultado infructuosos.
Los cinco concejales deberán responder ahora a la querella de la promotora, que pide para ellos y para el secretario municipal detención y encarcelamiento o libertad provisional con fianza, a pesar de que en últimos tres años su doctrina recibió un férreo apoyo en diferentes escenarios. En primer lugar, en la calle: a la sencilla manifestación de aquella noche de los paraguas se sumó otra dos meses más tarde que reunió ya a dos mil personas con el lema Salvem els nostres pobles. No a la destrucció del territori.
En segundo lugar, en Europa: en una sesión del Parlamento Europeo de aquel 2006, cinco eurodiputados les concedieron su respaldo y hasta el presidente del comité de peticiones envió una carta al vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, quejándose de tanta pasión por el hormigón. Parcent fue clave en los apercibimientos que Bruselas realizó a todo el conjunto de la política urbanística española. Y en tercer lugar, desde los tribunales: la doctrina Parcent es sobre todo una doctrina jurídica porque a mediados de 2006, y en dos sentencias sin precedentes, el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) ordenó la suspensión cautelar del PAI del Replà al considerar que el mismo se realizaba sin reservas hídricas y suponía un grave atentado medioambiental.
Pero ahora la promotora ha abierto un segundo frente judicial antagónico al del TSJ al considerar que los ediles de Revilla han prevaricado tras anular el acuerdo plenario con el que el PP daba luz verde a los PAI y al exigir a Territorio que también paralizara los planes. En su querella, Terres de l?Horta subraya la vinculación entre Coalició Democràtica y la asociación Veïns de Parcent, que fue la que inició las movilizaciones.
En cambio, la promotora no alude al hecho de que en una sesión del Parlamento Europeo de 2008, el eurodiputado del PP José Manuel García-Margallo presentara como interlocutora de las empresas de los PAI a la propia ex alcaldesa popular de Parcent, Maria del Carmen López. Ni a los informes del Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la propia Consejería de Territorio desaconsejando los PAI que acabarían con 121 especies de fauna protegida.
Terres de l'Horta ha sido la promotora más activa a la hora de defender los proyectos urbanísticos. Vinculada al grupo Ballester y al cantante Julio Iglesias, con su querella se juega su última carta para revitalizar los PAI. El gobierno local de Parcent cree que no lo logrará: a través de un comunicado afirma que "hemos actuado conforme a la legalidad vigente y consideramos que la interposición de la querella tiene la gravísima pretensión de encarcelar a quienes practican la democracia".
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 24/08/2009
Foto: Parcent (Alicante), protesta vecinos (archivo) - levante-emv.com
Son Gotleu, el barrio olvidado de Cort
ELMUNDO/Palma* : Desactivar el polvorín social de Son Gotleu no entra en los planes de acción prioritarios del Ayuntamiento de Palma. En el barrio donde estalló el pasado jueves una reyerta multitudinaria de más de un millar de personas entre inmigrantes nigerianos y personas de etnia gitana, entre otros, el gobierno municipal no tiene prevista, a fecha de hoy, ninguna actuación urbanística de primera nivel.
De hecho ni se le menciona en los doce folios del pacto de gobernabilidad firmado en 2007 por PSOE, UM y Bloc, (PSM más EU/EV) en el que se trazaban las líneas maestras a seguir por el gobierno municipal en inversiones y proyectos durante la presente legislatura. Por no pasar, por las calles de Son Gotleu no ha pasado ni el Plan E, que ha puesto patas arriba gran parte del callejero urbano de la capital balear y que se ha quedado a las puertas, en la reforma de la plaza Miquel Dolç, antes denominada de teniente coronel Franco. De ahí para dentro nada.
A diferencia de otras zonas deprimidas de la capital con una problemática social en línea con este barrio del levante palmesano, La Soledad, Polígono de Levante, Son Banya, Pedro Garau o Corea, donde hay sobre el papel proyectos urbanísticos municipales a ejecutar de mayor o menor envergadura, los más de 9.000 vecinos del barrio de Son Gotleu (30% de inmigrantes) son los grandes olvidados de la presente legislatura. Desde que la ex alcaldesa Catalina Cirer (PP) inaugurase el casal de barri y el nuevo cuartel de la Policía Local en las semanas previstas a las elecciones de 2007, allí ningún político ha inaugurado nada y pocos, casi ninguno, son los que se pasean por sus calles, pese a que todos conocían y sabían con creces que la multiculturalidad era allí una bomba de relojería.
* El Mundo - Indalecio Ribelles | Palma - 24.08.09
Foto: Imagen de la batalla campal del jueves en Son Gotleu. | AA. VV. Orson Welles, elmundo.es
Marbella: Vecinos denuncian al Ayuntamiento por no demoler una obra que les tapa las vistas
SUR* : La legalización de edificios ilegales tiene efectos colaterales. Vecinos de los bloques III y IV de la comunidad de propietarios Marina Banús han denunciado por supuesta prevaricación al Ayuntamiento de Marbella. En concreto han puesto en conocimiento del Juzgado de Instrucción nº2 de la ciudad que el Consistorio otorgó licencia de ocupación provisional a un local «sobre el que pesa una orden de demolición administrativa sin ejecutar y una sanción económica de 674.053,8 euros», según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico.
Se trata del parque infantil de ocio 'Camelot', ubicado en la parte alta del centro comercial Marina Banús. La comisión gestora ya cerró este centro en 2006, tres años después de estar funcionando sin permiso de apertura.
Estos vecinos, que tienen previsto impugnar esa licencia de ocupación provisional al considerarla ilegal, dejan constancia en el escrito de denuncia que el referido parque infantil ha supuesto «la pérdida absoluta» de vistas para sus apartamentos de la plantas primera y segunda. Este perjuicio se debe a la colocación de enormes aparatos de ventilación orientados directamente a la promoción «con un ruido espantoso y todo un sinfín de infracciones». Recuerdan además que el volumen de edificabilidad del sector estaba agotado una vez construido el centro comercial, que aparece regularizado en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al igual que los bloques I y II de ese conjunto residencial.
El Ayuntamiento dictó dos resoluciones el 15 de abril de 2008, una respecto a la sanción económica y otra referente a la demolición. «Lo cierto es que a día de hoy las obras denunciadas objeto del expediente disciplinario y sancionador incoados no han sido demolidas», recuerdan los vecinos en la denuncia, pese a ponerse en varias ocasiones en contacto con el Ayuntamiento para que les informara sobre la situación de ambos procedimientos. No hubo contestación. La alarma cundió entre estos ciudadanos cuando comprobaron el pasado 6 de agosto que, «de forma inexplicable y sorpresiva», comenzaron a ejecutarse obras en el local.
«Resulta inverosímil, amén de ilegal y manifiestamente injusto que se concediera una licencia de obras y apertura para desarrollar una actividad en un local sobre el que se ha dictado una orden de demolición, que desde el año 2008 el Ayuntamiento no ejecuta, desconociendo las razones o motivos que impidan al organismo administrativo competente la ejecución forzosa de lo alegado», recoge la denuncia de estos vecinos, quienes critican «la desidia y la dejadez» del equipo de gobierno y su permisibilidad en la ejecución de «nuevas obras ilegales».
Informes favorables
La Concejalía de Industria y Vía Pública confirmó que la licencia de ocupación provisional, aprobada en junta de gobierno local el pasado 7 de julio, cuenta con todos los informes pertinentes favorables y que no tienen constancia de la orden de demolición dictada por Urbanismo el 15 de abril de 2008. Este periódico intentó sin éxito ponerse en contacto con la delegación de Urbanismo.
El propietario de 'Camelot', Francisco García, reconoció también «no tener constancia» de la orden de demolición y que el parque, regularizado por el nuevo PGOU, se abrirá próximamente. Su representante legal aseguró que la orden de derribo que pesa sobre 'Camelot' está recurrida.
* SUR - 23.08.09 -
JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Foto: Vista del parque infantil de ocio desde una terraza de Marina Banús. / JOSELE-LANZA. diariosur.es
Ciudades sin civilización
ANTONIO MUÑOZ MOLINA* : No puede haber civilización sin ciudades", escribe Saul Bellow, "pero hay ciudades sin civilización". Él se refiere a Chicago, la ciudad de los terribles inviernos sin misericordia de la gran Depresión; yo leo la novela en la que vienen esas palabras, The Adventures of Augie March, una mañana de agosto, en Madrid, sentado al fresco de los plátanos y los magnolios gigantes del paseo del Prado, que es una de las islas más indudables de civilización que pueden encontrarse en una ciudad europea, y por donde paso tantas veces camino de algunas de las instituciones más civilizadas que conozco:
... el Museo del Prado, la Real Academia, el Thyssen, el Botánico, el Reina Sofía, las librerías de viejo de la cuesta de Moyano, sin olvidar el añadido más reciente, la extraordinaria sede de la Fundación La Caixa, con su jardín vertical y sus viejos muros de ladrillo como suspendidos en el aire, una nave industrial de hace un siglo levantada sin peso en la ciudad del presente.
Uno de los rasgos de la civilización es que siempre es más frágil de lo que parece y siempre está amenazada. Un poco más arriba del paseo del Prado y del de Recoletos se abrió en la ciudad en los primeros años setenta el cráter imperdonable de la plaza de Colón, que no es una plaza sino un descampado sin alma de torres especulativas y tráfico como de autopista, con algo de urbanismo apocalíptico suramericano. En el paseo del Prado y en Recoletos se puede caminar siempre al amparo de los árboles: en Colón uno se ve arrojado a una intemperie de sol homicida o de vientos invernales, arreado en manadas para cruzar a toda prisa los pasos de cebra. La llamada plaza de Colón es una muestra infame de lo que estaban haciendo con las ciudades los planificadores, los teóricos del urbanismo y los grandes expertos en los años sesenta y setenta, cuando la capitulación institucional ante los intereses de los especuladores y de los fabricantes de coches aún se revestía con la máscara conveniente de la modernidad, del progreso implacable. Le Corbusier y sus discípulos alumbraban el camino del porvenir, que más que un camino resultaba ser una gran trama de autopistas. Hasta bien entrado el siglo XX las tecnologías del transporte colectivo se habían integrado sin quebranto en el tejido de las ciudades y habían contribuido a su expansión orgánica: las líneas de metro y de tranvías permitían el nacimiento de nuevos vecindarios hechos a la medida de los pasos humanos; los tranvías circulaban con la misma eficacia por las calles sinuosas de los cascos antiguos y por las perspectivas despejadas en las que las ciudades se abrían al campo. Cuando yo llegué a Granada, en 1974, acababan de clausurarse las líneas de tranvías, que comunicaban el centro de la ciudad con la Vega del Genil y con las estribaciones de Sierra Nevada. En Granada todavía quedan nostálgicos del tranvía de la Sierra, construido por un ingeniero ilustrado que se llamaba Santa Cruz, al que fusilaron los matarifes falangistas en el verano de 1936. Uno tomaba el tranvía en una acera arbolada de la ciudad y subía en él por la orilla del Genil hasta las laderas colosales del Veleta.
Los terribles expertos dictaminaron que cualquier obstáculo que se interpusiera a la circulación de los coches merecía acabar en los mismos basureros de la Historia a los que según Trotski estaban condenados quienes se resistieran a la revolución soviética. Para el advenimiento de la nueva civilización las ciudades resultaban un enojoso obstáculo. No sólo estaban hechas de calles estrechas y de edificios vulgares agregados a lo largo de épocas diversas: también estaban habitadas. Y la gente que las habitaba vivía y trabajaba en un desorden que sacaba de quicio a los entendidos, partidarios de que cada cosa se hiciera racionalmente en su sitio, de acuerdo con los planes utópicos que ellos mismos diseñaban, llenos de preocupación paternal por el bienestar de ese populacho, pero poco amigos de observar de cerca cómo eran sus vidas. El remedio contra los males, desde luego verdaderos, del hacinamiento y la pobreza, era el derribo, y tras él la autopista y la imposición del coche. A la destrucción de los barrios populares de Nueva York el planificador urbano Robert Moses le daba un nombre inapelable, aunque también involuntariamente siniestro: "La guadaña del progreso".
En los primeros años cincuenta la guadaña del progreso se disponía a llevarse por delante algunos de los lugares más civilizados de Manhattan: una autopista de diez carriles iba a atravesar el Soho, Little Italy, Chinatown y el Lower East Side. Uno nunca llega a saber de verdad lo precaria que es la civilización, lo peligroso que es dar nada por supuesto: para agradecer de corazón la delicia de pasear por Washington Square, distraerse mirando a los músicos o a los saltimbanquis callejeros o a los jugadores de ajedrez, sentarse en el césped y distinguir las primeras torres de la Quinta Avenida por encima de las copas de los árboles, conviene tener presente que todo eso estuvo a punto de ser destruido hace ahora cincuenta años, porque justo por ese lugar Robert Moses había decretado que pasaría otra autopista. La guadaña del progreso no actúa por capricho: si el tráfico ha de fluir a tanta velocidad como sea posible a través de la isla, lo racional, lo inevitable, es abrirle paso.
Washington Square no fue salvada por ningún arquitecto. Ningún experto en urbanismo alzó entonces su voz contra lo que hoy nos parece un delito inconcebible. Washington Square existe ahora gracias a una mujer, Jane Jacobs, tan poco experta en nada que ni siquiera tenía un título universitario. Vivía cerca, en la calle Hudson, en el corazón del Village, y llevaba a sus hijos a jugar a la plaza. Sus primeras camaradas en la sublevación urbana fueron las madres de los amigos de sus hijos, "unas cuantas locas con carritos de niños", según dijo Robert Moses, con la furia despectiva de los grandes expertos cuando alguien sin más cualificación que el sentido común se atreve a llevarles la contraria. En 1961, cuando Washington Square y las calles del Village ya no corrían peligro gracias al movimiento de rebeldía iniciado por ella, Jane Jacobs escribió su hermoso manifiesto en defensa de las ciudades caminadas y vividas, The Death and Life of Great American Cities. Murió el año pasado, una anciana diminuta y bravía comprometida hasta el final en la defensa de esa forma frágil y necesaria de vida en común que es la civilización y que no puede existir sin las ciudades. Un libro recién salido -Wrestling with Moses, de Anthony Flint- cuenta la crónica de su rebelión y conmemora su legado. En el corazón desventrado de Madrid, lleno de zanjas y de máquinas empeñadas en obras demenciales por culpa de un alcalde ebrio de megalomanía y de despilfarro que ahora amenaza insensatamente el paseo del Prado, yo me acuerdo de Jane Jacobs y me pregunto melancólicamente si sería posible aquí una rebelión como la suya, un levantamiento cívico que salve a Madrid de expertos y de políticos y de especulares y le permita ser una ciudad civilizada.
* ELPAIS.com - ANTONIO MUÑOZ MOLINA IDA Y VUELTA - 22.08.09
Foto: Plaza de Colón, Madrid, con el monumento al Descubrimiento de América, realizado por Joaquín Vaquero Turcios.- SANTI BURGOS, elpais.com
¿Cuánto bajan los precios de la vivienda?
JOSÉ MANUEL NAREDO* : Ha llovido mucho desde que dominaba la creencia de que los precios de la vivienda nunca bajarían, sino que, todo lo más, moderarían su crecimiento siguiendo un “aterrizaje suave”. Los dos años de crisis inmobiliaria han pulverizado estos interesados e infundados vaticinios. La discrepante información disponible muestra que los precios de la vivienda han bajado y siguen bajando, pero ¿cuánto?
Cuando leemos en la prensa que “los precios de la vivienda han bajado un X por ciento”, la información se refiere normalmente al índice oficial de precios de la vivienda que elabora trimestralmente el Ministerio de Vivienda. Pero este índice no recoge los precios a los que efectivamente se realizan las transacciones de viviendas, sino los precios que imputan a las viviendas las empresas de tasación de inmuebles que, como veremos, muestran una sospechosa aversión a la baja. Pues además de los normales desfases entre tasaciones y precios de mercado, el hecho de que las empresas de tasación trabajen mayoritariamente para entidades financieras interesadas en soslayar el desplome de sus garantías hipotecarias hace dudar de la independencia de esta fuente. Lo cual es grave cuando el valor de las operaciones de este mercado supera, con mucho, en nuestro país a las del mercado bursátil.
Mientras la bolsa de valores presenta diariamente índices oficiales de cotización de las operaciones efectivamente realizadas, el mercado inmobiliario ha venido contando sólo con el mencionado índice oficial que sintetiza, cada tres meses, los valores que las entidades de tasación otorgan al metro cuadrado de vivienda. En los últimos tiempos, dos nuevas fuentes han roto el monopolio que venía ejerciendo el índice mencionado. Por una parte, el INE ha elaborado un nuevo índice de precios de la vivienda a partir de los precios escriturados por los notarios, como se viene haciendo en otros países europeos. El problema estriba en que, a diferencia de estos países, en España los precios de mercado no suelen coincidir con los escriturados que están, además, ligados a prácticas recaudatorias ajenas a la coyuntura inmobiliaria, con lo cual tampoco cabe esperar que esta fuente refleje de modo fidedigno la caída de los precios de mercado. Por otra parte, Fotocasa obtiene un nuevo índice mensual de precios de la vivienda a partir de los precios de los anuncios, que también difieren de los de mercado, porque la crisis inmobiliaria es fértil en rebajas y chollos en los que los vendedores más necesitados de liquidez acaban vendiendo a precios bien inferiores a los de los anuncios.
Mientras el índice de Fotocasa lleva bajando ya más de dos años y registraba en junio una caída acumulada del 18 %, el del INE baja desde hace año y medio, con una caída acumulada próxima al 10 %, y el del Ministerio de Vivienda baja poco más de un año, con una caída acumulada que apenas supera el 8 %. Cabe concluir que las tres fuentes indicadas muestran caídas de precios de la vivienda bien diferentes, pero en todo caso inferiores a las de mercado, que no salen en la foto de nuestras precarias estadísticas.
* Economista y estadístico
* Público - Del consejo editorial - 21.08.09
Madrid: Dos años sin piscina en el barrio de la Concepción por falta de presupuesto
ELMUNDO* : Las piscinas municipales son uno de los pocos recursos que les quedan a los ciudadanos madrileños para combatir el terrible calor estival. Sin embargo, los habitantes del barrio de la Concepción llevan dos años sin disfrutar del alivio que proporcionan los baños en la pileta pública debido a la falta de presupuesto para reformarla, según los empleados del centro polideportivo.
Por su parte, el Ayuntamiento ha declinado dar cualquier tipo de información debido a la falta de personal durante las vacaciones: "Hasta la semana que viene no contaremos con los responsables que pueden responder a este tipo de cuestiones", alegaron fuentes del departamento de Urbanismo del Consistorio madrileño.
Hace ya dos veranos que el centro polideportivo del barrio de la Concepción carece de presupuesto para reformar su piscina al aire libre. Y hace un mes que su otra piscina, la climatizada, también se encuentra cerrada, en este caso, por labores de rehabilitación. "No es una piscina de verano", explica un empleado de este centro, "por tanto, no tiene por qué estar abierta en esta época del año".
Pero la piscina climatizada del barrio de la Concepción no es la única que aprovecha los calores más excesivos del año para realizar las tareas de rehabilitación y limpieza de las aguas. La piscina del polideportivo San Juan Bautista está inutilizada desde hace dos meses, y no se abrirá al público hasta septiembre. Mientras que la recientemente inaugurada en Fuente del Berro se encuentra en la misma situación.
Todas las instalaciones están adscritas a la red municipal de piscinas públicas, pero el Ayuntamiento ha evitado pronunciarse al respecto debido a la ausencia de responsables competentes en la materia.
Prolongar la temporada
La temporada estival en las piscinas municipales al aire libre se prolongará hasta el próximo 6 de septiembre para que los madrileños puedan darse los últimos chapuzones de la temporada, aprovechando que aún hace calor. El horario continuará siendo de 11:00 a 21:00 horas.
Durante el año, muchos madrileños han utilizado los recintos deportivos municipales con piscinas al aire libre para combatir las altas temperaturas. En el mes de junio, estas instalaciones recibieron 459.519 usuarios y en julio, la cifra ascendió a 674.823.
En la actualidad se celebran los últimos cursos de natación, enmarcados en un programa que se completa con las actividades acuáticas y deportivas propias del verano, así como con los cursos intensivos infantiles. En conjunto, 15.000 personas han participado en estas actividades estivales.
A partir del 3 de septiembre -unos días antes de producirse el cierre de piscinas al aire libre- comenzará el programa deportivo municipal de otoño-invierno. 47 centros ofertarán 100.000 plazas mensuales en escuelas deportivas.
Este programa de enseñanza se desarrollará en 40 modalidades distintas en escuelas infantiles, 36 en clases espefics para adultos y otras 32 enfocadas para jóvenes. También se celebrarán actividades dirigidas a los mayores de 65 años y a personas que sufran alguna discapacidad, así como a menores con problemas de psicomotricidad.
* El Mundo - 22.08.09
Foto: La piscina del barrio de la Concepción en agosto. | Óscar Monzón, elmundo.es
El desastre urbanístico y sus consecuencias sociales, a debate
,++viviendas+ilegales+-+diariodecadiz.es.jpg)
DIARIODECÁDIZ/El Puerto* : La sede de CNT acogió el miércoles, dentro de las jornadas culturales que organiza el sindicato, la charla-debate 'El desorden urbanístico y sus consecuencias sociales', que contó con la participación de José Antonio Castro, de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Viviendas Ilegales (COAVE), Salvador González, portavoz de la asociación de vecinos La Andreita y, Juan Clavero, de Ecologistas en Acción.
El primero en tomar la palabra fue José Antonio Castro, que reconoció que "estamos de acuerdo en que el punto al que se ha llegado en Andalucía no debería haberse producido. La situación de la construcción en El Puerto es un acto revolucionario donde debemos movilizarnos. Ante una política de hechos consumados en donde la consecuencia es una situación ilegal, deberían darnos un marco legal. Denuncié esta circunstancia hace veinte años. Pero si se han construido urbanizaciones ilegales ha sido por que las administraciones lo han permitido, dejando de cumplir con sus obligaciones. No se puede derribar todas las viviendas ilegales, porque no todas son iguales. Y no tenemos por que pagar multas si no se nos dan servicios, hay falta de agua pese a pagar agua", dijo.
Salvador González criticó que "la legalidad urbanística es el colmo del pitorreo. Estoy harto y soy escéptico. Legalmente también se han hecho aberraciones, por lo que no hay diferencia ética entre una cosa y la otra". Salvador González puso como ejemplo el destrozo que, a su juicio, ha hecho el último Plan General de Ordenación Urbana en la carretera de Fuentebravía. Además añadió que "las consecuencias sociales de este caos urbanístico ya las podemos ver: zonas arboladas en suelo urbanizable, mala comunicación entre las distintas áreas de la ciudad, niños que tienen que recorrer media ciudad para ir al colegio". Para Salvador González "hay que contar con los representantes de cada sector para solucionar las cosas".
Por último Juan Clavero comenzó su intervención recordando que el artículo 47 de la Constitución Española señala que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. Ante éste derecho, Clavero dijo que "las administraciones públicas deben responder a las necesidades públicas. Y uno de los problemas de las urbanizaciones ilegales es que es imposible dotarlas de servicios públicos. Es algo ingobernable, que ha provocado una permisibilidad total y que se haya construido todo y en todos los sitios". Puso distintos ejemplos denunciados por Ecologistas en Acción como El Barranco, donde se ha construido en una reserva natural o en Caños de Meca donde la construcción feroz ha provocado unas urbanizaciones sin servicios ni infraestructuras. Clavero denunció para concluir que "todo viene alimentado con la connivencia política". El ecologista insistió en que "la sociedad esta cada vez más concienciada de que hay que denunciar éstas prácticas que lo que pretenden es no solo destruir nuestro hábitat natural sino crear un precedente muy peligroso en donde se puede hacer lo que uno quiera pasando por encima de la ley".
* Diario de Cádiz - Pablo Añón Gómez
- 22.08.09
Foto: El Puerto (Cádiz), zona viviendas ilegales - diariodecadiz.es
El PGOU de Benitatxell sigue bloqueado siete meses después de dimitir el alcalde
,+costa+-+elpais.com.jpg)
INFORMACIÓN/Alicante* : Al nuevo equipo de gobierno del Poble Nou de Benitatxell (Partido Popular y cinco tránsfugas del Pideb) también se le empieza a atragantar un PGOU que, incluso antes de aprobarse inicialmente, ya arrastra una historia convulsa. Hace ahora siete meses dimitió el entonces alcalde Juan Cardona, del Pideb, al estar imputado por cohecho. Supuestamente, pidió a un promotor 50.000 euros a cambio de mantener urbanizables sus terrenos en el nuevo Plan General.
Ahora, la actual alcaldesa, Josefa Ronda, del PP, y sus socios de gobierno (se afiliaron al PP tras dejar el Pideb) no se deciden a dar luz verde al PGOU pese a que, a principio de año, el documento se llevó ya dos veces a pleno para su aprobación provisional.
La posterior renuncia de Cardona y la polémica formación del nuevo gobierno dejaron el debate urbanístico en segundo plano. Sin embargo, ya han pasado siete meses y del Plan General no se ha vuelto a saber.
Así lo denunció ayer el portavoz del Bloc en el Poble Nou de Benitatxell, Josep Femenia, quien lamentó la falta de transparencia del gobierno local en todo lo referente al citado documento. Femenia recordó que el urbanismo es una función pública y criticó que el PGOU ni siquiera se ha debatido en la Agenda Local 21.
No obstante, el edil del Bloc también lamentó la inactividad de la Agenda Local pese a que su concejal responsable, Stephen Kidgell, tiene dedicación exclusiva.
Posible desfase
El portavoz del Bloc advirtió de que al Ayuntamiento de Benitatxell puede ocurrirle ahora lo que en septiembre de 2007, cuando tuvo que contratar por 120.000 euros nuevos estudios para adaptar el borrador del PGOU a la Ley Urbanística Valenciana. Ahora, la LUV, tras el crítico informe Auken de la Unión Europea, también se está revisando y, si el Consistorio se sigue durmiendo en los laureles, es probable que el nuevo Plan General se quede desfasado en cuanto a la normativa urbanística.
Es evidente, con todo, que la actual alcaldesa, quien desempeña también la Concejalía de Urbanismo, se encontró un asunto espinoso con el PGOU. Nada más asumir el cargo manifestó que su equipo de gobierno rebajaría el suelo urbanizable. También abogó por comparar el concierto previo y la propuesta de Plan General y rastrear qué cambios se habían introducido.
Por contra, el anterior alcalde, Juan Cardona, al dimitir, aseguró que el PGOU estaba listo para aprobarse inicialmente. La guerra interna con sus socios del Pideb dio al traste en dos plenos con esa aprobación. Cardona opinó entonces que "era absurdo" decir que el documento no se había estudiado a fondo.
Alegaciones
Cuando se apruebe en pleno el PGOU, también deben resolverse las 22 alegaciones que todavía quedan pendientes. La más llamativa es la del promotor Pedro Sánchez, que fue quien denunció que el entonces alcalde y también la primera teniente de alcalde, Hannelore Rheindorf, ahora en la oposición, le habían pedido 50.000 euros a cambio de mantener como urbanizables sus parcelas en el plan parcial Vista Montaña II. El Plan General, previsiblemente por un error, había calificado esos terrenos como no urbanizables de protección paisajística.
* Información - A. P. F. - 22.08.09
Foto: Benitatxell (Alicante), costa - elpais.com
Marbella: Quince chiringuitos situados en dominio público se trasladarán para ajustarse a la ley
SUR/Málaga* : La mayoría se desplazará apenas unos metros, aunque alguno deberá acometer un traslado de mayor relevancia. Una quincena de chiringuitos del municipio tendrán que cambiar su ubicación actual para ajustarse a la ley. Constituyen la mitad de los establecimientos de playa que se encuentra en dominio público a lo largo del litoral marbellí, cuya solicitud de concesión será remitida la próxima semana por el Ayuntamiento a la Demarcación de Costas en Málaga.
La tramitación supone el primer paso para la regularización de estos chiringuitos, después de multitud de reuniones mantenidas por el equipo de Gobierno con Costas y los representantes del sector en la ciudad, según explicó ayer el concejal de Playas, Antonio Espada. El edil destacó que el objetivo es solventar la inseguridad jurídica de los chiringuitos en el litoral marbellí.
Las solicitudes incluyen un proyecto básico elaborado por cada uno de los propietarios de los 30 establecimientos de playa, así como un estudio financiero, y se presentarán ante el órgano estatal con sede en Málaga de manera independiente para que no se paralice, en el caso de existir algún problema, la tramitación de las concesiones del resto de chiringuitos. La documentación será remitida a la Dirección General de Costas, que deberá otorgar una concesión cuyo plazo, según el acuerdo de las partes implicadas, será de 15 años prorrogables en tres periodos de un lustro hasta llegar a los 30 años.
Reubicación
De la treintena de chiringuitos afectados por la nueva normativa, catorce quedarán adosados al paseo marítimo de Marbella. Entre ellos, nueve de los quince que deberán mudar su ubicación. Los otros seis traslados no se harán con objeto de establecerse junto al paseo, pero también se situarán completamente fuera de la franja protegida por la Ley de Costas.
Los cambios en su enclave no serán los únicos que sufrirán los chiringuitos del municipio. Para cumplir con la norma, los 62 negocios de playa repartidos en los 27 kilómetros de costa de Marbella deberán reducir su superficie hasta un máximo de 150 metros cuadrados que contempla la ley. Posteriormente cabe la posibilidad de que los establecimientos soliciten una autorización para instalar un terraza de hasta 100 metros cuadrados.
En la actualidad, todos los chiringuitos de la ciudad incumplen estas directrices y superan las medidas establecidas, según indicó Espada, que resaltó que el Ayuntamiento será «muy intransigente» en relación con la superficie que ocuparán los negocios, de cara a que se ajusten a la normativa. En este sentido, advirtió que su incumplimiento acarreará la retirada de la concesión.
El concejal de Playas señaló que una vez que la Dirección de Costas apruebe las concesiones, los propietarios deberán presentar ante el Ayuntamiento el proyecto de ejecución para obtener la licencia de explotación. El edil indicó que el Ejecutivo local confía en que las concesiones se otorguen en noviembre, de manera que exista el suficiente margen de tiempo para acometer las obras en los chiringuitos antes del inicio de la temporada estival de 2010.
Otros chiringuitos
La tramitación no afecta al resto de establecimientos de playa distribuidos por el litoral marbellí. En suelo municipal se levantan 14 de ellos, mientras que la situación de los 17 restantes es transitoria, dado que inicialmente se ubicaban también en terrenos municipales y ahora ocupan zona de dominio público tras la aprobación de los nuevos límites de la franja marítimo-terrestre protegida por la ley. El Ayuntamiento solicitó a Costas el pasado mes de marzo la homologación de estos chiringuitos, que obtendrán concesiones de 30 años prorrogables por el mismo periodo de tiempo.
Espada resaltó la necesidad de regularizar la situación de todos los negocios de playa del municipio, no sólo para dotar de seguridad jurídica a los mismos, sino también para «despejar el temor» de los empresarios de un sector que, según el edil, genera 1.300 puestos de trabajo directos.
El concejal elogió la «marcha atrás» por parte del Gobierno en su iniciativa de sacar a estos establecimientos de la arena. «No se entenderían las playas sin chiringuitos», apuntó Espada, que afirmó que este tipo de negocios prestan un «servicio público» a residentes y turistas, especialmente en Marbella, que, a juicio del edil, es «el balneario de Europa».
En este sentido, recordó que el posicionamiento del Ejecutivo local «siempre ha sido mantener los chiringuitos en la arena, puesto que somos una ciudad que vive del turismo y su presencia nos proporciona un desarrollo económico y social de primer orden».
* SUR - 21.08.09 -
HUGO SIMÓN
Foto: El chiringuito de la playa de El Cable será uno de los que deberán desplazarse hasta quedar adosados al futuro paseo marítimo. /JOSELE-LANZA, diariosur.es
Ronda: Marín declara como imputado por un presunto delito urbanístico
,+ayuntamiento+-+andaluciaimagen.com.jpg)
LAOPINIÓN/Málaga* : El alcalde de Ronda (el ex andalucista y ahora militante del PSOE), Antonio Marín, declaró ayer en calidad de imputado en el Juzgado número 3 de Ronda por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación, por permitir el Ayuntamiento la edificación de una nave agrícola en la Hoya del Tajo, en suelo no urbanizable y de especial protección ambiental.
Ecologistas en Acción puso en conocimiento de la Policía Autonómica en el año 2006 la existencia de esta edificación, que a su vez remitió un informe a la Fiscalía de Málaga, organismo que tras analizar el expediente pidió al juzgado rondeño la apertura de este caso, al entender que se ha vulnerado la ley urbanística, ya que la zona donde se levanta el inmueble está catalogada como PI5.
También acudió ayer a declarar ante el juez el propietario de la construcción denunciada, A.F.D.R., afirmando su abogado que edificó la nave en la seguridad de que tenía todos los permisos y dentro de la legalidad.
Mientras, el alcalde en su declaración eludió cualquier tipo de vinculación con este asunto, argumentando que el acuerdo para realizar estas obras "no se ajusta en modo alguno a la legalidad en cuanto a procedimiento reglado administrativo" e indicó que todas las competencias en materia urbanística estaban en esa fecha en manos del entonces delegado municipal de Obras, el popular José Herrera, quien posteriormente salió del equipo de Gobierno al romperse el pacto entre PA y PP.
Incluso, en otra parte de su declaración llega a decir que Herrera incumplió de forma reiterada su obligación de informar al alcalde sobre todos los decretos que emitía y que por ello "se tuvo que precintar el despacho del citado delegado (de Obras), llegando incluso a acordar la expulsión del Ayuntamiento ante la posible sustracción y destrucción de documentos".
Antonio Marín también acusó al jefe del Servicio de Obras y Urbanismo, Lázaro Valderrama, de no haber advertido a los concejales que formaban parte de la Comisión Informativa de Obras celebrada el 26 de julio de 2006 sobre la posible ilegalidad de la nave agrícola, de 56 metros cuadrados, ya que aunque era su obligación, "no lo hizo, puesto que parte de los concejales no son juristas y no entienden de esas materias".
No obstante, los ecologistas mantienen que tanto ellos como la Junta de Andalucía advirtieron por escrito a Marín de la existencia de la construcción denunciada, a lo que el regidor respondió que nunca tuvo conocimiento de estas comunicaciones, ya que la documentación referente a Obras se derivaba directamente a ese departamento.
El regidor abandonó de manera precipitada las dependencias judiciales por la puerta trasera, con la intención de evitar que las cámaras de los fotógrafos recogiesen el momento se su salida del Palacio de Justicia, por lo que no realizó ninguna declaración.
Mientras, su abogado dijo a los periodistas que hoy mismo pediría el archivo de la causa contra su defendido, al considerar que no se le puede relacionar con esta construcción, ya que toda la gestión urbanística era responsabilidad de Herrera.
El abogado de los ecologistas anunció que en los próximos días serán citados a declarar igualmente el entonces delegado de Obras y Urbanismo, así como todos los concejales que participaron en la comisión informativa de Obras donde se autorizó el proyecto de la nave agrícola en el Tajo.
* La Opinión de Málaga - BLAS GIL - 21.08.09
Foto: Ronda (Málaga), ayuntamiento - andaluciaimagen.com
El TS cambia su doctrina y rechaza dar licencias en los planes anulados
ATLÁNTICO* : El Tribunal Supremo acaba de emitir una sentencia sobre los planes de urbanismo y otros, como especiales o parciales, que tendrá repercusión en ciudades como Vigo. El alto tribunal advierte de que los ayuntamientos no pueden dar nuevas licencias sin más cuando hay un plan anulado por un tribunal amparándose en que la sentencia no es firme. Esto ha ocurrido de forma reiterada en Vigo con distintas actuaciones anuladas por el Tribunal de Galicia, como Finca do Conde y otros, donde el Concello decidió dar permisos municipales de primera ocupación y apertura tras recurrir en casación el fallo, que, como se esperaba, finalmente fue confirmado por el Tribunal Supremo, lo que ha provocado un serio problema todavía por resolver.
Lo cierto es que una sentencia de la sala de lo Contencioso dictada el 26 de junio de 2’ viene a poner un cierto orden y a esclarecer los límites de los ayuntamientos a la hora de dar licencias. Sustancialmente el Supremo afirma que una resolución anulatoria de un Plan General (y todavía más cuando se anulan planes parciales o estudios de detalle), aunque no sea firme, no puede desconocerse en su eficacia respecto de las partes afectadas, de forma que el plan parcial que desarrolla el Plan General resulta inválido. Hasta ahora, para el ayuntamiento recurrente, o para una entidad particular, una sentencia que anula un Plan General u otros inferiores no existe mientras no adquiera fuerza, que es lo que viene a echar abajo el Supremo. La argumentación del alto tribunal, como explica la página especializada ‘Fiscalización. com’, es lógica: ‘No puede un ayuntamiento que fue parte en el litigio que desembocó en la sentencia anulatoria escudarse en tal pendencia de firmerza, pues las sentencias de mera anulación surtirían efectos para las partes sin necesidad de firmeza ni de la publicación oficial de su anulación y pérdida de vigencia’. Con ello, sí podrían acogerse en la falta de firmeza los terceros inocentes que no fueron parte en el proceso que se ultimó con la sentencia anulatoria del Plan, pero nunca la Administración que a sabiendas de tal anulación se embarca en un proceso ante el Tribunal Supremo que, en realidad, sabe que consiste en una maniobra dilatoria, para ganar tiempo. Según señala ‘ Fiscalización.com’, esta sentencia tendría que ser tomada en cuenta por los alcaldes para así dejar de plantear recursos de casación frente a sentencia anulatorias de reglamentos o planeamiento para ‘mantener la paz de su mandato’. Por tanto, ante una sentencia de este calibre, tendrían que paralizar el desarrollo del Plan General.
* Atlántico Digital - 18-08-2009
Arona: Un empresario declaró que le pidieron 327.000 euros para autorizar una obra
,+ayuntamiento+-+coralia,+picasaweb.google.com.jpg)
ELDÍA/Tenerife* : Explicado en pesetas, tal y como aparece en el sumario, son 6 millones por una licencia de obra mayor; 1 millón por el informe técnico de los arquitectos municipales; 2.500.000 por un dictamen jurídico y 45 millones por licencia de obra mayor. En total, 327.551,60 euros (equivalente a 54,5 millones de pesetas) es lo que aseguró el empresario José Ramón Ansorena al juez Nelson Díaz que le pidieron a su padre y a él durante la tramitación de la recalificación de una parcela (pasaría de uso turístico a residencial) para la construcción de 206 viviendas.
En ese proceso habló con el entonces concejal de Urbanismo, Félix Sierra; Roberto de Luis, aparejador municipal; Eliseo de la Rosa, arquitecto técnico municipal, y Arsenio Zamora, definido en su declaración como intermediario, los tres últimos detenidos y puestos en libertad posteriormente.
De esas cantidades, aseguró que en 2001 pagó en metálico el millón de pesetas (6.000 euros) que le pidieron por el informe de los técnicos municipales (este documento era gratuito) y en 2002 abonó 1.500.000 pesetas (9.000 euros) de las 2.500.000 solicitadas por el dictamen jurídico que elaboraron dos abogados con despacho en Santa Cruz de Tenerife (que luego le hicieron saber que cobraron sólo 75.000 pesetas), el cual debía emitir el Cabildo.
Así consta en la declaración que Ansorena hizo ante el juez el 18 de diciembre de 2007, donde se indica que ambos pagos fueron hechos al intermediario Zamora.
Otro aspecto destacable es la aportación de una grabación realizada el 10 de julio de 2002 en la que el citado Arsenio Zamora le pidió los 45 millones de pesetas por la concesión de la licencia de obra mayor. Obra que luego fue paralizada y denegada su licencia.
Ansorena aseguró al juez Nelson Díaz que informó de todo ello al alcalde de entonces, Miguel Delgado, y que éste se limitó a decirle "que no quería saber nada de este tema e invitándole a salir de su despacho", algo que también le sucedió con el edil de Urbanismo, Félix Sierra.
Una vez obtuvo la aprobación del cambio de uso del suelo en el Cabildo y la CUMAC, en el ayuntamiento son Roberto de Luis y Eliseo de la Rosa quienes le aseguran que su informe técnico sobre la licencia sería desfavorable. El sentido del mismo cambió cuando Ansorena les comunicó que trasladaría al juzgado la grabación citada, cuya existencia también conocían otros concejales.
EL CASO está siendo investigado en el Juzgado número 7 de Arona.
* El Día - J.A. MEDINA - 19.08.09
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
Las viviendas acosan el monte Abantos 10 años después del incendio
+desde++monte+Abantos+-+madridiario.es.jpg)
ELPAÍS/Madrid* : Hoy se cumplen 10 años del peor incendio ocurrido en la sierra de Madrid. Un fuego que asoló más de 450 hectáreas de bosque y pastos (el equivalente a otros tantos campos de fútbol) y calcinó miles de árboles. Una década después las urbanizaciones de viviendas acosan la zona.
El monte de Abantos, que corona San Lorenzo de El Escorial, se convirtió durante 28 horas en una tea que iluminaba con una luz rojiza el cielo madrileño. Las llamas llegaron a alcanzar 40 metros de altura. Durante aquellas dramáticas horas fueron evacuadas unas 5.000 personas de la zona. Tuvieron que dormir en el polideportivo municipal. El desastre natural fue enorme. La zona contaba con un alto valor natural.
El bosque quemado estaba poblado con pinos mediterráneos repoblados a principio de siglo, matorral de jara, encinas y robles. Además, en el entorno vivían gatos monteses, jabalíes y otras rapaces.
El paisaje ha cambiado mucho desde entonces. Aunque la zona quemada fue protegida y ha sido objeto de varias actuaciones por parte de la Administración para recuperar la zona, los límites del monte padecen una fuerte presión urbanística.
La orilla negruzca de ceniza que delimita la zona calcinada ha dado paso a una serie de urbanizaciones. Hoy varios grupos ecologistas alertan de la proliferación de construcciones junto al monte. Aunque reconocen que la zona protegida está libre de ladrillo. "Ha habido un aumento espectacular de viviendas al borde del monte", explica Michael Harris, que pertenece a la plataforma Entorno Escorial, que defiende los valores naturales del paisaje de la sierra. "Hay cuatro o cinco puntos donde siguen construyendo: Pinar Real, Cebadillas Norte, Monte Escorial, Unamuno...", precisa. Para explicar la situación, Harris, aporta un dato. "Desde que ocurrió el incendio, hace 10 años, la población ha pasado de 10.000 a 17.000 habitantes en San Lorenzo. En El Escorial algo parecido", detalla. "El aumento de la construcción junto a una masa arbórea como el monte Abantos es peligroso. Hay más peligros de incendios, basuras, afección a las aguas freáticas del monte...", enumera Harris. La asociación de la que forma parte se opone al nuevo plan de ordenación urbana del municipio escurialense, que está en fase de estudio. Un plan que prevé la construcción de 850 nuevas viviendas, la mitad de protección oficial, y que afectaría a unas 317 hectáreas. Estos pisos que se levantarán en una pequeña dehesa junto al municipio estaban previstas antes del incendio en otra zona, la Era. Pero tras el incendio estos terrenos fueron protegidos.
Un portavoz de Arba, la asociación para la recuperación de bosques, explica que durante estos años se ha hecho un buen trabajo en el monte. "Pero a pesar del interés mostrado por la Administración regional plantando árboles autóctonos, destaca sobre todo la regeneración natural del bosque". Este portavoz recuerda que el bosque en el monte de Abantos nació a principios del siglo XX de forma experimental. La Comunidad de Madrid recuerda que desde el incendio ha plantado cerca de 440.000 ejemplares de diferentes especies, aunque muchas de ellas terminaron secándose. Ahora hay muchos pinos resineros, robles melojos y fresnos.
Por su parte, desde 2004 Arba ha plantado unos 3.000 árboles en la zona quemada. Robles, cerezos silvestres, espinos cervales, maíllos, majuelos, arces... "Pero habrá que esperar décadas para volver a ver el monte como antes", suspiran en Arba.
* ELPAIS.com - J. S. G. - Madrid - 20/08/2009
Foto: San Lorenzo del Escorial (Madrid) desde monte Abantos - madridiario.es
El Supremo elimina las restricciones a la urbanización junto a zonas húmedas
+,+salinas+-+levante-emv.com.jpg)
LEVANTE/Alicante* : El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el decreto por el que la Generalitat Valenciana aprobó en 2003 las zonas periféricas de protección del sistema de zonas húmedas del sur de Alicante -situadas en las Salinas de Santa Pola, Lagunas de La Mata y Torrevieja y El Fondó d'Elx y Crevillent-, y que había sido validado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 2004.
Sobre el terreno, la sentencia supone que se liberan de las restricciones de uso millones de metros cuadrados situados en el entorno de los tres espacios naturales, que ahora dependerán del planeamiento urbanístico de cada municipio. La mayoría del suelo está declarado como no urbanizable y tiene un uso agrícola, pero también afecta a zonas urbanizables que no se habían podido desarrollar por entrar en conflicto con el decreto de 2003, como parte de "El Raso" en Guardamar del Segura.
El Supremo anula esa resolución del Consell por considerarla contraria al ordenamiento jurídico, estimando un recurso de casación interpuesto por una mercantil (Servouropa) y un particular que litigaban contra este decreto desde 2003, al igual que media docena más de mercantiles.
La Sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo fundamenta su fallo en que la zona periférica de protección se puede establecer exclusivamente en los espacios naturales protegidos creados por una ley de rango estatal, la de Conservación de los Espacios Naturales y Flora y Fauna.
Y es que los humedales del sur de Alicante se concibieron por decreto de la Generalitat. El caso concreto que cita el fallo es la norma que legitimó el parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata el 10 de diciembre de 1996, en un decreto que además, subraya el tribunal presidido por el magistrado Mariano de Oro-Pulido y López, no contemplaba las zonas periféricas de protección desarrolladas después.
Esas franjas, llamadas ahora de amortiguación de impactos, se crearon con el objetivo de evitar actuaciones negativas sobre estos espacios y como instrumento de ordenación de usos y actividades en los los tres humedales con la finalidad de compatibilizar esos usos con los objetivos de protección.
Arbitrario
Lo que se traducía en la práctica en un cinturón de suelo de unos 500 metros en la que los propietarios del terreno tenían muy restringidas o prohibidas actividades como el desarrollo de planes urbanísticos, pero también obras para mejorar explotaciones agrícolas. Todas a expensas de autorizaciones del Consell. Los recurrentes a los que el Supremo da la razón sostienen además que los criterios de la Administración autonómica para fijar los usos dentro de la zona de protección eran "arbitrarios"
Sanción por el paseo
marítimo ilegal
El Tribunal Supremo, por otra parte, también ha declarado ilegal la reforma del paseo marítimo de Torrevieja, al considerar que invade la zona de dominio público marítimo-terrestre, reforma que, además, se ejecutó sin la autorización del Ministerio de Medio Ambiente, según señalaba ayer El Pais. La sentencia del alto tribunal sobre las citadas obras, que fueron una apuesta personal del alcalde, Pedro Ángel Hernández, sanciona al consistorio de la Vega Baja a pagar una multa de 833.000 euros. El Tribunal Supremo se ha pronunciado a raiz del recurso de casación presentado por el ayuntamiento, como consecuencia de la decisión de la Audiencia Nacional de dar legalidad a una resolución del Ministerio de Medio Ambiente por la que sancionaba al consistorio de Torrevieja por realizar las obras sobre terrenos de dominio marítimo terrestre sin autorización.
* Levante-EMV - D. PAMIES - 20.08.09
Foto: Vista de las Salinas de Santa Pola, con las urbanizaciones al fondo. carlos rodriguez, levante-emv.com
La Justicia en crisis
JOAQUÍN ESPINOSA Y OTROS* : Como profesionales y operadores en el ámbito de la Administración de Justicia y al servicio de la ciudadanía, queremos cumplir escrupulosamente con los principios de legalidad, libertad e igualdad, con respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas y a las garantías constitucionales y legales. Por ello, en los momentos actuales compartimos con las personas que, sin ser profesionales de este ámbito, muestran su sorpresa, escepticismo y hasta indignación por determinadas resoluciones judiciales que parecen amparar comportamientos que son, al menos, dignos del más enérgico reproche ético y social e indiciariamente constitutivos de delito, en casos comúnmente denominados de corrupción.
En estos tiempos tan difíciles para la credibilidad y confianza en la justicia, los que trabajamos a diario en la base de la misma, queremos hacer un llamamiento a las autoridades a quienes la Constitución y la Ley le atribuyen competencia en el ámbito de los distintos poderes públicos (Legislativo, Ejecutivo y Judicial), para que adopten las medidas oportunas, para que se tomen en consideración y se investiguen seriamente las causas de la pérdida de la confianza de la ciudadanía, a fin de lograr su recuperación.
Consideramos especialmente urgente revertir una situación, de la que parece desprenderse un mensaje al pueblo, en cuyo nombre los jueces y tribunales administran Justicia, que ésta es fuerte e implacable con los delitos y faltas cometidos por las clases sociales más humildes, incrementados en estos tiempos de crisis económica que no ha sido creada por quienes la padecen. Y, por el contrario, es débil y especialmente comprensiva con los presuntos delitos de corrupción, los delitos urbanísticos y los delitos patrimoniales de cuello blanco que se cometen por los grandes poderes económicos y altos cargos políticos o públicos. Una administración de justicia, en suma, poco proclive a someter a juicio estas conductas, por los Juzgados y Tribunales profesionales o por la institución popular del Jurado, reinstaurada en nuestro país desde el año 1995.
Ésa es una imagen de la Justicia en el estado español, que puede desprenderse de una realidad objetiva, que a estas alturas de la democracia, ha de combatirse con hechos. Siendo responsabilidad de todas las autoridades mencionadas, porque la democracia así lo exige, obrar con la rectitud exigible a los cargos que ostentan y adoptar cuantas medidas sean necesarias para recuperar el valor de la Justicia como digna e igual para todos.
* Este escrito viene avalado con la firma de Joaquín Espinosa Boissier, María Victoria Rosell Aguilar, Alfredo Crespo Sánchez, Mery Pita Cárdenes, Joaquín Sagaseta Parada, Miguel Ángel Parramón I Bregolat, José María Guerra Aguiar, Leonor Castro Henríquez, José Manuel Rivero Pérez, Manuel Sánchez Álvarez, Félix Parra Suria, y hasta cien firmas más.
* Telde Actualidad - OPINIÓN -15/08/2009
