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MÁLAGAHOY* : El ex alcalde del Valle de Abdalajís (Málaga) Tomás Gómez Arrabal (PP) se enfrentará a una petición fiscal de treinta años de prisión y 111 años de inhabilitación por doce delitos continuados de prevaricación urbanística. Además del ex regidor también se sentarán en el banquillo cuatro concejales para los que la Fiscalía también pide un total de 51 años de prisión por participar en algunos de los delitos de prevaricación urbanística, según la calificación fiscal.
En el relato acusatorio se destaca que los acusados "de común acuerdo, y con unidad de acción y propósito" como miembros de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento del Valle de Abdalajís, el primero como alcalde y los demás como concejales entre 2001 y 2004 concedieron numerosas licencias de obras.
El fiscal entiende que dichas licencias se concedieron "a sabiendas de que los expedientes administrativos incoados para ello, no se habían tramitado por el procedimiento legalmente establecido".
El ministerio público se basa en que no hacían constar el proyecto técnico respecto a las obras a realizar ni proyectos de actuación en los casos en que resultaba necesario "a pesar de que en todos constaba informe del técnico municipal, en el que se advertía de la necesidad de aportar tales documentos".
Además, en dichos expedientes también se unía un informe jurídico del secretario de la corporación municipal en el que se advertía que no reunían los requisitos necesarios para el otorgamiento de la correspondiente licencia.
A pesar de los citados informes jurídicos, los acusados presuntamente concedieron las licencias "a sabiendas de que por tratarse de una resolución contraria a derecho resultaban ser totalmente arbitrarias e injustas".
* Málaga Hoy - 18.04.09
Foto: Imagen del casco urbano del municipio de Valle de Abdalajís. - malagahoy.es
Piden 30 años de cárcel para el ex alcalde del Valle de Abdalajís por prevaricar
Acto de protesta contra la especulación dentro de la Oficina de Rehabilitación del Albayzin
INDYMEDIA/Granada* : Vecin@s y amig@s del Albayzin han entrado en la Oficina de Rehabilitación mostrando su disconformidad con las políticas que se están llevando a cabo en el barrio. Hoy, día 17 de Abril a las 11:30 de la mañana, un grupo de 15 personas subió a la Oficina de Rehabilitación del Bajo Albayzín (Junta de Andalucía) con el objetivo de denunciar las políticas de colaboración de esta institución publica con las entidades privadas (inmobiliarias y grandes propietarios) que están provocando la transformación y destrucción del carácter popular de este barrio, así como de la expulsión de sus vecinos y vecinas de siempre.
Para ello exigieron el envío de faxes de protesta desde la oficina a la Concejala de Urbanismo de Granada, Isabel Nieto, al delegado de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio Juan Espadas Cejas y al delegado de la UNESCO para España, Hugo Portillo Angulo.
Mientras tanto, frente a la Oficina un grupo de 40 vecin@s y amig@s del Albayzín realizó una concentración de protesta durante dos horas.
Todo trascurrió sin incidentes y tras una hora se consiguió que enviaran los faxes de protesta.
¡¡¡ No a la destrucción del Albayzín y sus vecinos y vecinas!!!
TEXTO REPARTIDO:
Un grupo de vecinos y amigos del Albayzín nos encontramos esta mañana aquí para protestar de forma pública por el papel que está cumpliendo la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada en la destrucción del barrio Albayzín y la expulsión de las personas que han vivido en él durante décadas.
Dentro de la Oficina de Rehabilitación hay un grupo de personas que llevan a cabo un acto simbólico de denuncia, con la intención de que se mande un fax a la Oficina Central de la Junta, en Sevilla, al Ayuntamiento de Granada y a la Unesco. En el fax se expresa la disconformidad de todas estas personas con las políticas que se están llevando a cabo en este barrio, remarcando la colaboración directa, a través de sus diferentes actuaciones, con intereses especulativos, así como sus trágicas consecuencias para los vecinos.
EL ALBAIZIN ESTÁ EN VENTA Razón: AYUNTAMIENTO Y JUNTA DE ANDALUCIA Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento se llenan la boca hablando de sus políticas de rehabilitación del Albayzín y, sobre todo, de que uno de sus objetivos es mantener en el barrio a su vecindario. La realidad es que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía se han empeñado en destruir el carácter popular de este tradicional barrio de Granada para reconvertirlo en negocio turístico.
Tras la declaración del barrio como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, se inyectó una enorme cantidad de dinero de la Unión Europea para su rehabilitación. Este dinero gestionado por las administraciones públicas ha servido de reclamo para atraer a inmobiliarias y grandes propietarios que comprando edificios en el barrio se aprovechan de estos fondos públicos para destruirlo y construir otro a su imagen, transformándolo en un parque temático, con casas nuevas y otros vecinos más ricos, donde los vecinos tradicionales y con pocos recursos ya no tienen lugar.
El papel que han jugado en todo esto las administraciones ha provocado en los últimos 15 años la expulsión de la mayoría de los vecinos mayores y con menos recursos. Algunos de los casos más sonados y escandalosos han sido el intento de expulsión de los vecinos de la Casa Cuna (Elvira 87-89) o la expulsión de los vecinos del número 10 de la Cuesta Marañas; ambos provocados por grandes propietarios buscando financiación pública para sus negocietes.
Da la casualidad que donde más han intervenido las administra- ciones, el Bajo Albayzín, es precisamente el lugar que conserva menos vecinos del barrio.
Pero la complicidad entre propietarios y administraciones no se queda aquí: recalificación de suelos –como en el Cerro de San Miguel-, concesión irregular de licencias para obras, venta de Patrimonio público, favorecer el uso del vehículo (aparcamientos subterráneos de pago, ampliación de la calzada de san Juan de los Reyes, conexión del Sacromonte por el Camino de Beas con el Fargue...), etc.
No es nada nuevo que la relación de las administraciones públicas con grupos de poder (políticos, empresarios…) convierta cada intervención en una oportunidad para beneficiarse de una u otra manera. En este juego de intereses las personas humildes se convierten en pequeños obstáculos en su camino. DENUNCIAMOS PÚBLICAMENTE LA RELACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES CON LA EXPULSIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL ALBAYZÍN Y CON LA ESPECULACIÓN EN ESTE BARRIO. LA CASA DEL AIRE: EL ACOSO INMOBILIARIO Y LA COMPLICIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES. La Casa del Aire se ha convertido en una “patata caliente” que se van pasando de unas inmobiliarias a otras, bajo la impunidad y las facilidades que las propias administraciones generan. Los propietarios, Edivara-Varasol, se niegan a realizar las obras de mantenimiento y rehabilitación que el edifico necesita esperando a que sus ocupantes se cansen y lo abandonen por su propio pie, así el negocio de la rehabilitación será redondo. La vecindad tras seguir las vías que ofertaba el Ayuntamiento para conseguir la expropiación del edificio por falta de mantenimiento y acabar con este juego especulativo, se encuentra con la excusa de que como los vecinos han hecho arreglos en el edificio, el Ayuntamiento no “puede” declarar que exista falta de mantenimiento y por tanto no puede expropiar; esta visión se contradice con la que aportan otros técnicos de la misma entidad (ITE)-. A su vez, cuando se llama a las puertas de la Oficina de Rehabilitación del Bajo Albaicín, la vecindad de la Casa del Aire se encuentra con la negativa de la Junta de Andalucía a intervenir. MORALEJA: A pesar de tanta palabrería de las instituciones sobre el barrio y la rehabilitación parece que para poder pedir la expropiación de un inmueble por falta de mantenimiento tienes que dejar que se te caiga literalmente la casa encima. Si no lo haces, no puedes evitar legalmente que se continúe con el acoso inmobiliario. Por todo esto, tras agotar los trámites administrativos disponibles para evitar el continuo destrozo de la casa y del Albayzín, nos vemos en la obligación de denunciar públicamente el desprecio que tiene el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía por este barrio y sus gentes.
¡¡NO A LA DESTRUCCIÓN DEL BARRIO ALBAYZÍN Y SUS VECINAS Y VECINOS!!
* Indymedia Estrecho - 17.04.09
Foto: estrecho.indymedia.org
El TSJ frena el hormigón en la costa de Dénia
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ELPAÍS/Alicante* : La Generalitat ha recibido un duro varapalo en Dénia después de que el TSJ haya anulado una resolución de la Consejería de Territorio que permitía a las promotoras incrementar la altura de miles de futuros bloques de apartamentos en la costa. La citada resolución fue dictada en 2007 como una corrección al planeamiento urbanístico redactado un año antes por el gobierno local de PSPV y BNV, al que ahora el tribunal ha dado la razón.
Ésta es la enésima ocasión que una sentencia avala la política restrictiva que socialistas y nacionalistas, en la oposición tras la moción de censura de julio, intentaron aplicar en el litoral de Les Marines, pero con un matiz importante: antes los tribunales se pronunciaron contra las promotoras pero ahora lo han hecho contra la Administración autonómica.
Territorio pretendía que todas aquellas parcelas urbanas en el anterior Plan General de 2000 y que hubieran perdido parte de su superficie por el deslinde marítimo-terrestre en la costa o por la inclusión del río Racons en el Catálogo de Zonas Húmedas se vieran compensadas con el aumento de edificabilidad en los terrenos en los que aún pudieran construir. En la práctica, esta decisión suponía incrementar la barrera de hormigón.
El TSJ, sin embargo, considera que esta propuesta "carece de sentido" debido a que, en lo que respecta a primera línea de playa, Territorio se amparaba en un Plan General anulado por el propio tribunal en 2003 y que era mucho más agresivo que el Plan Transitorio redactado por PSPV y BNV. En cuanto al río Racons, la sentencia añade que esta zona está protegida como humedal desde 2002 y que todo el paraje que el viejo PGOU, entonces en vigor, consideraba urbano pasó entonces a "suelo no urbanizable de especial protección".
* ELPAÍS.com - A. RUIZ - Dénia - 18/04/2009
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
El juez del caso Plan Territorial cita como imputados a Grande y Ramonell
DIARIODEMALLORCA* : El magistrado de instrucción 6 de Palma, Miquel Florit, ha citado, en calidad de imputados, al ex president del Real Mallorca y propietario del grupo de empresas Drac, Vicenç Grande, y al ex alcalde de Montuïri por el Partido Popular Joan Antonio Ramonell dentro del sumario por el llamado caso Plan Territorial de Mallorca (PTM), una presunta trama de corrupción político-empresarial en torno a dicha norma de planeamiento.
Grande, defendido por Joan Font, ya figuraba como encausado en las diligencias. El promotor inmobiliario y empresario turístico prestó declaración hace11 meses ante el juez Florit y ahora ha sido convocado de nuevo para que amplíe sus explicaciones.
La fiscalía anticorrupción y la Guardia Civil tratan de esclarecer si, con ocasión del proceso de elaboración del Plan Territorial, y, más en concreto, de las llamadas áreas de reconversión territorial, hubo tráfico de información privilegiada y se benefició a un determinado grupo de promotores inmobiliarios y empresarios turísticos o de la construcción.
Los pelotazos urbanísticos generados por la presunta trama fueron millonarios. También se sospecha que destacados políticos que intervinieron directamente en la elaboración del instrumento normativo por parte del anterior Consell de Mallorca, o desde el Govern, recibieron sobornos igualmente substanciosos.
Una de las operaciones que se está investigando con mayor detenimiento es el trasvase de unos dudosos derechos urbanísticos desde la finca AS16 de Alcúdia a un predio rústico de Marratxí, es Crevers.
Grande compró es Crevers, según él, para hacer allí un campo de golf con unos 600.000 del millón de metros cuadrados del predio. El promotor selló una opción de compra sobre el millón de metros cuadrados de es Crevers que todavía poseía la familia Barceló Ventayol. Los dueños, en años anteriores, habían vendido ya a otras personas 700.000 metros cuadrados del antiguo predio de Marratxí.
En 2005 se ejecutó la opción de compra y Grande pagó unos 14 millones de euros, con lo cual adquirió suelo urbanizable a 14 euros el metro cuadrado aproximadamente.
En junio del 2004 el también promotor inmobiliario Mateo Sastre, del grupo Ibercon y dueño de la AS-16, firmó una opción de compra con Grande por el 60 por ciento de es Crevers y pactó pagar 41 millones de euros, lo que equivalía a unos 68 euros por metro cuadrado. Esta opción de compra se consumó en 2005. Un testigo asegura que el mismo día se protocolizó ante notario la consumación de la opción de compra por Grande y la venta a Sastre de es Crevers.
Unos 46 millones de euros
Grande en su declaración ante Florit elevó el precio de venta de la posesión a Ibercon hasta unos 46 millones de euros, incluyendo el IVA. El encausado añadió que 12 de esos 46 millones fueron a parar a manos de los Barceló Ventayol y el resto "al movimiento normal del negocio de Binipuntiró (el buque insignia de su holding) y al pago de impuestos".
Ahora, los investigadores han reconstruido el rastro de esos millones traspasados al Grupo Drac y han encontrado que 1,7 millones ingresaron en la sociedad Joieria Colon 9 S.L., de la que el ex alcalde de Montuïri Joan Antonio Ramonell habría ocupado el cargo de administrador único.
Ramonell, que hace semanas se postuló como sucesor de Grande al frente del Real Mallorca, ha sido citado para que dé explicaciones de aquella operación y aclare el destino del dinero.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE - 17.04.09
Foto: Mallorca, plan territorial - diariodemallorca.es
Piden 8 años a la ex alcaldesa de Aguadulce por una licencia «manifiestamente ilegal»
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ABC/Sevilla* : La Fiscalía ha pedido nueve meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para cargo público para la ex alcaldesa de Aguadulce (Sevilla) Isabel Ortiz Fernández (PSOE) por conceder una licencia "manifiestamente ilegal" para la ampliación de tres naves en un suelo no urbanizable.
El escrito de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente explica que la ex alcaldesa concedió el 19 de octubre de 2006 la licencia, pese a que previamente el arquitecto municipal y la secretaria del Ayuntamiento le habían advertido de que sólo podía hacerlo con un proyecto de actuación previo y con la autorización de la delegación provincial de Obras Públicas.
"Pese a esas advertencias, la acusada, consciente de la ilegalidad de su proceder, sin recabar el proyecto de actuación ni los informes sectoriales", autorizó la licencia solicitada.
Se trataba de unas obras de ampliación de tres naves destinadas a una granja de engorde de pavos situada en el paraje "El Pozuelo", donde según el fiscal no se cumplían las distancias mínimas exigidas de 500 metros respecto a otras instalaciones. El sucesor en la alcaldía, Joaquín Benítez (IU), dictó la paralización de los trabajos el 21 de noviembre de 2007, tras acceder al cargo y ser informado de las irregularidades, según el fiscal.
En consecuencia, afirma el fiscal, la acusada "concedió la licencia sin analizar el contenido de un proyecto de actuación urbanística que ni siquiera existía, sin recabar informes sectoriales que eran imprescindibles antes de la licencia y contra el criterio manifestado por los técnicos incluso el mismo día de conceder la autorización manifiestamente ilegal".
En el juicio que se celebrará en los próximos meses, una vez calificado el caso por la defensa de la ex alcaldesa, el fiscal solicitará para ella nueve meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para todo cargo o empleo público.
* ABC - 17.04.09
Foto: Aguadulce (Sevilla) - pueblos-espana.org
El ex alcalde de A Guarda admite que usó facturas falsas para justificar obras
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ELCORREOGALLEGO* : El ex alcalde del municipio pontevedrés de A Guarda José Luis Alonso Riego (PP) reconoció ayer en la Audiencia Provincial de Pontevedra que justificó con facturas obras no realizadas para no perder la subvención concedida. Alonso Riego se enfrenta a una petición de condena de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación por justificar, mediante facturas falsas, la ejecución de unas obras para las que recibió subvenciones.
Durante el juicio celebrado ayer en la Audiencia Provincial de Pontevedra Alonso Riego reconoció que en 2005, siendo alcalde de A Guarda, solicitó y recibió sendas subvenciones de la Xunta y la Diputación por valor, respectivamente, de 13.000 y 10.000 euros, para realizar obras municipales.
Según explicó, se trataba básicamente de obras de adecentamiento del Ayuntamiento, porque "se encontraba en un estado lamentable y próximamente iba a celebrarse un hermanamiento con la República Dominicana".
Alonso Riego reconoció también que estaba al corriente de que, para no perder esas subvenciones, las obras tenían que realizarse dentro de un determinado plazo. Por eso solicitó a las empresas adjudicatarias de los trabajos que facturasen la obra y, un día antes del vencimiento del plazo, justificó los trabajos pese a que no se habían realizado.
"Las obras estaban iniciadas", insistió el alcalde, pero admitió que no estaban rematadas debido a que "no se pudieron empezar a tiempo porque, contrariamente a lo que pasa ahora, en aquel momento en la construcción había mucho trabajo". Pese a su insistencia en que las obras estaban "avanzadas", el arquitecto técnico municipal, a requerimiento de la Interventora, aseguró que en el momento de remitir las facturas a la Xunta y la Diputación "no estaban ni iniciadas".
Su informe fue lo que desencadenó la denuncia judicial a cargo del actual alcalde de A Guarda, el socialista José Manuel Domínguez Freitas, quien hoy aseguró que el dinero de las subvenciones está en el Ayuntamiento, pero las facturas siguen sin pagarse.
La Fiscalía acusó también de falsedad documental al entonces concejal de Cultura, Celso Rodríguez Fariñas, que dio el visto bueno a las facturas, pese a saber que los trabajos no se habían realizado.
* El Correo Gallego - E.P. PONTEVEDRA - 16.04.09
Foto: Desembocadura del río Miño (frontera entre España y Portugal), en Camposancos, La Guardia - wikipedia.org
Ciutadella: La Fiscalía pide penas de prisión para los ex ediles de Urbanismo
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MENORCAINFO* : La Fiscalía pide penas de prisión para los dos ex ediles de Urbanismo del Ayuntamiento de Ciutadella, el empresario Antoni Picó Ginard y tres técnicos del área municipal por su implicación en el caso de la parcela de las ratas. En el escrito de acusación, la fiscal solicita un total de 7 años de privación de libertad para Llorenç Casasnovas por falsedad documental, tentativa de malversación y fraude en la administración pública por instigar la operación de compra-venta del solar propiedad de Sebastián Marqués.
La acusación de la Fiscalía pide más de 2 años de prisión al empresario mallorquín, Antoni Picó, acusado de cometer un delito de fraude. Por su parte, en el escrito se solicitan 2 años de privación de libertad a Avel·lí Casasnovas por tentativa de malversación.
Falsedad
La imputación de la fiscal también afecta al entonces gerente de Urbanismo, Xavier Quintana, para el que pide un mínimo de 2 años por colaborar en falsedad de documentos, una pena que también imputa a Filomena Salord, asesora jurídica municipal cuando sucedieron los hechos.
Asimismo, la Fiscalía pide una pena de 4 años y medio a la entonces arquitecta municipal, Marian Castro, por falsedad en las tasaciones de los solares que tenían que ser objeto de la permuta.
Según fuentes jurídicas consultadas, el escrito de la Fiscalía considera que las valoraciones fueron falsificadas y que llevar al pleno la permuta de la parcela de las ratas por un solar urbano fue un acto constitutivo de tentativa de malversación: se retiró del orden del día justo antes de su aprobación plenaria.
El escrito de la fiscal no imputa en ninguno de los casos el delito de estafa que había solicitado la acusación particular del jubilado afectado contra los dos ex concejales.
La Fiscalía, el órgano judicial imparcial, con su escrito de acusación obliga a la celebración del juicio y a que los ex ediles de Urbanismo, el empresario mallorquín y los tres técnicos se sienten en el banquillo como imputados por el caso de las parcela de las ratas. Cabe señalar que con la acusación, la fiscal declina un posible sobreseimiento del caso. En este sentido, el titular del Juzgado de lo Penal está obligado a abrir el juicio.
Recursos
No obstante, el juicio no podrá celebrarse hasta que no se resuelvan los dos recursos pendientes. Uno presentado por el PSOE, que pidió también la imputación del entonces arquitecto municipal, Sergi París; y otro presentado por Filomena Salord, que consideró que su actuación no debía ser objeto de acusación. Ambos recursos deben ser resueltos por la Audiencia Provincial. Por otro lado, falta que el PSOE y el PSM presenten sendos escritos de acusación por ser parte denunciante en el proceso.
En la fase del juicio oral, deberán declarar como imputados frente al juez los ex responsables de Urbanismo, los técnicos del área, testigos y el empresario mallorquín que formalizó la compra de la parcela.
La instrucción se inició en 2005 y está pendiente del juicio oral
El Ayuntamiento de Ciutadella retiró en 2005 del orden del día de la sesión plenaria la propuesta de permuta de la parcela de las ratas por un solar edificable en el Carrer Creu para Antoni Picó. El PSOE denunció que las tasaciones habían sido manipuladas. El empresario mallorquín había comprado la parcela de las ratas a Sebastián Marqués, un jubilado, por 24.000 euros, con la presunta intermediación del entonces edil de Urbanismo, Llorenç Casasnovas. El PSOE, el PSM y el Fòrum Ciutadà presentaron una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que aceptó la instancia y presentó una querella. A continuación, el PSOE se personó con las acusaciones de malversación de fondos públicos, negociación prohibida y tráfico de influencias. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ciutadella llevó la instrucción inicial del caso. Según fuentes judiciales el procedimiento se encuentra en la fase final. El Ministerio Fiscal ya ha presentado la acusación. La sentencia dependerá del Juzgado de lo Penal de Menorca. En enero de 2008, el Defensor del Pueblo aceptó a trámite la queja formulada por el PSOE referente al retraso en la instrucción del juicio por el caso de la parcela de las ratas. En el expediente figuran como imputados los entonces concejales de Urbanismo, Avel·lí Casasnovas y Llorenç Casasnovas, cuatro técnicos como cargos de confianza y el empresario mallorquín Antonio Picó. La parcela sigue en estado de abandono y el Colegio Pere Casasnovas ha reclamado su desratización en repetidas ocasiones.
* Menorca.info - L.B. Ciutadella - 17.04.09
Foto: Ciutadella (Menorca) - esdiari.com
Un juez anula una promoción de 300 pisos ya construidos en La Pobla de Vallbona
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LASPROVINCIAS/Valencia* : El PAI La Vigueta de La Pobla de Vallbona ha sido declarado nulo por la sala segunda de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La singularidad del caso es que está finalizado desde hace dos años y consta de 300 viviendas ocupadas. La sentencia todavía no es firme ya que cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
Federico Máñez, dueño de 55 metros cuadrados, no estaba conforme con la indemnización de 16.615 euros que le asignaron en el proyecto de reparcelación, pese a ser superior a la inicial de 12.198. Por ello recurrió a los tribunales y con fecha 3 de diciembre de 2007 el juzgado contencioso-administrativo número 4 de Valencia le concedió una parcela pro indiviso, circunstancia que fue recurrida por el Ayuntamiento y está pendiente de decisión.
Sin embargo, ha llegado antes la actual sentencia, notificada el pasado día 7 al interesado, cuyo abogado es su hermano Vicente Máñez. Según el letrado, "el ayuntamiento y el urbanizador desoyeron las demandas de mi hermano. En un primer momento nos dieron la razón, le otorgaron una indemnización, pero luego le reconocieron el derecho a tener una parcela con otros propietarios pro indiviso. Ahora recurrí el PAI en su conjunto porque la forma de ejecutar la urbanización fue irregular".
Según Vicente Máñez, "no cumplía la ley y había una forma muy dispar de repartir las cargas de urbanización. Se hizo por manzanas, de forma no justificada. El tribunal ha decretado la nulidad de todo el PAI según lo que ordena la jurisprudencia del Tribunal Supremo".
Argumenta el abogado que la base es "haberse adjudicado el PAI sin licitarse públicamente la urbanización tal y como exige la Ley Urbanística Valenciana. Todos los propietarios estuvieron de acuerdo menos mi hermano".
Lo que ocurrirá a partir de ahora es una incógnita. "Al declarar nula la aprobación definitiva del PAI habría que convocar una nueva licitación pública para urbanizarlo, ¡pero ya lo está! Es un acto administrativo nulo, pero no podemos taparnos los ojos, allí existen edificios. Queremos ver qué solución se le puede dar, pues tarde o temprano se tendrá que ejecutar la sentencia y habrá que llegar a un entendimiento", afirma.
"Se gestionó perfectamente"
La alcaldesa de la localidad, Mari Carmen Contelles, considera que esta sentencia "ya no tiene sentido porque el PAI se recepcionó por el anterior Ayuntamiento del pentapartido. Es un PAI pequeñito, de 50.000 metros cuadrados, y la sentencia dice que se gestionó perfectamente cumpliendo la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, aunque que a partir de ahora se ha de hacer con la Ley Urbanística Valenciana. Pero ya no tiene sentido porque está acabado".
Contelles se reunió ayer con el gabinete jurídico del Ayuntamiento para analizar el contenido de la sentencia y concluyó diciendo que "en ella no hay nada que se reproche al Ayuntamiento y corrobora su buena actuación".
* Las Provincias - 17.04.09 -F. D. C.
Foto: La Pobla de Vallbona (Valencia) - laregioninternacional.com
Colectivos defienden el Parque del Milenio en los terrenos de Renfe
LAOPINIÓN/Granada* : Una veintena de asociaciones reivindica el proyecto de un gran pulmón verde en el corazón de Granada con una extensión de 260.000 metros cuadrados. Las grandes urbes se complementan con espacios verdes de dimensiones generosas que dan un respiro a los pulmones y a una vista contaminada por los macizos de cemento y cristal. En Madrid está El Retiro, en Nueva York, Central Park y en Londres, Hyde Park. En la capital granadina el único gran parque es el que lleva el nombre de su poeta más insigne Federico García Lorca.
La ciudad adolece de zonas verdes que le permitan cumplir las normativas que rigen el urbanismo. No se atiene a la legislación europea, a la nacional ni a la autonómica. En la actualidad existen 2,5 metros cuadrados de naturaleza sobre el asfalto por habitante, cuando la proporción mínima debería ser de cinco.
Esta asignatura pendiente con la ecología es la que ambicionan aprobar las asociaciones integradas en la Plataforma por el Gran Parque Central del Milenio en Renfe. Se cuentan hasta 24 organizaciones vecinales, de ciudadanos, de mujeres, empresariales y de agricultores. Su objetivo es dotar a la capital de un espacio verde que se extendería a lo largo de 260.000 metros cuadrados. Representantes de los diversos colectivos se dieron cita ayer en las inmediaciones del antiguo Estadio de la Juventud para exigir que presten atención a sus peticiones y acepten un proyecto que consideran reportará calidad de vida a los granadinos, además de erigirse en un importante atractivo turístico y económico.
Patrimonio. La presidenta de la Plataforma Ciudadanos por Granada y Mujeres por Granada, Remedios Murillo, habló de las bondades de una iniciativa que aprovechará las infraestructuras que Fomento implantará en la capital y en el área metropolitana. "Las inmediaciones del Estadio de la Juventud en Camino de Ronda es el único lugar desde el que se ve la Granada Renacentista, la Granada árabe y el gran fondo de Sierra Nevada", señaló. Murillo enfatizó sus afirmaciones asegurando que si se pierden estas vistas privilegiadas con construcciones, se pierde un gran patrimonio.
La conmemoración del Milenio es la oportunidad para pedir a las administraciones competentes que se decidan a dotar a la capital de este espacio. "Las autoridades alegarán que para costear la futura estación del AVE se necesita construir en los terrenos de Renfe. Es verdad, que el Ayuntamiento no tiene fondos. Por ello, queremos acogernos a la percha del Milenio", sentenció la presidenta de Ciudadanos por Granada, quien recordó que la ciudad no ha contado con grandes eventos como unas olimpiadas o una exposición universal que le hayan dado un impulso definitivo.
Sus palabras fueron ratificadas por colectivos vecinales y de agricultores concentrados en la zona. "La Vega y el parque están sembrados. Es de sentido común transformar estos terrenos tan deteriorados en un magnífico parque", destacó Trinidad Sánchez, representante de la asociación Vega Sur.
Comentó que no apoyan a ninguna formación política y que su única motivación es defender una extensión de la capital que sería beneficiosa para sus habitantes colapsados por edificios y carreteras.
Su propuesta, que está siendo ultimada por un equipo de arquitectos, se concreta en un parque de 260.000 metros cuadrados, que se extendería desde la avenida Severo Ochoa hasta el barrio de La Chana.
El espacio tendría cinco veces más tamaño que el Parque García Lorca y se completaría con dos vías verdes: una que parte hacia la zona de la Vega y otra hacia el pantano de Cubillas. La medida recoge que la estación de Renfe esté soterrada con un mirador exterior que posibilite disfrutar del paisaje.
* La Opinión de Granada - M. JOSÉ SEGURA - 15.04.09
Foto: Representantes de la plataforma, ayer, ante los terrenos de Renfe. Charo Valenzuela, laopiniondegranada.es
Los afectados por el urbanismo desordenado de Cantabria apelan hoy a Bruselas
TERRA* : La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) expondrá hoy al Parlamento Europeo (PE) la problemática de las viviendas con sentencias firmes de derribo en Cantabria, una comunidad en la que, en los últimos quince años, los tribunales han declarado ilegales un millar de casas.
Se trata de urbanizaciones repartidas por toda Cantabria, pero que se concentran, sobre todo, en municipios costeros como Arnuero, Argoños, Miengo o Piélagos. En gran número de casos, se trata de segundas residencias.
La asociación ecologista ARCA (Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria) ha impulsado la mayor parte de las demandas que han concluido en sentencias de demolición en la comunidad autónoma.
Su vicepresidente, José Ángel Herrera, ha explicado a Efe que, tras la actuación de la asociación, está la idea de que la solución al modelo urbanístico de 'masificación' que atenta contra el paisaje de Cantabria está en la ordenación del territorio, 'con buenas normas y buenos estudios técnicos'.
Para propiciar un cambio en el modelo urbanístico, ARCA se ha movilizado en numerosas y variadas acciones y, al tiempo, ha denunciado ante los tribunales.
Según Herrera, las 700 viviendas que se han declarado ilegales a instancias de ARCA en los últimos años son tan sólo 'la punta del iceberg', porque 'si la asociación tuviera más recursos económicos, no hubieran sido 700, sino 7.000' las casas con sentencias de derribo.
Sin embargo, los afectados reivindican sus derechos sobre unas viviendas adquiridas y que, tras las órdenes de derribo, pierden todo su valor convirtiendo en 'víctimas' a sus moradores, que ni siquiera han sido parte en los pleitos entre ARCA y los ayuntamientos.
Antonio Vilela, portavoz de AMA, la asociación que agrupa a gran parte de esos afectados, resume en pocas palabras el sentir de los propietarios: 'Si la Administración ha sido la culpable, que sea ella la que pague'.
Vilela ha mostrado su esperanza en que la comparecencia ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) sirva para concienciar sobre la situación de los propietarios y para reivindicar una mayor seguridad jurídica en la compra de viviendas.
Para ello, una de las propuestas que AMA planteará a la Comisión de Peticiones es la creación de un registro de demandas sobre viviendas y que, en el momento de la compra, los notarios tengan que informar si hay algún problema sobre la propiedad.
Los afectados apuestan por la legalización de las viviendas en los casos que sea posible y por permutas o indemnizaciones cuando no haya expectativas de 'salvación'.
En esa última situación podría estar la urbanización de la Playa de La Arena, en el municipio de Arnuero, que se ve, tanto por los afectados como por los ecologistas, como la bandera y el icono de las urbanizaciones con sentencias de derribo en Cantabria.
Esta urbanización está integrada por 144 pisos (aunque inicialmente se proyectaron más), situados a unos 200 metros de la playa de La Arena de Isla, una zona que, antes de construirse, era un encinar que los ecologistas trataron de defender de la entrada de las máquinas, hasta llegar a detenciones por resistencia.
Por ello, los promotores de las sentencias de derribo no quieren ni oír hablar de posibilidades de legalización para los pisos de La Arena, mientras que sus propietarios no entienden por qué a esta urbanización se le ha colgado un 'sambenito' de paradigma de atentado urbanístico.
Iñaki Zabalo, que posee un piso en La Arena, cuenta cómo los residentes en esa urbanización han sido pioneros en la lucha por la legalización de viviendas con sentencias de derribo a lo largo de quince años (la sentencia que anula la licencia de La Arena es de 1994), 'en los que ha pasado de todo'.
'Nosotros somos los que tenemos que aceptar una sentencia de derribo cuando para nada somos culpables. Todas las sentencias establecen la culpabilidad a partes iguales entre la Administración regional y local', resalta Zabalo, que insiste en que, sin embargo, los únicos 'paganos' de esos fallos judiciales son los propietarios de las casas.
Aunque los propietarios 'no tienen nada en contra' de ARCA, Zabalo y sus vecinos le reprochan a esta organización su postura respecto a La Arena mientras hay otros puntos de Cantabria, 'como Castro u otros sitios de Noja en donde no han hecho nada'.
Una de las mayores quejas de los afectados es que ninguna administración ofrece alternativas para dar una solución a su problema. Lamentan que, desde algunos ámbitos, se apunta que el suyo 'es un mal efectivo, pero no real', a la espera de la ejecución de los derribos, lo que no hace sino 'alargar la pesadilla'.
De alguna forma los ayuntamientos afectados también viven esta situación. 'Esto es una espada de Damocles que tenemos los ayuntamientos', indica a Efe el alcalde de Arnuero, José Manuel Igual.
Como inicio de solución, sólo existe el plan que el Gobierno de Cantabria elaboró, por mandato del Parlamento regional, para analizar la situación de las casas y urbanizaciones sobre las que pesan sentencias de derribo. Pero, al mismo tiempo, los tribunales apremian a los alcaldes con multas y denuncias ante la Fiscalía para que no demoren más el cumplimiento de las sentencias.
Aunque el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José María Mazón, ya esbozó, al presentar el documento ante la Comisión de Urbanismo de la Cámara, que solamente en algunos casos está abierta la posibilidad de la no demolición.
Si bien ese plan del Gobierno se ha visto como 'un balón de oxígeno' por AMA, desde esta asociación se lamenta que ese documento carece de presupuesto y plazos concretos. Sus asociados solicitan al Ejecutivo que 'se ponga las pilas' para agilizarlo.
* Terra Actualidad - EFE - 16.04.09
Foto: EFEMM
El TSJ declara nulo el estudio detalle del área de transformación del Campus de Vigón
NOTICIASDEBURGOS* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el estudio detalle que presentó la Universidad de Burgos para la conversión de los terrenos del Campus de Vigón en suelo urbanizable no consolidado, al considerar que no cumple con la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
De este modo, se estima parcialmente el recurso presentado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público “Francisco de Vitoria” contra la aprobación de dicho estudio en un pleno municipal.
Según la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el estudio detalle elaborado por SOGIUBU sería nulo porque se basa en una ficha del Plan General de Ordenación Urbana que incumple la normativa, tanto en lo que se refiera a la obligatoriedad de ceder parte del suelo recalificado al Ayuntamiento de Burgos, para destinarlo a aparcamientos, espacios verdes y equipamientos, así como a la altura máxima permitida para los futuros edificios, que supera los 14 pisos.
En su momento, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Público “Francisco de Vitoria” presentó un recurso contra el acuerdo de pleno que aprobó dicho estudio de destalle sobre el área de modificación del Campus de Vigón, que fue rechazado por el consistorio burgalés.
Con esta sentencia, el TSJ estima parcialmente dicho recurso y reconoce también que el proyecto de cambio de calificación de los terrenos responde, no al interés general, sino a un interés económico de la Universidad de Burgos, dado que el dinero recaudado de la venta de los terrenos iría destinado al pago de la construcción del campus único en La Milanera.
Desde el equipo de gobierno municipal, el alcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, no ha querido pronunciarse sobre la sentencia y ha insistido en que el Ayuntamiento de Burgos actuó en este caso como un intermediario, al tramitar una propuesta de interés general. Debe ser la Universidad de Burgos la que tome la decisión sobre el futuro del proyecto.
Por su parte, los socialistas han criticado que, una vez más, la Justicia considere ilegal una decisión del Ayuntamiento de Burgos, en lo que se refiere al acuerdo plenario sobre el estudio detalle, y ha insistido en que, antes de pedir responsabilidades a los ciudadanos, tendría que ser el consistorio el primero que cumpliese las leyes. El concejal Luis Escribano no ha querido entrar a valorar los intereses de la Universidad de Burgos en este proyecto.
Independientemente de que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se pueda recurrir en casación, la Universidad de Burgos tendrá ahora que modificar el proyecto sobre el Campus de Vigón para poder seguir adelante con su intención de vender los terrenos y poder financiar el campus único de La Milanera.
* Radio Arlanzón - Noticias - 16.04.09
Foto: Burgos - google
El Parlamento europeo destapa nuestras vergüenzas
COTIZALIA* : Nuestros políticos nos han vuelto a defraudar. Una vez más nos han abochornado. Esta vez en Europa. La novedad es que ha sido de forma consensuada. Los eurodiputados europeos, exceptuando los españoles, opinan de forma generalizada que en España nos hemos pasado, que nuestras instituciones no funcionan. Los nacionales han respondido que no, también de forma consensuada. Se han unido por una vez –por qué no lo harán para algo bueno- para intentar tapar sus (nuestras) vergüenzas. El consenso, aunque por razones opuestas, ha sido absoluto por ambas partes.
El pasado 26 de marzo la Eurocámara aprobó un texto en el que se denunciaban las arbitrariedades y abusos urbanísticos y medioambientales cometidos en España. Como muestra, un botón de la declaración:
“S. Considerando que se han dado muchos casos en que todas las administraciones, central, autonómicas y locales han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas,
U. Considerando que existen cada vez más pruebas de que las autoridades judiciales en España han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva en muchas zonas costeras, en particular mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos quienes, por sus acciones, han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados sin precedentes en detrimento de los derechos de los ciudadanos de la UE, que han conllevado daños irreparables a la biodiversidad y la integridad medioambiental de muchas regiones de España; considerando que el Parlamento ha observado, sin embargo, en respuesta a estas acusaciones, que los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos, y que ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española; considerando que debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la instancia de recurso procedente, una vez agotadas las vías nacionales, es el Tribunal de Derechos Humanos,
V. Considerando que esta actividad extendida que respaldan las autoridades locales y regionales irresponsables a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa, como lo ha hecho la aplicación laxista de las legislaciones urbanísticas y medioambientales vigentes en las Comunidades Autónomas españolas en algunas actuaciones urbanizadoras, así como la aparición de algunos casos relevantes de corrupción ocasionados por ellas,
W. Considerando que los Defensores del Pueblo regionales han intervenido frecuentemente, en circunstancias muy difíciles, para defender los intereses de los ciudadanos de la UE en casos relacionados con abusos urbanísticos, aunque en general, las autoridades regionales han desoído sus esfuerzos,”
Ha sido contundente el Parlamento Europeo. Aunque no queramos asumirlo, eso es lo que piensan en Europa de nosotros, por abrumadora y democrática mayoría: 349 votos a favor, 110 en contra (nuestros representantes en pelotón), 114 abstenciones.
Resumámoslo:
* Nuestro modelo de desarrollo –afortunadamente ya quebrado- es insostenible. Ha tenido y está teniendo gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas.
* Ha producido daños irreparables a la biodiversidad y la integridad medioambiental de muchas regiones de España.
* Nuestra legislación es inadecuada y en ocasiones injustificada, especialmente la autonómica.
* Nuestra justicia peca de falta de actuación, es parcial y de una lentitud desmedida.
* Ha habido una aplicación laxista de las legislaciones urbanísticas y medioambientales vigentes en las Comunidades Autónomas españolas.
* Estamos invadidos de funcionarios locales corruptos, y no solo locales.
* Son responsables del desaguisado tanto las autoridades nacionales, como las autonómicas y locales.
* No distingue entre partidos: es generalizado.
En definitiva, Europa está señalando con el dedo a los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nos debería hacer recapacitar. ¿O es que acaso toda Europa nos tiene manía?
Si los partidos políticos españoles han sido capaces de ponerse de acuerdo para intentar tapar las vergüenzas mutuas, para avergonzar a cualquier europeo de bien, deberían ser capaces de ponerse de acuerdo en acabar con la corrupción, con el cochambroso pesebre nacional, autonómico y local; la subasta a la baja de la naturaleza y el medio ambiente, el destrozo a manos de intereses mezquinos de todo paraje que merece la pena conservar y cuidar, nuestras costas y árboles; de proteger los intereses de muy pocos en contra de los de la mayoría; de los nombramientos digitales de ministros, consejeros, asesores, directores, expertos o secretarios inoperantes; esa caterva de personajes de dudosa moralidad y profesionalidad que justifican y amparan las chapuzas y las corruptelas. ¿Y se llaman a sí mismo demócratas? ¿Es esa la igualdad que predican?
Hay que empezar a crear una legislación adecuada y coherente; un sistema lógico y transparente de gestión y toma de decisiones que beneficie a los ciudadanos, un consenso a favor de todos; una justicia que funcione; un reparto de competencias sensato.
Acabar con las políticas de hechos consumados que ponen en manos de la justicia –o lo que queda de ella- asuntos que saben muy bien que no se resolverán hasta dentro de diez o quince años, mientras tanto se consuma el desaguisado y sus responsables siguen disfrutando de la poltrona; que se resolverán –si alguna vez se hace- cuando el daño ya está hecho, cuando ya no se puede volver atrás. Tropelías que se podrían haber evitado si habitásemos un auténtico Estado de Derecho.
Aunque aquí todavía tengamos la boina, la chapela o la barretina bien calada, el resto de los europeos tienen todo el derecho del mundo, y hacen muy bien, en decirnos lo que hacemos mal; una versión postmoderna del Traje nuevo del Emperador, el maravilloso cuento de Andersen que nos descubre que estamos desnudos de decencia, de profesionalidad, de sentido común y de honestidad. Es lo que tiene ser europeos.
Y nosotros, los ciudadanos españoles y de tantas micronaciones que la contienen, seguimos sin querer enterarnos; nos hemos convertido, por nuestra desidia y comodidad, en cómplices necesarios de tales abusos.
Hoy quería haber continuado hablando de los biocombustibles o de cualquier otro tema, pero a veces la triste actualidad se impone. Lo dejaremos para otro día.
Señores políticos: ¿podrían por favor dejar de avergonzarnos de una vez?
Ciudadanos, ¿no deberíamos regenerar y cuidar entre todos nuestra todavía joven –tantos sudores costó- pero ya agónica democracia? ¿Poner coto a tanto desmán? Poco futuro podremos construir con instituciones que no funcionan.
Dentro de poco son las elecciones europeas. ¿Serán nombrados candidatos dignos ciudadanos, esos primus inter pares de cualquier democracia que se precie? ¿O seguirá siendo cementerio de dinosaurios políticos y otros especímenes depredadores al calor de suculentos ingresos?
Es tiempo de reflexión.
* Cotizalia.com - José M. de la Viña - 16/04/2009
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Costas derriba una edificación ilegal en la playa de Chipiona
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DIARIODECÁDIZ* : El conocido Bar 'Eduardo' situado en la playa de las Tres Piedras de la localidad de Chipiona ha sido derribado hoy tras decretar la Demarcación de Costas de Andalucía Artlántico su demolición por estar situado en dominio público marítimo-terrestre y considerarlo «ilegal».
La maquinaria de derribo ha comenzado a trabajar a las diez de la mañana y las tareas de demolición del popular chiringuito playero se han llevado a cabo con total normalidad.
El propietario del Bar Eduardo se ha trasladado a otras instalaciones cercanas, a escasos treinta metros, que ya no se encuentran dentro del dominio público marítimo-terrestre, desde donde seguirá ofreciendo servicios de hostelería.
Según anunció ayer la Demarcación de Costas de Andalucía Atlántico el derribo conlleva también la restitución ambiental de una zona de aparcamiento que se encuentra cerca del establecimiento.
Con este acto se culmina un expediente resuelto el 14 de noviembre de 2007, al carecer el interesado de título alguno que le habilitara para ocupar el dominio público, según establece el artículo 31.2 de la Ley de Costas.
Indica la fuente que durante todo el procedimiento, la Demarcación de Costas concedió al propietario del establecimiento todos los cauces establecidos por la Ley para la resolución del mismo conforme a derecho, existiendo, por tanto, una aceptación por parte del ocupante de la instalación de la norma aplicada.
* Diario de Cádiz - EFE - 15.04.09
Foto: Familiares de Eduardo observan el derribo del bar ubicado en la playa de las Tres Piedras de Chipiona. /Borja Benjumeda, diariodecadiz.es
La denuncia que inició el caso de La Muela desveló obras millonarias sin pasar por el pleno
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HERALDO/Zaragoza* : Obras municipales por valor superior a tres millones de euros sin pasar por el pleno, saldos de cantidades similares sin justificar, contrataciones a dedo de personal y de trabajos y venta de suelo público sin la preceptiva autorización. Estos son los principales hechos que desencadenaron la Operación Molinos y que culminaron con la detención de la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, y de dieciocho personas más, así como con la imputación de otras siete.
La investigación se originó a raíz de una denuncia presentada por una mujer ante la fiscalía en octubre de 2007, por presuntos delitos de prevaricación y defraudación de caudales públicos. Ante la documentación aportada por la denunciante, la Fiscalía recabó la colaboración del Grupo de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior para investigar los hechos y, al concluir que podía haber indicios de delito, remitió el caso al Juzgado Decano de Zaragoza, para su reparto. Las diligencias le tocaron a Instrucción 4, el cual se inhibió a favor de los juzgados de La Almunia, competentes del partido judicial de La Muela.
Entre los hechos que denunció la que ahora es uno de los dos testigos protegidos que hay en la causa, figura el hallazgo de asientos contables sospechosos en la Sociedad Urbanística La Muela S. A. Esta sociedad municipal (gestionada por Aranade, cuyo presidente está imputado y en libertad bajo fianza) presentó al cierre del ejercicio de 2005 unas cuentas en las que se recogían importes de más de tres millones de euros por ejecuciones de obras sin que existiera encargo del Ayuntamiento.
También un saldo a favor de la sociedad municipal por otros tres millones en obras sin reconocer por el Consistorio al no estar presupuestadas. Según fuentes cercanas al caso, estos apuntes podrían tratarse de anotaciones ficticias con el objeto de maquillar presuntamente las cuentas.
Además, a la fiscalía se le aportó documentación que hablaba de que se había enajenado suelo municipal sin autorización del pleno del Ayuntamiento de La Muela, así como que se habían hecho numerosas contrataciones a dedo de empresas, así como de personas que han accedido a puestos de trabajo sin pasar por ninguna prueba.
El juez comenzó su investigación a partir de estos hechos, que luego se ha ido alimentando con otros nuevos surgidos al hilo tanto de los datos aportados por la Policía, como de escuchas telefónicas y comprobaciones de empresas, patrimonios, cuentas y adquisiciones de los principales imputados.
Tres de ellos, la alcaldesa, María Victoria Pinilla y el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, ambos del PAR, y el empresario madrileño José Carlos Fernández Delgado, se encuentran en prisión provisional desde que comparecieran ante el juez del caso.
Tanto el abogado de la primera edil, Javier Notivoli, como el del empresario, Carlos Pardo, han solicitado la libertad de sus clientes mientras que el letrado del concejal, Fernando Lacruz, espera a conocer el contenido de las diligencias para conocer en detalle las pruebas que pesan sobre él.
* Heraldo - MARTA GARÚ. Zaragoza - 15.04.09
Foto: La Policía llevaba casi 18 meses investigando el caso cuando se produjeron las detenciones. - ROGELIO ALLEPUZ, elperiodicodearagon.com
La Guardia Civil entrega a la Fiscalía las conclusiones del caso de Colmenar
MÁLAGAHOY* : Los agentes consideran que hay indicios de que el alcalde, que no está imputado como por error publicó este periódico el domingo, podría haber incurrido en prevaricación. La Fiscalía de Medio Ambiente ya tiene en sus manos las conclusiones de la investigación abierta por la Guardia Civil al Ayuntamiento de Colmenar por haber concedido una licencia de primera ocupación a una construcción convertida en vivienda cuando sólo tenía permiso para la ejecución de una nave agrícola.
Tras el cierre de las diligencias, será el Ministerio Público el que decida si ha existido algún tipo de delito por parte de los implicados en la tramitación de la licencia.
De momento, según fuentes cercanas al caso, hay nueve personas investigadas. Entre ellas, están el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández Palomo (PSOE), por un presunto delito de prevaricación, aunque no está imputado como por error publicó este periódico el pasado domingo, ya que será la Fiscalía la que determine su situación legal.
También aparecen en la investigación la ex arquitecta municipal, A. B. A. -esposa del jefe adjunto del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial, José Mora, quien está en prisión por su presunta implicación en la trama Arcos de Alcaucín-, a quien los agentes aprecian indicios de presunta prevaricación. Junto a éstos, han sido investigados dos promotores y otro arquitecto por un presunto delito de falsedad documental.
Los hechos denunciados se remontan al año 2003 cuando el Ayuntamiento de Colmenar emitió un informe favorable, en contra de lo señalado por el secretario municipal, para permitir la construcción de una vivienda en un solar donde estaba autorizado una nave agrícola. La presunta irregularidad fue detectada por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que inspeccionó el inmueble advirtiendo anomalías en el expediente.
El secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, dio su respaldo al alcalde y negó que pueda compararse un presunto delito de prevaricación con uno de corrupción urbanística. A este respecto, recordó que su formación ha expulsado de sus filas a todos los regidores que han resultado imputados por esta causa, a diferencia de lo hecho por el PP.
* Málaga Hoy - Mayte Cortés · S. S.- 14.04.09
La Comunidad aceptó recalificar suelo a Roca junto a las salinas de La Manga
LAVERDAD/Murcia* : La Comunidad Autónoma dio su visto bueno en el año 2003 a la petición del constructor Mariano Roca Meroño, uno de los dueños de las salinas de Marchamalo, de recalificar 18 hectáreas de suelo agrícola junto a ese humedal, protegido por varias leyes ambientales.
A través de la empresa Unisur SA, el promotor de Pozo Estrecho planteó a la Dirección General del Medio Natural la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y Cabezo Gordo para poder construir una «urbanización de baja densidad».
El entonces director general del Medio Natural, Carlos Brugarolas, respondió a la alegación presentada por Roca al citado PORN dando su «criterio favorable» al cambio de uso del suelo.
Esa decisión, comunicada a Unisur el 17 de octubre del 2003 (según la documentación en poder de La Verdad) sigue en vigor, ya que el PORN sigue en fase de tramitación. Eso sí, Brugarolas no llegó a remitir a la empresa el «certificado medioambiental» que ésta le pidió para conocer las características de las edificaciones permitidas. Se remitió a la tramitación del PORN.
El visto bueno a estas pretensiones adquiere ahora mayor relevancia, después de que este diario ha revelado que otra empresa de Roca (Salinas de La Manga SL) recibió de la Comunidad Autónoma 135.000 euros del año 2004 al 2007 por conservar las salinas mediante la extracción de sal, a pesar de que la compañía no tuvo actividad industrial.
Lo Poyo y Novo Carthago
La organización ecologista Anse, que exige la devolución de las ayudas públicas por fraude, viene denunciando el presunto interés del constructor en «dejar que las salinas se sequen» para conseguir su recalificación urbanística.
Según los cálculos de los naturalistas, sólo junto a las salinas Unisur SL podría construir de 1.500 a 2.000 viviendas, lo que supondría «un impacto brutal sobre una zona de gran valor paisajístico y de fauna y flora del entorno del Mar Menor».
La petición de Roca a la Comunidad se basó en un informe de «mejora ambiental de la unidad ecológica» de las salinas elaborado por la empresa Ambio SA.
Ésta es la misma compañía que redactó el estudio de impacto ambiental a las promotoras de las macrourbanizaciones de Lo Poyo, anulada por el Gobierno regional por la conexión de la compraventa de los terrenos con el caso Malaya, de corrupción urbanística en Marbella; y de Novo Carthago, que investiga la Fiscalía.
La tramitación de esta última urbanización, de 5.000 viviendas y un campo de golf, sigue adelante.
* La Verdad - 15.04.09 -JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ| CARTAGENA
Foto: El humedal, con varias charcas con la sal sin recoger, hace unos días. / J. C. CAMPOY / AGM
Continuar, satisfactoriamente, en la crisis
ORIOL BOHIGAS* : Si uno deja de mirar la triste realidad y atiende sólo a los frívolos textos periodísticos y a los dictámenes de las otras frivolidades, se puede casi afirmar que esa crisis financiera y económica tan cacareada es, de momento, un paso positivo para la mejora cotidiana de nuestra sociedad. Nos hemos pasado años construyendo una línea de batalla progresista contra el abuso depredador del turismo, contra las incomodidades circulatorias y contaminantes de los automóviles, contra las fórmulas abusivas del consumismo, contra la destrucción urbanística de nuestras costas y de nuestras periferias urbanas.
Y ahora vemos como, de golpe, todo ello se está superando, no precisamente por el éxito de unas políticas sociales sensatas o unos programas económicos radicales, sino gracias a la inesperada maldición de una crisis que ha caído como una plaga universal. Una plaga cuyas consecuencias parecen ser teóricamente positivas o, por lo menos, indicadoras de un momentáneo triunfo de aquella línea de batalla. Las fábricas de automóviles cierran o reducen sus producciones; el turismo decae y empieza a liberar calles, playas y hoteles; el consumo y la inflación caen en picado; la construcción en los paisajes de la costa y en los suburbios se para radicalmente y deja vacías y disponibles más de un millón de viviendas. Redondeando el panorama esperanzador, los gobiernos ofrecen, para reducir el paro obrero, unos grandes programas de obra pública que seguramente solucionarán definitivamente buena parte de los déficit de nuestras viejas y pobres infraestructuras. Finalmente, incluso alguien anuncia la guinda del pastel, la del buen gusto: el secretario de una entidad empresarial alarmaba hace días a la ciudadanía diciendo que si no se superaba la crisis, las empresas no podrían participar en los habituales servicios colectivos como, por ejemplo, los vomitivos adornos luminosos de las fiestas navideñas. Una ganancia para el buen gusto colectivo y una elegante reducción de la euforia consumista. Con este panorama, parece que hay que persistir en esta crisis que, por sí sola, enfoca tantos temas recurrentes pero a menudo olvidados en tantas campañas electorales que abanderan el progresismo ecológico y sostenible.
Dejando aparte las exageraciones y los sarcasmos de las paradojas, hay que reconocer algunas lecciones de cierta trascendencia en la experiencia de esta crisis. La primera va dirigida a los ciudadanos conservadores, a los que directa o indirectamente esperan y apoyan la continuidad de un sistema que, para simplificar, podemos considerar presidido por el mercado y por la potencia del consumo. Estos ciudadanos entenderán ahora, definitivamente, que no se pueden permitir veleidades reformistas. Si quieren recuperar el éxito del sistema, deben dejar de preocuparse por la polución de los automóviles, por la mutilación del paisaje y por la invasión de un turismo bárbaro que anula realidades sociales y culturales. Deben aceptar, sin coqueteos humanistas, las consecuencias negativas más aparentes del sistema, porque son indispensables en su misma formulación. Si no quieren crisis, que se conformen con los inconvenientes del consumo. Ya se está viendo de qué manera los políticos y los economistas apoyan ahora la fabricación de automóviles como una de las bases indispensables de la recuperación. Ni siquiera los ecologistas y los ambientalistas, las izquierdas del verde y la sostenibilidad, se atreven a contradecirlo: salen de una campaña a favor de un urbanismo que limite la circulación rodada o de un sistema de infraestructuras de acero, contra las de goma y asfalto, y ya tienen que aceptar que, sin proteger a fondo la industria del automóvil, la economía internacional no funciona. Si esto es así, que lo reconozcan en sus programas políticos y que no hablen más a través de dos altavoces contradictorios.
Otra lección de la crisis, completamente opuesta, puede ser recogida por los ciudadanos que, sinceramente, esperan algún cambio: la crisis, bien interpretada y bien encauzada y asumida, puede ser el principio de una gran experiencia de transformación. Nunca habíamos tenido la industria del automóvil tan dispuesta a aceptar una caída irreversible; nunca la construcción había llegado a tal envejecimiento económico y productivo; nunca el turismo había anunciado una tal necesidad de remodelación; nunca había habido tantas viviendas vacías destinadas al abandono o a un aprovechamiento social anticomercial de urgencia; nunca ha habido una inflación tan baja. Es la misma crisis, pues, la que ofrece los instrumentos para un cambio radical. ¿Sabremos aprovecharlos? Depende de su persistencia y del acierto de las intervenciones correctivas. De momento, quizá convenga estabilizarse en ella y cambiar costumbres y energías en cualquiera de los dos bandos: o dejar de criticar los embotellamientos, el bajo turismo y la bárbara mutilación de las costas -entre muchos más problemas de índole parecida- para aceptarlos como base de estructuración de un sistema incorregible, o reclamar la puesta al límite de las condiciones revolucionarias que ofrece la crisis. Pero me temo que no ocurrirá ni lo uno ni lo otro. Quizá el único gesto eficaz será la guinda del buen gusto que anunciaba aquel empresario: un par de años sin los abominables adornos navideños, un par de años con menos exhibición consumista que señalarán tímidamente los gestos de una revolución inevitable pero todavía lejana.
* Oriol Bohigas es arquitecto.
* ELPAIS.com - Opinión - 15.04.09
Barcelona: Ciudad de cemento
ADN* : A Barcelona le faltan zonas verdes. No sólo por comodidad, calidad de vida o estética. También para preservarla salud de sus ciudadanos. La capital catalana cuenta con una media de 6,6 m2 de superficie verde urbana por habitante, lejos de los parámetros que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera "imprescindibles", que se sitúan entre 10 y 15 m2 de zona verde urbana por habitante.
Vitoria, la más 'verde'
En España, según los datos recogidos por el Observatorio de la Sostenibilidad en el estudio Sostenibilidad local. Una aproximación urbana y rural, sólo siete ciudades superan este umbral: Cáceres, Girona, Cádiz, Logroño, San Sebastián, Madrid y Vitoria. La capital alavesa, con 39 m2 por habitante, es la ciudad española con más verde urbano. Madrid, con 17 m2, es la única de más de 500.000 residentes que está en los niveles de la OMS, casi triplicando a Barcelona.
En el caso de la capital catalana, la ciudad cuenta con 68 parques que suman 559 hectá reas. La estadística no tiene en cuenta las zonas forestales, que suponen 1.795 hectáreas, correspondientes a Collserola.
El primer gran parque, la Ciutadella, se creó en 1873. Fue en la primera mitad del siglo XX cuando se extendieron las principales zonas verdes, como los jardines de Montjuïc (1929), el Turó Park, la Font del Racó o los jardines del Palau de Pedralbes. La Guerra Civil frenó esta expansión verde y en la posguerra sólo se crearon los parques de Cervantes y la Guineueta, aunque se compraron fincas para abrirlas al uso público. Fue el caso de la Villa Amèlia, l'Oreneta, Les Aigües y el laberinto de Horta.
Ya con la democracia, se crearon el Parc Miró y la Espanya Industrial pero la presión urbanística ha frenado nuevos espacios, a excepción delos interiores de manzana en el Eixample. Desde 2003 no ha variado la superficie de zona verde por habitante.
* ADN - Lluis Tusell Coloma - 14.04.09
Foto: Barcelona, eixample - es.geocities.com
Las ruinas del narcotráfico
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ELPAÍS/Galicia* : Lujosas mansiones, veloces planeadoras, barcos nodriza y todo tipo de costoso mobiliario embargados en los últimos cinco años a las redes del narcotráfico que operan en las rías gallegas y con un valor total de unos 30 millones de euros, sucumben al paso del tiempo y la ruina. Una situación de abandono que supera a los juzgados, impotentes para garantizar que estos bienes adquiridos con el dinero de la droga puedan revertir al Estado.
Nadie se atreve a cuantificar las pérdidas surgidas tras largos años de embargos preventivos porque son incalculables si la estadística se remonta al principio de la guerra contra el narcotráfico, que comenzó en Galicia en 1990 con la Operación Nécora. La falta de una legislación específica ha provocado que decenas de narcobuques hayan acabado devorados por el salitre, en el fondo del mar o incluso como refugio de personas sin techo. Algunos puertos, como el de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), se han convertido en cementerios marinos.
En los depósitos de Aduanas y en las comandancias de Marina se amontonaron durante años planeadoras y lanzaderas, con todos sus instrumentos de navegación, que utilizaban contrabandistas de tabaco y narcotraficantes, y en las comisarías de policía, vehículos de todas las gamas se fueron aparcando hasta convertirse en chatarra.
Tampoco han corrido mejor suerte muchas de las propiedades embargadas por la Audiencia Nacional en la década de los 90. Algunas que pertenecieron al famoso clan de Los Charlines fueron saqueadas o acabaron arruinadas. Sólo llegó a venderse en 2008, por 15 millones de euros, el Pazo de Baión, la mansión de Laureano Oubiña, 12 años después de ser incautado.
Los legisladores no tuvieron capacidad de reacción ante la sucesión de redadas antidroga y de todo lo que estaba por llegar con el nuevo milenio en operaciones contra el blanqueo de dinero. Sólo a partir de 2006, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal permitió enajenar bienes que fueran objeto o instrumento de delito. Un año antes, otra normativa dejó vía libre a las autoridades portuarias para disponer, siempre que lo autorizase un juez, de los barcos fondeados, ante el enorme riesgo que suponía su atraque sine die. Pero en la práctica la norma es insuficiente. La saturación impide vender o sacar a subasta todos los bienes.
Así proliferan casos como el de los 50 inmuebles embargados a Antonio Pouso Rivas, Pelopincho, un camarero de Ribeira (A Coruña) convertido en narcotraficante. Están abandonados a su suerte y sin administración judicial desde hace cinco años. Un hotel a pie de la playa, chalés con piscinas climatizadas, enormes pantallas de plasma, frigoríficos de última generación y todo tipo de lujoso mobiliario se devalúan cada día. Además, comunidades de vecinos reclaman los gastos de algunos de los 20 pisos embargados que Pelopincho tenía a nombre de otros tantos testaferros.
El fiscal especial Antidroga de Pontevedra, Marcelo de Azcárraga, admite que la Justicia aún se ve impotente mientras se repite la situación de abandono de barcos y propiedades equipadas sin reparar en gastos. Azcárraga afirma que la incautación y la gestión de los patrimonios siguen huérfanos de una regulación específica, y que no existe una cultura judicial de la enajenación anticipada, ni los que deben instarla están mentalizados para ello, porque en contados casos se aplica la normativa. "Y es precisamente a través de esta medida cómo el ciudadano percibe que la Justicia actúa, produciendo un efecto ejemplarizante y también de alivio al comprobar que el delincuente no desarrolla su actividad impunemente. Estos datos deberían constituir suficiente acicate para que el legislador regulara con eficacia y precisión unas medidas de efectos tan notables", explica.
Desde el principio de su dilatada carrera contra el narcotráfico, Azcárraga dice que ha captado una permanente reticencia, tanto por parte de jueces como de fiscales, a la hora de incautar bienes, a pesar de su evidente deterioro y del elevado coste de su custodia. "Es el encorsetamiento burocrático que envuelve la instrucción penal y que resulta más llamativo, si cabe, cuando al titular de los bienes se le han intervenido los teléfonos, se le detiene, se allana y se registra su domicilio y, por último, ingresa en prisión por tráfico de drogas, mientras la embarcación en la que había portado la droga queda amarrada en un puerto hasta convertirse en chatarra", señala.
Además de la creación de un depósito general de bienes embargados, el fiscal propone crear un organismo dedicado a esta tarea. "Es decir, eliminar las reticencias de jueces y fiscales, encomendándoles la labor estrictamente jurisdiccional, y obtener los mejores rendimientos económicos del patrimonio incautado, que implica una mayor financiación para el desarrollo de políticas sociales de los drogodependientes. Es el Plan Nacional sobre Drogas el que dispone de los medios adecuados para asumir estas funciones porque es el último destinatario de los decomisos y el más interesado en recibirlos. Para ello bastaría la reforma de su normativa reguladora", apunta.
La Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional está diseñando fórmulas para la incautación de bienes que estarían reguladas en un convenio que implique a varios ministerios.
Las últimas fortunas por salvar
Desde 2004, la fiscalía de Pontevedra ha emprendido su propia cruzada contra el blanqueo de dinero cuya cuenta de resultados no tiene parangón. Sólo en dos investigaciones de la Agencia Tributaria, la valoración de los bienes incautados supera los 35 millones de euros. En fianzas -algunas de dos millones de euros- y en dinero decomisado -2,8 millones de euros- la caja general de depósitos arroja superávit.
En algunos casos, la administración judicial recurre a empresas privadas para llevar a cabo la compleja gestión de estos bienes, como es el caso del holding inmobiliario que el narco vigués Juan Carlos González Martín, Culebras, utilizaba para blanquear dinero. Su yate Neitiños (valorado en medio millón de euros) sigue atracado en el puerto de Baiona esperando un nuevo dueño. El barco, que tiene muchos pretendientes, ha tenido que ser reparado después de sufrir daños en el casco durante un temporal, pero el juzgado de Vigo, saturado de asuntos, aún no ha podido venderlo.
Recientemente, otros obstáculos se abren ante la nueva tecnología que utilizan los narcos. Los juzgados tienen que enfrentarse a la destrucción de enormes y veloces planeadoras intervenidas porque carecen de documentación y han sido construidas en astilleros ilegales. Además de costoso, este proceso exige múltiples gestiones burocráticas porque son de poliéster, un material muy contaminante, y su incineración tiene que cumplir requisitos medioambientales.
Aún no se sabe qué pasará con la última lancha confiscada, valorada en más de 1,5 millones de euros, una fórmula 1 para el transporte de cocaína que ha dejado a los investigadores boquiabiertos.
Coste incalculable
- La Administración admite que es imposible cuantificar las pérdidas en bienes embargados desde la Operación Nécora, en 1990.
- Existen decenas de buques devorados por el salitre, y parte del patrimonio de Los Charlines ha sido saqueado.
- Medio centenar de inmuebles, entre ellos chalés de lujo, están abandonados.
- El fiscal Antidroga de Pontevedra propone que los patrimonios los gestione el Plan Nacional sobre Drogas.
* ELPAIS.com - ELISA LOIS - Vilagarcía de Arousa - 14/04/2009
Foto: Pazo Villa Real, en Vilanova de Arousa, Pontevedra, expropiado al narcotraficante Manuel Charlín y que está semiabandonado.- ANDRÉS FRAGA, elpais.com
El fiscal pide inhabilitar a alcalde de Burguillos por una licencia "caprichosa"
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DIARIODESEVILLA* : El fiscal ha pedido este lunes nueve meses de cárcel y ocho de inhabilitación para cargo público para el alcalde de Burguillos, José Juan López (PSOE), por dar una licencia "manifiestamente ilegal" y que "corre el riesgo de ser llamada caprichosa".
En el juicio que ha celebrado el juzgado penal 12 de Sevilla, el fiscal ha destacado que la licencia concedida en agosto de 2006 tenía los informes en contra de dos técnicos municipales, uno de los cuales llegó a advertir al alcalde de que podría incurrir en responsabilidad penal.
La licencia autorizó a la empresa Castillo de Lennen construir unas viviendas en la calle Real de la localidad con una planta más de las previstas en las normas urbanísticas vigentes entonces en el municipio.
El alcalde ha aprovechado su derecho a la última palabra para defender que cuando otorgó la licencia "había un vacío jurídico rotundo" y "no existía legalidad urbanística sino seis o siete leyes distintas".
Ha dicho a la juez que es alcalde desde 1995 y que su pueblo ha experimentado en los últimos años "una transformación sin precedentes", por lo que lo único que tuvo claro es que "era un momento en que había que ofrecer viviendas al mercado y aquel era un proyecto de desarrollo".
No ha opinado así el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, quien ha recordado que la licencia tenía dos informes técnicos "claramente desfavorables", y por ello la normativa vigente "no se puede sustituir por un difuso interés público o general", que "se presta a interpretaciones personalistas".
Además, ha señalado que el decreto del alcalde que otorgó la licencia no tenía ninguna referencia a dicho interés general, no motivó la discrepancia respecto a los informes técnicos y tampoco la concedió condicionándola a la futura aprobación del PGOU, como ha hecho este lunes en el juicio.
Este caso fue denunciado por el PP municipal, cuyo letrado, Luis García Navarro, ha elevado hoy su petición de condena a dos años de cárcel y diez de inhabilitación para cargo público.
La defensa del alcalde, que ejerce el letrado José María del Nido, ha afirmado que la acusación particular pretende conseguir del juzgado la inhabilitación del alcalde "que no ha conseguido en las urnas" y ha insistido en que la concesión de licencia en un suelo que no está protegido, sino que es urbano residencial consolidado, está despenalizado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Además, cuando la licencia tiene unos fines sociales, se requiere "un dolo al cuadrado" y que la actuación sea "clamorosamente ilegal", lo que no ha sucedido en este caso, según el abogado.
Teniendo en cuenta el principio de intervención mínima del derecho penal, ha dicho del Nido, autorizar una planta más en un edifico "no puede ser considerado delito de prevaricación urbanística, eso sería criminalizar la vida política y administrativa".
* Diario de Sevilla - EFE - 13.04.09
Foto: Burguillos (Sevilla), ayuntamiento - wikipedia.org
