,+tapado++por+Greenpeace+-+greenpeace.jpg)
ELPAÍS/Almería* : Sesenta activistas de la ONG Greenpeace han comenzado unos minutos después de las 07.00 de la mañana a cubrir el hotel El Algarrobico (Carboneras, Almería) con una tela de unos 18.000 metros cuadrados como señal de protesta por la "pasividad" del Gobierno en la expropiación de los terrenos de playa sobre los que se ha levantado el mastodonte de 20 plantas.
Junto a la tela que poco a poco está tapando la fachada del complejo, escaladores de la organización ecopacifista han colgado una pancarta con el lema "Parque natural sin hotel ilegal", mensaje este que también mostrarán dos zodiacs desde el mar. Hasta el lugar se han personado efectivos de la Guardia Civil que, por el momento, han identificado a algunos de los activistas sin frenar la protesta, informan fuentes de Greenpeace.
La ONG asegura en un comunicado haber tenido acceso a un informe encargado por el Ministerio de Medio Ambiente a la Abogacía del Estado para ver cómo la sentencia de nulidad del permiso de obras fallada en septiembre afectaría al proceso de expropiación. Según Greenepeace, el informe "aboga por abandonar el proceso de expropiación" sin ningún argumento jurídico de peso.
El expediente de expropiación de los terrenos e inmuebles en el paraje de El Algarrobico, de la empresa Azata el Sol, fue publicado en el BOE el 28 de marzo de 2006 tras el freno a las obras por orden judicial. Sobre la construcción del polémico hotel pesan 12 pronunciamientos judiciales en contra por vulnerar la Ley de Costas. Esta fija de forma general una zona protegida de 100 metros. El Algarrobico está levantado a unos 28 metros de la línea de mar.
"A pesar de todas las sentencias sobre la ilegalidad del hotel de El Algarrobico, el Ministerio que se supone debe defender el Medio Ambiente ha decidido paralizar la recuperación de los 100 primeros metros de playa" ha declarado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace, desde la playa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar donde se encuentra el hotel. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería dictó la nulidad de la licencia de obras de El Algarrobico el 5 de septiembre de 2008. El titular del juzgado halló entonces indicios de delito en la actuación de las administraciones.
La empresa propietaria, Azata el Sol, ha anunciado ya que denunciará a Greenpeace por el "asalto" e "invasión" del edificio, informa Efe.
* ELPAIS.com - 12/02/2009
Foto: Una zodiac de Greenpeace con la pancarta "Parque natural sin hotel ilegal" protesta contra el hotel El Algarrobico al fondo semicubierto- Greenpeace
Greenpeace hace 'desaparecer' El Algarrobico para denunciar que Medio Ambiente frena su expropiación
El Parlamento Europeo critica el urbanismo salvaje de España y amenaza con suspender las ayudas
PÚBLICO/Bruselas* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), con la oposición de los eurodiputados españoles del PP y el PSOE, ha aprobado un informe en el que critica con dureza la "urbanización masiva" en España y en el que sugiere suspender las ayudas de la UE al país en caso de que no se remedien los problemas.
El texto de la eurodiputada danesa Margrete Auken (Los Verdes) ha salido adelante con 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención y pasará ahora al Pleno de la Eurocámara, que lo someterá a votación el próximo mes de marzo para su aprobación definitiva. Finalmente, las principales enmiendas planteadas por el PP y el PSOE para suavizar el informe fueron rechazadas por el resto de parlamentarios, que sí aprobaron otras que hacen aún más contundente la crítica.
"El PSOE y el PP españoles se han quedado aislados, marginados. Sus argumentos no convencen a nadie, porque hay miles de ciudadanos que han visto los abusos urbanísticos, los impactos ecológicos de este modelo", ha destacado tras la votación el eurodiputado verde español David Hammerstein, compañero de grupo de la ponente Auken.
Las dos principales fuerzas españolas habían presentado un buen número de enmiendas similares para tratar de eliminar del informe algunos de los puntos más críticos, entre ellos el llamamiento a la Comisión Europea y al PE para que suspendan las ayudas a España procedentes de fondos regionales y de cohesión si el desarrollo urbanístico viola normas europeas. Sin embargo, los votos de socialistas y populares de otros países decantaron la balanza a favor de la línea más crítica, que denuncia la "destrucción masiva" en las islas y zonas costeras mediterráneas a través del "cemento y el hormigón" y las "ganancias excesivas" del sector de la construcción durante los años de expansión económica.
Corrupción endémica
La Comisión de Peticiones considera que en España se "ha generado una forma endémica de corrupción" a causa de la falta de claridad y de aplicación adecuada de las normas sobre propiedad individual y respeto del medio ambiente. Además, los eurodiputados expresan en el informe su "preocupación" por las "dificultades" que, a su juicio, han encontrado las autoridades judiciales para hacer frente a las repercusiones de la "urbanización masiva" y consideran "alarmante la falta de confianza generalizada" en el sistema legal expresada por los cientos de ciudadanos que han protestado ante el PE.
Finalmente, ha quedado fuera del texto la petición de una "moratoria" de los planes urbanísticos sin garantías, pero se llama a las autoridades españolas a que "revisen y controlen" todas las nuevas planificaciones que "no tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social".
El eurodiputado de IU Willy Meyer ha conseguido incluir enmiendas en las que se califica el modelo urbanístico español de "expoliador de los bienes culturales" y en las que se considera que las altas previsiones de desempleo y el aumento de la deuda pública son "consecuencias" de ese modelo. También a propuesta de Meyer, la Comisión de Peticiones insta Gobierno español a abrir un debate público con todas las administraciones para "tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible".
* Público - EFE - Bruselas - 11/02/2009
Foto: Parlamento europeo, Strasbourg - Cédric Puisney, wikipedia.org
Garzón investiga los vínculos de la red con un 'pelotazo' en Castellón
,+playa++-+mma.es.jpg)
ELPAÍS* : El juez Baltasar Garzón ha imputado al constructor José Luis Ulibarri, que aparece en múltiples conversaciones grabadas donde el cabecilla de la supuesta red corrupta, Francisco Correa, le cita para hablar de grandes pelotazos urbanísticos cuyos beneficios se iban a repartir a medias.
Correa llega a comentar que en la adjudicación de una parcela en Boadilla del Monte a una empresa de Ulibarri se ganó una comisión. "Le he vendido mi barco a Ulibarri. En la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarle. Me interesa seguir haciendo negocios cuatro años en Boadilla", señala.
También habla de Ulibarri para comprar unos terrenos en un municipio alicantino y lograr unas plusvalías de "12.000 kilos". El proyecto no cuajó.
En la denuncia sobre la red corrupta también aparece un supuesto pelotazo en Xilxes (Castellón) que sí parece haberse consolidado. La empresa UFC, propiedad de Ulibarri, forma parte del accionariado de Xilxes Golf Resort. La sociedad presentó un programa para construir, sobre 1,7 millones de metros cuadrados, un campo de golf y 6.500 viviendas. El suelo afectado era, en su totalidad, rústico pero fue recalificado como urbanizable, al margen de las áreas reservadas como zona verde y suelo terciario.
El Plan de Actuación Integrada (PAI) pasó la tramitación y obtuvo el informe positivo sobre la declaración de impacto ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. En mayo pasado, la Comisión de Urbanismo, que es la que ha de dar el último aprobado a los proyectos y que depende del Gobierno de Francisco Camps, dio el visto bueno a la actuación aunque requirieron al Ayuntamiento para que realizara unas correcciones sobre la necesaria reserva de suelo para la construcción de viviendas de protección oficial y modificaran un aspecto de los accesos.
Aunque entonces fuentes del departamento calificaron las modificaciones de "no muy importantes", ayer se afanaron en señalar que el proyecto no tiene la aprobación definitiva, ya que ha de volver a pasar por la Comisión de Urbanismo. En cualquier caso, el aprobado, con condiciones, de la comisión se realizó pese a la existencia de un informe negativo de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que señaló que no estaban garantizados los recursos hídricos para este desarrollo. Como en otras ocasiones, la Generalitat Valenciana consideró que los informes de la CHJ no son vinculantes.
El informe favorable a este PAI se incluyó en la primera tanda de resoluciones positivas que adoptó el Gobierno valenciano en 2008, después de que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, constructores y empresarios del golf, entre otros, arremetieran contra el Ejecutivo valenciano por los supuestos retrasos en la aprobación de programas urbanísticos.
La sociedad que inicialmente, en 2004, presentó el proyecto estaba formada por promotores de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en 2006 comenzó a moverse el accionariado ya que algunos de los socios de Xilxes Golf Resort optaron por adquirir otra sociedad, Costa Malvarrosa, que había presentado una propuesta colindante a la primera, de 1,2 millones de metros cuadrados, otras 4.500 viviendas y un campo de golf.
El visto bueno de la Generalitat Valenciana, en mayo de 2008, se realizó de manera conjunta. Fue poco después cuando parte de los promotores se salió de Xilxes Golf Resort y entró UFC. La relación entre ambas sociedades llegó a través de Andrés Selma, un empresario inmobiliario que participa en grupos de comunicación con José Luis Ulibarri, presidente de UFC. Ambos, Ulibarri y Selma, son socios mayoritarios de Mediamed, firma concesionaria de 13 licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) en la Comunidad Valenciana.
* ELPAIS.com - M. FABRA / F. MERCADO - Castellón / Madrid - 11/02/2009
Foto: Xilxes (Castellón), playa - mma.es
Juzgan a un ex alcalde y a cinco ex concejales populares de Bueu por un presunto delito de prevaricación
+-+farodevigo.es.jpg)
LAVOZ/Pontevedra* : Los criterios de la comisión de gobierno de la época en que el popular Tomás Barreiro fue alcalde de Bueu (1999/2002) centraron ayer una vista en Pontevedra por presunta prevaricación en asuntos urbanísticos.
La fiscala pide diez años de inhabilitación para el ex regidor y cinco ex ediles, y el pago las costas, a las que la acusación particular añade el abono de una multa por las cantidades que el Concello dejó de percibir en los expedientes bajo sospecha. El defensor solicitó la absolución.
Se enjuiciaron siete resoluciones sobre expedientes variados: un gallinero, varios muros, garajes y áticos. La denuncia la presentaron la ex edila socialista Aurora Cerviño y otro vecino.
La fiscala y la acusación particular aseguran que la comisión rebajó las sanciones por debajo del límite mínimo marcado por ley para las infracciones urbanísticas graves. Añaden que los informes técnicos señalaban que las obras no eran legalizables, que el secretario lo advirtió y por lo tanto no se las podía atenuar tratándolas de leves. En las resoluciones, se dejó la calificación de grave en casi todos los casos, aunque se les aplicó una sanción menor al margen fijado para infracciones graves.
Los ex miembros de la comisión apelaron a razones sociales, técnicas y la costumbre para justificar sus acciones, lo que no convenció a la fiscala, que las tachó de arbitrarias. La defensa negó la discrecionalidad y resaltó que ni Xunta ni Subdelegación del Gobierno reprocharon ilegalidad alguna cuando revisaron los acuerdos de la comisión.
* La Voz de Galicia - M.G. - 11.02.09
Foto: Bueu (Pontevedra) - farodevigo.es
"Ahí llevas, cuéntalo Juanico"
+-+andaluciarustica.com.jpg)
ELPAÍS/Almería* : El próximo lunes el ex alcalde socialista de Ohanes, Juan Francisco Sierra, declarará como imputado por un presunto delito de cohecho y coacción tras la denuncia presentada por un promotor y constructor que asegura haber pagado al que fuera primer edil de la citada localidad almeriense para obtener determinados permisos urbanísticos.
Un vídeo supuestamente grabado en 2005 en casa del promotor y que la Fiscalía de Almería tiene en su poder desde el pasado 5 de diciembre aporta pruebas de este hecho. En concreto, según consta a la Fiscalía, Sierra -que dimitió el pasado 12 de enero argumentando motivos de salud- habría pedido al promotor inmobiliario el pago de contraprestaciones económicas para la concesión de licencias de primera ocupación para 25 viviendas construidas en el término municipal. Esta conducta, prolongada en el tiempo según el denunciante, habría ido acompañada de obligaciones que se habrían impuesto al denunciante para conseguir los citados permisos.
La Fiscalía remitió a mediados del pasado mes de diciembre al Decanato de los juzgados de Almería una denuncia contra el ex alcalde de Ohanes, en la que solicita la práctica de diligencias, entre ellas la toma de declaración en calidad de imputado, por los presuntos delitos de cohecho continuado y coacciones a un promotor inmobiliario.
En la grabación, dada a conocer ayer por el PP Andaluz desde Málaga, se ve cómo el ex alcalde acepta dinero en un sobre de manos del empresario. En el vídeo, el ex alcalde dice al empresario de forma tajante que él le concederá las licencias urbanísticas e incluso asegura sin tapujos que piensa presentarse y ganar las próximas elecciones y que empadronaría "a 50 personas" si fuera necesario para cumplir sus objetivos.
El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, pidió ayer explicaciones al Ministerio Público sobre lo sucedido con el que fuera alcalde de Ohanes bajo las siglas socialistas. "Desde el PP consideramos que el fiscal general del Estado debería explicar qué actuaciones se han acometido desde principios de diciembre, porque ya han pasado muchos meses, y qué actuaciones ha llevado a cabo la Fiscalía, en relación con este asunto. Muchos ciudadanos pueden pensar que existen dos varas de medir", afirmó Sanz.
"Este alcalde ha dimitido como alcalde del PSOE, pero lo ha hecho después de que estos hechos se pusieran en manos de la Fiscalía. Los hechos se remontan al 5 de diciembre del 2008 cuando se produce una denuncia por parte del empresario ante Fiscalía, aunque el pleno de la dimisión de este alcalde no se celebra hasta el 12 de enero de 2009, pleno en el que no se deja intervenir a ningún miembro de la oposición y donde se alega su dimisión por motivos de salud y el traslado de trabajo como funcionario de la Junta de Andalucía en Medio Ambiente", explicó ayer Sanz.
En medio del cruce de reproches entre los dos principales partidos, el responsable de comunicación de la ejecutiva provincial del PSOE, Joaquín Jiménez, se refirió ayer al asunto: Nuestra única valoración es que la Justicia tiene que trabajar. Supimos por ustedes que fue imputado y también hemos sabido que ha sido llamado a declarar la próxima semana y también lo hemos sabido por ustedes. Yo creo que lo importante es que la Justicia está trabajando y tendrá que tomar las medidas que tenga que tomar. Esto es un Estado de derecho, afortunadamente".
La prueba de una corruptela
Promotor. Juanico, no digo nada. En tus manos me encomiendo. Ahí llevas, cuéntalo... Tenía que haber veintiocho.
Sierra. Te habrás equivocado o lo que sea.
P. Pues 1.000 euros te tengo que dar. Lo único que te digo, que tengas cuidado si a alguien más le has podido pedir algo.
A. Que al final nadie se cree... Si coges malo y si no coges peor. Yo lo más probable es que me presente para las próximas.
P. Lo que hay es para desarrollarlo en el tiempo que estés tú.
A. No, eso está claro. Las licencias, las licencias te las voy a dar yo. Puede ser que tarden dos meses, tres meses, que ya está. No creo que se tarde más.
P. Que aunque es dinero negro yo tengo que rendirle cuentas también a estos.
A. Nosotros, hombre a las pruebas... A la mejor amiga le vamos a sacar muchos votos al paro, entiendes, muchos. Entonces, si digo de censar 50 personas las censo.
* ELPAIS.com - M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 10/02/2009
Foto: Ohanes (Almería) - andaluciarustica.com
El urbanismo salvaje gana terreno en el interior de la provincia
,+diseminados+-+laopiniondemalaga.es.jpg)
LAOPINIóN/Málaga* : Marbella es el ejemplo de lo que puede hacer con una ciudad el urbanismo desaforado. La masificación que sufre la Costa del Sol es evidente en todas y cada una de las localidades del litoral, aunque en los últimos años el interior ha ganado terreno en estas prácticas.
Si en la franja costera la mayor parte de los casos estaba relacionado con grandes urbanizaciones ilegales, en el interior de la provincia lo habitual es la construcción de casas irregulares sobre terrenos calificados en la ley como rurales.
Tanto el coordinador de la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía, Juan Calvo-Rubio, como el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, reconocen que esta tendencia se ha dado en los últimos años. "El interior gana terreno. Son otro tipo de casos. En la Costa del Sol eran las grandes urbanizaciones y en el interior son las pequeñas casitas, que no es que no hagan daño. Muchas veces se piensa que eso no hace daño, el problema es que todos queremos hacernos una pequeña casita y cuando salimos al campo no es lo mismo. Hay bastantes más del interior que del litoral", reflexiona Calvo-Rubio.
Para Morales, "estos delitos son muy graves y permanecen en el tiempo. La Fiscalía va a seguir siendo beligerante en la lucha contra estos ilícitos y, de hecho, se está pidiendo la demolición de las construcciones irregulares en todos los escritos de acusación. Por cierto, éstas son muy efectivas".
Antonio Morales también entiende que la Sección de Medio Ambiente está funcionando muy bien y ya "está consolidada. Ahora de lo que se trata es de apoyarla y profundizar en la materia, pero los cimientos son muy firmes y el área es muy eficaz". También expresa un deseo: "Lo ideal sería que pronto hubiera otro fiscal más en Medio Ambiente".
Otra paradoja que destaca Morales es la siguiente: "Lo lógico después de tantas condenas por delitos contra la ordenación del territorio es que se cometieran menos infracciones urbanísticas, pero cada vez hay más diligencias previas".
La permanencia en el tiempo de estos delitos es evidente: sólo basta coger el coche y darse una vuelta por algunos pueblos del Valle del Guadalhorce.
* La Opinión de Málaga - J. A. SAU - 10.02.09
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es
Garzón eleva a 37 los imputados en la trama de corrupción en Madrid y Valencia
ELPAÍS* : El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha levantado parcialmente esta mañana el secreto de sumario de la red de corrupción vinculada al PP que destapó el pasado viernes. En un auto notificado hoy y a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado imputa en la causa a 34 personas, entre las que se encuentra el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP); el ex alcalde de Majadahonda y hasta ayer gerente del Mercado Puerta de Toledo -cargo dependiente del Gobierno de Madrid-, Guillermo Ortega (PP); y el ex consejero delegado de Repsol y administrador de Rústicas MBS, José Ramón Blanco Balín.
El juez les imputa los presuntos delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho, pero no el de asociación ilícita, en contra de la petición del fiscal.
A los 34 imputados de hoy hay que sumar los tres detenidos el pasado viernes y que ayer comparecieron ante Garzón. Son el empresario Francisco Correa Sánchez, habitual organizador de actos del PP hasta que Mariano Rajoy prescindió de sus servicios en 2003 y amigo de Alejandro Agag; Pablo Crespo Sabaris, secretario de Organización del PP gallego hasta 1999 y hombre de confianza del dirigente popular ya fallecido Xosé Cuiña; y el empresario Antoine Sánchez, administrador de la constructora Catalunya Nord Recor y de Inversiones Kintamani, dos empresas implicadas.
En la lista de imputados no está el ya ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, que ayer presentó a Esperanza Aguirre su dimisión después de que su nombre fuera relacionado con la trama. López Viejo fue responsable en 2003 de las escenografías electorales de la presidenta de Madrid, que montaba la compañía Special Events, regida por Correa.
Las declaraciones, entre mañana y el 5 de marzo
Tampoco lo está Benjamín Martín Vasco, diputado del PP que ha sido designado presidente de la comisión de investigación sobre la otra trama que afecta a Madrid, la crisis de los espías. PSOE e IU le han pedido hoy que renuncie tras revelar la cadena SER que Isabel Jordán, una de las detenidas en el marco de la operación Gürtel (correa en alemán) abierta por la Audiencia Nacional, afirma en las grabaciones en poder del juez que Martín Vasco cobró 30.000 euros del entramado de empresas de Francisco Correa.
Los que sí figuran son responsables de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez Alonso, detenido anoche en Valencia; Ramón Blanco Balín, ex consejero delegado de Repsol; María del Carmen Rodríguez Quijano, esposa de Correa y ex jefa de gabinete del ex alcalde del PP en Majadahonda; y Felisa Jordán, detenidas ambas el pasado viernes y puestas en libertad por la Policía. Ambas, junto a una tercera -Carmen Luis Cerezo-, serán mañana las primeras en comparecer a partir de las diez de la mañana ante Garzón, que tiene previsto interrogar a todos los imputados en grupos a partir de mañana y hasta el 5 de marzo.
Después de esta primera toma de declaración, el juez decidirá también por la tarde si acuerda el ingreso en prisión de Correa, Crespo y Sánchez tras haber prorrogado ayer su detención a petición de las fiscales Anticorupción, Miriam Segura y Concha Sabadell, para la práctica de nuevas diligencias. Mañana también podría ser puesto a disposición judicial el último detenido en esta operación, Álvaro Pérez Alonso, conocido como el bigotes. Para notificar el auto con estas nuevas imputaciones, Garzón ha alzado parcialmente el secreto de sumario de la causa, en la que ayer abrió también una pieza separada para investigar las filtraciones a los medios de comunicación.
* ELPAIS.com - JOSÉ YOLDI - Madrid - 10/02/2009
Denuncian la ley del gobierno central que permite la compra-venta de viviendas en la costa
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El mecanismo por el que se ha modificado la efectividad de la ley de Costas (modificación de la Ley de Navegación sin pasar por el Consejo de Estado ni Pleno de Congreso) es un claro indicio de la falta de transparencia en la actual gestión medioambiental. La nueva Ley de Navegación Marítima deja en entredicho la Ley de Costas (1988) ya que ahora las viviendas que ocupan zonas de dominio público marítimo terrestre, construidas antes de dicho año, pueden seguir siendo objeto de explotación y negocio.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Costas en el año 1988 hasta el día de hoy, se ha efectuado el deslinde del 83% de la costa, aunque realmente comenzó a efectuarse de manera efectiva dicho deslinde con la ex ministra Cristina Narbona en 2004, proceso que poco a poco se ha ido viendo mermado.
Para los ecologistas, ahora con más descaro este gobierno pone de manifiesto su falta de interés por el medio ambiente y por las costas. Y es que a pesar de las limitaciones de la Ley de Costas el grado de artificialización de la costa canaria sigue aumentando, además con precedentes de distinto rasero en su aplicación, ya que los centros comerciales y los hoteles ilegales no cuentan con la misma “penalización” que los barrios y viviendas, de esta forma, esto hace que todavía existe menos legitimidad por el estado para ordenar y “proteger” la costa y el litoral.
Son muchos los afectados que apoyan y aplauden esta nueva enmienda, probablemente no sean conscientes de el coste ambiental y económico que supone la “legalidad” de sus viviendas. Viviendas situadas en domino público para disfrute privado, con inversión pública para mantener la playa. Y es que los problemas que trae consigo una regeneración son innumerables, además de afectar a numerosos ecosistemas, cada vez más vulnerables ante efectos antrópicos como el cambio climático, con este contexto de incremento del nivel del mar hay que empezar a retranquear las construcciones costeras, eliminando aquellas más cercanas al nivel del mar, para adaptarse a un nuevo escenario que en unas décadas será bastante patente.
Es por ello que desde Ben Magec-Ecologistas en Acción se exige que se aplique la Ley de Costas, eliminando las construcciones costeras y se evite la ocupación del litoral. Ya que esta nueva medida que no va a lograr sino generar una serie de problemas ecológicos en cadena y va a hacer necesaria una fuerte inversión pública en todo el litoral, dinero, que precisamente, en los tiempos que corren, no sobra.
* Ecologistas en Acción de Canarias - 9.02.09
Foto: ecologistasenaccion.org
'Caso Faycán': Un millón en comisiones
CANARIAS7/Telde* : El juez del caso Faycán concluye en el auto con el que da carpetazo a la instrucción que el ex alcalde Francisco Valido, los ex ediles del PP, Antonia Torres y Carmelo Oliva, y el interventor municipal, Enrique Orts, idearon una trama ilegal para financiar al PP, pero el dinero acabó en sus bolsillos. Llegaron a moverse casi un millón de euros en comisiones ilegales en tres años.
La presunta trama de corrupción municipal que investiga el llamado caso Faycán tenía un núcleo duro. El juez Francisco Javier García sitúa al frente de la orquesta al ex alcalde por el PP, Francisco Valido Sánchez, quien en supuesta connivencia con la ex edil de Obras, María Antonia Torres, el ex de Hacienda, Carmelo Oliva, y el interventor municipal, Enrique Orts, hoy en día apartado provisionalmente de sus funciones, pergeñó un sistema que tenía por cometido inicial la financiación ilícita del PP en el periodo 2003-2006, pero que, como admite el propio magistrado en un auto con el que cierra la instrucción, derivó en una trama para pasar el dinero obtenido a los bolsillos, al «peculio privado», de los cabecillas, de varios ex concejales como María del Carmen Castellano, del ex asesor Francisco Gordillo, y de 2 técnicos municipales, Jorge Rodríguez y Esteban Cabrera. Se llegaron a percibir casi un millón de euros en comisiones ilegales.
Tres años de instrucción.
Francisco Javier García llega a esas conclusiones en el auto del 6 de febrero pasado con el que pasa las diligencias previas del sumario a procedimiento abreviado, lo que en la práctica equivale a cerrar la instrucción tras más de tres años de investigación y, de paso, viene a confirmar los plazos que ya avanzó este periódico. El juez disecciona la supuesta trama para el cobro de comisiones ilegales en un escrito de 24 páginas en el que detalla el modus operandi y justifica los indicios de los que dispone para procesar a 38 personas frente a los 47 imputados que llegó a contabilizarse. Ahora pasan a ser procesados, según, entre otras, la sentencia 828/2008 del Supremo.
En esencia, la clave de la trama estaba en la alteración del sistema de pagos del consistorio. Con el concurso imprescindible del interventor municipal, marido a su vez de Torres, que actuó de facto como tesorero, el gobierno de Valido se saltó el orden de pagos que fija la ley y creó supuestamente un nuevo sistema que facilitaba adelantar los abonos a las empresas que el juez llama de confianza y a las que se les solían adjudicar obras por procedimiento negociado y sin publicidad en contratos que no superaban los 60.000 euros a cambio de comisiones que oscilaban entre el 6 y el 20%. El ex asesor de Torres, Francisco Gordillo, alertaba a la empresa de cuándo iba a cobrar para que así hiciese su aportación. Y en otros casos, como con Mazotti, se le pasaba antes el pliego.
Con el auto del día 6 el juez del caso Faycán da traslado de todas las actuaciones al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas para que en un plazo de 10 días presenten sus escritos de calificaciones. Empieza la cuenta atrás para el juicio.
Clave, la ferretería.
Por lo que aparece en el auto, la trama llegó a manejar casi un millón de euros en comisiones ilegales. La empresa que supuestamente más aportaba a la causa era la ferretería de Las Huesas (Felipe y Nicolás Ojeda), que daba un 20%. En total, aportó 269.050 euros. El Grupo Europa repartió 240.000 euros, Mazotti hizo un pago único de 180.000 y Dragados, otro de 60.000. El resto aparece muy fraccionado.
* Canarias 7 - G.F. / J.Q. / T.A. - 9.02.09
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
El TSJA anula la licencia al hotel Guadalpín nueve años después de que Gil la concediera
SUR/Málaga* : Nueve años han sido necesarios para que la licencia de obras del hotel Guadalpín de Marbella quede anulada por exceso de edificabilidad. Después de casi una década de pleitos los vecinos y la Junta de Andalucía han conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) les de la razón y considere que la licencia, concedida a la mercantil Confira el 14 de abril de 2000 con Jesús Gil como alcalde, «no fue ajustada a derecho».
Según la sentencia, a la que tuvo acceso SUR, «la validez o invalidez de las licencias no se resuelve conforme a normas de planeamiento futuras sino a las normas que resulten aplicables en el momento de su concesión».
El hotel de cinco estrellas, propiedad de la promotora Aifos, codemandada junto a Confira en el pleito, sigue abierto pese a las denuncias ante la Junta y la gestora de Marbella. La primera de ellas impugnó la licencia de obras junto a varios vecinos de la zona y a la comunidad de propietarios Casablanca, aunque finalmente, esta última se ha quedado descolgada del procedimiento después de que el alto tribunal andaluz determine que no tienen legitimación para solicitar la anulación de la sentencia. El resto de vecinos, representados por la abogada Inmaculada Gálvez, anunciaron que pedirán la revisión de este criterio.
Un símbolo
No es la primera vez que el TSJA o el Supremo ratifican la suspensión o la anulación de una sentencia otorgada en la era Gil, aunque quizás ésta sea, hasta la fecha, la más importante. El nombre del hotel Guadalpín está íntimamente ligado al del 'caso Malaya' contra la corrupción en Marbella tras las investigaciones que pusieron al descubierto el cobro de supuestos pagos millonarios por parte de la junta directiva de Aifos al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y al ex alcalde Julián Muñoz para obtener las licencias de construcción.
* SUR - 0.02.09 -M. J. CRUZADO
Foto: Marbella, zona hotel Guadalpín - elpais.com
El jefe de la trama de corrupción quiso comprar un PAI en La Nucia
+-+diarioinformacion.com.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : Francisco Correa, supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, puesta al descubierto por el juez Baltasar Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, intentó comprar el Programa de Actuación Integrada (PAI) Pie de Monte de La Nucia a los promotores del proyecto.
"Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado. El tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 [el metro cuadrado] y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos", recoge una de las numerosas grabaciones incorporadas al sumario del caso, donde Correa se refiere a un negocio urbanístico que, como se ha sabido después, tiene que ver con el citado PAI de La Nucia. "De mi 50%", alardea Correa en las grabaciones, "reparto con Ramón Blanco, con Álvaro [Pérez], con Pablo y con el alcalde. Hay un tema medioambiental que desbloqueo yo".
Para que el supuesto negocio del que habla el jefe de la trama se cerrara era imprescindible que el PAI Pie de Monte, aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de La Nucia en 2004, fuera aprobado por la Generalitat. Sin ese permiso la recalificación de parte de estos terrenos era imposible. Correa visitó al menos tres veces la localidad.
El proyecto, promovido entre otros por Francisco Murcia Puchades, se había atascado en la Consejería de Territorio porque carecía de los preceptivos informes, confirmaron ayer a este diario fuentes de este departamento. El propio Correa alardea en otro fragmento de las conversaciones registradas de que cuenta con un as en la manga para desbloquear el proyecto. "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban [Gonzálezs", en alusión al ex consejero de Territorio, cuyo departamento estableció varias condiciones para aprobar el PAI, entre ellas contar con el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), una barrera prácticamente insuperable.
El PAI no pasó el examen de la Comisión de Urbanismo de Alicante a finales de octubre del año pasado. Sus responsables dejaron el expediente encima de la mesa a la vista del informe negativo de la CHJ por la falta de suficientes recursos hídricos. Tampoco contaba con el informe de la Entitat de Sanejament de la Generalitat, corroboró la misma fuente oficial.
La actuación afecta a más de un millón de metros cuadrados de suelo urbanizable y no urbanizable, donde los promotores querían levantar 3.900 viviendas.Del millón largo de metros cuadrados que abarca el plan urbanístico, unos 450.000 son urbanizables y algo más de 600.000, no urbanizables, detalló una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. La mercantil Montemar La Nucia, SL, es la sociedad promotora del PAI y en su accionariado se encuentra el promotor alicantino Francisco Murcia Puchades. También figuran Jaime Febrer Rovira o Juan Vicente Hermosilla. El proyecto de Pie de Monte no es el único que se promueve en esta localidad. En proceso están también los de La Serreta y Algar.
Este proyecto sigue en tramitación en la consejería que dirige José Ramón García Antón, pero, contrariamente a lo que defiende el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, no tiene un informe favorable de impacto medioambiental. Así lo confirmó ayer una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. Tan lejos como el domingo, el consistorio alicantino aseguraba en un comunicado que este departamento se lo había concedido en 2007. "Es rotundamente falso que tenga un informe de impacto negativo", dijo el gabinete de prensa de La Nucia, que amenazó con emprender acciones jurídicas contra los medios de comunicación.
Desde que la operación de Garzón saltara a las portadas de los diarios, Cano ha repetido que no tiene relación con Álvaro Pérez, a pesar de que numerosos testimonios, y el propio hecho de que éste tiene un chalé en L'Alfàs del Pi, municipio vecino de La Nucia, indican lo contrario. También hay testimonios que aseguran que Francisco Correa, el supuesto jefe de la trama de corrupción vinculada al PP, se paseó varias veces -al menos tres- por esta localidad de La Marina Baixa. Fue precisamente Cano quien contrató a la empresa Special Events de Correa para que organizara la primera edición de los Premios Luis del Olmo de Periodismo en La Nucia. Correa estuvo en la presentación de los premios y también en la entrega. Después de este evento, se le vio una vez más por La Nucia. Correa y Álvaro Pérez -que se refería al primero como su jefe- aparcaron su vehículo a las puertas del Ayuntamiento, donde se reunieron con el alcalde.
* ELPAIS.com - A. BALAGUER - Valencia / La Nucia - 10/02/2009
Foto: la Nucía (Alicante) - diarioinformacion.com
Los afectados en Jerez por los casos de Urbanismo crean un frente común
LAVOZDIGITAL* : Son numerosos los ciudadanos y colectivos afectados por las actuaciones del área de Urbanismo en la ciudad. Baste con enumerar casos tan conocidos como Sherryworld, los huertos de ocio o, el más reciente, las supuestas adjudicaciones a dedo a la constructora Jerecom y un sinfín de sociedades satélite.
De ahí que desde un grupo de personas, afectadas por éstos u otros casos menos conocidos, se haya lanzado la idea de crear un frente común, llamamiento que hacen a todos aquellos que hayan padecido de alguna manera supuestas actuaciones ilícitas por parte de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo o de la actual Delegación municipal (tras su integración dentro del organigrama municipal).
Un mismo abogado
Hay que tener en cuenta que a todos los colectivos citados los representa el mismo letrado, el abogado Francisco Pérez Vera, quien por cierto ha ganado la batalla contra la antigua GMU en el caso de los huertos de ocio, ante lo que la actual alcaldesa ya ha anunciado que habrá que asumir «herencias del pasado» y ha dejado entrever, por tanto, que habrá que indemnizar a los afectados. Ahora, pretende sentar en el banquillo, por presunta prevaricación en el conocido como caso Jerecom, a la actual alcaldesa Pilar Sánchez, a la ex alcaldesa María José García-Pelayo, al ex delegado de Urbanismo Pedro Pacheco y al actual titular de este área, Juan pedro Crisol. Además, claro está, de a los administradores de la empresa constructora Jerecom y sociedades afines.
Respecto al caso Sherryworld, este mismo abogado ha conseguido, como adelantaba este medio esta misma semana, que el Juzgado de Instrucción número 1 de Jerez abra Diligencias Previas para investigar la denuncia interpuesta por la Asociación de Parcelistas de los Garciagos contra el Ayuntamiento de Jerez, al que acusan de un presunto delito de coacciones y malversación de fondos públicos.
Todos estos asuntos relacionados con actuaciones del área de Urbanismo son, como se ha dicho, el frente judicial que se está llevando a cabo. Por ello, lo que ahora proponen las fuentes consultadas por este medio es crear otro, pero de tipo social: «Que todas las voces de estas personas se unan en una sola» con el fin de darse a conocer más ampliamente a la sociedad, de unir esfuerzos y de llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias.
Dicha agrupación de afectados, claro está, celebraría reuniones periódicas para definir la estrategia a seguir. Algo para lo que quieren contar con el ex Defensor de la Ciudadanía en Jerez, Agustín García Lázaro, que además de muy conocedor de estos asuntos siempre ha estado muy implicado con la ayuda a los afectados en todos estos temas.
Y es que el caso Pacheco parece haber resucitado, con una fuerza inusitada, esta lucha por parte de los numerosos damnificados, que vienen sufriendo durante muchos años perjuicios por parte de un área de la gestión municipal que está más en boca de todos que nunca.
Los últimos en saltar a la palestra, los acreedores por Jerecom, que este mismo viernes presentaron la denuncia contra los tres últimos alcaldes y contra dos responsables de Urbanismo. Hay que recordar que, en este caso, en el año 2007 la empresa Jerecom se declaró en quiebra dejando a muchas familias en la ruina, tanto a los proveedores de la constructora como a ex trabajadores de la misma.
Los afectados no cesaron en su lucha, algo que se reavivó cuando pudieron conocer, a través del caso destapado por este medio, que la empresa propiedad de la familia Grimaldi podría estar implicada en una trama que, de hecho, está investigando la misma Fiscalía Anticorrupción.
Su caso ha sido el último en conocerse y a raíz del cual ha tomado cuerpo esta idea de unir a todos los perjudicados en un frente común. Algunos de ellos ya han comenzado a agruparse y hacen ahora un llamamiento a los demás para aunar al máximo número de personas posible.
* La Voz Digital - ENRIQUE ESTEBAN - 9.02.2009
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu
Ex altos cargos del Ayuntamiento de Boadilla testificarán contra el alcalde por amañar adjudicaciones
,+ayuntamiento+-+diariodeboadilla.esjpg.jpg)
EUROPAPRESS/Madrid* : Varios ex altos cargos y funcionarios del Ayuntamiento de Boadilla del Monte se han prestado a testificar ante la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde del municipio, Arturo González Panero, del PP, por presuntas prácticas corruptas en el Consistorio de la localidad. Denuncian que el regidor supuestamente amañó contratos, adjudicaciones e informes a favor de empresarios implicados en la supuesta trama de corrupción urbanística destapada en Boadilla y otros municipios.
El sindicato de funcionarios Manos Limpias presentó esta mañana ante Anticorrupción un dossier de unas 300 páginas con documentación y testimonios sobre las supuestas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento en diferentes adjudicaciones. El documento amplía la denuncia que se interpuso el pasado 12 de junio contra el alcalde popular y varios empresarios, entre ellos Francisco Correa, su esposa y Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP de Galicia. Anticorrupción mantiene abiertas unas diligencias de investigación para esclarecer la denuncia.
Correa, María del Carmen Rodríguez y Crespo fueron detenidos el pasado viernes por su presunta implicación en la presunta red de comisionistas que operaba en Boadilla del Monte y otros municipios del noroeste de la región. Se les imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. La mujer de Correa y la empresaria Felisa Jordan quedaron el pasado sábado en libertad con cargos tras declarar ante la Policía Judicial.
Las empresas de servicio que gestiona Correa trabajaban para el Ayuntamiento. Se trata de Special Event Catering, Pasadena Viajes y Rústicas MB.S.L. La primera es una de las empresas ligadas a la trama de corrupción vinculada con el PP. La empresa organizaba eventos para el Gobierno de José María Aznar. El PSOE denunció en 2005 irregularidades en la actuación de esta sociedad, a la que acusaba de ocultar a los tribunales autonómicos de cuentas facturas de servicios prestados al PP en diversas campañas electorales.
A instancias de la denuncia de Manos Limpias, Anticorrupción acordó hace meses abrir diligencias de investigación contra el alcalde de Boadilla, si bien el asunto no está aún judicializado. La denuncia se dirige contra el alcalde con motivo de "la adquisición de un desmesurado y desproporcionado patrimonio individual" que no coincide con su nivel de ingresos, puesto que percibe un sueldo de 85.000 euros como alcalde.
En la ampliación de la denuncia, Manos Limpias reclama la testifical de nueve ex altos cargos y siete funcionarios que se han prestado a declarar de forma voluntaria para denunciar las coacciones y presiones a las que eran sometidos para avalar las supuestas prácticas corruptas del regidor. Según el sindicato, el alcalde cesó a estas personas al no prestarse a sus intereses particulares.
Manos Limpias solicitará, igualmente, al Tribunal de Cuentas una auditoría financiera de las cuentas del alcalde por un presunto delito de fraude a la hacienda pública.
DENUNCIA CONTRA EL ALCALDE
En la denuncia, el sindicato exponía que el patrimonio del regidor "evidencia de manera manifiesta que ha sido adquirido presuntamente como contrapartida a favores concedidos dada su posición como alcalde", conforme a la documentación que pose el sindicato.
El secretario general del sindicato, Miguel Bernad, explicó a Europa Press que se trataría del cobro de comisiones por recalificaciones urbanísticas. Según la denuncia, el primer edil "controla y asume el Área de Urbanismo, fuente inagotable de financiación, no sólo del Ayuntamiento, sino también de bolsillos particulares". "Favorece concesiones de obras y servicios públicos a cambio de contraprestaciones", recalca la denuncia.
Según Bernad, el dinero obtenido a través de la supuesta red de comisionistas se invierte fuera de España, concretamente en Miami, "sin dar conocimiento" a la Agencia Tributaria. Según Bernad, en la presunta evasión de divisas a Miami y otros "paraísos fiscales" participan "asesores y amigos".
Entre las propiedades del alcalde figuran nueve viviendas en Miami; una vivienda unifamiliar en la urbanización La Torre Golf Resort en Torrepacheco; una vivienda en Cabo Negro (Marruecos) en el complejo La Lassia; y una propiedad en la urbanización El Mayorazgo, en Boadilla del Monte, según el sindicato.
Entre las empresas de servicio que trabajan para el Ayuntamiento figuran 'Special Event Catering', 'Pasadena Viajes' y 'Rústicas MB.S.L.', propiedad de Francisco Correa. Este empresario y sus socios, su esposa María del Carmen Rodríguez y Francisco Jurado, adquirieron una vivienda en Miami.
Según la denuncia, 'Rústicas MB.S.L.' tiene firmados contratos con la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte para el arrendamiento y explotación de terrenos, solares y edificaciones. Su representante es Ramón Blanco, quien también habría adquirido una casa en Miami.
Entre los amigos, colaboradores y asesores del alcalde que invirtieron en Miami se encuentra Correa, quien acompañó al alcalde en tres viajes que efectuó a Miami, donde adquirió uno vivienda. El ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, cuya jefe de Gabinete fue la esposa de Correa, también adquirió otra casa, entre otras personas relacionadas con las empresas que gestiona Correa.
* Europa Press - 9.02.09
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
Son Oms: Un polígono sin ley
ELMUNDO/Palma* : Además de estar siendo investigado como el escenario en el que se proyectó uno de los mayores y más cuantiosos escándalos de corrupción de la historia política de Baleares, en Son Oms las leyes urbanísticas parecen ser papel mojado.
Los empresarios vinculados a Unió Mallorquina (UM) que se hicieron con el control del gobierno del polígono y con la propiedad mayoritaria de las tierras han hecho y deshecho a su antojo durante los años en que ha durado el polémico y judicializado proceso de urbanización.
Sólo los pequeños propietarios que fueron marginados en el reparto de tierras tras no ceder el 15% de su suelo en concepto de comisión a los políticos de UM han alzado la voz contra las actuaciones del llamado lobby de UM.
El empresario Pedro Salom, uno de los propietarios que ha llevado a los Tribunales a esos empresarios por presunta estafa, ha elevado un pliego de denuncias al Ayuntamiento de Palma. De momento con nulo éxito. En una de esas quejas se denuncia una nueva actuación protagonizada por uno de los propietarios mayoritarios. En este caso el empresario Bernardo Febrer, presidente de la Junta de Compensación (el organismo que agrupa a todos los propietarios y que tiene como fin redistribuir parcelas y velar por los derechos de todos).
Según denuncia Salom, Febrer recibió fondos de la Junta de Compensación para financiar con ello la demolición de dos pequeñas naves que estaban adosadas a un molino de viento protegido. Un bien catalogado que, como tal, debía ser liberado de esas edificaciones.
Pues bien, según han reivindicado los propietarios que se negaron a dar el 15% de sus tierras, Febrer no sólo no llegó a demoler esas edificaciones adosadas sino que ha reutilizado las construcciones para crear en el molino un establecimiento comercial, hoy explotado por el restaurante Toni y Curro. El destino de los fondos que debían financiar esos derribos sigue sin ser aclarado ante todos los miembros de la Junta. En este sentido, cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares ha denunciado que se desconoce el destino de al menos 1,2 millones de euros aportados por los pequeños propietarios y gestionados por los dirigentes de la Junta.
Pero el de Toni y Curro es sólo uno más de los numerosos escándalos que ha venido denunciando EL MUNDO en los últimos años en torno al proceso de edificación de Son Oms. Una más de las presuntas irregularidades urbanísticas que, de momento, no han aclarado del todo ni el Ayuntamiento de Palma –aunque en algún caso sí ha abierto expediente– ni el juez de instrucción que investiga una querella contra los miembros del lobby de UM por presunta estafa. He aquí una breve recapitulación.
Ensucian unos, pagan todos
El último caso fue denunciada hace una semana. Uno de los miembros de la Junta Rectora del polígono, el empresario de Costitx Miguel Munar Munar, vertió los escombros de una de sus obras, la de edificación de su nave industrial, en un solar propiedad del Ayuntamiento de Palma. Una parcela teóricamente destinada a equipamiento deportivo y que hasta hace poco no era sino un vertedero de escombros. Cascotes, palés, hormigoneras desvencijadas y montañas de ladrillos se apilaban en un solar en el que en su día incluso se llegó a barajar ubicar el velódromo Palma Arena.
La retirada de los escombros, efectuada por la empresa de excavaciones Euro Segle, ha sido descontada de la caja común. La factura por aquellos trabajos ascendió a 58.000 euros, que ha sido cargada a la Junta de Compensación. Es decir, la han pagado todos los propietarios.
Alquiler ilegal
Una de las principales asociaciones que agrupa a las empresas de alquiler de vehículos en Palma ha denunciado reiteradamente que los principales terratenientes de Son Oms, de nuevo el ilustre lobby, comercializa sus solares, los viales y hasta el parking público del polígono. Se los alquilan a los rent a car, según los propios repersentantes del sector. «Cobran una fortuna: entre dos euros y dos euros y medio por metro cuadrado al mes», denunció José María Blay, directivo de Baleval. Para poder calibrar el negocio que esto puede suponer, dos datos: un coche ocupa unos diez metros cuadrados y alguno de los terratenientes que controlan el polígono tiene en un solo solar más de 7.500 metros.
Una ordenanza de Cort prohíbe a los rent a car estacionar sus vehículos en las vías públicas.
'Denuncié y me cortaron la luz'
Tras denunciar ante el Ayuntamiento de Palma una de las irregularidades cometidas, Salom relató a EL MUNDO cómo le fue cortada la electricidad. «Después denunciar las obras ilegales de Febrer] me encontré con que me habían cortado los cables de la luz de mi casa». En otra de sus reivindicaciones, apunta que la parcela que le fue otorgada en el reparto está evidentemente mermada: tiene un bien protegido que ni cabe en el solar.
Igualmente, también se ha denunciado que la Junta decidió ubicar los transformadores de energía en las parcelas de aquellos que se negaron a dar los 15%.
Infracción grave
En uno de los pocos expedientes que ha abierto ante una posible vulneración de la normativa patrimonial, el Ayuntamiento de Palma abrió parte a los socios de los políticos de UM por una «infracción urbanística grave». Concretamente, y como detalla el expediente del que en su día se hizo eco este diario, la entidad Promotora Balear de Polígonos, participada por el abogado Jaime Montis (quien comercializó las comisiones del 15% del diputado de UM Bartomeu Vicens) y los ya citados Bernardo Febrer y Miquel Munar, amplió ilegalmente un molino catalogado en la Gran Vía Son Oms. «Los muros del estanque han sido incrementados en 11 metros lineales por 1,60 metros de alto con fábrica de marés», denunciaba Cort al describir cómo se había reconvertido un viejo aljibe en un local de nueva construcción.
«Estas obras constituyen la comisión de una infracción urbanística grave, así como cualquier otro tipo de obra que se haya hecho en el emplazamiento citado sin la preceptiva licencia municipal», reza el expediente. La ficha municipal de la parcela, catalogada bajo la identificación de A2, que es la que rigen las obras que pueden llevarse a cabo en un molino de esas características, establece que no se puede variar ni la «edificabilidad neta máxima», ni «la ocupación máxima sobre la parcela», ni el «número de plantas» y la «altura en metros». Ni tampoco «la separación mínima a alineaciones y medianeras». Sólo está permitido, bajo la preceptiva autorización municipal, la restauración de lo existente. Sabedores de estas directrices, no en vano Bernardo Febrer es el presidente de la Junta de Compensación del Polígono de Son Oms y Jaime Montis el secretario, acometieron unas obras que alteraban sustancialmente la edificación catalogada que se erige en su parcela.
La nueva entrada
Con la recepción (la asunción de los servicios comunes por parte del Ayuntamiento) del polígono a la vista, la vía de acceso ha sido modificada. Ahora se accede al polígono por la parte en la que están ubicados los terrenos de uno de los principales propietarios e histórico dirigente de Unió Mallorquina, Maximiliano Morales. Allí todavía queda un solar que no ha sido vendido.
El cambio de ubicación del acceso al polígono supone sin duda una ventaja a la hora de revalorizar el suelo ubicado junto a la entrada principal. Por otra parte, y pese a que es un fenómeno más habitual, los negocios que están instalados en Son Oms lo están pese a que todavía el polígono no está recepcionado.
* El Mundo - Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma - 9.02.09
Foto: Decenas de coches de alquiler aparcados en el aparcamiento público del polígono, que, como no denunciaron los rent a car, el lobby de UM ha estado alquilando ilegalmente. | Cati Cladera, elmundo.es
Piden cárcel para el ex alcalde de Gaucín por diez licencias en suelo no urbanizable
+-+malagapueblos.com.jpg)
SUR/Málaga* : La Fiscalía malagueña ha solicitado 18 meses de prisión y diez de inhabilitación para el ex alcalde de Gaucín Francisco Corbacho (PA) y el arquitecto municipal Francisco Arenas por conceder diez licencias presuntamente en suelo no urbanizable.
El fiscal considera que ambos procesados han incurrido en un delito continuado contra la ordenación del territorio y las licencias se concedían con «desprecio de la normativa vigente», según la calificación fiscal.
La acusación pública entiende que el arquitecto informó favorablemente de dichos permisos a pesar de saber que no se cumplían los requisitos, que se daban en suelo no urbanizable y a sabiendas de que se incumplía la normativa urbanística.
En la causa también hay imputados cinco concejales más que fueron ediles entre 2000 y 2003. Tres de ellos, siguen actualmente ocupando cargos públicos en el Consistorio. A cuatro de estos concejales se le imputa un delito continuado contra la ordenación del territorio, mientas que al quinto edil se le acusa de un solo delito urbanístico.
* SUR - 9.02.09
Foto: Gaucín (Málaga) - malagapueblos.com
"Ganamos 12.000 kilos. De mi 50%, yo reparto con Ramón, Álvaro y el alcalde"
ELPAÍS* : Entre las numerosas grabaciones que forman parte del voluminoso sumario sobre la trama corrupta vinculada al Partido Popular, hay una donde Francisco Correa, el organizador durante 20 años de los eventos de esa formación política, trata de negocios con Álvaro Pérez. En ella, Correa detalla sus gestiones para lograr un gran negocio urbanístico.
Correa: "Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos de más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro (Pérez), con Pablo y con el alcalde... Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo".
Los PAI (Programas de Actuación Integrada) de la Comunidad Valenciana han sido largamente cuestionados, por su supuesta ilegalidad, desde el Parlamento Europeo. Hasta el punto que el Gobierno del PP en Valencia modificó la Ley Urbanística para intentar salvar esos reparos europeos, que aún continúan.
"Álvaro" es supuestamente Álvaro Pérez, el responsable de Orange Market en Valencia, mientras que "Ramón" es supuestamente Ramón Blanco Balin, secretario de esa sociedad, y "Pablo", supuestamente es Pablo Crespo, ex número 3 del Partido Popular gallego, socio de Special Events.
Orange Market es una filial de Special Events, la sociedad con la que Correa empezó su carrera empresarial vinculada al Partido Popular.
En sus conversaciones, Correa citaba a empresarios a los que Garzón también ha imputado en relación con esta red de corrupción política en las comunidades autónomas de Madrid y Valencia.
Los denunciantes de la trama también han investigado la supuesta relación de Francisco Correa con el actual consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. Los denunciantes mantienen que López Viejo troceó contratos de la Comunidad de Madrid para adjudicárselos supuestamente a una sociedad denominada Down Town Consulting, de la trama empresarial de Correa por un valor superior a los cuatro millones de euros. La Comunidad de Madrid lo negó ayer a través de un portavoz.
Las instituciones 'contaminadas'
La investigación del juez Garzón se dirige contra un grupo de empresas dedicadas a lograr contratos públicos y organizar campañas electorales, siempre del PP. Se les achacan delitos como cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Un amplio abanico de administraciones, siempre bajo mando del Partido Popular, aparecen salpicadas por la investigación, al ser aquellas con las que trabajaban esas empresas.
- Agencia (Consejería) Valenciana de Turismo. Sus dependencias fueron registradas ayer.
- Ayuntamientos de Madrid. La trama salpica también los contratos de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid como Las Rozas, Boadilla del Monte o Majadahonda.
- Partido Popular. Es el cliente principal de las empresas de Francisco Correa dedicadas a organización de eventos y viajes durante los años noventa.
- Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia y Comunidad Valenciana. También son clientes principales de las empresas de la trama de corrupción, especialmente a raíz de que dejan de trabajar para el PP nacional, alrededor de 2003.
- FEMP. Bajo la presidencia de Rita Barberá, hasta 2003.
* ELPAIS.com - F. M. - Madrid - 07/02/2009
Foto: registro. La puerta de la sede de Orange Market. Ayer había quitado el cartel que identifica a la empresa. daniel garcía-sala, levante-emv.com
Ibi: La sombra del urbanismo
+-+cult.gva.es.jpg)
INFORMACIÓN/Alicante* : La guerra interna del PP valenciano ha encontrado en Ibi uno de sus campos de batalla. Sin embargo, la decisión de la alcaldesa Mayte Parra, de adscripción campista, de expulsar a la edil Felicidad Peñalver, miembro de le ejecutiva de Ripoll, va más allá de las simples disputas de partido. Como tema de fondo del cruce de acusaciones que se ha vivido esta semana, se sitúa una forma polémica de entender el urbanismo, que ha generado suspicacias y rechazo social.
Cuando la concejal del PP ibense Felicidad Peñalver renunció a todas sus competencias, el pasado octubre, el argumento oficial de la sobrecarga de trabajo sembró dudas entre parte de la población. Sin embargo, difícilmente se podía aventurar que lo que aparentemente no eran más que diferencias internas de partido iban a derivar en sólo unos meses en una guerra declarada y abierta, con múltiples acusaciones cruzadas en las que un mismo tema siempre está presente: el desarrollo urbanístico.
En los últimos años, coincidiendo con el auge del sector de la construcción, el urbanismo ha generado diversas polémicas en Ibi. Todas las actuaciones, incluso las más controvertidas, se han ceñido al PGOU, aprobado en el año 2000 casi por unanimidad -apoyado por el entonces equipo de gobierno del PSOE y EU, así como por el PP, y con la sola excepción del único edil del Bloc-. Además, en su mayoría se trataba de desarrollos de no mucha envergadura. Sin embargo, han despertado suspicacias por su tramitación, o incluso por la idoneidad de llevar a cabo estos proyectos.
La expansión del casco urbano hacia el oeste, en las inmediaciones de la finca l'Alamí, ha sido el caso más destacado, al haber llegado hasta los tribunales. Sin embargo, no ha sido el único tema espinoso: el sector de Barberá, la construcción de viviendas en el cerro de Santa Lucía y la ampliación del polígono industrial son otros ejemplos. Algunos de ellos han tenido una fuerte contestación social, como el de las viviendas de Santa Lucía. En él, la arrolladora mayoría absoluta del PP -13 concejales de 21- tuvo que achantarse ante la encendida protesta de la oposición en bloque y de buena parte de los vecinos, indignados por el impacto visual que tendrían las casas sobre el cerro y la ermita que lo corona. Una imagen característica e incluso emblemática de Ibi, cuyo patrimonio arquitectónico ya resultó muy maltrecho por el fulgurante crecimiento que el municipio experimentó entre 1955 y 1980.
Pero la pretensión de levantar aquellas viviendas no sólo topó con el orgullo patrio de muchos ibenses. La oposición destapó presuntas irregularidades en la concesión de la licencia que permitía la ejecución de las obras, algo que ni se siguió investigando ni tuvo consecuencia alguna al paralizarse la actuación. No obstante, sí supuso que, a partir de entonces, la gestión urbanística del equipo de gobierno quedara en el entredicho.
Esto mismo ocurrió con el desarrollo frustrado del sector de Barberá. Estos terrenos, situados en torno a la masía del mismo nombre, a unos seis kilómetros de Ibi y en plena montaña, fueron catalogados como urbanizables en el PGOU. Una calificación que, ante la creciente especulación inmobiliaria, hacía a esta zona apetecible para edificar viviendas. Aún pueden verse desde la autovía dos rótulos deteriorados que hablan de una próxima promoción que, por ahora, no se va a ejecutar. Aquí, la polémica se desató al concederse a la empresa la condición de agente urbanizador por silencio administrativo positivo, para después retirársela.
La controversia urbanística ha estado también de alguna forma presente en los vuelcos políticos que ha conocido Ibi en las últimas elecciones. Ya se hablaba de ella en 2003, cuando el PSOE pasó de gobernar con mayoría absoluta a tener seis concejales. Entonces, la formación independiente ADIi fue la gran sorpresa, al cosechar 3.000 votos y lograr cinco ediles. Una masa electoral que, en gran medida, había apoyado hasta entonces al socialista Vicent Garcia y que, cuatro años después, volvió a cambiar sus preferencias para dar la mayoría absoluta a Mayte Parra.
Ante esta situación, todos los grupos políticos actuales en el Ayuntamiento son conscientes de que la crisis que se vive estos días puede influir sobre los comicios de 2011, pese a lo lejos que aún quedan en el tiempo. El PP defiende su gestión y asegura que "la transparencia de los últimos años es la deseable frente al oscurantismo del PSOE", en palabras del edil de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera. "Todo se hace mirando el interés general", prosigue, "guiados por el criterio del PGOU". A él alude en los casos de Santa Lucía y Barberá, donde "los socialistas dieron la edificabilidad". Agüera alega que el PP apoyó ese planeamiento "con muchas discrepancias", y "porque en un PGOU hay muchas cosas".
El portavoz socialista, Antonio Martos, en cambio, critica "el proceder del PP" amparándose en que el Plan General lo aprobó el PSOE, ya que "es un instrumento vivo" que se hubiera podido modificar. Por ello, actuaciones como la de Barberá "no tienen pies ni cabeza". Los líderes de ADIi y EU, Nicolás Martínez y José Vicente Verdú, respectivamente, también insisten en la cuestión urbanística. El primero señala que "la alcaldesa ha adjudicado todo lo que ha podido a empresas de fuera, pasando por encima de los derechos de propietarios", mientras que el segundo alude a "escándalos" como Santa Lucía y a cómo el equipo de gobierno "esquilma y despatrimonializa Ibi", dejando bienes públicos en manos privadas.
Hay que señalar, finalmente, que la gestión del Ayuntamiento de Ibi en los últimos años ha estado marcada por importantes sobrecostes en determinadas obras, como la reforma del Teatro Río o la piscina climatizada. En este último caso, se creó una comisión de investigación, que apoyó la gestión del gobierno popular.
* Información - A. TERUEL - 8.02.09
Foto: Ibi (Alicante) - cult.gva.es
El Seprona denunció 437 infracciones urbanísticas en 2008 en toda Extremadura
,+viviendas+embalse+-+hoy.es.jpg)
HOY* : El chalet de la esposa del alcalde de Villanueva es el más conocido, pero no el único. El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), tramitó en 2008 nada menos que 437 denuncias por infracciones urbanísticas en la región. Se trata en su mayoría de actuaciones en zonas rústicas o protegidas que no cumplen la legislación.
En la provincia de Badajoz, donde la Guardia Civil acumuló 168 denuncias, la zona más afectada es la del entorno del embalse de Orellana, con el 95% de los casos, donde se encuentra el chalet de la mujer de Miguel Ángel Gallardo. Estas denuncias ya han sido enviadas a la Fiscalía y a los juzgados de Villanueva de la Serena, que están instruyendo medio centenar. Todavía no se sabe cuándo se podría celebrar el juicio.
El criterio de la Fiscalía en toda España es el de pedir no sólo que se condene a cárcel y multas a los autores de los delitos, sino que se demuelan las construcciones ilegales y se restaure la zona afectada. Pero la última palabra la tienen los jueces, que son los que determinan si se aplica el apartado del Código Penal que contempla la demolición de las construcciones ilegales. Las penas que se establecen para estos delitos son de seis meses a tres años de cárcel, multas de 12 a 24 meses e inhabilitación.
Detenciones en Coria
Pero no sólo en Orellana hay denuncias por casas ilegales. Uno de los casos más sonados en Extremadura se produjo en Coria hace casi dos años, cuando la Guardia Civil detuvo a nueve personas por construir en terrenos que están en la zona inundable del río Alagón. Estas denuncias no se han juzgado todavía.
No obstante, el asunto de más entidad, por el número de afectados, es el del embalse de Orellana. La fiebre por construirse un chalet junto al agua subió en los últimos años. Tanto, que desbordó incluso al Ayuntamiento de Orellana de la Sierra, donde se encuentran la mayoría de estas segundas residencias. Orellanita, que tiene poco más de 300 habitantes, había concedido algunas licencias en los años 90, pero dejó de hacerlo entre otras razones porque las figuras de protección ambiental que tiene la zona se lo impiden. De hecho, el alcalde que concediera licencias de obra en lugares protegidos podría ser acusado de prevaricación medioambiental y condenado por ello.
Hay que tener en cuenta que el entorno del embalse, más de 42.000 hectáreas, está declarada Zona de Interés Regional (ZIR), Zona de protección de Aves (ZEPA) y Humedal de Importancia Internacional. Pertenece también a la Red Natura 2000. Unas figuras de protección que la convierten en intocable. Al menos mientras no se modifique la ley y se apruebe el plan de uso, algo que reclaman los alcaldes y que permitiría una construcción ordenada en algunas zonas y restringiría otras. Para los alcaldes sería el modo de ordenar la presión urbanística y aprovechar el tirón turístico para impulsar el desarrollo comarcal.
¿Legalización sí?
El PSOE abrió una puerta el pasado miércoles a la posibilidad de legalizar las segundas viviendas construidas en zonas rústicas. Anunció una modificación de la Ley del Suelo, pero no ha concretado si en esa regularización entrarían viviendas como la de la esposa del alcalde villanovense. De momento, la maquinaria judicial sigue adelante. También la administrativa.
Conviene recordar que las denuncias que elabora el Seprona tras su visita a las parcelas donde se levantan viviendas o se abren pozos tienen varios destinatarios: si únicamente ven infracciones administrativas por falta de licencia de obras, la envían al ayuntamiento. Si la casa se construye en un paraje protegido la denuncia va también a Medio Ambiente, en la Junta; si estiman que hay infracciones a la Ley de Aguas también recibe una copia la Confederación del Guadiana. Por último, sólo si estiman que hay delito urbanístico se manda la denuncia a la Fiscalía. La denuncia a la esposa de Gallardo se envió a todas estas instituciones porque, a juicio del Seprona, podría infringir varias leyes y ser multada por ello, al margen de las consecuencias penales que tenga el asunto.
La Confederación del Guadiana ya ha anunciado que ha abierto un expediente sancionador, que sigue su curso mientras el juzgado no ordene su paralización; el Ayuntamiento le ha enviado una notificación para que pare las obras; y la Junta también ha anunciado que le ha abierto expediente por tres infracciones diferentes: el movimiento de tierras, la vivienda y una caseta auxiliar.
El Gobierno extremeño anunció, no obstante, que estos expedientes se paralizan mientras está abierto el proceso judicial. Las multas de la Junta por infracciones graves, como en este caso, van desde 6.000 a 60.000 euros.
Medio Ambiente no ha informado de cuántos expedientes tiene abiertos por construcciones ilegales, ni cuántos se han solventado con multas. Sí lo ha hecho la CHG, que ha fijado en 110 el número de expedientes abiertos y enviados a los juzgados referentes a la zona de Orellana.
El delito prescribe
Este número, junto a las 168 denuncias del SEPRONA, puede ser indicativo de las actuaciones urbanísticas irregulares en la zona. No obstante, ninguna administración ha aclarado cuántas viviendas, legales o ilegales, existen en el entorno del pantano.
Las cifras son tan diversas que van desde los que apuntan el número de 200 a quienes lo elevan a más de 400. Algunas disponen de licencia, como las citadas por HOY el pasado viernes, y otras, por su antigüedad, no podrían ser perseguidas, al menos penalmente.
El delito urbanístico prescribe a los cinco años, siempre que no se hayan iniciado actuaciones contra la construcción presuntamente ilegal.
* Hoy - M.M. - 8.02.09
Foto: Vista del paraje de Los Tercios, con viviendas cosntruidas en el entorno del emabalse de Orellana, dentro del término de Orellana de la Sierra./ALFONSO, hoy.es
Los ciudadanos podrán consultar de manera personalizada los planes urbanísticos por Internet
TERRA* : La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a través de la entidad pública red.es, y el Ministerio de Vivienda han suscrito hoy un convenio marco de colaboración para el desarrollo del Programa de Impulso al Urbanismo en Red, que permitirá a los ciudadanos consultar de manera personalizada los planes urbanísticos por Internet. De esta forma, el programa 'Urbanismo en Red' permitirá a la ciudadanía acceder, a través de Internet, a toda la información urbanística de su municipio de manera fácil, intuitiva e inmediata, así como consultar información sobre parcelas o áreas de su interés, clasificación, categorías del planeamiento y calificación del suelo.
El usuario también podrá descargar la ficha urbanística completa.
Cualquier ciudadano podrá acceder a toda esta información de dos formas: pinchando directamente sobre el mapa en la zona que desee consultar o introduciendo datos concretos referidos al planeamiento de su interés, tales como distrito postal, referencia catastral, código urbanístico, coordenadas físicas o nombre de la zona a consultar.
Además, 'Urbanismo en Red' servirá como palanca para la incorporación de empresas del sector urbanístico a la Sociedad de la Información.
El convenio suscrito nace con tres objetivos fundamentales. Por un lado, convertir el planeamiento urbanístico en información digital en todo su ciclo de vida, desde su redacción hasta su aplicación, introduciendo herramientas que faciliten su explotación y mejoren la eficiencia de gestión, y por otro lado, garantizar el acceso transparente por medios electrónicos (a través de Internet) por parte de ciudadanos y profesionales al planeamiento urbanístico actualizado.
Asimismo, el convenio pretende fomentar la interoperabilidad con distintas administraciones y agentes a través de servicios electrónicos que coloquen a la información urbanística en disposición de ser utilizada eficientemente por los diferentes interesados.
Para la consecución de estos objetivos, el convenio de colaboración prevé el desarrollo coordinado de distintas actuaciones para extender el Programa Urbanismo en Red al mayor número posible de entidades locales.
En virtud de este convenio, la Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas colaborará tanto en la difusión como en la ejecución del Programa Urbanismo en Red para asegurar el máximo apoyo institucional y elaborará las herramientas informáticas que permitan la integración en el sistema de la información urbanística de forma telemática, periódica y estandarizada.
Por su parte, red.es será la entidad ejecutora del Programa Urbanismo en Red desarrollando las distintas actuaciones previstas en las entidades locales que se adhieran al programa.
Para ello, Urbanismo en Red (2009-2013) contempla una inversión de 57 millones de euros para cuatro años de ejecución, de los que red.es aportará el 70%. El resto será aportado por ayuntamientos y/o comunidades autónomas que se sumen al programa.
Los entes locales que participen en 'Urbanismo en Red' deberán suscribir un protocolo de adhesión que fijará sus derechos y obligaciones particulares en relación con el programa, que podrá articularse en torno a convocatorias públicas anuales. Estas convocatorias consistirán en la puesta en marcha de actuaciones específicas a llevar a cabo en las entidades locales.
Además, otras administraciones, organismos o asociaciones públicas podrán participar en el programa mediante la suscripción de adendas específicas.
* Terra Actualidad - Europa Press - 5.02.09
Al menos 30 imputados por presunta corrupción urbanística
SER/Madrid* : Hay 30 imputados, entre ellos alcaldes y ex alcaldes, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y fraude fiscal, y operaciones inmobiliarias. Novedades sobre el caso de corrupción que salpica a Administraciones gobernadas por el PP en Madrid y la Comunidad Valenciana. Según fuentes cercanas al caso, la Fiscalía Anticorrupción y el juez Garzón han solicitado al Ayuntamiento de Boadilla, en Madrid, información sobre tres contratos, entre ellos, el expediente de la oficina de atención al ciudadano del municipio.
Adjudicación que se realizó por un periodo de 14 años a razón de medio millón de euros anuales a la empresa Easy Concept, vinculada a Isabel Jordán, una de las detenidas en esta operación. Jordán es, según fuentes municipales, la actual pareja de Enrique Galán Abad, abogado del alcalde de Boadilla. Un abogado muy marcado por la polémica. En los últimos años, la oposición ha presentado varios escritos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Madrid, pidiendo explicaciones de por qué el alcalde ha recurrido siempre a los servicios de este letrado en lugar de los muchos abogados que hay en plantilla en el consistorio, todos funcionarios, y por tanto sin coste alguno a los presupuestos.
Es más, según han confirmado estas mismas fuentes, la oposición se ha querellado ya por este asunto con el alcalde de Boadilla acusándole de malversación y prevaricación, escrito que han presentado ya ante el juzgado de instrucción número 1 de Móstoles.
Los funcionarios que acudieoron al ayuntamiento de Boadilla también solicitaron, según fuentes de la investigación los documentos sobre la adjudicación por 35 millones de euros de una parcela a la empresa UFC, que preside José Luis Uribarri.
El tercer expediente solicitado fue sobre unos locales de la empresa municipal del suelo adjudicados a una firma de Ramón Blanco, consejero de Orange Market, la marca de este conglomerado de empresas en Valencia.
Al menos 30 imputados
Cinco personas han sido detenidas en al operación policial, varias de ellas vinculadas al Partido Popular, por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La investigación judicial tiene ya cerca de 30 imputados, que prestarán declaración ante el juez Garzón a partir de la próxima semana, después de que lo hagan el lunes los cinco detenidos.
Municipios como Boadilla, Majadahonda o Paterna donde los agentes han solicitado los contratos y las adjudicaciones realizadas a este conglomerado de empresas. Se investigan los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y fraude fiscal, además de operaciones inmobiliarias.
Comienzan a aflorar las primeras reacciones desde el partido. El diputado y miembro de la Ejecutiva del PP, José María Lasalle, ha asegurado en A Vivir que son dos días que en estos casos es necesaria una acción contundente desde el partido. "Si hubiera tal vinculación y aparecieran nombres del PP que son cargos [...] estas personas serán yuguladas, en el sentido de que desaparecerán del partido", ha dicho Lasalle esta mañana en la Cadena SER.
Detenidos
Entre los detenidos figuran Francisco Correa, empresario vinculado al PP, su compañera sentimental María del Carmen Rodríguez Quijano y Pablo Crespo, ex alto cargo del PP gallego y administrador único de Special Events y Viajes Pasadena, dos de las empresas investigadas.
Special Events ha organizado numerosos actos para el Partido Popular, así como para administraciones gobernadas por el PP.
* Cadena SER - PEDRO JIMÉNEZ - 7.02.2009
Foto: Boadilla del Monte, ayuntamiento - madridiario.com
