El Seprona denunció 437 infracciones urbanísticas en 2008 en toda Extremadura

HOY* : El chalet de la esposa del alcalde de Villanueva es el más conocido, pero no el único. El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil), tramitó en 2008 nada menos que 437 denuncias por infracciones urbanísticas en la región. Se trata en su mayoría de actuaciones en zonas rústicas o protegidas que no cumplen la legislación.

En la provincia de Badajoz, donde la Guardia Civil acumuló 168 denuncias, la zona más afectada es la del entorno del embalse de Orellana, con el 95% de los casos, donde se encuentra el chalet de la mujer de Miguel Ángel Gallardo. Estas denuncias ya han sido enviadas a la Fiscalía y a los juzgados de Villanueva de la Serena, que están instruyendo medio centenar. Todavía no se sabe cuándo se podría celebrar el juicio.

El criterio de la Fiscalía en toda España es el de pedir no sólo que se condene a cárcel y multas a los autores de los delitos, sino que se demuelan las construcciones ilegales y se restaure la zona afectada. Pero la última palabra la tienen los jueces, que son los que determinan si se aplica el apartado del Código Penal que contempla la demolición de las construcciones ilegales. Las penas que se establecen para estos delitos son de seis meses a tres años de cárcel, multas de 12 a 24 meses e inhabilitación.

Detenciones en Coria

Pero no sólo en Orellana hay denuncias por casas ilegales. Uno de los casos más sonados en Extremadura se produjo en Coria hace casi dos años, cuando la Guardia Civil detuvo a nueve personas por construir en terrenos que están en la zona inundable del río Alagón. Estas denuncias no se han juzgado todavía.

No obstante, el asunto de más entidad, por el número de afectados, es el del embalse de Orellana. La fiebre por construirse un chalet junto al agua subió en los últimos años. Tanto, que desbordó incluso al Ayuntamiento de Orellana de la Sierra, donde se encuentran la mayoría de estas segundas residencias. Orellanita, que tiene poco más de 300 habitantes, había concedido algunas licencias en los años 90, pero dejó de hacerlo entre otras razones porque las figuras de protección ambiental que tiene la zona se lo impiden. De hecho, el alcalde que concediera licencias de obra en lugares protegidos podría ser acusado de prevaricación medioambiental y condenado por ello.

Hay que tener en cuenta que el entorno del embalse, más de 42.000 hectáreas, está declarada Zona de Interés Regional (ZIR), Zona de protección de Aves (ZEPA) y Humedal de Importancia Internacional. Pertenece también a la Red Natura 2000. Unas figuras de protección que la convierten en intocable. Al menos mientras no se modifique la ley y se apruebe el plan de uso, algo que reclaman los alcaldes y que permitiría una construcción ordenada en algunas zonas y restringiría otras. Para los alcaldes sería el modo de ordenar la presión urbanística y aprovechar el tirón turístico para impulsar el desarrollo comarcal.

¿Legalización sí?

El PSOE abrió una puerta el pasado miércoles a la posibilidad de legalizar las segundas viviendas construidas en zonas rústicas. Anunció una modificación de la Ley del Suelo, pero no ha concretado si en esa regularización entrarían viviendas como la de la esposa del alcalde villanovense. De momento, la maquinaria judicial sigue adelante. También la administrativa.

Conviene recordar que las denuncias que elabora el Seprona tras su visita a las parcelas donde se levantan viviendas o se abren pozos tienen varios destinatarios: si únicamente ven infracciones administrativas por falta de licencia de obras, la envían al ayuntamiento. Si la casa se construye en un paraje protegido la denuncia va también a Medio Ambiente, en la Junta; si estiman que hay infracciones a la Ley de Aguas también recibe una copia la Confederación del Guadiana. Por último, sólo si estiman que hay delito urbanístico se manda la denuncia a la Fiscalía. La denuncia a la esposa de Gallardo se envió a todas estas instituciones porque, a juicio del Seprona, podría infringir varias leyes y ser multada por ello, al margen de las consecuencias penales que tenga el asunto.

La Confederación del Guadiana ya ha anunciado que ha abierto un expediente sancionador, que sigue su curso mientras el juzgado no ordene su paralización; el Ayuntamiento le ha enviado una notificación para que pare las obras; y la Junta también ha anunciado que le ha abierto expediente por tres infracciones diferentes: el movimiento de tierras, la vivienda y una caseta auxiliar.

El Gobierno extremeño anunció, no obstante, que estos expedientes se paralizan mientras está abierto el proceso judicial. Las multas de la Junta por infracciones graves, como en este caso, van desde 6.000 a 60.000 euros.

Medio Ambiente no ha informado de cuántos expedientes tiene abiertos por construcciones ilegales, ni cuántos se han solventado con multas. Sí lo ha hecho la CHG, que ha fijado en 110 el número de expedientes abiertos y enviados a los juzgados referentes a la zona de Orellana.

El delito prescribe

Este número, junto a las 168 denuncias del SEPRONA, puede ser indicativo de las actuaciones urbanísticas irregulares en la zona. No obstante, ninguna administración ha aclarado cuántas viviendas, legales o ilegales, existen en el entorno del pantano.

Las cifras son tan diversas que van desde los que apuntan el número de 200 a quienes lo elevan a más de 400. Algunas disponen de licencia, como las citadas por HOY el pasado viernes, y otras, por su antigüedad, no podrían ser perseguidas, al menos penalmente.

El delito urbanístico prescribe a los cinco años, siempre que no se hayan iniciado actuaciones contra la construcción presuntamente ilegal.







* Hoy - M.M. - 8.02.09
Foto: Vista del paraje de Los Tercios, con viviendas cosntruidas en el entorno del emabalse de Orellana, dentro del término de Orellana de la Sierra./ALFONSO, hoy.es