Ibi: La sombra del urbanismo

INFORMACIÓN/Alicante* : La guerra interna del PP valenciano ha encontrado en Ibi uno de sus campos de batalla. Sin embargo, la decisión de la alcaldesa Mayte Parra, de adscripción campista, de expulsar a la edil Felicidad Peñalver, miembro de le ejecutiva de Ripoll, va más allá de las simples disputas de partido. Como tema de fondo del cruce de acusaciones que se ha vivido esta semana, se sitúa una forma polémica de entender el urbanismo, que ha generado suspicacias y rechazo social.

Cuando la concejal del PP ibense Felicidad Peñalver renunció a todas sus competencias, el pasado octubre, el argumento oficial de la sobrecarga de trabajo sembró dudas entre parte de la población. Sin embargo, difícilmente se podía aventurar que lo que aparentemente no eran más que diferencias internas de partido iban a derivar en sólo unos meses en una guerra declarada y abierta, con múltiples acusaciones cruzadas en las que un mismo tema siempre está presente: el desarrollo urbanístico.
En los últimos años, coincidiendo con el auge del sector de la construcción, el urbanismo ha generado diversas polémicas en Ibi. Todas las actuaciones, incluso las más controvertidas, se han ceñido al PGOU, aprobado en el año 2000 casi por unanimidad -apoyado por el entonces equipo de gobierno del PSOE y EU, así como por el PP, y con la sola excepción del único edil del Bloc-. Además, en su mayoría se trataba de desarrollos de no mucha envergadura. Sin embargo, han despertado suspicacias por su tramitación, o incluso por la idoneidad de llevar a cabo estos proyectos.
La expansión del casco urbano hacia el oeste, en las inmediaciones de la finca l'Alamí, ha sido el caso más destacado, al haber llegado hasta los tribunales. Sin embargo, no ha sido el único tema espinoso: el sector de Barberá, la construcción de viviendas en el cerro de Santa Lucía y la ampliación del polígono industrial son otros ejemplos. Algunos de ellos han tenido una fuerte contestación social, como el de las viviendas de Santa Lucía. En él, la arrolladora mayoría absoluta del PP -13 concejales de 21- tuvo que achantarse ante la encendida protesta de la oposición en bloque y de buena parte de los vecinos, indignados por el impacto visual que tendrían las casas sobre el cerro y la ermita que lo corona. Una imagen característica e incluso emblemática de Ibi, cuyo patrimonio arquitectónico ya resultó muy maltrecho por el fulgurante crecimiento que el municipio experimentó entre 1955 y 1980.
Pero la pretensión de levantar aquellas viviendas no sólo topó con el orgullo patrio de muchos ibenses. La oposición destapó presuntas irregularidades en la concesión de la licencia que permitía la ejecución de las obras, algo que ni se siguió investigando ni tuvo consecuencia alguna al paralizarse la actuación. No obstante, sí supuso que, a partir de entonces, la gestión urbanística del equipo de gobierno quedara en el entredicho.
Esto mismo ocurrió con el desarrollo frustrado del sector de Barberá. Estos terrenos, situados en torno a la masía del mismo nombre, a unos seis kilómetros de Ibi y en plena montaña, fueron catalogados como urbanizables en el PGOU. Una calificación que, ante la creciente especulación inmobiliaria, hacía a esta zona apetecible para edificar viviendas. Aún pueden verse desde la autovía dos rótulos deteriorados que hablan de una próxima promoción que, por ahora, no se va a ejecutar. Aquí, la polémica se desató al concederse a la empresa la condición de agente urbanizador por silencio administrativo positivo, para después retirársela.
La controversia urbanística ha estado también de alguna forma presente en los vuelcos políticos que ha conocido Ibi en las últimas elecciones. Ya se hablaba de ella en 2003, cuando el PSOE pasó de gobernar con mayoría absoluta a tener seis concejales. Entonces, la formación independiente ADIi fue la gran sorpresa, al cosechar 3.000 votos y lograr cinco ediles. Una masa electoral que, en gran medida, había apoyado hasta entonces al socialista Vicent Garcia y que, cuatro años después, volvió a cambiar sus preferencias para dar la mayoría absoluta a Mayte Parra.
Ante esta situación, todos los grupos políticos actuales en el Ayuntamiento son conscientes de que la crisis que se vive estos días puede influir sobre los comicios de 2011, pese a lo lejos que aún quedan en el tiempo. El PP defiende su gestión y asegura que "la transparencia de los últimos años es la deseable frente al oscurantismo del PSOE", en palabras del edil de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera. "Todo se hace mirando el interés general", prosigue, "guiados por el criterio del PGOU". A él alude en los casos de Santa Lucía y Barberá, donde "los socialistas dieron la edificabilidad". Agüera alega que el PP apoyó ese planeamiento "con muchas discrepancias", y "porque en un PGOU hay muchas cosas".
El portavoz socialista, Antonio Martos, en cambio, critica "el proceder del PP" amparándose en que el Plan General lo aprobó el PSOE, ya que "es un instrumento vivo" que se hubiera podido modificar. Por ello, actuaciones como la de Barberá "no tienen pies ni cabeza". Los líderes de ADIi y EU, Nicolás Martínez y José Vicente Verdú, respectivamente, también insisten en la cuestión urbanística. El primero señala que "la alcaldesa ha adjudicado todo lo que ha podido a empresas de fuera, pasando por encima de los derechos de propietarios", mientras que el segundo alude a "escándalos" como Santa Lucía y a cómo el equipo de gobierno "esquilma y despatrimonializa Ibi", dejando bienes públicos en manos privadas.
Hay que señalar, finalmente, que la gestión del Ayuntamiento de Ibi en los últimos años ha estado marcada por importantes sobrecostes en determinadas obras, como la reforma del Teatro Río o la piscina climatizada. En este último caso, se creó una comisión de investigación, que apoyó la gestión del gobierno popular.





* Información - A. TERUEL - 8.02.09
Foto: Ibi (Alicante) - cult.gva.es