Yo soy de los que llorarían

CHANTAL MAILLARD* : Me gustaría poder felicitarnos. Me gustaría poder pensar que en Málaga somos de verdad "ciudadanos", es decir, personas que no sólo se sienten pertenecer a una ciudad, sino que también entienden que esa ciudad les pertenece al modo en que nos pertenecen los seres y las cosas que amamos, sintiéndonos responsables de ellos. Pero algo nos ha quedado, sin duda, en el Sur, del viejo servilismo, del espíritu sumiso y resignado de quienes entendían que ellos nada tenían que ver con quienes les sometían y gobernaban. El cacique, ahora, es el político, o así queremos que sea porque es más cómodo. Delegamos nuestra responsabilidad con el voto o el silencio.

El mundo lo hacen otros, y a la pregunta por aquello que queremos habitar no respondemos, no somos responsables. Culpamos al "Sistema", eso sí, una de esas grandes palabras bajo las que escondemos la desidia.
Pero resulta que el político, el polités: el ciudadano somos nosotros, y quienes nos gobiernan lo harían con más cuidado, con más tiento y esmero si se lo recordásemos alguna vez. Y ahora es buen momento, porque el proyecto de "reforma" de los Baños del Carmen está a nuestra disposición, en su período informativo, en la Demarcación de Costas (Pº de la Farola, 12). Es este el período en el que podemos hacer alegaciones, o sea, que podemos manifestarnos, que podemos aportar nuestras sugerencias, y también el período en el que podemos hacer alegaciones aportando sugerencias.

Yo soy de los que llorarían -y tiemblo al pensar que así será- si aquel lugar desapareciese o si, al abrirse por el este y el oeste, perdiese aquel encanto que le hace tan especial. Soy de los que llorarían como cuando algo muy preciado y muy tuyo se pierde. Mientras convalecía de una enfermedad que me dejó sin poder casi caminar, me acercaba con mis pasos endebles al bosque de eucaliptos, y el olor curativo de esos árboles me hacía pensar que era posible seguir viviendo. Allí descubrí que podía mover mi espalda más de lo que creía al intentar sacar la cabeza de un hermoso y enloquecido gato negro de una lata de conserva en la que se había encajado; el animal corría despavorido, chocaba contra los troncos de los árboles y contra todo; conseguí liberarlo con la ayuda de un amigo, y pensé que la vida seguía valiendo la pena. Soy de los muchos que, al sentarse entre aquellas columnas vetustas a la puesta de sol, han sentido que la paz era algo tangible. Es aquel uno de esos pocos lugares en los que la luz se corporeiza, en los que comprendemos, sin hablar, sin pensar, que no es correcta la disociación entre cuerpo y espíritu porque, a veces, los cuerpos se transparentan y el espíritu se encarna.

Y también soy de aquellos que al mirar la extensión de rocas pequeñas entre las que el mar juega y que es el refugio de cangrejos y otros animales secretos recuerdan cómo eran, hace mucho tiempo, las playas de nuestras costas, cuando aún las grandes estrellas de mar venían a morir en sus orillas. No quiero creer que queramos y consintamos que el único trocito de playa genuino que nos queda se convierta en otra piscina más, de esas a las que generosamente llamamos "calitas".

La solución proyectada pretende "recuperar un espacio que forma parte de la memoria colectiva". ¿Qué se entiende por "recuperar"? "Rescatar", "redimir", "reconquistar", "salvar", "liberar" son los sinónimos prescritos por el diccionario. No eran otros los empleados por colonizadores y conquistadores para legitimar sus salvajismos. ¿En nombre de qué han de redimirse los Baños del Carmen? ¿De qué -¡o de quiénes!- se supone hay que salvarlos? El "espacio público" que nos presentan es un parque con palmeras (¡más palmeras!), con kioscos y accesos pavimentados para el acceso de vehículos de abastecimiento, abierto de par en par, a la vista, esa visibilidad que fue uno de los grandes principios de los arquitectos que diseñaron las ciudades fascistas: todo abierto, sin trabas, sin obstáculos, para que el enemigo (el enemigo siempre somos nosotros) no pudiese ocultarse. Ordenar, higienizar: suprimir (¿cuántos eucaliptos serán "desarraigados" para hacerle sitio al jardín mediterráneo?) para controlar era la norma, a la que se suma ahora, acorde con la economía de mercado, la de diseñar conforme a los fines prácticos. El valor de lo recóndito, de lo natural, que tan bien se conocía antiguamente en Japón, el valor de lo que no es económicamente rentable pero que nos acoge no es apreciable en nuestra sociedad. Tampoco lo que envejece. Todo lo viejo ha de reemplazarse, aunque siga cumpliendo su función. Tal es el miedo que le tenemos a los síntomas de la desaparición, cualquiera que éstos sean. Los ancianos, confinados; todo lo viejo, lo agrietado, lo que naturalmente se inclina o pierde su tranquilizadora simetría, renovado.

La memoria que se pretende "recuperar", en realidad, se construirá. Porque ésa, la que quedará reducida a unos pocos vestigios bien limpios y bien situados, no es la memoria de todos, sino la que se ofrecerá a los que han de venir y no tendrán, de todo ello, recuerdo alguno. Al conservarla, la destruirán. Porque la memoria de verdad es algo vivo, algo que sigue viviendo con nosotros y, actualmente, la memoria del Balneario está viva porque quienes pisan ahora sus losas y aman y respetan cada una de sus columnas disímiles no pasan por allí sino que vienen allí y venir-a, o ir-a, a diferencia de pasar, es un movimiento del espíritu. Por un Paseo marítimo se pasa o se pasea, pero al Balneario se viene; su memoria, la seguimos haciendo entre todos.

Cuando pienso en el Balneario, hay una imagen que siempre acude a mi mente, la de una pieza de mármol blanco hexagonal, el brocal de un pozo, o tal vez una pila bautismal por el cordero pascual que, en alto relieve, orna uno de sus laterales. Dentro de ella, ha crecido un drago. Tan fuertes se hicieron sus raíces que han partido en dos la pieza de mármol sin por eso dejar de aguantar sus dos mitades. Raíces que a la vez quiebran y mantienen. Desde que la vi me pareció ésta una gran metáfora: la fuerza natural germinando y creciendo en el pozo de vida, pila bautismal o pozo, quebrando y sosteniendo, a un tiempo, lo que le ha dado vida y cobijo. Pero también es metáfora de la naturaleza que exige y recupera sus lugares asolados o conquistados por las ideologías y sus secuelas. ¿Cuál es la ideología que sustenta la necesidad de las plataformas veraniegas? Y cuando todos los lugares se parezcan, cuando todo nuestro entorno sea el resultado de la clonación de una postal exótica, ¿qué tendrá Málaga de especial? ¿Qué cantarán sus poetas?

Pero han de perdonarme: estoy hablando por todos, dando por hecho que a todos los malagueños les importa que los Baños del Carmen sigan conservando su espíritu. Es cierto, puede que muchos prefieran tener un chiringuito más, y si tiene columnas, por Dios que no estén rotas, y que esté todo limpio, solado y sin tierra, para que el niño no se ensucie. Ah, y que no se olviden del letrero que nos oriente o nos advierta que ésta es una "Playa natural"? Pero sabéis al igual que yo que no sólo las personas hacen los lugares, que también los lugares hacen a las personas, y que si ofrecemos lugares especiales, lugares de verdad, no parques temáticos, ni espacios de diseño refractarios donde nunca habitará el espíritu del mundo, ofreceremos también la posibilidad de que entre todos seamos personas de verdad y no un público anónimo afecto a escenarios de postal veraniega y al consumo de todo cuanto, porque deja insatisfecho, responde a la estrategia del Mercado.



* Chantal Maillard es doctora en Filosofía y Premio Nacional de Poesía






* La Opinión de Málaga - 02 de marzo de 2008


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"España es el país de Europa con más viviendas vacías"

LAVANGUARDIA* : El arquitecto y relator especial sobre la Vivienda Adecuada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Miloon Kothari, a invitación del Gobierno español visitó a finales del 2006 España para estudiar los casos concretos de Barcelona, Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla y Zaragoza. Ya ha elaborado su informe sobre la situación de la vivienda en España y hoy 10 de marzo lo presenta de forma oficial durante la Asamblea del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.


ENTREVISTA

-¿Qué recomendaciones haría a los Gobiernos para mejorar el acceso a la vivienda?
-Una de mis recomendaciones principales es que los Gobiernos en todo el mundo y, especialmente, en el caso de los Gobiernos europeos tienen que poner más énfasis para promover una vivienda accesible y alejarse de la visión de la vivienda como una mercancía. Debería verse como un derecho humano y social. Muchas personas están destinando el 70% o más de su salario a la vivienda y no pueden dedicar su dinero a otros aspectos como la salud o la educación. No me parece bien y los Gobiernos tendrían que tomar medidas para que esto no pase, sobre todo en el caso de los más desfavorecidos. Y una solución de calidad sería desde el punto de vista de los derechos humanos.

- ¿Y qué otras soluciones propone?
- Para los grupos más vulnerables no basta con planificar políticas de vivienda de un año para otro sino que se debería garantizar este derecho y especialmente en los países desarrollados, que no tienen la excusa de falta de recursos. Otra recomendación y en relación con los grupos más desfavorecidos sería la discriminación que sufren las mujeres en temas de vivienda. En los países desarrollados, las madres solteras, las mujeres víctimas de la violencia doméstica, discapacitadas y mayores viven una situación más compleja porque afrontan una discriminación más complicada.

-¿Considera que existe una relación entre la violencia doméstica que sufre la mujer y el acceso a la vivienda?
-Existe un vínculo directo entre la violencia doméstica y el acceso a la vivienda porque si las mujeres no tienen un lugar seguro o el derecho a acceder a una vivienda pueden sufrir situaciones en un ambiente de violencia doméstica sin poder irse a otro sitio y estar seguras. Es importante que exista una legislación a favor del derecho de la mujer a la hora de acceder a la vivienda cuando sufra violencia doméstica tal como existe en otros países como en la India o en Uruguay.

-¿En su misión a España qué diferencias ha encontrado en comparación con otros países europeos en materia de vivienda?
-Una de las cuestiones que más me sorprendió es el fenómeno de la existencia de muchas casas vacías pese a los problemas de acceso a una vivienda. España es con diferencia el país de Europa Occidental con más viviendas vacías. Otra cuestión es que la gente quiere comprar más que alquilar. En España a pesar de sus políticas a favor de un acceso a la vivienda los esfuerzos e iniciativas del Gobierno se han destinado a su compra con incentivos a constructores y esto ha distorsionado el mercado. Según mi experiencia en Australia y Canadá sí que existe un derecho social real de la vivienda pero en España las viviendas de protección oficial normalmente no están al alcance de las personas más necesitadas sino de las que deberían comprar o alquilar una vivienda en el mercado. También me ha sorprendido la intensa especulación urbanística y la fuerte corrupción que viene acompañada de ella.

-Antes de haber presentado oficialmente su informe se reunió recientemente con la Ministra de Vivienda, Carme Chacón. ¿Qué sensaciones ha tenido de este encuentro?
-La reunión ha sido útil y me alegro de poder haberla conocido ya que cuando estuve realizando mi misión había otra Ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo. Chacón me explicó las nuevas medidas y políticas que están adoptando en materia de vivienda y estoy encantado de comprobar que inicialmente el Gobierno español ha respondido positivamente al informe y lo ha visto como una crítica constructiva.

-Además del Gobierno central cuáles son las funciones que deben desempeñar las comunidades autónomas y los municipios en materia de vivienda.
-En España las comunidades autónomas y los municipios tienen un gran poder de decisión en cuestiones relacionadas con la vivienda. En cada región hay que prestar una determinada atención a los distintos problemas. Si bien es cierto que los países desarrollados suelen tener un sistema federal donde la vivienda es una responsabilidad local pero a menudo los recursos necesarios económicos no están y los municipios que quieren hacer algo frente a los problemas de vivienda no pueden. Por eso es necesaria una cooperación entre los gobiernos locales, autonómicos y estatales.

-Para elaborar su informe ha visitado distintas ciudades españoles pero Barcelona fue la primera. ¿Qué impresión se lleva?
-Barcelona es una ciudad en la que se han renovado y se han transformado socioeconómicamente los barrios más degradados y resulta que todos los barrios son caros y existe una situación en la que ni siquiera la gente de la clase media está al alcance de adquirir una vivienda propia. Imagínate la situación de otros grupos más desfavorecidos como pueden ser los inmigrantes, los sin techo o el colectivo gitano. Además, un 18% de los catalanes vive en una situación de riesgo de pobreza y esto en un porcentaje muy elevado para un país desarrollado.






* La Vanguardia - Barcelona - Jesús Sancho - 10/03/2008
Foto: Relator de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, 2006 - adn.es

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El hogar aún no es un derecho, es un bien de consumo

ELPAÍS* : La obsesión por ser propietarios de la vivienda y la especulación han hecho de España un caso alarmante para las capas más desfavorecidas de la población. La ONU, en un acontecimiento inusual, llamará hoy la atención al Gobierno y le urgirá a intervenir en el mercado.

Enrique Vives vive con sus padres. Veintiocho años, un trabajo de mileurista. La única solución sería buscar un piso compartido en su ciudad, Barcelona, y gastar casi la mitad del sueldo en alquiler. Las ayudas de hasta 210 euros promovidas por el Gobierno no serían, además, suficientes para garantizarle la calidad de vida de la que goza en casa de sus padres, asegura. "Prefiero esperar", admite. Su prima Eva, en cambio, acaba de recibir las llaves con las que espera abrir una puerta al futuro junto con su pareja. Las llaves de una vivienda de protección oficial en las afueras de Granada, por la que empezará a pagar una hipoteca de 90.000 euros, un 40% menos de lo que le habría deparado un piso del mercado libre.

Las historias de Enrique y Eva reflejan de forma indirecta dos caras de las políticas de la vivienda en España. Ayudas a veces insuficientes y otras eficaces. Escasas oportunidades para alquilar y demasiadas viviendas en construcción. Centenares de miles de casas vacías, pero también un sistema de Vivienda de Protección Oficial (VPO) mejor organizado que en otros países europeos. Buena voluntad por parte de muchas administraciones y especulación por parte de otros tantos promotores. Aspectos negativos y positivos que, según un estudio de Naciones Unidas, mezclan los peores y los mejores hábitos de todo un sector.

España, en materia urbanística, parece un caos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué los precios en Madrid y Barcelona han aumentado por encima del 100% en los últimos 10 años? ¿Qué tendrá que hacer el futuro Gobierno para garantizar el derecho a la vivienda? A estas preguntas intenta responder un informe de la ONU que se presentará hoy en Ginebra ante representantes del Ejecutivo en la asamblea del Consejo de Derechos Humanos. "A pesar de que en las disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende... Todos los sectores de la sociedad, incluidos los promotores, los constructores, las agencias, los grupos de la sociedad civil deben participar en la realización de este derecho humano básico", cuenta el relator del estudio, Miloon Kothari.

¿Cómo? Según Naciones Unidas, el Gobierno no tiene más alternativas que "intervenir en el mercado de la vivienda y regularlo para garantizar un descenso de los precios de los inmuebles y del suelo". Y castigando con mayor determinación prácticas como la discriminación xenófoba y racial y la especulación. A finales de 2006, Kothari visitó España a invitación del Gobierno y tras haber recibido varias denuncias de algunas ONG; observó de primera mano la situación de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla o Zaragoza y se encontró con un panorama en muchos casos desolador. Casos de corrupción, mobbing inmobiliario, segregación residencial, especulación. Una de las causas del mal funcionamiento del sistema residiría en el éxito del modelo de vivienda en propiedad, que obliga a centenares de miles de familias "a gastar en hipotecas más del 40% de sus ingresos medios", explica el relator. Se trata de algo inédito en países como Francia, Reino Unido o Alemania, donde los jóvenes se emancipan de media cuatro años antes que en España. ¿Por qué?

Al margen de las razones económicas, según los expertos, se trata de una cuestión de hábitos sociales típicos del sur de Europa. Una de las características de nuestra sociedad son las fuertes relaciones de dependencia. Las ayudas familiares y los vínculos entre generaciones, más radicados que en otros países, determinarían así también nuestras prácticas residenciales: la compra de una vivienda, su localización y, sobre todo, la dilación de la edad de emancipación, que en algunos casos no se produce hasta los 35 años.

Si, por ejemplo, Enrique aprovechara las subvenciones públicas, podría en realidad emanciparse. No viviría holgadamente, tendría que hacer algunos esfuerzos, pero podría. Sin embargo, la falta de una cultura del alquiler suele retener a decenas de miles de jóvenes en casa de los padres hasta que pueden permitirse una vivienda en propiedad. Ya la ex ministra Trujillo reconoció a este respecto que "la insuficiente oferta de vivienda de alquiler y subvencionada constituye un grave problema": según los últimos datos, sólo el 6,3% de todas las residencias está en ese régimen, menos de la mitad de la media europea. Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala, además, que sólo el 35,4% de las viviendas económicas en alquiler están realmente ocupadas por hogares "pobres".

Pero, ¿cómo ha podido prosperar la obsesión de los españoles por ser propietarios? El fenómeno se suele explicar con una infinidad de variables económicas, sociológicas e incluso psicológicas. Pero, al final, casi todas las respuestas se condensan en una frase mucho más sencilla: "Total, para pagar casi lo mismo por un alquiler, compro y el piso es mío". Lógica aplastante. Sin embargo, lo que aquí parece evidente, en Europa no lo es tanto. Mientras que sólo uno de cada 10 hogares españoles vive de alquiler, en la UE el porcentaje alcanza el 38%.

Llama la atención la unanimidad entre políticos y expertos a la hora de diagnosticar el problema -la escasez de oferta en el mercado- y las medicinas que podrían curar la enfermedad -aumentar el parque de vivienda social para inquilinos-. Si la respuesta es tan obvia, ¿por qué la proporción de alquiler se ha mantenido invariable en niveles raquíticos durante los últimos años? ¿Y por qué el parque público no representa ni un 1% del total, mientras que en Europa ronda el 18%?

"Todos los Gobiernos han dicho que querían impulsar el alquiler. Pero al mismo tiempo mantenían las ventajas fiscales a la compra. Ha habido una clara indefinición política", responde José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. Este especialista cree que, ahora sí, el Ejecutivo ha entendido la necesidad de ponerse manos a la obra, con medidas como la ayuda de 210 euros para jóvenes o la deducción fiscal para rentas inferiores a 24.000 euros. "El riesgo ahora es que se subvencione demasiado un sector en el que la oferta es insuficiente. Esto, como sabe cualquier estudiante de primero de Económicas, sólo provocaría un aumento de los precios".

De todas formas, por ahora no habrá peligro en este frente, porque el sistema de vivienda en propiedad, público y privado, es todavía el rey del sector, lo que ha llevado a Naciones Unidas a dar la voz de alarma: "Aunque el precio de las VPO es más bajo que el precio de mercado, sigue siendo demasiado alto... Por tanto, el sistema parece beneficiar solamente a algunos grupos de la población que pueden permitirse una casa y deja de lado a los que no pueden comprar ni pagar hipotecas o alquileres", dice Miloon Kothari.

¿Por qué es tan negativo que el mercado de alquiler sea casi insignificante? Ante todo, porque la lógica aconseja diversificar el patrimonio. Y en España es habitual que los jóvenes se endeuden al 90% o el 100% para comprar un piso. "Es un absurdo desde el punto de vista financiero. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta", asegura García Montalvo.

El problema, en realidad, viene de lejos. De los años más negros de la posguerra, precisa el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona Josep Oliver. La legislación franquista de los cuarenta congeló los alquileres. "Con las rentas estables y una inflación galopante, nadie en su sano juicio ponía un piso en el mercado", señala Oliver. Pero no sólo cuenta la ley, la sociología también tiene cosas que decir. El éxodo rural de los años del desarrollismo llenó las ciudades de personas procedentes del campo, que no concebían la idea de alquilar. Además, las tasas de inflación de entonces y las hipotecas a tipo fijo que concedían habitualmente los bancos aconsejaban a cualquier consumidor sensato optar por la compra.

En los ochenta y noventa se liberaliza el mercado del alquiler dando más derechos a los propietarios. Pero, como recuerda el informe del relator de la ONU, esta política tampoco ha dado el resultado esperado. Con la crisis de los ochenta, y las tasas de paro por las nubes, la creación de nuevos hogares se ralentiza, y también lo hace la salida al mercado de nuevos pisos. Y así se llega al auge inmobiliario de la última década. Los tipos de interés pasan en pocos años del 17% al 3% de 1999. Con una inflación controlada y tasas de empleo al alza, la decisión racional es endeudarse... para comprar.

El escaso desarrollo de los instrumentos financieros contribuye, además, a que las familias consideren que su piso no es sólo el sitio donde duermen, sino también un seguro de vida. Así, el rechazo al alquiler se perpetúa en la psique española hasta bien entrado el siglo XXI. La pregunta ahora es si España dejará de ser diferente, también en esto, en los próximos años.

Un sector de contradicciones

- Artículo 47 de la Constitución. "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

- La ONU. "A pesar de que en las disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende. En este contexto, debe recuperarse su función social y aplicarse el artículo 47".







* ELPAIS.com - FRANCESCO MANETTO / LUIS DONCEL 10/03/2008
Foto: La urbanización de Paco el Pocero en Seseña- ULY MARTÍN, elpais.com


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El Consell retrasa 7 años el Patecas y frena la respuesta a las alegaciones desde 2005

LEVANTE/Castelló* : La Generalitat Valenciana retrasa desde hace siete años y siete meses el Plan de Acción Territorial de Castelló (Patecas) y bloquea desde 2005 la respuesta a las alegaciones que presentaron 21 municipios al objeto de coordinar los planes urbanísticos del área metropolitana y definir las necesidades en materia de infraestructuras.

Este bloqueo se mantiene vigente en una antesala electoral en la que emerge la publicidad de proyectos virtuales que aún duermen en los cajones de algún despacho y los ciudadanos asisten a un fuego cruzado de acusaciones y enfrentamientos entre municipios por los diseños de futuro del área metropolitana.
Las fotos mediáticas todavía no se han traducido en documentos concretos y llama la atención que el tanto el Consell como los ayuntamientos de signo popular han silenciado cualquier referencia al Patecas, un plan que fue concebido precisamente para marcar las líneas de ordenación territorial y agilizar la reivindicación de las infraestructuras.
La demora del plan implica que ni la Generalitat Valenciana ni los municipios están en condiciones de exponer en un documento unificado los proyectos y el diseño territorial que necesita Castelló.
Pese a ello, el Partido Popular no ha dudado en criticar desde los ayuntamientos que gobierna y desde la Generalitat los supuestos retrasos de las infraestructuras del Gobierno central, que en muchos casos se ha encontrado con una batalla difícil de resolver a la hora de encontrar trazados que cuenten con el consenso de todos los municipios, tales como el desdoblamiento de la N-340 o el enlace del bus guiado con Benicàssim.
El Gobierno de la Generalitat Valenciana presentó por primera vez el Plan de Acción Territorial de Castelló (Patecas) en el año 2000. En aquel momento, Luis Fernando Cartagena se encontraba al frente de la Conselleria de Obras Publicas.
La redacción del proyecto se adjudicó en el año 2001 y la aprobación del plan, que no su aplicación, se rubricó en 2002. Este documento pasó entonces por las manos del actual conseller de Infraestructuras, Rafael García Antón, que finalmente derivó el cometido hacia las competencias del entonces conseller de Territorio, Rafael Blasco.
Los ayuntamientos recibieron el documento para presentar su opinión al respecto y completar un proceso de alegaciones que todavía hoy no ha recibido respuesta alguna.







* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 10 de marzo de 2008
Foto: Castellón, vista - google.es

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¡Vota ladrillazo!



Viñetas: El Roto (El País) / J.Kalvellido

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El paisaje, mucho más que una postal

ELMUNDO* : Ocho folios van a cambiar el 'skyline' de España de ahora en adelante. Acaba de entrar en vigor el Convenio Europeo del Paisaje, un documento escueto pero explícito que obligará a las administraciones públicas a proteger, como si se tratara de espacios naturales emblemáticos, las áreas urbanas, tanto si son excepcionales como si entran en la categoría de lo cotidiano.

Un caso gráfico: las periferias de las ciudades ya no podrán ser el 'patito feo' del tejido metropolitano. Esta normativa, que tendrá carácter vinculante en las políticas que inciden en el territorio, propiciará que, por ejemplo, se contemple la plantación de árboles o la mejora de las vías de comunicación en estos entornos con carácter preceptivo.

"Se trata de un convenio marco que obliga a los estados a ir incorporando la sensibilidad por el paisaje, pero el problema es que no dice cómo", explica Joan Nogué, director del Observatorio del Paisaje de Cataluña (la primera comunidad que manifestó su sensibilidad por este asunto, en diciembre de 2000). "Además, en España la complejidad es mayor, ya que la mayoría de las competencias en urbanismo están transferidas a las comunidades".

De hecho, sólo el Gobierno catalán y el de la Comunidad Valenciana han legislado en este sentido antes de que España ratificara el convenio, que fue aprobado por el Consejo de Europa en 2000.

"Este documento solo no es suficiente, pero es un nuevo instrumento de nivel europeo que nos va a permitir tener un paisaje más ordenado, bien gestionado y que conserve los valores que dan personalidad a un territorio, lo cual no es incompatible con su transformación", considera Nogué.

Mayor sensibilidad

Y añade: "Lo que se ha hecho en el urbanismo de España en los últimos 20 años ha sido imperdonable. Se ha dilapidado la identidad de un país, algo que en otras culturas es inimaginable. La preocupación por el paisaje llega tarde, pero yo voy notando que hay mayor sensibilidad, a veces de forma superficial, como simples proyectos de jardinería, pero en ocasiones ya hay iniciativas importantes".

A falta de una definición concreta por parte del Convenio Europeo, la experiencia catalana puede servir de modelo para el desarrollo de fórmulas de aplicación de esta nueva filosofía de urbanismo por parte de las comunidades. Joan Ganyet, director general de Arquitectura y Paisaje en la Generalitat, desgrana algunas de las actividades destacadas que ha puesto en marcha su departamento en los últimos años: redacción de catálogos de paisaje, información de estudios de impacto urbanístico, acciones de sensibilización social...

"Sin duda, el camino en materia paisajística es muy largo y aún queda mucho por hacer", reflexiona Ganyet. "El paisaje se percibe como una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; el objetivo final es definir unos objetivos de calidad paisajística". Que según el texto del Convenio es "la plasmación por parte de las administraciones públicas de las aspiraciones de la colectividad en lo que respecta a las características paisajísticas de su entorno".

La directora general de Paisaje de la Generalitat Valenciana, Arancha Muñoz, argumenta que la legislación "no debe ser percibida como un obstáculo al desarrollo, sino como una herramienta que posibilita crecer mejor y de forma más sostenible".



Convenio europeo del paisaje

Fue redactado y aprobado por los estados miembros del Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000, en Florencia.

España lo ratificó a finales del año pasado, aunque no ha entrado en vigor hasta el pasado 1 de marzo.

El documento consta de 18 artículos distribuidos en cuatro capítulos: disposiciones generales, medidas nacionales, cooperación europea y disposiciones finales.

Por paisaje se entiende "cualquier parte del territorio, tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos".

Entre otras cuestiones, los estados que lo ratifiquen se comprometen a integrar el paisaje en sus políticas de ordenación territorial y urbanística, medioambientales, económicas, etc.

Su incumplimiento se podrá denunciar a través del Secretariado General del Consejo de Europa.






* El Mundo - MARTA BELVER - 7 de Marzo de 2008
Foto: Todos los grupos parlamentarios catalanes se adhirieron simbólicamente en diciembre de 2000 al Convenio Europeo del Paisaje. Cinco años después se promulgó una ley pionera en este sentido y se creó el Observatorio del Paisaje, un consorcio público formado por 30 instituciones, entre ellas, universidades, ONG y colegios profesionales (en la imagen, el municipio de Onyar en Gerona)/ El Mundo


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Cientos de personas protestan contra la reforma del aeródromo

DIARIODECÓRDOBA* : La Asociación en Defensa del Medio Ambiente Urbano, Córdoba Saludable, congregó anoche delante del Ayuntamiento a cientos de personas --entre 300 y 400, según la Policía Local, y más de 1.500, según los organizadores-- que protestaron por la ampliación del aeropuerto.

Según el colectivo, al acto asistieron un gran número de parcelistas, tanto afectados directamente por las obras como no, e incluso de otras zonas de la ciudad.
No faltaron representantes de los colectivos que se verán más perjudicados, del PP y de Coalición Andalucista.

La protesta, que duró una hora, se desarrolló sin problemas y con aplausos que respaldaban las manifestaciones del presidente de la plataforma, Nicolás Moya, que aprovechó para criticar otros proyectos, como el parque logístico. De vez en cuando se oían frases contrarias al Gobierno municipal, especialmente a la alcaldesa, Rosa Aguilar, y al presidente de la Gerencia de Urbanismo, Andrés Ocaña.

Nicolás Moya defendió un aeródromo en la campiña, a diez kilómetros de Córdoba, con una pista más grande, que no causaría perjuicios, "el suelo sería de cincuenta a cien veces más barato y no habría que realojar a 110 familias que tendrán que comenzar de nuevo sus vidas en otra casa o negocio". Además, según indicó, se construirá antes porque "los pleitos por las expropiaciones retrasarían el proyecto y habría que derribar lo que hay". Moya piensa que "lo que tratan de hacer es un aeropuerto nuevo bajo la apariencia de una ampliación".

En su opinión, la ubicación del aeropuerto actual solo ha dado problemas por las nieblas, al estar junto al río, y ahora "quieren resucitar a un muerto haciendo grandes inversiones en un lugar sin futuro", que, además, "quedaría como la segunda pista más corta de las capitales de España".

También aludió a que se ha optado por "ejecutar un proyecto de forma ilegal" al requerir "la revisión del plan director, plan especial y PGOU". Moya amenazó con seguir presentando denuncias en los juzgados.






* Diario de Córdoba - 07/03/2008 - I.L.
Foto: Asistentes a la concentración celebrada ante el Ayuntamiento /JUAN MANUEL VACAS, diariocordoba.com


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La Plataforma en Defensa del Puerto denuncia 'a todos los que se metan por medio' a favor de los silos de cemento

TERRA/Alicante* : La Plataforma en Defensa del Puerto presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por un presunto delito contra la ordenación del territorio en relación a la construcción de 17 silos de cemento en la zona de ampliación del Puerto. La denuncia se dirige 'contra los promotores, constructores o técnicos directores de las instalaciones proyectadas, y contra aquellas autoridades o funcionarios públicos que, a sabiendas de su injusticia, hayan informado favorablemente de su instalación'.

Manuel Pomar, presidente y portavoz de la plataforma fue muy elocuente al respecto: 'La denuncia es contra todos los que se metan por medio de todo esto'.

Hasta ahora, el Ayuntamiento, por ejemplo, se ha limitado recibir las propuestas de tres de las cinco empresas interesadas y cuyos proyectos ya han recibido el visto bueno de la Autoridad Portuaria. Según el colectivo, se ha previsto instalar edificaciones que vulneran la normativa vigente en materia urbanística y medioambiental y 'atentan contra la salud de los ciudadanos'.

A juicio de los denunciantes, las cinco cementeras prevén construcciones 'no autorizadas' en un bien de dominio público 'por exceder de lo permitido -12 metros de altura- y no tener todos los informes y permisos necesarios', recoge el texto de la denuncia.

El documento presentado en la Fiscalía recoge datos de los proyectos que autorizador por el Puerto, aunque dos de ellos ya han modificado las alturas de los silos. El último que lo ha hecho ha sido Tecnifield, que preveía seis silos de 39,2 metros de altura cada uno, pero que ante el la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha presentado seis silos de 30 metros.

Los denunciantes destacan que el impacto medioambiental y paisajístico de la altura es 'muy grave' y resaltan que algunas de las empresas 'reconocen que la infraestructura produce un impacto visual severo', al tiempo que apuestan por silos más bajos y anchos.

El escrito presentado sostiene que los proyectos 'incumplen la normativa vigente' por constituir 'un intento' para convertir el sector de ampliación del puerto 'en una zona industrial sin las autorizaciones preceptivas'.

La plataforma denuncia también que no se ha realizado un estudio de impacto ambiental ni otros informes necesarios del conjunto de los proyectos y de cada uno de ellos por separado para valorar los efectos en el medio ambiente de las emisiones de polvo acumuladas, ruidos y demás influencias ambientales derivadas de la actividad industrial.

El colectivo ciudadano precisa que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 2003 de la Generalitat era para la zona de ampliación del Puerto y no cubre los citados proyectos por ser un uso del suelo no contemplado entonces.

El presidente del colectivo, Manuel Pomar, reclama la apertura de diligencias 'de investigación penal' para 'comprobar los hechos y sus presuntos responsables: Ayuntamiento, Conselleria de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente y Autoridad Portuaria de Alicante'. Pomar anunció 'tres denuncias más para atacar en todos los frentes'. Versarán sobre otras actividades que se desarrollan en el Puerto.

El alcalde, Luis Díaz Alperi, enmarca la denuncia dentro de la campaña electoral y pide que se investigue porque 'aquí nadie tiene que ocultar nada'. Mantiene que los silos proyectados 'no contaminan en absoluto, nada', al contrario que los depósitos de cemento que actualmente hay en el Puerto, que 'contaminan más'.







* Terra Actualidad - VMT - 08.03.08
Foto: Alicante, puerto - alicanteconfidencial.blogspot.com


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El paisaje planta cara a la economía

LAVOZDELANZAROTE* : La Fundación César Manrique prepara el documento con las conclusiones del encuentro del pasado viernes entre prestigiosos paisajistas europeos. Ha llegado el momento de poner al “paisaje” en el lugar que le corresponde, aunque para ello haya que enfrentarse a los modelos económicos que actualmente están “destruyendo” el entorno natural.

La entrada en vigor en España del Convenio Europeo del Paisaje, el pasado sábado 1 de marzo, como instrumento de protección, gestión y ordenación de todos los paisajes de Europa, abre una oportunidad que la Fundación César Manrique ha querido aprovechar implicando a los más prestigiosos paisajistas que se reunieron en Lanzarote para avivar el debate y plasmar por escrito sus planteamientos con el fin de influir en las políticas europeas. Se trata de aplicar “la lógica del paisaje al capital desbocado”.

Economía depredadora

El Convenio que ha entrado en vigor se percata de que “la producción agrícola, forestal, industrial y minera, así como en materia de ordenación del territorio y urbanística, trasporte, infraestructura, turismo y ocio y, a nivel más general, los cambios en la economía mundial están acelerando en muchos casos la transformación del paisaje”. Pero paisajes que, como ocurre en España, están siendo resultado de “intervenciones muy dispersas”, sin que nadie previamente planifique a gran escala su impacto en el medio natural.

Por eso, no es de extrañar que los paisajistas incidieran durante las más de tres horas de debate en la necesidad de dar un paso al frente de la economía. Porque confían en que “cuando uno respeta la lógica del paisaje desarrolla ciudades y entornos rurales más durables, eficaces económicamente y con mayor calidad de vida”, según expuso la moderadora, Lisa Diedrich.

Un ejemplo se puso sobre la mesa. La Lusacia alemana, donde décadas de actividad minera han convertido 500.000 hectáreas en un “fantasmal retazo de la luna”. Pero los paisajistas creen que “en el horror puede germinar la belleza”. Rolf Kuhn, profesor de la Internationale Bauausstellung, que dirige el mayor proyecto de regeneración paisajística de Europa, apuesta por “sanear, reforestar, convertir los cráteres en lagos y devolver la vitalidad a un espacio muerto”. Pero para ello es necesario que economía y paisaje se den la mano, y se comience por “decir no” con vehemencia a las iniciativas claramente insostenibles, como manifestó el profesor del Instituto de Arquitectura de la Universidad de Ginebra, Georges Descombes.

El paisaje democratiza

Los “malos paisajes” derivan en “malos ciudadanos” y por tanto en “malas democracias”. Así, al menos, lo entiende el director de la FCM, Fernando Gómez Aguilera y los especialistas que participaron en el encuentro. “No sólo hay que considerar los aspectos técnicos, sino los culturales. Una buena democracia se puede basar en un buen paisaje”, sostuvo Lisa Diedrich, que convino en subrayar que “cuando uno empieza a cuidar el paisaje urbano o rural en el que vive puede influir en la sociedad”. Se habló, también de educación y de la importancia de involucrar a la población en construir el entorno donde pueden llegar a ser felices.

Ahora, las conclusiones de todas estas ideas se imprimirán en el “Documento Lanzarote del Paisaje” que está en fase de redacción y será presentado en la Bienal del Paisaje Europeo en Barcelona el próximo mes de septiembre, además de mostrarlo a la Comisión Europea con el objeto de influir en las intervenciones urbanísticas de todo el paisaje europeo. Una apuesta firme por el paisaje que ha comenzado enfrentándose a la economía, pero que deberá buscar vías para entenderse con ella.

PALABRA DE PAISAJISTA

“El problema es la desconexión entre la economía y las necesidades humanas, algo que los paisajistas deben resolver, pero tienen que hacerlo a contracorriente de la economía actual”. LORETTE COEN, moderadora de la sesión

“Si planificamos bien podemos desarrollar economía y paisaje creando nuevos valores al respecto, porque sólo podemos hacer feliz a la gente si se sienten cómodos donde viven”, ROLF KUHN, profesor de la Interna-tionale Bauausstellung

“Hay que apostar por una economía basada en la protección de la diversidad”. GILLES CLÉMENT, autodenominado “jardinero planetario”

“Hay que buscar una manera de transportar estos valores al nivel político europeo, pero la conclusión es que es muy complicado estar al frente de la economía. Pero no se puede aceptar todo. Hay que enfrentarse a ella y proponer modelos alternativos”. LISA DIETRICH, especialista en arquitectura del paisaje





* La Voz de Lanzarote - Laura Fernández Palomo - 7 de marzo de 2008
Foto: Lanzarote, Timanfaya - wikipedia.org

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Vecinos del Eixample ganan una batalla legal al Ayuntamiento

ELPAÍS/Barcelona* : Golpe de derribo a un flamante proyecto municipal estrenado hace dos años. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó el pasado miércoles el derribo de las nuevas edificaciones que visten un chaflán del Eixample barcelonés (el de la calle de Villarroel con la de Londres) por falta de zona verde.

Se trata de una escuela, una guardería, un garaje y un bloque de 45 viviendas protegidas que el Ayuntamiento apelotonó en una misma esquina sin considerar sus propias normativas de esponjamiento. Un colectivo vecinal, la comisión de vecinos Pro-Manzana Verde, denunció la falta de zonas ajardinadas cuando el proyecto sólo existía sobre el papel, pero el Ayuntamiento no hizo caso.

Cuatro años después y tras haber gastado 12 millones de euros, la insistencia del Ayuntamiento podría acarrear varias demoliciones. La partida empezó en enero de 2004 y, aunque sigue abierta, el consistorio perdió el pasado miércoles una batalla significativa, a tenor de una resolución que el TSJC consideró firme y ante la que no cabe recurso ordinario alguno.

La postura del tribunal torpedea la principal línea de defensa del consistorio. Ayer, sin variar su discurso, el concejal de Urbanismo de la ciudad, Ramon García Bragado, la reiteró ante los medios de comunicación: "La decisión hace referencia a actos anteriores al cambio de normativa de 2001". Es el escudo con que viene protegiéndose el Ayuntamiento desde 2004 y que no convence al TSJC, órgano que debe decidir sobre el resto de litigios que aún enzarzan a los vecinos y el Ayuntamiento.

La sombra de la demolición alarmó ayer al colegio afectado, el CEIP Mallorca, que vivió un día surrealista. En su segundo curso de vida, a los padres les costaba asimilar la situación. "No puede ser. Todavía huele a nuevo y ya lo quieren derribar", comentaban. Otro grupo de padres realizó una visita al centro para llevar a sus hijos el año próximo, sin saber muy bien porqué. "Quizá cuando traigamos al niño ya no esté", bromearon. Ante un nerviosismo que saturó los teléfonos del centro, el director emitió un comunicado en el que garantizaba que el edificio se mantendrá en pie. El documento exhibe como pruebas el apoyo del gerente del distrito del Eixample, Màxim López ("me ha manifestado que se llegará a un acuerdo"), y el que los demandantes no hayan solicitado la ejecución de la sentencia. Puede que no sea suficiente.

La abogada de la plataforma vecinal, Anna Maria Savall, admitió que no buscan la demolición de "todo" el proyecto afectado, pero exigen que el Ayuntamiento se siente a negociar. Jesús Bolinaga, presidente de la comisión Pro Manzana Verde, asiente, pero subraya: "Si el Ayuntamiento se encierra, solicitaremos el derribo". Esta comisión se contenta con menos, pero la "prepotencia del Ayuntamiento" la está obligando a ir cada vez más lejos. En 2004, sólo pedía que los planos del proyecto respetaran la manzana interior del chaflán afectado. "El proyecto era sólo una escuela y el garaje. El Ayuntamiento lo fue hinchando e hinchando, hasta que nos negamos", dice Bolinaga. Savall recuerda la bravata del consistorio. "Nos dijeron: 'si no os gusta el proyecto, id a los tribunales. Eso hicimos".

Y ahora Bolinaga, que representa a una cuarentena de vecinos del barrio, tiene al Ayuntamiento contra las cuerdas: García Bragado dijo ayer que aún quedaban muchos litigios, pero que seguiría negociando con los vecinos. Savall y Bolinaga se mofaron porque el Ayuntamiento nunca les ha enseñado más que la espalda. "Sólo queríamos una manzana verde para los vecinos, y si siguen con esta actitud, nos obligarán a demolerlo todo", apunta Bolinaga. La comisión se contentaría con derribar las viviendas protegidas porque "son incompatibles con el colegio, no hay sitio para todo".

De hecho, su denuncia se refería sólo a los pisos, pero la sentencia del TSJC anula todo el proyecto, sin excepción. Bolinaga no se siente culpable. "Este proyecto era absurdo desde el principio. La culpa fue suya, que construyeron cuando no tocaba", dice. "No aceptaremos chantajes ni políticas de hechos consumados", corrobora Savall. En julio de 2005, una sentencia del TSJC ordenó parar las obras, pero el juzgado no la ejecutó hasta 2007. Mientras tanto, el Ayuntamiento aprovechó para concluir su proyecto.






* ELPAIS.com - F. BALSELLS - Barcelona - 08/03/2008
Foto: Barcelona, eixample - es.geocities.com


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Piden la destitución del arquitecto de la Junta por intervenir en el desarrollo de Lastras del Pozo

ELNORTE/Segovia* : Las asociaciones ecologistas Centaurea, Ciudadanos por Segovia, Ecologistas en Acción-La Vereda y Protejamos las Calderas pidieron ayer la destitución del jefe de la sección de Urbanismo y arquitecto de la Junta de Castilla y León en Segovia, Ángel Beloqui, por haber intervenido en la redacción de las normas urbanísticas de Lastras del Pozo y del proyecto residencial con campo de golf que el empresario Leopoldo Fernández Pujals quiere construir en la finca de San Pedro de las Dueñas, terreno que actualmente alberga las instalaciones de la Yeguada Centurión.

Las declaraciones a EL NORTE realizadas por el alcalde de Lastras del Pozo, Mariano Moreno (PP), han prendido la mecha, y los colectivos ecologistas no han tardado en pedir explicaciones. Moreno informó que los redactores de las normas y del plan son el ex arquitecto del Ayuntamiento de Segovia Federico Coullaut -que ya rehabilitó el monasterio de San Pedro de las Dueñas para Fernández Pujals- y Ángel Beloqui, arquitecto de la Junta de Castilla y León. Las organizaciones ecologistas consideran que la redacción de un plan urbanístico es una actividad «absolutamente incompatible con el papel de jefe de la sección de Urbanismo y Territorio, entre cuyas funciones se encuentra la de valorar e informar a la Comisión Territorial de Urbanismo sobre la pertinencia de los planes urbanísticos presentados por los municipios segovianos». Según los ecologistas, a esta circunstancia se une el agravante de que el arquitecto de la Junta «ha sido pagado por un promotor privado, propietario de una finca en la que el propio plan declara 99 hectáreas de suelo urbanizable».

Centaurea, Ciudadanos por Segovia, Ecologistas en Acción y Protejamos las Calderas aseguran estar muy preocupados después de conocer que Ángel Beloqui colabora en el ámbito privado con Coullaut-Valera, «firmante en el último año de planes urbanísticos enormemente polémicos en la provincia de Segovia, entre ellos los del municipio de Palazuelos de Eresma, llamados Los Llanos del Pontón, El Pontón I, El Pontón II, Los Praderones, San Isidro y Tierras Nuevas».

Por ello, las asociaciones cívicas y ambientalistas remitieron ayer una carta al director general de Urbanismo de la Junta de Castilla y León solicitando la destitución de Ángel Beloqui como jefe de la sección de Urbanismo y Territorio de la Junta de Castilla y León en Segovia, así como la apertura de una investigación para aclarar si la actuación privada de Beloqui ha podido afectar a planes urbanísticos en tramitación o aprobados en los últimos años en esta provincia.

Las acusaciones encontraron respuesta en el mismo día en el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Luciano Municio, que no dudó en calificarlas de «indignas». No obstante, Municio aseguró que la próxima semana comparecerá para aclarar punto por punto los extremos del caso.

Denuncia

Las normas urbanísticas que los ecologistas ponen en cuestión incluyen un nuevo sector de suelo urbanizable en la finca de San Pedro de las Dueñas que resulta ser seis veces mayor que toda la superficie que la nueva normativa prevé como suelo urbano en el propio núcleo de Lastras del Pozo y trece veces mayor a la superficie de suelo urbano consolidado en este núcleo.

Ya el pasado miércoles, estas asociaciones denunciaron que el nuevo enclave de San Pedro de las Dueñas contaría con 341 viviendas y 230 bungalows, y un campo de golf. Traducido a residentes, esto significaría un total aproximado de 1.483 habitantes, para un pueblo que en la actualidad cuenta con 86 vecinos. Así, el complejo de San Pedro de las Dueñas acogería un número de personas 17 veces superior al total de habitantes que tiene el término municipal en estos momentos.

En opinión de los ecologistas, la materialización del proyecto tendrá un impacto muy negativo para diversas especies protegidas que se encuentran en peligro de extinción, así como en hábitats de gran valor ecológico pertenecientes a la Red Natura 2000 de la Unión Europea. El proyecto vulnera la legislación urbanística y medioambiental estatal y autonómica.

Por su parte, el alcalde de Lastras del Pozo, Mariano Moreno (PP), considera que el proyecto, que fue votado por los propios vecinos, «será un beneficio grandísimo para el pueblo».







* El Norte de Castilla - Segovia - 08.03.08
Foto: Vista general del monasterio de San Pedro de las Dueñas, en Lastras del Pozo. / EL NORTE


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Zaragoza: un nuevo estilo de ciudad insostenible

DIAGONAL* : El Observatorio Medioambiental de la Expo desaparecía el 15 de marzo de 2007 con un comunicado firmado por los responsables de Ansar y la Fundación Ecología y Desarrollo, dadas las dificultades encontradas por las organizaciones participantes en intervenir en las decisiones. En su único informe publicado (sin que haya quedado constancia en la propia web de la Expo), pedían “una reconsideración urgente del tipo de tratamiento al que se va a someter al río (...)”...
...de acuerdo con la normativa vigente, con el objetivo a alcanzar de “Buen Estado Ecológico” que establece la Directiva Marco del Agua, y con el propio lema de la Exposición Internacional “Agua y desarrollo sostenible”. Además afirmaban que “las acciones realizadas y previstas en los proyectos constructivos son excesivamente duras y costosas y no obedecen a ninguna necesidad debidamente justificada”.

Ese nuevo estilo de gobernar sin contar con las opiniones de la ciudadanía utilizado en estas tierras desde hace décadas no iba a ser indiferente a la Expo, auténtica cortina de humo de una estrategia urbanística y económica muy bien orquestada: la consolidación de un modelo de ciudad dispersa, consumista y deshumanizada. Según Carolina del Olmo, de LaDinamo (Madrid), “la obsesión por la competitividad lleva a olvidar que a la larga lo que cuenta es la productividad del conjunto del sistema urbano, su funcionalidad, la cohesión social y la gobernabilidad democrática. Las urgencias sirven para justificar operaciones que, con independencia del discurso, no forman parte de un proyecto de ciudad ni propician un desarrollo futuro más equilibrado”.

Pese al mensaje de sostenibilidad ofrecido por la Expo, los usos del agua y la relación con los ecosistemas de las orillas de Ebro se han destacado por su poco respeto a la naturaleza. Un grupo de expertos de la Fundación Nueva Cultura del Agua ya anunció en junio de 2006 la insostenibilidad de una de las primeras actuaciones de la Expo: el azud construido en el río, que supone la transformación del Ebro en un estanque, un ejemplo de política hidráulica propia del siglo XIX.

En agosto de 2007, Ebro Vivo- COAGRET tachó de “tomadura de pelo” el Plan de Vigilancia Ambiental de la Expo por ofrecer tan sólo información referente a análisis de agua y de contaminación atmosférica y acústica, dejando de lado otros indicadores prometidos, como las actuaciones en las obras de la muestra. En esas fechas, el Plan de Navegabilidad del Ebro fue desacreditado por organizaciones ecologistas y científicos. Pese a las críticas a los dragados por Alfredo Ollero, de la Universidad de Zaragoza, o Marta González, de la Universidad Politécnica de Madrid, el afán de pasear en barco por el río “destruirá los ecosistemas bentónicos y requerirá un constante mantenimiento, ya que el Ebro es un río mediterráneo y, por tanto, irregular”. Las obras emblemáticas sobre el meandro de Ranillas, como el pabellón puente, la torre del agua o el acuario fluvial, suponen el despilfarro de dinero público hacia proyectos con nulo interés social.

Un largo etcétera de cuestiones básicas de la vida en Zaragoza (el acceso a una vivienda digna, la mejora de las condiciones de los 15.000 zaragozanos en extrema pobreza, la ocupación de una tercera parte del término municipal por instalaciones militares) sigue siendo relegado a un segundo plano y excluido de la participación. “Hablar de Zaragoza como ‘ciudad logística’ es hablar de Zaragoza como ciudad capitalista en su máxima expresión. El espacio deja de pertenecer a las personas que lo habitan que, una vez desposeídas, pierden absolutamente la capacidad de influir en su propio entorno y, por lo tanto, en su propia vida”, dicen en una web contra la Expo.






* Diagonal - Nacho Escartín / Redacción Aragón - Del 6 al 19 marzo 2008
Foto: PUERTO VENECIA. En parte de los antiguos pinares se construye otra gran superficie comercial, con el mayor Ikea de España./ Esperanza Torres, diagonalperiodico.net


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El Aeropuerto de Antequera sigue condicionado por intereses ajenos a su necesidad y viabilidad

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* lleva tiempo denunciando, además de su insostenibilidad en todos los sentidos, la posible manipulación política que puede estar detrás del proyecto del Aeropuerto de Antequera (Málaga), ya que la administración está dando un descarado apoyo a uno de los proyectos especulativos privados más faraónicos e innecesarios que existen ahora mismo en Andalucía.

Una prueba de este apoyo institucional es la reciente Declaración de Interés General del Estado por parte de Fomento, hace poco admitida a trámite y ya hoy con una Declaración favorable. Esta declaración ha sido acelerada sobremanera, comparada con los plazos de otros proyectos similares. De este modo, en este proyecto se está improvisando y tomando determinaciones de manera irresponsable, y firmando documentos como este con precipitación.

La causa de esta aceleración del proceso posiblemente se deba al interés de contentar intereses políticos por un lado, ante la cercanía de las elecciones, y especulativos por otro, para motivar a los promotores, que siguen sin mostrar el interés esperado por la zona.

Ecologistas en Acción, a pesar de lo esperado de la noticia y de estar tristemente acostumbrada a este tipo de “decisiones”, muestra su estupor por la frivolidad con la que se continúan sacando adelante asuntos de tamaña envergadura.

En todo caso, la firma de tal Declaración, sin querer menospreciar con ello su repercusión en todo el procedimiento, sólo es la primera piedra administrativa que se pone en dicho proyecto, ya que queda un largo y necesario procedimiento administrativo empezando por la Evaluación Estratégica, el Plan Director, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) -a la espera de remitir información los promotores para comenzar a elaborarlo, las posteriores consultas, las alegaciones…etc.-, y terminando por la aprobación del proyecto, entre otros. Sólo entonces se podrá conceder la licencia de obras.

Por tal motivo, a día de hoy, bajo ningún concepto se pueden llevar a cabo obras en la zona, por lo que Ecologistas en Acción no comprende que interés puede llevar a la Ministra a asegurar en recientes declaraciones que la empresa privada podía comenzar las obras, cometiendo con ello una imprudencia más, a la vez que engañando con ello a la población y pudiendo también crear conflictos en la zona.

En pleno siglo XXI, para la construcción y calificación de los Aeropuertos Civiles actuales, aun sigue resultando determinante, y esto es lo curioso, un obsoleto Real Decreto de veintisiete años de antigüedad –1981-, cuando los motivos que había detrás de la construcción de un aeropuerto eran muy diferentes de los actuales, más ligados a la especulación urbanística. Se trata de un paupérrimo Real Decreto de tan sólo 3 hojas y 6 artículos, basándose la Declaración de Interés General en el primer artículo cuyos cuatro puntos casi todos son de menos de un renglón. Es preocupante que de tales pírricas definiciones, fácilmente interpretables de manera arbitraria, pueda depender una Declaración con tan irónica noble denominación, pero que justamente defiende lo contrario. Hoy día no se debe consentir que un decreto de este tipo siga vigente, pues lejos de actuar como un eficaz filtro de impurezas urbanísticas, sólo está sirviendo de gran coladero para pelotazos urbanísticos que llevan asociados aeropuertos como tapadera, tal es el caso, sirva como ejemplo, éste de Antequera, donde se beneficia lo privado y se castiga lo público.

Las enormes facilidades que está dando Fomento a este proyecto, contrastan con las de otro de las mismas características especulativas: Air Park Las Vegas, que fue rechazado en 2005 en la misma zona. Además, las mismas cuestiones técnicas que motivaron su rechazo siguen estando ahí.

El único aeropuerto en Andalucía que no cuesta dinero a la administración es el de Málaga, y para ello estamos hablando de más de trece millones de pasajeros al año. Esto no quiere decir que los otros aeropuertos cercanos a Antequera tengan cifras insignificantes, pues Sevilla casi las ha duplicado en tres años con 4.500.000 y Granada las ha triplicado estando en 1.500.000 pasajeros, y aún así no son rentables. Fomento y su ministra sabe esto, sin embargo pretende hacer creer aprovechándose de la credulidad ciudadana, y haciendo casi de delegada comercial de la empresa constructora, que un aeropuerto que estaría preparado como máximo para recibir 1.200.000 pasajeros, y que ya sería un "éxito" que en los primeros años alcanzara la cifra de 500.000, es la inversión y la oportunidad del siglo para Antequera.

Además, Antequera no necesita este tipo de transporte que apenas utiliza un 5% de la población, ya que puede disponer de él en media hora, una hora u hora y media.

Nadie mejor que Fomento para conocer que el Aeropuerto de Antequera por sus características nunca podrá ser rentable, y también que los 100 millones que supuestamente se invertirían en él ningún promotor los va a tirar a la basura. Fomento sabe que en las zonas residenciales (3000 viviendas en un principio) y en los suelos industriales de los 9.000.000 de km2 restantes del gigantesco proyecto, estaría en realidad el negocio que buscan los promotores. Y ahí está lo grave y lo que ensombrece aun más a esta administración, no ya por la firma de esta Declaración, y el beneficiar sólo a las manos privadas, sino también por la actitud de su ministra que, con su apoyo, está promoviendo otra nueva ciudad de casi 11.000.000 de m2 al lado de la actual, con todo lo que ello supone: impacto medioambiental, paisajístico, agrícola, cultural, sobre recursos hídricos, calidad de vida, etc. Sin duda alguna una singular manera de mirar por el Interés General y luchar contra el cambio climático.







* Ecologistas en Acción de Antequera - 5 de marzo de 2008
Foto: Antequera (Málaga), proyecto aeropuerto - 20minutos.es


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Complejos residenciales invaden suelo destinado a equipamiento en Sierra Nevada

EUROPASUR/Granada* : El Ayuntamiento de Monachil (Granada) ha decidido la suspensión cautelar para conceder nuevas licencias urbanísticas, una medida que se extenderá al núcleo urbano de Sierra Nevada y que entrará en vigor cuando se apruebe en el pleno municipal, previsto para el miércoles.

La decisión viene avalada por los técnicos redactores del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio y sólo se levantará cuando esté elaborado el avance de dicho planeamiento, dentro de aproximadamente tres meses, momento en el que se conocerá ya el diagnóstico de la situación urbanística de la Sierra y del resto del municipio.

La iniciativa fue adoptada por el alcalde, el socialista José Luis Samos, y respaldada por su socio de gobierno, IU, y parte de la oposición al objeto de poner orden a los desmanes urbanísticos de los últimos años.

Un primer avance de los técnicos acerca de lo acontecido en la Sierra resulta demoledor y evidencia el mal uso que se ha hecho del suelo: "los técnicos han comprobado que mucho suelo de las normas subsidiarias que estaba destinado a equipamiento ha sido ocupado por complejos residenciales, en su mayor parte apartamentos, lo que ha generado un déficit dotacional en detrimento de los servicios", asegura el alcalde de Monachil, José Luis Samos.

Bajo el paraguas de las normas subsidiarias que incluye como suelo dotacional la posibilidad de construir equipamientos turísticos, "se han hecho apartamentos privados" que permanecen vacíos la mayor parte del años a excepción de los meses de temporada invernal.







* EuropaSur - Álvaro Calleja / Granada - 07.03.2008
Foto: Monachil (Granada) - participaenandalucia.net

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El TSJC anula la licencia ambiental de Basf en Tarragona

ELPERIÓDICO* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) establece la nulidad de la autorización ambiental de la planta de deshidrogenación de propano de la multinacional alemana Basf en Tarragona. El permiso fue otorgado por el departamento de Medi Ambient cuando gobernaba CiU.

El grupo ecologista Gepec, que llevó en el año 2003 el caso al TSJC mediante un recurso contencioso-administrativo, pidió ayer la clausura de la actividad, el desmantelamiento de la chimenea de 130 metros que construyó Basf y una sanción no inferior a 90.000 euros.
El fallo destaca deficiencias en la documentación presentada por Basf, como la falta de un informe sobre el riesgo para la población y un estudio para determinar la contaminación del suelo. "La planta está fuera de la ley y por eso pedimos su clausura", dijo ayer Albert Calduch, abogado del Gepec. Según la entidad, otras autorizaciones de empresas del polígono químico de Tarragona "presentan anomalías similares".
Medi Ambient recordó que el veredicto no es firme y que puede ser recurrido. "La autorización ambiental sigue vigente", dijo un portavoz del departamento. La misma fuente destacó que se han apreciado solo "defectos formales" sin incidencia en la población ni en el entorno. La empresa no quiso ayer valorar la situación, aunque se alineó con la postura del Govern. La planta costó 250 millones de euros.






* El Periódico - F. G. - TARRAGONA
Foto: Instalaciones de la empresa Basf en Tarragona, ayer/ JOAN PUIG, elperiodico.com


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40 propuestas por una vivienda digna

PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA* : Estas son las 40 propuestas en materia de política de vivienda y urbanísticas que hemos elaborado en base a nuestros análisis de situación y que se han remitido estos últimos meses a instituciones y partidos políticos con el deseo de que ayuden a configurar un nuevo panorama en el que se consiga una aplicación real del artículo 47 de la Constitución Española...

1.- Política presupuestaria, fiscalidad y reformas hipotecarias

Incremento de las partidas presupuestarias -tanto a nivel Estatal como a nivel autonómico- destinadas a políticas de acceso a la vivienda hasta alcanzar en el conjunto y con el horizonte de dos legislaturas, cotas similares al esfuerzo medio de los principales países europeos (2% del PIB).

Eliminación progresiva y no retroactiva de las desgravaciones y otras figuras fiscales o financieras que incentiven la inversión o el acceso a la vivienda a través de la compra para nuevos demandantes. Los presupuestos aplicados a estas figuras se orientarán a iniciativas que faciliten directamente el alojamiento sin fomentar el crecimiento de precios y garantizando en todo momento el fin social de los fondos.

Desarrollo de un marco normativo que defina en qué casos se considerará que una vivienda está vacía y creación de un registro de viviendas vacías en cada municipio.

Establecimiento de gravámenes fiscales significativos para las viviendas vacías. Habrán de ser progresivos en función del número de viviendas atesoradas por cada propietario y tiempo de desocupación de los inmuebles.

Reforma de la Ley Hipotecaria que limite en las nuevas hipotecas tanto el porcentaje máximo del endeudamiento: 25% del salario, como el numero máximo de años de amortización de la deuda: 20 años.

Ampliación de la información previa que las entidades financieras deben suministrar a la firma de una hipoteca. Al menos, ha de existir la obligación de mostrar al cliente la posible evolución de las cuotas mensuales según diferentes tipos de interés, el montante total que corresponderá a intereses al final del préstamo y series históricas de los tipos de interés.

Incremento significativo de la asignación de recursos en la Agencia Tributaria destinados a combatir el fraude fiscal que incide en el sector inmobiliario.

Eliminación de ayudas directas a propietarios y promotores. Uso de los fondos en otras iniciativas que faciliten el acceso a la vivienda y que garanticen su disfrute por parte de los colectivos sociales más necesitados.

Creación de una oficina pública de tasación de vivienda que asegure tasaciones imparciales y ajustadas a la realidad catastral y del mercado.

Obligatoriedad de incluir en las tasaciones la información de qué parte de la tasación hace referencia al suelo y qué parte a la vivienda.

Todas las viviendas en régimen de vivienda libre que reciban algún tipo de subvención pública deberán estar sujetas a algún límite en las plusvalías o beneficios que se generen por su venta o alquiler.

Reforma de la legislación de las cuentas ahorro-vivienda de forma que lo ahorrado pueda destinarse al alquiler.

Inclusión del coste de la vivienda también en régimen de compra en el Índice de Precios de Consumo, de manera que se tenga una medida real de la inflación soportada por la ciudadanía también por el coste de la vivienda en propiedad.


2.- Vivienda protegida y fomento del alquiler

Primacía de la vivienda protegida en régimen de alquiler. Al menos un 80% de la nueva vivienda protegida ha de ser en régimen de alquiler vitalicio con revisiones quinquenales de la situación familiar y con el objetivo de alcanzar en dos legislaturas, un parque protegido de viviendas en alquiler económico del orden del 10% del parque total de viviendas.

Creación de un registro único de demandantes de vivienda protegida en cada municipio por el que se adjudique el conjunto de vivienda protegida de promoción pública y privada.

Prohibición del sorteo como método de adjudicación y diseño de baremos equitativos que den prioridad progresiva a los más necesitados. Medidas paliativas especiales destinadas a los colectivos con más urgencia social.

Congelación de los módulos de referencia en la vivienda de protección oficial y prohibición de las tipologías de viviendas protegidas para rentas altas. El precio del modulo de las viviendas de protección pública ha de estar directamente relacionado con los costes de construcción. A estos costes se les añadirá un margen empresarial tasado razonable en el caso de la promoción privada de vivienda protegida.

Las viviendas con algún tipo de protección pública nunca dejarán de serlo. Las administraciones públicas estarán obligadas a ejercer el derecho de tanteo y retracto para las viviendas de protección oficial no sujetas a estas nuevas leyes.

Desarrollo de planes de la administración para ejercitar actuaciones alternativas (compra de inmuebles, rehabilitación con fines sociales, etc.) para poner vivienda protegida en el mercado sin tener que pasar necesariamente por la nueva construcción.


3.- Gestión del suelo y planificación urbana

Los patrimonios públicos de suelo no se podrán monetarizar nunca por parte de las administraciones públicas. En especial se han de prohibir taxativamente todas aquellas figuras legales -como el convenio urbanístico- con las que las administraciones públicas puedan utilizar la planificación urbanística como vía significativa de obtención de ingresos o de generación de servicios a la colectividad.

Al menos el 50% de los nuevos desarrollos urbanísticos han de destinarse a vivienda protegida.

El porcentaje de las reservas de terrenos de vivienda de protección oficial en los nuevos desarrollos deberá hacerse en función de los registros de demandantes, sin límite superior y discriminando positivamente a los demandantes de primera vivienda.

Se han de condicionar las licencias de construcción de vivienda libre al estado de los desarrollos de vivienda protegida.

Se han de impedir desarrollos urbanísticos nuevos en los municipios en los que el porcentaje de vivienda vacía y desocupada sea significativo.

Se han de regular detalladamente los casos e impedir los usos no sociales de los porcentajes de suelo de cesión.

Eliminación de la subasta como método de valoración y asignación de suelo público y de cualquier método que ayude al incremento artificial de los precios del suelo.

Creación de órganos de participación ciudadana con influencia directa en la gestión del suelo. Ampliación de los mecanismos de información pública para los nuevos desarrollos urbanísticos.

Modificación de las leyes del suelo autonómicas para eliminar los resquicios legales por los cuales un ayuntamiento puede cambiar el uso de un suelo protegido por su valor medioambiental, a suelo que se convierta finalmente en urbanizable.

Ampliación de los supuestos en los que se puede pedir ante un órgano judicial la paralización de una urbanización basándose en perjuicios medioambientales.


4.- Información estadística y protección del consumidor

Potenciación del crecimiento y difusión de la oficina de estadística de vivienda de ámbito nacional y establecimiento de mecanismos para garantizar su independencia. Esta oficina debe arrojar información exacta sobre la situación del mercado inmobiliario y el desarrollo de las políticas de vivienda a tres niveles: estatal, autonómico y local. Las series de datos han de extraerse de fuentes fidedignas (catastro, registro de la propiedad, etc.) y nunca de entidades privadas con posibles intereses en el sector.

Creación de un estudio integral de necesidad sobre demandantes de vivienda de protección oficial y de vivienda libre, sesgado por demanda de vivienda habitual, segundas y terceras residencias, población y otras categorías que muestren el grado de necesidad de los colectivos demandantes a lo largo del territorio nacional.

Apertura de oficinas de inspección inmobiliaria en las principales ciudades, que se encarguen de controlar el fraude y velar por la calidad y seguridad del mercado inmobiliario en su conjunto (vivienda protegida especialmente, alquiler y compraventa de vivienda libre). Estas oficinas también deberán servir como canal de denuncia e información de los derechos del consumidor relativos a lo inmobiliario.

Creación de un fondo de compensación para afectados por irregularidades y fraudes relacionados con el urbanismo.

Creación de mecanismos para la definición inequívoca de la infravivienda, su catálogo y planes de erradicación.


5.- Reformas legislativas, jurídicas y de nivel competencial

Reforma de la Ley de Financiación de partidos políticos que asegure la absoluta transparencia y la desvinculación total con el sector inmobiliario.

Nueva ley de Haciendas locales que impida a las administraciones públicas financiarse a través de los patrimonios públicos de suelo o convenios urbanísticos y que por lo tanto, articule medios de financiación alternativos.

Redefinición de las competencias del estado y las autonomías, de forma que se garantice la igualdad en el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y de forma que las competencias en supervisión pública del mercado inmobiliario, políticas de vivienda y políticas fiscales estén perfectamente delimitadas y coordinadas.

Ampliación de medios y personal de la Fiscalía anticorrupción y de la Fiscalía de delitos urbanísticos, donde se crearán sedes autonómicas y provinciales.

Establecimiento de un programa de sanciones ejemplares para los cargos públicos cuyas decisiones incumplan las leyes relacionadas con la vivienda y el urbanismo.

Creación de un órgano de supervisión de cuentas públicas (cámara o tribunal de cuentas) en las CCAA que no lo tengan. Este órgano tendrá secciones destinadas a la supervisión de cuentas municipales, con inspecciones en diferentes ayuntamientos de la Comunidad Autónoma. Tanto la fiscalía anticorrupción como los tribunales de cuentas deberán ser objeto de una revisión permanente de su funcionamiento y de la elección de sus miembros para garantizar el cumplimiento de sus objetivos y su independencia.


CONSIDERACIONES FINALES

Aunque que se aprecia una mayor atención por parte de los distintos partidos políticos a las distintas problemáticas relacionadas con la vivienda y el urbanismo, en términos generales estimamos que las propuestas siguen siendo insuficientes para atacar uno de problemas que los ciudadanos perciben como principales y en algunos casos además, están muy mal orientadas y no se basan en un análisis profundo, conveniente y objetivo de la situación. Además, lamentamos que la mayoría de partidos políticos no acompañen sus propuestas en materia de vivienda de una memoria económica que especifique el incremento de las partidas presupuestarias que piensan aplicar.

No obstante, es de agradecer que varios partidos recojan el derecho subjetivo a la vivienda en sus programas y también la implementación de un pacto que involucre a todas las instancias del Estado implicadas en el desarrollo de una política de vivienda efectiva, aunque esperamos vehementemente que el contenido de ese pacto se base de veras en análisis profundos y objetivos de la situación y no en conjeturas sujetas al interés económico o al interés de partido.

Nos ha llamado también la atención que muchos partidos propongan clarificar las competencias en materia de vivienda, e incluso que alguno distribuya sus propuestas acompañadas de una pequeña aclaración sobre qué instancia institucional tiene las competencias, cosa que es de agradecer, puesto que los ciudadanos sepan exactamente a quien corresponde la responsabilidad en cada uno de los hitos de un conjunto de problemas tan complejo como ante el que nos encontramos, servirá para que la ciudadanía pueda reclamar mejoras de una manera más efectiva en el futuro.

Por lo demás, nos gustaría disculparnos por habernos tenido que ceñir a los partidos que aparecen en la encuesta del CIS -hemos escogido la respuesta espontánea porque creemos que es la que mejor refleja la pluralidad ciudadana-, pero evidentemente, no tenemos medios para analizar uno por uno los distintos programas electorales de los más de 120 partidos políticos que concurren a los comicios legislativos. No obstante, hemos de destacar que según esa misma encuesta, cerca de un 1% de ciudadanos muestra su intención de votar a otras opciones e intuimos que habrá muchas de ellas que contengan propuestas en clara coincidencia con las nuestras. Por ejemplo hemos encontrado un plantel interesante de propuestas en Los Verdes/European greens y también alguna propuesta interesante en el partido FyV, Libertades Civiles, etc. Invitamos a nuestros lectores a evaluar y reflexionar sobre otras opciones y a remitirnos más información sobre otras candidaturas que consideren relevantes en cuanto a sus propuestas de vivienda y urbanismo.

Desde los órganos de representación de la plataforma, sus comités territoriales, comité gestor y comité interterritorial esperamos que este documento os sirva para clarificar ideas respecto a la política de vivienda de cara a unos comicios en los que nos jugamos mucho y os deseamos una feliz jornada de reflexión y una feliz jornada electoral.



El conjunto de documentos analizados se puede descargar desde:
http://www.viviendadigna.org/docs/plataformavd/plataformaviviendadigna_40_propuestas_y_programas_electorales.pdf






* PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA - marzo 2008


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Los ‘negocios’ terrenales del Arzobispado de Valladolid

ELCONFIDENCIAL* : El fantasma de la especulación inmobiliaria vaga por los pasillos del Arzobispado de Valladolid. La diócesis del prelado Braulio Rodríguez Plaza podría haber cometido un delito societario relacionado con la venta de parte del patrimonio de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, una institución privada de ayuda a personas discapacitadas cuyo patronato preside el propio arzobispo.

Según una serie de denuncias presentadas por la sobrina del sacerdote que creó esta sociedad, Julia Álvarez Arregui, y por la Federación de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSC), el Arzobispado ha vendido a la compañía Promociones Parkosa el subsuelo de la sede de la fundación, un solar de 5.300 metros cuadrados en el caso histórico de Valladolid, por unos seis millones de euros, cuando un informe de tasación solicitado por los demandantes fija el valor real de los terrenos en 16,1 millones.

La presunta irregularidad en la gestión cometida por el Arzobispado, único administrador de la entidad, no sólo ha acarreado a la fundación pérdidas millonarias. Las obras que siguieron a la venta del terreno –que, según la FAPSC, no contó con la autorización del Protectorado de Fundaciones de la Junta ni cumplió el requisito legal de ser adjudicada en concurso abierto- han supuesto el derribo de varios edificios de la fundación, como las aulas de formación profesional para discapacitados, las naves para talleres ocupacionales y una residencia de minusválidos, afirman los denunciantes. En el lugar que ocupaban, la inmobiliaria Parkosa construye actualmente un aparcamiento subterráneo y proyecta erigir varias torres de apartamentos.

Según Álvarez Arregui, para hacer posible el cierre y derribo de estos centros, el Arzobispado lleva años provocando que los discapacitados abandonen la institución. “De unos 200 beneficiarios de los talleres y escuelas que había hace años quedan actualmente unos 20. Dejaron de pagar los convenios salariales por lo que los minusválidos se marcharon a otras fundaciones”, dice.

El Arzobispado desmiente las acusaciones

El Arzobispado, por su parte, niega la mayor. El abogado que representa a la diócesis, que ejerce también como letrado de la fundación, señala a este diario que sólo conoce las denuncias por la prensa, a la vez que defiende la gestión en la entidad y la venta del terreno a Parkosa. “Respecto a la actuación judicial no podemos pronunciarnos hasta que nos trasladen el tema desde el juzgado. La venta (del subsuelo de la sede) ha sido realizada en concurso restringido, con cinco o seis empresas especializadas. Se entiende que todo el dinero que se recibió debe reinvertirse en la fundación”, sostiene.

Ante las acusaciones sobre la reducción en el número de beneficiarios de la entidad, afirma que actualmente “hay menos niños a los que atender. El Estado ha ido ocupándose de la demanda que cubrían estas instituciones. El Colegio de Sordos (de la fundación) se centra ahora en discapacitados plurideficientes porque con los minusválidos se busca la integración en la sociedad. Y los talleres (ocupacionales) no otorgaban un título, digamos que han muerto de muerte natural”.

El control de la fundación

El sacerdote Emilio Álvarez Gallego creó en 1973 la fundación que lleva su nombre como una institución privada benéfico-particular, según la escritura de constitución, lo que obliga al Arzobispado a rendir cuentas de su administración ante el Protectorado de Fundaciones de la Junta, que vela por el cumplimiento de los fines fundacionales. Esta escritura de constitución también declaraba al arzobispo presidente del Patronato, circunstancia que la diócesis ha aprovechado durante años para ir nombrando patronos de su confianza –en su mayor parte, miembros del Arzobispado- hasta lograr un control absoluto sobre la institución, afirma Álvarez Arregui.

De esta forma, ha conseguido carta blanca para cerrar la venta con Parkosa. La inmobiliaria es una vieja conocida del Arzobispado de Valladolid: construyó, por ejemplo, el parking del Seminario de Valladolid y el aparcamiento de los Salesianos en Salamanca cuando Braulio Rodríguez ejercía de obispo en la ciudad del Tormes.

El escándalo ha alcanzado tales dimensiones que la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcárcel, y el presidente de la ONCE, Miguel Ángel Carballeda, se han puesto en contacto con Álvarez Arregui para mostrar “su gran preocupación por el tema”. Puede que pronto más voces se les sumen. La FASPC emitió hace días una nota de prensa para denunciar la “gestión interesada y negligente de la fundación por parte del Arzobispado” y puso como ejemplo el hecho de que en junio de 2001, poco antes de la intervención judicial en Gescartera, la diócesis retirase cerca de seis millones de euros “sin embargo, olvidó retirar los fondos de la fundación y como resultado la entidad perdió los 685.000 euros que el Arzobispado había invertido en Gescartera”.

“Desde el año pasado han ido desapareciendo (los talleres y escuelas). Los patronos han ido abandonando la función original que tenía la fundación, dicen que la demanda está cubierta pero tenemos proyectos que no quieren hacer”, señala Luis Alberto Redondo, presidente de la FASPC.






* El Confidencial - Ángel Martínez.- 29/02/2008
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org


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Aberrante aprobación del plan general de Brunete

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* considera que la reciente publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del acuerdo del Consejo de Gobierno de aprobación del Plan General de Brunete, ha consumado de forma aberrante un proceso plagado de irregularidades y en el que tanto el Ayuntamiento de la localidad como, sobre todo, la Comunidad de Madrid han acabado por escenificar una farsa que deja una situación de vacío sin garantías jurídicas, urbanísticas ni mucho menos, medioambientales.

El Plan de Brunete aprobado da lugar a la reclasificación del 27,94 % del término municipal. Así a lo largo de las 1.367 hectáreas recalificadas se podrán edificar unas 12.000 viviendas. Según la Comunidad de Madrid, en palabras de su portavoz de hace unos días, se reducía con ello en 15.000 viviendas las previsiones iniciales. Falso, la reducción es de sólo 7.000 viviendas, ya que, como es fácilmente comprobable en el documento sometido en su día a información pública se contabilizaba en algo más de 19.000 las viviendas susceptibles de construirse.

Por otro lado, el patético intento de ofrecer la imagen de un Plan sostenible cae por su propio peso ya que los condicionantes ambientales impuestos en nada palian los graves impactos ambientales y territoriales que se generan.

El Plan aprobado mantiene todos los sectores inicialmente previstos de tal manera que, si se ejecuta en su totalidad, las nuevas casas de Brunete llegarán desde Villanueva de la Cañada hasta el río Guadarrama en la frontera con Villaviciosa de Odón. Creando una ciudad de unos 50.000 habitantes donde hoy sólo existen espacios naturales.

La reducción de edificabilidad de la que se habla no supone restringir la superficie de los desarrollos residenciales, como era de esperar, sino sólo el volumen construido. Por ello, todos los espacios que presume el Plan de proteger, como el Parque Regional y Lugar de Interés Comunitario del río Guadarrama, los montes preservados y los cauces, quedarán cercados por las construcciones y condenados a la degradación paulatina.

Por último, en esta primera valoración del Plan, hay que incidir en las irregularidades en la tramitación en las que se suceden cuestiones tan importantes como la falta de transparencia en la tramitación, la insuficiencia de los documentos hechos públicos del Plan para conocer su verdadero alcance, la falta de una información pública conforme a lo que la ley exige y la inexistencia de una evaluación ambiental conforme a la legislación europea. Para colmo, la resolución aprobatoria plantea una serie de cuestiones que dejan un margen muy amplio de interpretación de cara a la aplicación del Plan por lo que no contiene las estipulaciones normativas y resolutivas que exige la Ley del Suelo. Ello conlleva un escenario de inseguridad jurídica y de falta de garantías que parece el caldo de cultivo adecuado para que medren los especuladores y se obvien las leyes territoriales y medioambientales.






* Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid - 29 de febrero 2008
Foto: Brunete (Madrid) - brunete.org


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Un estudio afirma que la vivienda en España está sobrevalorada en un 40%

ELMUNDO* : Los responsables del informe explican, a través de un comunicado, que "España ha vivido un innegable 'boom' inmobiliario desde mediados de 1998 al que han contribuido numerosos factores, desde la emancipación de la generación del 'baby boom' a las restricciones de los mercados de alquileres y del suelo y, muy especialmente, la política monetaria expansiva que sufrida desde la llegada del euro".

Los pisos en España sobrevalorados en un 40%, según concluye un estudio del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana.

El ratio que explica con mayor fidelidad el sobreprecio de las casas es la relación entre los precios de venta de las viviendas y el precio del alquiler.

A esta relación la han llamado PER, como en el lenguaje bursátil se denomina al número de veces que el beneficio neto de una empresa se encuentra incluido en el precio de cada una de sus acciones.

Con este indicador, desde el Observatorio se señala que a finales de 2007 los inmuebles españoles presentaban una sobrevaloración cercana al 40%, dado que el PER de la vivienda se situó en 32,2 frente a una media histórica, entre 1985 y 1999, de 19,5.

La subida ha resultado especialmente marcada durante los últimos diez años, periodo que coincide con ejercicios de fuertes reducciones en los tipos de interés.

Estos datos del PER de la vivienda pueden ponerse en relación con otros similares, tanto internos como externos. Así, el PER medio del Ibex 35 ha oscilado en 2007 entre 13 y 15, esto es, menos de la mitad que el de la vivienda.

En el contexto internacional, el PER de se ha incrementado notablemente durante los últimos años, todavía presenta una imagen muy inferior a la española. Así, a excepción de Mónaco, España es el país occidental con un PER más elevado en la vivienda.

Según los responsables del estudio, durante los últimos años los inversores han soportado rentabilidades del alquiler reducidas por la permanente escalada de los precios de la vivienda.

Así, los alquileres experimentarán "fuertes incrementos" en los próximos años, por la necesidad de los propietarios de compensar la menor revalorización de las viviendas en propiedad como activos. A su vez, el PER volverá a situarse en valores cercanos al 20%

Para evitar que este ajuste se produzca de forma brusca, desde el Instituto Juan de Mariana -una institución que se define como "independiente y dedicada a la investigación de los asuntos públicos"- cree que debería frenarse tanto el crecimiento artificial de la demanda como la contracción de la oferta por las restricciones actuales a la urbanización de suelo para la edificación.

El Observatorio concluye que "el precio tendrá que caer irremediablemente", hasta el punto de que "no hay que descartar un derrumbe".







* El Mundo - Agencias - 05/03/2008
Foto: Un bloque de viviendas de reciente construcción. /ELMUNDO.ES


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