M.Cuenca.- ÁvilaDigital : "Antonio Vercher, el fiscal coordinador de Medio Ambiente, que ordenó la paralización de las talas en Las Navas, considera que en Castilla y León son pocas las irregularidades urbanísticas que llegan a las fiscalías, pero sí resalta la gravedad de las mismas. Y sobre la resolución de los asuntos, manifiesta que los tribunales de la región “tienen a resolver los temas penales en materia de urbanismo aplicando el principio de intervención mínima y absolviendo”. El escándalo de la Ciudad del Golf y la tala de cientos de pinos, una vez conocida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anulaba la clasificación de los terrenos como suelo urbano, merece, según el fiscal coordinador del área, Antonio Vercher, “ser reflejado de modo singular” en la memoria.
Al respecto, relata que “el 8 de octubre de 2006, y a través de informaciones periodísticas, se tuvo conocimiento por el Fiscal de Sala Coordinador de la realización de una tala masiva de pinos en una zona de gran valor ecológico, reconocido legalmente dicho valor tanto a nivel estatal, como autonómico y europeo”, al tratarse de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).
Paralización de la tala en Las Navas
Vercher destaca que “la tala se comenzó a realizar los días 6, 7 y 9 de octubre por parte de una empresa encargada del proyecto urbanizador” y que “dicha actuación parecía dar inicio al proceso de urbanización del lugar”, cuando se acababa de conocer una sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, “dictada el 29 de septiembre y notificada el 4 de octubre de 2006”.
A juicio del fiscal, “la anulación debía impedir la tala de árboles y demás actuaciones urbanizadoras practicadas en ese paraje, dado precisamente el gran valor ecológico que presentaba el mismo”. “A la vista de la gravedad y urgencia de la situación planteada”, Vercher decidió dirigirse “de forma inmediata” al alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez.
En la memoria, asegura que “se remitió el escrito por fax ese mismo día 9 de octubre, a la vez que se enviaba por correo ordinario”, y que “en el oficio dirigido al alcalde se solicitaba que ordenase la paralización de la tala que se estaba llevando a cabo, teniendo en cuenta que, independientemente de que dicha sentencia fuese susceptible de recurso, el comienzo o la continuación de las obras de urbanización haría de imposible cumplimiento la misma”. “Dicha solicitud fue atendida y las talas fueron detenidas el propio día 9 de octubre”, se indica en el documento.
También se señala que ese mismo día varias organizaciones y asociaciones ecologistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que “ofició al Seprona el 10 de octubre interesándole se pusiera en su conocimiento la existencia de algún reinicio de la tala”.
Este es el único asunto que en Ávila se ha trasladado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ávila. En total, se atendieron 98 casos en el conjunto nacional, la mayoría sobre ordenación del territorio (62) y delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (22).
Más escándalos urbanísticos
Vercher destaca también que “se ha producido un notable incremento de asuntos en medio ambiente” en todas las fiscalías: 1.634 en ordenación del territorio y urbanismo y 2.293 en medio ambiente. Además, “las diligencias abiertas superan en número y complejidad a las tramitadas en el resto de tipos delictivos existentes en el Código Penal”.
Y en cuanto a los incendios, Vercher insiste en la prevención y resalta que “se ha observado una disminución en el número de incendios, con la paradoja de que han afectado a una mayor extensión de terreno”.
* Ávila Digital - 21 Junio de 2007
Foto: Navas del Marqués, tala árboles Ciudad del Golf /aviladigital.com
Las Navas, en la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente
El juez acusa de inducir a la prevaricación urbanística a 14 de los detenidos en Alhaurín
M.Herreros.- MálagaHoy* : "Catorce de los 19 detenidos en la segunda fase de la operación Troya contra la corrupción en Alhaurín el Grande quedaron ayer en libertad con cargos y ocho de ellos tuvieron que pagar una fianza de entre 25.000 y 50.000 euros para poder eludir la prisión. Todos están imputados por presunto cohecho y un delito de inducción a la prevaricación urbanística, según fuentes judiciales, que informaron de que los otros cinco detenidos, que permanecen en las dependencias de la Comisaría Provincial, pasarán hoy a disposición del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Coín.
Las declaraciones de ayer se produjeron en dos tandas. Los primeros ocho detenidos fueron trasladados a primera hora de la mañana para prestar declaración ante el juez Carlos Peinado, que dirige esta investigación. Llegaron a los juzgados a las 7.45. Cuando los furgones policiales con los arrestados alcanzaron la nave que, con carácter provisional, alberga los órganos judiciales del Guadalhorce, ya se había reunido en las puertas un centenar de vecinos liderados por el alcalde de Alhaurín, Juan Martín Serón (PP) y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos imputados en la operación Troya y en libertad bajo fianza de 100.000 euros cada uno. Estaba la práctica totalidad de sus compañeros del equipo de gobierno.
A las 13.00, el juez decretó la libertad bajo fianza de las primeras cinco personas a las que interrogó, entre las que estaba el empresario Rafael T. En concreto, impuso una fianza de 50.000 euros para cuatro de los promotores, que podrían ser socios de una misma empresa, y 30.000 euros para el quinto. Antes de las tres de la tarde, los otros tres detenidos abandonaron los juzgados tras quedar en libertad sin fianza y con cargos.
Los interrogatorios continuaron por la tarde. Cinco de los arrestados fueron trasladados a Coín en un furgón policial desde la Comisaría Provincial, ubicada en la capital malagueña, y uno llegó por su propio pie acompañado de su abogado. Según las fuentes, esta persona padece claustrofobia y, tras presentar los informes médicos oportunos, evitó tener que dormir en los calabozos la noche del martes, cuando se desplegó la segunda fase de la operación Troya. Había sido citado por el juez a las 16.00 y fue el último en abandonar las dependencias judiciales de Coín.
De este grupo, tres eludieron la prisión tras abonar una fianza de 25.000 euros cada uno y otros tres quedaron en libertad con cargos. Las fuentes añadieron que uno de los empresarios que declaró como imputado llegó por la mañana procedente de Alemania y fue llevado a la Comisaría por la Policía que lo estaba esperando a pie de avión.
Los detenidos, según se desprende de las investigaciones, podrían haber pagado dinero para que les permitieran levantar construcciones que excedían el volumen edificable permitido. También se apunta que en otros casos pudieron entregar dinero negro procedente de aprovechamientos urbanísticos tasados a la baja o por permitir que se legalizaran por silencio administrativo irregularidades urbanísticas.
La segunda fase de la operación Troya se desplegó el martes a las 8.30. En Alhaurín el Grande fueron arrestadas diez personas, mientras que el resto fue localizada por la Policía en Málaga capital y en otros municipios próximos a Alhaurín. Se practicaron media docena de registros en viviendas y empresas, en los que se intervino documentación relacionada con la investigación. Ese caso se inició en enero con la detención del alcalde de Alhaurín el Grande y de su edil de Urbanismo.
* Málaga Hoy - 21 de Junio de 2007
¿Se puede vivir en 10 metros cuadradros?
T.Carvajal.- ADN* : "Pese a que la mayoría de la gente respondería a esta pregunta con un ‘no’ rotundo, sólo hay que darse un paseo por varias agencias o portales inmobiliarios para darse cuenta de que no todo el mundo piensa así. Viviendas de 12 metros en Madrid por 102.000 euros, de 11 metros cuadrados a 87.500 euros en Barcelona, o de 10 a 36.000 euros en Burgos, son algunos de los ejemplos de que existen viviendas de un tamaño similar al de una plaza de aparcamiento. El problema surge en que el Gobierno Central no tiene autoridad para controlar el mínimo de metros de una vivienda, ya que las competencias están cedidas a las Comunidades Autónomas, que regulan los requisitos para que un espacio sea considerado vivienda; y a los ayuntamientos que son los que conceden las cédulas de habitabilidad y tienen potestad para decidir, a partir de qué superficie un inmueble reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.
El Consistorio de Madrid, por ejemplo, ha estipulado en su plan general de ordenación urbana de 1.997 un mínimo de 25 metros.
Ahora mismo sólo Navarra, La Rioja, País Vasco, Canarias y Murcia especifican que para que una vivienda pueda ser considerada como tal ha de tener al menos 30 metros cuadrados. A pesar de ello, con un simple vistazo a algunos portales inmobiliarios vemos que la ley no se cumple en los edificios antiguos y podemos encontrar estudios en Bilbao de 27 metros cuadrados por 216.000 euros o de 28 por 135.000. Desde el Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles de España explican que esto sucede ya que “una casa nunca puede dejar de ser una casa y si fue registrada con anterioridad a la entrada en vigor de la ley no puede dejar de serlo”.
En la web idealista.com podemos encontrar que sólo en la Comunidad de Madrid hay hasta 102 anuncios de pisos en venta que no superan los 30 metros cuadrados, a pesar de que en varias ocasiones el ministerio de la Vivienda ha pedido que se extremen las medidas para que no se pongan en el mercado este tipo de viviendas. Desde el Colegio de Arquitectos de Madrid, Luis Jurado señala que “cada municipio establece sus propias normas urbanísticas y en caso de que no haya una normativa específica se usa la orden de año 1944 que sólo exige “una condiciones higiénicas mínimas”.
Vivir en Contenedores
La última gran idea con respecto a la vivienda ha partido del consistorio del municipio catalán de Mataró, como explica el diario Eleconomista. Su concejal de vivienda, Francesc Teixidó, viajó hasta Londres para interesarse por unos proyectos que usaban contenedores marítimos como viviendas.
El uso de estos contenedores marítimos, que ya funcionan como viviendas, centros cívicos o guarderías en otros países europeos, permite acceder a la vivienda a un coste más bajo del habitual de manera "rápida, innovadora y sostenible". El ayuntamiento asegura que es la única manera de hacer frente al "encarecimiento de los pisos y a la falta de espacio" y su montaje es cuestión de días. Según explica el economista, tendría una superficie media de 60 metros cuadrados y serían alquilados por entre 200 y 250 euros al mes.
* Diario ADN - 20 de junio de 2007
Viñeta: EL ROTO /ELPAIS.com
Una juez busca durante siete horas delitos urbanísticos en Torre Pacheco
T.Calleja.- EL PAÍS/Murcia* : "La titular del Juzgado número 4 de San Javier (Murcia), Aránzazu Moreno, permaneció ayer desde las 10.30 hasta las cinco de la tarde en el Ayuntamiento de Torre Pacheco recopilando todos los expedientes urbanísticos realizados desde 2003. De esta forma, esta magistrada da un paso más en la investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, sobre presuntas irregularidades, y que se ha tenido que acelerar en los últimos días tras comprobar posibles filtraciones de la investigación, según confirmaron fuentes del caso, que detectaron cambios bruscos en los comportamientos de los investigados.
La magistrada encabezó la delegación del juzgado en la que también participaron miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Región de Murcia, que intervino la documentación relacionada con la gestión del consistorio desde 2004, año en el que accedió al poder el actual alcalde, Daniel García Madrid, del PP, hasta la fecha. Fuentes del caso no descartan que haya arrestos en las próximas horas, siendo los principales sospechosos todos los miembros de la corporación municipal y varios empresarios locales.
Documentación requisada
La documentación requerida por el juzgado se refiere a planes parciales, expedientes sancionadores, así como a proyectos de urbanización realizados en el término municipal, uno de los más codiciados por las promotoras, que están construyendo al menos 20.000 viviendas en un municipio de 24.000 habitantes.
Precisamente, las pesquisas apuntan a que uno de los empresarios más conocidos en Torre Pacheco y en la comunidad, Facundo Armero Madrid, que vendió sus participaciones al frente de la principal empresa de Murcia, la promotora Polaris World, podría aparecer entre los empresarios. Esta promotora murciana fue denunciada en varias ocasiones por el propio Ayuntamiento por iniciar sus viviendas sin los permisos necesarios, aunque estos expedientes finalizaron en multas de baja cuantía, lo que provocó enormes críticas de la oposición socialista, que no fueron escuchadas.
Los ayuntamientos de Alhama, Mazarrón, Fuente Álamo, Torre Pacheco y Murcia, todos gobernados por alcaldes del PP, han recalificado o están en pleno proceso de recalificación de unos 25 millones de metros cuadrados de suelo rústico, propiedad de la empresa Polaris World, que estaría en disposición de construir 58.000 viviendas. La aprobación de los convenios urbanísticos debe tener el visto bueno final de la Consejería de Obras Públicas, cuyo titular es Joaquín Bascuñana, miembro de la junta directiva nacional del PP.
El alcalde de la localidad, Daniel García Madrid, quien confirmó en declaraciones a Efe esta intervención judicial, afirmó desconocer el motivo de la misma, al tiempo que mostró su disposición a colaborar con la Justicia. García Madrid se mostró "sorprendido" por la actuación judicial desarrollada en el Ayuntamiento, y mostró su "absoluta certeza" de que todos los expedientes urbanísticos se ajustan a la legalidad vigente.
* ELPAIS.com - 20/06/2007
Foto: torrepacheco_ayuntamiento /lomejordemurcia.com
Los tribunales anulan dos urbanizaciones en Sada
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P.Obelleiro.- EL PAIS/A Coruña* : "Los tribunales acaban de echar abajo proyectos de grandes urbanizaciones que tenía en marcha el ex alcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares, en contra del criterio de la Xunta de Galicia. Los recursos del Gobierno gallego ante la Justicia dieron sus frutos, aunque en algún caso tarde, dado que el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por el que se suspende la licencia municipal de 24 viviendas en la parroquia de Meirás se emitió el pasado 8 de junio, sólo 20 días después de que el anterior regidor concediese permiso para ocupar unas edificaciones ya construidas y a la venta.
Esos cuatro bloques de pisos ahora suspendidos judicialmente forman parte de un proyecto de urbanización de un total de 154 viviendas en un núcleo rural de Meirás que también fue anulado por los jueces en resoluciones anteriores, antes de que se edificasen. El problema con estas 24 viviendas es que ya están construidas, "lo que incrementa la dificultad de restaurar la legalidad urbanística y aumenta los prejuicios que se pueda causar a los adquirientes de los inmuebles", destaca el alto tribunal gallego en su auto.
Otra de las decisiones judiciales dadas a conocer ayer por el nuevo gobierno municipal de Sada, que encabeza Abel López Soto, del BNG, afecta de lleno a uno de los más ambiciosos proyectos de urbanización del ex alcalde Rodríguez Ares como es la construcción de unas 300 viviendas en la zona de las lagunas de As Brañas. Haciendo caso omiso a una resolución de la Consellería de Política Territorial contra ese plan de urbanización, Rodríguez Ares había iniciado, mediante decretos de la alcaldía, los trámites para reparcelar los terrenos y permitir su edificación. El juzgado del contencioso-administrativo número " de A Coruña estimó el recurso interpuesto por la Xunta y anuló esos instrumentos de gestión urbanística del ex alcalde para urbanizar As Brañas.
El firme rechazo del BNG local a edificar en una zona de humedal catalogada dio al traste la semana pasada con las negociaciones para formar gobierno con el edil independiente David Brandariz, partidario del proyecto de urbanización del ex alcalde.
La sentencia judicial que anula los trámites en marcha refuerzan al nuevo gobierno bipartito de Sada -BNG y PSOE- en su intención de pedir la protección ambiental de las lagunas de As Brañas para evitar cualquier construcción futura. Brandariz, único concejal elegido por la Agrupación Sada Unida (ASU) permitió finalmente con su abstención la investidura del nuevo alcalde nacionalista.
* ELPAIS.com - 20/06/2007
Foto: sada (a coruña) /udc.es
La CE denunciará la ley urbanística valenciana ante el Tribunal de Luxemburgo
EuropaPress* : "El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, anunció hoy que tiene previsto denunciar la ley urbanística valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por infringir la normativa comunitaria en materia de contratación pública. Su portavoz, Oliver Drewes, explicó que la denuncia se presentará el próximo miércoles 27 de junio. En una comparecencia ante el pleno de la Eurocámara, McCreevy explicó que la LUV no remedia las infracciones detectadas en la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), a la que sustituyó en diciembre de 2005, y sigue sin respetar las exigencias de publicidad y transparencia que marca la normativa europea de contratación pública.
"La nueva ley no corrige algunas de estas infracciones, que se refieren a avisos de licitaciones, información requerida en los avisos de licitaciones y a la confusa definición del objeto de los contratos", destacó el comisario de Mercado Interior. Insistió en que las alegaciones enviadas a la Comisión por parte de las "autoridades competentes" para responder a estas preocupaciones son "poco convincentes". "Por ello, tengo la intención de proponer a la Comisión llevar este caso ante el Tribunal de Justicia", recalcó.
McCreevy reiteró que la aprobación de planes de actuación integrada (PAI), tal y como está contemplada en la LUV, supone la concesión de contratos de obras públicas y de servicios, y por tanto está sujeta al derecho comunitario. El Ejecutivo comunitario lanzó un procedimiento de infracción contra la LUV el 4 de abril de 2006 y un ultimátum final el 12 de octubre de ese mismo año.
DERECHOS FUNDAMENTALES Y MEDIO AMBIENTE
En cuanto a las denuncias de que la LUV vulnera el derecho a la propiedad, McCreevy dejó claro que la Comisión Europea "no puede intervenir" en esta materia porque no tiene competencias. "Las supuestas vulneraciones de los derechos de propiedad no afectan a ninguna disposición de la legislación comunitaria", aseguró.
Finalmente, en materia medioambiental, el comisario de Mercado Interior indicó que Bruselas sólo puede adoptar acciones legales cuando se vulnera la normativa comunitaria con algún plan de urbanización. "La Comisión seguirá vigilando que las autoridades competentes españolas respeten las reglas medioambientales comunitarias al desarrollar planes urbanísticos", dijo.
Recordó que el Ejecutivo comunitario ya ha actuado cuando algún plan urbanístico infringía la normativa europea sobre evaluación de impacto, hábitats o agua y así lo seguirá haciendo en el futuro.
McCreevy intervino ante el Parlamento en respuesta a una pregunta sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía planteada por los dos eurodiputados que participaron en la misión que visitó España a finales de febrero para investigar estas denuncias, el conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman. Ambos han presentado una resolución sobre esta cuestión apoyada por todos los grupos políticos salvo el PP que se votará este jueves.
Cashman denunció que en España, miles de ciudadanos europeos que "compraron una propiedad de buena fe" se han visto expropiados "sin el procedimiento legal debido" para desarrollos urbanísticos que no desean. "Esto sólo puede describirse en el mejor de los casos como incompetencia administrativa, o en el peor de los casos como negligencia criminal y corrupción", dijo.
El eurodiputado laborista criticó especialmente el caso de la Comunidad Valenciana, y destacó que pese a las tres misiones que ya ha enviado allí la Eurocámara en los últimos años y a la aprobación de un informe crítico en diciembre de 2005, las autoridades regionales sólo han introducido "cambios menores" en la ley urbanística que "no abordan los problemas clave". Además, denunció que se aceleraron los proyectos antes de la entrada en vigor de la LUV para aprovechar las "lagunas" de la LRAU.
Finalmente, lamentó los "vergonzosos ataques" que recibió la última misión parlamentaria a la Comunidad Valenciana por parte del PP, que a su juicio afectan a la "integridad de la Eurocámara". Por ello, criticó que su presidente, el democristiano alemán Hans-Gert Poettering, no haya reaccionado.
A su juicio, la Eurocámara ya ha hecho todo lo que podía en este caso, y el problema sólo lo podrá resolver el Tribunal de Justicia de Luxemburgo o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo "para vergüenza del PP en España".
MAYORÍA DEL PP
Durante el debate que siguió a la intervención de McCreevy, el representante del Partido Popular, Carlos Iturgáiz, destacó que los ciudadanos se han pronunciado sobre el urbanismo dando "mayorías absolutas a los Gobiernos del PP tanto en Madrid como en Valencia" pese a los augurios previos de que los populares "serían castigados" en las urnas.
Iturgaiz insistió en que la Eurocámara, al abordar el urbanismo de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, está "invadiendo competencias nacionales". "Ustedes quieren sustituir a decisiones de parlamentos autonómicos, quieren sustituir a decisiones de parlamentos nacionales, quieren sustituir al propio Tribunal Constitucional", espetó a los parlamentarios. Pidió por ello a los servicios jurídicos de la Eurocámara que aclaren si "aquí se puede votar absolutamente todo".
El representante del grupo de los Verdes, David Hammerstein, respondió a Iturgaiz que "el haber ganado unas elecciones no da permiso para obviar la legislación europea". Hammerstein reclamó a la Comisión Europea que "actúe con energía y urgencia" ante las vulneraciones "flagrantes" de la legislación comunitaria. "Muchas de las 750.000 viviendas construidas en España el año pasado, más que Francia y Alemania juntas, no han respetado el derecho comunitario. ¿A qué espera la Comisión para actuar?", espetó.
Por su parte, el eurodiputado socialista valenciano, Joan Calabuig, dijo que, tras las elecciones autonómicas, es un buen momento para iniciar una "nueva etapa" que permita "rectificar", reconocer el problema y "abandonar la arrogancia".
"El partido socialista tiende otra vez su mano para contribuir a la solución de este problema y por ello reitera en el caso de la región de Valencia la necesidad de un amplio apoyo político y social que incluya a todos los afectados, que tiene que tener como premisa la reforma de la LUV para su adecuación a los Tratados, y para incrementar la seguridad jurídica", destacó. Reclamó también el establecimiento de mecanismos de arbitraje para compensar a los afectados por abusos urbanísticos.
El también parlamentario socialista, Carlos Carnero, dijo que tanto en Valencia como en Madrid los Gobiernos autonómicos "están agrediendo el medio ambiente, agrediendo la sostenibilidad de la vida de la ciudadanía y por tanto violando los derechos individuales y colectivos". En este sentido, Carnero denunció que el Gobierno madrileño pretende seguir actuando de esta manera, con proyectos como la carretera M-61 "que quiere destruir el monte del Pardo, un lugar de una importancia ecológica fundamental".
En la resolución que votará la Eurocámara el jueves, que cuenta con el respaldo de socialistas, liberales, Izquierda Unitaria y verdes, se condenan las expropiaciones de tierras sin el procedimiento legal debido, una práctica "extendida" en la Comunidad Valenciana y otras regiones costeras, así como en Madrid. También se critican los "proyectos de urbanización masivos" que no se ajustan a las necesidades de la población local, son medioambientalmente insostenibles y tienen un "impacto desastroso" en la identidad histórica y cultural de las zonas afectadas.
* EUROPA PRESS - ESTRASBURGO, 19 Jun.
Foto: banderas europeas
El magistrado Martín Pallín ve dos remedios al descontrol del urbanismo: cárcel y derribos
EFE/Santander* : "El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín aseguró hoy que, en su opinión, existen dos remedios al urbanismo descontrolado que padecen varias zonas de España: un endurecimiento de las penas, con condenas de prisión, y derribos ejemplarizantes que "abran los telediarios". Martín Pallín dirige esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo un seminario sobre "Los impactos colaterales del urbanismo descontrolado", en el que tiene previsto pronunciar una conferencia titulada "La cárcel como remedio". El magistrado reconoció hoy en conferencia de prensa que el enfoque de su charla es "provocador", pero también aclaró que él es partidario de un endurecimiento de las condenas previstas en el Código Penal de 1995 para los delitos relacionados con el urbanismo, la ordenación del territorio y el medio ambiente.
"La gravedad del bien jurídico lesionado está adquiriendo unas dimensiones verdaderamente espectaculares. Creo que, en este momento, las penas no son proporcionadas al bien que se trata de proteger, que es el interés colectivo de éstas y de las futuras generaciones, porque no podemos dejar a las futuras generaciones esta herencia", razonó Martín Pallín.
El magistrado del Supremo también abogó por llevar el castigo administrativo a las irregularidades urbanísticas hasta sus últimas consecuencias: el derribo de lo edificado ilegalmente.
"El punto de ruptura será el día que veamos caer una mole. Yo pediría que fuese televisado en la apertura del telediario, en vez de tantos sucesos y tantos ataúdes que pasan de un lado para otro... Pediría abrir los telediarios con un edificio de ocho o nueve plantas o con el Cuco, aquí en Cantabria, volando", señaló.
El magistrado se refería así a la urbanización de 400 viviendas levantada en el Alto del Cuco (Piélagos), que ha sido declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por vulnerar la Ley del Suelo y por su grave impacto sobre el paisaje, descrito en la propia sentencia como "una dentellada al monte".
Martín Pallín relacionó también el problema del urbanismo con "la famosa autonomía municipal", principio que ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional, pero cuyos efectos le preocupan, porque hay que proyectarlo sobre un país con 8.108 ayuntamientos, recordó.
Este jurista sostiene que "no se puede dejar la iniciativa urbanística" a los ayuntamientos y advierte sobre las consecuencias derivadas de "mezclar" su autonomía con la acción de "unos ingeniosos agentes urbanizadores a los que les importa muy poco la ordenación del territorio y mucho el beneficio inmediato".
"El ayuntamiento cumple unos servicios, entre los cuales podría estar alguna planificación urbanística. Pero nunca, y ahí viene la parte más peligrosa, debe convertirlo en un negocio, sobre el pretexto de financiarse y echarle la culpa a las autoridades estatales de toda índole por no haber previsto una ley de financiación de partidos políticos", añadió.
No obstante, también hizo autocrítica y consideró que "buena parte" de la responsabilidad de lo que está ocurriendo recae sobre "la judicatura", en unos casos por no haber actuado a tiempo y en otros por no haber llamado la atención del legislador sobre la necesidad de reformar y agilizar determinados procedimientos.
Para ello recurrió al ejemplo de Marbella, localidad cuyo plan de urbanismo fue anulado por el Tribunal Supremo a instancias de la Junta de Andalucía a los diez años de su aprobación.
"El resultado fue 33.000 viviendas edificadas en zona verde. ¿Pero quién le pone ahora el cascabel al gato y las tira? Éste es problema que tenemos que corregir", explicó.
* La Ley Diario de Noticias - 19/06/07
18 detenidos en la segunda fase de la trama urbanística de Alhaurín el Grande
EFE* : "La segunda fase de la operación que desveló en enero una presunta trama urbanística en Alhaurín el Grande (Málaga) y que se saldó entonces con la detención de su alcalde sumó hoy otros dieciocho arrestos en la provincia, de los que la mayoría son constructores a los que se acusa de cohecho. La Policía informó de que diez detenciones se produjeron en Alhaurín el Grande y el resto en otros municipios malagueños y la capital, si bien la operación 'Troya', desarrollada durante toda la mañana por agentes de la UDYCO, aún no está cerrada. En el marco de dicha operación fueron detenidos el pasado 18 de enero el alcalde de la localidad, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, quienes quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros un día después y están acusados de prevaricación y cohecho.
Los detenidos hoy de forma simultánea, principalmente empresarios de la construcción o vinculados con este sector, se encuentran en dependencias policiales, y serán puestos en las próximas horas a disposición del juez de Coín que instruye el caso y que ha decretado el secreto de las actuaciones.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, dijo a Efe que en esta segunda fase de la actuación 'no hay implicado ningún político'.
Martín Serón, que en las elecciones del 27 de mayo revalidó su mayoría absoluta, defendió esta mañana ante los periodistas la inocencia de las 18 personas y aseguró que 'nunca' ha metido la mano ni va a permitir que se haga.
'Pongo el cuello por ellos', afirmó en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por familiares de los detenidos y en la que dijo desconocer si alguno de ellos ayudó a pagar su fianza o ha trabajado para el Ayuntamiento.
Añadió que 'odia' y está en contra de los corruptos y lamentó que el daño moral para Alhaurín el Grande sea 'irreparable' ya que los arrestados en el municipio son 'gente honrada' con derecho a la presunción de inocencia y los foráneos, 'aunque no los conozco, lo serán, porque se trata de pequeñas empresas'.
Por su parte, su abogado, Fernando Huelin, criticó el abuso de la figura de los arrestos 'innecesarios' que consideró 'más propios de estados totalitarios y fascistas que de un Estado democrático como el nuestro'.
El gobierno andaluz expresó su posición favorable a que la Justicia actúe 'con toda la contundencia, caiga quien caiga' en este caso, aseguró el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, quien expresó su deseo de que 'se llegue hasta el final, con todas las consecuencias'.
También se pronunció tras lo ocurrido la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), que apoyó la actuación de la Justicia 'contra cualquier empresario que haya cometido algún delito', al tiempo que pidió que no se generalice sobre la corrupción porque 'no es lo habitual en el sector'.
* Terra Actualidad - 19-06-2007
Foto: Alhaurin el Grande (Málaga) /iupizarra.org
Mapa de la especulación en Canarias
Ecologistas en Acción* : "La Campaña denominada “Ni un metro más de hormigón” muestra más de 25 fichas de casos donde hay evidente sospecha de especulación con el territorio, y la intención es que tanto los propios ciudadanos como los colectivos sociales vayan incorporando nuevos casos a la lista. Estas fichas ponen de manifiesto una vez más lo que decía ya hace unos años la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas cuando recordaba que la propia administración local era la promotora de muchos de estos casos de “delincuencia ambiental”. Estos escándalos urbanísticos evidencian que el crecimiento urbanístico de los últimos años ha sido un proceso especulativo de esferas empresariales y políticas que ha supuesto un encarecimiento artificial de la vivienda y la pérdida de zonas de alto valor medio ambiental.
Ver enlace: MAPA CANARIO DE LA ESPECULACIÓN
Para Alberto Martín, representante ecologista, este problema es una lacra generalizada. Sus efectos ambientales se pueden observar en Canarias y en todo el Estado español. Por ello, y aprovechando su red de grupos en todo el territorio, Ben Magec-Ecologistas en Acción pone en marcha una Campaña en todo el archipiélago contra la especulación urbanística.
La Campaña pone en común herramientas que los grupos locales pueden aprovechar para potenciar su trabajo contra los casos de especulación urbanística. Y un papel destacado tiene el Mapa de la especulación, una herramienta en Internet que permite mostrar y poner en común el seguimiento de los distintos casos, a través de unas sencillas fichas que describen cada caso registrado en una base de datos común.
Estos problemas se agravan con el despilfarro de agua y otros recursos asociados al nuevo modelo imperante de ciudad dispersa, donde los campos de golf son un reclamo esencial para aumentar aún más el precio de la vivienda. Así, el desvío de recursos hídricos a las nuevas áreas residenciales está alterando gravemente zonas naturales que albergan una gran biodiversidad, como son los humedales y los ecosistemas fluviales. En el futuro, teniendo en cuanta las consecuencias derivadas del cambio climático, los problemas de acceso al agua se verán agravados y con ello el deterioro de las zonas naturales más sensibles. Pero nada de esto se tiene en cuenta en la planificación urbanística.
Como resultado final de esta actividad frenética, el Estado español tiene el mayor parque inmobiliario de la UE. Somos el país con un ritmo de construcción más alto, pero también el país donde resulta más difícil el acceso a la vivienda. Entre 1987 y 2005 el aumento acumulado del precio de la vivienda fue del 250%. El nivel de endeudamiento familiar alcanzó el 125% de la renta disponible. Hacer frente al préstamo contraído para comprar un piso detrae de media más del 40% del salario. Este porcentaje se eleva a un 70% en el caso de los jóvenes. Por ello, las hipotecas han ido alargando sus plazos pasando de 25 a 40 años para llegar incluso a los 50.
* Ecologistas en Acción - Canarias 19 de junio
Ilustración: Ecologistas en Acción de Canarias - ni1m2+deHormigón
¿Bajará el precio de la vivienda o no? Argumentos para todos los gustos
elEconomista* : "Desde BBVA hasta Morgan Stanley, pasando por el diario Financial Times y el Fondo Monetario Internacional han intentado dar su respuesta a la que se ha convertido en la pregunta del millón para los españoles. Todos ellos han sacado su bola de cristal y lo cierto es que hay ideas para todos los gustos. ¿Quién acertará?
Los precios de la vivienda bajarán:
El Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español, elaborado por RR. de Acuña y Asociados, sitúa el estallido de la burbuja inmobiliaria entre 2010 y 2011, momento en el que la demanda alcanzaría "su punto más bajo". Asegura que los precios de pisos o chalés con marginales elevados podrían sufrir descensos de hasta el 10%.
Deutsche Bank prevé un "ajuste inevitable" en el sector, con bajadas de precios nominales de entre el 2% y el 8% a partir de 2008, tras ligeras subidas en torno al IPC en el presente ejercicio. La entidad alemana elige un título para su estudio que lo dice todo: 'El mercado español de la vivienda: living la vida loca'.
Banco Urquijo no se aventura a prever una evolución de los precios de la vivienda pero insinúa que así ocurrirá cuando advierte que la situación del sector de la vivienda conlleva un "riesgo moderado de recesión económica transitoria" y es una amenaza "en muchos sentidos comparable a la de EEUU", donde las casas sí que se están abaratando.
Morgan Stanley estima que el precio de la vivienda caerá un 5 por ciento en 2008 y que luego se estabilizará en los siguientes dos años, pero no descarta descensos de hasta el 10 por ciento. El banco de inversión estadounidense espera que la demanda de casas se sitúe en 475.000 al año y que la actividad del sector residencial caiga un 40 por ciento dentro de dos años. Al mismo tiempo, sitúa el número de viviendas iniciadas en 400.000, muy lejos de las 760.000 de 2006.
La Red de Expertos inmobiliarios (REI) considera que el exceso de oferta inmobiliaria supondrá una caída de los precios de la vivienda en las zonas en expansión, donde se han construido muchas viviendas pero aún hay terreno para construir más, y en las de bajo nivel adquisitivo, especialmente aquellas donde los compradores necesitan el 90% de financiación para comprar una vivienda.
El Financial Times publicó el pasado 25 de abril su visión de la situación del sector de la vivienda español en su afamado atículo de opinión Lex Column. Según el rotativo económico británico, el mercado inmobiliario español tiene "todos los signos de una burbuja a punto de estallar". El diario califica de "desafortunado" para los propietarios de vivienda el posible estallido de la burbuja.
Sin una apuesta clara:
La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) asegura que la vivienda podría encarecerse entre un 4% y un 6% en 2007, y situarse en el entorno del cero en 2008 ó 2009 si los tipos de interés no vuelven a iniciar otro periodo de subidas, lo que supone un anticipo de que la expansión del ciclo económico en España está llegando a su fin y de que los bancos y las cajas se enfrentarán a "tiempos más incómodos".
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no se atreve a augurar qué pasará con los precios de la vivienda pero sí asegura que se encuentran sobrevalorados en un 30% y advierte del riesgo de una corrección en el mercado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) sigue la misma línea que la OCDE y advierte de que España podría enfrentarse a un período de crecimiento lento derivado de una posible corrección de las elevadas valoraciones inmobiliarias y una reducción del consumo ante el gran peso de las hipotecas en la economía familiar.
Habrá corrección pero la vivienda seguirá subiendo:
Los analistas de JP Morgan han elaborado un informe en el que se compara la situación de españa con la de Estados Unidos, donde sí se está produciendo un serio descenso en el precio de la vivienda, así como en las ventas. Según el banco de inversión estadounidense, España todavía está lejos de experimentar una situación como esta, aunque aclara que sí se está produciendo una leve corrección, de forma gradual, en un contexto que comparan al de la Alemania de los años 90.
El director general del Banco de España, José Luis Malo de Molina, ha explicado que los precios de la vivienda deben experimentar un descenso más acusado del registrado hasta el momento para garantizar que el ajuste del 'boom inmobiliario' no se hace de manera "abrupta". Malo de Molina indica que la "sobrevaloración" existente en el precio de la vivienda se puede absorber de manera "gradual y ordenada".
Las previsiones de Bankinter apuntan que la vivienda subirá este año en España una media del 8 por ciento y un 6 por ciento en 2008. La entidad asegura que no habrá un "crack" inmobiliario y que lo único que ocurre es que el sector está sufriendo un "ajuste".
El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, ha dicho que no ve relación entre la brusca caída en bolsa de algunas inmobiliarias y el sector de la vivienda español, que se estaría ajustando gradualmente a la situación real. "No veo ninguna relación directa entre el valor de las acciones de algunas inmobiliarias y el sector de la vivienda. El sector de la vivienda en España y en otros países como Irlanda se está ajustando gradualmente a la situación real", ha señalado.
El Servicio de Estudios Económicos del BBVA cree que la actual desaceleración del precio de la vivienda en España es la más suave, aunque persistente, de las registradas en los últimos treinta años. Con todo, para los expertos esta situación tendrá un impacto "asumible" en el crecimiento de la economía española.
* elEconomista.es - 19/06/2007
Ilustración: El futuro de los precios de la vivienda es todavía una incógnita /elEconomista.es
Las grandes ciudades españolas apoyan sus ingresos en el negocio urbanístico
I.J.Domingo.- Expansión* : "La capital española recauda el 33,2% de sus ingresos con recursos asociados a la construcción, casi tres puntos más que el presupuesto municipal valenciano. Barcelona y Bilbao son las que menos confían sus cuentas al urbanismo. La recalificación de suelo como herramienta recaudadora está lejos de ser un mito social, como insisten las autoridades municipales. Hasta el 27,5% de los ingresos totales de los más de 8.100 ayuntamientos de toda España –tanto los financieros como los de otro origen– proceden directamente –a través de enajenaciones de terrenos–, o por vías alternativas –básicamente impuestos– del negocio urbanístico. Este dato, proporcionado por la liquidación del ejercicio 2004, último contabilizado y con el ribete oficial de Hacienda, supone un incremento de un punto y medio porcentual respecto al año precedente. Y las fuentes oficiales no son las únicas que constatan este fenómeno.
Un reciente informe sobre las finanzas locales de Morgan Stanley engorda la porción de ingresos urbanísticos hasta el 70% de la recaudación propia de los municipios; es decir, de la procedente de su ámbito territorial y que, en esencia, se ciñen al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y plusvalías municipales, como tributación directa, y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), dentro de la fiscalidad indirecta. Así como al cheque procedente de la enajenación de terrenos, partida incluida dentro del capítulo de inversiones reales y que responde a la mera cesión de suelo, y que apenas supone el 4% de los ingresos globales.
Pero además, el boom constructor, que instituciones multilaterales y bancos de inversión alertan que puede tocar a su fin en España, no sólo es un maná del pasado reciente. Ni de ayuntamientos de mediana o pequeña dimensión en busca de recursos financieros alternativos e imaginativos o de localidades costeras y emblemáticas para el turismo y, por ende, propensas a modificaciones constantes de sus planes urbanísticos.
También los programas financieros para 2007 de las siete grandes ciudades españolas, recién aprobados por sus corporaciones municipales, confían en la salud económica española y el futuro desarrollo urbanístico. Aunque no en la misma proporción.
Madrid, por ejemplo, con una legislatura, la que ahora toca a su fin, de notable efervescencia constructora, y con una demografía superior a los 3,12 millones de habitantes, que le reporta una voluminosa lista de contribuyentes, absorbe del negocio inmobiliario hasta el 33,2% de un presupuesto que rebasa los 4,77 millones de euros, el más suculento de todos los municipios españoles.
En cualquier caso, el consistorio de la capital de España no es el único de los big-seven que se sitúa por encima de la media nacional del 27,5%.
La capital del Turia también mantiene un nivel de recaudación similar. En este caso, del 30,6%. O, lo que es lo mismo: tres de cada diez euros que reciben las arcas municipales.
Por contra, de entre las mayores capitales, las que menos cuota de financiación otorgan al negocio asociado al urbanismo y la construcción son Barcelona, con el 10,6%, y Bilbao: un 14,5%.
Incluso Málaga, capital de una provincia que ha albergado varios de los más sonados escándalos de corrupción en el ámbito municipal, apenas fía el 16,5% de sus recursos a esta partida. A pesar de que el Gobierno local, del PP, maneja el tercer mayor presupuesto, por detrás del madrileño y el barcelonés.
Fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN admiten en privado que los ayuntamientos “suelen, desde hace una década, recalificar suelo para captar ingresos y elevar sus arcas fiscales”. En este sentido, afirman que su defensa de que el terreno está en poder de los promotores y de las inmobiliarias y que su tutela es autonómica, “choca con las frecuentes modificaciones de sus planes urbanísticos”, la ausencia de “castigos” desde los Gobiernos regionales, y la “demostrada falta de eficiencia” en los controles de supervisión, tanto de los servicios de intervención municipal como por parte de los Tribunales de Cuentas, “que deberían descentralizar sus actuaciones regulatorias al terreno local”. Al margen de un cambio en su modelo de financiación, tal y como reclaman oficialmente.
* Expansión - 22/05/2007
Viñeta: Exposición "Especula en Acción"
¿Por qué votan a los corruptos?
Francisco Garrido Peña* : "Ante los irritantes resultados del 27 de mayo no debemos sucumbir a la lógica del escándalo que cual empresa de certificación moral califica sin comprender. Menos etiquetas morales y más compresión racional es lo que necesitamos. La gente que vota los alcaldes corruptos ni son imbéciles, ni son corruptos (posición elitista farisea), ni son sabios que ven cosa que los otros no vemos (posición populista de mercado: “el cliente siempre tiene razón”): son sujetos racionales en un marco institucional determinado y con una percepción de satisfacción de unos intereses acotado a este marco institucional. Para comprender fenómenos como el del apoyo electoral a la corrupción debemos superar la disyuntiva que enfrenta a las razones con los intereses. La función trasformadora no puede ser tener que optar entre proclamar las razones universales o gestionar los intereses privados. Mas bien se trata de construir las condiciones sociales (institucionales, intersubjetivas, culturales) para que emerjan razones interesantes e intereses razonables.
Pero el marco institucional en el que se han producido estas elecciones municipales ha sido más bien el contrario: muchos intereses poco razonables y unas razones muy poco interesantes. ¿Cuál es el contexto económico marco de la corrupción política municipal? Pues el de la expansión urbanística descontrolada y la especulación urbana. Más del 30% del PIB español depende, directa o indirectamente, de la construcción. En el año 2006 se han construido en España más de 800.000. Esto ha hecho decir irónicamente al INE que en España el modelo de familia que más crece es “el piso vacío.
Al mismo tiempo que todo esto ocurre, los ayuntamientos tiene un déficit económico crónico y un serio problema de financiación que solo puede superar con los recursos económicos extraídos del juego inmobiliario. Si a estos datos sumamos que la expansión urbanística descontrolada se produce en muchas zonas rurales tradicionalmente deprimida, con fuertes tasas de desempleo tenemos el marco institucional específico de la corrupción política.
Así pues se dan tres características institucionales estimuladoras de la corrupción política con apoyo y connivencia social:
1. Un falso mercado inmobiliario dependiente de decisiones políticas y administrativas. Los ayuntamientos tienen en su mano decisiones políticas que crean mercado y estructuras de oportunidades inmobiliarias fabulosas o las cierran. La estrategia más racional de un promotor urbanístico pasa por la compra de voluntades políticas municipales mas que por la mejora de la eficiencia, de la productividad, de los precios o de la calidad.
2. La financiación y la liquidez de los ayuntamientos depende de las rentas obtenidas con la expansión urbanística. Los alcaldes pueden con esto fondos avanzar y ofertar políticas visibles y tangibles, que con la financiación ordinaria seria mucho mas difícil. Obtener recursos financieros del la expansión inmobiliaria es la estrategia mas racional para conseguir la mejor oferta y el mejor resultado electoral.
3. ¿Qué puede demandar un elector medio a un ayuntamiento medio? Más y mejores ofertas de servicios municipales que a su vez favorezca un marco económico más favorable a sus intereses más inmediatos. Teniendo en cuenta el modelo de financiación municipal existente y el modelo económico basado en el ladrillo; esta claro quién es el que se acerca más a esta oferta. No debemos olvidar también que la financiación proveniente del ladrillo parece que aleja la tentación de aumentar la presión fiscal municipal (aunque esto es una ilusión que los datos demuestran como falsa pues el 100% de los municipios españoles con más presión fiscal están sometidos también a un fuerte presión urbanística). Un elector racional maximizará sus preferencias e interés (mas servicios municipales, mas renta y mas empleo) votando a alcaldes de del ladrillo aunque este sea un corrupto.
Estas tres características dibujan el entramado de intereses que gobiernan las decisiones municipales. Los intereses convergentes de los promotores urbanísticos (ganar dinero), de los político municipales (ganar las elecciones) y de los electores (más servicios, menos impuestos, más expectativa de renta y trabajo): se ven ampliamente satisfechos en este modelo de especulación y expansión urbanística que implica, en muchas ocasiones, corrupción política. En lo inmediato cada uno de estos tres actores gana, aunque al final todos perdamos.
¿Pero por que ocurre esto? ¿Por que los políticos son corruptos? ¿Por que los promotores son especuladores? ¿Por que los electores son tontos y/o egoístas?. Ninguna de estas respuestas es por supuesto satisfactoria, por mucho de que sea cierto de que hay políticos corruptos, promotores especuladores y electores imbéciles. Las respuesta esta como siempre en las condiciones institucionales que hemos descrito con anterioridad: un diseño institucional que no sólo permite la corrupción sino si no que la estimula. Al igual que ya explicábamos en otro artículo (“La expansión urbanística descontrolada y la ley del suelo”) referido al impacto ecológico de la expansión urbanística, el objetivo debe ser cambiar las condiciones institucionales.
¿Cuáles?
(i)La dependencia del mercado inmobiliario de las decisiones políticas municipales. Son muchos los neoliberales que platean que si se eliminase la regulación administrativa del suelo desaparecería la corrupción. Y están en lo cierto. Tan en lo cierto como estaría quién afirmará que si eliminamos la policía desaparecería la corrupción policial. ¿ Pero que ocurriría entonces el Estado de Derecho y la seguridad pública?. Esta solución es tan invalida como la de cortarse la cabeza para eliminar la migraña. Pero que esta no sea la solución no implica que no haya soluciones. Por ejemplo es clave reducir la capacidad de decisión urbanística de los ayuntamientos y complicar y elevar (a CCAA y Estado central) las competencias. Establecer mecanismos de participación ciudadanas cualitativos como son los Núcleos de Intervención Participativa ( jurados ciudadanos). Por último la desmercantilización y desprivatización de la vivienda, despojándolo de su carácter de bien de consumo en favor de su naturaleza de derecho fundamental por medio de una fuerte entrada del sector público (VPO, alquiles etc).
(ii) Desvincular la financiación municipal de las rentas públicas del suelo. Las rentas públicas del suelo deben ser recaudadas distribuidas por las CCAA sin participación de los ayuntamientos. El objetivo es evitar que exista una asociación directa o indirecta entre la renta inmobiliaria obtenida en un término municipal y los presupuestos y liquidez del ayuntamiento. En paralelo a esta medida hay que aumentar la participación de los ayuntamientos en los gastos del Estado ( el 40%)
(iii) Con estas medidas desaparecerían parte de los incentivos que elector tiene para votar al ladrillo y suspender los juicios morales : la oferta de servicios municipales ya no estaría en base al crecimiento inmobiliario y la construcción dejaría de ser el motor y el horizonte económico cuasi único.
El problema pues no es que se vote a los corruptos por ser corruptos sino que los votantes han admitido la corrupción como un coste inevitable e indiferente (todos están en el consenso mafioso del ladrillo). La corrupción va asociada a las opciones políticas, que en este marco institucional, son las más eficientes para la maximización de los intereses de actores sociales que hoy por hoy son hegemónicos en muchos pueblos y ciudades españolas. Quién quiera cambiar esto tendrá que cambiar este marco institucional, más allá de jeremiadas , monsergas morales o conversiones cínicas.
Desde esta explicación está claro por que hay mucha gente que no ha votado, ni va a votar a Los Verdes, que no estamos en el consenso mafioso del ladrillo. Pero explicar el fracaso de las candidaturas verdes es falsear la realidad. Pues implica suponer que no hay nadie fuera de ese consenso del ladrillo y eso no es cierto . Hay una fracción importante de la población y de la opinión publica que se ha rebelado contra ese consenso plataforma ciudadanas, grupos ecologistas, medios de comunicación , la “mano izquierda del Estado ( sanidad , educación, ciencia). ¿ Por que no nos han votado todos esos sectores? ¿Por que mucho de ellos ni siguieran han votado?
Estas preguntas deben formar parte de otro artículo y de otra reflexión.
* Francisco Garrido Peña es diputado nacional de Los Verdes (adscrito al Grupo Parlamentario Socialista)
* Los Verdes de Andalucía - 15 de junio de 2007
Noticia relacionada: Francisco Garrido dimite como portavoz andaluz de Los Verdes por los malos resultados electorales
Bicicletada en Madrid para defender el derecho a la vivienda
EFE* : "Decenas de personas se han subido a sus bicicletas para circular por el centro de Madrid en protesta por la dificultad de acceso a la vivienda. Los integrantes de la marcha llevaban pancartas con lemas como "Pisos, no prisiones hipotecadas" y vestían diversos disfraces, entre ellos el clásico de presidiarios a rayas blancas y negras. La manifestación, que se desarrolló en tono festivo en todo momento, partió de Nuevos Ministerios y se dirigió al parque del Retiro, donde esperaban a los ciclistas otras decenas de personas, algunas de ellas agrupadas en la 'batucada' Bloco da baliza, un grupo de percusión de inspiración brasileña. Todos juntos recorrieron el parque y entregaron panfletos en los que se protesta porque España es "el país con más viviendas vacías, con el parque de vivienda de alquiler más pequeño", mientras es también el que más construye y en donde la vivienda se vende a precios inalcanzables para muchos.
"No hace falta ser una lumbrera para darse cuenta de que hay algo que va mal", señalaba el panfleto, en el que se rechazaban "la especulación y el urbanismo depredador". El grupo que seguía a la 'bacutada' también esgrimía pancartas con lemas como "Precio no sostenible" o "Derecho a techo. Stop especulación".
Para los manifestantes el de la vivienda es un problema político cuya resolución corresponde a los políticos. Entre otras medidas, exigen más viviendas protegidas, penalizaciones para la vivienda vacía, lucha contra la corrupción, política urbanística contra la especulación o aumento del parque de vivienda públicas.
* El Mundo - sábado 16/06/2007
Foto: Bicicletada Madrid /elmundo.es
El movimiento por una vivienda digna
Mario Cuéllar* : "El pasado 14 de mayo se cumplió un año del nacimiento del movimiento por una vivienda digna. Una convocatoria anónima por internet sin gran difusión en los grandes medios, convocó de forma sorprendente a miles de personas en las principales ciudades españolas. Estudiantes y trabajadores que de forma anónima sufrían el crecimiento desorbitado del precio de los pisos y alquileres, unieron sus fuerzas para denunciar la especulación y la corrupción urbanística, y reivindicar la vivienda digna como un derecho básico de la ciudadanía y no como un negocio.
A raíz de las sentadas sucesivas, se formó la Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna, que a su vez se organizó con reuniones semanales, y se crearon diferentes comisiones de trabajo: una para elaborar una propuesta alternativa al modelo actual de acceso a la vivienda; otra para relacionarse con otras asociaciones que tratan las mismas problemáticas; otra más de comunicación para la relación con los medios; y una última para preparar diferentes actos reivindicativos: semana de lucha social, concentraciones frente al Ministerio de la Vivienda y la Empresa Municipal de la Vivienda - EMV de Madrid, conferencias y charlas sobre especulación o urbanismo y manifestaciones.
El movimiento no ha parado de crecer desde entonces. Si repasamos el número de personas que ha asistido a las manifestaciones, de las 3.000 personas de la primera manifestación se pasó a unas 10.000 en la segunda, y la celebrada el pasado 24 de marzo contó con 20.000 asistentes aproximadamente. El movimiento no sólo se circunscribe a Madrid. Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla y otras muchas ciudades tienen sus propias asambleas y hay contactos entre ellas para actuar de forma unitaria y coordinada.
Propuesta sobre las viviendas vacías
Pero no sólo hay que fijarse en las manifestaciones. La Asamblea ha elaborado propuestas que algunos partidos empiezan a recoger en sus programas. La propuesta principal es la de fomentar el alquiler social mediante el uso de las más de tres millones de viviendas que según el INE se encuentran vacías en España.
Se da la oportunidad al propietario de que alquile su vivienda, en caso de no poder justificar porqué se encuentra vacía y sin uso. La vivienda se añade a una bolsa de alquiler social, fuera de los mecanismos del mercado, con un alquiler que cubra únicamente los gastos de mantenimiento y habitabilidad hasta que el propietario justifique su uso, momento en el que se devuelve la vivienda a su propietario. La medida pretende eliminar la vivienda como negocio, anulando la posibilidad de especular con ella.
El problema del acceso de la vivienda se ha ido acentuando con el paso de los últimos años. A pesar de tener unas tasas de construcción que superan las de Inglaterra o Francia, nunca había estado tan difícil adquirir una vivienda o acceder a un alquiler a precio razonable. La edad de emancipación de los jóvenes españoles es de las más altas de Europa, el ahorro de las familias está bajo mínimos, ya que las continuas subidas de los tipos de interés repercuten a continuación en el euribor y a su vez en el interés que los hipotecados pagan a sus bancos, situando a muchas familias al límite para llegar a fin de mes. A pesar de la propaganda de ayuntamientos y comunidades autónomas, la construcción pública dedicada al alquiler sigue siendo mínima y la construcción pública en venta ha provocado un mercado negro de viviendas públicas que han sido vendidas no a precio público, sino al de mercado cobrando una parte “en negro”.
Derecho constitucional
Y luego está la mercantilización de un derecho reconocido por la carta fundamental de los derechos humanos de la ONU y en el artículo 47 de la Constitución española. Todos hemos visto reproducirse como hongos multitud de inmobiliarias, el enriquecimiento de los conocidos “señores del ladrillo”, el desarrollo de las empresas unificadoras de deudas y, como consecuencia de todo esto, la destrucción ambiental de multitud de zonas.
En el mes de mayo, miles de personas volvieron a salir a la calle para denunciar la actual situación y exigir mejoras a los poderes públicos para que no se cumpla uno de los lemas para llamar a la movilización de la Asamblea: “No vas a tener casa en la puta vida”.
* CyT Nuestra Prensa
* Rebelión - 17-06-2007
¿Esto también es Europa?
J.MERINO.- 20minutos* : "Pese a que España entró en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986, todavía se encuentra muy alejada de los estándares económicos y sociales de algunos países del entorno, sobre todo en cuestiones relativas a la vivienda. Los españoles ostentamos muchos récords continentales con respecto al mercado inmobiliario, como el hecho de ser el Estado de la Unión Europea donde más viviendas se construyen anualmente (830.000 en 2006, más que en el Reino Unido, Alemania y Francia juntos). Sin embargo, este crecimiento del sector también ha hecho que la vivienda sea aquí, comparativamente, de las más inaccesibles.
Algunos datos
Precios: El precio medio de una casa de 100 metros cuadrados de superficie es de 207.500 euros en España. La misma vivienda cuesta 176.000 euros en Francia y 130.000 euros en Alemania, dos países con sueldos medios muy superiores a los nuestros.
Ayudas: Iniciativas como los préstamos sin interés a estudiantes para que puedan acceder a un alquiler durante su periodo universitario, muy populares en el norte e Europa, todavía no han llegado aquí.
Alquileres: El nuestro es el país europeo con el porcentaje más alto de viviendas en propiedad, con el 87% del total del parque inmobiliario. Muy lejos quedan países como Alemania u Holanda, donde se alquila el 42% y el 52,2% de las casas, respectivamente.
Protección: España es, después de Grecia, el país de la Unión Europea que cuenta con menos oferta de alquiler de viviendas protegidas, sólo un 1% del total. En el extremo opuesto están Holanda (35%), Suecia (24%) y Austria (23%).
Hipotecas: El dinero prestado por los bancos crece en España en torno al 25% cada año. El Reino Unido, Francia e Italia tienen incrementos del 8%, mientras que en Alemania apenas crece.
Emancipación tardía
La edad media a la que un joven español se emancipa de la casa de sus padres es a los 29 años.
Mientras tanto, en los países de Europa occidental, la mayoría de los jóvenes lo hace entre los 18 y los 24 años, una franja de edad en la que sólo uno de cada diez jóvenes está emancipado en nuestro país.
Las principales causas apuntan a los elevados precios de la vivienda, unidos a la inestabilidad laboral y la precariedad de los salarios. Así, no es de extrañar que el índice de natalidad haya bajado hasta una media de 1,13 hijos por mujer, lo que hará de España el país más viejo del mundo en el año 2050.
* 20minutos - 24.05.2007
Viñeta: Los préstamos sin intereses para jóvenes universitarios todavía no han llegado a España. (ESTEBAN).
La mala prensa del urbanismo
CARMEN BLASCO, FRANCISCO J.MARTÍNEZ Y MATILDE ALONSO * : "Todos, rigurosamente todos los días, recibimos alguna noticia sobre la Comunidad Valenciana relacionada con abusos urbanísticos sobre un suelo que constituye nuestro único medio físico -soporte y causa de mejores o peores formas de vida. Nos desayunamos desde hace tiempo con cientos de hectáreas de suelo agrícola reclasificadas sin justificación, con miles de nuevas viviendas para comunidades de población estable, con millones de euros de deuda pública acumulada gracias a operaciones urbanísticas tan rentables para algunos como lesivas para los demás, también para el territorio y la ciudad. Y esa apuesta tan decidida por la construcción y el turismo, a costa de otros sectores imprescindibles -agricultura e industrias varias-, resulta que se traduce en que la economía valenciana crece por debajo de la media nacional y nuestra renta familiar sólo representa el 81% de la media europea (INE, EL PAÍS 20 de abril de 2006). ¿Saben esa canción de... no estamos locos, sabemos lo que queremos?
Y suma y sigue. Aunque se multipliquen esas cifras, el nivel de alarma social no aumenta. Su obstinada cotidianidad las convierte en un hecho poco menos que inevitable -nadie insiste lo suficiente en lo contrario-, en una especie de perversión de nuestra época contra la que, desde nuestra humilde condición de ciudadanos, nos sentimos incapaces de luchar. El urbanista Maurice Cerasi hace más de 20 años ya hablaba de que la capacidad de tolerar niveles siempre más bajos de condiciones de vida se demuestra extensible al infinito. Hoy admitimos sin sobresaltos esa realidad urbanística reducida, cada vez más, a una práctica política interesada y a una dinámica comercial abusiva. Se pone a prueba nuestra paciencia ante nuevas formas de pobreza y de sumisión contra las que el dinero y la inteligencia ya no pueden actuar. Pensemos, por ejemplo, en algunas características de nuestro entorno que, a fuerza de transformarlas, desaparecen para siempre. No se puede gozar eternamente de un medio natural sin respetarlo o compensarlo, tampoco del construido.
Son cosas que se saben desde hace tiempo. El problema es si somos conscientes de lo que está en juego y si retrocedemos o avanzamos. Cada cual tiene su cuota de responsabilidad ante estas agresiones, lo urbano es un fenómeno social participado. Pero también es cierto que no todos recibimos los mensajes adecuados ni alcanzamos un mínimo discernimiento sobre estas cuestiones que nos atañen de forma tan directa. ¿Un remedio?: información contrastada más una componente educadora que sea capaz de enriquecer con cultura lo que sólo es noticia. Llevamos casi medio siglo insistiendo en la fuerza educativa tan potente que podrían desarrollar los medios de comunicación de masas completando la labor de las escuelas. Y no es que la formación nunca le haya interesado a los medios, es que no ha sido algo prioritario ¿Qué pasaría si nos insistieran en las mejores jugadas urbanísticas durante el tiempo y páginas que lo hacen con los deportes? Tampoco tuvieron eco en nuestro país las recomendaciones de Le Corbusier -uno de los impulsores de la modernidad-, cuando hace casi un siglo aconsejaba que se enseñara Arquitectura y Urbanismo en las escuelas. No es absurdo pensar que unos mínimos conocimientos nos ayudarían a la hora de elegir y exigir buenas condiciones para nuestro lugar de residencia y, desde luego, nos pueden servir de garantía al realizar la inversión económica más importante de nuestra vida: la vivienda.
Al adquirir cierto bagaje en alguna faceta del conocimiento es más fácil vislumbrar la trascendencia de sus cometidos y más difícil aceptar las transgresiones y los burdos remedos. En urbanismo se ha avanzado tanto como en otros campos del saber y eso no llega a la opinión pública. De hacerse, inyectaría nueva savia a la participación, no sólo frente a los desmanes, sino ante propuestas serias que nos pueden reconciliar con nuestro medio y volver a dejarnos soñar en términos de futuro. Un dato: los diferentes postulados sobre el desarrollo urbano han evolucionado en el sentido del respeto por las condiciones naturales del sitio, la incorporación del verde a la ciudad y una mayor dignidad del espacio edificado. Una excursión desde Cartagena a Alicante es suficiente para comprobar el desprecio por el medio natural, la ausencia de criterios de racionalidad urbanística y lo grotesca que puede llegar a ser la arquitectura dominante. Propios y extraños llevamos tiempo preguntándonos de qué sirve la cultura acumulada y las investigaciones en curso, si no se refleja sobre nuestro medio ni le interesa a sus afectados.
Para neutralizar la dinámica actual no es suficiente con lamentarse o popularizar nuevas fórmulas que suenen a buenas intenciones -la expresión desarrollo sostenible es una de las más utilizadas por justos y pecadores para defender sus imprecisos compromisos urbanísticos-. Tenemos que combatir la mala prensa del urbanismo divulgando ideas, pensamiento y las mejores prácticas. Insistiendo en lo importante que son las ganas de resolver (voluntad política), las medidas adecuadas (marco normativo) y, sobre todo, la aplicación del conocimiento de que disponemos para reconducir la situación actual (el de nuestros mejores urbanistas). Es una fórmula tan efectiva como simple. Cuando queremos combatir una enfermedad endémica ¿qué hacemos?, ¿decir que es inevitable?, ¿no tomar medidas preventivas?, ¿rechazar la ayuda de los mejores investigadores? No parece lógico ¿verdad? Pues bien, el urbanismo es un campo de experiencia tan antiguo como otros muchos, incluida la medicina (iba a decir como la ciudad).
Es triste que, a los ojos de la mayoría, el urbanismo pueda aparecer como una disciplina corrupta en manos de falsos curanderos, de personas que por dinero te dicen y hacen lo que le pidas. Ni el orgullo con el que aún mantenemos los términos urbanismo y arquitectura nos libra de las infamias. Y no es por nosotros, esto sí es una generalización, ni mucho menos por la falta de certezas a la hora de dar solución a los problemas urbanos. Es por la maldita realidad que propicia que el urbanismo esté supeditado, cada día más, a personas y grupos de presión sin escrúpulos que toman decisiones respecto a lo que desconocen por pura ignorancia o interés y que, al final, son los que marcan las pautas de un futuro objetivamente peor para sus convecinos.
Cuando lo público y colectivo se menosprecia en beneficio de lo privado e individual la ecuación de lo urbano cambia de variables y nunca se llega a equilibrar. Es entonces cuando a falta de una solución racional se prueba, al tuntún, con miles de aproximaciones arbitrarias que no dejan de transformar en galimatías lo más esencial de nuestro medio. Nunca se han preguntado ¿por qué es mejor el ensanche decimonónico que sus zonas de extensión? ¿el viejo que el nuevo Campolivar? ¿el primer polígono de la playa de San Juan de Alicante, o la Urbanización Ciudad Ducal de Gandia, que Port Saplaya? Si su respuesta es afirmativa, es un primer paso en defensa del urbanismo. Si es negativa, es que queda mucho por hacer y hay que reconsiderar la información que les llega a los ciudadanos. Porque si no, ¿a qué jugamos?
A la memoria de Juan Pecourt García
* Carmen Blasco, Francisco J. Martínez y Matilde Alonso, arquitectos y profesores de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia
* ELPAIS.com - 11/05/2006
El PE debatirá de nuevo los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía
EuropaPress /Bruselas* : "El pleno del Parlamento Europeo debatirá de nuevo la semana que viene las denuncias de abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía. Los dos eurodiputados que participaron en la misión que visitó España a finales de febrero para investigar estas denuncias --el conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman-- presentarán el martes 19 de junio una pregunta oral a la Comisión y a la presidencia alemana de la UE para que expliquen qué piensan hacer para garantizar que se aplique la legislación comunitaria y se respeten los derechos fundamentales en los proyectos de urbanización.
En la pregunta oral, a la que tuvo acceso Europa Press, los dos eurodiputados señalan que los proyectos de "urbanización masiva" de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, "conculcaran gravemente los derechos fundamentales de miles de ciudadanos europeos con respecto a sus propiedades adquiridas legítimamente", tal y como puso de relieve el informe sobre los abusos del urbanismo español que redactaron ellos mismos tras su visita y aprobó la comisión de Peticiones de la Eurocámara el pasado 11 de abril.
También denuncian que en estos proyectos de urbanización "no se cumplen las directivas europeas sobre contratación pública, se pone en peligro el suministro de agua y el cumplimiento de las directivas europeas sobre la gestión del agua y con frecuencia se hace caso omiso de las directivas de protección de la biodiversidad y el medio ambiente".
Libicki y Cashman recuerdan finalmente que el 13 de diciembre de 2005 el propio Parlamento Europeo ya aprobó por "mayoría abrumadora" una resolución sobre este problema referida a la Comunidad Valenciana, "la región en la que se dan los casos más graves".
Tras la pregunta oral de los dos eurodiputados intervendrán un representante de la Comisión y otro de la presidencia alemana y a continuación se celebrará un pequeño debate. Al día siguiente, miércoles 20 de junio, el pleno votará una resolución sobre este problema sin carácter vinculante, según informaron fuentes parlamentarias.
* BRUSELAS, 14 Jun. (EUROPA PRESS)
Foto: parlamento europeo /junta andalucia
El ‘reventa’, pero inmobiliario
Manuel de Castro García* : "Los aficionados al fútbol andan revueltos estos días con la aparición de los ‘reventas’ en el tramo final de la Liga. El ‘reventa’ es un tipo que merodea por los estadios, que opera de modo clandestino, siniestro, despreciado por la sociedad. Su actividad conocida es comprar muchos billetes para un partido muy demandado, reducir de manera artificial la oferta y especular con los precios de las entradas que revende a aquellos aficionados que desean ver el partido. Desde un punto de vista moral, la propia sociedad le considera un estafador porque es un tipo que se infiltra en medio de una operación a la que no le aporta nada–un partido de fútbol- para robar un poco a todas las partes sin ser necesario para el bien común, ni para el espectador ni para los clubes de fútbol. Incluso está perseguido por la ley. El fútbol, como vemos, está muy bien defendido por la legislación y la policía que persigue a estos tipos, como anunciaron estos días los clubes.
Mantenga ahora, lector, la misma posición ética sobre el siguiente asunto, y es que media España debería avergonzarse de estafar a la otra media con sus operaciones inmobiliarias como si fueran ‘reventas’ a las puertas de un estadio que, en este caso, es el suelo de todo un país, bastante más público que el fútbol.
Está aprobado socialmente –y amparado legalmente ante la dejadez de todas las Administraciones Públicas- el gesto de millones de españoles que, sin ser constructores ni usuarios de la vivienda, se compran un segundo o tercer piso para convertir el futuro hogar de otros en un negocio propio al que sacar tajada especulando en el mercado urbanístico –un mercado que debe ser limitado, acotado y finito, como el propio planeta- como si fuera la grada de Marcador de Balaídos. “Lo compro para invertir”, dice el caradura especulador que sabe que cada euro de beneficio suyo es un euro robado al comprador siguiente. A estos tipos que son legión nadie les dice nada ni se les retira el saludo por hacernos a todos un poco más pobres, más ausentes del coliseo inmobiliario, a pesar de que la propia Constitución, en teoría, concede más importancia y derechos al acceso a la vivienda que al derecho a entrar en un campo de fútbol. Y si el fútbol es de interés general, imagínese una vivienda construida sobre un planeta que es de todos. Por más vueltas que le he dado, no encuentro ni una sola razón, ni una sola, para pensar que el ‘reventa’ de entradas comete un hecho peor que aquel que compra un piso para hacer un negocio y no para habitarlo.
Veamos otro ejemplo –un poco más complejo- sobre la degradación moral en la que progresa y se hace fuerte el mercadeo inmobiliario. Con el tiempo, buena parte de los ciudadanos aprendimos que las radios de los coches se robaron por miles en los años noventa porque había personas, por miles, que las compraban a precio de ganga aún sabiendo que eran productos robados. Hoy podemos convenir en que era más inmoral la acción del comprador que la del ladrón, porque el primero induce al segundo –salvo excepciones, mucho más desesperado- a delinquir. En definitiva, que en determinados delitos se pueden observar más culpables de los que aparecen a simple vista. Sucede –es la condición humana, evitando culparse- que el límite entre lo aceptable y lo que no lo es lo determina cada persona en función de su capacidad para actuar de modo inaceptable. Sucede del mismo modo para definir al especulador. Todo acto cometido por otro que vaya más allá de ese límite particular se considera inaceptable. Y así sucesivamente. Es un principio egoísta e intolerante que resulta mayoritario entre la población. Por eso la moral colectiva, un acuerdo tácito y cambiante, necesita de amplias mayorías para evolucionar (o de la presión ideológica de una minoría dominante).
Con la corrupción urbanística sucede lo mismo: empezamos a buscar culpables a partir de aquel límite que nos salva a nosotros. Por este motivo está aceptado socialmente que un abogado o un camarero, que no son promotores, compren un piso con la única intención de revenderlo sin habitarlo para ganar dinero encareciendo un producto a costa del que venga detrás. Cuando se hace con las almejas y los percebes, a esta acción le llamamos furtivismo. En su momento, el furtivismo marisquero estuvo aceptado entre la población costera, y sólo cuando la mayoría lo consideró inmoral se optó por declararla ilegal. ¡ay del turista al que se le ocurra hoy llevarse unas almejitas de una playa de Arousa, que vuelve a casa con un perdigonazo! Pero el negocio inmobiliario, que se basa en la manipulación de un suelo inicialmente público, es una fuente tan grande de codicia que nadie le echa el freno. Y la moral colectiva, que pretende tajada, pone el listón de la inmoralidad en el gran promotor y no en sus propias acciones.
Este artículo no trata de los detalles de operaciones urbanísticas puntuales que incumplen un artículo concreto de una norma legal, sino que propone una reflexión anterior, más básica, prístina, sobre el modelo urbanístico que nos atropella a tanta velocidad que no tenemos tiempo de ver que su interior es falso. Por eso le hago a usted, lector, una propuesta: le libero de leer mis próximos dos o tres artículos a cambio de prestar a este una atención mayor, un tiempo extra de reflexión sobre el suelo público.
En relación con lo público y lo privado, nos hemos acostumbrado a una progresiva pérdida de espacios de uso y propiedad colectivos. Lo grave es que todos los cambios de propiedad del suelo van en el sentido de privatizarse, nunca en dirección contraria, pues no se ha visto en ninguna parte, jamás, que una urbanización privada costera acabe por ser entregada al Estado para convertirse en un pedazo de monte virgen. Es la ley física de la entropía pero en ladrillo: la tendencia es siempre a perder propiedad pública. Nuestra sociedad habitó en tiempos un planeta común, de propiedad colectiva, pero a cada paso se va convirtiendo en una miríada de pequeñas propiedades privadas que acaban por conformar un planeta. El que no posee, el que no tiene, es cada vez menos ciudadano porque tiene cada vez menos espacio de convivencia. Suena como a Huxley pero es adónde vamos. No nos damos cuenta de que cada vez que un pedazo de costa o de monte se recalifica para construir, un pedazo de planeta deja de pertenecer al colectivo, deja de ser ‘nuestro’ planeta. Si pensamos en estos términos –en el sentido de pedazo colectivo de planeta- nos costará más aceptar que alguien se apropie de un espacio que era de todos, y que esto se pueda prolongar durante generaciones, casi con sensación de eternidad. El país, en el sentido de la tierra pública que nos une y a la que tenemos derecho por el hecho de existir, es cada vez más pequeñito a pesar de su apariencia en los mapas. Mucho habría de exigir el Estado, en nuestro nombre, como contraprestación para consentir este atropello temporal. Y más todavía ante otra novedosa y sútil forma de robar suelo público, que es practicar rellenos de tierra sobre el mar para atender intereses privados. O privatizar directamente la lámina de agua para usos particulares, que es lo que sucede con algunos puertos deportivos ilegales. Nos hemos acostumbrado a todo esto, a evolucionar hacia el ciudadano/propietario privado y estamos enterrando el ciudadano/propietario público. Es que nos estamos quedando sin sitio.
La segunda reflexión vuelve a las primeras líneas. Hasta hace bien poco, los grupos humanos creaban sus leyes en función de sus códigos morales, más o menos acertados pero más o menos consensuados. Cuando un acto que afectaba al grupo –como robar, matar, etc- se consideraba inmoral, se decretaban leyes que impedían estos desvíos que perjudicaban el bien común, había un acompañamiento entre la moral común y las leyes. Hoy se ha producido un fenómeno extraordinario, y es que por vez primera lo moral y lo legal van por caminos separados en todo aquello que se refiere al mercado. Existe tanta presión y está tan interiorizada la inviolabilidad del mercado, que somos capaces de encajar en la conciencia hechos que sin embargo consideramos inmorales. La práctica totalidad de la ciudadanía considera inmoral un determinado nivel de opulencia obscena pero lo acepta como un dogma de fe si está aprobado por la ley del mercado. Nadie aceptaría que se legislase a favor de apuñalar al vecino, pero somos incapaces de prohibir por ley un determinado tipo de enriquecimiento aunque lo consideramos consensuadamente inmoral. Todos consideramos inmoral la visión a la vez de dos fotografías de dos habitantes del planeta: uno que se muere de hambre real y otro que se levanta 500 millones de euros en una operación especulativa. Nos repugna a casi todos, nos parece inmoral a la abrumadora mayoría, pero somos incapaces de relacionar este ánimo ético con la posibilidad de legislar para evitarlo. Nos parece inmoral que un pueblo costero de tres mil habitantes vaya a ser invadido por cinco mil nuevas viviendas en primera línea pero creemos que no podemos impedirlo con argumentos legales. Se pueden proteger los intereses del universo futbolístico pero un ser humano deja de tener derechos –deja de tener interés- ante el cuento chino del mercado del ladrillo.
Sería muy fácil culpar al Estado y a los sucesivos gobiernos de permitir esta situación y traicionar la moral colectiva –es cierto, la Administración es la principal culpable- pero el Estado no es más, por lo general, que una representación proporcional de lo que merecemos los ciudadanos, sobre todo los que codician repartirse un pedazo del pastel comprando un piso para ‘invertir’.
* Rebelión - 16-06-2007
La sociedad civil mallorquina pide un urbanismo sostenible
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MallorcaDiario* : "Representantes de diferentes sectores de la sociedad civil mallorquina, como hoteleros, ecologistas, arquitectos y empresarios, han manifestado la necesidad de crear una Ley del Suelo a nivel Autonómico, la mejora de los Planes Territoriales existentes en las islas, así como medidas que eviten el crecimiento desmesurado e impliquen el desarrollo de normas de sostenibilidad. Así lo han asegurado durante el debate que ha tenido lugar en el Colegio de Abogados de Baleares...
... y que ha sido moderado por el presidente del Círculo de Empresarios, Alexandre Forcades, y en el que han participado Gabriel Oliver (Federación de Promotores de Baleares), Luis Corral (Colegio de Arquitectos), Josep Oliver (CAEB), Rosa Bueno (Federación de Asociaciones Vecinales de Palma), Pere Cañellas (Federación Hotelera de Mallorca) y Macià Blázquez (GOB).
Durante su intervención, el decano del COAIB ha asegurado que el Plan Territorial de Mallorca (PTI) tiene "cosas buenas y cosas terriblemente negativas", señalando que el mismo requería una serie de infraestructuras que no lo han acompañado, lo que hace que, a su juicio, el PTI no incida "en todo lo que debería".
Así, Corral ha argumentado que el PTI no trata de manera completa el asunto de los territorios costeros que, según ha aseverado, están "en teoría protegidos" pero "con grandes zonas ocupadas de manera alegal" sobre las que la Administración "no ha hecho nada", lo que, a su juicio, debería haber sido solventado con la aprobación del PTI.
Por su parte, el presidente de la Federación Hotelera ha opinado que en el sector al que representa "el crecimiento nos parece desmesurado" y ha destacado la gran cantidad de apartamentos turísticos y residencias que se han puesto en marcha en los núcleos turísticos. Según Cañellas, el poco crecimiento de los núcleos hoteleros que se ha producido en los últimos años se ha dado en los núcleos urbanos ya que, según ha dicho, para crear nuevas plazas es necesario reconvertir hoteles antiguos.
Para Cañellas, la Administración "tendría que haber previsto el crecimiento y haber planificado un desarrollo sostenible" y ha apuntado que muchos de los problemas derivados del desarrollo territorial están provocados por el incumplimiento de las leyes.
NORMATIVA AUTONÓMICA
Por su parte, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Empresarios de Baleares, Josep Oliver, ha manifestado la necesidad de activar una Ley del Suelo Balear que "unifique y aclare la situación normativa de la Comunidad Autónoma" y reúna las distintas normas que se han ido creando sobre la materia, ajustando su tramitación a las condiciones específicas de la isla.
Asimismo, el presidente de CAEB ha asegurado que es necesaria la coordinación entre las diversas administraciones, así como una agilización de los trámites y la dotación de medios a la administración.
El presidente de los empresarios ha apuntado que en la Comunidad Autónoma han de conjugarse el "gran potencial económico de los sectores del tejido empresarial" y las necesidades de crecimiento de los distintos usos, con un abaratamiento de los precios y el cuidado en la presentación del entorno "dado el carácter limitado del territorio".
PLANES DESARROLLISTAS
Por su parte, la presidenta de Federación de Asociaciones Vecinales de Palma ha criticado que los Ayuntamientos, con la aprobación de sus Normas Subsidiarias, hagan que "el urbanismo municipal vaya por un lado y el PTI por otro" y ha señalado que no puede ser que el PTI "ponga orden y contención y la gente luego proteste" lo que, según ha opinado, refleja que el PTI de Mallorca no responde a las necesidades territoriales reales.
El presidente del GOB ha señalado la necesidad de reivindicar el papel de los ciudadanos en la ordenación del territorio y ha apuntado que, a su juicio, la sociedad balear "está muy sensibilizada acerca de estos temas".
Finalmente, el presidente de la Asociación de Promotores, Gabriel Oliver, ha asegurado que en Baleares se ha frenado la edificación, argumentando que "ya no hay solares para construir" y ha recalcado que la Comunidad lleva 15 años de ventaja a otras regiones en cuanto a construcción y sostenibilidad.
* mallorcadiario.com - 14 de junio de 2007
Foto: Cala Fornells - Calvià (Mallorca) /www1.mma.es
