Las grandes ciudades españolas apoyan sus ingresos en el negocio urbanístico

I.J.Domingo.- Expansión* : "La capital española recauda el 33,2% de sus ingresos con recursos asociados a la construcción, casi tres puntos más que el presupuesto municipal valenciano. Barcelona y Bilbao son las que menos confían sus cuentas al urbanismo. La recalificación de suelo como herramienta recaudadora está lejos de ser un mito social, como insisten las autoridades municipales. Hasta el 27,5% de los ingresos totales de los más de 8.100 ayuntamientos de toda España –tanto los financieros como los de otro origen– proceden directamente –a través de enajenaciones de terrenos–, o por vías alternativas –básicamente impuestos– del negocio urbanístico. Este dato, proporcionado por la liquidación del ejercicio 2004, último contabilizado y con el ribete oficial de Hacienda, supone un incremento de un punto y medio porcentual respecto al año precedente. Y las fuentes oficiales no son las únicas que constatan este fenómeno.


Un reciente informe sobre las finanzas locales de Morgan Stanley engorda la porción de ingresos urbanísticos hasta el 70% de la recaudación propia de los municipios; es decir, de la procedente de su ámbito territorial y que, en esencia, se ciñen al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y plusvalías municipales, como tributación directa, y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), dentro de la fiscalidad indirecta. Así como al cheque procedente de la enajenación de terrenos, partida incluida dentro del capítulo de inversiones reales y que responde a la mera cesión de suelo, y que apenas supone el 4% de los ingresos globales.

Pero además, el boom constructor, que instituciones multilaterales y bancos de inversión alertan que puede tocar a su fin en España, no sólo es un maná del pasado reciente. Ni de ayuntamientos de mediana o pequeña dimensión en busca de recursos financieros alternativos e imaginativos o de localidades costeras y emblemáticas para el turismo y, por ende, propensas a modificaciones constantes de sus planes urbanísticos.

También los programas financieros para 2007 de las siete grandes ciudades españolas, recién aprobados por sus corporaciones municipales, confían en la salud económica española y el futuro desarrollo urbanístico. Aunque no en la misma proporción.
Madrid, por ejemplo, con una legislatura, la que ahora toca a su fin, de notable efervescencia constructora, y con una demografía superior a los 3,12 millones de habitantes, que le reporta una voluminosa lista de contribuyentes, absorbe del negocio inmobiliario hasta el 33,2% de un presupuesto que rebasa los 4,77 millones de euros, el más suculento de todos los municipios españoles.
En cualquier caso, el consistorio de la capital de España no es el único de los big-seven que se sitúa por encima de la media nacional del 27,5%.

La capital del Turia también mantiene un nivel de recaudación similar. En este caso, del 30,6%. O, lo que es lo mismo: tres de cada diez euros que reciben las arcas municipales.
Por contra, de entre las mayores capitales, las que menos cuota de financiación otorgan al negocio asociado al urbanismo y la construcción son Barcelona, con el 10,6%, y Bilbao: un 14,5%.

Incluso Málaga, capital de una provincia que ha albergado varios de los más sonados escándalos de corrupción en el ámbito municipal, apenas fía el 16,5% de sus recursos a esta partida. A pesar de que el Gobierno local, del PP, maneja el tercer mayor presupuesto, por detrás del madrileño y el barcelonés.

Fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN admiten en privado que los ayuntamientos “suelen, desde hace una década, recalificar suelo para captar ingresos y elevar sus arcas fiscales”. En este sentido, afirman que su defensa de que el terreno está en poder de los promotores y de las inmobiliarias y que su tutela es autonómica, “choca con las frecuentes modificaciones de sus planes urbanísticos”, la ausencia de “castigos” desde los Gobiernos regionales, y la “demostrada falta de eficiencia” en los controles de supervisión, tanto de los servicios de intervención municipal como por parte de los Tribunales de Cuentas, “que deberían descentralizar sus actuaciones regulatorias al terreno local”. Al margen de un cambio en su modelo de financiación, tal y como reclaman oficialmente.






* Expansión - 22/05/2007
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