ELPAÍS* : La Guardia Civil lo define así: "Desde hace algunos años, muchos años, la trama de corrupción viene campando a sus anchas y con toda la impunidad de que es capaz entre los distintos escalones funcionariales del Ayuntamiento de Madrid, arrastrando en su indiscutible ánimo de enriquecerse a personas que a lo único que aspiran es a aperturar sus negocios y trabajar en paz, aunque para hacerlo se vean en la obligación de someterse a una sangría dineraria y a contemplar estoicamente cómo su patrimonio es saqueado sin compasión por funcionarios ávidos de percibir rápidas y sabrosas mordidas".
Ninguno de los Gobiernos municipales que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid -el PP manda desde 1989- puede mirar hacia otro lado ante la trama de corrupción destapada con la Operación Guateque, donde han participado funcionarios cualificados. El análisis del equipo investigador de la Guardia Civil profundiza en la mayor trama de corrupción descubierta en la capital: "Si la investigación continuara durante muchos meses más, es obvio que saldrían a relucir otros nombres y otras caras de funcionarios e industriales y profesionales de los ramos de la ingeniería y de la arquitectura implicados en esta presunta trama de corrupción".
El juez Santiago Torres, que investiga el caso desde hace meses, destaca en uno de sus escritos tanto "la gravedad de los hechos que se imputan como la alarma social que normalmente provocan en la ciudadanía, al suponer una quiebra de la confianza ciudadana depositada en quienes democráticamente han de gestionar intereses públicos".
Medio Ambiente
La impunidad con la que han actuado estos funcionarios coexiste con un hecho de signo contrario: la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente ha sido plena desde que se iniciaron las pesquisas judiciales cinco meses atrás, según la Guardia Civil. Y su ayuda ha sido decisiva para aportar 193 expedientes que habían sido tramitados supuestamente en un tiempo récord. De esos expedientes, los investigadores se centraron en 187 cuya agilidad en la tramitación resultaba clamorosa. Si el tiempo habitual para conseguir la licencia es de dos años, dichas peticiones de autorizaciones para abrir nuevos locales habían consumido menos de un mes. Y no afecta a uno o dos distritos. Los expedientes sospechosos salpican todo Madrid (al menos 17 de los 21 distritos, según la investigación).
La trama, asentada en diversas dependencias del Ayuntamiento, había logrado uno de los más ambicionados retos de la Administración pública para agilizar la atención burocrática: habían establecido una ventanilla única, ilegal, pero única.
Los propios funcionarios, según han confesado al juez, recomendaban las gestorías más eficaces para tramitar sus asuntos. Y tales empresas conchabadas pagaban a los funcionarios por remitirles clientes. En ocasiones, los empresarios también pagaban directamente a los funcionarios, según la investigación.
A medio camino entre los funcionarios y peticionarios de licencias se constituyó una red de conseguidores -"buscavidas", según la definición de los investigadores- que actuaban de enlaces, o empresarios del gremio de la arquitectura y de la ingeniería. Todo quedaba en manos de la trama: uno realizaba la obra, otro le daba licencia y el intermediario gestionaba los pagos y los encargos.
Tan segura se sentía la trama que el funcionario Victoriano Ceballos razonaba así a un socio de AC93, empresa implicada: "Entiendo que tú y yo somos de los que opinamos que es preferible tener diez migajas que no pegar un golpe". No obstante, aseguraba que no era el criterio de su jefe en Medio Ambiente, Joaquín Fernández de Castro, quien le decía: "Mira, Victoriano, prefiero hacer una cosa al año". Una trama tan estable que si uno de los funcionarios conchabados estaba de vacaciones se exigía comisión para su sustituto. Incluso, en ocasiones se infiere que existía cierta competencia entre los funcionarios para cobrar la mordida. No en vano, se quejan "de que otros funcionarios se les han adelantado en la llevanza de determinados expedientes por cuya marcha se han interesado para intentar cobrar una comisión".
Del osado juego del despacho de ingeniería de Antonio Sanz Escribano, considerado uno de los principales recaudadores, dan cuenta las numerosas llamadas con teléfonos del Ayuntamiento que ha descubierto la investigación. El tono de las conversaciones entre miembros de la trama es indisimulado:
-Oye, bueno, que ya sabes les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir 2.500 para cada uno, porque los otros 1.000 son para hacerle un regalito a la chica que está en la Junta de Distrito.
-Muy bien.
-¿Te parece correcto?
-Me parece correcto.
La trama de corrupción fue investigada durante cinco meses a través de grabaciones de teléfono y de seguimiento a los distintos implicados.
Tras considerar madura ya la investigación, el juez ordenó el pasado 14 de noviembre las primeras 16 detenciones y numerosos registros en los lugares de trabajo y los domicilios particulares de los implicados.
El juez ha dictado hasta ahora autos de prisión para tres funcionarios, un ex funcionario y dos miembros de una empresa de ingeniería a los que atribuye la intermediación para el pago de comisiones ilegales. Otros tres funcionarios y un trabajador autónomo han sido puestos en libertad bajo fianza. Entre los delitos que se imputa a la trama figuran los de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.
"Es preferible tener 10 migajas"
Victoriano Ceballos, jefe de División de Análisis Ambiental, encarcelado por decisión del juez en relación con la trama corrupta, habla con un socio de AC93, la empresa intermediaria que lograba licencias a cambio del pago de comisiones ilegales: "Entiendo que tú y yo somos de los que opinamos que es preferible tener diez migajas que no pegar un golpe". El jefe de Victoriano le decía: "Mira Victoriano, prefiero hacer una cosa al año".
"Ya sabes, les pedí un kilito"
Habla un intermediario con el jefe de División de Análisis Ambiental del Ayuntamiento de Madrid.Intermediario. "Oye, que bueno, que ya sabes, les pedí un kilito, pero lo vamos a repartir. 2.500 cada uno, porque los otros 1.000 son para hacerle un regalito a la chica que está en la Junta de Distrito".Victoriano Ceballos. "Muy bien".Intermediario. "¿Te parece correcto?".
"¿Y mi comisión por la licencia?"
Una funcionaria de la Junta de Distrito de San Blas habla por teléfono con Antonio Sanz Escribano, uno de los principales intermediarios, propietario de una empresa de ingeniería, que está en prisión por orden del juez.Funcionaria. "¿Y mi comisión por la licencia [concedida a la Fundación Tejerina]?".Antonio Sanz Escribano. "No te preocupes. Te daré de 2.500 a 3.000 euros".
"Hay que repartir con la jefa"
Un intermediario que gestiona la licencia para un local privado, habla con el jefe de División de Análisis Ambiental. Se trata de agilizar la tramitación de una licencia municipal.Victoriano Ceballos. "Me tienes que dar 3.000 euros para repartir con mi jefa si quieres que adelante el expediente".Por este sistema, algunos trámites tardaban 40 días cuando lo normal eran dos años.
"Ya tiene su comisión lista"
En el despacho profesional de AB Sanz Escribano, Ingenieros Consultores, se tramitan licencias del Ayuntamiento de Madrid. El dueño del despacho, Antonio Sanz Escribano, habla con una de las empleadas respecto a la tramitación de una licencia:Sanz Escribano. "Dile al funcionario de Chamberí que ya está preparada su comisión por lo de Alfonso Romea", en relación con una licencia sobre un bar de copas.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 23/11/2007
Foto: El mapa de la trama de corrupción- EL PAÍS
Madrid: "La corrupción campaba a sus anchas"
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1 comentarios :
Eloy Peña Rico, como denunciante oficial del Ayuntamiento de Madrid, notifica: esto no ha hecho nada más que empezar. Ahora no sirve echar balones fuera Sr. Gallardón, me explico con nombres y apellidos:
Respecto a la concesión de licencias (aperturas, obras, habitabilidad) , el que las concede y da el visto bueno, ”siempre es un cargo político (Gerente o Director General) que es el que decreta y otorga...". Por lo tanto los funcionarios pueden decir misa, porque sin la firma del político de turno, "no hay licencias...".
Voy a poner un ejemplo practico y real, que usted Sr. Alcalde conoce por denuncias escritas presentadas en su despacho de la Plaza de la Villa, igual que su antecesor Sr. Manzano:
Un propietario-promotor (Rafael Burgos) con su amigo arquitecto superior (Jorge Iglesias), “liaron porque se dejó liar...”, al Ayuntamiento de Madrid (Zonas Protegidas), ya que no presentaron ni fue requerida (sospechosamente) la documentación que obligaba la ley, con un proyecto nulo de pleno derecho visado por el Colegio de Arquitectos. Para Especular con un Chalet Histórico y Protegido, que a pesar de estar prohibido, fue “Demolido”, para hacer otro “Nuevo”, también prohibido.
Ayuntamiento y Comunidad de Madrid (gobernados por el PP), conceden tratos de favor (sospechosamente) por irresponsabilidad, incoherencia ¿y por qué más...?, en un chalet pareado con Protección Volumétrica, de la Colonia Histórica de Madrid (Chamartín). Catalogado según el PGOUM en el APE 05.11 de la Unión Eléctrica Madrileña.
El negociado de Zonas Protegidas una vez que son pillados y denunciados, por la licencia concedida, (Mercedes Herrero Peréz, Juan Díaz-Romeral Bringas y Ricardo Galeote Lago, apoyados por el inspector de obras Fernando Cercenado Mansilla) y ratificada por la CIPHAN (otros que tal bailan...) reconocen en Documento Oficial, que cometieron sospechosas y absurdas “Negligencias” al no requerir la citada documentación obligada, que hubiese impedido obtener dicha licencia, hecho éste, por el que proponen a sus superiores (cargos políticos) su revisión y consiguiente paralización de la obra, lo que nunca llegó a ocurrir por una “decisión personal y política” del Sr. Gerente de Urbanismo (Luis Armada Martínez Campos) que no aceptó dicha propuesta, a pesar de estaba obligado por ley.
El citado negociado que yo le llamaría de “Zonas Desprotegidas” se ve obligado a rectificar (Paloma de Frutos Cañamero y Fernando Puerto Martín-Peñato), y donde dijeron “Digo” ahora dicen “Diego”, justificándose dolosamente con unos informes premeditadamente amañados de mala fe, para intentar conseguir su maquinación fraudulenta.
Lo narrado terminó en el Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso Administrativo, que en “Sentencia Firme” ratificó los falsos informes del Ayuntamiento (con el aval de la coordinadora general, Beatriz Lobón Cerviá). “El citado Tribunal no sabe, ni se puede imaginar, que fraudulentamente fue engañado y burlado, por unos señores que no dijeron la verdad de una mentira, para protegerse unos a otros, y así, conseguir su doloso fin”.
Prueba de ello es, que el Sr. Director General de Gestión Urbanística (Arsenio Ruiz Saenz de Miera) en documento oficial me comunica lo siguiente: Que una vez que conozcamos la “Sentencia del Tribunal Superior”, confía, y cito literalmente, “que finalmente seamos capaces de encontrar una solución que garantice todos los intereses, públicos y privados”. Y así lo demuestra el certificado recibido recientemente de Zonas Protegidas (Pablo Valle Ramos y Antonio Larios Martínez) donde me notifican: La Subdirección General del Desarrollo Urbano, está estudiando la modificación parcial del vigente Plan de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 y “quitar de un plumazo”, la “Protección Volumétrica” de los edificios. Lo que no intenta sino compensar, el cúmulo de despropósitos urbanísticos que llevaron a cometer “UNA INFRACCION GRAVE, POR LA PROHIBIDA VULNERACIÓN DEL VOLUMEN”, y que fue ocultada adrede al Tribunal Superior de Justicia de lo Contencioso.
De este modo, se descubren todas las falsedades fraudulentas que empleó de mala Fe el Ayuntamiento de Madrid, para proteger a un “CARGO POLÍTICO” que antepuso sus intereses particulares a los públicos, maniobrando “AL MARGEN DE LA LEY” y lo que es más grave, se puede llegar a legalizar lo que ahora resulta prohibido.
La justicia me abre una puerta por una posible “MAQUINACIÓN FRAUDULENTA” según el articulo 510.4 de la L.E.C. “Siempre que antes el Ayuntamiento me entregue una documentación, que me es ocultada”.
Es bueno añadir que la misma obra autorizada en el chalet simétrico pareado al mío, a mi me es negada, “por estar prohibida por la ley”. Hecho que por sentido común obliga a cuestionar, ¿cuándo miente y a quién engaña el Ayuntamiento de Madrid, al certificar al Tribunal Superior de Justicia que la obra es legal, o cuando a mi me certifica que está prohibida...?.
Suma y sigue, ¿Quién es, o era el citado Gerente del PP...?:
El viceconsejero de transportes de la Comunidad de Madrid Luis Armada Martínez Campos fue condenado por desobediencia a un juez...El Juzgado de lo Penal número 20 condenó el pasado febrero del 2003 a Luis Armada, entonces gerente municipal de Urbanismo y ahora nuevo viceconsejero de Transportes, "por un delito de desobediencia [a los jueces]" a una multa de 7.200 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante un año y cuatro meses.
Esta pena le fue impuesta por no haber procedido al derribo parcial de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes, construida de forma “ilegal” demasiado cerca de un bloque de pisos de la calle de Villa de Marín, en el barrio del Pilar. La iglesia, que ha dado lugar a un litigio de 10 años, sigue en pie... Sin embargo, Armada apeló a la Audiencia Provincial y, el pasado 24 de marzo, la magistrada Carmen Lamela dictó una sentencia en la que revoca en parte el anterior fallo judicial. Esta nueva sentencia, que ya es firme, establece: "La pena de inhabilitación especial supone la privación definitiva del empleo o cargo de gerente municipal de Urbanismo, así como la incapacidad para obtener el mismo y todos aquellos cargos que el acusado pudiera desempeñar dentro de la Gerencia Municipal de Urbanismo durante el tiempo de la condena".
"Es decir, la sentencia mantiene la condena por un delito de desobediencia, pero aclara que sólo queda inhabilitado para ser gerente de Urbanismo", no para otros cargos.
Un saludo a todos del denunciante oficial del Ayuntamiento de Madrid, Eloy Peña Rico.
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