La Fiscalía pide más sentencias de derribo de construcciones ilegales

EUROPASUR* : La Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz considera que la situación urbanística en el Campo de Gibraltar, al igual que en el resto de la provincia, está “fuera de control”. Su titular, Ángel Núñez, destaca las irregularidades en el frente litoral. Asimismo, alerta sobre las construcciones ilegales en los parques naturales de Los Alcornocales y El Estrecho, con especial hincapié en este último. La Fiscalía ha conseguido que el criterio general de la Audiencia Provincial sea ya el de ordenar la demolición de las viviendas ilegales. Así, en este ejercicio se han dado ya más de una veintena de sentencias en este sentido, la mayoría de ellas en Chiclana y Puerto Real, aunque también hay casos en Sanlúcar o Algeciras.

No obstante, Núñez echa en falta más sentencias de demolición por parte de los jueces comarcales a través de los Juzgados de lo Penal de Algeciras. “Es el criterio general en la Audiencia de Cádiz, pero no tanto en la sección de Algeciras. Una situación que dificulta acabar con la sensación de impunidad por parte de los infractores”, recalca a este diario el fiscal de Medio Ambiente. Una percepción que está recogida en la Memoria de 2006 y que pone de manifiesto la fiscal especializada en esta materia en el Campo de Gibraltar, Inmaculada Budiño.

Núñez explica que si se imponen penas y los particulares no tienen antecedentes, las casas ilegales se quedan en pie. Un fallo que sale en definitiva rentable a los particulares, al no llevar implícita la demolición de la edificación.

El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz es contrario a los procesos de regularización de las viviendas por parte de los ayuntamientos ya que, afirma, de este modo se crea un “efecto llamada”. Unas iniciativas que planean la mayoría de los consistorios comarcales en aquellos casos que no atenten contra la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

“No se puede hablar de fraude de ley. Los ayuntamientos disponen de herramientas para legalizar las viviendas a través de la Ley Urbanística. Ante esto poco podemos hacer si lo ratifica la Junta. Sin embargo, considero que no es la solución, ya que otros particulares pueden construir cerca con la esperanza de que en un futuro se abra otro proceso”, apunta.

Núñez argumenta que aquellas viviendas edificadas en suelo privado pero rústico acaban suponiendo un gasto para el resto de ciudadanos. “Acaban convirtiéndose en grupos de presión. Los vecinos no pagan los servicios pero exigen ser dotados de éstos por parte de los ayuntamientos”, indica. Una circunstancia que se da en varios municipios de la comarca.

La Fiscalía quiere que los Juzgados de lo Penal sigan el criterio general de la Audiencia de ordenar las demoliciones. “Hasta ahora, cuando los casos iban por la vía administrativa, se iniciaban recursos que pasaban por las diferentes instancias y el proceso era muy largo. En el caso de los procesos penales, una vez que la sentencia es firme no cabe ulterior recurso”, argumenta Núñez, que añade que si se supera el plazo otorgado por la Justicia, la Fiscalía pediría que se llevara a cabo la demolición de forma subsidiaria.

En la Memoria de la Fiscalía de 2006 se citan tres procedimientos abreviados en los que los juzgados de lo Penal uno y dos de Algeciras dictaron sentencias de derribo.

Asimismo, destacan unas diligencias previas abiertas por parte del Juzgado de Instrucción número dos de San Roque donde se investigan delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística referentes a la construcción de varias urbanizaciones ilegales levantadas en suelo no urbanizable dentro del término municipal sanroqueño.

La Fiscalía también hace mención a procedimientos abiertos por la colocación de casas de madera en los parques naturales de la comarca, pese a ser suelo no urbanizable de especial protección, citando casos en los municipios de Algeciras, Los Barrios y Tarifa.

Núñez, en su informe, destaca la necesidad de contar con más medios personales y materiales para combatir este tipo de delitos. Asimismo, ve imprescindible contar con instancias periciales imparciales e independientes tanto en materia medioambiental como urbanística desde la fase de investigación del Ministerio Fiscal. También considera necesario contar con especialistas en estas materias dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Una memoria, la de Núñez, que ha sido calificada de “magnífica” por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.






* Europa Sur - R. Montes, Algeciras - 21/10/2007
Foto: Chiclana (Cádiz), el marquesado - lavozdigital.es