A Coruña.- Derribarán tu casa para construir un puente a ninguna parte

La urbanización del llamado Parque Ofimático ya formaba parte del Plan General de Ordenación Municipal de A Coruña de 1989 y dará lugar a un polígono en el que se podrán construir más de 2.400 viviendas. Para Stop Desahucios, se trata de “un proyecto de 'nuevo barrio' que nunca fue necesario y que ahora mismo parece una broma de mal gusto, teniendo en cuenta el mal estado de los barrios ya existentes y la miseria y pobreza que tiene que sufrir buena parte de la gente que los habita”. ¿Cuál es la necesidad de estas obras en una ciudad con una enorme bolsa de viviendas vacías y que, además, tiene una población en progresivo descenso? Parece claro que el motivo es puramente especulativo entre la Xunta y el Ayuntamiento, propietarios de gran parte de los terrenos y que, de paso, se llevará por delante unas cuantas viviendas habitadas,
como la de Isabel y Álvaro.
"ANA ÁLVAREZ* : Mañana jueves 27 de noviembre, a las 9 horas, está previsto el desalojo y derribo de la casa de Isabel López, de 72 años, y su hijo Álvaro Corral, por orden del Ayuntamiento de A Coruña. Su vivienda se encuentra afectada por la construcción del llamado Parque Ofimático que, aunque inicialmente preveía acoger un campo empresarial de oficinas, con el paso del tiempo se ha convertido en un proyecto de polígono con varios miles de viviendas.

Dicho plan urbanístico afecta a las viviendas situadas en el barrio coruñés de Lugar de Elviña, familias que pasarán de contar con casas en propiedad a recibir, en el mejor de los casos, “un piso de protección oficial en régimen de alquiler”, explican desde la plataforma Stop Desahucios de A Coruña, canalizadora de las protestas de los vecinos y vecinas desde hace meses.

Los afectados se reunieron el pasado lunes 24 de noviembre con el concejal de urbanismo Martín Fernández Prado, quien “remarcó que el desalojo se efectuará sí o sí a lo largo de esta semana”, explicaban desde Stop Desahucios. Y esto a pesar de que Álvaro e Isabel han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia que no ha sido resuelto todavía, y que legalmente tiene que ser resuelto para poder iniciar las obras del plan. Desde Stop Desahucios hablan, una vez más, de “la lógica de la apisonadora, de la ley de los hechos consumados”.

Un plan urbanístico sin sentido

La urbanización del llamado Parque Ofimático ya formaba parte del Plan General de Ordenación Municipal de la ciudad de 1989 y dará lugar a un polígono en el que se podrán construir más de 2.400 viviendas, según explica Ignacio Ferreiro para La Opinión de A Coruña. Para Stop Desahucios, se trata de “un proyecto de 'nuevo barrio' que nunca fue necesario y que ahora mismo parece una broma de mal gusto, teniendo en cuenta el mal estado de los barrios ya existentes y la miseria y pobreza que tiene que sufrir buena parte de la gente que los habita”. Esto, unido a que en la ciudad de A Coruña se calcula que hay alrededor de 20.000 viviendas vacías, además de un gran número de viviendas inacabadas. Y a todo ello se añade un coste previsto de dicha obra mucho mayor al de cualquier otro proyecto anterior en la ciudad. “La orografía y los dos viaductos incluidos en estas obras hacen que resulte superior [el coste] al de cualquier urbanización anterior”, puntualiza Ignacio Ferreiro.

Otra diferencia respecto a polígonos anteriores es que, en este caso, no será de iniciativa privada sino pública, siendo las obras costeadas con dinero público y no por las empresas constructoras. “La Xunta de Galicia es la propietaria de más de la mitad de los terrenos y se desenvuelve por el sistema de cooperación, por el que la adjudicación de las obras de urbanización corresponde al Ayuntamiento, que repercute luego su coste entre los propietarios, de forma que más de la mitad de ellas se pagarán con dinero público, en la misma proporción en la que es propietaria la administración”, explica Ferreiro. Las obras suponen un desembolso para el Ayuntamiento de 42 millones de euros, en lo que ya es el contrato de mayor importe del historia de A Coruña.

¿Cuál es la necesidad de estas obras en una ciudad con semejante bolsa de viviendas vacías y que, además, tiene una población en progresivo descenso? El censo indica que la población de A Coruña es menor hoy que en 1991. No parece haber una necesidad real para la construcción de más viviendas, y mucho más cuando conlleva dejar sin casa a muchas familias. Desde Stop Desahucios se han hecho también estas preguntas: “Si las empresas constructoras (Aproinco, grupo de promotoras inmobiliarias de la provincia de A Coruña) prefieren retrasar el comienzo de las obras a que vengan tiempos mejores para las inversiones, las cooperativas tienen ya las parcelas que necesitan y en nada les afecta lo que se haga al otro lado de la Avenida Alfonso Molina, donde vive la familia de Isabel, además de que el Ayuntamiento tiene que endeudarse aún más para seguir llevando a cabo las obras interminables, ¿por qué mantienen la idea de demoler urgentemente las viviendas de la margen derecha, donde aún no hay un plan claro de lo que se pretender edificar?".

“Las únicas que parecen ganar con esto son las empresas”, explica Héctor Tejón. “Hay una serie de redes ocultas invisibles que nosotros no llegamos a ver, pero esos 42 millones de euros han ido para alguien, eso está claro”, explica. Y va más allá: “¿Qué intereses tiene el Ayuntamiento, de repente, por acelerar todo esto en estos tres últimos meses? Ahí están las elecciones, en el mes de mayo. Ellos no tienen garantizado que vayan a revalidar la mayoría absoluta. Entonces quieren ir empezando todo para dejar comprometido y garantizado que se va a realizar la inversión”, apunta Tejón.

Las lagunas del plan del Parque Ofimático

El arquitecto Xoan Mosquera explica, dentro de la campaña para intentar paralizar la demolición de estas viviendas y con el plano de las obras previstas en la mano, que este viaducto, el que afecta a la vivienda de Isabel y Álvaro, “no es técnicamente viable”. Mosquera señala que no está definido el perfil del viaducto, ni siquiera del 'entronque'. “En el documento no se define el recorrido ni la rasante del todo, cosa que es necesaria para demostrar la viabilidad”. El puente sobre la casa de Isabel y Álvaro quedaría suspendido en el aire a 8 metros de altura, porque aún no está previsto dónde terminará, insisten desde Stop Desahucios.

El Ayuntamiento se escuda en el hecho de que el plan urbanístico ha sido aprobado y no puede ser modificado. “Curiosamente, cambiaron parte del Plan General para incluir una serie de variaciones que solicitaba ADIF. Los vecinos y vecinas de aquí, del Elviña, piden ser desafectados y les dicen que no se puede cambiar el Plan General. Pero sí se puede cambiar cuando los intereses son privados, de promotores y para un lucro, pero cuando son intereses de los vecinos parece que le molesta. Al Ayuntamiento parece que le molestan las personas”, denuncia Tejón.

A favor de Isabel y Álvaro está el gran apoyo popular. “Sabemos que la vecindad de aquí, de Lugar de Elviña, está a muerte, apoyando, mostrando su fuerza, siendo parte del movimiento de resistencia que estamos conformando”, se enorgullece el integrante de Stop Desahucios. También parece haber solidaridad por parte de toda la ciudad y de la opinión pública gallega. “A medida que se va acercando el día D sí que se va viendo un mayor acompañamiento y cómo esas redes existen y ahora se están haciendo más manifiestas. Hay una clara complicidad entre la vecindad, está todo el barrio implicado”, apunta Tejón.

La apuesta de vecinos y colectivos es clara por otro tipo de urbanismo, que ponga por encima de los anhelos de riqueza y las necesidades empresariales a la comunidad y las redes de vecindad, que parecen suponer “una molestia para el avance de un falso progreso económico que de social y comunitario no tiene nada y de prevaricación y engaño lo tiene todo”, reivindican desde Stop Desahucios A Coruña.

Por todo ello, vecinos y plataformas implicadas han convocado para esta tarde una concentración a las 20h. frente a la casa de Álvaro e Isabel, y a acudir mañana jueves 27 a las 8h. para parar el desalojo previsto por el Ayuntamiento.


* Diagonal - AA - 26.11.14
Foto: Protesta de stop Desafiunzamentos A Coruña sobre la avenida Alfonso Molina. / STOP DESAFIUNZAMENTOS A CORUÑA

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Un sacerdote de Valladolid declara por irregularidades urbanísticas

"Con la Iglesia hemos topado". Cerrando el círculo de la corrupción urbanística en este país, no podía faltar una institución tan consolidada e influyente como la Iglesia Católica. Si en otras ocasiones ha venido a este blog por motivos relacionados con ilegalidades en su inmenso patrimonio histórico-artístico, aquí, dando un paso más, es la especulación inmobiliaria pura y dura. En Valladolid, una Fundación religiosa escenifica la unión del poder civil con el poder eclesiástico, en cuanto a irregularidades urbanísticas se refiere. La llegada Braulio Rodríguez Plaza como arzobispo a la capital castellana disparó los oscuros negocios inmobiliarios, hecho por el que ya había sido denunciado por la propia Unesco cuando estuvo de obispo en Salamanca.
"DIAGONAL* : El sacerdote de la diócesis de Valladolid, Lino Collazos del Castillo, secretario general de la Fundación Emilio Álvarez Gallego, declaró el pasado viernes ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Valladolid en calidad de imputado como consecuencia de las graves irregularidades urbanísticas relacionadas con dicha fundación.

El acto resultó muy breve, pues no estuvieron presentes ni el juez ni el fiscal y el imputado se negó a responder a las preguntas formuladas por el abogado de la acusación particular.

La Fundación Emilio Álvarez Gallego fue creada en 1973 por el sacerdote del mismo nombre. Su objeto inicial fue la ayuda a personas sordomudas y, con posterioridad, fue ampliado a protección y ayuda a todo tipo de minusválidos físicos. Para establecerse y llevar a cabo su labor se nutrió en su inicio de donaciones de terrenos hechas por el Ayuntamiento de Valladolid, que los expropió con ese fin. En ellos se crearon, por ejemplo, escuelas profesionales o salas de tratamiento para personas minusválidas.

Sin embargo, a partir del año 2002 todo cambió en la actividad de la fundación. Un factor clave en la deriva experimentada fue la llegada a Valladolid de Braulio Rodríguez Plaza como arzobispo. Éste había ejercido con anterioridad como obispo en Salamanca y en la capital charra ya se prodigó en negocios urbanísticos con las autoridades políticas de la ciudad y con las principales empresas constructoras, hasta el punto de protagonizar actuaciones que provocaron que la Unesco advirtiera de que si continuaba esa política urbanística agresiva con el patrimonio tendría que retirar a Salamanca la denominación de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

En el primer número de Diagonal se relataron algunas de las actuaciones urbanísticas protagonizadas por Braulio Rodríguez Plaza en Salamanca, destacando la venta de la edificabilidad del vuelo de las tumbas del cementerio, dentro de la figura de 'transferencia de edificabilidad', procedimiento especulativo consistente en que los constructores compran suelo barato en los extrarradios y se lo entregan al Ayuntamiento a cambio de que la edificabilidad que les correspondía a esos solares fuese transferida a la zona centro, donde construir es mucho más lucrativo. Asimismo, se agregó a la edificabilidad de las parcelas allí existentes el aumentar las alturas o reducir zonas verdes, de forma que los barrios de la periferia se llenaron de solares sin construir, ya que su edificabilidad se trasladó, y en el centro alcanzó cotas altísimas que sobrepasaban los límites legales de densidad de población.

Como obispo, Braulio Rodríguez Plaza se apuntó a las trasferencias de edificabilidad y 'vendió' el vuelo del cementerio, la supuesta edificabilidad del mismo (teórica, que no real, pues allí no se iba a construir nada; el cementerio quedaba intacto, transfiriéndose la edificabilidad a otro lugar). Por tanto, la operación supuso embolsarse millones de euros a cambio de nada.

Para que todo ello fuese posible, el Ayuntamiento de Salamanca cambió el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permitiendo las transferencias de edificabilidad (que más tarde fueron declaradas ilegales por los juzgados) y recalificando el cementerio, que pasó de ser terreno no edificable a ser considerado terreno edificable. Esto hizo posible la firma del convenio urbanístico de 'venta' con el Obispado. Lo mismo ocurrió con el Campo de Tiro, del que eran accionistas cargos políticos del PP.

Con esa experiencia de tratar con los poderes públicos para cambiar los planes urbanísticos llega Braulio Rodríguez Plaza al Arzobispado de Valladolid. Lo primero que logró fue una segregación de parte de los terrenos del Seminario diocesano, calificados como suelo deportivo (en el lugar se encontraba un campo de fútbol), y como el PGOU no permite construir hacia arriba, pues idea hacerlo hacia abajo: un aparcamiento subterráneo de tres plantas con capacidad para alrededor de 900 plazas. El alcalde, Javier León de la Riva, aprueba el proyecto y se lo adjudica a una empresa, Parkosa, creada días antes, con un capital de tan sólo 10.000 euros.

Este proyecto proporcionó unos altísimos beneficios (alrededor de 18 millones de euros) tanto al Arzobispado, al vender el subsuelo, como a los promotores, ya que cada plaza de garaje fue vendida por cerca de 29.000 euros al contado, o por algo más de 34.000 si se adquiría con financiación.

Según ha manifestado a Diagonal Ángel Ceballos, histórico dirigente de las asociaciones vecinales de Valladolid, “aproximadamente un tercio de esas plazas de garaje están embargadas, por lo que las mismas y la deuda generada pasarán previsiblemente al “banco malo” y acabará pagándose por todos los ciudadanos”.

Tal como indica Ceballos, “tras hacerse el parking subterráneo en los terrenos del Seminario se ha visto que han dejado hechos cimientos, lo que hace pensar que tienen intención de construir por encima en cuanto puedan cambiar la normativa. De momento está parado, pero seguro que un día lo retomarán y, suponiendo que tenga un mínimo de cuatro plantas, obtendrían un beneficio adicional de 40 millones”.

Respecto a la Fundación Emilio Álvarez Gallego, el Patronato consideró que actualmente las necesidades de las personas minusválidas ya las cubre el Estado, por lo que no es necesaria la labor de la fundación, y planea desmantelarla. Para ello entra en contacto con operadores inmobiliarios y con políticos.

Según consta en documentación entregada en el juzgado, Lino Collazos manifiesta que fue el propio alcalde quien se dirige a la fundación para tratar de la urbanización de los terrenos y locales que ocupa la misma fundación, en pleno centro de Valladolid.

En 2003 se lleva a cabo un estudio de detalle y se modifica de forma irregular el PGOU. La intención es demoler los edificios, reordenar el sector incrementando la edificabilidad y cambiando los usos a residenciales y hoteleros. Incluso una arquitecta municipal informa hasta en cuatro ocasiones en el plazo de tan sólo siete meses de que había serias contradicciones en el planeamiento del estudio de detalles, sin que el Ayuntamiento le hiciera caso.

Irregularidades

La primera actuación fue la venta del subsuelo por 6 millones de euros a la empresa Parkosa (la misma que se había hecho con los terrenos del Seminario), para que construyera otro parking subterráneo, de 454 plazas para automóviles y 28 para motocicletas, y de cuya venta está previsto obtener más de 28 millones de euros. Todo ello amparado en la figura de “aprovechamiento en subsuelo”, creada ad hoc y sin parangón en el ordenamiento jurídico.

La adjudicación se hizo mediante concurso restringido pese a que la normativa exigía que se hiciera mediante concurso abierto, y la venta se hizo sin la preceptiva autorización del Protectorado de Fundaciones, organismo de la Junta de Castilla y León.

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Valladolid presentó denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), alegando que el subsuelo estaba tasado en más de 14,5 millones de euros, por lo que al venderlo por 6 se estaba provocando una pérdida patrimonial a la Fundación Emilio Álvarez Gallego de más de 8,5 millones de euros, a favor de la empresa Parkosa. Ese perjuicio a la fundación se añade al del valor de los edificios demolidos, sobre 35 millones de euros, por lo que el perjuicio a la fundación ronda los 44 millones de euros. El TSJCyL falló a favor de la federación.

El Arzobispo maniobró para hacer dimitir al presidente de esta federación, Luis Alberto Redondo, y presentó recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJCyL, que fue desestimado.

También Julia Álvarez Arregui (sobrina del fundador), la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid y la Fiscalía Anticorrupción denunciaron los hechos.

Pese a la negativa del Protectorado de Fundaciones a autorizar la venta del subsuelo, las obras del parking se iniciaron, por lo que el proyecto está en el limbo (hecho el parking pero sin autorización), por lo que ha generado deudas de casi 15 millones de euros con la Caja del Círculo Católico (la Caja de la Iglesia). Ángel Ceballos indica a Diagonal que “si esa deuda acaba en el banco malo, de nuevo la pagaremos todos los ciudadanos”. Además, el Ayuntamiento no ha cobrado ni un solo euro por ningún concepto.

El Protectorado de Fundaciones, pese a no dar autorización, no se ha personado en la causa, habiendo dimitido el alto cargo responsable de este organismo.Y el Ayuntamiento vallisoletano, pese a todas las irregularidades, en su huida hacia delante ha firmado un convenio con la fundación para construir en sus terrenos un complejo hotelero, viviendas y oficinas.

Ángel Ceballos ha querido resaltar para Diagonal que “son los mismos protagonistas del expolio del aparcamiento del Seminario: el arzobispo, la empresa Parkosa (con Antonio Alberto Pastrana González como administrador único, dándose la circunstancia de que el arquitecto Elesio Gatón Gómez lo es tanto de Parkosa como del Arzobispado), el bufete de abogados Cantalapiedra (hermanos de la concejala Mercedes Cantalapiedra Álvarez, y bufete en el que curiosamente tenía su oficina el perito que realizó la tasación a la baja), y el alcalde como conseguidor. Parkosa es la misma empresa que adquirió un terreno industrial en el Pinar de Antequera y que el Ayuntamiento vallisoletano recalificó como residencial, tras una tala ilegal de árboles”.

Para Ceballos, “este escándalo escenifica la unión del poder civil con el poder eclesiástico" y "se trata de una modificación fraudulenta del PGOU sobre bienes de una fundación que, aunque es de la Iglesia, no puede disponer de ella a su antojo porque se tiene que atener a los objetivos fundacionales, y si no los cumple el Ayuntamiento tendría incluso que exigir la reversión de los terrenos que en su día expropió para donárselos a la fundación, pero debido a esa confluencia de intereses está ocurriendo lo contrario".

Braulio Rodríguez Plaza ostentó el Arzobispado de Valladolid hasta 2009, año en que fue ascendido a arzobispo de Toledo y Primado de España.


* Diagonal - ALBA C. - 24.11.14
Foto: Parking del Seminario, en Valladolid.- diagonal

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Vecinos de Mirabueno demandan a Urbanismo

Lo que está ocurriendo en el pueblo cordobés de Mirabueno es una muestra más del distanciamiento entre las autoridades municipales y sus propios vecinos. Tras +6 años de espera se ven obligados a demandar ahora al Ayuntamiento por la inconclusión de las obras de urbanización de su barrio. Este mismo año la Gerencia de Urbanismo desestimaba la pretensión de los vecinos tras un complejo asunto de legalidades en la junta de compensación. Los vecinos de Mirabueno consideran que son víctimas y no responsables de la paralización de las obras de urbanización del barrio y del tramo de ronda Norte estancado desde 2008.
"DIARIOCÓRDOBA* : La asociación de vecinos Mancomunidad Mirabueno ha interpuesto un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso--Administrativo nº2, admitido a trámite, contra una resolución de la Gerencia de Urbanismo de julio pasado que rechazaba su petición de reclamación patrimonial. Este recurso se suma a la larga lista de los presentados en distintos ámbitos en un complejo proceso que se inició como consecuencia de la paralización de las obras de urbanización de Mirabueno y de la ronda Norte, que debía acometer la junta de compensación, de la que Marín--Hilinguer era propietario mayoritario, y que ahora se torna más incierto que nunca después de que se acordara el lunes la liquidación de la empresa.

Los vecinos, representados por Rafael Valverde, argumentan en la reclamación por responsabilidad patrimonial que rechazó Urbanismo que el organismo municipal "admitió erróneamente" los avales que entre 2003 y 2005 presentó Marín--Hilinger, cuando debía haberlos prestado la junta de compensación, que en un primer momento no estaba constituida pero en el 2005 sí. A juicio de los vecinos, ese "funcionamiento anormal" ha llevado a no poder ejecutar los avales para concluir las obras, como pretendía Urbanismo, que inició los trámites para ello en el 2010. Sin embargo, una sentencia del TSJA de junio del 2012 impidió el uso de los avales. Por ello, el colectivo exige al Ayuntamiento que ejecute "a su costa las obras de urbanización". En julio del 2014, Urbanismo respondió con una resolución rechazando la petición de la asociación, en la que justificaba la presentación de los avales por Marín--Hilinger, y no por la junta de compensación, al ser la que pedía simultanear urbanización con edificación. Además, no ve "lesión, ni daño" y recuerda que los avales no se han perdido y que se ha abierto otro expediente para usarlos.

Los vecinos insisten en el "estado lamentable" y de "abandono" de Mirabueno, que han denunciado a través de distintos escritos dirigidos al Ayuntamiento. Además de la conclusión de las obras, piden el mantenimiento de la urbanización y una comisión de investigación. Creen que "si había pocas esperanzas de que Marín--Hilinger acometiera la urbanización, ahora hay cero", por lo que, "ahora más que nunca, el Ayuntamiento, por su propia responsabilidad, debe ejecutar lo que falta".


* Diario Córdoba - ISABEL LEÑA - 21/11/2014
Foto: Estado en el que está el barrio de Mirabueno. - Foto:A.J. GONZALEZ

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Imputado por un delito urbanístico el alcalde de La Baronía de Rialb

Parece mentira que con los actuales métodos todavía pueda ocurrir que se talen gran cantidad de árboles en pleno bosque y se permita una enorme edificación privada en dicha zona rústica. Eso es lo que ha sucedido en el pueblo leridano de La Baronía de Rialb en el que los Agentes Forestales se han dado cuenta del delito urbanístico demasiado tarde. Lógicamente, el gobierno municipal (CIU) estaba al tanto de semejante ilegalidad y ahora deberá rendir cuentas su alcalde ante la justicia. Esperemos que ésta sea justa y diligente, contra lo que nos tiene acostumbrados.
"ELPAÍS* : El Juzgado de Solsona ha imputado como presunto autor de un delito de urbanismo a Pere Prat, alcalde de La Baronia de Rialb y presidente del Consejo Comarcal de la Noguera por CiU. El edil ha sido imputado por permitir la construcción de un gran edificio en medio del bosque. La imputación del alcalde tuvo lugar, según ha confirmado la Fiscalía de Lleida, después de recibir un informe de los Agentes Rurales sobre la tala de gran cantidad de árboles en una zona boscosa para construir una vivienda de lujo.

Los agentes aportaron al juez fotos aéreas de la zona. En el mismo caso han sido imputados el arquitecto de la obra y el promotor, un abogado andorrano.

La polémica edificación que ha motivado las diligencias judiciales está situada en una zona conocida como la Serra del Palau, en el camino de Picoles, en el término municipal de La Baronia de Rialb. Los tres imputados tendrán que declarar en los próximos días ante el juez de Solsona y podrían ser acusados de un delito urbanístico si se demuestra que la construcción está en terreno no urbanizable.

Prat ha explicado que todavía no ha recibido oficialmente ninguna imputación y ha aclarado que la vivienda no es de nueva construcción, sino que se trata de unas obras de reforma de una masía ya existente en medio de una finca de más de 70 hectáreas. En el término municipal de La Baronía de Rialb (280 habitantes) hay registradas más de 200 masías diseminadas en medio del bosque y algunos de sus propietarios han mostrado interés por rehabilitarlas para usos turísticos, aprovechando la proximidad del pantano de Rialb. En los últimos años, el ayuntamiento ha dado licencias para reformar una veintena de masías.


* El País - LLUÍS VISA - 31.10.14
Foto: La Baronía de Rialb (Lleida) - ruralia



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Madrid.- La operación Mahou-Calderón se aprobará sin tener en cuenta las decenas de miles de firmas en contra

Un total de 57.000 firmas se oponen a la construcción de dos rascacielos en los terrenos de Mahou-Vicente Calderón. El Ayuntamiento prosigue su venta apresurada antes de las elecciones del patrimonio y el suelo de Madrid. Esta vez le toca a la operación Mahou-Calderón favoreciendo a FCC frente a la oposición total de los vecinos, el resto de partidos políticos y los expertos en urbanismo. La comisión ordinaria de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid ha elevado al Pleno, con los votos en contra de toda la oposición, la aprobación definitiva del plan parcial de reforma interior del ámbito 'Mahou-Calderón' que convertirá la zona de la antigua fábrica cervecera y del estadio rojiblanco en un espacio con varias torres de pisos, grandes parques (entre ellos, el remate de Madrid Río) y en una M-30 soterrada. Algo incomprensible y fuera de escala hoy en día.
"NUDOSUR* : La plataforma de firmas Change.org va a entregar este jueves a la Junta Municipal de Distrito de Arganzuela 57.000 firmas mostrando el rechazo del proyecto 'Operación Mahou-Calderón' por el que se pretenden construir dos rascacielos a partir de 2015. De esta forma, se reclama que el proyecto que el Ayuntamiento de Madrid pretende realizar en los terrenos de Mahou-Vicente Calderón, se adecue a las "necesidades sociales, respetando el volumen y la altura de las edificaciones en relación a los edificios colindantes del entorno que ya hay construidos".

El Consistorio ha estimado seis de las diez alegaciones presentadas durante el período de información pública. La mayor parte, relacionadas con mejoras técnicas y el estudio de soleamiento. Han sido desestimadas las que se referían a la altura de las torres de pisos que se van a instalar en la zona.

En una superficie de 204.218 metros cuadrados, se mantendrá una edificabilidad de 175.365 metros, concentrada en 48.054 metros cuadrados de suelo. Así, todas las viviendas se concentrarán en 9 edificios cuyas alturas oscilarán entre las 7 y las 36 plantas. El resto del espacio se utilizará para realizar dotaciones públicas.

La operación se desarrollará en tres fases y concluirá en 2022. En primer lugar, se desarrollará la operación inmobiliaria, reconvirtiendo los usos actuales -deportivo e industrial- en residencial, terciario, dotacional y zona verde. La zona residencial se dividirá en cuatro manzanas. La primera fase de los trabajos se centrará en siete parcelas. Las dos más cercanas a la plaza de Francisco Morano se dedicarán a dos edificios con 8.362 metros cuadrados de edificabilidad. Otras cinco parcelas, separadas de las anteriores por una plaza y una calle, comprenderán otra manzana de 30.517 metros cuadrados, encuadrados entre el paseo de los Pontones (que ampliará la acera de este lado de la calle) y el paseo Imperial. Esta manzana tendrá una gran zona verde interior privada del tamaño del estadio Vicente Calderón y comercios a nivel de calle o como edificios exclusivos (17.536 metros cuadrados). Estos siete inmuebles contarán con unas alturas de entre 7 y 22 plantas. Estas dos manzanas representarán la primera fase del proyecto, según el documento. En ambos márgenes se crearán bulevares ajardinados.

La segunda parte de la intervención se centrará en el terreno de la acera suroeste del paseo de los Melancólicos. Otra manzana, dividida en dos parcelas con una superficie total de 11.786 metros cuadrados entre las dos, además de un pequeño terreno dotacional de 989 metros cuadrados. Allí se construirán dos rascacielos iguales y simétricos de 36 plantas, la altura aproximada con que cuenta la Torre de Madrid. Esta manzana constituirá la segunda fase del proyecto.

En tercer y último lugar, se rematará Madrid Río acondicionando la ribera del río con 36.333 metros cuadrados de zonas verdes que pretenden recuperar la esencia de la antigua pradera de San Isidro. En este punto, el Consistorio soterrará el tramo en superficie de la M-30. La operación será costeada por la constructora beneficiaria de la operación urbanística, a la sazón FCC, que acordó con los actuales propietarios del terreno (Atlético de Madrid y FCC) costear toda la operación (demoliciones, soterramiento, urbanización, construcción de edificios y dotaciones, y reforma de la Peineta), a cambio de el lucro urbanístico del ámbito.

El colegio Tomás Bretón recibirá, de forma colateral, 10.830 metros cuadrados para ampliar sus instalaciones, aunque el Consistorio no ha concretado en qué momento se realizará la cesión de suelo al centro. La implantación de los nuevos usos en el ámbito también supondrá la construcción de un aparcamiento de 4.263 plazas.


* Nudo Sur - EP - 19.11.14
Foto: Madrid, Mahou-Calderon recreacion - nudosur



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Corrupción galopante: 130 causas, más de 1.900 imputados y sólo 170 condenados

Dos exvicepresidentes del Gobierno, miembros de la Familia Real, exministros, exsenadores y dirigentes empresariales y sindicales, en la nómina de los implicados. Faltaría más, en la nación occidental más corrupta todo esto es habitual, a falta de que los auténticos capos mafiosos sean imputados de una vez por la justicia insípida. Nos referimos a la Casta del poder político_financiero del país, incluyendo todas sus autonomías y territorios. La vergüenza que se está dando al mundo, según se refleja en los medios más independientes internacionales, es atroz y paradigmática de una Casta nacida al calor del franquismo y que se perpetúa en el poder 'per secula seculorum'.
"Público* : Las cifras de la corrupción en España muestran que hay más de 1.900 personas imputadas en causas abiertas por corrupción y al menos 170 han sido condenadas por este tipo de delitos en la última legislatura. No obstante, la mayoría de estos condenados no están en prisión, ya sea porque se les impuso una pena de cárcel que no les obligaba a ingresar, porque únicamente fueron inhabilitados o multados o porque aún tienen recursos pendientes.

Entre los imputados y condenados hay personas que han ocupado cargos en partidos políticos o en la Administración Pública --a todos los niveles-- y también empresarios, abogados, sindicalistas y familiares de todos ellos, principalmente por corrupción urbanística, fraude fiscal y contratación irregular tanto de personal como de empresas.

En la lista figuran nombres propios como Miguel Blesa (caso de las tarjetas B de Caja Madrid), los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Luis del Rivero (caso Bárcenas), el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán (Aerolíneas Argentinas y vaciamiento del Grupo Marsans) o el expresidente del FC Barcelona Josep Lluís Núñez (caso Hacienda).

Entre los que han ostentado cargos públicos notorios, destacan los exvicepresidentes del Gobierno Rodrigo Rato (tarjetas B y fusión y salida a Bolsa de Bankia) y Narcís Serra (Catalunya Caixa), los exministros Magdalena Álvarez (falsos ERE de Andalucía) y Ángel Acebes (caso Bárcenas y caso Bankia), la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin (caso Nóos), la exsenadora Elena Diego (por su etapa como alcaldesa), el delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana (Novo Carthago), el exalcalde de Santiago Ángel Currás (Pokémon) y el extesorero del PP Luis Bárcenas.

En algunos casos, los condenados acumulan sentencias. Por ejemplo, Maria Antònia Munar, expresidenta del Consell de Mallorca, del Parlamento balear y de Unió Mallorquina (UM), está condenada por los casos Maquillaje y Can Domenge e imputada en otros; y el exministro y expresidente balear Jaume Matas está condenado por el caso Palma Arena e imputado en al menos cinco causas (como Nóos y Son Espases).

En una situación similar se encuentra el exsenador Miguel Zerolo, sentenciado en un caso e imputado en otros dos de su etapa como alcalde de Tenerife. Otros cargos aún no se han sentado en el banquillo pero están investigados en distintas causas, como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en dos casos derivados de Brugal.

Dada la complejidad que entrañan muchos casos de corrupción por la cantidad de personas y documentos que los jueces tienen que investigar, la gran mayoría de las causas aún no se han cerrado y, por lo tanto, los condenados siguen siendo una minoría.

Además, a algunas de las personas ya juzgadas se les han impuesto únicamente penas de inhabilitación o de menos de dos años de cárcel y por eso no han entrado en prisión. En otros casos lo que ocurre es que recurren la sentencia o piden el indulto, como ha hecho el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, sentenciado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal, por lo que tampoco se produce el ingreso.

Sólo 30 de los 170 condenados están entre rejas

Sin embargo, entre los más de 30 que están entre rejas destacan presos como Jaume Matas, aunque ahora le han concedido el tercer grado; Maria Antònia Munar; Díaz Ferrán, que cumple condena por fraude fiscal y está pendiente de ser juzgado por otras causas; el exalcalde de Marbella Julián Muñoz, sentenciado por las irregularidades en la gestión del Ayuntamiento; y el expresidente del Sevilla FC José María del Nido, condenado por prevaricación, malversación y fraude en el caso Minutas.

También hay otros que están en prisión preventiva porque aún no han sido juzgados, como Luis Bárcenas o algunos de los implicados en la Operación Púnica, desarrollada recientemente y en la que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a la cárcel al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, al empresario de la construcción David Marjaliza y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, entre otros.

Algunas de las operaciones más mediáticas de los últimos meses aún no se han sustanciado en imputaciones. Es el caso del expresidente catalán Jordi Pujol, que este verano reconoció haber tenido dinero en el extranjero durante años y, aunque hay querellas contra él en los juzgados, de momento sólo ha declarado ante la Agencia Tributaria. Sí están imputados tres de sus hijos: Jordi (presunto blanqueo y delito fiscal), Oriol (caso de las ITV) y Oleguer (blanqueo y delito fiscal).

Tampoco está imputado el histórico dirigente del sindicato minero SOMA-UGT José Ángel Fernández Villa, que regularizó 1,4 millones de euros en la amnistía fiscal. Por las supuestas 'tarjetas B' de Caja Madrid y Bankia sólo están imputadas tres personas (Blesa y Rato y el exdirector general Ildefonso Sánchez-Barcoj). El juez les atribuye a ellos el diseño de las tarjetas, pero no a sus más de 80 usuarios.

Macrocausas

Estas cifras proceden de un recuento de más de 135 casos de corrupción en España -algunos de ellos son macrocausas y otros afectan a sólo a un alcalde de una localidad- que o bien siguen abiertos o bien se han cerrado con condenas en esta legislatura.

Entre los más voluminosos por número de imputados está el de los supuestos ERE irregulares andaluces, con más de 200, aparte de la petición de imputación a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que están aforados, por lo que tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo.

También la trama Gürtel (con 140 imputados, a los que se suman los alrededor de 30 de su derivada, los 'papeles de Bárcenas') y otros casos como Astapa (en el ayuntamiento de Estepona, Málaga), el gallego Pokémon' y el Unión, de Lanzarote, con un centenar cada uno. La trama de adjudicaciones de basuras en Alicante, Brugal, está en el entorno de los 50, al igual que en la operación Púnica.

En el caso Gürtel, que cumplirá seis años el próximo febrero, sólo han sido condenados dos altos cargos del expresidente valenciano Francisco Camps, el exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, que confesaron haber recibido sobornos. Fue el llamado 'caso de los Trajes', en el que Camps y el que fuera secretario general del PP valenciano Ricardo Costa fueron absueltos del delito de cohecho impropio.

En la Audiencia Nacional, el juez Pablo Ruz tiene cerrada la instrucción de una primera parte para juzgar a los primeros 45. En Valencia, está cerrada la instrucción de dos de las seis piezas, con un total de 40 imputados.

En las últimas semanas también se ha cerrado la instrucción del 'caso Campeón', --en el que la juez de Lugo quiso imputar al exministro José Blanco pero el Supremo archivó su caso-- y ha comenzado el juicio del caso Unión.

Sí hay sentencias condenatorias en los casos Pallerols, Hacienda, Palau y Caixa Penedès en Cataluña, el caso Cooperación en la Comunidad Valenciana y los casos que han afectado a los ayuntamientos de Marbella, Plasencia y Cudillero. Asimismo, se han impuesto penas en al menos siete casos que afectan a Baleares, una de las comunidades donde se tramitan asuntos de corrupción de mayor peso, junto a Cataluña, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia.

Los casos de corrupción afectan sobre todo al PP y al PSOE, pero también a formaciones regionales como CiU, UM o Coalición Canaria. Algunos de los implicados han evitado dimitir alegando que aún no había finalizado la instrucción de la causa, pero a raíz de los resultados de las elecciones europeas del 25 de mayo --que revelaron el auge de Podemos-- los partidos se están viendo obligados a exigir dimisiones más rápido.


* Público - EP - 2.11.14
Foto: Corrupción - Ricardo Ríos

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Madrid.- El mercado sin papeles

El Colegio de Arquitectos de Madrid firma un demoledor informe sobre la galería de la Elipa porque carece de licencias municipales. 50 años después, nada menos, este espacio comercial continúa siendo ilegal y con graves problemas de funcionamiento ya que no cumple las normativas urbanísticas, con lo que esto acarrea de inseguridad para todos los ciudadanos que las visitan. Algo inconcebible en una institución que debería ser modélica en cuanto al cumplimiento de la legalidad. Pero el ayuntamiento de Madrid hace tiempo ya que ha dejado de ser un ejemplo para nadie, debido a sus numerosas corruptelas y deudas. Esto ha hecho que muchas superficies comerciales en la ciudad adolezcan de graves defectos urbanísticos.
"ELPAíS* : En 1964 abrió sus puertas la llamada Galería Comercial de la Elipa. Pero lo hizo sin licencia de construcción ni de funcionamiento. Cincuenta años después este espacio privado sigue en la misma situación administrativa. Una irregularidad que confirman por escrito el Archivo de la Villa y la Subdirección General de Actividades Económicas —ambas dependientes del Ayuntamiento de Madrid— y la Fiscalía Provincial de la Vivienda de la Comunidad. Ilegalidades que se unen a problemas de seguridad y de accesibilidad en el mercado y que han salido a relucir al hacerse cargo una nueva gerencia de la galería comercial.

Además, el Colegio de Arquitectos ha firmado un informe donde se detallan todas las deficiencias del mercado.

“No existen sistemas de accesibilidad, ni rampas ni plataformas elevables, no existe ascensor interior (…) Se ha detectado falta de barandillas y pasamanos en escaleras interiores y exteriores…”, señala el citado informe de los arquitectos madrileños. “Habría que hacer un estudio sobre si el suelo es resbaladizo y sobre el correcto grado de iluminación de las zonas comunes”, añade el estudio colegial.

“¿Y por qué el Ayuntamiento hace la vista gorda?”, se pregunta el concejal socialista Gabriel Calles. “Porque si cierra un mercado privado, tendría que dotar de ese servicio al barrio”, se responde él mismo.

El documento de los arquitectos incide también en las instalaciones contraincendios: los extintores no se ajustan a las características permitidas, no hay centralita de incendios, ni tampoco red de pulsadores ni de alarmas, barras antipánico, un aljibe que almacene el agua para un siniestro con llamas o un grifo para dar servicio a las mangueras.

En la actualidad, de los 113 puestos y almacenes posibles apenas una veintena siguen abiertos y a duras penas. La idea es vender el mercado —casi el único terreno urbanizable en las proximidades de la calle de O’Donnell— y no sería difícil, pues una docena de empresas del sector de la alimentación están interesadas.

Y, además, podrían construirse arriba pisos, porque tiene también uso residencial. Pero antes de recibir ofertas en firme, la nueva directiva —cuyos componentes tienen el puesto cerrado— hurgó en los papeles para presentar las licencias y descubrió que no existían. Cuando en 1984 la empresa que fundó la galería la vendió a los propietarios de los locales, aseguró estar en trámites para lograr los permisos y nadie luego se preocupó de cerciorarse de que existían o prefirió no informar.

En 1994, el Ayuntamiento reclamó los papeles al mercado y en dos ocasiones más volvió a amonestarlos, pero ahí terminó todo. Frente a esta ilegalidad, los dueños sí que pidieron licencia para sus puestos y pagan anualmente el mantenimiento, el IBI y las tasas de basuras al Consistorio.

El estudio de los arquitectos no valora el estado de las máquinas de climatización o la ventilación natural existente. Sin embargo, en otro segundo informe sostiene que en la planta destinada a almacenes —la baja rasante se dedica a la venta al público y la superior, con los puestos vacíos sirve de oficina— se alcanzan los 45 grados de temperatura.

El pasado junio el grupo socialista preguntó en el pleno del distrito de Ciudad Lineal por la normativa vigente de accesibilidad y por la protección contra incendios. Pero no obtuvo una respuesta clara. “La única competencia del distrito es la relativa a cuestiones de sanidad, no existiendo a día de hoy ninguna denuncia pendiente”, dijo la presidenta del distrito, Elena Sánchez Gallar. Calles, que también portavoz adjunto de la Comisión de Economía, se indigna: “La presidenta no puede pedir que se llame a otra puerta. Tiene que mandar inspectores en 24 horas. Cualquier día va a haber un accidente, pero están en una guerra entre ellos y el último que salga que cierre la puerta”, afirma el edil del PSOE.

1,2 millones en reformas

El Ayuntamiento de Madrid va a gastarse en dos años 2.265.000 euros en el Plan de Innovación y Transformación de los Mercados Municipales. De este total, unos 1,2 millones se van a destinar a reparar una docena de centros que no cumplen la normativa en varios apartados.

Cinco de ellos —los mercados de San Cristóbal, Villa de Vallecas, Orcasitas, Orcasur y La Cebada— concentran el 80,4% del gasto (1.014.000 euros). Ninguno ha pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE). El resto tiene problemas de accesibilidad, normativa de incendios o de cartelería exterior y de reformas pendientes.

Los datos no convencen al Partido Socialista, porque los mercados están en inmuebles del Consistorio, pero en manos privadas. “Todo lo que afecta a la gestión del mercado —su mantenimiento, reforma o mejora— está regulado en los pliegos de la concesión y en la ordenanza. ¿Por qué entonces las obras las pagan todos los madrileños y no los concesionarios de los mercados?”, se plantea Gabriel Calles, portavoz socialista de Economía. El edil recuerda que “no se trata de subvenciones sino de inversiones” y se pregunta desde cuándo se incumplen las ITE. Calles considera que la libertad de horarios está matando los mercados, que generan vida de barrio. Reclama dos nuevos para Carabanchel.


* El País - Elisa Silió - 18.11.14
Foto: Interior del mercado de La Elipa, con varios puestos cerrados. / SAMUEL SÁNCHEZ

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Detenido el exprimer ministro luso José Sócrates por su vinculación con un caso de corrupción

"Mal de muchos, consuelo de tontos", una frase muy socorrida para casos como este, pero que demuestra que en todos los países latinos predomina la corrupción política, generalmente asociada al urbanismo delictivo, pero no siempre es así la realidad. Si en la Italia de los 90 saltó la famosa mafia corrupta 'Tangentópoli' que acabó con todos los partidos que existían entonces. En Portugal y España (con todas sus autonomías) los procesos de la trama corrupta político-financiera pueden hacerlo también en estos primeros años del siglo. El estallido de los poderes delinquentes está llegando tenazmente hasta la cumbre.
"ELDIARIO* : El exprimer ministro portugués, José Sócrates, ha sido detenido en la noche de este viernes para ser interrogado por su supuesta relación con un caso de corrupión, blanqueo de dinero y fraude fiscal, según ha informado la Oficina del Procurador General en un comunicado.

Sócrates ha sido detenido en el aeropuerto de Lisboa, cuando regresaba de París. La policía también ha detenido a otras tres personas relacionadas con este caso.

Se tratarían, según el diario luso 'Sol', de Carlos Santos Oliva (administrador del grupo Lena y amigo de Sócrates), Gonçalo Ferreira (abogado en Proengel, una firma de Carlos Santos Oliva) y Joaquim de Castro Lalanda (representante en Portugal de Octapharma, una compañía farmacéutica multinacional para la que el ex primer ministro ha estado trabajando desde 2013).

Estos tres arrestados pasaron ante el juez de instrucción durante el día de ayer, y los interrogatorios se reanudarán este sábado. Hoy el exprimer ministro tendrá que comparecer en el marco de esta investigación sobre "operaciones bancarias, movimientos y transferencias de dinero sin justificación conocida y legalmente admisible", según el comunicado de oficina del Fiscal General de la República.

Esta investigación es "independiente", concluye la Fiscalía, de la llamada operación "Monte Blanco", iniciada en junio de 2011 y con la que se desmanteló una red de blanqueo de capitales con conexiones entre Portugal y Suiza.

José Sócrates, de 57 años, fue nombrado primer ministro de Portugal en marzo de 2005. Se convirtió en el primer socialista que gobernó con mayoría absoluta. Abandonó el Gobierno en julio de 2011 tras el rechazo parlamentario a su plan de austeridad.

Después de más de seis años de gobierno, Sócrates se trasladó a París, donde estudió, lejos de la vida política portuguesa. En marzo de 2013 regresó a los escenarios con una entrevista a RTP, y en abril de ese mismo año se convirtió en comentarista de la emisora pública.

En esta entrevista, Sócrates acalló las acusaciones de mantener una vida de lujo en París. "Solo tengo una cuenta bancaria desde hace más de 25 años. Jamás he tenido dinero en el extranjero. La primera cosa que hice cuando me fui del gobierno fue pedir un préstamo a mi banco", dijo entonces.


* El Diario - EP - 22.11.14
Foto: Jose Socrates, expresidente Portugal - news

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Un paseo por las neo-ruinas valencianas

El artista plástico Artur Heras efectúa un personal recorrido por hitos arquitectónicos de la megalomanía. Toda una serie de grandes edificaciones semi-ruinosas en la C.Valenciana al servicio de la vanidad del poder de  ciertos personajes públicos que creyeron que su 'ego' les daba carta blanca para timar a la mayoría de ciudadanos a través de un gasto desmedido e injustificado. La mayoría de las veces esto ha ocurrido en las filas 'populares', alternándose con la corrupción descarada por medio de amiguetes constructores que han sobornado urbanísticamente a políticos de medio pelo y bolsillos abiertos de par en par. Es la conocida y delictiva 'Marca España'.
"ARTUR HERAS I SANZ* : Resulta imposible pensar en las nuevas ruinas sin tener presentes las numerosas destrucciones de museos, monumentos, edificios y ciudades enteras arrasadas en el mundo durante los últimos años. De Irak a Ucrania, de Siria a Gaza las imágenes de hoy establecen inmediatamente una conexión, como vasos comunicantes, con los devastadores escenarios de la Segunda Guerra Mundial.

Pero la invitación a visionar parte de nuestro paisaje urbano no pretende continuar el inventario del lado oscuro de la condición humana; ese cuyo motor es alimentado por los intereses más infames. Probablemente, en la mayoría de casos, las neo-ruinas también son consecuencia de la ambición desmedida, la codicia o la simple incompetencia de algunos sujetos de nuestra sociedad. Este breve recorrido no es otra cosa que la constatación de la alteración del paisaje cotidiano durante los últimos años en los que toda una serie de inmuebles no han llegado a finalizarse, modificando nuestro entorno de manera “silenciosa” pero permanente al modo de las epidemias. Es otra consecuencia de la crisis económica – y alguna más –en la que estamos atrapados. Es, por tanto, un pequeño catálogo de fracasos en donde, cómo no?, también hay categorías y tratamientos diferenciados… desde las construcciones abortadas en medio de la carencia de capitales o recursos hasta las megalomanías de la administración en la moda por implantar edificios-emblema.

Reconozco por mi parte cierta inclinación subjetiva por la construcción a medio hacer o semiderruida antes que por la obra acabada. Puede ser consecuencia del poso que los grabados románticos han propiciado vinculados a las aventuradas expediciones de sus descubridores, o a la influencia de los modelos estéticos iniciados en las primeras décadas del siglo pasado, más atentas a reparar en lo accidental y en registrar ciertas vías erráticas o distorsionadas que en mantener los patrones de los academicismos que siempre gozan de un séquito de fieles incondicional. También en el mundo de las imágenes, especialmente en la fotografía, hay una evidencia incómoda: el objeto representado cuando aparece roto o descompuesto es más radicalmente expresivo que la obra finalizada y entera. Pero estos aspectos tienen que ver más con la idea de representación o iconografía que con la percepción real, in situ, de las toneladas de cemento armado y “desalmadas” expuestas ante nuestros ojos y encastradas en la memoria urbana.

Por supuesto hay “ruinas acabadas”. Son aquellas cuya función no ha llegado a producirse y siguen incrementando sus costes pues hay que mantener la seguridad de lo edificado, funcionamiento, etc. El caso más extremo lo representa el aeropuerto de Castellón con unas pérdidas de 58,7 millones a los que van añadiéndose 13.000 euros diarios por la vigilancia y el mantenimiento. Vallado, como un Guantánamo más, permite aproximarse por carreteras que quedan cerradas e inaccesibles para los visitantes quienes no podrán disfrutar del ilusorio “paseo por las pistas”, tal como proclamara su fundador el presidente de la provincia del único aeropuerto del mundo con tal anuncio. Infranqueable el aeropuerto, queda la opción de contemplar la rotonda rematada y replantada – cayó por una racha de viento–del conjunto escultórico-monumental con una cabeza, chupándose el dedo, de singular parecido con el promotor, tocada en lo más alto con un avión reactor de perfil más próximo a las VS alemanas que a los actuales jets de transporte. (Esperemos que no simbolice nada de lo que aparenta).

Otra ruina-insignia es el Palau de les Arts Reina Sofía. Terminado e inaugurado en octubre de 2005 ha acumulado en breve tiempo una serie de penalidades como si se tratara de un desgraciado personaje en un cuento de Dickens, aunque ciertamente ahí termina la semblanza pues el coste inicial del edificio se tasó en 44 millones(€) pero ha sido ampliado varias veces y sigue la cuenta. Al año de abrirse, la plataforma del escenario se derrumbó y hubo que modificar la programación por quedar dañados escenografía y maquinaria que volvió a quedar inutilizada el 2007 por la inundación de sus sótanos. Desde el 2013 sufre la maldición del trencadis, de difícil solución porque, según parece, la cubierta metálica se dilata y contrae con los cambios de temperatura impidiendo la adhesión estable de la última piel hecha con trocitos cerámicos; una suerte de vendaje, ideado en el último momento, tratando de disimular las rugosidades y alteraciones de una gran superficie curva y brillante, evidenciadas por la luz rasante a cualquier hora del día. Otro burka, éste para cubrir el Ivam, fue valorado en 45 millones en 2006 en el proyecto de la arquitecta japonesa Kezuyo Sejima que debía finalizarse en 2011. No se llevó a cabo pero sí fueron expuestos dibujos y una maqueta durante meses en la explanada de entrada del museo como un anuncio de los tiempos que iban a venir.

El paseo cambia de orientación y nos vamos a la zona norte de la ciudad, otro punto de ampliación de la expansión urbana en los felices años de la epidemia del ladrillo: la Avenida de las Cortes Valencianas. Allí el 1 de agosto de 2007 comienzan las obras del estadio de fútbol Nou Mestalla con un presupuesto inicial de 344 millones de euros que incluía zonas comerciales. Las deudas actuales del club (547 millones) paralizan las obras el 25 de febrero de 2009. Unos meses antes un lamentable accidente con los andamiajes provocó la muerte de cuatro trabajadores. (Resulta difícil predecir, al menos para los que somos desconocedores en cotizaciones de este fuste, el desenlace de este mastodonte dado el galimatías financiero en el que actualmente está inmerso).

Entre tanto, durante el disperso recorrido, nos hemos encontrado con numerosas estructuras componiendo torres de celdas o castillos de naipes de “concreto”, como los definiría un mexicano. En la prolongación de la avenida donde reposa el osario del nuevo estadio otro esqueleto lleva años a la espera y , siempre manteniendo esa condición, ha incorporado un nuevo cuerpo de forzada conexión entre las dos torres. Esta vez la fábrica es metálica y remata por arriba una construcción con aires de fortificación de película de ciencia-ficción, donde una enorme pancarta – envejecida y maltrecha como una bandera tras la batalla– anuncia la inminente apertura de un hospital!

Buscando un poco de aire fresco nos dirigimos hacia la playa. Un paseo junto a la inmensa superficie azul del mar nos puede ayudar a recuperar el ánimo y la limpieza de miras. Al poco de iniciar una agradable vuelta… ¡maldición! tropezamos con unas baldosas rotas de la explanada que se dirigen hacia otro bosque pelado de columnas de cemento. De nuevo una mole de apartamentos varada, como restos de un naufragio, a escasos metros de la playa.

Decidimos, pues, dar un garbeo por el puerto. Seguramente esa zona, alejada de las heridas inmobiliarias nos permita ver barcas, algún yate y los bellos tinglados modernistas que en realidad han “desaparecido” ocultos por el volumen de las construcciones levantadas con motivo del Port America’s Cup. La ocupación del espacio es absoluta. La elevación de los hangares para las embarcaciones es de tal envergadura que el Edificio del Reloj, –ya de por sí achatado–, los tinglados, la grúa histórica… todo queda, como en una maqueta, jibarizado; a excepción del presupuesto que supuso una “inyección de gasto” de 2.768 millones según informe en 2007 del Instituto Valenciano de Investigación Económica.

Al pasar por entre esas gigantescas cajas en medio de una soledad completa, solo alterada por el ruido de algún elemento que el viento zarandea, una sensación de escenario siniestro se impone. Unos residentes en el barrio de Nazaret, indignados por las molestias sufridas y las cuantiosas pérdidas, proponen acercarnos y examinar las modificaciones impuestas por las carreras de F-1 (La Generalitat compró por 1 € la empresa que gestionó el evento y asumió unas pérdidas de 50 millones). Las únicas huellas que encontramos son la de los neumáticos de los bólidos sobre el impecable asfalto junto a los “restos del naufragio” de la zona de boxes cuando, de repente, una estruendosa máquina oruga reinicia su actividad que consiste en despedazar pabellones. Muros, viguetas, mobiliario van llenando contenedores. Sobre las vallas de cerramiento hay carteles con la advertencia de la entrada y salida de camiones.

Inseguros en medio del trasiego decidimos dirigirnos hacia la zona norte, la llamada Marina Real Juan Carlos I. Tampoco allí los cerramientos ocultan la catástrofe. El desmantelamiento de los enormes edificaciones produce una perspectiva unívoca próxima a la desesperación que aumenta ante la vista de los amarres vacíos. En medio de esta desolación solo la luz, del cielo y del mar, se mantiene fiel al paisaje original como si todo aquel escenario fuese un decorado desmoronado de un mal sueño. Un no lugar desde el que el grupo hacíamos ejercicios de memoria tratando de recuperar esa luminosidad, ahora herida y ajena a nuestras nostálgicas miradas.


* El País - Opinión - 23.10.14
Foto: Selección edificios - elpais



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El TSJ obliga al Ayuntamiento de Valladolid a pagar 20 millones por el caso Zambrana

Continúan las meteduras de pata, consentidas, en el urbanismo del alcalde machista del PP de Valladolid, León de la Riva. Ahora la justicia le vuelve a condenar a pagar 20 millones por la expropiación ilegal de los terrenos de Zambrana. En 2012 ya tuvo una resolución judicial contraria pero este cacique vallisoletano, acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo, saltándose todas las normas y apoyado por una Junta del PP que le ríe las gracias, continuó con sus irracionales medidas urbanísticas que están costando a los ciudadanos de la capital castellana una enorme cantidad económica, además del desprestigio social.
"ELDÍA* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado el recurso presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia que le obligaba a expropiar una parcela situada junto al Centro de Menores Zambrana y el Hospital Río Hortega. Esta resolución implica que deberá pagar a la comunidad de herederos de J.Puentes una cantidad que actualmente supera los 20 millones de euros.

Este recurso fue interpuesto por el Consistorio en enero de 2014 ante la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4, que obligaba a llevar a cabo la expropiación como consecuencia de la negativa del Ayuntamiento a pagar el justiprecio establecido en junio de 2012 por la Comisión Territorial de Valoración (CTV), valorado a petición de la familia, que estaba amparada por la figura de expropiación informa Europa Press.

El equipo de Gobierno alegó con el fin de revocar la sentencia y confirmar la legalidad de dos acuerdos de la Junta de Gobierno municipal de febrero y abril de 2013. En ambos se desestimaba la solicitud que habían presentado los herederos para que se les pagara el justiprecio fijado por la resolución de la CTV, 16,77 millones de euros.

Esta resolución judicial desestima dicho recurso porque asegura que el Ayuntamiento basa sus argumentos en «la inviabilidad o improcedencia de la expropiación ministerio de la ley», algo que considera que «no puede ser alegado» por una administración que «consintió el justiprecio» en el año 2012 y no formuló un alegato contrario al mismo durante los seis meses de plazo que existían para impugnar el acuerdo.

La trayectoria administrativa de estos terrenos de la finca Zambrana se remonta al año 1943, cuando el Estado los expropió para construir el Centro de Menores Zambrana. En sus proximidades, también se ha levantos el nuevo Hospital Del Río Hortega.

En 2007, al quedar una parcela de la finca sin edificar y después de un largo proceso litigioso iniciado en 1998, los herederos obtuvieron la reversión de los terrenos previo pago de una cantidad, según fuentes de la familia, de 4,5 millones de euros, e iniciaron una serie de escritos con el Consistorio para reclamar al mismo el cambio de la calificación urbanística de los terrenos, de suelo de sistemas generales a residencial y, finalmente, optaron por acudir a la expropiación forzosa.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la comunidad de herederos contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento por el que se denegó la iniciación del expediente expropiatorio en el que la Comisión Territorial de Valoración, que fijaba el justiprecio de los terrenos en 16,77 millones de euros. De hecho, existe otro pleito pendiente de resolver en el que la familia propietaria de la parcela reclama una cantidad de 96 millones de euros, de acuerdo con una valoración de los terrenos «según precio de mercado».

No cabe recurso. Además se condena al Consistorio a abonar a los propietarios el 5% de la cantidad de los 16,7 millones en los que están valorados los terrenoen concepto de ‘premio de afección’ y de los intereses devengados, que la sentencia de diciembre de 2013 elevaba a 1,99 millones de euros y que, según han señalado fuentes de la familia, aumentarían en otros 700.000 euros por la demora de estos once meses.

Con todo ello, el Ayuntamiento deberá abonar a los demandantes una cifra cercana a los 20,3 millones de euros a cambio de esta parcela de 53.000 metros cuadrados.Los herederos pedirán su ejecución inmediata, según confirmaron ayer a El Día de Valladolid.

Este caso motivó la primera Comisión de Investigación en todos los años de León de la Riva como alcalde para dilucidar si hubo una mala gestión o negligencia. El PSOE anunció ayer que pedirá un Pleno Extraordinario para exigir responsabilidades por la «nefasta» gestión del alcalde, mientras IU pide su dimisión.


* El Día - 19.11.14
Foto: alcalde Valladolid - elpais

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Otra muesca en el urbanismo salvaje de La Vila

La Vila Joiosa, como toda la comarca de la Marina alicantina, es un hervidero de ilegalidades urbanísticas y pelotazos corruptos de toda condición en los municipios gobernados, casi todos, por el PP. Nada menos que 37 Planes Parciales quedaron pendientes en La Vila sin ejecutar, desde los tiempos de la 'burbuja inmobiliaria'. Ahora, uno de ellos, cuyo origen data de 2004, hace ya diez largos años, es el que despunta, ya que hasta 53 particulares y cuatro empresas con intereses en el Plan se tienen que dar por enterados de que el suelo está huérfano de agente urbanizador, lo que significa tener que comenzar de nuevo, si es que llega a realizarse algún día, claro.
"LAMARINAPLAZA* : Esperando que algún día el sector del ladrillo recupere la pujanza que el paso del tiempo ha demostrado que solo sirvió para generar riqueza para unos pocos y mucha ruina en su entorno, el gobierno de La Vila Joiosa sigue intentando poner al día una parte de los 37 planes parciales del PGOU vigente que quedaron a merced del estallido de la burbuja inmobiliaria.

En esta ocasión la ha tocado el turno al PP-9 Plans, cuyo acuerdo de programación se tomó en diciembre de 2004, hace ni más ni menos que una década, cuando el pleno designó agente urbanizador a la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) PP-9 Partida Plans, es decir, a los propietarios del suelo.

Pero entonces comenzó el tortuoso camino que siguieron muchos de estos planes. De hecho, no fue hasta octubre de 2008 que el Consell emitió la cédula de urbanización del sector, condicionada a la obtención de un informe del Consell Jurídic Consultiu antes de la aprobación definitiva de la propuesta de planeamiento que le remitió el Consistorio.

En noviembre de 2011 el director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Conselleria de Infraestructuras le concedió una prórroga a aquella cédula de urbanización, pero antes de que se consumara su tramitación, en septiembre de 2013 el gobierno local decidió llevar a pleno la incoación del expediente de resolución del PAI del sector PP-9 y de la condición de agente urbanizador de la agrupación de propietarios por incumplir “obligaciones contractuales esenciales”, es decir, por no aportar la garantía económica de la promoción y formalizar el correspondiente convenio urbanístico.

Sin embargo, aquella decisión ha supuesto un absurda pérdida de tiempo en las intenciones del gobierno local. Dado que el procedimiento de adjudicación no había concluido de manera definitiva, el Consejo Superior de Territorio y Urbanismo emitió un informe a petición del Ayuntamiento en el que apreció que legalmente ni siquiera procedía la incoación de un procedimiento para dejar sin efecto esta adjudicación provisional de 2004 o estimar la solicitud de suspensión que pidió la AIU en mayo de 2013, ya que la cédula de urbanización concedida en 2008 y prorrogada en 2011, “ha perdido su vigencia sin que se haya producido la aprobación del plan parcial”, por lo que “habida cuenta el largo periodo de tiempo transcurrido desde su aprobación provisional adoptado mediante acuerdo de 16/12/2004, es por lo que procedería dictar resolución que de fin al proceso de programación del sector PP-9, de tal forma que se formule declaración expresa de tener por NO PROGRAMADO EL SECTOR PP-9″.

Es decir, que ya cuando hace más de un año se inició el procedimiento de rescisión para liberar este plan parcial, podría haber quedado solventado mediante una resolución de alcaldía que, ahora si, ha resuelto “tener por no Programado el Sector PP-9″ y “el archivo del expediente del Programa de Actuación Integrada del Sector PP-9″.

Sin embargo, es tal el despropósito que para notificar a los propietarios del suelo esta decisión y darles trámite de audiencia, el Ayuntamiento ha tenido que recurrir, una vez más, a la notificación edictal. Hasta 53 particulares y cuatro empresas con intereses en el plan parcial se tendrán que dar por enterados de que ahora el suelo está huérfano de urbanizador tras acceder al Boletín Oficial de la Provincia.


* La Marina Plaza - 18.11.14
Foto: La Vila, Plan Parcial - lamarina

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El municipio de Algete cede gratis a una empresa 170 hectáreas para construir un campo de golf en un espacio protegido

El municipio madrileño de Algete (22.000 habitantes), ya cuenta con dos campos de golf en su término, pero parece que eso no es suficiente para la especulación 'popular' del ayuntamiento que ahora, además, cede unos terrenos protegidos para un tercero. Es evidente que detrás de esta aberración urbanística existen otras causas que tienen más que ver con la corrupción entre la Casta política y ciertos amiguetes empresarios. Tras uno de los campos está también la impertérrita acusada E.Aguirre, a través de un familiar directo. Es más, las ilegalidades culminan con el informe del interventor del propio Ayuntamiento que considera que el acuerdo es desventajoso económicamente y critica que no se adjudique por concurso.
"ELDIARIO* : La localidad madrileña de Algete, de poco más de 22.000 habitantes, va camino de construir su tercer campo de golf. Al menos es lo que pretende el Gobierno municipal, del PP, que ha suscrito un acuerdo con la Federación de Golf de Madrid por el que cede gratis durante 75 años de dos fincas públicas. En total son unas 170 hectáreas calificadas como "Zonas de Especial Conservación" por su valor ambiental.

El negocio es, cuanto menos, dudoso. Y así lo expone el interventor municipal, que ha emitido un análisis económico negativo. A cambio de quedarse con los terrenos, la empresa deberá contribuir con unas "medidas compensatorias", como el mantenimiento de los terrenos y de otras zonas verdes del municipio.

El tercer campo de golf lleva planeando sobre Algete desde hace varios años. De hecho, el convenio entre el Consistorio y la Federación de Golf de Madrid aprobado en el pleno municipal el pasado 29 de octubre es una ampliación de un acuerdo anterior, de 2010, que la empresa incumplió. Entonces se cedió una de las fincas —la de Soto de la Heredad de la Torre—, pero el césped y los hoyos no llegaron a materializarse. Ahora, a pesar del incumplimiento de ese convenio, el Ayuntamiento firma otro acuerdo con la misma entidad, en el que añade una finca más a la cesión —la de Soto de las Huelgas— donde se situará finalmente el campo.

El traspaso de las 170 hectáreas no supondrá ningún ingreso para las arcas públicas del consistorio. Es uno de los principales inconvenientes que el interventor aduce en su informe negativo, al que ha tenido acceso eldiario.es. Se trata de una "cesión gratuita con carga onerosa modal" (que se exige una compensación inferior al precio de lo donado). El Ayuntamiento no ingresa nada por la cesión de las dos fincas pero, a cambio, la Federación de Golf de Madrid deberá cumplir con algunas compensaciones, como ventajas económicas para los vecinos en sus instalaciones, la construcción de un Centro de Interpretación de la Naturaleza y el mantenimiento de las dos fincas y otras zonas verdes del municipio, de las que se ocupaba hasta el momento la empresa pública GESERAL.

El Gobierno local defiende que "será el único campo público, y además serviría para restaurar las fincas según las necesidades recomendadas por Medio Ambiente". La Red Natura 2000, a la que pertenecen las fincas, tiene como objeto garantizar el mantenimiento de hábitats naturales y exige esta responsabilidad a los Estados, según la Directiva europea Hábitats. El cuidado no se ha llevado a cabo, según un informe de un técnico del Ayuntamiento del 11 de julio de 2014. Ahora el consistorio rebota estas tareas a la empresa Federación de Golf de Madrid a través de las medidas compensatorias.

El interventor municipal no considera suficiente esta razón y cree que el trámite "no constituye el procedimiento más adecuado" dadas las cuentas del municipio, afectadas por una "bajada de impuestos" y "una realidad económico financiera de elevada deuda". La deuda que figura en los presupuestos de 2014 asciende a 34,6 millones. "La intervención entiende que la Corporación no está en situación de desdeñar cualquier vía que pueda reportar ingresos y alivio a las arcas municipales".

Además, la valoración de las compensaciones económicas no queda clara. El interventor apunta que "no puede determinar si la valoración aportada" por la Federación de Golf de Madrid se ajusta o no a las medidas "correctoras del impacto ambiental" que la empresa cifra en 13,4 millones de euros. Pero el baile de números es aún mayor. El Ayuntamiento asegura en un dossier que las medidas suponen más de 29 millones, y que la inversión privada total ascenderá a "68 millones".

Las fincas fueron restauradas con dinero público

Varias asociaciones de vecinos y la oposición política rechazan el trato con el mismo argumento: no es necesario otro campo de golf. "Si aquí la gente no juega al golf", abunda Sergio Velasco, secretario general de Vecinos Por Algete, un partido actualmente sin representación municipal. "Y quien juegue ya tiene dos campos para hacerlo, no vemos la necesidad de ceder a una empresa una zona para disfrute de los vecinos por 75 años", continúa.

Además, ambas fincas fueron restauradas con dinero público hace años, un "agravante" según entienden en Ecologistas en Acción. "En la finca de Soto de la Heredad se plantaron 14.000 árboles por los destrozos ocasionados en las obras de ampliación del aeropuerto de Barajas", cuenta Mª Ángeles Nieto, coordinadora de la organización en Madrid. Según exponen los activistas, esto supuso un millón de euros de las arcas públicas. "A esto hay que sumar el dinero del Proyecto Cauce, por el que se restauró la finca de Soto de las Huelgas, se creó una laguna y recorridos con paneles informativos", continúa Nieto.

La pérdida de ese patrimonio público –y el hecho de que sea por un campo de golf– y el desventajoso acuerdo económico son los principales motivos expuestos en las alegaciones en contra del convenio. "Es un trato que no cabe en la mente de nadie. Por eso piensas que puede haber intereses de alguien detrás", asegura Sergio Velasco. Mª Ángeles Nieto tampoco encuentra ninguna explicación coherente para el acuerdo. "Porque si lo que buscan es el beneficio económico, podrían obtener más dinero, como ha dicho el interventor", señala.

Polémica con los anteriores campos de golf

Ecologistas en Acción lleva años luchando contra la implantación de campos de golf en zonas protegidas. En 2007 un informe de impacto ambiental positivo de la Consejería de Medio Ambiente permitió las obras de los dos campos de golf de Algete, que había evitado un informe negativo de 2001.

Esa autorización permitió la construcción de los dos campos de Golf La Moraleja. El proyecto, también en un terreno con protección ambiental, llegó de mano del anterior gobierno, de PSOE e IU. "Veíamos que la Comunidad de Madrid estaba consiguiendo instalar campos de golf por un lado o por otro así que, ya que iban a llegar a Algete, intentamos sacar un beneficio para el municipio", se justifica Esperanza Martínez, portavoz de IU y concejal de Medio Ambiente cuando se firmó el convenio. "Por eso pedimos 3,5 millones. Además cedíamos una pequeña parte, 19 hectáreas de Soto de la Heredad, para que se hiciera una escuela municipal de golf para los vecinos", añade.

La escuela municipal nunca llegó a constuirse, ni tampoco el Centro de Educación Ambiental que también exigía el convenio de 2005 entre Golf La Moraleja y el consistorio. Eso sí, los 3,5 millones destinados a este concepto (1,5 a cargo de Golf La Moraleja y dos a Soto de Algete, S.A.) sí se pagaron, según confirman en la empresa a eldiario.es. "Golf La Moraleja desconoce por qué no se ha puesto en marcha el centro de educación ambiental. No obstante, sí se ha interesado por el tema y el Ayuntamiento de Algete ha respondido que aún están a tiempo de hacerlo", señalan.

La empresa presentó un recurso por la vía de lo contencioso administrativo porque, además, estas instalaciones debían situarse en Soto de la Heredad, finca cedida ahora a la Federación de Golf de Madrid. Aunque el problema no se ha resuelto, "el anterior Consejo de Administración desestimó seguir adelante y terminó retirándolo", afirman en la empresa. La nueva dirección, elegida el pasado 11 de noviembre, aún desconoce qué hará con el caso. En el consistorio, en cambio, afirman que la empresa "dejó sin efecto su oposición una vez comprobado que no le influía negativamente". El Ayuntamiento ha vuelto a encargar un Centro de Interpretación de la Naturaleza, pero ahora a la Federación de Golf de Madrid.

Los vecinos no se rinden. Esperan que la Comunidad de Madrid, que es la que debe dar los siguientes pasos para autorizar el proyecto (respaldar la cesión del derecho de superficie de las fincas y emitir un informe favorable de impacto ambiental) echen atrás lo que consideran un despropósito. "Están cerca las elecciones y vamos a intentar obstaculizar cada paso para que no puedan autorizar el proyecto antes de mayo", defiende Sergio Velasco.


* El Diario - Laura Olías - 15.11.2014
Foto: Finca de Soto de la Heredad de la Torre de Algete. / Ecologistas en Acción

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El alcalde de Roquetas declara ante el juez por corrupción urbanística

El conocido capo 'popular' de la provincia de Almería, G.Amat, alcalde de Roquetas y presidente de la Diputación, vuelve a los banquillos por un delito urbanístico. El cacique emblemático almeriense, al modo de los Fabra en Castellón, Baltar en Ourense, Méndez Pozo en Burgos, etc, etc, está siendo investigado por irregularidades en la concesión de una licencia a la empresa Hortiagrícola para la construcción de 10 viviendas en La Fabriquilla. Pero esto fue en 2007, por lo que hay que dar un nuevo tirón de orejas (de burro) a la cómplice e inútil justicia urbanística que ha permitido que semejante 'ejemplar' siguiera ejerciendo normalmente sus actividades mafiosas habituales.
"EFE* : El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat, imputado en la causa que investiga el presunto caso de corrupción urbanística de "La Fabriquilla", ha declarado hoy en el juzgado de la localidad, donde ha sido increpado tanto a su entrada como a la salida del mismo. En torno a una veintena de personas convocadas por Izquierda Unida, que hizo un llamamiento para pedir la dimisión del también presidente del PP provincial de Almería, así como de la Diputación, se han congregado frente al Juzgado nº1 de Roquetas, donde Amat ha llegado en torno a las 10 horas.

El regidor, acompañado por varios concejales de su equipo de gobierno, también citados a testificar ante la juez como imputados, ha declinado hacer declaraciones a los medios congregados, si bien tras finalizar su declaración en el juzgado, ha manifestado sentirse "tranquilo".

Las declaraciones de imputados en este caso comenzaron el pasado viernes, cuando comparecieron ante la juez varios cargos políticos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

El tribunal investiga si existieron irregularidades en la concesión de una licencia a la empresa Hortiagrícola por parte del Gobierno municipal de Roquetas de Mar para construir diez viviendas en la UE-109 de El Parador (La Fabriquilla), por lo que la juez ha llamado a declarar a otros seis concejales que participaron en la Junta de Gobierno del 14 de mayo del 2007 que aprobó dicha licencia.

Además de Amat y los concejales que participaron en dicha Junta de Gobierno, deberán declarar como imputados el 24 de noviembre dos técnicos municipales.

La coordinadora provincial de IU, Rosalía Martín, quien ha asistido al acto de protesta a las puertas del juzgado, ha recordado que Amat es el presidente del PP almeriense, por lo que ha pedido al presidente del PP en Andalucía, Juanma Moreno, "que actúe con contundencia y lo cese ya que éste no dimite".

Asimismo, ha lanzado un mensaje al poder judicial para que "haga gala de la independencia que se le presupone y defienda el Estado de Derecho".

Desde la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia, Amayt, que ejerce la acusación junto a una particular, han asegurado que Amat ha declarado en la sala que "no era conocedor del fallo dictado por el TSJA" -que anuló el acuerdo llevado a cabo en pleno sobre el cambio en el uso del suelo- y que ha "cargado las tintas contra la Junta".

Desde la asociación se han mostrado "sorprendidos" ya que la licencia "fue otorgada el 14 de mayo" aunque, "a sabiendas" de la decisión del TSJA, "ocho días más tarde se le comunica a la empresa Hortiagrícola que le es concedida la licencia".

"Evidentemente a nuestro parecer aquí hay una connivencia entre técnicos y políticos en perjuicio del municipio, para beneficiar a determinados empresarios", han insistido.

La asociación se pregunta por qué no se hizo "una revisión de oficio existiendo el fallo del TSJA", así como "quién es el que recibe y comunica a la junta de gobierno ese fallo que declara nula de pleno derecho esa licencia".


* El País - 17.11.14
Foto: G.Amat, en Diputación Almería - se




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Denuncian que se dificulta la labor del Seprona para perseguir el Urbanismo ilegal y la corrupción urbanística en Andalucía

La corrupción urbanística en Andalucía, como en otras autonomías, sigue alcanzando cotas inimaginables hasta en una película de terror de serie B. Ya no es la permisividad de la Junta con el Urbanismo ilegal, ni siquiera la posterior legalización delictiva de lo construido irregularmente, ahora, rizando el rizo, es el Servicio del Seprona el que recibió órdenes de sus superiores de la Guardia Civil para que sus miembros evitaran las denuncias de las infracciones urbanísticas que observaran. Es decir eran los propios altos mandos de la Guardia Civil los cómplices de la obstrucción a la acción judicial en lo referente a la Ordenación del Territorio. ¿Qué más se puede decir si hasta una parte del Instituto armado, garantía teórica de la Constitución, formaba una trama corrupta en Urbanismo? Solo esperar, con cierto recelo, que la justicia cumpla su labor urgentemente y castigue a esta lacra mafiosa sin fin.
"TERCERA* : Coincidiendo con los Decretos de la Junta de Andalucía despenalizando el urbanismo ilegal, y con la aparición de numerosos políticos imputados en relación al urbanismo, Ecologistas en Acción ha conocido la existencia de órdenes e instrucciones de superiores de la Guardia Civil para evitar que miembros del SEPRONA denuncien las construcciones y urbanizaciones ilegales.

Según ha podido saber Ecologistas en Acción, la Jefatura del Seprona preparó hace años, los del boom urbanístico, una operación sobre urbanismo y ordenación del territorio que habría permitido poner algo de freno al caos urbanístico que se generó en algunas provincias, o al menos haber puesto a algunos responsables en manos de la Justicia. Sin embargo, por motivos que se desconocen, de esa Operación contra el urbanismo ilegal sólo se desarrolló la fase informativa. Se abortó cuando se iba a llevar a cabo la fase operativa en la que los Guardias Civiles del Seprona se disponían a denunciar las construcciones ilegales de sus demarcaciones.

Ecologistas en Acción considera que se pudieron dar órdenes contrarias a las instrucciones de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, órdenes que podrían rayar la prevaricación. Haber neutralizado a un Servicio de la Guardia Civil, cuya función en el territorio es la de proteger la naturaleza, lo valoramos como un error irreparable por el que sería necesario dar explicaciones por parte de los máximos mandos del Seprona y de la Guardia Civil. Igualmente consideramos un disparate desaprovechar el potencial del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil para luchar contra la especulación y la corrupción urbanística.

Pero la supuesta neutralización del Seprona continua impulsándose en unos momento de aparición de múltiples alcaldes y concejales imputados en relación al urbanismo. Así, Ecologistas en Acción ha sabido que los miembros del Seprona han tenido la orden de dedicarse todo el mes de octubre a inspeccionar todos y cada uno de los talleres mecánicos de España, operación que se ha realizado con anterioridad y hace poco tiempo, y que no creemos sea una prioridad en estos momentos.

Ecologistas en Acción ha tenido noticia de que las pocas unidades del Seprona que pretenden velar por el cumplimiento de la legislación urbanística no estarían siendo precisamente apoyadas por sus jefes.

Por ello Ecologistas en Acción demanda explicaciones de los máximos mandos del la Guardia Civil y del Ministerio del Interior de por qué se están poniendo trabas para que el Seprona pueda luchar eficazmente contra el urbanismo ilegal y poder poner a los responsables de estos actos delictivos en manos de la justicia.


* Tercera Información - Ecologistas En Acción - 12.11.14
Foto: Denuncian ante el Seprona el estado de "abandono" de los caballos de una finca - teinteresa

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El exconcejal de Urbanismo de Cangas del Narcea y su esposa, imputados en 'Pokémon'

La enorme trama delictiva urbanística 'Pokemon' en la que están encausados numerosos municipios y altos cargos gallegos (la mayoría del PP) se ha extendido también a la vecina Asturias, como demuestra este caso de Cangas de Narcea. Mientras tanto la justicia, una vez más, está ya tardando demasiado en sentenciar a los imputados y éstos continúan libres y enriquecidos gracias a las comisiones ganadas en las contratas de obras adjudicadas irregularmente. Por mucho que algunos jueces se quejen ahora de la falta de medios que poseen, su complicidad en los largos años de la corrupción impune es evidente. Ahora se están viendo los resultados trágicos de este abandono injustificado.
"ELCOMERCIO* : El pasado septiembre el arquitecto municipal de Cangas del Narcea, Juan Antonio Domínguez Piris, se desplazó hasta Lugo para declarar ante la jueza Pilar de Lara, quien instruye la 'operación Pokémon', el caso por presunta corrupción en la concesión de contratos municipales en Galicia que se ha extendido a algunos concejos asturianos, entre ellos Cangas del Narcea.

Tras escuchar al funcionario asturinao, quien ya había presentado otras denuncias en Asturias, la jueza presume la posible existencia de una infracción penal y por eso ha derivado el caso al juzgado de Instrucción número 1 de Cangas del Narcea, donde se han unido las diligencias a otras previas ya existentes por esas denuncias del arquitecto municipal.

Piris, ahora mismo sancionado y con un expediente disciplinario abierto, aseguró ante la jueza de Lugo que «ha podido haber una limpieza de documentación» de su despacho donde «había documentos implicatorios o podría haberlos, porque son temas en los que ha habido prevaricación». Es decir, que le han apartado y «se ha producido una invasión de mi despacho para provocar la desaparición de documentación relativa a expedientes sensibles a la Corporación municipal, que les debían de preocupar».

Apunta como responsables al alcalde, José Luis Fontaniella, del PP, y al exconcejal de Urbanismo, José Ramón Puerto, que dimitió a raíz de las escuchas del 'caso Pokémon'. El arquitecto municipal recrimina que había sido «apartado de su obligación y derecho de informar» en uno de los contratos investigados en la trama, el de las contrataciones con la empresa Aquagest. La investigación se centró, por la información conocida hasta el momento, en las actuaciones realizadas desde 2011, y más concretamente en la ampliación del contrato para la explotación de los servicios públicos de abastecimiento y saneamiento con Aquagest, para que éste incluyese el mantenimiento de seis nuevas depuradoras.

Pero además de la denuncia de esas operaciones que podrían ser un delito dentro de la trama 'Pokémon', Piris también puso en conocimiento del juez la posible existencia de un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Afirma que «Puerto, en su condición de concejal, junto a su esposa, ambos arquitectos de profesión, han realizado proyectos e informes que luego han sido presentados al Ayuntamiento para su tramitación contando con la aprobación de las obras correspondientes». Según el denunciante, los proyectos se presentaban mediante la sociedad del matrimonio y «para dar una apariencia de legalidad, Puerto se abstenía en los expedientes urbanísticos y en cada petición de licencia que presentaba su esposa o la empresa de ambos, que eran concedidas por el alcalde». Asegura Piris en su denuncia que esto no hace desaparcer el «conflicto de intereses, incurriendo en una palmaria ilegalidad». «El señor Puerto ha obtenido información privilegiada en su condición de concejal a fin de obtener proyectos e informes al margen de la ley de incompatibilidades y de los estatutos del Colegio de Arquitectos». Piris, además, coloca al alcalde, José Luis Fontaniella, como encubridor de estos hechos, pues es «quien firmó las licencias».

Tras unir los dos procesos de diligencias, el juez titular del Juzgado de Primera Intancia e Instrucción número 1 de Cangas del Narcea ha citado a declarar en calidad de imputados a Puerto y su mujer, en un acto que se celebrará el próximo 26 de noviembre.

El alcalde de Cangas del Narcea aseguró tras la declaración de Pires en Lugo que fue a solicitud suya, «no porque la jueza le llamara a declarar, y tras escucharle la jueza concluyó que lo que declaró tenía que ver con su recurso por la sanción disciplinaria y con nada más». Fontaniella achaca esa declaración a «un arrebato, una venganza porque ha perdido el contencioso-administrativo que nos interpuso para anular la sanción. Trata de buscar donde no hay, intenta hacer daño público»

A raiz de las conversaciones intervenidas por orden de Pilar de Lara relacionadas con Cangas del Narcea, el exasesor municipal del Ayuntamiento, Juan Carlos Guerrero, y el exvicesecretario de comunicación del PP regional, Joaquín Fernández, permanecen imputados. Ambos comentan aspectos de los que se pueden deducir delitos sobre la licitación de contratos para externalizar varios servicios en el Ayuntamiento, como la recogida de basura, la limpieza viaria o la gestión de multas, en los que tenían intereses empresas para las que trabajaba Fernández, si bien esos contratos no llegaron a materializarse.


* El Comercio - IDOYA REY - 13.11.14
Foto: Cangas_del_narcea_ayuntamiento - wikipedia




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El presidente de la Confederación del Guadalquivir acumula 24 millones en contratos a dedo

A poco que se investigue un poco salen nuevos casos de corrupción a la luz pública, sea en el sector y en la administración que sea. El presidente de la Confederación del Guadalquivir fue nombrado en marzo de 2012 por el entonces ministro 'popular' de Agricultura, Arias Cañete e, ilegalmente, concedió en este tiempo 163 adjudicaciones de obras a dedo que sobrepasaban los límites impuestos por la normativa estatal. Una cifra desorbitada que puede pasar de los 24 millones, en la que, normalmente, se beneficiaba a empresarios amiguetes del PP, a cambio de un trapicheo de comisiones y sobres que iban a parar a los bolsillos de los implicados políticos. Lo de siempre, vamos.
"ElDIARIO* : Manuel Romero Ortiz, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ha adjudicado casi 24 millones de euros en contratos por el procedimiento negociado sin publicidad desde que tomó posesión del cargo en marzo de 2012. Esta forma de contratación (en román paladino, a dedo) consiste en invitar a empresas elegidas por la entidad que adjudica, sin concurso previo ni transparencia en el proceso.

Algunos contratos superan ampliamente el límite legal establecido para este procedimiento. La Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 177.2, establece que para las adjudicaciones por el procedimiento negociado "deberán publicarse anuncios conforme a lo previsto en el artículo 142 cuando su valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros contratos", como los de servicios.

De las 187 adjudicaciones que Romero ha otorgado por esta vía, 163 sobrepasan los límites impuestos por la normativa estatal. En el caso de los contratos de servicios, un total de 118 superan el umbral de los 60.000 euros, mientras que 45 proyectos de obras tienen un importe de más de 200.000 euros.

Romero, que fue nombrado por el entonces ministro de Agricultura y actual comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, es un hombre muy vinculado al PP de Granada. Funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía, había ostentado hasta entonces el cargo de coordinador de Medio Ambiente de la Diputación de Granada.

Han pasado casi tres años y su gestión de la cuenca del Guadalquivir está cada vez más cuestionada, sobre todo en lo referente a la concesión de los contratos, como afirman fuentes internas de la Confederación. Más de un centenar de empresas se han beneficiado de este tipo de adjudicaciones, que abarcan desde algo más de 40.000 euros hasta casi un millón.

La mayoría de las sociedades se dedican a la obra civil o la consultoría. La principal agraciada es Construcciones Sánchez-Domínguez, Sando, y sus filiales Althenia y Conacon. Juntas han obtenido contratos por importe de más de 1,4 millones. Trauxia y Cyrsur, dedicadas al movimiento de tierras y a la construcción, respectivamente, también sobrepasan el millón entre ambas. Están vinculadas a través de la figura de Juan Carlos Serrano, apoderado de la primera y administrador único de la segunda.

El tándem formado por la consultora Ambesur, propiedad de Fernando Mancha López Jurado, y la constructora Arpo, de la que es apoderado y secretario, ha recibido 765.000 euros en contratos de la CHG. También se han beneficiado con 743.000 euros Prelaksa y su filial Barama, ambas constructoras, en las que Manuel Bach Moya es secretario y consejero delegado, en este orden.

Inversiones, Proyectos y Obra Civil, S.A. (IPOCSA) aparece en un lugar destacado dentro de las contrataciones negociadas sin publicidad, con un importe de casi 680.000 euros. Además, esta sociedad recibió, a través de Sogeosa —con la que está vinculada mediante su consejera delegada, María Enriqueta García—, 37,5 millones en cuatro contratos por procedimiento abierto, en los que participa en UTE con distintas empresas. Entre ellas destacan Arpo Construcciones y Fitonovo S.L, esta última epicentro de la investigación del Caso Madeja. Otras sociedades como Jiménez y Carmona, Construcciones Alpi y Typsa —junto a su vinculada Tecnoma— cobraron cantidades de entre medio millón y 750.000 euros.

Entre los adjudicatarios destaca el nombre de Isotrol, ingeniería sevillana encabezada por José Luis Calvo Borrego, pareja de Carolina Fernández Vigo, diputada del PP en el Parlamento de Andalucía. Según El Confidencial, Manuel Romero es buen amigo de la parlamentaria y habitual compañero de almuerzos en Sevilla de la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo.

La CHG ha concedido a Isotrol en los últimos meses varias adjudicaciones millonarias por procedimiento abierto y vía de urgencia, que han desatado la polémica porque han sido cuestionadas por los propios funcionarios de la institución. El pasado 14 de octubre, la senadora y exconsejera de Medio Ambiente andaluza, Fuensanta Coves, preguntó al respecto a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina. No obtuvo respuesta. El PSOE ha pedido la comparecencia de Romero en la Comisión de Medio Ambiente.

El caso de Ayesa

La empresa andaluza de ingeniería Agua y Estructuras S.A. (Ayesa) ha logrado una decena de adjudicaciones bajo la dirección de Romero. Por ejemplo, sus filiales Aynova y ACT Sistemas, dedicadas a la consultoría y la informática, obtuvieron sendos contratos por importe de más de 840.000 euros, y ambas se adjudicaron la explotación de dos presas cada una el mismo día, 8 de agosto de 2012, por idéntica cuantía —71.390 euros— y en expedientes correlativos.

El presidente de Ayesa, José Luis Manzanares Japón, es un viejo conocido de Juan Saura Martínez, director técnico de la CHG y miembro permanente de la mesa de contratación de dicho organismo. En octubre de 1985 ambos publicaron un t rabajo en la Revista de Obras Públicas junto a José Luis de Justo Alpañes titulado “Comparación entre un canal trapecial y otro circular en terrenos expansivos”.

Además, ambos fueron integrantes de un equipo de investigación de la Universidad de Sevilla para el proyecto “Ayudas a Consolidación de Grupos de la Junta de Andalucía”, que se desarrolló desde octubre de 2009 a diciembre de 2011 y fue financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas de la Junta de Andalucía.


* El Diario - Juanjo Cerero / Jesús Rodríguez / Gregorio Verdugo
- 12.11.14

Foto: CHG - chg

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