La alcaldesa de Rota suma su tercer procesamiento judicial

Un caso de corrupción flagrante el de la alcaldesa 'popular' de Rota (Cádiz), E.Corrales; en apenas un mes ha sido procesada tres veces por delitos urbanísticos. Similar al caso de S.Castedo en Alicante, por ejemplo, la alcaldesa favorecía ilegalmente a un constructor amiguete en convenios urbanísticos adjudicados a dedo, vulnerando a sabiendas la Normativa existente. Lejos de achantarse y dimitir inmediatamente, o ser cesada, continúa actualmente con su actividad delictiva y pretende seguir en el cargo a pesar de los procesamientos judiciales. Hay políticos que tienen la cara más dura que el cemento armado.
"ELPAÍS* : Primero fue el caso Horas Extra. Después el caso Uniformes. Y ahora el caso Convenios. Con este último, la alcaldesa de Rota (Cádiz), Eva Corrales (PP), y su socio de gobierno, Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos), suman su tercer procesamiento judicial en apenas un mes. A pesar de ello su partido la respalda y ella mantiene su decisión de liderar la candidatura a la alcaldía de su ciudad el próximo 24 de mayo.

En el nuevo auto de acusación, la juez atribuye a Sánchez y Corrales la comisión de “graves irregularidades” en la adjudicación de contratos de obras a un empresario de la localidad. Entre los demás imputados, está también el secretario del Ayuntamiento.

“En el ejercicio de sus cargos, y con la colaboración de los demás imputados, Eva Corrales y Lorenzo Sánchez celebraron diversos negocios jurídicos y convenios urbanísticos con las empresas del también imputado Felipe Castellano, vulnerando de forma flagrante y a sabiendas la normativa urbanística y reguladora de las entidades locales, con el fin de beneficiar tanto a Felipe Castellano como a Lorenzo Sánchez”, resume la juez en su auto.

La actuación fraudulenta consistía, según la juez, en firmar convenios urbanísticos en los que se obligaba al Ayuntamiento a entregar sumas de dinero procedente de subvenciones a las empresas de Castellano. Las cantidades se devolvían en otro convenio mediante la adjudicación de obras públicas sin licitación. Esos convenios eran promovidos por Sánchez, entonces alcalde, y por Corrales, como delegada de Planeamiento antes de asumir en 2010 la alcaldía. Necesitaron para ellos de técnicos como el secretario del Ayuntamiento de Rota, al que la juez acusa de ocultar a sabiendas irregularidades. Los tres convenios, con un montante de cuatro millones de euros, necesitaban para su aprobación informes que no se presentaron pero, a pesar de ello, salieron adelante.

La juez ha comprobado que el empresario era beneficiado por las adjudicaciones directas sin competencia mientras que Lorenzo Sánchez también obtenía rédito al contratar las empresas de Felipe Castellano con compañías de su entorno o dirigidas directamente por él, aunque estuviesen al nombre de su mujer y la de otro exedil Ismael Puyana, igualmente imputado. Estas empresas facturaron de Felipe Castellano más de medio millón de euros.

El auto atribuye los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a Corrales y Sánchez y suma el de cohecho para el exalcalde. Esta resolución es recurrible. Si no prospera ese recurso, será la tercera vez que Eva Corrales y Lorenzo Sánchez tengan que sentarse en el banquillo por irregularidades en su gestión. Ya fueron juzgados y esperan sentencia del caso Horas Extra, y esperan la fecha del juicio por el caso Uniformes. El PSOE ha lamentado que ambos, con tres acusaciones en curso, sigan liderando sus respectivas listas a las alcaldías, a pesar de los graves delitos a los que se enfrentan.


* El País - PEDRO ESPINOSA - 15.4.15
Foto: Rota (Cádiz), alcaldesa Corrales - google

.................................... Leer más...

La alcaldesa de Madrid rebaja 45 veces el alquiler de suelo público para un proyecto de centro comercial

Que muchos alcaldes actúan según intereses económicos antes que sociales, es algo fácil de comprobar en casos como éste de Madrid, donde su alcaldesa, A.Botella, rebaja el precio del suelo público a un nuevo macrocentro comercial y turístico junto al río y el Mercado de Legazpi, después de haber exigido hace poco otro precio de alquiler 45 veces más alto para un Centro Social dedicado a la tercera edad. Las necesidades del barrio van más en este último sentido, como señalan los vecinos, pero el pelotazo urbanístico está ya en marcha y de poco vale el sentido común y las protestas ante los negocios 'ilícitos' del Ayuntamiento del PP.
"ELDIARIO* : El Ayuntamiento de Madrid, aún gobernado por Ana Botella, le ha rebajado 45 veces el precio de alquiler de suelo público para equipamientos a un proyecto para construir un complejo comercial de 17.600 m2 y un aparcamiento de otros 34.000 respecto al canon exigido a otras iniciativas de carácter social que solicitaron terreno destinado a dotaciones públicas.

Este macroproyecto, impulsado por una promotora privada denominada Adripabel, se sitúa en la nueva zona de atracción de la capital. A la espalda del parque lineal nacido en la ribera del río Manzanares tras el soterramiento de la autovía de circunvalación interna M-30, en pleno Madrid-Río y espalda con espalda con el polo cultural de vanguardia Matadero. De hecho, se cede un antiguo mercado para utilizarlo tras su rehabilitación. La superficie total, con aparcamiento y zonas deportivas, suma 59.350 m2. Y el canon de partida que se plantea pagar a las arcas públicas es de 60.000 euros anuales. El alquiler sale a 0,083 euros al mes por cada metro cuadrado. La cesión se alargaría cuatro décadas.

Todo este plan ya ha sido públicamente bendecido por el Ayuntamiento madrileño. En contraste –aunque sin luces–, hace tan solo un año, el equipo de Botella trazó una línea roja infranqueable para facilitar suelo a un proyecto calificado por el propio Consistorio como "equipamiento de bienestar social" impulsado en la misma zona de la ciudad. A pesar de esta calificación otorgada por los técnicos municipales, a la iniciativa se le pidió un canon nunca inferior al 5% del valor del suelo recogido en la Ponencia Catastral del Ministerio de Hacienda, según han manifestado a eldiario.es implicados en ese expediente.

¿Eso es mucho dinero? Esta ponencia no es más que una valoración en euros que realiza el ministerio según la zona de la ciudad. Para este caso, continúan estas fuentes, Hacienda marcaba un precio de casi 900 euros por m2. Es decir, el Ayuntamiento no se bajaba de los 3,72 euros por metro y mes para admitir el equipamiento de iniciativa ciudadana. Las parcelas alrededor del Mercado de Legazpi, núcleo del macrocentro comercial, tienen esos precios, de acuerdo con el catálogo del catastro. El precio del suelo para viviendas de protección oficial en Madrid sale, de media, a un euro el m2.

¿Consecuencia? El centro comercial, mercado gourmet y la zona deportiva arrancan con un canon 45 veces más barato. De hecho, el equipamiento social planeado –pensado para la autonomía de personas mayores– quedó abortado, ya que, al no tratarse de una actividad lucrativa, la amortización de ese dinero resulta imposible. Si al futuro espacio de gestión privada se le resta el aparcamiento de 34.000 metros, el precio aún sería de 0,16 euros: 23 veces más económico.

"Es bueno para la ciudad"

La fijación del canon es prerrogativa municipal. La propia alcaldesa, Ana Botella, ha apostado por el proyecto comercial y lo justifica, dado que, según ella, "es bueno para Madrid. Se invertirán 50 millones de euros, se crearán mil puestos de trabajo y aportará un mercado público, una biblioteca pública y un centro deportivo municipal". Lo cierto es que al mercado se le ha puesto la etiqueta de turístico, al centro deportivo se le añade el carácter de spa y la biblioteca será "gastronómica".

En estos procesos de adjudicación de suelo denominado como dotacional (para equipamientos), una vez establecido ese canon y el proyecto para el que se libera el terreno público, el Ayuntamiento convoca una subasta para que cualquier promotor pueda optar a desarrollarlo (mejorando el dinero del alquiler, ofreciendo condiciones adicionales...). Por eso Botella ha subrayado que esta operación es un "proyecto abierto, espero que concurran muchas ofertas". Aunque el promotor de la idea merecería una indemnización si su puja no es la ganadora por su papel de diseñador.


* El Diario - Raúl Rejón - 9.4.15
Foto: Vista aérea de la zona del proyecto según el visor de Google

.................................... Leer más...

El fiscal de Medio Ambiente investiga el restaurante del alcalde de Teulada

Un caso más de los cientos que existen en las costas del país, donde chiringuitos y otras construcciones han invadido delictivamente la zona de protección marítimo-terrestre, sin que las autoridades se hayan atrevido a derribos beneficiosos para todos, en la gran mayoría de los casos. En esta playa del municipio alicantino de Teulada el autor y propietario de realizar obras de ampliación en su restaurante es, además, el propio alcalde 'popular' que, lógicamente, es el primero que debería hacer cumplir la Ley. Pero no solo ha actuado ilegalmente sino que ha conseguido, gracias a su influencia política, que la Generalitat Valenciana haga caso omiso del delito urbanístico. Como se ve, un caso de corrupción 'de libro'.
"ELPAÍS* : El fiscal de sala del Tribunal Supremo y coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, AntonioVercher, solicita la licencia de apertura y obra del restaurante de la familia del alcalde del municipio alicantino de Teulada-Moraira, Antoni Joan Bertomeu, del Partido Popular. Situado en la playa de L'Ampolla, El Castillo ocupa las zonas de servidumbre de tránsito y protección, según un informe de Costas de junio de 2013 al que la Generalitat Valenciana ha hecho caso omiso pese a ser competente en la materia y existir una denuncia contra el establecimiento.

La apertura de diligencias informativas por parte de la Fiscalía en Madrid ocurrió el pasado enero, después de que la Generalitat renunciara también a investigar una denuncia de Ecologistas en Acción efectuada el verano de 2014 por distintas obras presuntamente ilegales en este local del que Bertomeu es copropietario. Lo que era un chiringuito con casi medio siglo de antigüedad es hoy un espacio consolidado que ha ganado volumen a base de pequeñas obras. Los trabajos realizados datan al menos de 2007, año en que el alcalde era todavía concejal de Urbanismo.

Ecologistas en Acción entregó el pasado julio al servicio de Aeropuertos y Costas de la dirección valenciana de Transporte y Logística un reportaje fotográfico de los años 2007, 2013 y 2014. Adjunto iba el informe del Servicio Provincial de Costas, en el que consta la invasión de las dos zonas de servidumbre. La respuesta de la Generalitat fue que en las imágenes no eran apreciables las diferencias del estado anterior y actual. Instaba incluso a que fueran los ecologistas quienes ampliaran la investigación, advirtiendo de que si en un plazo de 10 días no había respuesta no se incoaría el expediente abierto. En el enunciado de la carta, el nombre de El Castillo era sustuido por el de El Campillo.

La Ley de Costas establece que la competencia en las zonas de servidumbre de protección y tránsito recae en las comunidades autónomas. En estos espacios, según la ley, excepcionalmente se pueden autorizar edificaciones de "excepcional importancia" y siempre que su ubicación sea conveniente en el litoral por razones económicas. En cualquier caso, no podrán localizarse en zonas de servidumbre correspondientes a tramos de zonas húmedas o playas, caso de El Castillo.

Aunque el local se ubica en un terreno de la familia del alcalde Bertomeu, los propietarios tienen la obligación de ceder una zona de paso a los viandantes. El establecimiento está tan pegado a la playa que desde el mismo restaurante se puede pisar la arena si se sale por el lado del mar. Más que un quiosco o puesto de bebidas al aire libre, tal es la definición de la Real Academia de la Lengua, el lugar tiene un parecido más acorde al concepto de restaurante, de espacio cerrado y con una estructura sólida.

Desde el Ayuntamiento informan que en sus inicios lo gestionó la madre del alcalde, y hoy lo hace un hermano de este. Antoni Joan Bertomeu accedió a la alcaldía en 2009 sustituyendo a mitad de legislatura a José Ciscar, hoy vicepresidente de la Generalitat y presidente provincial del PP, dando el salto desde el área de Urbanismo. Estos días el todavía regidor es un ejemplo raro dentro de su partido. El PP ha mantenido a todos sus alcaldes como candidatos, salvo en su caso. Presuntamente, porque está llamado a ser diputado autonómico.

Un secretario municipal bajo sospecha

La Fiscalía, además del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, investigan también al secretario municipal de Teulada-Moraria, Simeón García García. El fiscal admitió el pasado 27 de febrero una denuncia por posible malversación de caudales públicos por el convenio que convirtió a García en secretario municipal del vecino pueblo de Benissa. El funcionario se habría subido el sueldo por encima de lo legal, al mismo tiempo que presuntamente se redujo sus horas de trabajo en un convenio que él mismo debió de informar.
La denuncia tiene relevancia en el contexto del funcionariado público, que ha visto sus sueldos congelados e incrementada su jornada laboral. En el escrito se presume que la Generalitat no tiene conocimiento del convenio, ya que en tal caso habría de haberlo suspendido. Lo que se denuncia es que García debería haber completado su horario en el consistorio de Teulada y, posteriormente, haberse dedicado al de Benissa. Por su labor extra debería haber cobrado el 30% del sueldo percibido en Teulada y, obviamente, haber trabajado más horas. En cambio, apunta la denuncia, el secretario municipal cobra por su tiempo en Benissa el 50% del sueldo del secretario estipulado en esa localidad, mientras resta horas a su labor en Teulada.


* El País - RUBÉN ESQUITINO - 11.4.15
Foto: Espacios que el restaurante del alcalde ha ido ganando en la playa de L’Ampolla, en Teulada - Ecologistas en Acción

.................................... Leer más...

Imputan al ex alcalde de Cómpeta por autorizar 15 chalés en una parcela rústica

Continúan saliendo casos de viviendas ilegales en la Axarquía malagueña, una zona donde la permisividad municipal ha permitido los delitos reiterados contra la Ordenación del Territorio, alterando gravemente el paisaje y los recursos municipales. En Cómpeta, el exalcalde L.López es imputado de nuevo, cuando ha sido ya juzgado y sentenciado anteriormente en varias ocasiones relacionadas con el urbanismo ilegal. La justicia por fin ha actuado pero se ve que algunos no aprenden nunca.
"MÁLAGAHOY* : El ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López volverá a sentarse en el banquillo por un caso relacionado con el urbanismo ilegal y por el que se enfrenta a tres meses de prisión, 21 meses de multa y 19 años de inhabilitación por dar licencia para construir una urbanización de 15 viviendas unifamiliares.

El juicio está previsto que se celebre en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga el próximo 28 de abril y junto a él se sentarán el promotor de la obra y el arquitecto municipal.

Los tres están acusados por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación por una licencia supuestamente concedida en 2003 para construir una urbanización en una finca de casi 1.800 metros cuadrados en terreno rústico situado en el paraje conocido como Pagolasalara.

Sin embargo, en el escrito de acusación de la Fiscalía de Málaga, se hace constar que el ex alcalde previo acuerdo con el constructor supuestamente autorizó la segregación de la parcela en cuestión de la finca matriz como urbana tal y como se refleja en la escritura pública. Por ello, el fiscal destaca que hubo "connivencia" entre ambos para calificar como urbana una parcela que no lo era mediante un procedimiento que califica como "burdo".

Así pues, el promotor pidió en mayo de 2003 licencia de obra para construir las 15 viviendas adosadas, más una planta de almacén y otra de garaje, para lo que presentó en el Ayuntamiento un proyecto básico. El arquitecto municipal emitió un informe técnico favorable, sujeto a varias condiciones que consistían en modificar la altura máxima permitida y presentar un proyecto de ejecución.

El escrito de acusación subraya que la comisión de gobierno del Consistorio se abstuvo de aprobar la licencia municipal ante los condicionantes exigidos por el arquitecto, si bien añade que presuntamente el ex alcalde resolvió por sí mismo la autorización de licencia "conociendo la verdadera naturaleza del suelo y sin contar el acuerdo de la comisión".

Los 15 chalés supuestamente ilegales, que fueron vendidos y habitados en su totalidad, son objeto además de un procedimiento contencioso-administrativo aún pendiente de resolver por la denuncia interpuesta por vecinos de la zona, ya que presuntamente la urbanización de ese suelo supuso la invasión de parte de un carril de circunvalación de dominio público.

Por todos estos hechos, el fiscal pide para el promotor de la obra la pena de seis meses de prisión, una multa de doce meses e inhabilitación de un año para cargo relacionado con la construcción como autor de un presunto delito contra la ordenación del territorio, y 15 meses de multa y la inhabilitación de cargo público de siete años como cooperador necesario de un delito de prevaricación.

En cuanto al arquitecto municipal y el ex alcalde, la pena que pide el ministerio público es para cada uno de tres meses de prisión, multa de seis meses e inhabilitación de 12 años como cómplices de un delito urbanístico. Mientras que se enfrentan a otros 15 meses de multa y siete de inhabilitación como responsables de un presunto delito de prevaricación.

López, que fue alcalde de Cómpeta durante 16 años hasta 2007, ha sido juzgado en numerosas ocasiones por delitos urbanísticos y cuenta con dos sentencias firmes por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación. La primera fue en 2008 y en ella fue condenado a siete años de inhabilitación para empleo y cargo público y a doce meses de multa por un delito de prevaricación urbanística.


* Málaga Hoy - Raquel Garrido - 13.4.15
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com

.................................... Leer más...

Espacio Vecinal Arganzuela denuncia 'graves incoherencias' en Mercado Legazpi de Madrid

Otra vez nos encontramos con el urbanismo monetario del gobierno 'popular' del Ayuntamiento de Madrid, dirigido por la conflictiva alcaldesa, A.Botella, que pretende aprovechar sus últimos días políticos para realizar las mayores atrocidades urbanas. El mercado de Legazpi es un emblema de los antiguos espacios de uso público, bien asentados en su barrio; pero ahora se pretende hacer un centro comercial privado que los propios vecinos y asociaciones no desean, dadas las numerosas carencias sociales y de equipamientos en la zona. Para ello han presentado un informe de alegaciones al Ayuntamiento; aunque vista la negativa a la participación ciudadana desde el principio del conflicto, es difícil que ahora sea atendido por los altos cargos municipales.
"EFE* : Representantes de los colectivos y vecinos del Espacio Vecinal Arganzuela (EVA) han depositado hoy sus alegaciones al estudio de viabilidad del Ayuntamiento para la construcción y explotación del Mercado de Frutas y Verduras, en el que ven "graves incoherencias". Según ha informado este colectivo, las "líneas rojas" que fundamentan el informe, desarrollado en trece motivos, analizan pilares esenciales tales como el arquitectónico, el jurídico, el social, el presupuestario, el medioambiental y el arqueológico.

El escrito de alegaciones, que ha sido elaborado por un comité de expertos en arquitectura, medio ambiente, economía, urbanismo, movilidad, abogados y miembros del Colegio de Arqueología, también destaca un "incumplimiento de los requisitos mínimos de transparencia y accesibilidad que establece la ley".

En este sentido, EVA ha informado que "hasta en tres ocasiones se solicitó acceso a dicha documentación sin que fuera facilitada por el Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública", en lo que considera "una actitud deliberadamente entorpecedora del proceso".

Han asegurado al respecto que el Ayuntamiento "no cedió hasta el 17 de marzo, cuando el plazo de presentación de alegaciones finaliza este viernes 20 de marzo", y que finalmente los vecinos tuvieron acceso al documento "previo pago de la una cantidad que asciende a 108,04 euros".

"Parece que la tan traída y llevada transparencia de las instituciones también nos tiene que costar dinero", ha afirmado Israel Prados, vecino y miembro de EVA.

En opinión de este colectivo, "la premeditada confusión y desproporción entre el uso dotacional del Mercado (actividades encaminadas a satisfacer las necesidades básicas de la población) y el uso de servicios terciarios (actividades lucrativas, propias de la empresa privada y bajo las 'leyes de mercado') pone de manifiesto la intención de transformar un edificio de uso dotacional de la Administración pública en un macrocentro comercial de titularidad privada".

Los expertos del Espacio Vecinal Arganzuela están convencidos de que estos hechos pueden ser constitutivos de un "claro supuesto de fraude de ley".

Los expertos de EVA también se han quedado sorprendidos, ha dicho el colectivo en un comunicado, "al descubrir que el proyecto está repleto de textos plagiados de otros proyectos similares".

"En el texto abunda el copia y pega. Más allá del tema de la propiedad intelectual lo inquietante es que despoja de credibilidad al proyecto técnico acercándose más bien a un modus operandi", ha declarado Ángel Lomas, perteneciente a la asamblea EVA.


* Finanzas - EFE - 20.3.15
Foto: Madrid, mercado Legazpi - vozpopuli

.................................... Leer más...

Málaga.- Urbanismo con tintes eclesiásticos

La Iglesia Católica continúa siendo la mayor propietaria de edificios y espacios urbanísticos en este país. Últimamente se está viendo al registrar privadamente bienes que vecinos y asociaciones consideran comunitarios. Su poder es desorbitado; además, el favoritismo que mantiene gobierno tras gobierno es llamativo en todos los aspectos, incluido el apartado de impuestos y subvenciones públicas. En Málaga, el Ayuntamiento ha cedido una treintena de parcelas a cofradías para casas hermandad. La conexión con la Iglesia se extiende a ayudas para rehabilitar edificios, algo que excede de lo habitual para casos de Patrimonio monumental.
"MÁLAGAHOY* : Que una obra como la del Metro, en la que se han invertido más de 600 millones de euros desde el inicio de los trabajos hace ahora poco menos de nueve años, planifique hasta el último detalle de su calendario con el objetivo de no afectar el desarrollo normal de la Semana Santa a su paso por la Alameda Principal es fiel reflejo del respeto-deferencia con la que, en general, todas las administraciones públicas afrontan su relación con esta tradición.

Pero el suburbano sólo es un actor más en un escenario en el que se cuentan por decenas los movimientos de los estamentos públicos, en especial del Ayuntamiento de la ciudad, en favor de los colectivos cofrades.

Sin entrar en valoraciones sobre la idoneidad o no de esos vínculos, las actuaciones constatan este favorable comportamiento de lo institucional hacia lo religioso, siendo el mundo cofrade parte indivisible del mismo. Datos oficiales manejados por el propio Consistorio elevan a más de 120.000 metros cuadrados de suelo municipal cedidos a diferentes confesiones religiosas desde 1995. De entre todas, destacan los acuerdos con el Obispado para la apertura de centros parroquiales. Esta institución se ha beneficiado de los derechos de superficie y concesiones demaniales de más de 80.000 metros cuadrados desde 1998.

Esta conexión con la Iglesia Católica se extiende en el capítulo de subvenciones otorgadas para la rehabilitación de inmuebles. Un documento municipal, titulado Pluralismo religioso en Málaga: Un Ejemplo de Convivencia y Diversidad, cifra en casi 5,9 millones de euros lo aportado en esta materia desde la Oficina de Rehabilitación del Centro Histórico hasta el año 2013. A esa cifra, en el último año y pocos meses pueden agregarse casi 200.000 euros más correspondientes a otros convenios de intervención.

Entre ellas, por ejemplo, un acuerdo, por 70.586 euros, con la Provincia Agustiniana Maritense, para rehabilitar la fachada trasera de su iglesia conventual de San Agustín; otro con el Obispado por 53.012 euros para la rehabilitación del Palacio Episcopal, cifra que se sumó a otros 45.486 ya aportados meses antes. A modo de comparación sirva como referencia que entre 1998 y 2014, según las estadísticas municipales, salieron de las arcas públicas casi 82 millones en subvenciones para la rehabilitación de edificios, ya estuviesen situados en el casco histórico o en las barriadas.

En el caso concreto de las organizaciones cofrades, son casi una treintena las cesiones a coste cero de suelo acordadas en las dos últimas décadas. La entrega de estos espacios no tiene otro fin que el de que esos colectivos puedan construir en los mismos sus sedes o casas hermandad. La suma de todas estas piezas suponen más de 7.000 metros cuadrados. A este premio, que se traducen en concesiones demaniales por un plazo de hasta 75 años, cabe añadir un beneficio posterior, consistente en la aplicación de bonificaciones del 50% en el ICIO a aquellas "construcciones promovidas por cofradías y hermandades agrupadas para construir sus respectivas sedes". Esta circunstancia que iguala a estos colectivos con las construcciones, instalaciones y obras realizadas o promovidas total o parcialmente por el Ayuntamiento y/o cualquiera de sus organismos autónomos.

Sin embargo, a pesar de estas realidades, en el seno de las cofradías no se tiene la percepción de ser un colectivo "privilegiado" por el Ayuntamiento. "Yo no diría que sea un privilegio; en muchos casos son suelos que llevan muchos años sin uso y hay que recordar que las cofradías damos mucha vida a los barrios y que nuestros salones sociales suelen emplearse también para actos que no son ni cofrades", valoró Eduardo Pastor, presidente de la Agrupación de Cofradías de la ciudad.

A su juicio, más allá de la estación de penitencia que celebran las cofradías, la Semana Santa genera un impacto que beneficia, por ejemplo, a los empresarios. "Es razonable que haya estas concesiones por parte del Ayuntamiento y que disfruten los vecinos, los parroquianos; las cofradías hacen una labor importante", afirmó, al tiempo que añadió: "Ganamos todos; en ningún caso hay un privilegio". Pastor recordó que con las últimas cesiones firmadas todas las agrupaciones tienen ya parcelas para sus casas hermandad. Aunque no en todos los casos con cesiones municipales. Sobre ello, indicó que muchas optaron por comprar el solar donde se asientan.

Junto a estos terrenos, son habituales las cesiones de locales por parte del Ayuntamiento a estas mismas entidades, si bien esta hoja de ruta beneficia en los mismos términos a numerosos colectivos sociales y de vecinos. La puesta a disposición de estos espacios públicos está regulada desde finales del año pasado por una ordenanza específica que, en la línea de lo que ocurre con las subvenciones, obliga a exponer a la libre concurrencia la cesión de los mismos. No obstante, como admite la directora general de Derechos Sociales, Ruth Sarabia, esta normativa no rige sobre las concesiones demaniales que suelen solicitar las cofradías a la Gerencia de Urbanismo para la cesión de suelos.

Entre los convenios de cesión de parcelas municipales más recientes en el tiempo se encuentran los suscritos con la Cofradía del Sagrado Descendimiento, que ha permitido a esta entidad instalar su casa hermandad en parte de las dependencias del Hospital Noble. La ocupación del inmueble ha obligado a trasladar de su asentamiento tradicional a varias delegaciones municipales, con el consiguiente gasto añadido de adecuación de las nuevas instalaciones.

En la última semana la Junta de Gobierno Local dio luz verde a otras dos concesiones demaniales en favor de Dulce Nombre y Mediadora, ambas por 75 años. Una senda que ya se siguió el año pasado para ceder a las Cofradías Fusionadas 590 metros cuadrados en la nueva Plaza de Camas para la construcción de su hermandad.

A lo largo del último año, en lo relativo a locales, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) acordó la cesión de uso de dos espacios comerciales en la promoción de VPO de Divina Pastora, de 186 metros, a la Archicofradía de María Auxiliadora, y a la antigua cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, en Soliva. Este mismo departamento concedió una subvención de 30.000 euros a la Hermandad del Prendimiento para rehabilitar la fachada de su sede.

Otros acuerdos alcanzados por el Ayuntamiento con otras religiones trajo consigo, por ejemplo, la venta de una parcela en la calle Ingeniero de la Torre Acosta para la construcción de la Mezquita, con 3.828 metros de superficie; a los Testigos de Jehová, se les vendió en 1993 una parcela de 1.700 metros junto al arroyo Jaboneros, a la que se sumó el derecho de superficie en 2003 sobre un solar de 8.000 metros en La Roca. La Comunidad Israelita en Málaga recibió un derecho de superficie sobre un solar de 430 metros cuadrados en plena judería para un centro comunitario y una sinagoga (el proyecto sigue sin arrancar). La Iglesia Evangélica de Filadelfia dispone de dos derechos de superficie sobre sendas fincas en la plaza San Cruz, de 1.445 metros para un centro de rehabilitación de drogadictos, y la calle Pizarro, de 179 metros, para templo.


* Málaga Hoy - Sebastián Sánchez - 5.4.15
Foto: Málaga, arzobispado - malagahoy

.................................... Leer más...

Madrid adjudicó a un primo político de Aguirre un proyecto para hacer un centro hípico y hotelero

A poco que se escarbe algo en las ilegalidades urbanísticas de la Comunidad de Madrid aparece el nombre de la expresidenta E.Aguirre o sus allegados. Así la Comunidad otorgó en 2011 la conversión de una finca en terreno protegido en complejo de ocio a una sociedad de la que es administrador único Alonso Mencos Valdés, primo del marido de Aguirre. A pesar de no contar con autorización medioambiental, la empresa allanó un terreno con flora protegida y se celebró en 2014 una boda de la familia Mencos. Todo ello, evidentemente, con la complicidad autonómica del gobierno 'popular' que permitió numerosas irregularidades en la actuación.
"ELDIARIO* : La Comunidad de Madrid tiene adjudicada desde 2011 la explotación de una finca de su propiedad a una unión de empresas (UTE) cuyo administrador único es primo político de la que era entonces presidenta regional Esperanza Aguirre. La empresa pública Gedesma –dependiente de la Consejería de Medio Ambiente– fue la encargada de licitar y adjudicar la conversión de unas 600 hectáreas de regadío junto al río Tajo en Aranjuez en un centro hípico y un complejo hotelero.

La única opción que se presentó a ese concurso fue la del Grupo de Ocio Sotomayor. En un primer momento, el administrador de la sociedad era Juan José Sainz Sainz. Pero a los cinco meses, según el Registro Mercantil, esa figura la tomó Alonso Carmelo Mencos Valdés, primo del marido de Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro Valdés.

Mencos Valdés aparece, también, a la cabeza de una de las empresas que conformaron la UTE a la que el Gobierno regional madrileño encomendó el proyecto, Lighthorse Ventures S.L. El proyecto del Ejecutivo entonces presidido por Esperanza Aguirre, era "crear, gestionar y mantener los usos recreativo, cultural, turístico, y agropecuario de la finca" Dehesa de Sotomayor. El macroproyecto se localiza en una finca de unas 600 hectáreas y está pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental. El estudio de impacto presentado por la contratista incluye cuadras para un millar de caballos, aparcamientos, y un complejo hotelero a base de cabañas (96 bungalows, 26 de ellos con carácter de suite). Además de la escuela hípica, se ha planificado una zona de "eventos y entrenamiento" en la que habría que construir tres pistas, una tribuna para jurados y un graderío.

Ocio de Sotomayor fue la única opción sobre la que tuvo que decidir Gedesma. La apertura de ofertas se realizó el 4 de enero de 2011. La UTE aseguró que haría una inversión de 15,3 millones de euros. Por la ocupación del terreno, la Comunidad de Madrid le pide a estas empresas un canon de 30.000 euros anuales. Es un precio casi de saldo. Ese suelo está clasificado con la más alta capacidad agrológica de la Comunidad de Madrid. Es de clase 2 según el catálogo oficial. El Índice de Canones Arrendamientos Rústicos del Ministerio de Agricultura, recoge un precio medio del terreno para regadío en Madrid en 2011 de de 232 euros por hectárea. A Ocio de Sotomayor le sale por a unos 47 euros.

Además, el contrato firmado por la empresa pública y la privada establece que el canon se difiera: "A abonar a Gedesma desde el comienzo del cuarto año a partir de la formalización del contrato".Es decir, la gestora privada lleva cuatro años en el terreno sin pagar nada.

La adjudicación se firmó el 16 de febrero de 2011. El Registro Mercantil indica que la "constitución" del grupo se hizo el 7 de marzo de aquel año. Entre esa fecha y el 8 de agosto, al frente se colocó Sainz Sainz. A partir de entonces ya es Mencos Valdés el administrador: medio año después de que la empresa pública eligiera su socio para este proyecto.

La lista de las sociedes que se aliaron para gestionar la privatización del terreno se completa con Gesindicta SL, Garozco Obras y Construcciones, y La Cococha.

Mª Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción, considera que este terreno debería consevarse para "el uso público en lugar de destinarse a un proyecto que beneficiaría a pocos y que, además, es de dudosa rentabilidad económica y tiene un alto coste medioambiental". Su organización forma parte de una plataforma que pide la reversión del contrato que se firmó con Ocio de Sotomayor.

Uso privado

Además de no estar pagando renta y, a pesar de no contar con el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente para realizar las infraestructuras del complejo, la contratista sí que ha llevado a cabo trabajos en ese terreno. Adecuaciones para celebraciones particulares como una boda de la familia Mencos.

Se da la circunstancia de que dentro de la finca se levanta la Casa de la Monta, las caballerizas de la yeguada real construidas por Carlos III. De hecho, Gedesma quería que la empresa ganadora del concurso afrontara su "rehabilitación". Al final se cambió el compromiso por su "recuperación de uso histórico". Así que en febrero de 2014, la empresa procedió a una "roturación" y allanamiento de 20.000 m2 del terreno colindante con esa edificación.

Lo que ocurre es que la finca está inscrita en la Red Natura 2000 de espacios protegidos por la Unión Europea. Posee las figuras de Zona de Especial Protección de Aves y Lugar de Interés Comunitario. Entre otras cosas porque allí crece una arbusto exclusivo y endémico: el pítano ( Vella pseudocytisus). Sus únicas poblaciones mundiales son esta finca y otra en Granada. Esos trabajos se llevaron, presuntamente, ejemplares de pítano. De manera que el juzgado de Instrucción nº 2 de Aranjuez está investigando los hechos.

Con todo, ese suelo allanado y la casa sirvieron para celebrar una boda privada. Según ha denunciado también judicialmente el Partido Socialista en Aranjuez, "tres autobuses y vehículos particulares se congregaron en la finca, aparcando en los terrenos roturados". El Ayuntamiento abrió un expediente sancionador al no haber dado licencia para tal acto pero lo detuvo al haber un proceso judicial en marcha.

El último capítulo del uso privativo de esta finca del patrimonio público ha sido la constitución en septiembre de 2014 de la empresa Innovación y Desarrollo en el Medio Natural Sotomayor. Dedicada a la "apertura de lineas de investigación, innovación y divulgación de los ámbitos de actuación propios de los asociados", como miembro del comité de dirección figura: Alonso Carmelo Mencos Valdés. Para domicilio de esta empresa ya se ha especificado "Casa de la Monta-Dehesa de Sotomayor".


* El Diario - Raúl Rejón - 8.4.15
Foto: La casa de la Monta en la finca de Sotomayor. /Grama

.................................... Leer más...

El Supremo ordena revisar absolución cúpula de Urbanismo de Barcelona en 'Caso Palau'

Con la justicia urbanística seguimos a vueltas: junto a su tardanza excesiva, cuando ya está realizada la ilegalidad, hay que hablar de una debilidad en las penas, a veces cómplice con los propios delincuentes. En el 'caso Palau' de Barcelona (saqueo del Palacio de la Música y pago de comisiones ilegales a CDC) lo vemos claramente: el Supremo anula una sentencia tardía de la Audiencia de Barcelona que, además, no apreciaba delito en la cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento. Es evidente, según señala el Supremo, que se juzgó mal y tarde, y no se tuvieron en cuenta multitud de hechos contrarios al sentido del fallo de la sentencia, es decir que el Ayuntamiento estaba implicado gravemente en la corrupción urbanística.
"LAVANGUARDIA* : El Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia de Barcelona en el caso Palau y le ha ordenado que dicte una nueva resolución, porque, como dice el fiscal, en su fallo excluyó de manera inmotivada pruebas incriminatorias, en especial contra la cúpula de Urbanismo de Barcelona en aquel momento.

Existe una "ingente prueba documental" en el caso que permite al fiscal, dice el Supremo, un relato de los hechos contrario al sentido del fallo de la sentencia anulada. Dicha prueba ha sido excluida sin justificación ni valoración alguna, reprocha el Supremo a la Audiencia de Barcelona.

Este tribunal debería haber motivado y justificado la exclusión de esta prueba y, al no hacerlo, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva, añade el Supremo.

En concreto, la sentencia del Supremo se refiere a la documentación sobre la tramitación del Plan de Mejora Urbana.
Además, alude a la "omisión grave" que cometió la Audiencia de Barcelona al no haberse pronunciado sobre la acusación del fiscal relativa a la existencia de un acuerdo previo entre los acusados para la firma de los convenios municipales sin publicidad.

La Audiencia de Barcelona deberá ahora dictar una nueva sentencia, cuyo fallo no vendrá determinado por el Supremo, aunque el alto tribunal apunta a una revisión de las pruebas acusatorias.

El tribunal de Barcelona condenó a un año a los exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull por tráfico de influencias, pero absolvió a la antigua cúpula de Urbanismo de Barcelona.

Millet y Montull fueron condenados por irregularidades en la tramitación urbanística de un hotel de lujo junto a la entidad cultural y recurrieron ante el Supremo contra aquella sentencia, pidiendo su absolución.

Ahora el Supremo ha anulado la sentencia, tras acoger el recurso de la Fiscalía, mientras que ha rechazado los de la acusación particular en nombre de una fundación, de la acción popular ejercida por una asociación de vecinos de Barcelona y de los condenados.

La Fiscalía discrepó de la absolución de la antigua cúpula de Urbanismo de Barcelona y de la leve condena con que la Audiencia ha castigado a los saqueadores confesos del Palau, para quienes el ministerio público pedía diez años de prisión.

La sentencia condenó a Millet y Montull, además de a un año de cárcel, al pago de multas de 3,6 millones y 900.000 euros, respectivamente, por los delitos de tráfico de influencias y ofrecimiento de realizar tráfico de influencias.


* La Vanguardia - EFE - 23.3.15
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com

.................................... Leer más...

El exalcalde del PP de Las Rozas y su equipo, al banquillo por la Ciudad del Fútbol

En este Blog ya se han publicado anteriormente los detalles sobre este pelotazo urbanístico en la localidad de Las Rozas, próxima a Madrid. Todo viene de 1998 en que fue aprobado por el gobierno 'popular' del Ayuntamiento el proyecto de la Ciudad del Fútbol. En 2007 fue sentenciada en contra por un Tribunal de justicia, cuando ya estaba construida, a pesar de lo cual el Ayuntamiento mantuvo su ilegalidad. Ahora, por fin, la Fiscalía los lleva al banquillo acusándolos de prevaricación y desobediencia reiterada por conceder terrenos públicos a la Real Federación Española de Fútbol para levantar el macrocomplejo deportivo donde entrena La Roja. La tardanza judicial ha sido pasmosa, como llevamos repitiendo aquí, este grave caso urbanístico lo demuestra a las claras.
"ELCONFIDENCIAL* : Los próximos 14, 15 y 16 de abril la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrará el juicio contra los ocho miembros del Ejecutivo municipal de Las Rozas acusados de los delitos de prevaricación y desobediencia en el caso de la Ciudad del Fútbol, situada en dicha localidad madrileña. En concreto, se trata del exalcalde y actual diputado regional de Madrid Bonifacio de Santiago y otros siete concejales –todos ellos del PP–, entre los que se encuentran dos que aún forman parte del equipo de Gobierno.

La Fiscalía solicita para ellos entre siete y nueve años de inhabilitación para cargo público por acordar la prórroga del uso de las instalaciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) “pese a tener conocimiento” –reza literalmente el escrito de acusación– de que un auto de 2009 del TSJM “había anulado la autorización provisional acordada por la Junta de Gobierno el 24 de junio de 2008”.

El Ministerio Público argumenta que el mencionado acuerdo del Ejecutivo municipal era “nulo” y “contravenía la sentencia 1474/2004 (…) que requería de nuevo al alcalde" y le advertía de que podía "incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial”. A pesar de este ultimátum, continúa en su escrito de acusación, “la situación de autorización provisional de uso a favor de la Real Federación Española de Fútbol se mantuvo hasta la presentación de la denuncia por el fiscal el 10 de octubre de 2013”.

Según la Fiscalía, todos los miembros del equipo de Gobierno decidieron desobedecer durante años la sentencia que los obligaba a rectificar la concesión de 120.000 metros cuadrados de suelo municipal a la RFEF. Según indicó la magistrada de la Sala Civil y Penal del TSJM Susana Polo en su auto de transformación en procedimiento abreviado dictado el pasado diciembre, “los imputados actuaron con desprecio a las decisiones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, pasando por encima de la ley, con la finalidad de seguir beneficiando a la Real Federación Española de Fútbol”.

El Ayuntamiento cedió la parcela donde hoy se levanta el macrocomplejo deportivo donde entrena la Selección Española en 1998. La decisión del traspaso tomada por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de las Rozas pasó por alto que se trataba de terrenos de dominio público y que, por lo tanto, no se podía entregar la propiedad, como había ocurrido. Los grupos municipales de PSOE e IU interpusieron un recurso contencioso-administrativo y los tribunales les dieron la razón en 2004 mediante sentencia que se tornó firme tres años después, una vez que las instalaciones deportivas ya estaban construidas.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM ordenó al Ayuntamiento ejecutar la resolución y exigió a la Federación que evitara hacer contratos o transmisiones del suelo. Sin embargo, el Gobierno local ignoró el mandamiento judicial y concedió a la Federación una autorización provisional para el uso de la finca.
Además de De Santiago, los próximos 14, 15 y 16 de abril también se sentarán en el banquillo de los acusados los ediles Francisco Javier Espadas, Isabel Grañeda, Gema Matamoros, Juan Ramón Ruiz, José Luis Álvarez, Antonio Garde y Pedro Núñez Morgades.


* El Confidencial - Roberto R.Ballesteros - 8.4.15
Foto: Las Rozas (Madrid), ciudad del fútbol aérea - diariogol

.................................... Leer más...

El urbanismo en tiempos de Google: los reyes de internet invaden las ciudades

Las sedes de las grandes empresas que dominan internet se construyen como islas tecnológicas de aparente sostenibilidad, mientras los habitantes de los municipios donde se ubican continúan con su vida sorteando los problemas de tráfico, contaminación y desequilibrio social que provocan. ¿Es compatible su idea de urbanismo individualista con el desarrollo de las ciudades?
"LUCÍA CABALLERO* : Google llegó a Mountain View en 1999 para instalarse como una ‘startup’ más del floreciente Valle del Silicio. Probablemente, pocos paisanos repararon en aquellos primeros 40 trabajadores, acomodados en una oficina corriente. Hoy, los dominios del gigante en el municipio californiano cuentan con unos 80 edificios, entre alquileres y propiedades, que ocupan casi 70.000 metros cuadrados.

Googleplex, este complejo que constituye el cuartel general de la compañía, es un reflejo material de su hegemonía en internet: una isla tecnológica diseñada para satisfacer las necesidades de una comunidad muy particular. Una especie de gueto que “agrava los grandes problemas de la ciudad: la segregación espacial, el desequilibrio social y económico, la falta de relaciones entre personas y el transporte masivo”, explica a HojaDeRouter.com Jon Aguirre, arquitecto de la oficina de innovación urbana Paisaje Transversal.

Sin embargo, para una empresa multimillonaria en constante crecimiento, esto no es suficiente. La compañía dirigida por Larry Page ha anunciado recientemente que quiere ampliar su particular imperio en cuatro de las localizaciones donde ya tiene oficinas.

Google no se anda con nimiedades. Pretende edificar una serie de construcciones en forma de bloque; ligeras y móviles, que abarcarán más de 23.000 metros cuadrados y darán cabida a 10.000 nuevos trabajadores. El diseño del arquitecto danés Bjarke Ingels y la firma londinense Heatherwick Studio aboga por la sostenibilidad: se integrará en el entorno urbano y natural, fomentando la creación de negocios locales. ¿Dejará entonces de ser una isla tecnológica para conectarse con el mundo que le rodea?

“No es una cuestión de que Google proponga una manera de hacer urbanismo, sino de su propuesta y cómo pretende llevarla a cabo”, asegura Aguirre. Las grandes corporaciones, ya hablemos de bancos o tecnológicas, “tienen un papel importante en la construcción de la ciudad, el problema viene cuando no hay un equilibrio”.

Las multinacionales tienden a promover su propia idea de urbe, encauzada a retroalimentar su ya patente liderazgo, sin prestar demasiada atención a los agentes afectados por sus iniciativas. No hace falta cruzar el charco para ver esta realidad. Aguirre pone como ejemplo la ciudad financiera del Banco Santander en Boadilla del Monte y el Distrito Telefónica en Las Tablas. En contraposición a sus ideas egocéntricas, “el territorio debería edificarse desde la convergencia de la ciudadanía, la administración pública y el sector privado”, señala.

LUCHA DE GIGANTES

El plan de ‘la gran G’ es uno de los muchos que han recibido en el Ayuntamiento de Mountain View, que busca propuestas para desarrollar nuevos proyectos urbanísticos al norte de la autopista 101. Entre los requisitos figura la contribución al desarrollo de la comunidad local, de ahí el sospechoso alarde de sensibilidad social por parte de Google.

Su solicitud tiene que competir con las del resto de gigantes instalados en la localidad por un suelo cada vez más cotizado. Según los informes que las autoridades han hecho públicos, harían falta unos 557 kilómetros cuadrados para dar cabida a todas los proyectos, frente a los 232 que ofrece la administración.

LinkedIn, por su parte, ha planteado la construcción de seis oficinas, acompañadas de un teatro y un club deportivo, todo ello englobado en un proyecto que ha bautizado como Shoreline Commons y que también parece fomentar la integración con la comunidad externa a sus dominios. Paradójicamente, la idea corresponde a los mismos arquitectos que han diseñado la ampliación de Googleplex.

Pertenezcan a quien pertenezcan, las nuevas oficinas contribuirán a empeorar el tráfico en la caótica 101, por donde circulan cada día los autobuses que llevan a los trabajadores de Google al complejo corporativo. La mayoría de sus aproximadamente 15.000 empleados viven fuera de Mountain View. “La zona de la bahía de San Francisco necesita un plan regional para solucionar sus problemas de transporte, del que estas empresas se han desentendido creando redes de movilidad privadas solo para su plantilla”, critica Alexandra Lange, experta en diseño urbano y autora de 'The Dot-Com City: Silicon Valley Urbanism' (La ciudad 'puntocom': el urbanismo de Silicon Valley).

Google y LinkedIn no son las únicas empresas de internet con grandes pretensiones urbanísticas, ni Mountain View el único municipio de lo que conocemos como Silicon Valley en proceso de colonización. Facebook se expande por Menlo Park y Apple también se ha embarcado en la construcción de un nuevo campus en Cupertino, después de que su proyecto fuera aprobado en noviembre del pasado año por las autoridades de la localidad. El diseño del edificio - 260.000 m2 dispuestos en forma de 'donut' y cuatro plantas - ha corrido a cargo del afamado arquitecto Norman Foster.

Los de la manzana mordida presumen de la sostenibilidad de la construcción y de su eficiencia energética, y aseguran que toda la potencia provendrá de fuentes renovables. Según Tim Cook, máximo responsable de la compañía, ocuparán las nuevas oficinas en 2016.

ALIADOS IMPRESCINDIBLES

Hay precedentes de propuestas rechazadas por demasiado ambiciosas, pero ¿qué ayuntamiento querría deshacerse de Facebook, Apple, Google o Linkedin? “Estas empresas pagan grandes impuestos en sus ciudades, así que los gobernantes no quieren disgustarles para que no se marchen”, afirma Lange.

Su poder económico les convierte en “un agente con una fuerte personalidad y capacidad de impacto público, por lo que disfrutan de un trato preferente”, indica Manuel Fernández, investigador y consultor en políticas urbanas. Los complejos donde se instalan sus sedes “tienen una capacidad enorme de modificar la realidad de los espacios que ocupan”.

El alcalde de San Francisco ha querido aprovechar este potencial de cambio con una estrategia diferente: revitalizar el barrio de Mid Market. Allí se ubican desde 2012 las oficinas de Twitter, entre otras ‘startups’, en un intento por convertir una zona desfavorecida en un centro empresarial. Según Fernández, el desarrollo suburbano de Apple y Google convive actualmente con esta otra tendencia: “la vuelta a las ciudades como espacios de actividad económica e industrial”.

Una corriente que también se aprecia en el proyecto Downtown de Las Vegas, donde “las empresas se han trasladado al centro para crear oportunidades de innovación y ‘coworking”, explica el urbanista y escritor Leo Hollis. En 2009, el fundador de Zappos, Tony Shieh, invirtió 200 millones de dólares en propiedades de esta zona para construir lo que, según él, sería “la capital del mundo del coworking”.

Pese a que ambas ideas parecen positivas, Hollis no las ve con buenos ojos. “Es una cuestión de gentrificación”, asevera. Los precios de las viviendas aumentan y “ la innovación puede repeler a la comunidad que existía previamente en esa área”. Para evitarlo, las compañías con sede en San Francisco trabajan para que los habitantes del barrio se sientan integrados, incluso les abren las puertas de sus oficinas una vez a la semana. Fernández cree que su estrategia funciona: “si contribuyen a mejorar su entorno, van a repercutir positivamente en su propia actividad”.

Esa es precisamente una de las funciones del urbanismo: acabar con los desequilibrios sociales. Para ello, deben brindarse oportunidades no solo a las élites intelectuales, sino también a los menos preparados o quienes proceden de entornos con pocas opciones. No obstante, ¿hasta qué punto pueden los gigantes de internet crear puestos de trabajo para personas poco cualificadas?

“El problema es la elitización del empleo”, indica el arquitecto de Paisaje Transversal. Los trabajadores de estas empresas son personas “con recursos, que habrían encontrado un puesto en otro sitio”. Quienes no cumplen los requisitos quedan excluidos. Un fenómeno especialmente acusado en las afueras o suburbios, donde más desigualdades existen, y donde se localizan las aparatosas sedes de las tecnológicas.

Aunque se comienza a percibir cierto interés por la sociedad en que se incluyen, aún no sabemos si Apple, Google, Facebook y compañía podrán contribuir a su bienestar. La solución pasa porque aporten su conocimiento y recursos para “ dar respuesta a las necesidades reales de la ciudad”, afirma Aguirre, y no solo para alimentar las ambiciones de sus directivos. El impacto medioambiental, económico y social que continúan generando no puede salvarse con construcciones megalómanas ni garantías de eficiencia energética.


* El Diario - LC - 6.4.15
Foto: Sede de Google en Mountain View - Robbie Shade

.................................... Leer más...

Suspende pagos un hotel de lujo al que la Xunta dio cuatro millones

Los despilfarros públicos abarcan todo el territorio y así lo demuestra este nuevo caso en Galicia: el Palacio de Sober, donde la Xunta 'popular' concedió 4 millones para el establecimiento de un hotel de lujo. El propio presidente Feijoo se implicó en el proyecto como modelo turístico, asistiendo en 2010 a la inauguración, pero ni con ese apoyo el negocio salió adelante y desde el verano de 2014 permanece cerrado el conjunto. Por supuesto, ningún responsable político ha dado explicaciones ni ha sido acusado por el dispendio delictivo.
"ELPAÍS* : Pretendía ser una referencia del turismo de lujo en la Galicia interior, un hotel con balneario, helipuerto y suites que podían costar hasta 750 euros por noche. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asistió a su inauguración, en octubre de 2010, en el municipio lucense de Sober, al tiempo que su Gobierno se volcaba con el proyecto, para el que movilizó cerca de cuatro millones de euros entre créditos y ayudas.

La iniciativa, en plena crisis, nunca acabó de arrancar y ha acabado en fiasco total después de que la empresa propietaria haya solicitado en un juzgado de Madrid el concurso de acreedores.

La compañía promotora del hotel, la madrileña Alvaher 98, había adquirido el considerado mayor pazo de Galicia en 2007 a los padres de la actual delegada de la Xunta en Lugo y entonces alcaldesa de Sober, Raquel Arias. Ellos lo habían comprado, junto a una finca de 4.000 metros cuadrados, en los años noventa, cuando llevaba medio siglo deshabitado. En el proyecto del hotel, según los datos facilitados en su día por sus promotores, se invirtieron 7,8 millones de euros, de los cuales casi cuatro los aportó la Xunta: el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) gestionó un crédito de 2,5 millones del Banco Europeo de Inversiones, al tiempo que la empresa recibía otros 887.000 euros de incentivos a la inversión y 418.000 de fondos regionales del Ministerio de Economía tramitados por el Gobierno autónomo.

Los problemas surgieron al poco de su apertura . “Fue un proyecto mal parido desde el principio”, señalaron ayer los diputados socialistas Juan Carlos González Santín y Vicente Docasar, que anunciaron que exigirán explicaciones a la Xunta en el Parlamento. La constructora subcontratada para remodelar el edificio se quejó de retrasos en los pagos, un práctica que pronto empezaron a sufrir también los 36 empleados y proveedores de la comarca.

A comienzos de 2013, la empresa solicitó un ERE temporal presentado como un intento de salvar las dificultades. Pero desde el verano de 2014, el establecimiento ya permaneció cerrado. Según los socialistas lucenses, solo quedan cuatro trabajadores dedicados a mantenimiento y seguridad. “Es el momento de que el presidente Feijóo dé la cara, porque esto fue una apuesta personal suya y de la delegada de la Xunta”, señalaron los diputados del PSdeG.


* El País - 4.4.15
Foto: Hotel Palacio de Sober / NACHO GÓMEZ

.................................... Leer más...

Documental "Corrupción: el Organismo nocivo" (trailer V.O.S.E.)


Muchas veces, tras el estallido continúo de casos de corrupción en España en los últimos años, nos hemos hecho una pregunta: ¿Pero es que nadie se dio cuenta? En el documental "Corrupción: el organismo nocivo" tiene la respuesta.

Sí, algunos técnicos al menos, sí estaban ahí. Interventores de ayuntamientos, arquitectos municipales, directores de planeamiento, inspectores de cursos de formación manifestaron donde fue preciso que aquello -aquel hotel, este edificio, aquella recalificación, ese contrato…- no se podía hacer.

Ahora que, como decía el exministro Miguel Sebastián, “nos quitaron la música de la fiesta”, este documental pone cara a aquellos que siempre tuvieron una conducta ejemplar. Maite Carol fue una de esas personas. Fue interventora del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet entre el 2006 y el 2010, cuando se vio envuelto en el caso Pretoria. Advirtió que algo que pretendía hacer el Ayuntamiento era ilegal, pero pensó que simplemente se habían equivocado: “La sorpresa llega cuando elaboro el expediente y no solo no lo paran sino que lo leen detenidamente, en voz alta, y lo rompen delante de mi cara”, entonces empezó su Vía Crucis. “Decían que estaba obsesionada, loca. Y cuando estalla el caso, la voz institucional decía que todo eso había pasado porque nadie había levantado la voz, que cómo iban a saber eso su había una interventora”, relata Maite, que además fue sustituida en su cargo, “me sentía muy sola pero me sentí especialmente sola después, porque en el momento que estalla el caso, en vez de apoyarme fue justo al contrario”.

Otro protagonista del documental es Fernando. Ha sido economista e interventor en varios ayuntamientos españoles y ahora mismo ejerce como interventor en el de Orihuela. Tiene 30 años a sus espaldas trabajando en la administración y ha denunciado un sin fin de irregularidades y delitos. Asegura que la corrupción en las instituciones no es cosa del pasado: “Esto sigue ocurriendo día a día. Se sigue saqueando, se llevan comisiones y se conceden contratos desmesurados en muchos ayuntamientos”, así que concluye sin tapujos y siguiendo con la idea del título del documental que “en este momento la corrupción en nuestro país ha alcanzado la metástasis total”.

“No existe un Estado de derecho frente a la corrupción, sólo somos individuos aislados los que luchamos contra ella”, dice rotundo Fernando que afirma que en la Transición se eliminaron los controlesinternos y externos a la administración y se le ha desprovisto de medios judiciales: "No hay elementos preventivos contra este cáncer de la corrupción. Tampoco hay elementos curativos ni quirúrgicos". Se pone él como ejemplo tras afirmar que los casos que estamos viendo ahora en los juzgados son casos de 10 años: "El lunes pasado declaré en mi tercer juicio por un informe mío de 2003".


* Cadena SER - 1.4.15

.................................... Leer más...

La Ciudad de la Seguridad, nuevo fiasco de Botella que supondrá 10 millones de gasto para Madrid

Madrid parece un compendio de desastres urbanísticos propiciados por un Ayuntamiento sin cabeza que lleva actuando de la misma forma desde hace decenios. La nueva Ciudad de la Seguridad es un proyecto de la 'popular' A.Botella que sigue atascado, a pesar de la necesidad de ahorro en los altos alquileres actuales de los diversos edificios para la Policía Municipal. Dados los defectos del proyecto, producto de la disputa entre Concejalías, la resolución de las obras se retrasa con lo que supondrá al menos 10 millones más de gasto para todos los madrileños. Todo eso después de haber invertido otro tanto en la parte ya construida. Habrá que esperar para ver qué ocurre tras las próximas elecciones.
"VOZPÓPULI* : Uno de los proyectos estrella de Ana Botella como alcaldesa de Madrid, la llamada Ciudad de la Seguridad, se le vuelve en contra a modo de despedida del cargo que abandonará en breve, justo antes de las elecciones municipales de finales de mayo. El traslado de los efectivos de la Policía Municipal a una sola sede, con el correspondiente ahorro de los costosos alquileres de las dependencias que ocupan en la actualidad, ha quedado en suspenso debido a las notables fallas de seguridad que presenta el proyecto.

La necesidad de realizar trabajos adicionales para cubrir los defectos demorará el traslado y el ahorro de algo más de cinco millones de euros al año pretendido por el Consistorio se transformará en más de 10 millones de costes adicionales.

Una cantidad a la que hay que sumar la inversión de algo más de ocho millones de euros en la construcción de la Ciudad de la Seguridad, adjudicada en su día a la UTE compuesta por Edhinor y Molina, cuyos trabajos están a punto de finalizar. El traslado de la Policía Municipal estaba previsto para el próximo mes de junio o de julio, como más tarde.

Sin embargo, la mudanza tendrá que esperar aún un tiempo que todavía no está estimado pero que no será precisamente corto, con lo que la citada inversión servirá, de momento, para aprovechar el edificio tan sólo en un 20% aproximadamente.

El problema radica en que el diseño de la Ciudad de la Seguridad, situada en la Casa de Campo, no cuenta con una serie de condiciones de seguridad que la Policía Municipal reclama y más desde el atentado de París contra la sede del semanario Charlie Hebdo, que ha colocado en el centro de la diana del terrorismo yihadista a estos cuerpos de seguridad.

Fuentes conocedoras de la situación apuntan a que los responsables del cuerpo echan en falta aspectos tan simples como la instalación de un cerramiento perimetral del edificio, que con el diseño actual resulta demasiado accesible para tratarse de un inmueble que alberga una sede policial. El diseño tampoco incluía en su día el asfaltado de los accesos, que también deberán llevarse a cabo en una segunda fase que retrasará el traslado de los efectivos policiales a la Ciudad de la Seguridad y provocará que el Ayuntamiento, es decir, todos los madrileños, tengan que seguir costeando los elevados alquileres de las dependencias en las que se encuentran en la actualidad.

Un nuevo proceso licitador

Las citadas fuentes señalan que el Consistorio no contó en ningún momento con la Policía Municipal para el diseño de las instalaciones de la Ciudad de la Seguridad, aunque el 80% del espacio está destinado al cuerpo (el resto es para albergar a los servicios de emergencias que, de hecho, ya se encuentran ubicados en el inmueble). El enfado de los afectados se hizo patente en la visita oficial a las obras que llevó a cabo el Ayuntamiento, en el que no hubo representación de la Policía Municipal.

Los retrasos provocados por estas circunstancias vienen dados porque para proceder a realizar las necesarias reformas sobre el proyecto original, el Ayuntamiento ha partido de cero, con lo que en la actualidad se encuentra en el proceso para licitar la redacción del proyecto para introducir las mejoras oportunas y posteriormente deberá llevar a cabo un nuevo concurso para adjudicar las correspondientes obras.

Además, todos estos trámites se están dirigiendo sorprendentemente desde la Concejalía de Urbanismo, aunque fue la de Patrimonio y Hacienda la que se encargó del proyecto de la Ciudad de la Seguridad desde el principio.

No obstante, las carencias del diseño original del proyecto podrían haberse solventado de una forma mucho más rápida, lo que hubiera repercutido en un mayor ahorro por parte del Ayuntamiento. Al tratarse en realidad de trabajos menores, cuyo coste no supera en ningún caso el 50% del contrato original, la Ley permitiría al Consistorio considerarlos como obras complementarias y, por lo tanto, adjudicarlos a la UTE Edhinor-Molina sin necesidad de proceder a un nuevo concurso y con la ventaja de ahorrar mucho tiempo y dinero.

Pero no ha sido el caso. El proceso burocrático apenas se ha puesto en marcha y se verá paralizado por el fin de la legislatura, la celebración de las elecciones municipales y autonómicas y la posterior composición del nuevo equipo de Gobierno, que tendrá que resolver una nueva herencia envenenada y costosa.



* VozPópuli - Raul Pozo - 23.3.15
Foto: Las obras de la Ciudad de la Seguridad, una nueva polémica del Ayuntamiento de Madrid - Vozpópuli

.................................... Leer más...

Urbanismo en Barcelona, fin de ciclo

En lo que llevamos de siglo Barcelona ha pasado de ser considerada referente en cuanto al Urbanismo, con un modelo de ciudad paisajista y de espacios urbanos de calidad, a un "sálvese quien pueda" característico de la nueva urbe neoliberal. Ahora lo que predomina es el capitalismo urbanístico, salvaje y despiadado, en vez del participativo ciudadano. Los nuevos centros financieros y los desarrollos obsoletos con predominio del automóvil son, como en otras ciudades, la moneda común no deseada para la vida social cotidiana. Los cambios urbanísticos por hacer en Barcelona deben ser radicales si se quiere figurar de nuevo a la vanguardia, con ejemplos de activismo participativo y de coordinación territorial.
"JOSEP MARIA MONTANER* : Cataluña había sido reconocida por su urbanismo basado en el proyecto, la resolución de las infraestructuras en relación al entorno, un nuevo paisajismo y unos espacios públicos y parques metropolitanos con obras de arte; con el referente internacional del modelo Barcelona. Esto ya forma parte de un ciclo terminado. La ausencia de obras trascendentes en el territorio durante estos cinco años de recortes y la parálisis en algunas áreas de Barcelona son muestras de este retroceso.

De haber intentado relacionar bien las infraestructuras con la ciudad se ha pasado a tolerar heridas endémicas, como las interminables obras ferroviarias en La Sagrera; y de la limitada presencia de la ciudadanía en este urbanismo ilustrado se ha pasado a que ésta sea una escenografía.

Este urbanismo, tan valorado, era herencia de Ildefons Cerdà y de los hermanos Rubió i Tudurí. Su reformulación arrancó con el Grup R, se tejió en la universidad pública, en la Escuela de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) en los años setenta con el LUB (el Laboratorio de Urbanismo de Barcelona, de Manuel de Solà-Morales, Joan Busquets y otros), fue activada por las luchas de los movimientos urbanos durante la Transición, y se aplicó, en parte, en el urbanismo impulsado por Oriol Bohigas y su equipo en los años ochenta.

Al final del recorrido se evidencia lo que han dado de sí estos cuatro años de relevo, con el predominio en Barcelona de la falsa vanguardia representada por el Institut for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC) y los arquitectos que encabezan Hábitat Urbano y Barcelona Regional: el humo de la smart city, centenares de renders no realizados y varios proyectos fuera de Cataluña.

En este contexto de ciclo que se acaba, lo chocante no es que la CUP de Barcelona dictamine que “en esta ciudad no han gobernado las izquierdas, han gobernado los capitales”, allá cada uno con su esquematismo; lo es que ninguno de los que promovieron la recuperación de la ciudad democrática salga a argumentar y defender las aportaciones del modelo Barcelona. Incluso el maragallismo ha sido apropiado por Esquerra Republicana.

Este fin de ciclo queda señalado por dos exposiciones. Metrópolis Barcelona, en el Disseny Hub, que presenta una acumulación fantástica de datos para fomentar la conciencia de escala metropolitana, pero que ni visibiliza el material humano y social, ni explicita diagnósticos, ni propone estrategias para el Plan Director Urbanístico (PDU). Recordemos el aviso de Byung-Chul Han, la acumulación big data no conlleva ninguna interpretación, “es ciega ante el acontecimiento”. Y Catalunya Ciutats, en las Drassanes, que pretende enlazar con los 100 años de historia tras la labor cívica de la Mancomunitat y no hace más que mostrar la falta de ideas sobre el territorio de la actual Generalitat.

El modelo de ciudad expansionista y empresarial, basada en el control y en el uso del automóvil, está obsoleto. Ha de surgir una ciudad alternativa, de la subjetividad y la diversidad, reclamada e imaginada por los auténticos protagonistas: movimientos urbanos y redes sociales; ecologistas, feministas, activistas y sindicalistas; colectivos, cooperativas y asociaciones; y también los habitantes procedentes de otras latitudes.

En las próximas elecciones municipales cada ciudad podrá decidir si continúa con los viejos modelos, gestionados por una casta alejada de la realidad, que tolera las mafias y la especulación, o si impulsa un nuevo urbanismo en Catalunya, que recapitule, heredando las mejores tradiciones, y que, al unísono, rompa con las inercias y se ponga en sintonía con los tiempos; un nuevo municipalismo basado en la gestión participativa y transparente, pensado para sumar esfuerzos de manera integradora, en el que tomen forma, en el espacio público y el privado, los derechos humanos.

¿Cómo son las ciudades que buscan alternativas a la gestión neoliberal, se basan en la cooperación, afrontan las crisis ecológicas y el exceso de contaminación, y son capaces de ensayar y experimentar? Podemos iniciar una nueva época de coordinación metropolitana y territorial, debatiendo qué se transforma y qué se protege; qué inversiones son prioritarias para el bien común y cuales obedecen a visiones periclitadas e interesadas; por dónde y cómo se puede mejorar el comercio de proximidad y dónde están las áreas de oportunidad para la producción artesanal, industrial y digital. La resignificación del territorio va mucho más allá de los mitos de la movilidad y la información. Tiene que ver con disfrutar de estructuras y servicios urbanos para la vida activa y creativa de las personas en los barrios; el empoderamiento de los múltiples focos sociales de reunión y autoorganización; y también la vibilidad de la memoria.

Este es un reto demasiado importante para nuestro futuro y el de nuestro territorio para dejarlo pasar. No podemos seguir acomodados en la inercia, inmóviles ante las ineficacias dominantes y engañados por el consumismo.

* Josep Maria Montaner es arquitecto y catedrático de la ETSAB-UPC.

* El País - JM.Montaner - 26.3.15
Foto: Barcelona, contaminación - elpaís

.................................... Leer más...

Imputadas 63 personas por construcciones ilegales en El Puerto de Santa María

No hace falta remontarse muy lejos en el tiempo para reconocer que el urbanismo en El Puerto (Cádiz) ha sido catastrófico y lleno de ilegalidades; en este mismo Blog se puede comprobar lo sucedido en los últimos años. El asunto de las miles de viviendas irregulares continúa a pesar de haberse realizado un nuevo Plan General. El Ayuntamiento 'popular' gobernante siempre ha pretendido legalizarlas como fuera, mientras la Junta socialista callaba y otorgaba con complicidad. La justicia ha estado también poco diligente, como suele ser su norma urbanística, aunque ahora ha imputado a 63 propietarios por delito contra la Ordenación del Territorio. Ya veremos si esto sigue adelante porque, de momento, derribos ha habido muy pocos y las sanciones pueden prescribir.
"ANDALUCES* : El equipo del Área de Medio Ambiente y Urbanismo de la Unidad de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma en Cádiz ha instruido diligencias por delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística y ha imputado a un total de 63 personas por una serie de construcciones ilegales detectadas en la localidad de El Puerto de Santa María.

En una nota, la Junta explica que las investigaciones se iniciaron a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Provincial de Cádiz como consecuencia de una denuncia presentada por la organización Ecologistas en Acción de El Puerto de Santa María, lugar en el que, presuntamente, se habían cometido las irregularidades.

Esta denuncia es una recopilación de varias que fueron formuladas por la organización ecologista entre los años 2008 a 2012, todas relacionadas con construcciones que, presuntamente, vulneraban la legalidad urbanística por estar levantadas sobre suelo no urbano ni urbanizable, “sin que los responsables municipales del Ayuntamiento con competencias en la materia actuaran disciplinariamente contra las mismas”, según destacaban los denunciantes.

NO HACER NADA ES DELITO

De esta forma, las denuncias de esta organización iban inicialmente dirigidas contra el Ayuntamiento de El Puerto por la “laxitud y pasividad del mismo”, al no utilizar los medios legales que existen a su alcance para impedir las construcciones, al no haber actuado con la diligencia debida al permitir la continuación de las obras, al no haber instado al restablecimiento de la realidad física alterada en los casos que procedieran y al no actuar disciplinariamente, con incumplimiento de la ley, lo que permitió la proliferación de las construcciones ilegales en la zona.

Las primeras investigaciones por esta cuestión provocaron la apertura de varias diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción numero 2 de El Puerto de Santa María, que fue el que encargó al Área de Urbanismo y Medio Ambiente de la Unidad Policial Adscrita a la Junta de Andalucía en Cádiz las oportunas investigaciones y la instrucción del correspondiente atestado.

Fruto de esta actuación, los agentes identificaron a todos y cada uno de los propietarios de las construcciones ilegales, que fueron citados en sede policial, y se imputó a un total de 63 personas por dichas construcciones que habían sido realizadas “sin ningún tipo de permiso o licencia”.

SUELOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN

Detalla que muchas de las parcelas en las que se habían realizado las construcciones habían sido transmitidas mediante documentos privados o entre familiares, por lo que fue necesario determinar quiénes eran los propietarios reales de las parcelas, ya que “no constaban en ningún tipo de registro público”.

Las zonas en las que se detectan las construcciones ilegales, muchas de ellas viviendas, son conocidas como Pago Buenavista, Laguna Chica y Pago Machete, todas ellas catalogadas como suelo no urbanizable de especial protección, ya que están incluidas dentro del denominado Corredor Verde.

Destaca que, de hecho, el Plan de Ordenación del Territorio Bahía de Cádiz incluye por planificación territorial suelos de El Puerto de Santa María en la Red de Espacios Libres de la Bahía de Cádiz desde el año 2004. Las diligencias policiales ya han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto de Santa María.


* Andaluces diario - 1.4.15
Foto: El Puerto (Cádiz), diseminados - bahiadecadiz



.................................... Leer más...

El millonario campo de golf de la Comunidad de Madrid pasa de pelotazo a parque deteriorado

El ilegal campo de golf del Canal, situado en pleno centro de Madrid en el barrio de Chamberí, fue un empeño de la expresidenta 'popular', E.Aguirre, cuando estaba al mando de la Comunidad. Su realización fue protestada por vecinos, asociaciones y hasta el propio Ayuntamiento que le denegó la licencia, a pesar de lo cual se hizo irregularmente, incluso contra varias sentencias judiciales, cuando todos, además, querían un parque como pulmón verde de toda esa zona urbana. Sin hablar del abuso urbanístico que suponía (y supone) tener una gran zona privada nueva en medio del barrio, algo único y demoledor entre las grandes ciudades del planeta. Pero claro, detrás del golf había un negocio lucrativo, ya que la adjudicación del contrato privado fue para un socio del hermano del actual presidente Ignacio González. Así se empieza a entender todo el asunto y el deterioro del resto del conjunto.
"ELDIARIO* : El parque de Santander, la zona verde recreativa que rodea al ínclito campo de Golf que la Comunidad de Madrid construyó en el distrito de Chamberí de Madrid, se deteriora. La zona gratuita abierta al público de las instalaciones del Tercer Depósito del Canal de Isabel II sufre daños desde hace semanas en sus fuentes, máquinas de ejercicios y columpios que no se reparan.

El recinto del Canal es célebre en Madrid porque fue un empeño personal de Esperanza Aguirre, que lo levantó contra el criterio de los vecinos del barrio —que querían y quieren sólo un parque, no un campo de golf—, contra la oposición y el propio criterio del Ayuntamiento, que denegó el permiso para realizarlo. La adjudicación de las zonas de pago del parque señalan al actual presidente regional, Ignacio González, que la adjudicó a un socio de su hermano y su cuñado, y el recinto se ha visto por dos veces señalado por la Justicia por ilegal. Ahí sigue pese a todo ello, sufriendo el paso del tiempo, al menos en la parte abierta al público que Aguirre utilizó como argumento para sostenerlo contra viento y marea.

La mitad de las fuentes del parque no funciona, una de las máquinas del circuito para realizar ejercicios lleva más de un mes tumbada en el suelo, al menos dos de los columpios de una de las zonas de juegos infantiles están precintados y no se pueden utilizar. El propio campo de golf no se salva de la falta de mantenimiento. Una de las dos plataformas destinadas a la práctica está cerrada y el césped artificial de toda esa zona, levantado.

Fuentes del Canal de Isabel II, propietaria de los terrenos y responsable del parque, niegan que exista tal deterioro y afirman que las instalaciones son víctimas de actos vandálicos. "No es una falta de mantenimiento, es justo al revés. Los estudios que hacemos a nivel de usuario nos dicen que el parque está bien, los usuarios nos felicitan", asegura una portavoz del ente. "Las fuentes las reparamos, pero los niños juegan, les meten arena, y se atascan", afirma. Algunas llevan más de un mes sin dar agua, sin embargo. Respecto a los columpios y la máquina, esta portavoz asegura que están en proceso de cambiarlos por otros nuevos, y que al ser una empresa pública esto lleva sus plazos.

Las instalaciones del Canal han estado rodeadas de polémica desde que se construyeron, en 2003. La entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, invirtió 50 millones de euros en un recinto con dos zonas diferenciadas: una para la práctica de deportes de pago con dos campos de fútbol, ocho pistas de padel, un campo para la práctica del golf y un pitch & putt (un mini campo de golf) y alrededor de todo esto un parque con una pista de tartán de 1,2 kilómetros y un pequeño circuito deportivo para realizar ejercicios.

Aguirre levantó el campo de golf, que ocupa casi un cuarto de la superficie total de todo el recinto, bajo el argumento de "enriquecer la oferta del entorno". La presidenta apeló al "interés general" para realizar la obra, presumió de que las zonas verdes comunes aumentaban notablemente respecto a lo que había antes y levantó el recinto con la oposición también del Ayuntamiento de Madrid, que dirigía Alberto Ruiz Gallardón.

Después se supo que el Canal de Isabel II, que por entonces presidía Ignacio González, el actual presidente de la Comunidad de Madrid, había adjudicado la gestión del campo de golf —con el voto del propio González, que no se abstuvo— a la empresa Tecnoconcret S.L., creada sólo seis semanas antes de la adjudicación, sin experiencia en el sector y entre cuyos dueños figuraba un socio de su hermano y de su cuñado.

Desde que se construyó el campo de golf la Comunidad ha ido acumulando reveses judiciales por las obras. Primero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid negó que existiera el "interés público" al que Aguirre se aferró para realizar la obra. "No está motivado, responde al intento de sustraerse a la aplicación de las reglas que (...) en materia urbanística, corresponde a los ayuntamientos", razonó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Luego el Supremo desestimó el recurso que la Comunidad había interpuesto y dio la razón a la asociación de vecinos El Organillo, que había cuestionado este supuesto "interés general".

Los fallos judiciales no amedrentaron a Aguirre, que elaboró un plan especial para legalizar el proyecto a posteriori. Pese a ello, una década después de haber levantado el campo de golf, este no cuenta aún con la preceptiva licencia del ayuntamiento para operar. Fuentes del Canal lo reconocen, pero con matices: "La Justicia no nos ha exigido cerrar el parque por esto en ningún caso, determinó que había que regularizar la situación urbanística y administrativa. Lo que se ha hecho, se tramitó ante el ayuntamiento la licencia en agosto y estamos desde entonces esperando", explica su portavoz. "Estamos abiertos porque estamos habilitados para estar abiertos", recalca.


* El Diario - Daniel Sánchez Caballero - 17.3.15
Foto: Una máquina de ejercicios deteriorada en el Parque Santander.- eldiario

.................................... Leer más...

El ladrillo amenaza un bosque litoral en Oropesa del Mar

De nuevo estamos ante las prisas municipales por realizar proyectos imposibles antes de las elecciones. En Oropesa (Castellón) el gobierno 'popular' ha sacado del cajón un antiguo Plan urbanístico (2003) que pretende duplicar el número de viviendas en el municipio, cuando buena parte de las construidas actualmente están vacías. Pero, además, el Ayuntamiento las quiere levantar en un pinar de gran valor ambiental junto al mar, por lo que varios colectivos y vecinos de la localidad han protestado fuertemente. Hay que tener en cuenta que el actual Plan General es del año 1982 y no está actualizado a las modernas normas medioambientales, a pesar de lo que dice la Ley vigente de la interesada Generalitat valenciana.
"ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Oropesa quiere sacar adelante un proyecto urbanístico sobre lo que ahora es un pinar litoral de 110.678 metros cuadrados. Es la denuncia que ayer realizó la plataforma Bosc Viu (que aglutina a organizaciones como Acció Ecologista-Agró y Gecen) y un grupo de vecinos de una urbanización colindante. El proyecto dormía desde 2003, cuando el Consistorio lo adjudicó provisionalmente, y ha sido retomado recientemente.

“El Ayuntamiento tiene previsto aprobar este PAI antes de las próximas elecciones municipales y autonómicas por temor a perder el poder”, indicaron. “No hay nada decidido”, dijo Tomás Fabregat, edil de Urbanismo, sin querer entrar en más detalles.

El plan es conocido como Ampliación El Balcó y su suelo, pese a ser pinar de “gran valor ambiental”, según los ecologistas, está catalogado como urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbanística vigente en Oropesa, que es el de 1982. “El PGOU no se ajusta ni tiene en cuenta los importantes y numerosos cambios legislativos producidos desde 1982 hasta hoy (…) Fue aprobado sin que mediaría una previa Declaración de Impacto Ambiental”, advirtió la Consejería de Medio Ambiente en un documento de 2009 por el que suspendió el proyecto y lo supeditó a un estudio ambiental. Con este escrito, la Comisión Territorial de Urbanismo criticó que la clasificación del suelo urbanizable del plan del 82 “no es congruente con los valores medioambientales existentes” y exigió que cualquier terreno del litoral de Oropesa que fuera “urbanizable” y contara con una programación prevista (como el caso de la ampliación de El Balcó), debía ser tratado legalmente como no urbanizable. El Ayuntamiento tuvo que sacar el proyecto a información pública.

En diciembre de 2012 la Generalitat aprobó la Ley 10/2012 de Medidas Fiscales y fijó que, a partir de entonces, cualquier terreno que figurase como urbanizable en el PGOU sería considerado así. El proyecto dejaba de contar con un paraguas protector. Inmediatamente, el 14 de enero de 2013, el Ayuntamiento mandó un escrito a la Consejería pidiendo que se reanudara la tramitación de la aprobación definitiva “sin esperar contar con el informe favorable de la administración forestal”. El plan se reactiva.

“Es un PAI más que parecía que se había desactivado y ahora vuelve a renacer, en un momento en el que no tiene sentido”, dice Francisco González, portavoz del Gecen, que critica que, de seguir adelante, tendrá un “nefasto impacto” sobre el entorno, similar al que se produjo con las urbanizaciones colindantes con esta pineda. Ecologistas y vecinos criticaron que se quiera relanzar este plan cuando en el municipio hay urbanizaciones vacías.

Este terreno sigue como urbanizable en el nuevo PGOU que el Ayuntamiento está tramitando, un documento que se agarra al ladrillo al prever duplicar su parque de viviendas pese a admitir que una buena parte de las actuales están vacías.


* El País - Lorena Ortega - 28.3.15
Foto: Protesta de ecologistas ante el pinar amenazado por un plan urbano en Oropesa.- elpais

.................................... Leer más...

Operación Chamartín. Prótesis frente a acupuntura

Ya se ha escrito bastante en este Blog acerca del enorme pelotazo urbanístico que va a suponer la Operación Chamartín, un modelo de ampliación de la ciudad claramente desfasado y que va implicar más desequilibrio para Madrid en una zona ya de por sí congestionada. Aunque la idea del proyecto nace hace décadas, es en 2011 cuando se aprueba el Plan urbanístico gracias a un convenio de 11.000 millones de presupuesto (luego reducido). Algo tan desmesurado como los numerosos rascacielos que se pretenden implantar en la llamada zona financiera o las 17.000 nuevas viviendas. Eso sí, camuflado de unas zonas verdes residuales y falsas, al ir situadas sobre la misma Estación del tren. Es un proyecto agresivo y carente de sostenibilidad para el barrio y la ciudad entera, que no tiene ningún sentido hoy día, pero que el interés despilfarrador y faraónico de los políticos 'populares' quiere comenzar antes de las próximas elecciones, si nadie lo remedia.
"EDUARDO MANGADA* : La Operación Chamartín es un grave atentado contra Madrid. Es rechazable políticamente, tanto por su contenido como por sus promotores y el costo previsto para su desarrollo. Rechazable por el momento en que se proclama la aprobación del Plan Parcial que la sustenta jurídicamente (?) y la firma de un convenio urbanístico para su gestión y ejecución suscrito por la CAM, el Ayuntamiento, Renfe y DUCH (sociedad liderada por el BBVA). Una decisión que se adopta con una sospechosa celeridad y opacidad a menos de cien días de unas elecciones municipales y autonómicas en las que se anuncia, con un alto grado de probabilidad, un cambio de signo político, ideológico, en nuestros gobernantes. Una ofensa grosera y desleal al juego limpio democrático. Una falta de elegancia.

Igualmente rechazable por su dimensión y diseño urbano, faltos del más mínimo rigor disciplinar. Un encadenamiento de pequeños manhattans, una mezcla de tipologías diversas copiadas de revistas y tarjetas postales. Súmese a esto el que la pieza clave de este nuevo desarrollo es una inmensa y costosa losa de hormigón que cubre gran parte de las instalaciones ferroviarias. Una losa sobre la que se implanta el “parque central” de la nueva ciudad, evidenciando una falta de cultura botánica, unida a la incultura urbana. Desde el postmoderno Bofill de 1993, ya rechazable, al día de hoy, cada nuevo diseño urbano ha ido de mal en peor.

Previo a un análisis disciplinar, creo necesario exponer muy sucintamente un concepto, la resilencia, y dos metáforas, la prótesis y la acupuntura.

La resilencia es un concepto nacido de la mecánica de materiales y, especialmente, de la teoría de la elasticidad, que se ha extendido a la ecología, la sociología, la psicología e incluso la gerencia empresarial. Denominados resilencia a la capacidad de una viga, un árbol, una persona o un grupo social para recuperar su forma inicial, organización y funciones, tras sufrir una deformación producida por una fuerza o circunstancia externas cuando esta causa desaparece. Más próximo a nuestro tema, cabe referirse a la resilencia de los ecosistemas urbanos, ligada al concepto de sostenibilidad. Una ciudad es tanto más resilente cuanto más diversa es en todos sus componentes físicos y sociales; más compuesta por unidades esté, con una cierta autonomía, con una “estructura de gobernanza descentrentralizada”, pero no transformadas en guetos; más capacidad de retroalimentación tenga; más rica sea en capital social, entendido como la trama establecida entre el poder institucional y las redes sociales, “a través de plataformas y mecanismos que faciliten la participación de la ciudadanía y sus diferentes formas asociativas”; entre otros. (“La resilencia de los ecosistemas urbanos: una propuesta de evaluación para la sostenibilidad”. Tesis de Maestría de Marta Suárez Casado, 2012).

En el debate urbanístico suelen aparecer dos metáforas, un tanto simplonas, traídas de la medicina: la prótesis y la acupuntura. La primera se refiere a las grandes implantaciones de un nuevo desarrollo, potente por su dimensión y contenido en relación con la ciudad en que se asienta, sean incrustaciones en el tejido ya consolidado, sea como un añadido en sus bordes más o menos definidos. Por el contrario, hablamos de acupuntura cuando nos referimos a intervenciones puntuales de tamaño pequeño y medio, dispersas por la ciudad, cuyos efectos positivos se extienden más allá de sus límites enriqueciendo, recualificando, el entorno y, a veces, la ciudad entera. En estos casos cobra plena vigencia el concepto de “proyecto urbano” tal como lo entendió y definió Manuel de Solà-Morales.

Chamartín pertenece a la familia de las prótesis por su dimensión, contenido y forma, aunque, si nos referimos solo a la forma, cabe más bien calificarla de excrecencia, de un flemón urbano.

Un nuevo paradigma, forzado por la aguda crisis financiera que golpea el planeta, está presente hoy en el discurso urbanístico: construir sobre lo construido, hacer ciudad en la ciudad existente. Olvidemos la expansión dispersa de la ciudad sobre suelos vírgenes, que demanda nuevas y costosas infraestructuras y un gran consumo de recursos energéticos, junto con la ocupación indiscriminada del territorio y la expoliación del paisaje. Rentabilicemos la riqueza espacial, económica y social de nuestras ciudades, sus calles, sus edificios, sus ciudadanos y sus instituciones. La historia de la ciudad puede entenderse como un palimpsesto, como una serie de capas superpuestas que van configurando la nueva ciudad sobre la heredada.

Paradigma que conduce a un renacer de la austeridad como virtud y no como cobertura de una autodestructiva obsesión contra el déficit, que conlleva la degradación de la calidad de vida de los ciudadanos, justifica el recorte de derechos y la privatización de servicios sociales básicos. “Una agresión organizada que llamaremos austeridad”, dice Saskia Sassen. Recuperar un urbanismo de la austeridad que acuñó hace años Campos Venutti. Un saludable cambio de paradigma que puede desvirtuarse, banalizarse, cuando este hacer ciudad en la ciudad es solo un camuflaje de una agresión, una invasión por el poderoso bloque inmobiliario que, agotada la rentabilidad del crecimiento indiscriminado, descubre un nuevo nicho de negocio en la ciudad existente, aprovechando las rentas de situación. Chamartín responde a esta perversión. La apropiación de un inmenso territorio de nuestra ciudad para un gran negocio especulativo amparado por el poder político.

En momentos de gran incertidumbre frente al devenir económico, social y político, en los próximos años o décadas en los que, como réplicas violentas del terremoto actual, pueden repetirse crisis económicas y políticas que golpeen gravemente a nuestras ciudades. Las grandes dimensiones, fuertemente ancladas en el suelo y rígidamente construidas, soportadas por ingentes recursos técnicos y financieros, tienen poca resilencia, poca capacidad de recuperar su forma una vez pasada la dolorosa sacudida. Tras el golpe suele quedar una ruina más que se sumaría a las múltiples que la burbuja inmobiliaria ha dejado sembradas en nuestro país. Un desolado paisaje.

Nuestros sueños megalómanos de hoy pueden crear monstruos urbanos mañana.

Cabe afirmar que ganamos resilencia, al mismo tiempo que sostenibilidad, cuando las grandes magnitudes se fraccionan en un conjunto de pequeñas actuaciones. Los ecologistas suelen utilizar el símil del Titanic. Frente al imprevisto choque contra un iceberg, hubiera tenido más capacidad de reacción, más capacidad de resistencia, una flota de pequeños paquebotes que el gigante lujoso y ostentoso. En la ciudad ocurre algo parecido. Descompongamos la superficie, contenidos y recursos financieros concentrados en una sola intervención de grandes dimensiones (Chamartín en nuestro caso) y diseñemos cinco, diez o quince áreas de actuación seleccionando aquellas zonas de la ciudad que ofrecen una oportunidad, un vacío presente o potencial. Actuaciones con un gran efecto recualificador en su entorno a corto y medio plazo. La eficacia en la mejora física y social se multiplica y se hace presente ante los ciudadanos, que le prestarán su apoyo. Pero además, si surgiera una nueva crisis que reduzca los recursos económicos o cambie la hegemonía de los valores culturales y políticos, podría esquivarse por la presencia de estas múltiples operaciones de acupuntura urbana. Podrían hundirse uno, dos o más paquebotes, pero impediríamos el naufragio del Titanic.

Un futuro donde va a primar la escasez es un futuro en el que hay que primar la resilencia de nuestras actuaciones en general y, sobre la ciudad, de forma más necesaria aún. Escasez económica o financiera, escasez de recursos energéticos, escasez de suministros, etc., a las que hay que sumar la escasez autoimpuesta por una cultura de la austeridad frente al consumismo despilfarrador.

Madrid ofrece un mapa en el que asentar múltiples intervenciones, transformaciones de la ciudad, a través de operaciones de escala media, aprovechando las oportunidades dispersas en el territorio municipal y regional, que deben servir para hacer una ciudad más rica, más digna y más justa. Una ciudad más integrada, más compleja y más solidaria, rompiendo la dicotomía entre “la ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres”.

Una condición para que estas intervenciones punteadas y dispersas constituyan un mecanismo para la recualificación física y social de nuestro patrimonio urbano y no se conviertan en un nuevo ardid para expoliar los lugares más rentables de la ciudad (Operación Canalejas, Plaza de España, Parque Móvil o Mercado de Legazpi, entre otros muchos), es la obligación de los poderes públicos de exponer con claridad quiénes las promueven, con qué usos y actividades y para qué ciudadanos se destinan. ¿Cómo serán percibidas por la ciudadanía? ¿Cómo mejoras o, por el contrario, cómo agresiones a su calidad de vida?

Si Chamartín puede calificarse de error urbanístico, de territorio invadido y agredido por los poderes financieros amparados por los poderes políticos, también está equivocado cuando no tiene en cuenta su necesaria resistencia a las previsibles crisis que sin duda van a producirse en nuestra sociedad. Su dimensión, su condición de gran operación inmobiliaria, más que un enriquecimiento de la ciudad supone una gravosa hipoteca espacial y económica para el futuro de Madrid.


* Nueva Tribuna - EM - 6.3.15
Foto: Madrid, operación Chamartín 3D - nuevatribuna

.................................... Leer más...