¡Urbanismo punk!

Aunque pueda parecer una contradicción el titular de esta noticia, en realidad se trata del 'do it yourself/hazlo tu mismo' aplicado al Urbanismo actual. Vistas las consecuencias trágicas de una actividad Territorial salvaje 'dirigista', encabezada por las mafias político-financieras del país, ha llegado el momento de que la ciudadanía tome sus propias decisiones urbanísticas, siempre, claro, con un asesoramiento profesional y apartidista. Esto tiene su paralelismo con las bandas de música punk que surgieron a finales del siglo pasado en todo el mundo. El 'do it yourself' urbanístico es toda una filosofía de vida que entronca con las raíces más profundas históricas naturales y que ya ha tenido numerosos ejemplos en todo el planeta. Es hora que también, con las debidas reservas, ocurra en España frente a la corrupción reinante.
"RAMÓN MARRADES* : Nunca pensé que Fugazi, una de mis bandas favoritas, tuviese nada que ver con el urbanismo y las políticas públicas. Tampoco había caído hasta ahora en que mis años en un grupo de rock noventero autogestionado, de dedicación casi profesional pero resultados amateurs, hubiesen dejado rastro alguno en la manera de enfocar mi trabajo. Pero la relación entre la música y la geografía económica es más potente de lo que pensaba, con una actividad productiva -especialmente la creativa- donde el rol de las escenas, los gustos, las estéticas, tiene un peso creciente.

La ética DIY (do it yourself/hazlo tu mismo), el paradigma de la manera punk de hacer las cosas, nació en UK pero tomó relevancia en USA (con la oleada de grupos capitaneados por Fugazi, mirad este documental) como una reacción implícita a un contexto institucional específico. Los ochenta se caracterizaron por la puesta en duda de las políticas públicas existentes y el gobierno burocratizado, que protagonizó un proceso neoliberal de privatización. El Do-It-Yourself fue una reacción radicalmente transformativa a unas instituciones de las que no cabía esperar nada [1].

En el momento presente, dónde la acción del gobierno se ha sumergido (lo expliqué aquí), aparecen las prácticas urbanas punk (Do-It-Yourself) que recuerdan a la escena musical y la subcultura underground de finales de los ochenta, pero con una perspectiva más amplia, reflejando la percepción generalizada que se tiene del gobierno y las políticas públicas como agentes exógenos [2].

El urbanismo punk nace entonces cuando los ciudadanos deciden realizar acciones directas de mejora urbana sin tener que esperar a que sea la gestión pública quien lo haga. Cuando el gobierno sumergido ha tenido por consecuencia una creciente complejidad en los procesos de planeamiento, ha permitido acuerdos público-privados poco transparentes, controla y privatiza el uso de los espacios públicos, renuncia a hacer determinadas públicas -especialmente culturales, de juventud y/o de empleo- y, al mismo tiempo, deja libre un montón de espacio infrautilizado.

Identifico tres niveles de urbanismo punk que, surgiendo del mismo caldo de cultivo, tienen implicaciones distintas:

La forma más básica de urbanismo punk es el uso de la ciudad do-it-yourself: el urbanismo tradicional ha querido vendernos un futuro que nunca llega pretendiendo ofrecer soluciones homogéneas cerradas. Pero como el diseño urbano no ha sabido (ni tiene por qué saber) anticipar todos los usos que se pueden dar en la ciudad, el uso de la ciudad punk son las prácticas espontáneas que aprovechan los espacios, algunas veces transgrediendo las regulaciones absurdas. Como ejemplo de uso de la ciudad punk tenemos las plazas yermas que rodean grandes equipamientos culturales usadas por skaters, los jugadores de volley en los descampados de las periferias, quien aprovecha aparcabicis como un banco para sentarse, o los cruces en diagonal cuando los pasos de cebra están mal diseñados. La foto muestra una plaza de Oporto donde los ciudadanos, cansados de tener que dar una vuelta, han generando su propio camino y la forma del espacio se ha adaptado a ellos.

Un paso más allá es el diseño urbano do-it-yourself ( este artículo de Gordon Douglas lo explica): en contraposición a los movimientos políticos organizados el diseño urbano DIY representa un simple deseo (y el derecho percibido de cumplirlo) de reformar la ciudad construida según los propios criterios. Refleja también un sentimiento de hastío y frustración ante el planeamiento urbano y el sentimiento común de que el ayuntamiento, en ningún caso, lo haría igual de bien. Algunos de los proyectos son parte de iniciativas más amplias (como series de las mismas intervenciones en diferentes lugares, incluso diferentes ciudades), pero la mayoría son solo creaciones esporádicas en lugares específicos. Algunos conectan sus acciones con posiciones ideológicas difusas (como el ecologismo), pero muchos otros niegan o no son conscientes del impacto político de sus acciones. El diseño urbano punk une entonces la práctica espontánea con la mejora física de la ciudad: desde la instalación de bibliotecas temporales en cabinas telefónicas, instalaciones artísticas, mejoras en el espacio público, tenderetes ilegales, pintada de vías ciclistas, etc..

El nivel más avanzado es la gobernanza do-it-yourself: supone una vocación de permanencia e introduce mecanismos de gestión urbana colectiva al margen del sector público. La gobernanza punk es consciente de sus implicaciones políticas y genera alianzas entre los movimientos underground, asociaciones de vecinos, empresarios y ciudadanos no organizados, que trabajan temporalmente para mejorar (¡no sólo reclamar!) y gestionar sus barrios. En Valencia tenemos ejemplos interesantes como el caso de la Asociación de Vecinos de Benimaclet con su intención de realizar un concurso abierto de ideas para el PAI de Benimaclet-Est, Ciutat Vella Batega, Russafa Cultura Viva, etc.

La contra, argumentada por Barbara Ray ( en este artículo), es que algunas de las mejoras urbanas no son ni siquiera bienvenidas y que el urbanismo DIY recibe críticas por ser simplemente la más reciente de una serie de iniciativas para transformar el espacio público para los gustos de aquellos a los que la ciudad quiere atraer. Afirma acertadamente que vivir en una ciudad significa aprender a respetar los distintos puntos de vista -a menudo en desacuerdo con los propios-. A pesar de que el Urbanismo DIY consigue que las cosas se hagan -y nadie duda que los Ayuntamientos pueden no ser eficientes- lo que se necesita arreglar depende muchas veces del ojo del espectador. Además de que a pesar de que los espacios públicos y las vías ciclistas son fantásticas, los problemas más difíciles -acceso a la vivienda, educación, pobreza- casi nunca aparecen en la agenda.

Pero lo verdaderamente importante del urbanismo DIY, al igual que la escenas musicales DIY, es que significa que unas personas cansadas de ser solo consumidores del espacio, la música y las políticas públicas, pasen a ser agentes activos.
Notas:
[1] Willis, S. (1993) ‘Hardcore: subculture American style’, Critical Inquiry, vol. 19, no. 2, pp. 365–384.
"La vida cotidiana en el capitalismo de finales del siglo XX es un terreno de conflicto, cuyas ricas muestras de inventiva cultural marcan la intensidad de las contradicciones no resueltas. El desarrollo del hardcore como subcultura es una manera en que los adolescentes expresan las contradicciones de un sistema que los degrada como trabajadores y presume de ellos como consumidores. La problemática del hardcore es el problema del capitalismo.”
[2] Polyak, L. (2013). The Rules of Space: Regulation and Resistance in Budapest’s Public Spaces. In: E.T. Bertuzzo, E.B. Gantner, J. Niewöhner, H. Oevermann (eds.): Kontrolle öffentlicher Räume. Unterstützen Unterdrücken Unterhalten Unterwandern, LIT Verlag, Berlin

"Cuando el hardware de la ciudad -la arquitectura y el urbanismo- fallan, es el software -el uso de la ciudad- el que ha de crear el marco para que la ciudad funcione. Cuando la separación artificial de funciones (residencial, industrial, comercial y de ocio) de la ciudad moderna demuestra ser obstructiva en lugar de permisiva, cuando el gobierno abandona a sus ciudadanos más pobres, estos últimos no tienen otra elección que reinventarse transgrediendo las regulaciones”. (Polyak) [2]
*La semana pasada se celebró en Porto el Congreso Internacional “ Keep It Simple, Make it Fast: Underground Music Scenes and DIY Cultures”, dónde presenté la ponencia “Do-it-Yourself Urbanism: roots, transformed spaces and economic implications”


* El Diario - 17.7.14
Foto: Urbanismo punk / Ramon Marrades

.................................... Leer más...

El "pelotazo" de los Pujol en México

Parece que las historias inconfesables del clan Pujol no van a tener fin. Tras su declaración de culpabilidad en la evasión de impuestos del país y en el blanqueo de capitales, siguen las noticias sobre sus 'descarriados' hijos y su propia mujer. Mucho nacionalismo catalán de boquilla, pero al final ha sido en el extranjero donde ha amasado parte de su fortuna; en concreto en México esta 'famiglia' tiene puesta su aguda vista para los negocios, aunque hablen español, eso sí. La relación del expresident de la Generalitat con la poderosa élite mexicana viene de antiguo, de su propia mujer M.Ferrusola y luego, también, de su nieta. Sin entrar en 'chismorreos' que no nos interesan para nada, lo que sí parece claro es la relación con importantes empresarios y constructores de aquel país. Por tanto, más especulación urbanística a la vista.
"CHIC* : Los Pujol hacen contactos al otro lado del charco. El pasado mes de marzo, y sin que los medios se hicieran demasiado eco de ello, se casó por la Iglesia y en Barcelona la nieta del expresidente de la Generalidad, Mercè Pujol, con uno de los miembros de una de las más importantes familias de la élite mexicana, Ignacio García de Quevedo. Al enlace acudió, como era de esperar, la familia Pujol al completo (Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola), así como la esposa de Artur Mas, Helena Rakosnik, entro otros.

Tras la ceremonia en el convento de San Hipólito, la comitiva marchó a las Cavas Codorniú para celebrar la consiguiente cena para 400 personas, de las que alrededor de un 30% había llegado de México, publicó el diario.

Tal y como especulaba en su momento El Mundo, el matrimonio formado por una familia nacionalista catalana confesa y otra mexicana, obligará sin duda a los Pujol a hablar español. No es la única de la familia en realizar una jugada semejante. Marta Pujol Ferrusola está emparejada con José María Esperalba, un importante arquitecto de Jalisco.

Claro que, según parece, por causas de fuerza mayor. Pujol podrá ahora departir largo y tendido, y con mucha mayor comodidad, con su rico consuegro Xavier García de Quevedo, empresario mexicano y uno de los principales accionistas de Grupo México, la compañía fundada por Jorge Larrea, el tercer hombre más rico del país. Grupo México creció a la sombra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994. Poseen las minas de Cananea, la red ferroviaria pública e importantes activos en la minería. Su fortuna es incalculable.

Lo demuestra el hecho de que antes de todo esto, en noviembre de 2010, el primógenito de Jordi Pujol y Marta Ferrusola inaugurase en Acapulco el Hotel Encanto, en una velada a la que Pujol acudió encantado, como lo demuestran las fotografías que se adjuntan. El Encanto dispone de más de 13.000 metros cuadrados frente a las aguas de Acapulco, y cuenta con 44 habitaciones de gran lujo. Jordi Pujol hijo también dispone de importantes propiedades en Argentina, donde se ha comprado parte del Puerto del Rosario.

La historia tiene, de momento, final feliz: los recién casados viven en Miami, donde -efectivamente- hablan castellano en la intimidad.


* Chic - 13.9.12
Foto: Marta Ferrusola, Jordi Pujol, y Jordi Pujol hijo en Acapulco - Marcos Vallejo

.................................... Leer más...

Valencia.- El juez procesa a tres consejeros de Camps en el ‘caso Gürtel’

Las ramificaciones del caso de corrupción urbanística 'Gurtel' son enormes. La Comunidad valenciana, con Zaplana y Camps de presidentes, es uno de los focos más importantes del país, junto al de Madrid. Ahora son procesados tres consejeros más de Camps, con lo que la cuenta de altos cargos de la Generalitat se sigue disparando. Como siempre, son acusados de delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental. No obstante hay algunos nombres importantes que han quedado fuera de esta operación corrupta, con lo que parece que la justicia, de nuevo, ha actuado con demasiada benevolencia.
"ELPAÍS* : El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano J.Ceres ha procesado a tres consejeros de la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a otros 18 cargos de su Administración como presuntos autores de cuatro delitos que habrían cometido al adjudicar a dedo decenas de contratos a la trama Gürtel. El magistrado ha dejado también a un paso del banquillo de los acusados a la plana mayor de la red: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, El Bigotes, y a tres de sus subordinados.

Aunque la pieza separada de la causa que Ceres ha concluido este jueves es conocida como la de los contratos menores de la Generalitat, las empresas del grupo de Correa captaron con estas adjudicaciones más de 760.000 euros.

Los exconsejeros procesados son Alicia de Miguel, que fue titular de Bienestar Social; Manuel Cervera, exresponsable de Sanidad y exdiputado en el Congreso por Castellón, y Luis Rosado, que le sucedió al frente de la Consejería de Sanidad. A ellos y al resto de acusados el instructor les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El juez narra en un auto de 263 páginas la extraordinaria acogida que El Bigotes recibió prácticamente en todos los departamentos y entes dependientes de la Administración valenciana durante la presidencia de Camps y hasta que el exjuez Baltasar Garzón desmanteló la trama en el año 2009.

“La irregular y plural contratación administrativa” se extendió por nueve consejerías, dos agencias, una fundación y cinco sociedades públicas. En todas ellas se produjeron “una gran cantidad de contrataciones con vulneración de los principios de publicidad y libre concurrencia”, con el objetivo aparente de “beneficiar” al entramado empresarial de Correa.

El magistrado recalca la sospechosa coincidencia de que las adjudicaciones presenten “un similar modus operandi pese a tratarse de muy diversas contrataciones y muy diversos órganos de contratación”. Como si en ellas hubiera existido “cierta influencia política”. El juez señala que en aquella época Orange Market, la empresa de la red que dirigía Álvaro Pérez, “organizaba los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana”. Y que, según declaró un antiguo empleado de esa sociedad, aquella circunstancia les “favoreció para las adjudicaciones”.

Para eliminar la competencia, el Gobierno valenciano y la red utilizaron, según el juez, un amplio repertorio de corruptelas. La primera vía para asegurar el resultado consistió en emplear “procedimientos negociados de contratación sin publicidad”, en los que bastaba con invitar a tres empresas. Una era “siempre” Orange Market; y las otras dos, empresas del mismo grupo de Correa. “No se encuentra explicación razonable de la causa de realizar invitaciones a sociedades del grupo radicadas en Madrid, que nunca habían trabajado en el respectivo órgano de contratación. Ni que ningún empleado público sepa explicar por qué se seleccionaron para ser invitadas, o quién era su interlocutor y a las que nadie conoce”.

“En muchas otras ocasiones”, prosigue el juez, el procedimiento fue incluso menos sofisticado. La Generalitat recurrió a “la técnica del fraccionamiento de la contratación”. Si un mismo acto era dividido en adjudicaciones inferiores a los 12.020,24 euros, podía concederse directamente.

De ese modo, para la organización del Congreso de Software Libre de 2005 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, por ejemplo, El Bigotes cobró exactamente 12.020,20 euros por el “alquiler, transporte y montaje del mobiliario” en general. Y otros 12.020,20 euros por el “alquiler, transporte y montaje” solo de la moqueta.

“La confianza en la adjudicación era tal” que los empleados de Correa solían empezar los trabajos antes del inicio del procedimiento para adjudicarlos. Los pliegos administrativos en ocasiones “se diseñaban a posteriori, en función de las ofertas” que había presentado El Bigotes. Y otras veces los cargos procesados sugerían a los miembros de la red “cambiar conceptos esenciales de las facturas”, con la presunta finalidad “de obstaculizar la detección de irregularidades”. El juez exculpó al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, al considerar que los contratos fraccionados que firmó le vinieron dados. Pero no así a sus dos antiguos jefes en la Consejería de Sanidad, Cervera y Rosado.

Los contratos que Sanidad concedió a la trama, con motivo de la organización de los Premios Salud y Sociedad, fueron divididos no solo entre diferentes empresas de la red, sino entre distintos departamentos de la consejería. Todas esas contrataciones son presuntamente “pluralmente irregulares, coordinadas y dirigidas por alguien superior a las respectivas direcciones generales que aparecen formalmente como órganos de contratación”. Los “técnicos cualificados a nivel de contratación” interrogados por el magistrado respondieron que esa “superior coordinación de las facturas y su pago se residencian primordialmente en el consejero [Cervera] y el secretario autonómico”, por entonces Rosado.

Varios testigos y algún imputado (incluido Bataller) declararon que Cervera se reunió con personal de Orange Market, y que la dispersión de las facturas partió del gabinete del consejero. El exjefe de gabinete y su antigua jefa de prensa señalaron, a su vez, “que actuaron cumpliendo las indicaciones” que les dio Cervera.

También ha sido capital para el procesamiento de Alicia de Miguel la declaración de su exjefe de gabinete. Éste “reiteradamente manifestó que fue la señora consejera quien organizó los actos, eligió a la empresa [Orange Market] y que incluso ella fue quien personalmente le presentó a Álvaro Pérez como la persona que se iba a encargar de organizar los actos de la consejería investigados”.

De Miguel, que fue miembro del Consell entre los años 2000 y 2007, tenía delegadas las competencias de contratación y, según su jefe de gabinete, le gustaba controlar todos los detalles: “La decisión sobre qué empresa hacía el acto siempre la tomaba la consejera. Daba cerrado el acto y la empresa”. En similar sebtido declararon otros subalternos de la consejera, que negaron tener “animadversión” hacia De Miguel.


* El País - IGNACIO ZAFRA - 24.7.14
Foto: Manuel Cervera, uno de los exconsejeros ahora procesados, con Rita Barberá y Francisco Camps en 2011. / CARLES FRANCESC

.................................... Leer más...

Barcelona.- A 10 años del Forum de las Culturas. El Parc del Fòrum: una plaza sin gente para gente sin plaza

La Barcelona que llevó adelante proyectos como las Olimpiadas del 92 quedó atrás y desde entonces, gracias a unos alcaldes especuladores, contagiados del espíritu faraónico madrileño o valenciano, el urbanismo dio un giro espectacular a peor, con operaciones tan fraudulentas como la del Fórum de las Culturas. Se remodeló toda una gran zona con edificios absurdos y espacios públicos vacíos y sin vida. Plazas gigantescas, fuera de escala y de sentido, algo de diseño inútil y, detrás, una enorme operación especulativa con nombres y apellidos de las empresas que se repartieron el pastel y los políticos que lo hicieron posible (P.Maragall y J.Clos entre otros).
"DIAGONAL* : ¿Quién crea una plaza?, ¿los arquitectos y diseñadores en sus gabinetes y despachos?, o ¿la gente, transitándola y habitándola, en definitiva, viviéndola? Para encontrar una respuesta a tal pregunta, decidimos hacer un pequeño experimento y pasar una calorosa tarde de julio deambulando por la plaza más grande de Catalunya, del Estado español y de Europa, y la segunda en dimensiones a nivel mundial justo detrás de la de Tiananmen, en Pekín. ¿Cuál es esa plaza?, os preguntaréis. Pues ni más ni menos que una con 16 hectáreas de extensión, la del Parc del Fòrum, en Barcelona. Sin embargo, para entender el por qué de las dimensiones y la situación actual de esta plaza hay que remontarse, no solo a su más inmediato origen, sino también a la forma de entender la ciudad que tuvieron sus creadores.

Aunque se suele señalar a los Juegos Olímpicos, celebrados en Barcelona en 1992, como el punto de inflexión más importante en la transformación urbana que ha venido sufriendo Barcelona, la verdad es que habría que remontarse a años antes, incluso décadas, si quisiéramos poner fecha y hora al inicio real de dicho proceso. Ya durante el controvertido periodo de gobierno de Josep Maria de Porcioles, alcalde franquista que rigió el destino de la ciudad de 1957 a 1973, fue patente la obstinación por recuperar la idea de la “Gran Barcelona”, traducida ésta en un desarrollo urbanístico sin precedentes caracterizado, básicamente, por la proyección de la ciudad como sede de congresos y ferias internacionales. Para llevar a cabo esta idea, el régimen necesitaba espacio, es decir, suelo urbano. En este sentido, el auge que la economía franquista experimentó durante los años 60 y 70 del pasado siglo, creó las condiciones necesarias para la obtención de cuantiosas plusvalías gracias a la recalificación descontrolada de suelo. Unas recalificaciones producidas al margen de los planes generales, sistemáticamente modificados para convertir zonas industriales en residenciales y áreas rurales en edificables. A todo este proceso no fueron ajenas las clases dominantes de la capital catalana que, al calor de las recalificaciones de terrenos y con el apoyo de la dictadura, logró grandes beneficios.

Fue a partir de aquella época que grandes empresas constructoras e inmobiliarias, propias de la oligarquía franquista, consolidaron su poder político y económico. De hecho, muchas de ellas permanecen hoy en pie, como la promotora inmobiliaria Juban, de la familia Banús, el grupo DRAGADOS, la constructora ACS de Florentino Pérez y, en parte, de la familia March, o el grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), de la familia Koplowitz. Los orígenes del éxito económico del Estado español de los últimos años del siglo XX y principios del XXI, basado principalmente en la especulación inmobiliaria, podemos encontrarlos ya durante el frenesí desarrollista ocurrido hace más de cinco décadas. En la Ciudad Condal destaca de sobremanera el Plan Barcelona 2000, presentado por el mismo alcalde Porcioles en 1967 con el objetivo de “regenerar y dignificar la ciudad”, “embellecer la vía pública” y acabar de una vez por toda con “el desorden de los barrios populares”. De esta forma, podríamos decir que la era porciolista es el origen de eso que conocemos como “el urbanismo de las grandes obras públicas”, un eufemismo tras el cual se esconde la colaboración pionera entre los sectores público y privado en la promoción de grandes obras que facilitaban enormes beneficios económicos. El ambicioso Plan de la Ribera, de finales de los 60, por ejemplo, es otro de los proyectos que manifestaron esta línea de actuación. A pesar de la destitución de Porcioles en el año 1973, el legado ideológico de estos planes fue recogido finalmente por el Plan General Metropolitano de 1976, origen de la planificación actual, y prueba más que evidente de que el periodo democrático ha supuesto, únicamente, la consolidación de un modelo urbanístico ya prefigurado durante la Dictadura.

Con la construcción del complejo comercial y urbanístico de Diagonal Mar en el año 2001, enfocado hacía las clases medias y altas y ciertamente aislado de los barrios circundantes, estas dinámicas alcanzaron el margen derecho del río Besòs, generando una fuerte desarticulación del tejido urbano. Barrios fuertemente estigmatizados, como la Mina, quedaron definitivamente aislados y ocultos a la sombra de imponentes estructuras hoteleras, inmobiliarias y comerciales de la zona recuperada. Es en este punto cuando llegamos al origen del actual Parc del Fòrum.

Con la puesta en marcha del Projecte Fòrum 2004, la urbanización del terreno comprendido entre la Rambla de Prim, la Gran Via, el río Besòs y el mar, se convirtió de repente en un propósito internacionalmente promocionado y reconocido. Para hacernos una idea de sus dimensiones, basta echar un ojo a la superficie objeto de intervención, ya que, conjuntamente con el área del Distrito 22@ y Diagonal Mar, el espacio transformado llegaría a sumar más de 330 hectáreas, cifra cuatro veces superior a la intervenida durante los Juegos Olímpicos. Con un presupuesto, generado mediante la consabida colaboración público/privada del Modelo Barcelona, de más de 3.200 millones de euros, la recalificación de la zona preveía un campus universitario, hoteles, una zona de negocios, pisos para niveles altos de renta, en venta libre y alquiler, un puerto turístico y, cosa digna de subrayar, un gran área de equipamientos para toda la ciudad. Es dicha gran área de equipamientos lo que hoy conocemos como Parc del Fòrum, una obra que funcionó como inmejorable justificación para llevar a término la conversión de un área históricamente muy significativa, pero hasta entonces mantenida en precario y olvidada, en una nueva centralidad consagrada al ocio y al consumo, así como a encuentros y congresos de calado internacional. Sin embargo, a día de hoy, las mismas administraciones que lo pusieron en marcha reconocen que la transformación de la zona no ha producido todavía un “tejido social dinámico”.

Quizás el motivo de la inexistencia de este tejido tiene que ver más con el hecho de que los espacios no son producidos por urbanistas y políticos, sino por la gente que lo ocupa y lo usa. A no ser, claro está, y como se ha intentado demostrar con los párrafos precedentes, que lo que haya detrás no sea más que una operación inmobiliaria de grandes dimensiones que únicamente persiga el enriquecimiento de las empresas del sector en base a la recalificación y venta del suelo urbano. Operaciones que, como ha señalado estos días la Sindicatura de Cuentas de Catalunya evidencian, además, numerosas irregularidades a través de incumplimientos de la normativa en la contratación pública, en la elección de patrocinadores, en la planificación real de necesidades, etc.

Durante el experimento, en esa tarde calorosa de julio, fuimos testigos de cómo esos espacios, señalados como emblemáticos, comprometidos, icónicos, encantadores, íntimos y placenteros por la propaganda oficial, se encontraban ocupados por skaters que aprovechan el inmenso vacío para hacer piruetas y carreras, personas sin techo ni hogar, o nómadas urbanos según el discurso oficial, que bostezaban en las pocas sombras de la plaza, y esporádicos grupos de vecinos de los populares barrios cercanos que celebraban picnics, algo que, para poder realizarse, no hubiera necesitado de una inversión tan millonaria. En definitiva, el Parc del Fòrum se convierte, estos días, en una plaza sin gente tomada por gente sin plaza.

* Observatori d’Antropologia del Confl(OACU), Jose Mansilla y Giuseppe Aricó (OACU)

* Diagonal - 23.7.14
Foto: Barcelona, Forum de las Culturas - G.Aricó

.................................... Leer más...

Valencia.- Anticorrupción investiga adjudicaciones en 2009 a residencias de la familia Cotino

Siguen las noticias de corrupción en la C.Valenciana. Ahora la fiscalía está investigando unas adjudicaciones residenciales concedidas a familiares por el exconsejero 'popular' de Bienestar Social, J.Cotino, actual presidente de las Cortes valencianas. En estas concesiones irregulares de obras está implicado también el omnipresente empresario alicantino E.Ortiz, imputado en los casos 'Gürtel' y 'Brugal'. Como se ve un asunto gravísimo en el que está imputado uno de los capos 'populares' y que, en su día, ya dio que hablar al pedirse su dimisión como presidente de las Corts. La justicia lo dejó pasar entonces y ahora hay que esperar que actúe con mayor diligencia y llegue hasta el final de esta actividad urbanística mafiosa.
"ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción de Valencia investiga desde el pasado 16 de julio unas adjudicaciones por valor de 15 millones de euros concedidas en 2009 por la consejería de Bienestar Social, que entonces presidía Juan Cotino, actual presidente de las Cortes, a la empresa Centros Residenciales Savia. Esta sociedad estaba participada por Sedesa, vinculada a la familia Cotino a través de su sobrino Vicente. El ministerio público, que recibió a principios de julio una denuncia del grupo parlamentario de Esquerra Unida (EU), cree que estos contratos públicos podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

EU aportó con su denuncia los expedientes de las adjudicaciones, así como las transcripciones de unas conversaciones mantenidas en agosto de 2009 por Vicente Cotino y el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal y en el caso Gürtel. En ellas, el sobrino del dirigente popular lamenta la destitución de su tío al frente de Bienestar, ocurrida un día antes: “Coño, era una consejería que me estaba adjudicando obras que tengo que dejar de licitar”. La revelación de esta conversación el pasado mes de junio provocó una avalancha de peticiones de la oposición al presidente del Parlamento valenciano para que dimitiera de su puesto. Cotino respondió por aquel entonces que nunca había “metido la mano” en la caja ni dejado que nadie lo hiciera. También aseguró que nunca hizo adjudicaciones a empresas de su familia desde ninguno de los cargos que ha ocupado.

En el momento de producirse las concesiones investigadas por la Fiscalía Anticorrupción, las plazas para personas mayores en geriátricos subvencionadas por la Generalitat estaban limitadas al 33%. Poco antes de salir de la Consejería de Bienestar, en 2009, Juan Cotino eliminó ese techo, ampliándolo al 66% de las plazas primero, y llegando, más tarde, a comprometerse con el sector a subvencionar el 100% de las plazas de ancianos en situación de dependencia. Ya en 2010, con el político popular fuera del departamento, el estado de las finanzas valencianas hacía evidente que esto sería imposible.

Según la denuncia de EU, gracias a las decisiones adoptadas por Cotino, el Grupo Savia multiplicó casi por tres las 716 plazas subvencionadas que tenía en 2006 y pasó de poseer 13 centros a 21 en 2009.

EU pide llegar hasta el final

Tras dar a conocer la resolución de Fiscalía, la diputada autonómica de EU Esther López Barceló se mostró satisfecha por la apertura de diligencias. Barceló espera que “se llegue hasta el final” y que se depuren todas las responsabilidades penales y políticas. Éstas últimas, en su opinión, “tendrían que haberse asumido ya por parte del señor Cotino, quien tendría que haber abandonado hace mucho tiempo su cargo como presidente de las Corts”.

“El mismo proceso de concesión de plazas subvencionadas se ha repetido en 2013, siendo ya la nueva consejera Asunción Sánchez Zaplana, ha aumentado la cantidad a 22 millones de euros y de nuevo recayendo muchas de las adjudicaciones en las empresas vinculadas a la familia Cotino”, añadió la parlamentaria a través del comunicado. Barceló cree que los valencianos necesitan “una limpieza” de sus instituciones, ya que hechos como este “dan la imagen de una Administración al servicio de una red clientelar y familiar”.

La primera —y, al cierre de esta edición, única— reacción por parte de la Generalitat la dio el consejero de Sanidad, Manuel Llombart, que recordó que aún no hay ningún proceso abierto, aunque admitió que al Consell “le precupa cualquier cosa investigada por la Fiscalía”. Según él, sin embargo, lo único que hay es una información llegada a las manos de la Fiscalía Anticorrupción, que “tiene la obligación de verla”.


* El País - GUILLERMO HILDEBRANDT - 24.7.14
Foto: Valencia, Cotino en las Corts - abc

.................................... Leer más...

Madrid.- Patrimonio Nacional exige al Museo del Prado que le devuelva sus obras maestras

Asunto controvertido este de los bienes y obras de arte públicas, y de los entes encargados de su custodia y mantenimiento. Sin duda tiene más de cuestiones jurídicas especializadas que de efectividad práctica. Además se trata de obras de arte pertenecientes al pueblo español y que dos organismos públicos se estén tirando los trastos a la cabeza, suena más a política de salón e intereses inconfesables. La guerra librada por los presidentes de ambas instituciones públicas no debe ser tratada simplistamente, sino que debería servir de acicate para la mejora de la conservación de estas obras maestras del arte universal, con vistas a nuevas adquisiciones y a necesarias actividades culturales de difusión.
"ELCONFIDENCIAL* : Patrimonio Nacional declara la guerra al Museo Nacional del Prado. Tal y como ha podido saber este periódico, Miguel Zugaza, director del museo, acaba de recibir una carta firmada por el presidente de Patrimonio Nacional, José Rodríguez-Spiteri Palazuelo, en la que le reclama las obras maestras cuya cesión a la pinacoteca regularizó la institución que preside en 1998, y que allí descansan desde 1936. Hablamos de piezas esenciales de la historia de la pintura y fundamentales para el prestigio museográfico del Prado: El descendimiento de la cruz, de Roger Van der Weyden, de 1435; El jardín de las delicias, del Bosco, de 1500; La mesa de los siete pecados capitales, también del Bosco; y El lavatorio, de Tintoretto, de 1548. Las dos primeras figuran entre las 15 pinturas capitales en la página web del museo.

El origen del movimiento está en la inauguración del nuevo Museo de las Colecciones Reales, en 2016. José Luis Díez, nombrado director del museo, quiere lo mejor de sus fondos para enseñar en la institución de la que es responsable. En este periódico, que adelantó su nombramiento, también le preguntamos en la primera entrevista concedida tras su nombramiento acerca de estas obras en depósito y él no negó el regreso de las pinturas.

Entonces, recién llegado a su despacho directamente del Prado (era el antiguo responsable de pintura del siglo XIX allí) aclaró que, cuando diseñaran el plan museológico, tomarían una decisión. “En tanto que las piezas funcionen para ese discurso será cuando descendamos al detalle de la selección de las piezas. No me planteo ninguna actuación que no sea contar con las colecciones propias”, aseguró tajante.

Hoy ya sabemos cuáles quiere, porque –además– figuran en la nueva página web de Patrimonio Nacional, en la que por primera vez se ha incluido un capítulo dedicado a las colecciones reales. Dentro de él aparece una selección de 25 obras en las que se han incluido las piezas de la polémica. El Confidencial ha podido saber que la creación de la web ha sido un empeño personal de José Luis Díez nada más aterrizar en su despacho y ha estado especialmente preocupado por incluir las cuatro pinturas con cuatro nuevas fichas museográficas, distintas a lo que se puede leer de ellas en la web del Prado.

Relaciones congeladas

A pesar de que Zugaza niega esa carta y tener noticias al respecto, fuentes cercanas a presidencia de Patrimonio aseguran a El Confidencial la implicación del presidente en la decisión. Sin embargo, Patrimonio Nacional ha confirmado a este periódico la existencia de la carta. Además, esta institución indica en esa carta, como medida de presión para la devolución y actualización de los préstamos, que a partir de este momento las relaciones quedan congeladas entre ambas instituciones.

La primera víctima colateral de esta disposición es la exposición Bernini y España, que tiene fecha de inauguración el próximo octubre, comisariada por Delfín Rodríguez Ruiz. El catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid trabajaba en el montaje de la que será la primera muestra temporal en este país de uno de los artistas más influyentes del siglo XVII cuando se enteró de la negación de Patrimonio del préstamo de obras capitales para su discurso museográfico. Este punto sí lo confirma Miguel Zugaza a este periódico, pero ha preferido no detallar el motivo.

Esto puede desatar una guerra mucho mayor a la que libró el Prado cuando reclamó al Museo Reina Sofía –para el frustrado proyecto de ampliación en el Salón de Reinos– el Guernica de Picasso. La diferencia en este caso es que los cuadros pertenecen a Patrimonio Nacional y llegaron por primera vez al Prado en 1936, cuando la Junta Delegada de Incautación, Protección y Conservación del Tesoro Artístico Nacional del Gobierno de la República las trasladó al museo para impedir su destrucción durante la Guerra Civil. Más adelante, en 1943, se firmó un decreto que establecía el “depósito temporal”. En 1998 se renovaron los depósitos y ordenaron la cesión mediante acta de regularización.

José Luis Díez ha diseñado una estructura de museo que “no es una acumulación de piezas, sino una selección de la excelencia de las colecciones”. La web ya anuncia las 25 mejores. “No se trata de tener un modelo enciclopédico como puede ser el diseño del Prado, donde ves toda la evolución de Ribera como pintor”, explicaba el director a este periódico. “Esto ayudará a entender los gustos coleccionistas de los monarcas”.

Esas “excelencias” estarán ordenadas por reinados, desde los Austria a los Borbones. La primera obra será una de Juan de Flandes y la última el retrato real de Antonio López. Desde un retrato de Isabel la Católica a la familia de Juan Carlos I, con la presencia de Roger Van der Weyden, El Bosco y Tintoretto. Esto supone una descapitalización de patrimonio para El Prado.

En la primera planta se presentará el gusto artístico de la casa Austria, en la segunda planta Borbones y la tercera irán ubicadas las temporales, con una sala de 1.600 metros cuadrados diáfanos, tal y como nos comentó el director. “El visitante recorrerá el mecenazgo de los reinados y, al tiempo, la Historia de España”, añadió. Si el éxodo de obras se consuma, también podría sumarse a la partida La Anunciación, sublime obra de Fray Angélico perteneciente al Monasterio de las Descalzas Reales, que ingresó en el museo en 1861.


* El Confidencial - Peio H. Riaño - 24.7.14
Foto: Museo del Prado: Jardin de las Delicias por El Bosco

.................................... Leer más...

Segovia.- El TSJ anula las nuevas normas urbanísticas de La Lastrilla

El urbanismo descontrolado y la especulación que existe en el entorno de la ciudad de Segovia ha permitido Normas Urbanísticas como las ahora anuladas en el municipio de La Lastrilla. Claramente fuera de lugar el crecimiento desmesurado que se preveía para esta pequeña población, quintuplicando irregularmente el número de sus habitantes. Algo que, por lo demás, es un caso bastante habitual en la zona de influencia de las capitales, el realizar estas operaciones territoriales salvajes, con un tipo de construcciones, además, que no suelen tener los standards adecuados para un urbanismo de calidad.
"ECOLOGISTAS* : En una sentencia, de fecha 13 de junio de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado las nuevas normas urbanísticas de La Lastrilla. Esas normas habrían permitido quintuplicar la población del municipio, ya que hacían posible la construcción de 6.128 viviendas (correspondiente a unos 19.000 habitantes) en una población que en la actualidad tiene sólo 3.562 habitantes censados. Las normas anuladas ampliaban el suelo urbanizable más allá de la vía de circunvalación SG-20, algo que consideraba inadecuado Ecologistas en Acción, pero que también era juzgado como erróneo por la Dirección General de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, en un informe elaborado en abril de 2010.

Este planeamiento urbanístico, fuertemente expansivo, fue aprobado con el voto en contra de la oposición municipal, que argumentó que no existían las infraestructuras necesarias por lo que “los problemas de abastecimiento de agua se agudizarían”.

La Confederación Hidrográfica del Duero, en un documento fechado el 15 de noviembre de 2010, informaba desfavorablemente las nuevas normas urbanísticas “al no tener garantizado el suministro de los recursos hídricos”. La CHD hacía notar que, en el momento de elaborar ese informe, se estaban elaborando las nuevas normas urbanísticas de todos los municipios que componen la Mancomunidad de La Atalaya: San Cristobal de Segovia (unas 1.800 viviendas), las de Tres Casas (más de 700 viviendas), las de Palazuelos (más de 9.000) y las de La Lastrilla (más de 5.000). El informe de la CDH concluía, textualmente:

“Por la tanto, entre los 4 municipios se prevén construir más de 17.000 viviendas, que con un índice de ocupación media de 3 hab/viv supondrían un incremento poblacional de más de 51.000 habitantes. Puesto que con Ia concesión vigente y con Io que se encuentra en tramitación se podría abastecer a un máximo de 21.435 habitantes, este Organismo de cuenca no puede garantizar la disponibilidad de recursos hídricos para los mencionados planeamientos generales, entre los que se encuentran las Normas Urbanísticas de La Lastrilla”.

La decisión de presentar unos planes urbanísticos faraónicos ha acabado por volverse contra sus inspiradores y promotores. Si los municipios hubieran optado por hacer unas previsiones urbanísticas más realistas, el veredicto de la CHD habría sido otro. Ha sido, por tanto, la ambición desmedida, el afán por crear cantidades crecientes de suelo urbanizable, a todas luces innecesario, la que ha acabado por hacer inviables los planes.

En la actualidad, el número total de habitantes de los cuatro municipios que componen la Mancomunidad de la Atalaya (datos del padrón de 2013) es de 12.163. De acuerdo con la CHD, las concesiones de agua de la Mancomunidad permitirían abastecer a 21.435 habitantes, cifra que haría posible un cómodo crecimiento de los cuatro municipios. Sin embargo, como hemos visto, los planes urbanísticos presentados por los ayuntamientos contenían unas pretensiones totales de crecimiento de 51.000 habitantes. Una cifra que no sólo no resulta realista, sino que supera sustancialmente las concesiones de agua con que cuenta la Mancomunidad. Y precisamente este hecho es el que ha motivado la actual resolución judicial.

La anulación de las normas de La Lastrilla hace que vuelvan a estar vigentes las normas de 1999, que también contenían gran cantidad de suelo urbano y urbanizable, aún sin desarrollar. Según los datos contenidos en la “Ficha Municipal 2012”, en esa fecha el municipio contaba con 1.409 parcelas urbanas, de las que sólo 807 (51%) se encontraban edificadas, siendo las restantes 602 (49%) solares. Además, según la misma fuente, del total de 1.045 viviendas existentes en el municipio, 210 se encontraban vacías. Por otra parte, la población total del municipio ha experimentado un crecimiento moderado en los últimos años, pasando de 3.137 habitantes en 2008 a 3.562 en 2013 (menos de 100 nuevos habitantes / año).

Ante este conjunto de datos, Ecologistas en Acción de Segovia se ha dirigido al Ayuntamiento de La Lastrilla solicitando que se elabore un nuevo plan que sea acorde con el tamaño y características del municipio y que incluya unas dotaciones de suelo urbanizable razonables. La asociación ha solicitado al municipio que los terrenos urbanizables no superen, en ningún caso, el cinturón de la SG-20.

La sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.


* Ecologistas en Acción - 10.7.14
Foto: La Lastrilla (Segovia) - lalastrilla

.................................... Leer más...

“Robé, sí, pero poquito”

Acostumbrados a la creciente corrupción urbanística político - financiera de España, a veces pasamos por alto lo que ocurre en países como México, donde también la corrupción es enorme, como demuestran las estadísticas y la opinión mayoritaria de la población que sufre, lamentablemente, esta terrible lacra social. La confesión del alcalde mexicano de San Blas (en la costa del Pacífico), y otros escándalos, reflejan los pocos logros anticorrupción obtenidos en el país hermano.
"ELPAÍS* : A Hilario Ramírez Villanueva, dueño de una empaquetadora de mangos, le gusta pasearse por el pueblo de San Blas, en la costa del Pacífico, con sombrero vaquero y la camisa desabrochada hasta el ombligo. Así iba la tarde del 8 de junio en que, ante unos 50 vecinos, más bien aburridos por el acto electoral de su exalcalde, soltó la frase que ha entrado en la historia pequeña de México. Subido a un escenario y micrófono en mano, disparó: “Me han criticado porque me gusta mucho el dinero. ¿Y a quién no le gusta? [Y también dicen] que le robé a la presidencia. Pues sí le robé, sí le robé, sí le robé, pero poquito, porque estaba bien pobre; fue nomás una rasuradita”.

Le robé pero poquito. La frase, captada en un vídeo y colgada en Youtube, recorrió como una descarga eléctrica el espinazo del país norteamericano desatando primero la risa, luego el escándalo y ahora, más de un mes después, el desencanto: el candidato independiente Ramírez se ha proclamado alcalde con el 40% de los votos. “Como verá, no me fue tan mal. Y es que ellos saben que eso de robar no es cierto, que yo soy un hombre del pueblo, que yo me dedico al bien, que ayudo a los pobres, que hay pocos como yo”, se ufana Ramírez en conversación con este periódico. A diferencia de cuando ganó en 2008, que acudió a la toma de posesión a lomos de un purasangre valorado en 250.000 dólares, esta vez el empaquetador de mangos celebró su victoria repartiendo billetes de 20, 50 y 100 pesos a quien se le acercó. Lo conociese o no. Una imagen que, para muchos mexicanos, representa el triunfo de la degradación política.

“Es un personaje terrible que habla de nosotros y de la permisividad que hay con determinadas conductas. Hemos avanzado legalmente, pero nos falta acabar con la impunidad. Sin castigo no hay rendición de cuentas. Y aquí, de momento, quien persigue realmente es la justicia estadounidense, parece que tengamos un outsourcing [subcontrata] judicial con ellos”, afirma Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano de Competitividad. Su opinión expresa un sentimiento muy extendido y que se ancla en una experiencia que se vive con especial amargura en el ámbito público, donde uno de cada siete mexicanos confiesa haber sufrido esta lacra. El resultado es una fuerte pérdida de confianza en la autoridad, como demuestra, según el Instituto Nacional de Estadística, que la población ponga en la cúspide de la corrupción a la policía (90%), los políticos (84,4%) y el ministerio público (78,4%).

Las promesas para acabar con este deterioro han sido casi tantas como los silencios que las han seguido. La última y más sonora llegó en noviembre de 2012 con el anuncio de crear una Comisión Nacional Anticorrupción destinada a eliminar las purulencias del aparato administrativo. Casi dos años después, la iniciativa sigue congelada en el Congreso y sin que figure en la agenda de los partidos, absorbidos en la reforma de la energía y las telecomunicaciones.

Donde sí se ha registrado algún avance es en el combate cuerpo a cuerpo. Con los nuevos aires que soplan en México, personajes que antiguamente eran intocables han empezado a caer. La primera en ser fulminada esta legislatura fue Elba Esther Gordillo, líder del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La Maestra, como se la conocía, fue encarcelada en 2013 bajo la acusación de malversar 200 millones de dólares. La detención de esta compradora compulsiva capaz de llevarse de una tacada 10 pares de zapatos de Jimmy Choo o diamantes por valor de 350.000 dólares en Tiffany, se entendió como una señal del presidente Enrique Peña Nieto. Tras ella ha venido una cascada de altos cargos. Los hay de todos los colores. “No hay un partido anticorrupción, todos están afectados. Incluso el PAN, que tenía fama de incorruptible, la ha perdido tras su paso por el poder”, señala Pardinas.

En el ramillete de caídos, destacan, por el peso que les otorga el sistema federal mexicano, los gobernadores. Y entre ellos brilla como una perla negra Tomás Yarrington, que llegó a postularse en el PRI como aspirante a la presidencia de México. Este antiguo gobernador de Tamaulipas, un Estado fronterizo con Texas, se dio a la fuga después de que la justicia estadounidense ordenase su captura por fraude bancario, lavado de dinero negro, cobro de sobornos del cártel del Golfo e incluso contrabando de cocaína. Desde el limbo del prófugo, el elegante Yarrington, que se presenta como un “enamorado de su país”, ha abierto recientemente una página de Facebook en la que defiende su inocencia y se declara víctima de una persecución política.

En el vecino Estado de Coahuila también gozan de la experiencia de un gobernador en fuga. Se trata de Jorge Torres, nuevamente del PRI, buscado por blanqueo de dinero, y cuyo rostro, antaño poderoso, acaba de ser colgado en las páginas de la DEA, la agencia antidroga estadounidense, junto con una variopinta gama de fugitivos malencarados. La recompensa, se indica, es negociable.

A otros no les ha dado tiempo a escaparse. En la levantisca Michoacán, cuna de las autodefensas, el priísta Jesús Reyna, secretario de Gobernación y que fuera mandatario interino en 2013, durante la etapa más virulenta del enfrentamiento con los narcos, ha sido encarcelado por sus nexos con el cártel de Los Caballeros Templarios, al que supuestamente combatía. Y su jefe durante años, el gobernador electo Fausto Vallejo, ha renunciado hace pocas semanas alegando “motivos de salud” justo cuando se destaparon los supuestos vínculos de su hijo con dicha organización criminal.

La lista es larga y alcanza en una escalera descendente a amplios espacios de la administración. Los periódicos destapan casi a diario nuevos casos. Los ceses están a la orden del día. Pero la insatisfacción sigue ahí. “México ha avanzado mucho en temas de transparencia, se han descubierto asuntos que antes permanecían ocultos. Ahora se habla de ellos, se publican, pero falta el siguiente paso, porque la impunidad sigue ahí. Se necesita una amenaza de sanción creíble. Se destituye, se inhabilita, se imponen multas, pero rara vez se condena a prisión”, explica Eduardo Bohórquez, director en México de Transparency International, organismo que sitúa al país en el puesto 106 (de 177) del Índice de Percepción de la Corrupción, a la altura de Níger.

Las soluciones pasan, según los analistas, por un fortalecimiento de los aparatos de justicia y la generación de un régimen punitivo creíble. Ese es el camino, señalan, para recuperar la deteriorada confianza en los políticos. Un estamento que, en palabras del recién elegido alcalde de San Blas, Hilario Ramírez, está representado por “chupadores que se han olvidado del pueblo”. No como él, que ya ha anunciado para su próximo cumpleaños, el 22 de febrero de 2015, una gigantesca fiesta con actuación de la muy popular Banda El Recodo, el sacrificio de 50 reses y el reparto de 50.000 cartones de cerveza. Exactamente cinco por cada habitante de su pueblo. Es su forma “honrada” de hacer política.


* El País - JAN MARTÍNEZ AHRENS México 20 JUL 2014
Foto: Hilario Ramírez Villanueva en una imagen de Youtube.

.................................... Leer más...

Málaga.- La cúpula de Urbanismo, bajo sospecha por una reclasificación de suelo en Churriana

Las ilegalidades en el urbanismo malagueño no se acaban solo en la famosa Costa del Sol, sino que en la propia capital son moneda corriente de clanes especuladores y mafias de todo tipo que tienen gran influencia en el ayuntamiento 'popular' de la capital. Una reclasificación en el barrio de Churriana ha hecho saltar los resortes de la Guardia Civil que está investigando este importante pelotazo urbanístico. Incluso ha habido la detención de uno de los propietarios mafiosos del suelo, al que se le ha requisado un gran arsenal de armas. Otra evidencia más de cómo se actúa por estos lugares malagueños cercanos a la costa.
LAOPINIÓN* : La Guardia Civil mantiene desde hace semanas una amplia investigación centrada especialmente sobre los responsables de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga en relación con la reclasificación para urbanizable de más de 300.0000 metros cuadrados de suelo de la Sierra de Churriana, considerados por la Junta de Andalucía como suelo no urbanizable de especial protección.

Uno de los beneficiarios de dicha reclasificación es L. A. F. B., con quien el Ayuntamiento tiene firmado un convenio urbanístico sobre dichos suelos, que se encuentra en prisión después que los agentes de la Benemérita, en el transcurso de las investigaciones, le hallaran en posesión del mayor arsenal de armas localizado hasta la fecha en España, según adelantó La Opinión de Málaga en su edición del pasado sábado.

El hallazgo del arsenal de armas fue un hecho inesperado ya que desde un principio la investigación de la Guardia Civil, a través del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza), se ha centrado en las posibles irregularidades de la decisión de la Gerencia de Urbanismo de reclasificar más de 300.000 metros cuadrados de suelo de la sierra de Churriana, pese a tratarse de una zona calificada de especial protección

Convenio urbanístico Pese a ello, la Guardia Civil investiga por qué con ocasión de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Málaga, los responsables de Urbanismo firmaron el 11 de octubre de 2012 un convenio urbanístico de gestión por el que reclasificaban un sector de la sierra de Churriana llamado El Albaricocal, con más de 367.890 metros cuadrados para permitir a sus propietarios la construcción de un hotel de baja densidad (tres plantas).

El convenio fue firmado por el empresario ahora detenido y en prisión L. A. F. B., en representación de un ciudadano finlandés y varias personas más. Las investigaciones del Seprona, con el apoyo del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) han llevado a la detención y encarcelamiento de L. A. F. B. tras descubrirse el gran depósito de armas que tenía ocultos en Rincón de la Victoria.

En compensación por la reclasificación los propietarios cedían al Ayuntamiento 56.957 metros cuadrados de suelo que, en este caso, sí es calificado de especial protección.

El suelo del Albaricocal, como el del resto de la sierra de Churriana, está considerado por la Junta de Andalucía como suelo no urbanizable de especial protección y así está calificado en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM). Para salvar este escollo, el Ayuntamiento acordó el convenio urbanístico con los propietarios del suelo y lo consideró de interés general. De esta forma, según estipula el convenio, se «conjuga el interés municipal de obtener los 56.900 metros de manera gratuita, con el interés de la propiedad de desarrollarlo en condiciones económicas que lo hagan viable».

Sin embargo, la calificación de la Junta como suelo no urbanizable de especial protección supone que todo el suelo del Albaricocal debía haber sido cedido gratis.

La investigación urbanística del Seprona para delimitar que la actuación de la Gerencia de Urbanismo podría suponer un delito contra la ordenación del territorio se inició el año pasado a raíz de las denuncias formuladas por varios pequeños propietarios de la sierra que remitieron a la Fiscalía sus sospechas de que se estaba actuando sobre suelos considerados como zona verde protegida.

La Fiscalía de Medio Ambiente puso las denuncias en manos del Seprona, que desde entonces viene investigando. En una primera actuación el Seprona detuvo a una docena de personas. Entre ellos había dos empleados del servicio de Inspección Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, que fueron expedientados por el Ayuntamiento de Málaga, y un agente del Grupo de Medio Ambiente de la Policía Local de Málaga, que fue apartado del servicio. En los últimos días han sido detenidas varias personas y la titular del juzgado de instrucción 12 ha enviado a prisión al menos a una de ellas, L. A. F. B. como responsable del arsenal de armas encontrado.


* La Opinión - 23.7.14
Foto: Vista aérea de la zona del Albaricocal, en Churriana, que fue reclasificada por el Ayuntamiento de Málaga.- La Opinión

.................................... Leer más...

C.Valenciana.- Diseños de ciudad que desafían la ley

A estas alturas poco se puede añadir sobre una Comunidad como la valenciana que, claramente, se ha situado en cabeza de la corrupción urbanística en España. El panorama que han dejado los especuladores del Territorio es desolador y lo peor es que es muy difícil la vuelta atrás, con lo que estos desmanes quedarán para generaciones futuras que echarán en cara a los dirigentes actuales, con toda la razón, cómo fue posible que este salvajismo, añadido de corrupción, quedaran impunes. A continuación unos ejemplos de cómo algunos tribunales y ciertas normas cuestionan proyectos como el Tram de Castellón o la remodelación del Cabanyal en Valencia por atentar contra el patrimonio.
ELPAÍS* : La reciente sentencia que ha ratificado la anulación del paso del Tram (un proyecto de transporte público en plataforma reservada que prevé conectar la Universidad Jaume I con el Grau) por medio del parque Ribalta de Castellón por vulnerar la ley de patrimonio cultural valenciano hizo estallar a la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig. "Todos los proyectos estratégicos se han sacado gracias al esfuerzo del PP, nunca hemos encontrado la colaboración. Todo ha acabado recurrido en los tribunales, absolutamente todo", dijo exaltada durante la rueda de prensa en la que ofreció la solución del Consell y el Ayuntamiento de Castellón para esquivar la sentencia y que el Tram sí atraviese el parque declarado Bien de Interés Cultural.

La justicia ha sido implacable con el urbanismo diseñado para la ciudad de Castellón. No solo el Tram. Los tribunales han anulado los proyectos estratégicos previstos en la ciudad. El más importante, el PAI Mestrets, el gran plan para la ciudad. Hasta la fecha, varias sentencias han tumbado el proyecto que preveía levantar más de 6.000 viviendas en una zona de masets tradicionales (previo desalojo de sus vecinos y derribo de las viviendas). Este programa se hizo pensando también para construir el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava y la sede de la VIU de Frank Gehry. Varios fallos lo han anulado.

Por anular, en Castellón está abolido hasta el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) redactado en el año 2000. Hasta tres veces se lo ha tenido que decir el Tribunal Supremo al Ayuntamiento. La obcecación del equipo de gobierno para sortear la anulación con modificaciones puntuales obtuvo el tirón de orejas del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia. El primero acusó de haber hecho “un simulacro” del cumplimiento del fallo. El segundo urgió al Consistorio a "dejar de persistir" en la aprobación de un plan que es nulo y que se pusiera manos a la obra para la redacción de un nuevo PGOU. En ello están.

La sentencia contra el Tram ha hecho a la oposición recordar otra, la que declaró ilegal el Auditorio de Castellón cuando ya estaba construido. Entonces, el PP retó al PSPV a pedir la ejecución del fallo que implicaba la demolición del edificio, que siguió en pie. La jugada se repite, pero en esta ocasión la oposición sí se plantea pedir la ejecución si Consell y Ayuntamiento persisten en que los trolebuses circulen por mitad del Ribalta.

"Los políticos pelean por lanzar hacia adelante proyectos en la ciudad sin atender adecuadamente algunos requerimientos judiciales", explica Jaime Prior, presidente del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón. Prior apunta que esta problemática es el resultado de que la denominada "voluntad política" haya suplantado progresivamente al criterio técnico profesional y científico en la praxis del diseño de las ciudades. Este punto de inflexión en la relación entre el técnico y el político, explica, ha sido clave para llegar a la situación actual en la Comunidad Valenciana, con un urbanismo frenado a golpe de sentencia judicial. La Jaume I también ha criticado en un informe la "política de hechos consumados" en la plataforma del Tram.

En Valencia hay casos parecidos como el del Cabanyal. Aprobado en 2001, el plan urbanístico diseñado por el Consistorio para este barrio sigue sin ejecutarse 13 años después. Pensado para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar, a costa del derribo de 1.600 casas del barrio —la mayoría desprotegidas ad hoc—, el proyecto ha sido combatido en los tribunales por los vecinos y luego por una orden del Ministerio de Cultura de 2009, que los suspendió definitivamente porque expoliaba el patrimonio del antiguo Poble Nou de la Mar. La peculiar trama urbana en retícula del barrio marinero, heredada de las alineaciones de las antiguas barracas, era barrida por la prolongación de la avenida.

El Ayuntamiento de Valencia, su gran valedor, y la Generalitat sacaron toda su artillería legal para invalidar la orden pero al día de hoy no han podido. En estos momentos, el Gobierno local, que preside la popular Rita Barberá, tiene una modificación del plan con vistas a ejecutar la prolongación. Pero sus detractores ya advierten, con los escasos datos que tienen a mano, que continua el expolio.

La antigua Tabacalera de Valencia es otro proyecto que se consumó con serías objeciones al derribo de varias de sus naves. El Tribunal Supremo anuló hace justo un año el fallo del Tribunal Superior de Justicia valenciano que avalaba las demoliciones ordenadas por el Consistorio, y le obligó a revisar la operación.

La historia es sencilla. El Consistorio inició en 2005 una operación urbanística para desproteger las naves laterales y traseras de la antigua fábrica pese a su valor patrimonial y a los informes en contra del Consell Valencià de Cultura (CVC), el Colegio de Arquitectos o la Real Academia de Bellas Artes.

El Gobierno municipal firmó con la sociedad Guadalmedina, dueña de Tabacalera, un convenio de permuta por el que el Ayuntamiento recibía una compensación económica de 14,3 millones de euros, además del inmuelbe, hoy sede municipal. La constructora recibió a cambio los solares libres —y recalificados— de las naves derribadas, donde había previstas 320 viviendas, así como un edificio de titularidad municipal en la plaza de América.

Los socialistas calificaron la operación de pelotazo — y la denunció ante la Fiscalía por entender que pudo cometerse prevaricación. El caso no prosperó. La plataforma vecinal Salvem Tabacalera la recurrió ante el TSJ, que la avaló. Los vecinos apelaron al Tribunal Supremo y en julio de 2013 éste exigió al TSJ valenciano que consultase con expertos sobre el valor patrimonial del antiguo complejo fabril, hoy mutilado. Le pidió también que comprobase si la ciudad perdió. como denunciaron socialistas y vecinos, dinero con la valoración por debajo de mercado del suelo entregado a Guadalmedina.


* El País - LORENA ORTEGA / CRISTINA VÁZQUEZ - 20.7.14
Foto: Uno de los Tram que ya circulan por la capital de La Plana. / ÀNGEL SÁNCHEZ

.................................... Leer más...

El Consell de Mallorca reúne a los alcaldes para explicarles la amnistía urbanística

La presidenta del Consell de Mallorca, M.Salom, ha convocado a alcaldes y técnicos de Urbanismo de la isla para tratar de explicar lo inexplicable, es decir la amnistía urbanística en suelo rústico. Después de lo que ha sufrido la isla por culpa del urbanismo depredador y salvaje, que su máxima representante política, del PP, anuncie este cambio en el reglamento de la Ley de Suelo parece un mal chiste. Macabro y, desde luego, prevaricador. Legalizar sin más las infracciones urbanísticas equivale a decir que todo se ha olvidado y que nadie es responsable de las atrocidades cometidas en el Territorio. Algo muy peligroso por los antecedentes y agravios comparativos creados, y ante lo que la justicia, sin duda, debería decir más que palabras.
"DIARIODEMALLORCA* : La presidenta del Consell, Maria Salom, convocó ayer a más de un centenar de personas, entre alcaldes, concejales y técnicos de Urbanismo de todos los ayuntamientos de la isla, para presentarles el reglamento que desarrolla la Ley del Suelo, la norma que ejecutará la amnistía urbanística en suelo rústico. La presidenta apuntó que el nuevo documento tiene el objetivo de "aclarar y simplificar las normativas urbanísticas de Mallorca".

La institución insular se había comprometido a organizar una jornada informativa del nuevo reglamento antes de que el pleno del Consell lo aprobase inicialmente, lo que tendrá lugar mañana día 24.

Maria Salom dio cuenta de los pasos que ha dado el Consell con la Ley Suelo. De una parte, explicó que ya se puede poner en marcha el mecanismo previsto en esta ley para legalizar las infracciones urbanísticas prescritas en suelo rústico común y en suelo rústico protegido antes de 1991, una vez publicado el acuerdo de pleno en el BOIB. "Legalizaciones que sólo podrán aplicarse en los casos en que la disciplina urbanística ya no puede actuar, ni con sanciones ni con demolición", remarcó Salom.


* Diario de Mallorca - 23.7.14
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org

.................................... Leer más...

El juez imputa al excoordinador de Urbanismo de Torredembarra

Otro municipio catalán bajo la acusación de corrupción: en Torredembarra (Tarragona), gobernado por CiU, las ilegalidades se multiplican y por fin parece que la justicia se ha dignado a actuar contra el excoordinador de Urbanismo, J.Vila, por delitos contra la administración pública. En el fondo hay un cúmulo de contrataciones de obras y facturas irregulares realizadas por el ayuntamiento de la localidad. Lo que no se entiende es que no haya más responsable municipales de esto, aunque seis concejales y el propio alcalde ya fueran imputados hace poco tiempo, tras registro policial del ayuntamiento. Solo esperar que la justicia actúe con más decisión en este claro ejemplo de corrupción urbanística.
"LAVANGUARDIA* : El titular del juzgado nº1 de El Vendrell (Tarragona) ha imputado al excoordinador de Urbanismo de Torredembarra, arquitecto y exdiputado de CiU, Jaume Vila, por un presunto delito contra la administración pública, según fuentes próximas al caso. Vila supervisó las obras del aparcamiento municipal de Filadors y, al parecer, también cobró más de 22.000 euros en facturas autorizadas directamente por el exalcalde Daniel Masagué (CiU) entre julio del 2009 y febrero del 2010.

El grupo municipal del PSC ya llevó estas facturas al Tribunal de Cuentas al sospechar que eran injustificadas y esta institución dictaminó que los trabajos se habían realizado, aunque cuestionó el procedimiento administrativo.
El juez investiga, bajo secreto de sumario, un cúmulo de contratos presuntamente irregulares del Ayuntamiento de Torredembarra.

En el marco de esta investigación, el pasado 26 de junio, la Guardia Civil registró el consistorio durante catorce horas y detuvo al alcalde, a seis concejales del equipo de gobierno municipal y a un empresario local.
Posteriormente, el juez ha imputado al empresario Jordi S., cuya empresa había construido el aparcamiento de Filadors, así como a la interventora municipal.

La actuación judicial ha generado un terremoto político en Torredembarra, ya que seis e sus diecisiete concejales están imputados y su alcalde dimitió desde la cárcel el pasado 9 de julio -aunque posteriormente, el día 14, el juez lo dejó en libertad sin fianza-.

El pasado lunes, el pleno municipal tenía previsto nombrar al socialista Enric Granjel como alcalde de transición hasta las elecciones, pero no alcanzó los nueve votos necesarios y se presentó como candidato, por sorpresa, Pere Font (CiU), que resultó elegido sin ningún voto a favor, ni siquiera el suyo, ya que pertenece a la lista más votada en las elecciones.

Se da el caso que el contrato de Jaume Vila vencía el pasado 30 de junio y ya no se ha renovado, por lo que ya no ocupa el cargo de coordinador de Urbanismo.

La oposición intenta buscar salidas a la frágil gobernabilidad del municipio, con una junta de gobierno formada por el propio Font, la única concejala de CiU no imputada, Rosa Maria Guasch, y otro concejal de CiU, imputado en la misma causa.


* La Vanguardia - EFE - 21.7.14
Foto: Torredembarra (Tarragona), guardia civil registra ayto - ACN




.................................... Leer más...

Imputado el alcalde de El Ejido por un pelotazo urbanístico en 2002

Este grave asunto de El Ejido (Almería) sería otro más de corrupción urbanística realizado por un alcalde del PP (y de otros partidos) de un gran municipio, como ha habido tantos en todo el país en los últimos años. Pero llama la atención que la justicia actúe 12 años (doce) más tarde, cuando las consecuencias de la ilegalidad están ya casi caducadas, no solo penalmente, que también, sino sobre todo urbanísticamente: por el enorme tiempo transcurrido desde que se dio el pelotazo por altos miembros del ayuntamiento de la localidad. Como ya hemos remarcado en muchas ocasiones: 'la justicia para ser justa debe ser diligente', algo que no sucede en este caso, dado que el prevaricador, además, ha ascendido al mando del gobierno municipal. Realmente triste y vergonzoso, una vez más.
"ELPAÍS* : El juez FJ.Domínguez, titular del Juzgado de Instrucción 2 de El Ejido ha imputado al alcalde del municipio almeriense, Francisco Góngora (PP), por blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad en documento público y un delito contra la Hacienda pública. Góngora cometió presuntamente estos delitos cuando ejerció como concejal de Urbanismo, con Juan Enciso como alcalde, regidor detenido en la Operación Poniente. Los hechos se remontan al año 2000, cuando la firma Agrícola Euro Alpujarra, de la que Góngora era socio, compró unos terrenos municipales. Estos suelos se recalificaron dos años después.

Mientras que Agrícola Euro Alpujarra efectuó la compra por 300.000 euros, solo dos años después esta sociedad suscribió un contrato privado para la venta por 1,5 millones de esos terrenos con otra mercantil, Murgi Edificaciones, con un beneficio de 1,2 millones. Pero esa compraventa no se escrituró hasta 2007, casualmente el mismo día que la sociedad vendedora compraba a la sociedad compradora unos locales en el Bulevar de El Ejido a bajo precio.

La revalorización de los terrenos fue del 500% en un plazo inferior a cuatro años. Y aunque la escritura pública de compraventa no se firma hasta agosto de 2007, en ella se reconoce haber percibido 400.000 euros el 10 de noviembre de 2004. Este importe coincide con el facilitado en el documento privado de compra-venta pero, por el contrario, en la escritura elevada a público, el importe total que figura de la operación ronda los 900.000 euros. Es decir, unos 600.000 euros menos del precio real reflejado en el contrato privado. De este modo, se ocultó a la Agencia Tributaria un pago del impuesto de sociedades por 296.072 euros nunca abonado, según el auto del magistrado del pasado lunes.

Junto al alcalde están imputados su hermano José Gabriel Góngora Cara, su padre Gabriel Góngora Peralta, su socio y amigo Serafín López Pizarro y el representante de Agrícola Euro-Alpujarra SL. El juez les impone una fianza de 2.368.576 euros que los imputados habrán de abonar en un plazo de 10 días. De lo contrario, se decretará el embargo de bienes “suficientes” para cubrir dichas responsabilidades.

En el auto, el juez requiere al administrador de Agrícola Euro-Alpujarra y Murgi Edificaciones para que aporten los contratos originales de compraventa de 2004 y 2007. Asimismo solicita la asistencia de un agente de la propiedad y de un arquitecto “para la valoración de los inmuebles transmitidos según el precio de mercado existente en la fecha de la transacción”. El magistrado también ordena que la policía judicial averigüe los precios de venta declarados en escritura pública para inmuebles de características “análogas” a los que Góngora y sus familiares y amigos compraron y vendieron en aquel entonces.

La investigación al regidor estuvo a punto de ser archivada, pero la pasada primavera la Audiencia de Almería echó por tierra un auto de la juez sustituta Juana María Gómez Olivar. La Audiencia ordenó “continuar la investigación” al entender que los delitos no habían prescrito, tal y como la juez estimó. La denuncia había sido interpuesta por el Partido de Almería (PAL) [escindido del PP y liderado por Enciso]. Los magistrados Juan Ruiz-Rico, Rafael García Laraña y José María Contreras dejaron claro que la jueza sustituta de El Ejido no había practicado “diligencias de averiguación de los hechos objeto de denuncia”.

La entonces instructora de las diligencias que siguieron a la denuncia presentada por el PAL, Gómez Olivar, consideró que los que interponen la denuncia (el partido PAL) “no pueden personarse en la causa ya que el denunciante no resulta perjudicado por la comisión de esos delitos, por lo que la acción penal ejercitada por el PAL es la acción popular, y para ejercitar esa acción se exige sea mediante querella. Además se exige la prestación de fianza conforme a lo establecido en el artículo 280 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".


* El País - MARÍA JOSÉ LÓPEZ DÍAZ - 22.7.14
Foto: El Ejido (Almería), ayuntamiento - costatropicalinformacion.info

.................................... Leer más...

Cataluña.- Acampadas en la calle presionan para lograr 'daciones en pago' en las hipotecas

Continúa el tema del fraude de las hipotecas de viviendas realizado por los Bancos engañando a multitud de ciudadanos. La 'dación en pago' es una solución que funciona en muchos países de nuestro entorno y que aquí, a pesar de las iniciativas ciudadanas, ha sido frenada por partidos políticos que, a su vez, son deudores bancarios. En todo el país ha sido el PP el que ha encabezado la negativa política, pero con el acompañamiento de otros partidos nacionalistas, como por ejemplo CiU en Cataluña. Ahora la PAH ha salido allí a la calle acompañando a la gente defraudada por Bancos y Cajas estafadores.
"LAMAREA* : “En tu puerta me quedaré hasta que la dación me des”. Tras más de 40 días y varios chubascos, ha quedado diluida la tinta roja sobre la banda de plástico que da la bienvenida a los clientes de Bankia. Desde el día en el que un interlocutor del banco dijo a Mireia que la entidad no le concedería la dación en pago, la joven -que actualmente hace malabares entre los trabajos de activista y madre- tuvo claro que de la entrada del banco en la rambla de Vilanova i la Geltrú no se movería hasta conseguir su derecho a vivir libre de una deuda que no puede pagar.

Con 19 años, una vida entera para disfrutar de su hogar y la idea que comprar un piso era “echar el dinero en una hucha”, Mireia se hipotecó en 2007. “Los dos teníamos trabajo fijo y cobrábamos, dentro de todo, bien. Fue quedarme embarazada y me echaron de Mercadona. Manuel trabajaba en la construcción, y su trabajo también se fue a pique. Y hace ya dos años que no podemos pagar la hipoteca”. El mismo tiempo que tiene Eneko, quien ya ha ido mamando la convicción del ‘sí, se puede’, explica orgullosa.

Hoy, una preocupación principal de Mireia es evitar que el banco embargue el 30% de las dos pensiones contributivas que suman entre los cuatro avalistas que Bankia exigió para concederle el préstamo. Como en la mayoría de casos, fueron los padres de la pareja, sobre quienes hay el riesgo que recaiga la deuda que sigue a la pérdida del piso. “Bankia me ofreció la dación en pago cuando vio que no podría pagar la hipoteca. Me dijeron que todo estaba solucionado y me engañaron. Me ocultaron que, si quería firmar el acuerdo, tenía que ser con una deuda de 60.000 euros”. Ofreciendo el parking y el trastero, quedó en la mitad, aunque el problema no disminuyó proporcionalmente: “Tampoco puedo pagar 30.000. Lo que quieren estos avariciosos es conseguir el dinero de los avalistas”, asegura Mireia.

En agosto, Manuel, que por ahora “va haciendo algún remiendo que le va saliendo”, empezará a cobrar la ayuda de 426 euros y será su única fuente de ingresos. Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de otras organizaciones de la comarca dan cuerpo al campamento que reclama junto a la pareja, desde el seis de junio, una solución para esta familia del pueblo costero de Sant Pere de Ribes (al lado de Vilanova). El apoyo de vecinos y comercios contribuye a que el desgaste de la protesta sea menor. “Si necesitamos una ducha, cargar los teléfonos, ir al lavabo, cualquier cosa, la gente nos ayuda. Incluso nos traen comida de los bares”, comenta una activista. “¡Y una cosa importante!”, añade, irónico, otro miembro de la PAH: “¡Hemos generado puestos de trabajo con la acampada!”. Se refiere al refuerzo de seguridad y de limpieza del banco.

Las semanas de presión han resultado en una rebaja de la deuda, actualmente fijada por Bankia en 16.000 euros. Pero el objetivo de la acampada, irrenunciable, permanece pendiente. Para conseguirlo, cada día procuran trasladar al interior de la oficina bancaria la reivindicación. “Me ven con el megáfono y ya cierran”, bromea Mireia, y no duda de que la estrategia dará sus frutos: “40, 50, 100 días. Me da igual. Acabaran bajando a 0. No les quedará otra. Les va a salir más caro tenerme aquí todos los días que quitarme la deuda, porque casi cada día han tenido que cerrar unas horas. Y días enteros también lo hemos conseguido”.

Mientras que los portavoces de la PAH Garraf aseguran que Bankia mantiene enrocado el caso y remarca que es una postura habitual en las peticiones de dación en pago y quita de deuda, la regidora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, Blanca Albà, reconoce a la entidad bancaria una amplia voluntad de negociación, actitud que opone a la de la PAH en el territorio: “Bankia ha presentado diversas propuestas, ha tenido mucho interés en llegar a un acuerdo. Nosotros las hemos conocido todas y hemos mediado. Pero los usuarios solo aceptan la dación en pago y, por lo tanto, no hay negociación posible”.

Mireia está convencida de que conseguir que la entidad bancaria le retire la deuda y no afecte a los ingresos de sus padres y suegros es un pulso, para el cual se siente con mucha fuerza a pesar de encontrarse en una posición similar a la de David contra Goliat. “Es la única manera de tener un futuro tranquilo y poder ofrecer a Eneko todo lo que necesite”. He aquí la fuente de energía inagotable que compensa el desgaste emocional.

A pesar de que las PAH han conseguido centenares de daciones en pago, Vanesa Valiño, directora del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), apunta que no es suficiente y que debe tenerse en cuenta, además, que hay personas que no llegan a las plataformas. “Lo que tenemos que exigir es seguridad jurídica; que la dación en pago no dependa de estar vinculado a una plataforma, sino que, por ley, tengamos un mecanismo que nos permita deshacernos de una deuda que contrajimos en un momento en el que pensábamos que la podríamos afrontar”.

La presión a pie de calle es la única vía que ha permitido paliar el golpe maestro del negocio bancario entorno al derecho a la vivienda, bajo una descarada connivencia gubernamental. “Mucho defender a los no nacidos pero una vez la familia está formada, a la calle, que malviva, y que la criatura sea carne de cañón para mañana. Yo no quiero un país de asaltadores para mi nieto. Y por esto estoy aquí”, hace constar Ramón, portavoz de la PAH Garraf, que espera resolver el caso de Mireia y su familia en forma de nuevo pequeño gran logro del patrimonio inmaterial de las PAH.

Cinco años de solidaridades y acción directa han ejercido de oposición a una ley que no cuenta con mecanismos de segunda oportunidad paras las familias sobreendeudadas: “No hay país de Europa que no incluya medidas para limpiar la deuda contraída para acceder a la vivienda, porque al mismo sistema económico le interesa que la gente pueda dejar de ser usuaria de servicios sociales y vuelva a ser consumidora”, explica Valiño.

Los grupos de la PAH tienen claro que la presión contra todas las entidades bancarias socialmente irresponsables debe intensificarse. “Conseguirlo depende mucho de las personas afectadas, con casos estancados. Hay motivos para hacer acciones contundentes y falta que digan ‘sí, estamos dispuestas’”, reivindica Jordi, portavoz de la PAH Osona, una comarca del interior de Cataluña en la que hace un mes que una acampada presiona al BBVA para que dé respuesta a cinco familias en dificultades. Mireia comparte el diagnóstico y, concluye, con firmeza: “Hay gente a la que le da pena que estemos aquí acampados, cuando lo que debería darle pena son las personas que, en mi situación, se quedan en casa”.

De la acampada contra el BBVA a potenciar la alternativa bancaria

“El banco no ha movido ni un milímetro su posición, como estrategia de desgaste. Pero, al contrario de lo que buscan, nosotros vamos subiendo el nivel de la reivindicación”, asegura Jordi. La acampada de la plaza Fra Bernadí de Manlleu, iniciada más de treinta días atrás para reclamar diversas daciones en pago, cancelaciones de deuda y alquiler social (que no supere el 30% de los ingresos de la unidad familiar) , ha sido la chispa para encender una campaña de boicot contra el BBVA.

La intención de la PAH Osona es trascender el apoyo a las cinco familias afectadas y potenciar la banca ética en Cataluña, de manera unitaria. Según explica el portavoz, la iniciativa cuenta con el apoyo explicitado de Procés Constituent, CUP, ICV y los sindicatos. “En la próxima reunión de PAH catalanas se pondrá la idea encima de la mesa, para que pase a ser una campaña en la que todo el mundo aparque las siglas para trasformar el modelo bancario, ya que el problema no son las hipotecas, sino el uso que hacen los bancos de nuestro dinero”, sintetiza Jordi.

En paralelo al inicio de la campaña, los activistas de la PAH prosiguen la acampada. “Nos han dejado claro que la deuda es calderilla para ellos -poco más de 50.000 euros entre los cinco casos-, cantidad que se acabaran gastando en el refuerzo de seguridad”, explica Jordi para concluir que, “si no aflojan y mantienen una deuda sí o sí, es para dejarnos claro que ellos marcan las reglas”.

Guillem, portavoz de la PAH Barcelona, coincide en que cada vez los bancos ceden menos a las peticiones de las plataformas. “Es un escándalo cómo la dejadez y parálisis del Govern de la Generalitat, como la del Gobierno estatal, nos deja solos batallando contra gigantes y se lavan las manos cuando hay población a la que se le vulneran los derechos a diario”, denuncia.

El derecho a la vivienda en Cataluña, vía ILP

Entre 2008 y 2013 se iniciaron 98.000 procedimientos de ejecución hipotecaria en Cataluña. “Estamos batiendo récords”, exclama Valiño al respecto, y remarca: “En muchos casos, además de la pérdida del inmueble, implica que perdure una deuda impagable sobre las familias”. Un escenario al que debe añadirse la dificultad, mucho menos visible, de hacer frente al precio del alquiler.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, de los más de 16.000 desahucios que se consumaron el 2013 en Cataluña, el 67% fueron por incapacidad de pago del alquiler. La explicación la encontramos en el paupérrimo parque de alquiler social del país. Sólo representa un 1% del total, una cifra irrisoria en los países del entorno europeo, que rondan el 18%. En Francia, por debajo de un 20% se considera insuficiente y, en el caso holandés, la cifra se eleva hasta el 40% del parque de vivienda.

La tríada promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Medidas Urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética (Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya, Aliança contra la Pobresa Energètica y Observatori DESC) denuncian que en Cataluña hay 448.356 pisos vacios, que representan el 13% del parque total de vivienda. Muchos de ellos, en manos de entidades financieras rescatadas con dinero público.

Para corregir la situación, han llevado la ILP al Parlament de Catalunya, en un segundo intento de forzar, a través de esta vía de proposición legislativa, que la ley ampare, de manera efectiva, los derechos humanos ligados a la vivienda. Se espera la admisión a trámite de la Mesa en los próximos días, para empezar el proceso y conseguir, según el calendario previsto, 50.000 firmas en cuatro meses a partir de septiembre. Un objetivo que parece muy asumible recordando el precedente de ILP de medidas de mínimos ante la emergencia habitacional presentada, y desvirtuada, en el Congreso de los Diputados. 400.000 de las 1,4 millones de firmas se recogieron en Cataluña.

En esa ocasión, el Gobierno español menospreció la voluntad expresada y aprobó una Ley cosmética (Ley 1/2013 de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social) que no ha enmendado los estragos de perder la vivienda y cargar con una deuda tras quedarse sin techo. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el primer trimestre de este año, se han iniciado más de 32.500 procesos de ejecución hipotecaria, un incremento del 19,5% respecto al mismo trimestre de 2013. Cataluña, junto a Andalucía y el País Valenciano, son los territorios con mayor número de casos.

“Cumplir con todos los requisitos, tanto sociales como económicos, que prevé la Ley del PP es muy difícil y, a la práctica, pocas personas pueden acogerse a ella”, explica Valiño, a la luz de las cifras. Para la directora del Observatorio DESC no hay duda de que ha sido un engaño: “La mejor prueba es que las entidades financieras aceptaron las medidas de buen grado. Si hubiera supuesto un perjuicio para sus cuentas, la ley hubiera generado rebotes en lugar de una bienvenida”.

Aprobar la ILP, a modo de segundo asalto, superaría la situación actual en la que cada dación en pago es una batalla que “sudan” las PAH catalanas. “Pedimos soluciones globales porqué los problemas no son puntuales, sino que existe una emergencia habitacional generalizada”, defiende Guillem, quien resume la esencia de la propuesta de ley presentada: “En realidad, pedimos una segunda oportunidad para las familias”.

Sin dejar las acciones cara a cara en las sedes bancarias, la ILP puede abrir un frente de presión sobre las instituciones, “las que tienen la obligación de proteger a las personas y garantizarnos los derechos”, recuerda el portavoz. Si así fuera, Mireia respiraría tranquila. “Lo que estoy deseando es que esto se acabe para pasarme el día echando currículos. Para lo que sea. No se me caen los anillos por hacer ningún trabajo. Y volver a empezar. Primero, en casa de mi madre y después, en un piso de alquiler”. La experiencia le ha roto los esquemas de partida: “No volvería a hipotecarme en la vida”.


* La Marea - Meritxell Rigol - 21.7.14
Foto: PAH, manifestación Barcelona 16F - EFE

.................................... Leer más...

El ladrillo pudo con Sanxenxo

Muchas veces hemos hablado en este blog del lamentable urbanismo del municipio pontevedrés de Sanxenxo; la politización del mismo, con la multitud de ilegalidades cometidas, ha hecho posible una tremenda degradación territorial en cuanto a sus condiciones de habitabilidad. Mientras crece la lista de imputados por estos delitos urbanísticos, las arcas públicas del mayor centro turístico de las Rías Baixas se hunden por el lastre de la construcción. Zona habitual de poderes fácticos mafiosos, desde el contrabando hasta el ladrillo, ha sucumbido a su propia idiosincrasia delictiva. Todo ello permitido por unas administraciones 'populares' cómplices que nunca han estado a la altura de las circunstancias, manejando, eso sí, la utilización perversa de unos electores poco comprometidos con su municipio.
"ELPAÍS* : Con 17.500 habitantes y una población flotante que alcanza picos de hasta 100.000 veraneantes cada año, Sanxenxo acusa el desplome de la construcción como ningún otro ayuntamiento gallego; un sector que fue un auténtico maná para la economía local y el gran pelotazo para los promotores inmobiliarios desde comienzos de la pasada década. Pero además de las arcas vacías por los efectos de la burbuja inmobiliaria, el mayor centro turístico de las Rías Baixas afronta varios procesos judiciales por la concesión de licencias bajo sospecha que ya cuentan con 17 imputados, entre miembros de la cúpula política y técnica de la recién desaparecida Xerencia de Urbanismo, y varias constructoras.

Indicios de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio se derivan de las denuncias presentadas por particulares que tienen sus raíces en luchas internas dentro del PP local, que acabaron en una escisión del partido antes de las últimas elecciones municipales.

Los disidentes se integraron en la formación Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL), contrarios a la elección como candidata de la actual alcaldesa popular, Catalina González, que oficialmente ya anunció su retirada del próximo cartel electoral. González les acusó públicamente de promover el calvario judicial en el que está imputada junto a Encarnación Rivas, actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta y que dirigió esta área municipal durante los últimos años del gobierno del anterior regidor, Telmo Martín.

A la investigación que arrancó en 2012 se sumaron la semana pasada otros dos implicados después de que el caso haya tomado nueva forma con las diligencias divididas en cinco procedimientos distintos, tantos como el número de licencias urbanísticas que se han denunciado.

Alejado de la presión mediática que tomó el caso, el juez de Cambados, Juan Carlos Hermo, que heredó las pesquisas el pasado año, acaba de añadir a la lista de imputados a Juan Lorenzo Ramírez, último gerente de Urbanismo y actual responsable del servicio jurídico del Ayuntamiento por presunta prevaricación y tráfico de influencias en el polémico expediente de la calle Progreso, por el que han pasado por el juzgado varios testigos.

En estas diligencias que se centran en los dos bloques de viviendas edificadas por la constructora Balboa y Chan, en pleno casco urbano de la ciudad, está imputada Encarnación Rivas por presunta prevaricación, delito que podría ampliarse a otro de posible cohecho en su etapa al frente de la Xerencia de Urbanismo, entre 2004 a 2006.

El juez también acaba de imputar un supuesto delito contra la ordenación del territorio a la arquitecta de las obras de unos chalés en Bascuas, Elena L.F. —la segunda pieza judicial— que promovió la constructora Caneleiro Inversión, SL, y donde también está involucrada la alcaldesa por presunta prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Una tercera investigación apunta a la concesión y posterior anulación de la licencia a las empresas Ferro Mesego y Promociones Inmobiliarias Lucasor para construir unos chalés en Dorrón, polémicas obras dada su ubicación y proximidad al cementerio de la parroquia de A Torre. Los dos restantes procedimientos se refieren a la construcción y reformas realizadas en la vivienda del arquitecto técnico municipal, Pablo Guio, y a la legalización de una construcción frente a la playa de Montalvo. Guio y su antecesor en el cargo, Rafael Vázquez Abal, también exgerente municipal de Urbanismo, solicitaron comparecer de nuevo ante el juez para ampliar su declaración del pasado diciembre.

En este momento procesal nadie se atreve a afirmar que la fase de citaciones e imputaciones haya terminado. El rumbo de las diligencias está en manos del juez que ha ampliado las pesquisas sobre algunos expedientes y no ha decidido todavía en qué situación quedará cada imputado; si amplia o rebaja los delitos, incluso si finalmente libera del proceso a alguno de los implicados.

El presupuesto en caída libre

El desplome de la construcción en Sanxenxo se ha llevado por delante la Xerencia de Urbanismo que se creó en 2003 como un órgano independiente que gestionaba las licencias de obras cuando el sector ya se había convertido el principal recurso de este pequeño Ayuntamiento costero. Su volumen de recaudación llegó a superar a algunos consistorios mayores de su entorno, como el de Pontevedra.

El departamento urbanístico se cerró hace dos meses con unos resultados deficitarios derivados de la crisis y con la mayoría de sus técnicos en distintas etapas imputados por varios delitos. Atrás quedaron las épocas de las excavadoras y las grúas, cuando las promociones inmobiliarias se contaban por centenares.

Aunque Sanxenxo siempre fue un imán para las constructoras, el bum alcanzó su punto máximo de 2005 a 2007, cuando se visaron más de 400 proyectos y los ingresos superaron los seis millones de euros. Los números y la recaudación cayeron en picado a partir de 2008 para gestionar apenas medio centenar de licencias, obras menores que generaron poco más de cien mil euros para las arcas públicas.

El presupuesto del Ayuntamiento también se encuentra en caída libre. De los 114 millones de euros que gestionó en 2007 (el segundo mayor de la provincia después de Vigo) pasó a 36 en 2012 para bajar a 31 en 2013, el mismo que se ha prorrogado para este ejercicio.

Aun así, la oferta inmobiliaria de Sanxenxo sigue siendo un gran tirón para la economía local, muy superior a otros centros de veraneo, mientras amplía sus fronteras al turismo hacia zonas menos masificadas de la costa. Los alquileres, por ejemplo, son con mucho de los más elevados de la provincia y el sector servicios continúa generando mucho empleo estacional.


* El País - ELISA LOIS - 19.7.14
Foto: Vista de la playa de Silgar, en el centro de Sanxenxo. / XURXO LOBATO

.................................... Leer más...