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ELPAÍS/Málaga* : La solución a las más de 10.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable en La Axarquía puede resultar tan sencilla como cambiar la ley. Es decir, en lugar de sancionar o modificar lo que es ilegal, variar la norma para que deje de serlo. Así lo piensan los 31 alcaldes de la comarca, sin distinción de color político, que el pasado miércoles aprobaron por unanimidad una moción en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental en la que se insta a la Junta a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
Los alcaldes quieren un reglamento que contemple la particularidad de la zona y permita en ciertos casos viviendas diseminadas en el suelo no urbanizable y modificar también el Plan de Ordenación del Territorio.
Es la misma batalla que los alcaldes de la zona ya plantearon durante la elaboración de la LOUA, que entró en vigor en enero de 2003. Los alcaldes justifican su petición ahora en dar "garantía jurídica a los ciudadanos propietarios de las viviendas ahora fuera de ordenación y para establecer un marco jurídico unitario de aplicación por parte de los responsables municipales".
Y es que los alcaldes axárquicos se quejan de que ha habido un marco normativo "disperso y cambiante", que reprochan a la Junta, y que ha obstaculizado la planificación urbanística del los municipios, cuando no ha habido directrices contradictorias.
El portavoz del PSOE en la Mancomunidad, Francisco Muñoz, explica que con la propuesta "no se trata de querer eludir ninguna responsabilidad", sino de paliar una situación de "desconcierto social" por la incertidumbre de muchos ciudadanos sobre el futuro de sus viviendas y la parálisis total de la actividad de la construcción en la comarca. Para propiciar el reimpulso, la mancomunidad ha instado a instituciones públicas y agentes sociales a firmar un pacto social por el urbanismo en la Axarquía.Los alcaldes de La Axarquía buscan casi a la desesperada soluciones al embrollo jurídico por la proliferación de viviendas en el suelo rústico no urbanizable. Una de sus pretensiones es que la cuestión de la legalidad de las licencias de obras para este tipo de construcciones se sustancien exclusivamente en el ámbito de lo contencioso-administrativo, y no en la vía penal, es decir, que se anulen en todo caso las licencias pero que no se consideren una prevaricación, como tipifica el Código Penal.
Al menos 19 munícipes de la comarca están implicados en procedimientos penales por concesión de permisos para construir en suelo no urbanizable o por no haber actuado para impedirlo. Otra cosa son los casos de corrupción en los que un responsable municipal haya podido incurrir en cohecho. En el escrito que los alcaldes del PSOE entregaron hace dos meses al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, con esta petición de no aplicar la acción penal se excluía explícitamente el caso de Alcaucín, donde la Guardia Civil ha destapado una trama de cobro de comisiones y favores urbanísticos presuntamente tejida por José Manuel Martín Alba, que dimitió como alcalde tras ser detenido el 27 de febrero y fue expulsado del PSOE.
En el acuerdo adoptado por la Mancomunidad de la Costa del Sol Oriental se propone la creación de una mesa de diálogo entre ayuntamientos, Junta y Diputación para "buscar soluciones factibles y aplicables con el objeto de solucionar esta situación de desajuste urbanístico, normativo y legal". Lo curioso del asunto es que esta mesa ya se creó en junio de 2008, justamente pocos días después de que los alcaldes firmaran otro acuerdo rechazando la actuación penal y pidiendo el mismo diálogo.
El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se ha reunido dos veces con los alcaldes, en junio y noviembre de 2008 para abordar el asunto y en ambas dejó claro que no habrá una legalización masiva ni una amnistía. La Junta ha ofrecido a los ayuntamientos un plan de inspección y normalización para identificar caso a caso cada una de las viviendas en suelo no urbanizable y su situación jurídica y urbanística; y abordar las que sean posibles de normalizar y en qué condiciones dentro de los planes de ordenación urbanística que se han de elaborar -ningún municipio del interior tiene plan general-. En principio sólo quedarían fuera de ordenación las que ocupen suelo especialmente protegido. Apenas una decena de municipios ha pedido pedido acogerse a este plan.
Acuerdo unánime
- "Para garantía jurídica de los ciudadanos propietarios de las viviendas ahora fuera de ordenación y para establecer un marco jurídico unitario de aplicación por parte de los responsables municipales, solicitamos a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio la adopción de las medidas oportunas que permitan la modificación de la LOUA y su correspondiente desarrollo reglamentario tal y como prevé la propia norma andaluza aprobada hace siete años. Así como acometer las modificaciones pertinentes que se establezcan en la mesa de trabajo propuesta del Plan de Ordenación Territorial de La Axarquía".
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 11/07/2009
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es
Los 31 alcaldes de La Axarquía exigen cambiar la ley urbanística
El Consell impulsó el PAI de Ulibarri en Xilxes con 4 informes en contra
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LEVANTE/Castelló* : La Generalitat Valenciana impulsó la aprobación condicionada del PAI Xilxes Golf, promovido por un empresario imputado en la trama Gürtel junto al presidente del Consell, Francisco Camps, a pesar de que existían 4 informes desfavorables de distintas Administraciones y decenas de objeciones motivadas por el impacto ambiental y patrimonial del proyecto, según los expedientes de la Conselleria de Medio Ambiente.
Xilxes Golf emergió como una inversión millonaria presentada al Consell por la firma UFC que preside de José Luis Ulibarri, hombre de negocios imputado por el juez Garzón en la presunta trama de corrupción que implica a varios empresarios y altos cargos del PP entre los que sobresalen el presidente Camps, el diputado Ricardo Costa y el ex vicepresidente del Consell y antigua mano derecha de Carlos Fabra, Víctor Campos.
Los trámites para proponer la aprobación definitiva "condicionada" de este PAI de 1,8 millones de m2 en zona de marjal habían sido aprobados por el ayuntamiento en 2005 y fueron respaldados en mayo de 2008 por la Comisión Territorial de Urbanismo, que ofreció un apoyo a medida con decenas de requisitos previos y escenificó incluso una discrepancia con el vocal del Ministerio de Medio Ambiente.
El organismo de la Generalitat utilizó la mayoría del PP para dar luz verde al proyecto con más de 30 condiciones pese a la existencia de informes negativos del Servicio de Carreteras de la Diputación de Castelló, la Oficina del Plan de Carreteras de la Conselleria de Infraestructuras , la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento y la Confederación Hidrográfica del Júcar. En este último caso, el organismo de Cuenca rechazaba el proyecto urbanístico porque no quedaban garantizados los recursos hídricos que exige la legislación ambiental. Las cuatro resoluciones mencionadas se completan con un informe de la Dirección del Paisaje que advierte sobre "un impacto visual y paisajístico sobre el ámbito de la marjal" y "un efecto barrera", la presión urbanística sobre el humedal y las conexiones del ecosistema con el municipio.
Condicionantes a medida
Las trabas técnicas y ambientales al proyecto eran tales que el Consell tuvo que imponer un listado de 18 condicionantes ambientales para salvar el trámite preceptivo de la Declaración de Impacto Ambiental, aprobada por la conselleria el 20 de mayo de 2008.
Sólo 4 días antes, la Diputación de Castelló que lidera Carlos Fabra había facilitado la tramitación del PAI al rectificar el informe desfavorable de los técnicos alegando la falta de competencias para informar sobre el proyecto "dado que ya no afecta a ninguna propiedad o derecho de esta diputación".
A fecha de hoy, el PAI Xilxes Golf no se ha materializado y duerme sumido en un limbo marcado por el escándalo de la trama Gürtel y un procedimiento judicial que ha tocado el corazón del PP.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 10.07.09
Foto: Xilxes (Castellón), playa - mma.es
La falta de espacio público alienta el vandalismo
PÚBLICO* : Un estudio atribuye la violencia contra los bienes públicos a la exclusión de los jóvenes de las ciudades. Señala que muchos de sus puntos de encuentro se destinan al sector turístico. Turistas agotados en busca de un descanso. Usuarios del Bicing. Pakistaníes vendiendo latas de cerveza. Camareros ahuyentando a los sin techo que piden limosna en las dos terrazas del lugar.
Y agentes de la Guardia Urbana pendientes de que los skaters no rueden por la plaza dels Àngels de Barcelona, donde solían hacerlo hasta que el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) se convirtió en punto de interés turístico. Situaciones similares se viven en el resto de capitales, donde los bares tienen preferencia a las canchas de baloncesto.
La ciudad como mero escenario de intercambio mercantil, progresivamente privada de sus espacios públicos, sometida a una imparable especulación urbanística y cargada de símbolos de poder, constituye el escenario propicio para el vandalismo. Así lo pone de relieve el estudio El vandalismo como fenómeno emergente en las grandes ciudades andaluzas, editado por el Centro de Estudios del Gobierno regional, que detecta un incremento de la violencia juvenil contra bienes públicos y privados.
"Ciudad mercado"
Dicha subida, según el estudio, supone un "claro indicador de exclusión social" derivada de la falta de expectativas que impone a la juventud la llamada "ciudad mercado", cada vez más orientada al turismo en detrimento de la comodidad del ciudadano. En resumen: una juventud sin alternativas de ocio y poco espacio disponible muestra una mayor predisposición a percibir la ciudad como un espacio ajeno contra el que es lícito cometer actos de violencia.
Las conclusiones del estudio del Gobierno andaluz pueden extrapolarse a todas las ciudades neoliberales, según sus responsables. "La ciudad cara, inhóspita y difícil de disfrutar para quien no opta al consumo genera vandalismo", opina Francisco Aix, investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla y coautor del estudio, realizado a partir del número de alertas por actos vandálicos comunicadas al 112 y reforzado con entrevistas a policías, bomberos, servicios de emergencias y jóvenes de hasta 30 años realizadas entre 2005 y 2008. En toda Andalucía, se pasó de 574 llamadas al 112 en 2005 a 3.303 en 2008.
Francisco Aix, no obstante, puntualiza que el interés del estudio es fundamentalmente sociológico, ya que la definición cuantitativa del fenómeno es difícil, más aún por la integración en el 112 de llamadas que antes se realizaban a otros números de emergencias, como el 061 y el 062. "Pero sí es evidente", explica, "que los disturbios de 2005 en la periferia de París y su enorme proyección mediática generaron un efecto llamada en todas las ciudades analizadas".
Una voz reputada en el debate sobre la crisis del modelo de ciudad, el urbanista Jordi Borja, señalaba ya en 2001 que el fenómeno actual "no se trata de una crisis de la juventud [...]. Se trata de una crisis de sociedad, que excluye a una parte de los que representan su futuro", señala Borja en el texto La ciudad como desafío, realizado dentro de un proyecto educativo en Gijón.
Contra el poder
Aix y Mario Jordi, investigador y profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, sitúan su perspectiva en el contrapunto de la forma de tratar el fenómeno por la mayoría de los medios, que lo presentan como mera violencia ilógica. El estudio señala que "son aquellos elementos del mobiliario urbano que contienen publicidad institucional y simbolizan el poder los que sufren más incidencias", por ejemplo, las marquesinas.
Los colectivos que reivindican mayores espacios públicos aportan múltiples ejemplos de cómo la asfixia urbanística y normativa provoca tensión en el comportamiento de la juventud. La plaza dels Àngels de Barcelona constituye un caso paradigmático. La construcción del MACBA en 1995 convulsionó esta céntrica y popular plaza del Raval. Lugar de reunión de los vecinos y de juego para niños y skaters, se convirtió en una de las rutas más frecuentadas por los turistas.
En 2006, con la aprobación de la Ordenanza Cívica de la ciudad, se prohibió patinar en el lugar. Desde entonces, se suceden a diario las visitas de la Guàrdia Urbana para advertir, multar e incluso requisar los monopatines.
Por ello, no fue casual que en 2006 una manifestación antisistema contra la especulación urbanística acabara en esta plaza. Se produjeron enfrentamientos con los Mossos dEsquadra y la noche dejó la imagen de un manifestante encapuchado arrojando bengalas contra la fachada del museo con un bazoca casero. Tres años después, el Ayuntamiento ha anunciado que, además, colocará mobiliario urbano en este espacio para acabar con los skaters.
Ley antibotellón
En las ciudades andaluzas han sido comunes las movilizaciones contra la ley antibotellón al entender que "restringe la utilización del espacio público", en palabras de Marta Solanas, miembro de la asamblea de la plataforma ciudadana La Calle es de Todos.
El principal punto de rechazo a la ley antibotellón guarda relación con los hechos recogidos en el estudio presentado ayer: la falta de confianza en los jóvenes por parte de los poderes públicos. "¿Cómo es posible que una ley limite, genéricamente, que debe preservarse la pacífica convivencia ciudadana, dejando su definición a la interpretación de las policías locales?", pregunta Marta Solanas. El margen de discrecionalidad que deja la norma ha dado lugar a episodios ridículos, como la multa de 100 euros que la Policía de Sevilla impuso a dos jóvenes por beber refrescos en la calle, según la propia denuncia.
En Madrid, el Ayuntamiento multiplicó por 20 (de 300 a 6.000 euros) las multas por los grafitis el pasado febrero. La edil de Medio Ambiente, Ana Botella, no distingue entre lo que para unos es una forma de ganarse la vida y lo que para otros es suciedad. A su juicio, todo es vandalismo. La razón: el Consistorio gasta anualmente 6 millones en limpiarlos.
Francisco Aix, responsable del estudio andaluz, advierte que la discusión debe tener en cuenta la terminología. "Vandalismo es un término de este lado de la cuerda. Para alguien que hace grafitis, cuando pinta no está haciendo nada malo", señala.
La generación de los padres con miedo
La sobreprotección de algunos padres y las calles llenas de coches y sin espacios públicos han creado una generación de niños que algunos sociólogos y medios de comunicación británicos han tildado de “street stupids”. Es decir, chavales que no saben lo que es caerse de un columpio, perderse o pelearse por un balón. Su ocio lo reparten entre la televisión y las videoconsolas, confinados en las habitaciones de sus casas. “Un poco de peligro y de incertidumbre es bueno para los niños. Además, con el incremento de la obesidad infantil, los beneficios de jugar en la calle son obvios”, señala uno de los varios artículos que el diario ‘The Independent’ ha dedicado a este asunto. Desde las páginas de este periódico proponen un juego al lector: “Toma unos cuantos segundos para recordar cuál era tu lugar favorito de juegos cuando eras un niño. ¿Dónde estaba este lugar especial? ¿Cómo era? ¿Cómo olía? Seguro que estaba en la calle. Al margen de los adultos. Y era un lugar salvaje, sucio, con bastantes posibilidades de ser un poquito peligroso...”. “Un recuerdo que, de no cambiar las cosas, no tendrán ya las próximas generaciones de adultos”, concluye.artículo.
* Público - P.F. / Á.M. / A.M.V. / P.R. - SEVILLA / BARCELONA / MA - 10/07/2009
Foto: Un joven corre sobre una de las fuentes de la Alameda de Hércules, convertida en símbolo de la lucha por la democratización del espacio público en Sevilla. - LAURA LEÓN, publico.es
Los vecinos de la Cañada dispuestos a formar un municipio independiente
ELMUNDO/Madrid* : El portavoz de la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de La Cañada Real, Miguel Martín Nombela, ha asegurado que estos vecinos están "dispuestos todo" para legalizar su situación, incluso a "independizarse y crear el municipio de La Cañada". "Estamos dispuestos a todo, a pagar al Ayuntamiento por la propiedad y que se pueda legalizar la situación.
Queremos que se pongan sobre la mesa todas las opciones, incluso estamos dispuestos a independizarnos y crear el municipio de La Cañada o, si se nos trata correctamente, no nos importa tampoco ser un barrio e Rivas", ha explicado Martín Nombela en el programa "El Círculo a primera hora" de Telemadrid.
Los vecinos -unos 50.000- piden la "regularización, no sólo de los que llevan más años, sino de todas las personas honradas que hay ahí", ha señalado el portavoz vecinal, tras quejarse de que "nadie" les haya pedido "opinión" en el proceso abierto por las administraciones implicadas para desafectar y reformar la Cañada.
Martín Nombela ha dicho que los vecinos están "desilusionados" porque están viendo el "talante de los ayuntamientos" hacia ellos, sobre todo los de Rivas y Madrid.
"Gallardón dice que son terrenos públicos y que no tenemos ningún derecho. Sin embargo, tenemos la solicitud de agua y luz desde hace más de 20 años y, aunque ningún vecino tiene título de propiedad, se nos ha cobrado algún tiempo el IBI. Además, es un juez quien tiene que decir si tenemos derechos o no, no Gallardón, que calla lo que quiere, como que ha hecho desarrollos que el Tribunal Supremo paralizó. Si no cumple la ley, que no nos venga a dar lecciones a nosotros", ha criticado.
Tras subrayar que "el alcalde de Coslada se está comportando de otra manera", el portavoz ha insistido en que este proyecto lo "tiene que liderar la Comunidad de Madrid" y ha hecho un "llamamiento" a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, "para que no nos deje, porque si no, no nos van a dejar ni un metro de terreno y va a haber conflictos", ha advertido.
"Si no lo tutela la Comunidad, este plan está condenado al fracaso", ha aseverado, y ha hecho hincapié en que "sólo una mínima parte de la Cañada son chabolas y drogas" y en que "la mayoría son viviendas unifamiliares y dignas".
Martín Nombela ha negado además que en La Cañada haya un "foco de islamistas radicales".
"Pongo la mano en el fuego. Además, La Cañada está muy vigilada por la Guardia Civil y la Policía, que es lo que queremos porque nos sentimos protegidos de los más marginales de otros sectores", ha manifestado.
* El Mundo - EFE - 10.07.09
Foto: Madrid, derribos la Cañada Real - EFE
Varapalo de la UE a las obras de Puertomayor
LAVERDAD/Murcia* : Las autoridades europeas ha entrado de lleno en el proyecto de Puertomayor, en La Manga del Mar Menor, y considera que las obras de construcción del puerto deportivo y el dragado del canal se han hecho incumpliendo varias directivas y el artículo 126 del Tratado, relativos a la preservación del hábitat y del medio ambiente de este paraje tan singular.
La Comisión de las Comunidades Europeas ha enviado una resolución al ministro español de Asuntos Exteriores para que en un plazo de dos meses el Gobierno de la nación conteste a todas las observaciones detectadas por Bruselas sobre el proyecto, según ha sabido La Verdad.
Al parecer, las evaluaciones de impacto realizadas para autorizar las obras del puerto deportivo no han sido adecuadas, y tampoco se han tomado las medidas necesarias para preservar los valores ambientales de la zona. Puertomayor está paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia a raíz de la denuncia que presentó el Ministerio de Medio Ambiente contra la decisión del Gobierno murciano que autorizó la continuación de las obras.
* La Verdad -
M. BUITRAGO - 9.07.09
Foto: Obras para la construcción de Puertomayor en una foto de archivo | JM. RODRÍGUEZ, laverdad.es
Greenpeace denuncia los 'parques naturales de papel' del Consell
ELPAÍS/Valencia* : Una cosa es la teoría y otra la realidad. O, aplicado a los parques naturales, una cosa son las normas de protección y otra el ladrillo, el hormigón y el cemento, que amenazan la conservación de los entornos más valiosos del territorio valenciano. La Comunidad Valenciana es, para Greenpeace, el lugar de España donde "adquiere pleno significado" esta actitud, que la organización ecologista califica de "parques de papel".
"Las figuras de protección utilizadas no son más que declaraciones formales por parte de la Generalitat", apunta esta entidad en su informe Destrucción a toda costa.
No es que no existan medidas de protección, es que no son efectivas. La Administración valenciana "ha firmado una serie de documentos con unos mapas con sus polígonos de protección del área" y los argumentos que justifican estas elecciones. Además, el Consell presume de haber declarado numerosos parques naturales. De esta forma, de las 2.330.500 hectáreas de superficie, un 9,4% cuenta con algún tipo de salvaguarda medioambiental. La defensa formal del litoral es aún superior. De los 538,4 kilómetros de franja costera, hay 111 que se encuentran bajo alguna figura de preservación del entorno, ya sea autonómica o medioambiental, lo que representa "un aceptable 20,8%".
Pero Greenpeace pide algo más: un compromiso real con el medioambiente. Declarar un parque natural debe llevar aparejado asumir la protección de ese entorno a través de instrumentos eficaces. Y, para la entidad ecologista, esto no sucede, por lo que sobre los parques "pesan numerosas afecciones que amenazan la conservación de estos espacios".Greenpeace no sólo destaca a la Comunidad Valenciana entre las autonomías que sólo protegen formalmente sus espacios naturales. El territorio valenciano también encabeza la lista en el número de casos de corrupción urbanística registrados a lo largo de este año, con un total de 196 y 32 imputados. Por detrás está Andalucía (114 casos y 332 imputados) y Baleares (79 y 25). En toda España, de las 625 personas imputadas, 289 son cargos públicos, desde alcaldes hasta arquitectos municipales.
El informe Destrucción a toda costa, tampoco deja muy bien parada a la Comunidad Valenciana en lo que respecta a la protección de los humedales. La Generalitat tiene catalogadas 48 zonas húmedas que abarcan 45.000 hectáreas y que se encuentran en la zona litoral en el 90% de los casos. A pesar de que "forman un sistema denso y el mejor distribuido de toda Europa", también son "los más amenazados por el urbanismo y la contaminación". Greenpeace destaca el caso de Alicante, donde "se concentran grandes urbes junto a parajes acuáticos protegidos, lo que provoca problemas ambientales como la eutrofización [aporte excesivo de nutrientes al medio acuático que provoca el descenso del nivel de aves]".
El repaso a la salud costera del litoral valenciano por parte de la organización ecologista se detiene en otra cuestión que la ciudad de Valencia conoce bien y que el informe relaciona con un remedio contra la crisis desarrollista y con tintes provincianos. Se trata de la potenciación de los puertos industriales.
"Es sorprendente cómo todos los puertos industriales que plantean una ampliación esgrimen los mismos argumentos de convertirse en el mayor puerto de mercancías de España", apunta el documento, que vincula el tráfico marítimo con "una fuente muy importante de contaminación ambiental". Otra cuestión es la relativa a los puertos deportivos. A pesar de que la Comunidad Valenciana es, después de Murcia, la autonomía donde más ha caído el número de matriculaciones de barcos de recreo (un 26,8%) respecto a 2007, "el Consell impulsa macropuertos convencido de que el sector no se verá afectado por la crisis y de que la construcción de zonas comerciales en las nuevas dársenas creará importantes beneficios económicos". Greenpeace alude a los casos de Dénia y Xàbia, cuya ampliación "ya se tramita", y los de Altea y El Campello, donde se estudia "la creación de nuevas instalaciones".
En Dénia, "hay un proyecto de ampliación para construir 1.000 nuevos atraques y una nueva bocana" y en Altea "se mantiene viva la posibilidad de destinar más de seis millones de euros a 1.214 amarres". Y todo ello, "sin aprobar aún la Ley de Puertos que debe establecer las necesidades reales de nuevos pantalanes".
El colofón del trabajo es el cuestionamiento europeo al modelo urbanístico valenciano. Greenpeace recuerda las denuncias presentadas por la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia Europeo por el incumplimiento de la ley urbanística valenciana de dos directivas (sobre adjudicación de contratos públicos de obras, y obras y servicios). No sólo por la antigua Ley de Regulación de la Actividad Urbanística, sino también por su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana, "que permite todo tipo de arbitrariedades, impide la competencia y abre la puerta a la corrupción al otorgar a ayuntamiento y al urbanizador poderes exagerados que no están sometidos a ningún tipo de control".
* ELPAIS.com - JAIME PRATS - Valencia - 09/07/2009
Foto: altea puerto- EA.
Telde: Ultimátum para precintar el centro comercial Las Terrazas
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº6 de Las Palmas de Gran Canaria ha dado un plazo de cinco días al Ayuntamiento de Telde para ejecute que la orden de suspensión de la urbanización, construcción y apertura del centro comercial de Las Terrazas, en terrenos del Parque Marítimo de Jinámar, según consta en una providencia dictada este miércoles.
En la providencia se insta también al "inmediato precinto" de todas las instalaciones del nuevo y moderno equipamiento comercial y se apercibe al alcalde y concejales responsables de "deducir testimonio a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias" si incurren en un "delito de obstrucción a la Justicia y desobediencia a la autoridad judicial".
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), mediante auto dictado el pasado 17 de abril, ordenó la paralización de las obras de urbanización y de ejecución de los edificios y la apertura del centro comercial del Parque Marítimo de Jinámar, el de Las Terrazas, unas obras que no sólo están terminadas, sino recepcionadas por el Ayuntamiento, con el recinto abierto y con licencia municipal de apertura desde hace meses.
La Concejalía de Urbanismo solicitó una aclaración sobre esta medida cautelar del TSJC para que se le explique el alcance de la resolución y cómo puede actuar para ejecutarla habida cuenta de que las obras que le pide que pare ya acabaron. Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6, en la providencia de este miércoles, no admite esta petición del Ayuntamiento de Telde por ser "extemporánea".
El auto de de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, dictado el 17 de abril de 2009, estimó el recurso de apelación que presentaron los denunciantes contra un primer auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria que les denegaba esa medida cautelar de freno de las obras.
Los demandantes son propietarios que alegan que sus terrenos están dentro del Plan Parcial que configuró el Parque Marítimo y que, por tanto, debió incluírseles en su desarrollo.
* La Provincia - ACN PRESS - 9.07.09
Foto: Telde (Gran Canaria), Parque Marítimo de Jinámar - turcon.blogia.com
Desaparece una parte de la histórica Cañada Real Galiana
Después de 25 años de avisos continuados por parte de Ecologistas en Acción* y otros colectivos en defensa de las Vías Pecuarias, las Administraciones públicas se aprestan a destruir una de las Cañadas Reales más importantes de la Red Nacional de Vías Pecuarias. La Comunidad de Madrid, la Delegación del Gobierno en Madrid y los Ayuntamientos de Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada, se aprestan a hacer desaparecer 14,2 km de la histórica Cañada Real Galiana.
Durante los últimos 25 años ninguna de las Administraciones aludidas ha movido un dedo por evitar la continuada ocupación ilegal de la Cañada Real Galiana. Al contrario, siempre han optado por volver la vista atrás y han ido dejando que fuese ocupada ilegalmente, permitiendo asentamientos de población con recursos económicos y población (la mayoría) carente de recursos para adquirir una vivienda, en una operación premeditada de concentrar a la población marginal (sobre todo inmigrante) en la Cañada para posteriormente justificar su desaparición.
Desde Ecologistas en Acción llevamos 25 años presionando a dichas Administraciones para solucionar el problema: mano dura contra los ladrones que han ido ocupando la Cañada sin necesitarlo (aplicación del Código Penal y la Ley de Vías Pecuarias); y actuación integral para el realojo de la población que ha ido ocupando la Cañada por falta de recursos económicos. Actuación integral que comporta el censo de ocupantes; la búsqueda de realojo en condiciones dignas de dicha población; y el acompañamiento social necesario para la integración de la población inmigrante (árabe, rumana,….) y autóctona, así como acompañamiento educativo y de apoyo a la inserción en el mercado laboral.
Ahora, de buenas a primeras se inventan una norma que desafecta (hace desaparecer) la Cañada Real y la convierte en suelo urbano, con un alto costo económico para dotarla de equipamientos e infraestructuras básicas del territorio (abastecimiento, saneamiento, suministro de energía eléctrica, recogida de basuras, etc.). ¿Quién va a pagar los equipamientos e infraestructuras a lo largo de 14,2 km, para integrar en suelo urbano a miles de viviendas ilegales? ¿El erario público?
Además, la legalización de las edificaciones, por su estructura y grado de precariedad, implicará la existencia de ciudadanos de primera, los que viven en viviendas dignas de los municipios del entorno, y ciudadanos de segunda, los que viven en la Cañada, con viviendas más precarias. Continúa la política de la Administración de segregación y separación por causas económicas y sociales de la población.
La Cañada Real Galiana constituye una de las 9 vías pecuarias más importantes de España, y discurre paralela al Parque Regional del Sureste, conformando una franja colchón de amortiguamiento de impactos de dicho Parque. Además, la Cañada, debidamente tratada configura un espacio para la mejora ambiental (reforestación) y el desarrollo de actividades de ocio y recreo para la población metropolitana: senderismo, cicloturismo, cabalgada, paseos por la naturaleza), en un ámbito necesitado de este tipo de espacios públicos.
De golpe y porrazo, y ante la falta de voluntad política por solucionar de forma eficaz y eficiente la problemática de la ocupación de la Cañada (más de 40.000 personas), todas las Administraciones al unísono tratan de quitarse el muerto de encima convirtiendo en urbano un suelo no urbanizable protegido de gran valor histórico, cultural, ambiental y social, la Cañada Real Galiana.
Atrás quedan las promesas del actual Alcalde de Madrid, en la que aseguró que iba a solucionar este problema en la presentación de la Candidatura de Madrid a las olimpiadas de 2012. Como siempre promesas incumplidas, mentiras continuadas, y lanzamiento de cortinas de humo.
La desafectación de la Cañada Real Galiana en el tramo de los municipios de Coslada, Rivas Vaciamadrid y Madrid, sienta un peligroso precedente, ya que los profesionales de la ocupación ilegal del dominio público se sentirán respaldados por dichas administraciones en la ocupación de nuevas vías pecuarias y otros espacios de dominio público (recordemos que de los 125.000 km de vías pecuarias que hemos llegado a tener en España, hoy día sólo nos quedan 80.000, por procesos similares a los desarrollados en la Cañada Real Galiana).
Desde Ecologistas en Acción se insta a dichas Administraciones a que reconsideren la insensata postura adoptada, y procedan a poner en marcha un auténtico “Programa de Actuación Integral” que posibilite recuperar la Cañada; sancionar a los ocupantes ilegales que poseen recursos económicos y que han robado parte de la Cañada; y proceder al realojo y ayudas sociales, económicas y laborales para la población carentes de recursos económicos, que por necesidad han ocupado dicha vía pecuaria.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 8.07.09
Foto: La Cañada Real Galiana. - Antonio Heredia, elmundo.es
Orihuela: Más de mil casas están sin servicios en la costa y sus dueños urgen soluciones
INFORMACIÖN/Alicante* : El periodo de bonanza de la construcción dejó en Orihuela numerosas urbanizaciones y viviendas cuyos propietarios tienen ahora serios problemas al no poder conseguir la licencia de primera ocupación (antigua cédula de habitabilidad), que tiene que concederles el Ayuntamiento para regularizar su casa.
Son, según las estimaciones del grupo municipal de Los Verdes (LV), hasta 20.000 viviendas y a saber cuántos habitantes que siguen viviendo con luz y agua de obra, que no reciben su correo "porque su domicilio se considera como "diseminado", sin calle ni número", que "tienen que hacer trampas para escolarizar a sus niños", o incluso -y según el portavoz de LV, Monserrate Guillén-, que "no pueden tener una urgencia médica porque nadie les encontraría".
Tampoco pueden votar, asegura LV, ya que no figuran en el censo, aunque "se da la paradoja de que muchos de estos propietarios no han tenido ningún inconveniente para ser incluidos en el padrón municipal y pagar religiosamente sus recibos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y otros".
Inventario
LV ha lanzado estos días una campaña de recogida de denuncias de las personas afectadas para reunir una especie de inventario y tratar de "buscar una salida que posibilite la regularización de la situación de sus viviendas", y evitar que se vean privados "de sus derechos fundamentales". La iniciativa ya la se llevó a cabo en el año 2003 y dio como resultado varias preguntas en los plenos municipales y denuncias públicas en la legislatura pasada, según recordó el portavoz del grupo municipal.
Los Verdes se pone así a disposición de los vecinos para vehicular sus quejas. En los últimos cuatro días los miembros del partido han detectado en Orihuela Costa, según afirman, "unas mil viviendas sin cédula de habitabilidad en diversas urbanizaciones, lo que elevaría sus previsiones para el total del municipio hasta un número de 20.000".
En Orihuela Costa vive el 32% de los empadronados del término municipal, según los datos del Negociado de Estadística del Ayuntamiento de Orihuela. Se trata de una de las zonas más afectada por la falta de licencias, en urbanizaciones y residenciales de nueva construcción.
"Incompetencia"
Ante esta situación, el grupo de la oposición responsabiliza a "la incompetencia de nuestro gobierno municipal (PP)" por "consentir a los promotores "amigos" lo que a éstos les interesa". En otras palabras, explica Guillén que se ha permitido "que no se ejecutaran los avales depositados por el promotor para garantizar la ejecución de estos servicios, avales mínimos en bastantes casos". Por ello los vecinos afectados se sienten "doblemente estafados por la falta de implicación del Ayuntamiento en defensa de sus derechos como consumidores", asegura LV.
* Información - ELISA G. BROTONS - 9.07.09
Foto: Una imagen de Orihuela Costa, con decenas de buzones abiertos y sin servicio porque no llega el correo - LOINO, diarioinformacion.com
La costa asolada
PÚBLICO* : El Gobierno ha emprendido una campaña contra los chiringuitos en las playas urbanas pero, para Greenpeace, antes tendría que derribar "chiringuitos de 21 plantas, como el hotel ilegal El Algarrobico", levantado en la periferia del parque natural almeriense de Cabo de Gata-Níjar.
La organización ecologista presentó ayer un informe en el que ha radiografiado 233 áreas protegidas en el litoral español. Su conclusión, según la responsable de la campaña de Costas de la ONG, Pilar Marcos, es que "ni siquiera los espacios naturales protegidos están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado en los últimos años".
Greenpeace denuncia que la mitad de las áreas analizadas, 120, están "acosadas" por el urbanismo, las infraestructuras o la contaminación; diez de ellas especialmente. Además, los ecologistas han detectado "una corrupción urbanística generalizada", con 478 casos registrados en 2009 y 625 imputados. Más de la mitad de ellos son cargos públicos.
El director ejecutivo de Greenpeace, Juan López de Uralde, cargó ayer contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por "no tener ningún interés en frenar esta situación" y puso como ejemplo la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, elaborada por la anterior ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y ahora "abandonada en un cajón" por Elena Espinosa.
La ONG reclama el cumplimiento de la Ley de Costas, olvidada durante dos decenios y resucitada por Narbona, y la demolición de edificaciones ilegales para recuperar el litoral. "Hay un proceso de desmantelamiento de la legislación. ¿Dónde está el Ministerio de Medio Ambiente?", se preguntó López de Uralde.
Ladrillo en La Albufera
Casi el 21% de los 535 kilómetros de costa de la Comunidad Valenciana está protegido. Sin embargo, para Greenpeace, son “parques de papel”, y el de La Albufera es el mejor ejemplo. A juicio de la ONG, el área, clasificada como Humedal de Importancia Internacional, está “asfixiada” por el urbanismo en municipios como El Saler, El Palmar y Sueca.
El icono del urbanismo atroz
El gran símbolo de la destrucción de la costa en España sigue siendo, un año más, el hotel El Algarrobico, una mole de hormigón levantada a pocos metros de la playa en el parque natural Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Sobre la zona se ciernen otras amenazas, según la ONG, como un proyecto para construir un complejo de siete hoteles, 1.500 viviendas y un campo de golf.
Adiós a la huerta murciana
Entre 2005 y 2008, el cemento ha sepultado el 20% de la huerta murciana, según Greenpeace. Los espacios protegidos tampoco se han salvado. La Sierra de Almenara, Moreras y Cabo Cope, una zona de acantilados con presencia de tortuga mora y águila perdicera, está acosada por los “desmesurados” desarrollos urbanísticos del Ayuntamiento de Lorca, en opinión de la ONG.
El edén submarino de Ibiza
Uno de los mayores organismos vivos del mundo, una planta de ‘Posidonia oceanica’ de 8 kilómetros de longitud, está en peligro. Para la ONG, los lodos contaminados de la ampliación del puerto de Ibiza, las especies invasoras, la presión turística y el buque ‘Don Pedro’, que se hundió en 2007 con 150 toneladas de fuel, han dañado las salinas de Ibiza y Formentera.
Un puerto polémico en Euskadi
Euskadi sólo tiene protegido el 14,2% de su litoral, el porcentaje más bajo de España. Y ocho de estas reservas están amenazadas, a juicio de los ecologistas. En 2008, el Gobierno y el PNV pactaron asignar 9,5 millones de euros de los Presupuestos del Estado de 2009 para la construcción del puerto de Pasajes en los acantilados protegidos de Jaizquíbel.
Golf sobre dunas protegidas
La protección de la que goza el 45% del litoral cántabro es “inadecuada”, según el informe de Greenpeace. El valioso Parque Natural de las Dunas de Oyambre, por ejemplo, presenta desde hace 70 años un campo de golf sobre sus ecosistemas dunares y, a juicio de la ONG, está amenazado por la mejora de la carretera CA-131 y el vertido de las aguas residuales de Comillas.
Fuel sobre un cabo asturiano
Asturias sufre “el acoso del urbanismo al más puro estilo del Mediterráneo”. El Monumento Natural del cabo Busto-Luanco, un espacio importante para aves migratorias y cetáceos, sufre los vertidos de hidrocarburos y la contaminación por lodos con metales pesados procedentes del puerto de Avilés. En su interior, el municipio de Gozón planea construir 17.000 viviendas.
El delta de los vertidos
En Catalunya los números no cuadran, en opinión de los ecologistas. El 58% del litoral está protegido pero, a su vez, el 46,5% de la costa ya está urbanizado. El humedal más importante de la comunidad, el delta del Ebro, refugio de más de 300 especies de aves, es “un punto de alarma” según la Agencia Europea del Medio Ambiente, debido a los vertidos industriales.
Fábrica de pescado protegida
La ONG denuncia que el nuevo presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha retomado un proyecto para construir una “macropiscifactoría” de 300.000 metros cuadrados, perteneciente a Pescanova, en el cabo Touriñán. La zona, en la Costa da Morte coruñesa, forma parte de la Red Natura 2000, que protege los entornos naturales más valiosos de la UE.
Miles de escándalos en Canarias
En Canarias hay 30.000 expedientes abiertos por delitos medioambientales, 12.000 de ellos relacionados con la construcción, según la ONG. Para la activista Pilar Marcos, el proyectado puerto industrial de Granadilla, parado por la Justicia, es “uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural”, el de las praderas submarinas del sur de Tenerife.
* Público - MANUEL ANSEDE - Madrid - 08/07/2009
Foto: El buque 'Don Pedro' se hundió en 2007 con 150 toneladas de fuel - publico.es
El «informe Auken» destaca la «falta de confianza» en el sistema judicial
LNE* : La resolución de febrero del Parlamento europeo sobre el urbanismo español se basa en un informe realizado por la eurodiputada danesa de Los Verdes / Alianza Libre Europea Margrete Auken, dado a conocer hace varios meses, en el que destaca, entre otros puntos, «que las autoridades regionales competentes deben suspender y revisar todos los planes urbanísticos nuevos que no respeten los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente».
También se incluye en el «informe Auken» la «alarmante falta de confianza generalizada que los peticionarios parecen mostrar frente al sistema judicial español como un medio eficaz para obtener reparación y justicia». Asimismo, considera «necesario que el acceso a la información y la participación ciudadana en el proceso urbanístico se garanticen desde el inicio del mismo, facilitando información medioambiental a los ciudadanos, de forma clara, sencilla y comprensible».
Considera igualmente «que no se ha acotado en la legislación urbanística en vigor, ni por las autoridades competentes, la definición de «interés general», amparándose en este concepto la aprobación de proyectos insostenibles desde un punto de vista medioambiental».
El «informe Auken» carga, sobre todo, contra el desarrollo urbanístico en las costas de Andalucía y del Levante español, y en él su ponente asegura que independientemente de la crisis financiera, «ya antes de los acontecimientos del otoño de 2008, el sector (de la construcción) se encaminaba al desastre».
* La Nueva España - Gijón - J. M. C. - 8-07.09
Bruselas arremete contra la apertura del Segarra-Garrigues
ELPERIÓDICO/Lleida* : La Comisión recuerda que falta un estudio medioambiental y amenaza con sanción. A la Comisión Europea (CE) le ha irritado que el presidente de la Generalitat, José Montilla, y el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, inauguraran el domingo un tramo del canal Segarra-Garrigues antes de que Bruselas diga la última palabra sobre las zonas de protección de aves (Zepas).
«Inaugurar el primer tramo tras una respuesta negativa de la CE cuando ambas partes aún no se han sentado a negociar es jugar al hecho consumado», denunció ayer Dimitri Giotakos, miembro del gabinete del comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas.
La infraestructura «no cuenta con un estudio de impacto medioambiental», señaló a Efe Giotakos, que tachó de «sorprendente» que la ministra Elena Espinosa enviase una carta el 16 de junio donde pedía detener el procedimiento de infracción abierto por la CE, a cambio de tomar las medidas correctoras oportunas.
PROCESO DE INFRACCIÓN /«Hemos confiado en su buena voluntad, hemos detenido el proceso, pero nos han hecho quedar en ridículo», aseguró Giotakos, disgustado porque, al final, el Gobierno español haya autorizado la puesta en marcha del canal. Por todo ello, afirmó el funcionario, es probable que la próxima semana se reabra el proceso de infracción contra España.
El siguiente paso será enviar un dictamen motivado y en caso de no recibir una respuesta en dos meses, se interpondrá un recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitará una multa por incumplimiento de la sentencia que obliga a ampliar las Zepas del Segarra-Garrigues.
EXPROPIACIONES / Horas antes de las afirmaciones de Giotakos, la Generalitat hizo pública la expropiación de nuevos terrenos afectados por las obras del canal en las comarcas del Urgell y Les Garrigues. Un anuncio que los consellers de Agricultura, Joaquim Llena, y de Trabajo, Mar Serna, aprovecharon para asegurar que ni la Generalitat ni el Gobierno habían recibido notificación oficial sobre el malestar causado por la inauguración.
El Ministerio de Medio Ambiente aseguró anoche en un comunicado que el tramo del canal ya en marcha «no tiene ninguna afección» con la zona de protección de aves.
Para quien no fue una sorpresa la irritación de la CE fue para el sindicato agrario Unió de Pagesos. Sus dirigentes ya se ausentaron el domingo del acto de inauguración. En cambio, para los regantes la amenaza comunitaria fue una gran decepción. «Éramos tan felices», dijo el presidente de la comunidad de regantes, Josep París.
* El Periódico - ROSA MATAS - 8.07.09
Foto: ROSA MATAS, elperiodico.com
La juez paraliza la obra de las torres del Canódromo
CANARIAS7/Las Palmas* : Las obras de las torres del Canódromo no podrán seguir adelante. Un auto judicial ordena la suspensión cautelar de la licencia a la que se acogía la empresa constructora para seguir con la obra de la polémica, la segunda que se revisa en sede judicial. La licencia, distinta de la primera ya anulada, fue prorrogada en noviembre.
Un auto judicial dictado el viernes por la titular del juzgado de lo Contencioso número cuatro de la capital grancanaria dispone la «suspensión» de la licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de esta ciudad a Realia Business en noviembre de 2006, y prorrogada dos años después. La decisión reconoce los argumentos expresados por la representación legal de la asociación vecinal Avecalta, que mantiene desde hace varios años una auténtica batalla jurídica para impedir que se edifiquen dos torres de quince plantas en una parcela de 1.608 metros cuadrados en la esquina nororiental del parque del Canódromo.
La suspensión de la licencia deberá acarrear la paralización de las obras, una decisión que deberá adoptar el ayuntamiento tan pronto como tenga conocimiento de la resolución judicial. Aunque decidan recurrir el auto, la medida tendrá que ser ejecutada porque el texto reduce las opciones a un «recurso de apelación en un solo efecto» en el plazo de quince días.
La licencia ahora suspendida es distinta de la que ya fue anulada en octubre de 2008, una decisión que fue recurrida entonces por el ayuntamiento. La nueva medida cautelar analiza el permiso con el que la constructora pudo poner en marcha la obra, hasta levantar por completo la primera de las torres y parte de la segunda. Mientras la primera licencia se aprobó en marzo de 2006, la segunda, ahora suspendida, se tramitó como una reforma de la anterior, y entró en vigor ocho meses después, ambas aún bajo el anterior mandato del PP. El recurso de Avecalta se presentó el pasado 17 de junio.
efecto útil. La orden judicial, de hecho, es la primera del amplio expediente judicial del Canódromo que frena una decisión del actual grupo de gobierno (PSOE- Compromiso), que el 5 de noviembre de 2008 concedió la prórroga de la licencia ahora suspendida. Mientras el permiso inicial preveía 121 plazas de aparcamiento y 133 trasteros en la base del complejo, la reforma aumentó a 165 las plazas de aparcamiento a costa de construir sólo 101 trasteros.
La juez interpeta que la medida cautelar propuesta por el abogado Yeray Alvarado, del despacho Díaz de Aguilar, que defiende al colectivo vecinal, «se revela como necesaria para garantizar el efecto útil de la sentencia, pues de no accederse a la suspensión solicitada, se podría consumar la ejecución de unas obras al amparo de una licencia que pudiera resultar ilegal, con la consiguiente necesidad de demolición». El auto tiene en cuenta que la licencia, aunque reformada, ya ha sido declara nula en una sentencia anterior, y que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya ha decretado antes la nulidad tanto del Plan Especial del Canódromo, como de las determinaciones del Plan General que le daban cobertura.
* Canarias 7 - G.H.M. - 7.07.09
Foto: Gerardo Montesdeoca, canarias7.es
A la Cañada le quedan 48 horas de vida
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ELPAÍS/Madrid* : Dos días de reflexión. Después de más de 50 años de existencia, las construcciones ilegales de la Cañada Real Galiana, una variada serpentina de 14,2 kilómetros y más de 40.000 habitantes, ya tienen fecha de caducidad. Este martes, la mesa especial constituida por el Gobierno regional, la Delegación del Gobierno y los ayuntamientos de Madrid, Rivas, San Fernando y Coslada se reunió por segunda y última vez. Se dieron 48 horas para presentar la ley general definitiva que regulará la vía pecuaria.
Un articulado que, en resumen, convertirá un terreno público en uno propiedad de la Comunidad, que, a su vez, dejará a cada consistorio afectado decidir lo que hace con su tramo.
La norma permite la desafección de la Cañada, lo que significa que los terrenos se podrán vender, legalizar, construir, convertir en zona verde... Lo que quieran los ayuntamientos.
El único problema, el desacuerdo que retrasa un par de jornadas el desenlace, es una disposición adicional para que quede fijado en negro sobre blanco que, antes de hacer cualquier cosa, los afectados deben presentar un plan urbanístico y social que contemple qué sucederá con los actuales habitantes. Una petición cuyo sentido último, según fuentes de los asistentes a la reunión, es el de evitar el desorden que supondría un desalojo de esa magnitud en zonas conflictivas. La Delegación del Gobierno y Coslada han sido "la parte de la mesa", según uno de los presentes, que ha solicitado ver ese anexo por escrito antes de dar su aprobación.
Los ediles de Madrid y de Rivas "se fían de la Comunidad y han aceptado los términos en los que ya está redactada la ley". Uno de ellos reconoce que "debe ser un instrumento jurídicamente vago" el que garantice los realojos u otras soluciones que se den a los moradores de la vía. Ninguno de los actores participantes quiso hacer valoraciones oficiales, pidiendo que se aguarde a la solución final para emitir su opinión, aunque ya disponen del documento casi final.
La Delegación del Gobierno no quiso hacer valoraciones. "El modelo está cerrado. Nuestras propuestas se han aceptado. El Ayuntamiento de Rivas y de Madrid y la Comunidad de Madrid estamos de acuerdo. Tenemos que felicitarnos", explicó este martes la concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez. Precisamente, el Consistorio madrileño presionó para que se incluyera en la disposición segunda de la ley el previo acuerdo social y urbanístico antes de que los terrenos puedan desafectarse. Y la Comunidad ha aceptado. El Ayuntamiento de Coslada y la Delegación del Gobierno quieren verlo por escrito.
Un portavoz de la Comunidad de Madrid confirmó este martes el principio de acuerdo alcanzado y previó el desenlace final dentro de unas 48 horas o, incluso, a principios de la semana que viene.
Pero la sustancia de lo discutido, lo más relevante del texto que regulará la zona por ley y que ya está redactado, es que la norma dará a los ayuntamientos "los instrumentos urbanísticos necesarios para solventar el problema específico de cada sector". Y lo hará porqué elimina el dominio patrimonial sobre el medieval camino de rebaños, ocupado por viviendas, grandes chalés y chabolas desde finales de los años cincuenta.
Sin embargo, aunque casi todos dan por concluidos los trabajos y consideran que esta es la norma definitiva, sus resultados no se podrán ver hasta dentro de al menos seis meses. La causa es que para que se cumpla con la obligación que marcará la ley de tener un proyecto urbanístico definido antes de hacer nada, se debe concluir el censo completo de la senda. Una tarea que ya comenzó hace algunos meses en colaboración con los técnicos de los municipios, pero que está lejos de concluir.
La complejidad de la norma también se debe a las diferencias que hay entre los tramos. Desde la zona de Coslada, en la que residen familias completamente normalizadas y hay hasta hoteles y restaurantes, hasta el extremo de Valdemingómez, donde está instalado desde 2006 el mayor supermercado de drogas de España, pasando por los sectores de Vicálvaro o Rivas, principalmente habitados por inmigrantes, sobre todo marroquíes.
Todos ellos tendrán que empezar a buscar soluciones.
* ELPAIS.com - DANIEL BORASTEROS / DANIEL VERDÚ - Madrid - 07/07/2009
Foto: Madrid, chabolas de la Cañada Real Galiana - ULY MARTÍN (El País)
Ordenan la apertura de jucio contra el ex alcalde de Zurgena por delito urbanístico
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IDEAL/Almería* : El juez instructor de la causa contra el ex alcalde de Zurgena Cándido Trabalón, y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), quienes fueron detenidos en abril de 2008 en el marco de la operación 'Costurero', resolvió incoar procedimiento abreviado al estimar que ambos incurrieron en la comisión de presunta prevaricación, contra ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental, delitos a los que, en el caso del ex edil desde que presentase su renuncia en mayo, suma el de actividad prohibida a los funcionarios públicos.
En el auto dictado el día 19 por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa, David Villagrá, al que tuvo acceso Europa Press, se atribuye al ex regidor zurgenero el permitir la obtención de licencias urbanísticas «ilegales» mediante silencio administrativo o haber dado voto favorable para la concesión de licencias de obra mayor y licencias de segregación, sin cumplir requisitos exigidos por la ley.
Señala, en esta línea, la construcción de cinco viviendas unifamiliares en un solar situado en el paraje de Los Menchones y un edificio de tres alturas en el centro urbano del municipio sobre suelo que eran propiedad de su padre por parte de empresas promotoras a las que, al parecer, «se daba trato de favor» y la existencia de «cantidades injustificadas siempre inferiores a 3.000 euros» en cuentas bancarias donde Trabalón figura como titular.
Con respecto a Manuel Tijeras, el auto por el que el juez da traslado al fiscal para que formule escrito de acusación contra un total de 25 imputados entre los que figuran constructores, funcionarios y arquitectos, le vincula a la concesión de licencias en suelo no urbanizable «a sabiendas de que contravenían el ordenamiento jurídico» y, sobre todo, a la expedición de permisos de primera ocupación en viviendas sobre las que pesaban medidas judiciales cautelares de suspensión.
Trabajo «encubierto»
El ex edil de Urbanismo, según se desprende la instrucción incoada en 2008, habría aceptado, asimismo, el uso de un vehículo adquirido por la constructora propiedad de Antonio López para la que trabajaba de forma «encubierta» y habría percibido cantidades de dinero por la concesión de licencias que justificó, al parecer, con informes técnicos preceptivos favorables pero «inexistentes» mientras que Trabalón certificaba antiguedades de viviendas que no existían antes de que él accediese a la Alcaldía. A Tijeras se le imputa junto a dos arquitectos municipales que también fueron detenidos y un técnico del Ayuntamiento un delito de negociaciones prohibidas en funcionarios públicos. En el primer caso, se le achaca el realizar actividades directamente dirigidas a favorecer la obtención de permisos para obras sobre suelo no urbanizable por parte del constructor citado anteriormente, también detenido en abril de 2008 y, por tanto, imputado por delito contra la ordenación del territorio y cohecho.
La actuación al frente de la corporación local zurgenera y el que también fuera primer teniente de alcalde ha arrastrado también a ocho ediles del PA y del PSOE, partido con el que los andalucistas gobernaron en coalición durante el mandato entre 2003 y 2007. El juez considera que todos, a excepción del único concejal con acta del PP, incurrieron en un delito de prevaricación urbanística al emitir voto favorable en pleno a «multitud de licencias en suelo no urbanizable».
Funcionarios
En las diligencias previas de las que ha derivado el auto notificado a las partes el pasado día 22 para la incoación de procedimiento abreviado contra 25 personas por cientos de viviendas irregulares en La Alfoquía, Los Llanos del Peral o Los Menchones figuran imputados hasta cuatro funcionarios del Ayuntamiento que habrían dado cobertura «a sabiendas de que se permitía la construcción en suelo no urbanizable». Además de los dos arquitectos, de los que uno simultaneaba su trabajo con colaboraciones para un estudio vinculado con una promotora investigada, el juez señala a la secretaria del Consistorio, Trinidad Lidueña y a un técnico municipal que ejercía como administrador solidario de la empresa 'New Medina Villas'.
El auto del Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa cita a esta sociedad, encargada de levantar el inmueble de tres alturas en un solar propiedad del padre del primer edil, al desgranar otras como 'Dizu' (propiedad del empresario también arrestado Tomás Zurano) 'Solnor', 'Welcome to Spanish Home', 'Procosona' y 'Colyar', un entramado de empresas que levantaron cientos de viviendas unifamiliares en el término municipal destinadas al emergente y pujante mercado británico.
* Ideal - 08.07.09 -EUROPA PRESS
Foto: Zurgena (Almería) - teleprensa.net
Greenpeace denuncia que más de la mitad de los espacios naturales protegidos de la costa están amenazados
GREENPEACE* ha presentado hoy la novena edición del informe Destrucción a Toda Costa. Por primera vez en España, se ha analizado el estado de 233 espacios litorales protegidos, repartidos en los más de 8.000 kilómetros de litoral. El informe pone de manifiesto que ni siquiera los Espacios Naturales Protegidos (ENP) de la costa, supuestamente amparados por la legislación, están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado los últimos años. Más de la mitad, 120, sufren algún tipo de amenaza por urbanismo, infraestructuras o contaminación.
Las cifras del informe constatan cómo el desarrollo inmobiliario ha consumido ingentes cantidades de recursos naturales insustituibles, acosando al poco territorio virgen que queda en el litoral. Estado y comunidades autónomas son responsables de un desarrollo urbanístico depredador, calificado por el Banco de España como “economía suicida”. Los casos de corrupción urbanística siguen siendo una constante en la práctica totalidad de las comunidades autónomas costeras. El informe también realiza un detallado estudio de los graves problemas de contaminación presentes en el litoral.
"Puede que la declaración de un espacio protegido les sirva a los políticos para ponerse medallas sobre su apuesta por salvar la costa. Pero cuando, años después, descubren que esa protección es incompatible con algún proyecto urbanístico, intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron, convirtiendo a estos espacios en 'parques de papel', en papel mojado", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
Andalucía tiene 18 ENP amenazados y el peor ejemplo de destrucción de uno de los pocos parajes vírgenes que quedan en el Mediterráneo, el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y donde se ha construido el hotel ilegal de El Algarrobico.
Asturias es, después de Euskadi, la comunidad autónoma con menos espacios protegidos en la costa. Además, está prevista la creación de hasta 2.500 amarres en su litoral o la construcción de un campo de golf en Gozón, en plena Red Natura 2000.
Cantabria, con cuatro ENP muy amenazados, ocupa el segundo lugar después de la Comunidad Valenciana en el porcentaje de ocupación artificial en los primeros 100 metros costeros. Es paradigmático que siga operativo un campo de golf en el Parque Natural de las Dunas de Oyambre.
Cataluña, con ocho ENP amenazados, tiene en el Delta del Ebro el más claro ejemplo de acoso urbanístico y de infraestructuras a un espacio supuestamente protegido, donde la Agencia Europea de Medio Ambiente ha considerado al Delta como un “punto de alarma” por la contaminación de sus aguas debido a actividades industriales.
La Comunidad Valenciana tiene 21 ENP amenazados por diversos proyectos, como el acoso urbanístico al Parque Natural de La Albufera donde municipios como El Saler, El Palmar o Sueca siguen asfixiando a este humedal.
Euskadi, con ocho ENP amenazados, tiene el porcentaje más bajo de costa protegida de todo el Estado. Y ejemplos como el proyecto de construcción de un puerto exterior de Pasaia en Jaizkibel, que forma parte de la Red Natura 2000, no avalan los argumentos de desarrollo sostenible que esgrime la Diputación de Guipúzcoa.
Galicia, con 17 ENP amenazados aunque, en la teoría, la Xunta reconoce que tiene más de la mitad de su costa protegida. Pero de nada sirve proteger bajo un marco legal si, como en el caso del ENP de la Costa da Morte, se pretende construir una piscifactoría de 300.000 metros cuadrados, en pleno espacio protegido que forma parte de la Red Natura 2000 europea.
En las Islas Baleares hay 14 ENP amenazados. Unos espacios protegidos que sufren una merma diaria en sus valores naturales. Uno de los mayores puntos negros de la historia de Baleares es el proyecto de ampliación del puerto de Ibiza, que representa una gran amenaza al Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera.
En las Islas Canarias 14 ENP están amenazados. En esta comunidad autónoma el proyecto de puerto industrial de Granadilla es uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural.
La Región de Murcia, con siete ENP amenazados en tan sólo 300 kilómetros de litoral. La Región ostenta uno de los peores ejemplos del acoso a la costa virgen, con una reforma en la Ley del Suelo para desproteger el 64% del Parque Natural Cabo Cope-Calnegre (15.000 hectáreas) para la construcción de un complejo turístico.
En el informe también se han analizado las agresiones costeras a los ENP de Ceuta y Melilla. En la Ciudad Autónoma de Ceuta, poco a poco se va urbanizando el ENP de Monte Hacho, y en Melilla, los focos de contaminación y la ampliación del puerto amenazan el ENP de los Acantilados de Aguadú.
Estas son las cifras de amenazas directas o en el entorno de sus límites de protección que se han proyectado o están ejecutándose en los ENP que Greenpeace ha analizado:
(Ver informe original en enlace)
La paralización de muchos avances en materia de gestión costera, como el archivo y el olvido por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa o el abandono de procesos de expropiación de edificaciones ilegales, como el hotel de El Algarrobico (Almería), demuestran la nula política de gestión ante la crisis. Una actitud que intenta obviar la normativa ambiental y relegar el medio ambiente a una segunda división de los problemas estatales.
Greenpeace considera que la política ambiental debe ser prioritaria. Por ello, reclama la puesta en marcha de las siguientes medidas:
El refuerzo de la Ley de Costas ante la crisis económica. Tanto la Administración central como las autonómicas deben garantizar el cumplimiento de esta legislación como apuesta de un futuro sostenible para el litoral.
Un liderazgo claro del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la protección de la costa. El primer paso debe ser retomar la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, presentada hace más de un año, en la que el Ministerio no ha trabajado.
La compra de terrenos y la demolición de edificaciones ilegales debe continuar para garantizar la integridad de la costa.
Una actuación contundente, sin arbitrariedades, contra las grandes ilegalidades acometidas en la costa, eliminando las construcciones ilegales, y poniendo freno a la altísima corrupción urbanística.
La elaboración de planes de gestión efectivos que frenen el acoso a los ENP de la costa.
El fin de los vertidos industriales y urbanos que están dañando la calidad de las aguas.
La creación de planes para luchar contra la contaminación por vertidos y accidentes marítimos.
“Greenpeace considera que la defensa de la costa tiene que ser incondicional por parte de las administraciones implicadas, sin rebajas ni excusas. No tiene ningún sentido derribar chiringuitos ilegales en playas urbanas si se sigue manteniendo un hotel ilegal de 21 plantas en la playa protegida de El Algarrobico. Y como El Algarrobico hay muchos otros ejemplos”, concluyó Marcos.
Informe Destrucción a Toda Costa 2009 disponible en www.destruccionatodacosta.com ó www.greenpeace.es
Pdf interactivo en http://www.full-interactive.com/revistas/greenpeace/Destruccion-a-toda-costa/
* Greenpeace - 7.0709
Foto: Greenpeace, informe destrucción a toda costa 2009
Jaén: La plataforma contra la presa denunciará al Ayuntamiento por «manipular informes»
IDEAL* : La Plataforma en Defensa de los Cañones, contraria a la construcción de las presa del río Eliche, llevará a la Fiscalía una denuncia contra el gobierno local, la corporación municipal en pleno, la Agencia Andaluza del Agua, las consejerías de Cultura y Medio Ambiente de la Junta, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ministerio de Medio Ambiente por supuestas irregularidades detectadas en la tramitación de la presa.
La denuncia está «prácticamente ultimada» y se presentará -salvo que todas las administraciones citadas den explicaciones- «antes de final de julio», según ha explicado Manuel Molinos, portavoz de la plataforma.
Molinos hizo ayer públicos dos informes municipales, sobre los que señaló que «están evidentemente manipulados». El primero está firmado el 4 de junio de 2008 por el ingeniero de montes municipal Juan Martín Cabrera, y fue remitido a la Confederación por el concejal de Medio Ambiente, José Luis Cano. El ingeniero afirma que la presa y las obras afectarían «irreversiblemente» a los «valores geomorfológicos de muy alto valor naturalístico». Se asegura que se verá afectada la calidad del agua de las captaciones del Mingo, que la presa dañará «irreversiblemente» un paraje de alto valor paisajístico. El ingeniero afirma también taxativamente que con la normativa en la mano, en los cañones «están prohibidas las obras de desmonte, aterrazamientos, instalaciones turístico-recreativas y toda obra de carácter infraestructural».
El mismo ingeniero firma otro informe de fecha 2 de julio de 2008, menos de un mes después del primero, en que se eliminan todos esos argumentos contrarios a la presa. Fue enviado a la Confederación por la alcaldesa, Carmen Peñalver, el 12 de agosto de 2008. Además de párrafos suprimidos, donde en junio el ingeniero afirmaba que «la presa motivará una intensa degradación ambiental» un mes después opinaba que «podrá motivar». Todo lo que en junio era taxativo, en julio el mismo técnico lo deja en condicional, denuncia Molinos. La alcaldesa le aclara a la Confederación que este informe sustituye al anterior.
La Plataforma hizo ayer público también una nota del jefe de los servicios técnicos municipales, Manuel Ruiz Navarro, en el que se dice que Juan Martín «añade que sobre este expediente ha recibido ya demasiadas presiones tanto de políticos como de funcionarios».
Por todo esto, Molinos afirma que «seguramente se ha cometido un delito», ya que recientemente Ayuntamiento, Junta y Subdelegación del Gobierno manifestaron que mantenían su intención de continuar con la presa. «La causa de la tardanza de los expedientes son estos informes contradictorios. Los técnicos no quieren firmar argumentos en falso», dijo ayer Molinos.
Según Molinos, esta documentación obra desde hace meses en poder de todas las administraciones públicas y grupos políticos sin que hayan actuado en consecuencia. Además, Molinos señala otras irregularidades en la tramitación de la presa: que aún no haya petición de informe a la Consejería de Cultura, que falte el informe del Instituto Geológico y Minero.
Respuesta municipal
El Ayuntamiento respondió a las acusaciones con un comunicado con declaraciones del concejal de Urbanismo, Manuel López, quien asegura que se está trabajando «de mano de los vecinos y las vecinas para llevar a cabo el compromiso que hemos adquirido (...) Nuestro objetivo es la ordenación del territorio que durante tantos años ningún responsable político ha abordado». Según López se están cumpliendo «escrupulosamente» acuerdos firmados en público. Muestra su extrañeza porque si Molinos descubrió irregularidades hace un año no las haya hecho públicas hasta ahora, y añade que el expediente lo forman no sólo los dos informes a los que alude Molinos, sino muchos más y otros que se añadirán próximamente. Y se asegura que el Ayuntamiento está actuando «con la máxima transparencia, en colaboración con las demás administraciones y con los vecinos y vecinas de Jaén» para resolver un problema enquistado desde hace años.
* Ideal - 07.07.09 -JUAN ESTEBAN POVEDA
Foto: La presa de laminación del río Eliche es una de las soluciones planteadas por las administraciones para evitar las riadas en Los Puentes. · Autor: Viva Jaén, andaluciainformacion.es
La censura de Gondomar reactiva la guerra urbanística
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ELPAÍS/Pontevedra* : Dos concejales procesados por cohecho, tras ser sorprendidos cobrando por una recalificación en el plan general de urbanismo que habían vendido, y otros cinco, más el entonces alcalde, Carlos Silva, condenados en otra causa a prisión e inhabilitación por prevaricación urbanística, marcan los precedentes de la moción de censura planteada por los concejales del PP, PSOE y Move Gondomar contra el alcalde Antón Araúxo, del BNG, con el planeamiento urbanístico como cuestión prioritaria que, sin embargo, los promotores de la censura aún no han decidido cómo encarar, según informaron ayer.
Martín Urgal, el candidato a alcalde (PP), Alfonso de Lis (PSOE) y Manuel Núñez Sestelo (Move Gondomar) comparecieron ayer ante los medios de comunicación para anunciar las que serán sus primeras medidas de gobierno, una vez se consume pasado mañana la moción de censura. Lo hicieron en un hotel de Nigrán. Ha sido una semana agitada en Gondomar, con cacerolada diaria contra la moción, y ayer la Guardia Civil vigilaba la entrada del hotel en previsión de altercados.
Varios centenares de vecinos volvieron ayer a recorrer las calles del centro urbano para insistir en el binomio moción =corrupción, que también es la denominación de la plataforma convocante.Lo primero que aprobará el nuevo gobierno de Gondomar será un presupuesto municipal.
El BNG no ha sido capaz de aprobar ninguno, ni siquiera un sueldo para sus concejales.
Para los promotores de la moción resulta "una perversión del juego democrático" que los cinco concejales gobernantes hayan impuesto sus criterios a los otros 12. "Los que mandan están en la oposición", afirman éstos, arrogándose una capacidad demostrada para "obligar" a los nacionalistas "a asumir cuestiones a las que abiertamente se oponen", aunque al mismo tiempo les acusan de no cumplir los acuerdos plenarios que ellos promovieron.
El gobierno nacionalista ha perdido 1,2 millones de euros en subvenciones, según aseguran, y ahora se revisará toda su gestión económica. La moción, dijo el alcaldable, Martín Urgal, es "traumática para todos, para los que salen y para los que entran", pero "Gondomar y los gondomareños" la están urgiendo: por la paralización municipal y, singularmente, del urbanismo, "con cientos de vecinos que no pueden construir su casa".
El nuevo gobierno hablará "con la gente para saber su opinión" en relación con el urbanismo y después decidirá si acometer un plan nuevo o rescatar el "de la corrupción" de 2006. La anterior corporación acordó, antes de las elecciones de 2007, suspender su tramitación "por higiene política". Abría 1,6 millones de metros cuadrados a una urbanización intensiva y José Luis Mosquera, portavoz del gobierno, y Alejandro Alonso, responsable de urbanismo, ya se lo estaban cobrando a los promotores. Ayer se aseguró que "sólo" se había suspendido su tramitación hasta las elecciones municipales, pero la moción aprobada no fija plazos, sino que llanamente "deja sin efecto la aprobación inicial" del plan.
El BNG trató de poner en marcha un nuevo planeamiento, pero la oposición apostaba por recuperar el "de la corrupción" sometiéndolo a la "limpieza" que precise. Ahora no descarta tramitar un nuevo plan, pese a la "declaración de lesividad para los intereses de Gondomar" (por cuanto ya existía el de 2006) que aprobó y que han de sustanciar los tribunales.
Este trasfondo urbanístico ha motivado las movilizaciones de esta semana de la plataforma moción=corrupción, que ayer cerró su marcha con un festival con grupos de la comarca. También se han escuchado todas las noches unas notas sincronizadas de zanfona, como tañido lúgubre, que repartió el siniestro Segundo Grandío para las protestas, en las que han participado vecinos de todos los partidos.
Nada evitará la moción de censura. Sus promotores no se han repartido aún las áreas de gestión, pero en el nuevo gobierno tendrá un papel destacado Carlos Silva, ex alcalde y cabeza de lista del PP, condenado por prevaricación urbanística y cuya candidatura a la alcaldía hizo fracasar, "por estética", la primera tentativa de censurar al BNG.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 05/07/2009
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
Los fiscales anticorrupción de Balears sólo investigan tres casos tutelados por Madrid
ÚLTIMAHORA* : El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tutela de forma directa, a través de la Fiscalía Especial de Anticorrupción, tres investigaciones, de una veintena, que desarrollan en Balears los representantes del Ministerio Público Juan Carrau y Pedro Horrach. Los casos con competencia directa de Madrid son 'Andratx', 'Operación Relámpago' y 'Son Oms', según confirmaron ayer a este diario fuentes judiciales.
El resto son investigadas bajo la dirección del fiscal superior de Baslears, Bartomeu Barceló.
El 'caso Matas', por ejemplo, cuyo eje central es el patrimonio del ex presidente del Govern, también depende de la Fiscalía General del Estado, que se ha negado a conceder una prórroga al cumplirse los seis meses establecidos desde el inicio de las pesquisas. Sobre ese asunto se pronunciará Barceló en los próximos días, aunque Carrau y Horrach pueden impugnar su decisión final.
Carrau y Horrach están adscritos a la Fiscalía de Balears, pero también forman parte de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción, que dirige Antonio Salinas, y deben informar periódicamente del desarrollo de las causas en las que intervienen.
Las funciones de la Fiscalía Anticorrupción consisten fundamentalmente en la intervención en los procesos penales por delitos económicos relacionados con la corrupción y en la coordinación de actuaciones de las distintas fiscalías en orden a la prevención y represión de estos delitos. Las tres causas tuteladas por Madrid ('Andratx', 'Operación Relámpago' y 'Sons Oms') están en su recta final de instrucción. En la supuesta corrupción urbanística en el municipio 'andritxol' ya se han celebrado cuatro juicios. El 'caso Son Oms' es investigado en un Juzgado de Instrucción y por la Sala de lo Civil y Penal del TSJB (por la condición de aforado del diputado del Grupo Mixto Bartomeu Vi cens), mientras que la 'operación Relámpago', abierta desde 2007, se ha subdividido en varias piezas separadas.
Numerosas causas en las que participan Juan Carrau y Pedro Horrach están controladas por Bartomeu Barceló. Entre ellas, destacan los casos 'Ordinas', 'Turisme Jove', 'Dobles ventas', 'Plan Territoral de Mallorca', 'Funeraria', 'Peaje', 'Palma Arena', 'IB3', 'Rodrigo de Santos', entre otros.
La ingente carga de trabajo que acumulan Carrau y Horrach hace prever la adopción de medidas para reforzar la unidad de Anticorrupción en Balears. Incluso, se ha barajado la posibilidad de que otros dos fiscales refuercen la labor de los fiscales anticorrupción de las Islas. El primer 'gran caso' que asumieron Juan Carrau y Pedro Horrach fue la supuesta corrupción urbanística en Andratx, que empezó en 2006 con la detención del ex alcalde Eugenio Hidalgo en la propia sede del Ajuntament.
* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 7.07.09
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
Los juzgados tramitan demandas contra seis planes urbanísticos de Ibi
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INFORMACIÓN/Alicante* : Un juzgado de lo contencioso-administrativo ha abierto un sexto frente contra el urbanismo en Ibi, al haber admitido a trámite una demanda contra otro proyecto de edificación, en este caso de viviendas adosadas en la zona del "Pont de Picó", a la entrada de la población, según ha podido saber este diario. De esta forma, son ya seis los planes urbanísticos impulsados por particulares y avalados por el Ayuntamiento han sido denunciados ante los tribunales.
Este último caso, según las informaciones recabadas, se trata del proyecto de reparcelación del Sector PR 16-17 y 18 del PGOU, que fue aprobado por la junta de Gobierno municipal de 2007, y contra el que ahora se ha presentado un recurso. Esta medida se ha formalizado porque por silencio administrativo el consistorio ibense había rechazado el recurso que se planteó en un primer momento.
La iniciativa ha sido formulada ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Alicante por un propietario de terrenos, disconforme con los planteamientos de la reparcelación, que ha sido promovida por la empresa Restour Ilice, SL. Al parecer, según indicaron fuentes municipales, el resto de propietarios ha expresado su conformidad con el planteamiento.
Ante la admisión a trámite de la demanda, el Ayuntamiento ha decidido personarse en el caso como parte interesada, para lo cual ha acordado que un abogado que se encargue de la defensa de sus intereses, en este caso Fernando Román Pastor, según un edicto de la alcaldesa Mayte Parra, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario.
De esta forma, son ya seis los planes de desarrollo urbanístico de Ibi que están en los tribunales, por diversos motivos. El primero fue el de la zona de l'Alamí, en el que sigue existiendo conflicto con los propietarios de terrenos, según las informaciones recabadas. También se ha recurrido el proyecto para Finca Barberá, en el que se pretende construir 350 chalés; en este caso, hubo polémica al contratar el Ayuntamiento a una abogada que está imputada por la UER 13, de la fábrica Picó, a raíz de una denuncia de Toplabi, SL, la firma del plan urbanístico de La Pileta, que igualmente ha sido objeto de un proceso judicial. Por último, está el proyecto para Sant Lucía, que fue descartado por el gobierno del PP después de que se registrara una polémica ciudadana. La zona prevista fue declarada zona verde.
SITUACIÓN
De los 9 millones de Santa Lucía al caso de La Pileta
Entre los seis asuntos que actualmente tramitan los juzgados de lo contencioso de Alicante, el TSJ o las propia salas de Ibi, hay dos que destacan por encima de los demás. Por una parte, está el de Santa Lucía, cuyas repercusiones económicas podrían ser importantísimas para el Ayuntamiento. El consistorio, como se viene informando, descartó construir un edificio de siete plantas y ahora su promotora le reclama 9 millones de euros de indemnización; entre otras razones, se alega la ruptura del convenio existente con anterioridad entre las dos partes. En segundo lugar, está el de La Pileta -técnicamente, Sector NP R-3-, cuyo impacto está siendo político y también económico. El Ayuntamiento lo adjudicó a la empresa Promociones Toplabi, SL, de Ibi, pero posteriormente se desdijo en una decisión que ha sido refrendada por el TSJ. Sin embargo, la propiedad de Toplabi denunció ante los juzgados que había sido objeto de presiones, incluso por parte de técnicos municipales, para que no concurriera a otro plan, en concreto la UER 13. Un aparejador municipal y su esposa -la abogada del Ayuntamiento anteriormente citada- están imputados, junto con otros dos técnicos municipales, que declaran el próximo viernes en el juzgado de Ibi que tramita este caso.
* Información - M. CANDELA - 7.07.09
Foto: Ibi (Alicante) - cult.gva.es
Los delitos urbanísticos en Sevilla suben casi un 30% en un año
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20MINUTOS* : Alcalá de Guadaíra, Castilblanco, Gerena, El Arahal, La Rinconada... Los delitos urbanísticos son uno de los principales problemas de muchos municipios sevillanos. En sólo un año, la Fiscalía de Sevilla ha visto cómo crecían casi un 30%, pasando de los 198 que hubo en 2007 a los 255 del pasado año.
La mayoría son por «edificaciones levantadas por particulares en parcelaciones ilegales perpetradas en suelo no urbanizable que no es de especial protección». La Fiscalía culpa de esta subida a los ayuntamientos, ya que «su disciplina urbanística es ínfima».
Además, reconoce su sorpresa porque «la situación haya empeorado pese al poder disuasorio que debiera tener el conocimiento público de las frecuentes sentencias condenatorias.
Más delitos en El Arahal
En los delitos contra la ordenación del territorio, la Fiscalía destaca los numerosos procedimientos que afectan a parajes de El Arahal.
Un asunto relevante y que, según la previsión policial, producirá más de 170 atestados por acciones presuntamente delictivas en una zona no urbanizable de 294.883 m2, en la que se han creado 147 parcelas, muchas de las cuales ya tienen edificaciones sin licencia.
También se han tramitado procedimientos contra responsables municipales por prevaricación urbanística.
Los más destacados fueron los de los alcaldes de Castilblanco (por su «absoluta desidia y pasividad» para evitar las cerca de 500 edificaciones existentes en la dehesa Las Minas, de naturaleza forestal); Burguillos (por otorgar una licencia para edificación en contradicción con el planeamiento vigente).
También Morón (por dar licencias ilegales en un polígono industrial); y Lora de Estepa (por autorizar edificaciones en suelo rústico). Ninguno de ellos está en prisión provisional por estos delitos.
Respecto a los delitos que atentan directamente al medio ambiente, la Fiscalía resalta la actuación contra la empresa minera Cobre Las Cruces por la contaminación del acuífero Niebla-Posadas, del que se abastecen diversas poblaciones de la provincia de Sevilla.
También el abierto contra los alcaldes de Morón, «por la tolerancia, falta de control y constante inactividad ante los vertidos tóxicos de las industrias de aderezo de la aceituna» al río Guadaíra; y Guillena, por autorizar un vertedero incontrolado.
* 20 Minutos - JORGE GARCIA. 05.07.2009
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización ilegal - diariodesevilla.es
El palacio de Boadilla enfrenta a los vecinos con la Sociedad de Autores
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ELPAÍS/Madrid* : "No hay por dónde cogerlo". La Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte no está de acuerdo con el proyecto que la SGAE tiene para el edificio y ayer concentró a cerca de 300 vecinos para demostrarlo. Durante la concentración, exigieron la anulación del convenio por el que el palacio pasa a ser de la Sociedad de Autores y pidieron que "se restaure como bien de uso cultural y político".
El palacio del infante don Luis, obra neoclásica de Ventura Rodríguez, pasó a manos de la SGAE en noviembre de 2006 con un contrato de cesión por 75 años. La Sociedad de Autores se comprometió a rehabilitarlo, conservarlo y mantenerlo, con un proyecto de 30 millones de euros. Pero este proyecto no convence a los Amigos del Palacio, que llevan un mes recogiendo firmas en contra. Tienen más de 3.000, y han solicitado también la ayuda del Defensor del Pueblo y del Parlamento Europeo.
"Se olvidan de que el palacio y todo su entorno son un Bien de Interés Cultural", se lamenta la presidenta de la asociación, Paloma Olmedo. "Por eso no pueden segregar espacios ni añadir nuevas construcciones". Olmedo denuncia que "el proyecto añade cubos de cristal en los jardines y otras barbaridades. Hay que preservar la estética del conjunto". La asociación, creada en 2002, no descarta acudir a la vía judicial para denunciar el proyecto. Los socialistas de Boadilla se unieron también a la protesta en la explanada del palacio. "Es un convenio muy cerrado que no hace accesible el palacio para los ciudadanos", opina el portavoz socialista, Pablo Nieto.
* ELPAIS.com - B. JIMÉNEZ - Madrid - 06/07/2009
Foto: Imagen del Palacio de Boadilla. (Diego Sinova), elmundo.es
Cultura salvó una ciudad visigoda de un plan urbanístico como el del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : El Ministerio de Cultura, al que el Tribunal Supremo ha ordenado que emita informes sobre el posible expolio en el conjunto histórico protegido del barrio del Cabanyal, no suele terciar en planificación urbanística. Las competencias que la ley de Patrimonio Histórico le otorga en materia de expolio las ha llevado por el terreno de la dispersión de obras de arte y por el rescate del patrimonio documental o de los tesoros submarinos (como el caso del Odissey).
Una de las raras y recientes excepciones en materia urbanística apuntadas a este diario por el Ministerio de Cultura es el plan de la Vega Baja. Este proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Toledo, preveía la construcción de 1.300 viviendas, un hotel y un complejo comercial sobre las ruinas de una ciudad visigoda amparada por la declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad.
La presión de organismos internacionales como la Unesco y de las plataformas cívicas y culturales, entre ellas, la Real Fundación de Toledo liderada por Gregorio Marañón, forzaron en 2006 al Gobierno de Castilla-la Mancha a paralizarle al ayuntamiento el proyecto al que inicialmente había dado el visto bueno por su componente social -se construirían viviendas baratas- y condicionándolo a las catas arqueológicas.
El Ministerio de Cultura, aunque tarde, acudió al rescate de la ciudad visigoda y la entonces ministra Carmen Calvo -quien advirtió de que de no haber intervenido el Gobierno Regional lo hubiera hecho el Gobierno- impulsó un convenio para crear un centro de interpretación y un museo donde antes se habían proyectado torres de edificios. El proyecto a día de hoy no termina de cuajar pero las ruinas están intactas y se han declarado Bien de Interés Cultural.
Al barrio de arquitectura popular modernista del Cabanyal esa misma figura de protección le ha servido de poco ante el plan de reforma interior que incluye la polémica prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar. El proyecto ha sido ratificado hasta en diez ocasiones por los tribunales. Pese a todo la plataforma Salvem el Cabanyal sigue invocando a la tutela superior del Estado para frenar el derribo de 1.600 casas. El Ministerio de Cultura, de momento, da la callada por respuesta. Sólo apunta que su potestad es "muy limitada" porque "las competencias están transferidas". Más de veinte días después de la sentencia del Supremo, el ministerio no aclara en qué punto se encuentran los informes. Mientras, los derribos en el BIC siguen. El intento del PSPV de forzar en el último pleno a Rita Barberá a parar los derribos entretanto llega el informe de Cultura fracasó.
Interés social o valor patrimonial
El plan de ordenación municipal (POM) Vega Baja se remonta al año 2000. Dos años antes se aprobó el plan especial (Pepri) de Cabanyal. Ambos afectan a entornos protegidos y se presentaron con el aval del interés social y la construcción de vivienda pública. En Toledo, los socialistas, entonces en la oposición y hoy en el gobierno, no quisieron descolgarse de un proyecto bien recibido por la población. Sólo Izquierda Unida, partido se opuso desde el principio. En Valencia, el plan del Cabanyal siempre ha tenido en contra a la oposición (PSPV e IU -ahora sin representación en el ayuntamiento-) que cuando tuvo ocasión de solucionar la conexión de Blasco Ibáñez con el mar en el PGOU de 1989 optó por dejarla "diferida".
De proyecto público a mixto
El proyecto de la Vega Baja nació público y se convirtió en mixto por la entrada de socios privados relacionados con la banca, según recoge la periodista Cristina Martínez en el libro Vega Baja de Toledo. Historia de un rescate. El Ayuntamiento de Valencia también dio entrada en la sociedad Cabanyal 2010, creada en 2005 para ejecutar el plan del Cabanyal, a los socios privados, en su mayoría promotores, que se han descolgado del proyecto por la crisis.
El debate en las urnas
Los planes urbanísticos de Vega Baja y el Cabanyal han tenido reflejo en las urnas. El bloqueo del proyecto y la degradación del barrio del Cabanyal han afianzado los votos del PP en el barrio que las últimas elecciones obtuvo mayoría. En cambio al histórico alcalde de Toledo Manuel Molina (PP) la urbanización de la Vega Baja, entre otros factores, le costó la alcaldía.
* ELPAIS.com - HORTENSIA GARCÍA - 6.07.09
Foto: Vivienda con torre-miramar en la calle Escalante del Cabanyal. - daniel tortajada, levante-emv.com
Gran Scala o gran estafa
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ELPAÍS/Zaragoza* : ¿Cabe imaginar un parecido entre Las Vegas, Orlando y Ontiñena? Ontiñena, localidad oscense de 650 habitantes, de paisaje árido y economía de subsistencia, ha sido elegida sede de Gran Scala, un proyecto de ocio diseñado para atraer a 25 millones de visitantes anuales. ¿Gran Scala o gran estafa? Es una pregunta que se hace la sociedad aragonesa.
El Gobierno aragonés patrocina el proyecto hasta sus últimas consecuencias. Durante el mes de junio, Gran Scala ha dado sus primeros pasos: tiene suelo (3.000 hectáreas en Ontiñena) y una ley a la carta aprobada hace una semana en Las Cortes de Aragón. Le toca el turno al dinero: o aparece por el horizonte o el Gobierno aragonés tendrá un problema.
La polémica dura 18 meses. El 12 de diciembre de 2007 se presentó un proyecto para transformar Los Monegros en un Las Vegas europeo. Las cifras que se divulgaron (17.000 millones de inversión, 32 casinos, 70 hoteles, cinco parques temáticos, 65.000 empleos directos) eran tan extraordinarias que mucha gente pensó que el Gobierno aragonés, con su presidente a la cabeza, estaba dando carta de naturaleza a una locura sin sentido.
Los sospechosos antecedentes de algunos de los personajes relacionados con el proyecto y la falta de transparencia sobre la identidad de los inversores agravaron la incredulidad. El principal defensor de Gran Scala era José Ángel Biel, vicepresidente del Gobierno aragonés y líder del Par, socio de la coalición gobernante. Políticos socialistas comentaban en voz baja su desasosiego por defender un proyecto con tantas incertidumbres y ninguna garantía.
Durante meses, las noticias alimentaron a los escépticos. Viajes oficiales a Las Vegas, Orlando y París. Actos promocionales donde se habló del proyecto sin concreción. Los canapés y los viajes los pagaba el Gobierno de Aragón. Daba la impresión de que mientras unos gastaban saliva, otros pagaban las facturas.
También se supo de la firma de un protocolo entre el Gobierno de Aragón y la empresa International Leisure Development (ILD), con sedes en Londres y Cardiff, mediante el cual el Gobierno se comprometía, entre otras cosas, a "adecuar la normativa administrativa a los requerimientos del proyecto". Es decir, una ley a gusto del promotor en una región con la ley del juego más restrictiva de España. En Aragón sólo se autoriza un casino por provincia. Los promotores querían una ley para 32 casinos en una localidad. El Gobierno ha cumplido su parte. La Ley sobre Centros de Ocio de Alta Capacidad fue aprobada la pasada semana con el apoyo del PSOE, el Par y la abstención del PP en algunos artículos.
Muchas asociaciones cívicas han mostrado su oposición y han generado una opinión en contra. Desde Cáritas hasta Ecologistas en Acción, pasando por la Fundación Ecología y Desarrollo, han sido numerosos los profesionales que han alertado al Gobierno de los riesgos de un gran engaño. Noticias divulgadas acerca de la solvencia de ILD no eran muy halagüeñas. Tampoco las referentes a socios radicados en paraísos fiscales u ocultos tras el anonimato de fondos de inversión. Fue muy criticada la negativa de ILD a abrir oficina en Zaragoza. Por otra parte, el sector del juego no se caracteriza por su transparencia ni por los buenos modales de algunos empresarios. Y, a todo esto, el empresariado aragonés ha mantenido un prudente silencio. Jesús Morte, presidente de la patronal, reconoce que no han existido contactos entre los promotores y empresarios aragoneses. "No es una crítica. No se nos ha pedido nada, pero nos gustaría estar cerca de la participación de un proyecto de esta magnitud".
Otra incógnita. El suelo. Se hablaba de Los Monegros, pero ¿dónde? Gran Scala necesitaba al menos 2.000 hectáreas. El Gobierno aragonés había encargado un estudio a sus técnicos. Del estudio salieron cinco localizaciones cuyos nombres eran secretos: Villanueva de Sigena, La Almolda, Sena, Valfarta y Ontiñena. La última palabra era de los promotores, que descartaron dos: Sena (no les gustaba su ubicación) y Valfarta (por las granjas de ganado porcino en sus alrededores).
ILD encargó al despacho de abogados de Garrigues las gestiones. Los primeros pasos se dieron en Villanueva de Sirena. Fracaso: tres propietarios acumulaban buena parte del suelo y quisieron dar el pelotazo. La segunda estación fue La Almolda. Nuevo fracaso: oposición de ayuntamiento y vecinos. Quedaba así Ontiñena, la quinta opción. En febrero comenzaron las gestiones. El alcalde Ángel Torres (PP) respaldó la operación con 1.300 hectáreas de suelo municipal. Más de 50 vecinos han firmado ya a 9.000 euros la hectárea. ILD utiliza una curiosa fórmula de opciones de compra: paga el 4% de lo acordado por una opción que se renueva cada 8 meses. Así hasta tres renovaciones. "ILD apenas se ha gastado 120.000 euros", sostiene José Luis Batalla, registrador jubilado, "y se ha asegurado más de 2.000 hectáreas para decidir".
Todas estas acusaciones no parecen alterar el ánimo de Jaume Riera y Josep Carreras, abogados de Barcelona que han interpretado el papel de portavoces de Gran Scala durante este último año y medio. "ILD es un joint venture que se monta para firmar un protocolo de inversión", afirma Riera. "Lo que hay que ver es qué hay detrás y lo que hay detrás son empresas con 5.000 millones de facturación. Si sólo miran ILD verán que no tiene empleados. ¿Capital? El mínimo. ¿Ingresos? Ninguno. ¿Gastos? Los necesarios para pagar unos estudios de mercado. Hasta el momento nos hemos movido en una gran incógnita: si no había una predisposición del Gobierno, no arrancábamos".
Riera contesta a las acusaciones con una reflexión: "Reivindico el ingenio para promover cosas diferentes. Es un proyecto singular y complejo, pero aquí parece que todo va a terminar en un pelotazo. La actitud de mucha gente ha sido despectiva y destructiva. No hemos tenido ningún beneficio y llevamos largo tiempo con este proyecto". Riera anuncia que, tras la aprobación de la ley, llega "una fase más constructiva". "Tenemos que presentar un proyecto al Gobierno. En este tiempo hemos cerrado acuerdos con operadoras. Si dentro de unos meses no hay operadoras no hay proyecto: esto no funciona con dos casinos y un parque temático".
La ciudad privada
La Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad ha sido bautizada también como la Ley Gran Scala. Su contenido es polémico y no sólo por el mero hecho de que permita la aglomeración de casinos de juego en un mismo territorio sino también porque el informe previo elaborado por los letrados de las Cortes de Aragón presentó algunas salvedades, en tres de las cuales planteaban dudas sobre la constitucionalidad de los artículos.
Según expertos en derecho, la ley presenta novedades muy discutibles. Una de las que más ha llamado la atención es la forma de gobierno que se instala en el territorio objeto de un proyecto de ocio. "La ley le quita competencias al ayuntamiento sobre los terrenos del proyecto y sustituye su autoridad por la de un consorcio, del que entra a formar parte el Gobierno de Aragón y autoridades de la comarca", explica Fernando López Román, presidente de la Fundación Ecología y Desarrollo. "Siguiendo sus artículos, Gran Scala pasaría a ser una especie de ciudad privada, sin alcalde ni concejales, con sus propias normas urbanísticas y un ordenamiento jurídico especial. La decisión sobre cualquier licencia la tendría el consorcio". "¿Estaría permitida una manifestación en ese territorio?", se pregunta López Román. "Tal y como está la ley, no queda claro aspecto tan importante".
* ELPAIS.com - LUIS GÓMEZ - Zaragoza - 05/07/2009
Foto: Los Monegros (Aragón), proyecto Gran Scala - elpais.com
Lo que escondía la causa del "caso Arona"
ELDÍA/Tenerife* : La gestión que se lleva a cabo en el Ayuntamiento de Arona sigue en entredicho debido a la presunta trama de corrupción urbanística que se destapó desde hace ya más de dos años, con lo que se ha llamado "caso Arona".La tranquilidad que había en el ayuntamiento hasta enero de 2007 se vería alterada cuando la Fiscalía Anticorrupción presentaba una querella contra la Junta de Gobierno del pasado mandato, es decir, la del período comprendido entre 2003 y 2007 por los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación continuada contra la ordenación del territorio.
En aquellas fechas, a raíz de un pacto de gobierno, la Alcaldía la ostentaba el nacionalista José Alberto González Reverón, que a día de hoy sigue manteniendo este mismo cargo, pero ahora con mayoría absoluta.
La adopción de unos 300 acuerdos, entre enero de 2004 y noviembre de 2006, y que consistían en la concesión de alrededor 200 licencias urbanísticas, que supuestamente, contaban con advertencia de ilegalidad de los servicios jurídicos y de la propia Secretaría fue el principio de la denuncia que presentaría la Fiscalía.
A estos expedientes se suman otros 80 referidos a contrataciones con informes, al parecer, contrarios del departamento de Intervención del Ayuntamiento aronero.
La Fiscalía tiene conocimiento de toda esta situación porque el portavoz del Grupo Municipal Socialista tanto en el pasado mandato como en éste, Francisco García Santamaría, comunica todos estos hechos de presunta corrupción, lo que sucedió en noviembre de 2006.
La denuncia llega al Palacio de Justicia de Arona y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7, cuyo titular es Nelson Díaz Frías, comienza su investigación y que ha derivado, después de dos más de dos años, en nuevas imputaciones a cargos del actual gobierno municipal. Además, de representantes de la Cámara de Comercio.
21 de marzo de 2007.- Efectivos de la Policía Judicial se personaron en el ayuntamiento sureño para recabar la documentación que requería el magistrado Nelson Díaz Frías, sobre los asuntos denunciados por la Fiscalía.
7 de mayo de 2007.- Tan sólo 20 días antes de las elecciones, José Alberto González fue el primero en acudir ante el juez a declarar en calidad de imputado por los presuntos delitos de prevaricación y de prevaricación continuada contra la ordenación del territorio. Ese mismo día declaró Manuel Barrios (CAN), entonces concejal de Urbanismo. En los días sucesivos, hasta el 10 de mayo, lo hicieron los restantes integrantes de la Junta de Gobierno Local del mandato anterior: Daniel Martín (CAN), Félix Sierra (PP), Juan José Alayón (CC), Alfonso Barroso (CC), Sebastián Martín (CC) y José Luis González (CAN).
18 de octubre de 2007.- La maraña que Díaz Frías está desenredando también ha requerido la colaboración de funcionarios municipales. Hasta entonces, todo seguía sujeto a las interpretaciones políticas y de los técnicos especializados.
27 noviembre de 2007.- El juez Nelson Díaz ordenó a la Guardia Civil que le localicen a los representantes legales de diez empresas dedicadas a la construcción y otras actividades, entre las que se encuentran algunas tan conocidas como Gomasper y Marichal Inversiones del Sur, así como a algunos trabajadores municipales, entre los que se menciona a Roberto de Luis Jiménez y Eliseo de la Rosa González.
18 de diciembre de 2007.- La funcionaria Manuela Melo, adscrita al área de Urbanismo, acudió ese día ante el juez porque no pudo hacerlo en su momento. La declaración de esta testigo pasó inadvertida debido a que por la tarde del martes José Ramón Ansorena, de la empresa Proguito S.L., habló y aportó documentación y grabación a Nelson Díaz Frías. Lo que contenían esas aportaciones motivó que el magistrado considerara que había "nuevos hechos delictivos" por los que, esa misma tarde, ordenó y se produjeron las primeras dos detenciones del "caso Arona": Eliseo de la Rosa, arquitecto municipal que fue acusado de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias; y Arsenio Zamora, empresario acusado de los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y extorsión, considerándole como "cooperador necesario" para la presunta comisión de los dos primeros delitos que le imputan. Ese día, el juez declara el secreto del sumario y los detenidos entraron en prisión el 21 de diciembre.
20 de diciembre de 2007.- El Pleno de Arona, con los votos a favor de CC y PP, aprueba utilizar fondos públicos para pagar la defensa de los ocho concejales y ex concejales imputados en el "caso Arona", si bien quien resulte condenado tendrá que devolver el importe de tal defensa al consistorio.
14 de febrero de 2008.- Roberto de Luis, aparejador municipal, y Zenón Rodríguez, arquitecto particular, son detenidos por presunto cohecho y tráfico de influencias, aunque al primero se le añade el supuesto delito de prevaricación. De la Rosa ingresó en prisión sin fianza al día siguiente, mientras que el representante legal de Rodríguez depositó el sábado, día 16, los 80.000 euros en que fue fijada su fianza y salió de la cárcel, si bien ambos volvieron a comparecer ante el juez un día antes.
11 de abril de 2008.- El abogado Felipe campos, a título personal, presenta en el Juzgado de Guardia de Arona la ampliación de las denuncias del "caso Arona". El letrado aporta otras 52 que, a su juicio, son "presuntamente delictivas" y que fueron otorgadas entre diciembre de 2006 y diciembre de 2007. La peculiaridad es que 42 fueron concedidas por la Junta de Gobierno Local anterior y las restantes por la del mandato actual.
Noviembre-diciembre 2008.- El redactor del Plan General de Ordenación (PGO), Jorge Coderch, según el contenido de un documento que lo constata, afirmó a un colectivo vecinal que en el planeamiento "hay muchas cosas incluidas porque se las pidió el gobierno municipal", de lo que dijo tener constancia escrita. Además, en el mismo documento aseguraba que el "99 por ciento de la gestión urbanística es ilegal".
29 de junio de 2009.- El juez instructor del caso decide levantar el secreto del sumario y se desvela que dos altos cargos de la Cámara de Comercio figuran entre los 28 imputados, que son Pedro González Santiago y Vicente Dorta Antequera, quienes están acusados de presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación, igual que el abogado Carlos Enrique Morales. Asimismo, al alcalde, José Alberto González Reverón, se le añaden otros dos presuntos delitos más: tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El juez Díaz Frías también decide imputar a cuatro nuevos concejales del actual gobierno nacionalista, concretamente a Antonio Sosa, Clara María Pérez, María Candelaria Padrón y Manuel Reverón. Además, mantiene imputado al edil del PP y consejero delegado del Sur del Cabildo de Tenerife, Félix Sierra. Las diligencias abiertas actualmente son muchas y su estudio darán más resultados tras las investigaciones oportunas.
* El Día - 5.07.09
Foto: arona - las_americas - hotspotz
150 casos de obra nueva prescriben en El Puerto por la inacción de IP
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DIARIODECÁDIZ* : Poco recorrido judicial les queda a la práctica totalidad de los más 160 casos de obra nueva presuntamente fraudulentos que el nuevo Gobierno del Partido Popular de El Puerto empezó a enviar a la Fiscalía de Cádiz en octubre de 2007, la mayoría de los cuales se han plasmado en denuncias interpuestas en los Juzgados de El Puerto por el fiscal coordinador de Medio Ambiente de Andalucía, Ángel Núñez.
Según ha podido comprobar este diario, la mayoría de los casos que han sido denunciados por el fiscal, al constatar que se trata de viviendas que han sido erigidas en su mayor parte en suelo no urbanizable, amparándose en certificados supuestamente falsos de antigüedad de casas inexistentes, datan de los años 2002 a 2004, cuando gobernaban en El Puerto los Independientes Portuenses de Hernán Díaz.
A la Fiscalía de Cádiz no comenzaron a llegar, de la mano del nuevo gobierno del PP surgido tras los comicios de mayo de 2007, hasta octubre de ese mismo 2007. Y Núñez, una vez realizadas las pertinentes comprobaciones, no comenzó a cursar las primeras denuncias hasta febrero de 2008, hasta terminar incoando del orden de 150.
De facto esto entraña que, dado que la Audiencia de Cádiz finalmente ha decidido adoptar el criterio de que los profesionales que suscriben dichos certificados no actúan en calidad de funcionarios públicos (en contra de la tesis que defendió el fiscal, y que había sido admitida en primera instancia), sino como particulares, por lo que el supuesto delito cometido, falsedad en documento público, prescribe a los tres años de los hechos, la inmensa mayoría de los casos van a ser archivados en los próximos meses.
Lo grave de toda esta historia es que ni uno solo de estos casos hubiera prescrito si los anteriores mandatarios de El Puerto hubieran atendido la orden expresa que formalizó el secretario general del Ayuntamiento, Fernando Jiménez Romero.
Este periódico ha tenido acceso a un documento interno que prueba que el gobierno de Hernán Díaz estaba al tanto de que en la ciudad comenzaban a detectarse casos fraudulentos de obra nueva y no tomaron medidas.
Fue en concreto el 18 de febrero de 2005 cuando el secretario municipal envió un correo electrónico a las personas que de modo más directo tenían encomendada la responsabilidad de atajar posibles irregularidades urbanísticas en El Puerto.
Empezando por el entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, siguiendo por el jefe de Licencias y Disciplina de dicha área, Fernando Jiménez Fornell, para terminar con el entonces gerente de la empresa municipal Serecop (que por convenio suscrito con el Ayuntamiento, tenía encomendadas tareas urbanísticas como las inspecciones ), Delfín Gómez Espinosa de los Monteros, y la por aquellas fechas responsable del Área de Hacienda, María Jesús Sánchez.
Aunque en el caso de esta última edil, hay que aclarar que era ella precisamente la que había advertido al secretario de la existencia de diversas irregularidades detectadas en antigüedades de inmuebles.
De hecho, la orden que cursó el secretario (con copia también al asesor jurídico de Urbanismo y a un responsable de Medio Ambiente) comenzaba precisamente informando a todos los destinatarios del correo que se habían recibido en la Secretaría General oficios de la teniente de alcalde delegada de Hacienda relativos a expedientes remitidos por la sección del IBI (Impuestos de Bienes Inmuebles), "en los que, con ocasión de declaración a efectos de alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles por la Oficina Técnica Catastral de Serecop, se pone de manifiesto la presunta falsedad de determinados certificados relativos a la antigüedad de los inmuebles".
La comunicación del secretario continuaba explicando que "actualmente está vigente el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa municipal Serecop para la obtención de información destinada al negociado de disciplina del Área de Urbanismo".
Así las cosas, instaba Jiménez Romero, "en virtud de ello, desde Serecop debe trasladarse directamente al servicio de Licencias y Disciplina Urbanística la documentación correspondiente a los expedientes catastrales en los que se ponga de manifiesto la presunta falsedad de certificaciones relativas a la antigüedad de los inmuebles".
Y la coletilla siguiente se revela ahora más que premonitoria. Porque, de modo textual, el secretario advertía a todos los que tenían la responsabilidad de frenar las irregularidades que comenzaban a detectarse en el término municipal, que "dichas comunicaciones deben producirse con la máxima rapidez, para evitar que se produzca la prescripción de posibles infracciones urbanísticas".
La orden del secretario iba más allá y recogía de modo literal al final que "una vez recibida la información en el Servicio de Licencias y Disciplina, se deberán poner en marcha por dicho servicio las correspondientes actuaciones en materia de disciplina urbanística, y las demás que procedan por la comisión de hechos que puedan incurrir en otras responsabilidades, así como las medidas encaminadas en orden a reflejar la situación real de los inmuebles en el orden registral".
El propio devenir de los acontecimientos que se han venido sucediendo con estas prácticas ilegales registradas en El Puerto ha constatado que la orden del secretario fue ignorada.
Ninguno de estos casos llegó a la Justicia, para que se depuraran las responsabilidades penales derivadas de las construcciones ilegales con documentos públicos falsos, durante el anterior mandato de IP.
Por ello ahora 150 casos van a terminar siendo archivados por los Juzgados de El Puerto, donde hoy en día se siguen tramitando las denuncias de Ángel Núñez, a tenor del criterio que ha impuesto la Audiencia.
Un criterio que ha asumido la Fiscalía de Cádiz, que ha descartado recurrir en casación al Supremo al considerar que uno de los autos que ha ratificado el archivo de un caso que había sido recurrido por el Ministerio público está muy bien fundamentado.
Falta por ver si las iniciativas emprendidas por Izquierda Unida, que ha pedido a la Fiscalía que busque resquicios legales para evitar la prescripción en masa de casos de este tipo y ha requerido en el Parlamento andaluz la comparecencia del consejero de Vivienda, surten al final algún efecto que pueda evitar que tantos delitos queden impunes. Falta por ver también si el PP de El Puerto, en cuyo seno el cambio de criterio de la Audiencia ha causado malestar y preocupación, promueve alguna medida para evitar los carpetazos judiciales.
En caso contrario, siempre quedaría a opción esbozada por el diputado autonómico de IU Ignacio García, de proceder de oficio contra los responsables de las prescripciones por su pasividad y/o permisividad. Unos responsables que, en el caso de El Puerto, tienen nombres y apellidos.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 5.07.09
Foto: Un caso en Los Perales: en 2004 se certifica una casa en un solar vacío, en el medio; en 2007, se hacen 4 casas. - diariodecadiz.es
Entrar en coche a Madrid o a Barcelona es el doble de rápido que en transporte público
ELPAÍS* : Acceder a Madrid o a Barcelona en coche es, de media, casi el doble de rápido que hacerlo en transporte público. El vehículo privado es más rápido incluso en las horas punta, cuando el tráfico está más congestionado. Éstas son algunas de las conclusiones a las que ha llegado el Anuario de la Movilidad del año 2008 que ha elaborado el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC).
De media, entrar a los centros de Madrid o Barcelona en coche durante la hora punta supone 39 minutos, mientras que hacerlo usando el transporte público cuesta 72 minutos, es decir, prácticamente el doble. El RACC ha obtenido estos resultados midiendo el tiempo que supone de media llegar a ambas ciudades desde sus respectivas coronas metropolitanas empleando distintos medios de transporte.
Ante estas cifras, el RACC ha subrayado la necesidad de mejorar los transportes públicos para hacer su oferta más competitiva y así atraer a más usuarios que aún prefieren desplazarse en sus propios automóviles. Según el estudio, los conductores sólo estarían dispuestos a dejar sus coches en casa si el transporte público les garantizara unos trayectos de unos 31 minutos, menos de la mitad de lo que tarda ahora de media.
Según el citado dossier, la congestión de los accesos por carretera afecta diariamente a medio millón de usuarios de vehículos privados y autobuses en Barcelona y a un millón en Madrid. Esta congestión, que el informe califica como "una significativa pérdida de la calidad de vida para el ciudadano", supone una pérdida diaria de 11,9 minutos en la ciudad condal y de 14 minutos en la capital de España. Durante las horas punta, la pérdida es aún mayor: 18 minutos en Barcelona y 33 en Madrid.
El mayor colapso en los accesos a Madrid se explicaría por la "notoria diferencia" de la oferta de vías libres y de peaje, ya que mientras en Barcelona es más equilibrada, a Madrid sólo accede por vías de peaje el 3% del tráfico.
El RACC estima el coste de los atascos en cerca de 400 millones de euros anuales en el Área Metropolitana de Barcelona y alrededor del doble en Madrid, el equivalente a un 0,3% y a un 0,6% del Producto Interior Bruto de las respectivas Comunidades Autónomas.
La estrategia que propone el Real Automóvil Club para mejorar esta situación incluye varios puntos: homogeneizar la capacidad de las distintas vías para repartir el tráfico entre ellas, reforzar el transporte público dándole prioridad sobre el privado, estimular la alta ocupación de los automóviles privados y mejorar el funcionamiento de las zonas de aparcamiento de pago.
* ELPAIS.com - EGOITZ GAGO - Barcelona - 03/07/2009
Foto: Atasco AP-7 Tarragona - EFE
Vecinos de Navia rechazan que se triplique el número de viviendas
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FARODEVIGO* : La Asociación de Vecinos de Navia se opone al cambio de aprovechamiento de los terrenos del polígono propuesto por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) que permitiría pasar de las 613 viviendas previstas en la última fase del Plan Parcial a el triple: 1.793. Los responsables vecinales critican este cambio, que el IGVS planteó ya a la Gerencia de Urbanismo.
“El nuevo planeamiento propuesto es radicalmente contrario al consenso; y un agravio comparativo con los aprovechamientos alcanzados por los anteriores propietarios de los terrenos, que en muchos casos fueron expropiados con un fin social y no especulativo”, argumentan.
Dentro del ámbito del PAU de Navia se concedieron hasta la fecha licencias para 3.732 viviendas, quedando por ejecutarse 613, de las que 149 serían de construcción colectiva en planta baja más tres alturas y 464 familiares, adosadas o pareadas. La propuesta del IGVS, que triplicaría el número, contempla la posibilidad de construir más alturas de las previstas.
“Rechazamos cualquier modificación del PAU de Navia que varíe en un sentido negativo el consenso alcanzado hace más de diez años por los vecinos de la parroquia”, advierten la junta directiva de la Asociación Vecinal de Navia.
Medios
Los responsables vecinales adelantan que pondrán “todos medios posibles” para que el proyecto planteado por el Instituto Galego de Vivenda e Solo “no se lleve adelante”. La junta directiva anuncia que tratará este tema en la próxima asamblea vecinal.
Si la nueva ordenación se llevara adelante sólo podrá proseguir si se mantienen los usos ya previstos, con la única variación de que las viviendas unifamiliares pasen a ser colectivas. Asimismo, la modificación deberá justificar el cumplimiento de la normativa en materia de uso de vivienda, el Código Técnico de la Edificación y las normas generales contempladas en el Plan Xeral.
* Faro de Vigo - 5.07.09
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)
El TSJC anula todas las licencias del plan parcial de Playa Blanca, Lanzarote
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CANARIAS7* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado a instancias de la Fundación César Manrique la nulidad de todas las licencias concedidas en el plan parcial Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza, y ordena "el restablecimiento de la realidad alterada" con la ejecución de obras en el citado plan.
La sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJC acaba de notificar que ha desestimado el recurso de apelación presentado por los promotores del plan parcial Playa Blanca, contra un anterior fallo del juzgado de lo contencioso-administrativo que, a instancias del recurso interpuesto por la entidad, anuló el proyecto de urbanización del citado plan que contemplaba la construcción de 1.800 viviendas y en torno a 4.500 plazas residenciales.
Según informó hoy la Fundación, esta nueva sentencia es la resolución del TSJC, con carácter firme, a un recurso interpuesto por los promotores contra la anulación del plan, cuestión que ahora el zanja el TSJC de manera definitiva.
La Fundación César Manrique destaca que con esta sentencia, el TSJC ratifica el fallo en primera instancia dictado por el Juzgado , que anuló el proyecto de urbanización por dos razones fundamentales: una formal, ya que el Ayuntamiento publicó extemporáneamente las normas urbanísticas del plan en cuestón y otra de fondo, ya que, según estima el fallo, el plan quedó extinguido por la aplicación de la Ley de Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias.
En la sentencia que desestima el recurso de los promotores del Plan Parcial Playa Blanca a instancias de la FCM, el TSJC cita en esta ocasión que "la anulación del proyecto de urbanización conlleva que desaparezca de mundo jurídico con todas las consecuencias que conlleva tal declaración, siendo el restablecimiento de la realidad alterada y transformada la consecuencia de tal declaración de nulidad.
Es decir, anulado el proyecto de urbanización, la consecuencia será el restablecimiento en el plano jurídico y material de esa realidad alterada en cualquiera de sus formas".
* Canarias 7 - EFE - 2.07.09
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - canarias7.es
Denuncian un "nuevo desatino" de La Junta en Gredos
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AVILARED* : Ha sido la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda. Este colectivo ha denunciado que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha autorizado de nuevo la ocupación de 7.935 m2 del Monte Público nº 5 de Candeleda para las obras de abastecimiento de agua a la macrourbanización “Candelas de Gredos”.
Según recuerda esta plataforma en un comunicado, “el permiso de ocupación de este Monte Público, integrado en el Parque Regional de Gredos, fue otorgado por dicha Consejería y por primera vez en el año 2004 a la promotora Dávila Monteblanco SL, previo pago de una tasa de 7.400 euros”. Esta autorización, añade el comunicado, “tenía una vigencia de un año con el fin de que dieran comienzo las obras pero éstas no comenzaron hasta el año pasado”, si bien, en noviembre de 2008, la Plataforma “consiguió que la Junta declarara la caducidad de ese desafortunado permiso”. Ahora, “de forma sorprendente e inaudita, tras la interposición de un Recurso de Alzada por el promotor, el Viceconsejero de Desarrollo Sostenible, apoyado en unos argumentos de imposible justificación y sin sentido, ha vuelto a otorgar lo que corresponde únicamente a la Sierra de Gredos”, ha criticado la Plataforma. Desde su punto de vista, “esta decisión no puede ser ajena a la defensa de Gredos y de Candeleda” y recuerda que “hay varios procedimientos judiciales abiertos en diferentes Tribunales, así como una denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Medio Ambiente, en contra del proyecto de construcción de la macrourbanización” objeto de la polémica. La Plataforma reitera su rechazo a “un proyecto tan irracional y devastador que mermara nuestros recursos e hipotecara nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
* avilared.com - 3.07.09
Foto: Trabajos realizados para el suministro de agua de la urbanización de Candeleda - aviladigital.com
El fiscal pide 12 años para Del Nido por el 'caso Minutas' de Marbella
ELPAÍS/Málaga* : En junio de 1999, Jesús Gil, entonces alcalde de Marbella, contrató, de forma verbal y sin que mediara expediente alguno, los servicios del letrado y directivo del Sevilla FC José María del Nido. El presidente del Atlético de Madrid y sumo enladrillador marbellí estaba inquieto. La maquinaria del Estado comenzaba a interesarse por las irregularidades, cada vez más evidentes, de su gestión municipal.
Gil acababa de enemistarse con su consigliere de toda la vida, José Luis Sierra, y necesitaba otro abogado al que dar plenos poderes para impedir, o al menos obstaculizar, las inspecciones. Y para ello nadie mejor que Del Nido, con quien Gil compartía amistad gracias a los negocios futbolísticos, y que había intervenido como letrado en el llamado caso camisetas. Comenzaba así un suculento negocio para el abogado sevillano, que llegó a facturar 6,7 millones de euros al Ayuntamiento entre 1999 y 2003.
Sin embargo, gran parte de estas minutas giradas por Del Nido, corresponden, según la Fiscalía Anticorrupción a "servicios tan alejados de los intereses públicos de la corporación como innecesarios, o cuya facturación no se compadecía con el trabajo efectivamente desempeñado por el letrado". Del Nido, pese a cobrar del consistorio, "aceptó servir a la persona del fallecido Jesús Gil por encima de los intereses municipales", afirma el fiscal Juan Carlos López Caballero. Se han identificado decenas de minutas, que totalizan 1,6 millones de euros, dinero que Del Nido supuestamente cobró de más. Según el fiscal, Gil, el abogado, el alcalde accidental Julián Muñoz y otros personajes cercanos al Ayuntamiento planearon una "maquinación defraudatoria estable y progresiva" que generó un "grave perjuicio" a las arcas municipales.
En un escrito de calificación con fecha de ayer, el fiscal López Caballero pide para Del Nido 12 años y medio de prisión y 20 de inhabilitación especial por el siguiente rosario de delitos: asociación ilícita, prevaricación administrativa, fraude en concurso ideal con malversación de caudales públicos, falsedad documental, delitos societarios, malversación de uso de bienes muebles e inmuebles, deslealtad profesional, falsedad en documento oficial de funcionario público y falsedad en documento privado. Asimismo, solicita 15 años para Julián Muñoz; 16 para Modesto Perodia, administrador y apoderado de varias sociedad municipales; siete para el contable de las sociedades municipales Víctor Cohen, y dos y medio para el también contable Antonio Calleja.
El plantel de imputados se completa con otros nombres habituales en las causas contra la corrupción en Marbella, entre los que destaca Juan Antonio Roca, supuesto cerebro del caso Malaya, a quien se piden seis años de prisión. También figuran varios ex ediles como Tomás Reñones o Javier Lendínez, y la propia ex esposa de Del Nido, Ángeles Carrasco.
Los trabajos cobrados al Ayuntamiento de Marbella suponían, según el fiscal, el 70% de la facturación del despacho de Del Nido durante aquellos años. Los pagos supuestamente irregulares fueron detectados por el Tribunal de Cuentas en su análisis de las cuentas marbellíes de los años 1999 y 2000. Según el relato del fiscal, Del Nido fue fichado por Gil para evitar que los inspectores del no detectaran las "numerosas irregularidades contables y detracciones de fondos". La mayor parte de las minutas tienen que ver con recursos, alegaciones y recusaciones de los inspectores del Tribunal de Cuentas, que se habían negado a considerar a Del Nido interlocutor válido del ayuntamiento.
Irregularidades
- Remuneración mensual. El Ayuntamiento firmó con Del Nido un "contrato de arrendamientos de servicios" sin publicidad ni control presupuestario en el que se asignaba al letrado un sueldo mensual de 48.080 euros.
- Entregas a cuenta. El abogado cobró entregas a cuenta (dinero que los letrados cobran por adelantado como provisión de fondos para los pleitos) varios meses después de promover recursos.
- Fondos ajenos. Del Nido percibió 348.000 euros por la redacción de unas alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas. El documento tenía 758 folios, pero el letrado se limitó a ordenar documentos que redactaron el secretario, el interventor y el tesorero municipales.
* ELPAIS.com - F. J. P. - Málaga - 04/07/2009
Foto: Marbella, Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
La Fiscalía alerta de problemas para investigar los delitos urbanísticos
LAVOZDEGALICIA* : La investigación de delitos urbanísticos en Galicia está desbordada y bajo mínimos. Las unidades de la Guardia Civil adscritas a las fiscalías de urbanismo gallegas y que operan como policías judiciales disponen de escasos medios humanos y materiales para indagar en los casos de infracciones urbanísticas graves.
«As unidades están desbordadas porque a investigación destes delitos é moi complexa», reconoce el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, quien explica que los mayores problemas se centran en las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde la presión urbanística es mayor. Es esta una de las razones por las que el fiscal superior de Galicia solicitó recientemente al Ministerio del Interior la creación de un Seprona autonómico adscrito en exclusiva a la Fiscalía para investigar delitos de urbanismo, medio ambiente y patrimonio.
Varela destaca que las fiscalías especializadas en urbanismo están detectando que el número de agentes destinados a la investigación de estos delitos es insuficiente, «e os poucos que hai están desbordados», afirma.
En Pontevedra, la situación es crítica. Poco más de un año después de asumir las investigaciones de delitos urbanísticos, la unidad especializada de la Guardia Civil está próxima al colapso. La Fiscalía de Pontevedra alerta en su memoria anual de que los agentes «están desbordados por el trabajo y no cuentan con el número de personas suficientes para atender a todas las investigaciones de una forma puntual». No es una unidad cualquiera, ya que sus informes e investigaciones nutren al ministerio público. Sin ese equipo policial, la actividad de la Fiscalía en materia de urbanismo «sería imposible». El fiscal jefe pontevedrés, Juan Carlos Aladro, admite en la memoria que los agentes son quienes realizan «la totalidad de los informes que requiere el fiscal».
En las Rías Baixas, la situación es tan grave que la unidad de delitos urbanísticos de la Guardia Civil -compuesta por solo tres agentes para toda la provincia de Pontevedra- se ha visto obligada a devolver algunas de las investigaciones en curso al Seprona, «por la imposibilidad material de afrontarlas».
En cuanto a los tiempos de investigación, el colapso es tal que en alguna ocasión se han remitido las diligencias tramitadas a un juzgado sin adjuntar los informes requeridos, «porque el plazo de seis meses de que dispone el fiscal estaba próximo a cumplirse». Ante esta situación, Aladro sostiene que cada vez se hace más imprescindible que esta unidad y el Seprona «cuenten con más miembros para evitar estos problemas y agilizar la tramitación».
* La Voz de Galicia - J. M. Pan / L. Penide - 3/7/2009
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
¿No hay una solución para la Cañada Real?
MADRIDIARIO* : Cuatro meses después, la Cañada Real sigue en el mismo sitio y en las mismas condiciones. Suciedad, drogas, insalubridad, problemas de seguridad o menores sin escolarizar continúa siendo el día a día de los habitantes de esta antigua zona protegida que sigue esperando una solución a sus problemas.
El pasado mes de marzo, Esperanza Aguirre prometía por sorpresa en los pasillos de la Asamblea de Madrid una ley para mantener la parte de vía pecuaria protegida y, al tiempo, legalizar la parte patrimonial del suelo que había sido adquirido u ocupado por sus actuales 'propietarios' de forma pacífica.
La presidenta regional aseguró que se habilitarían los meses de julio y agosto si fuesen necesarios para que la Asamblea trabajase durante el verano y la ley estuviera lista para septiembre, pero de momento no se ha hecho la solicitud a la Cámara ni se han comunicado avances al respecto.
La ley debía ser por consenso, pero este viernes, ante la tardanza de las conversaciones, el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid presentó su propia solución. El secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez; la portavoz del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez; el portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas; y los primeros tenientes de alcalde de Rivas y Coslada pusieron sobre la mesa la conversión de estos 14 kilómetros en un "corredor verde" que incluyese desarrollos urbanísticos sostenibles y acabe con todas las chabolas y, en ocasiones, chalets. Según Gómez, así se resolvería lo que es "un grave problema y una vergüenza".
El PSM propone realojar a parte de los 50.000 habitantes que ahora mismo viven sin servicios básicos, agua corriente o suministro eléctrico, pero ni si quiera los residentes lo tienen del todo claro. En general, estarían de acuerdo con pagar por los servicios que se les diesen legalizando sus propiedades con tal de tener un barrio decente, pero no todos podrían hacer frente a los gastos de compra del terreno y el realojo, dadas las numerosísimas realidades particulares que existen, tampoco contenta a todos.
¿Quién atenderá los servicios?
El consenso tampoco parece posible de momento entre los políticos. La Cañada es un cinturón que en la actualidad afecta a Madrid capital, Rivas , Coslada, San Fernando y las proximidades de Getafe. Las socialistas Rivas y Coslada apoyan la propuesta general de su partido, pero el Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular de la Asamblea e Izquierda Unida creen que es un a solución "oportunista" y "unilateral" que se salta el consenso.
El PP, que tiene la iniciativa legislativa por gobernar la Comunidad, asegura que su ley está "muy avanzada" y que su debate se realizará pronto, pero en la Cañada se sigue esperando la decisión final mientras se suceden los desalojos y derribos ocasionales. Con todo, el debate fundamental no está tanto en la legalización de terrenos (las causas humanitarias se impondrían en parte a la conservación) como en quién dará servicios a esos madrileños cuando se constituyan en un auténtico barrio o barrios.
* Madridiario - 03-07-2009 - Ángel Calleja
Foto: Diego Sánchez
Sentada por la Vivienda Digna 5-J
VDEVIVENDA/Barcelona* : El 5 de julio a las 5 en Plaza Catalunya! Después de tres años desde las primeras sentadas, seguimos sin derecho a una vivienda. Millones de viviendas vacías, decenas de miles de hipotecados a punto de acabar en la puta calle y los alquileres a precios inasequibles. La cosa no cambia y los políticos apoyan a los que han causado el problema (en el BMP ‘low cost’ lo comprobamos: http://www.youtube.com/watch?v=E65ogzY54O4). Para colmo los gobiernos financian a los bancos con el dinero de todos, hipotecando nuestro futuro!!
Ni la vivienda ni el trabajo son mercancías para especular!
Si estas hart@ de buscar piso, si no encuentras alquiler, si te ahoga la hipoteca, si aún no puedes emanciparte… Ven a la sentada que montamos el 5 de Julio!
Buscaremos soluciones y haremos que se nos oiga!
Todo animado con bastante más que música, actividades y buen rollo!!
VEN Y PARTICIPA!
PÁSALO!!!
Videos convocant a la sentada
Preguntes i respostes : http://www.youtube.com/watch?v=oVP9lElYmEg
Que s’hipotequin els polítics : http://www.youtube.com/watch?v=xTPgfeEyItg
Vde VIVIENDA, Assemblea pel Dret a l’Habitatge
vdevivienda.bcn(a)gmail.com http://bcn.vdevivienda.net
* BCN.VDEVIVIENDA.NET - 29.06.09
Costas deja mil chalés fuera de ordenación en Xàbia
ELPAÍS/Alicante* : Revolución en los acantilados de Xàbia. El Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado a través de su área de Costas un deslinde de dominio público marítimo-terrestre que afecta a 15 kilómetros del litoral sur de la población para ordenar el caos urbanístico provocado por miles de viviendas y urbanizaciones de lujo colgadas de los riscos del litoral e impedir más edificaciones en primera línea.
El deslinde deja fuera de ordenación un millar de chalés entre la Cala Blanca y La Granadella, en el límite entre Xàbia y Benitatxell, y prevé el derrumbe de parte de un centenar de propiedades, por lo que piscinas, jardines, terrazas, vallados y parte de algunas viviendas acabarán convertidas en escombros.
Decenas de vecinos afectados protestaron ayer en el Ayuntamiento por esta decisión y preparan alegaciones. Recibieron el apoyo del alcalde, el nacionalista Eduardo Monfort, quien ya ha emitido un recurso contra el deslinde porque "supone un atentado contra el derecho constitucional a la propiedad privada" y afecta a construcciones autorizadas por el Plan General de 1990, informado favorablemente por Costas.
Este último organismo esgrime en cambio la necesidad de preservar un paraje de gran valor ecológico muy castigado por la presión urbanística, hasta el punto de que se han producido ya varios desprendimientos de rocas. El deslinde diferenciará tres zonas: en la más cercana al mar, la de dominio público, se efectuarán las demoliciones, excepto en aquellos inmuebles previos a 1988, que se respetarán pero cuyos dueños perderán la condición de propietarios y sólo disfrutarán de sus casas en régimen de concesión de 30 años.
A partir de la línea de dominio público se habilitarán seis metros de servidumbre de tránsito donde tampoco podrá haber edificaciones, si bien por ahora Costas no prevé allí usar la piqueta. Y una tercera línea de 20 metros de servidumbre de protección donde se podrán mantener viviendas, pero no ser ampliadas, y cualquier reforma precisará permiso de Costas.
Los constructores de Xàbia creen que el deslinde será la puntilla para un sector en plena crisis. "La única demanda que nos quedaba era la de extranjeros que pedían chalés en primera línea y ahora vamos a perder también ese mercado" señaló el empresario Rafael Matí.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 03/07/2009
Foto: Xabia - lasprovincias.es
La Eurocámara pide que se investiguen obras en un paraje protegido de Vigo
ELPAÍS* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por la Plataforma de Defensa de la Ensenada de San Simón contra la tala y hormigonado de 50.000 metros cuadrados promovida por la Autoridad Portuaria de Vigo en el litoral de la citada ensenada (muelle de Duchess), que es zona afectada por la Red Natura.
La actuación, según los denunciantes, devasta uno de los lugares más emblemáticos de la ría viguesa, punto de referencia de la histórica batalla de Rande y yacimiento arqueológico de la flota hundida entonces.
La plataforma denunciante también señala el lugar, en las inmediaciones del puente de Rande, como el sitio literario que universalizó Julio Verne después de que lo hicieran los trovadores que cantaron al mar de Vigo, como Martín Codax. También es patrimonio histórico industrial de la ría por la vieja estructura de un cargadero de mineral y de la conocida popularmente como fábrica del alemán, en el propio estrecho de Rande.
Una vieja estructura metálica recuerda el uso que se le dio al embarcadero de Duchess durante la Segunda Guerra Mundial. Desde esa zona de Rande embarcaban los cargueros el wolframio gallego destinado a la industria militar de la Alemania nazi. Después se reconvirtió en embarcadero de minerales y la intensa oposición vecinal evitó que prosperara el proyecto de instalar en el mismo lugar una planta de cemento. La Autoridad Portuaria rescató la concesión a cambio de tres millones de euros.
La ensenada de San Simón, según indica la plataforma invocando la Constitución, representa como espacio protegido un hito de progreso social y una de las expresiones más contundentes del interés general que se integra en el derecho fundamental y prevalente de los ciudadanos a un medioambiente sano. Además, añade, el enclave es fundamental como nido biológico para el desarrollo de la riqueza pesquera y marisquera de la ría, declarado por la Xunta como zona de protección en 2002.
Por todos esos motivos, concluye la plataforma de San Simón, los únicos aprovechamientos económicos que deben permitirse son los tradicionales de la pesca, marisqueo, cultivos pesqueros y del mejillón, según se desprende de la directiva europea de Hábitat.
La obra, cuya denuncia ha admitido a trámite el Parlamento Europeo "debido a que las cuestiones que se plantean en ella inciden en el ámbito de actividades de la Unión Europea", fue promovida por el anterior presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Paz, sin someterla a información pública ni a declaración de impacto ambiental por considerar innecesario ese procedimiento. La zona hormigonada está destinada a almacenar contenedores para, con el beneplácito de los usuarios del puerto de Vigo, aliviar la situación de la terminal de Guixar, dentro de una política general que continúa la actual presidenta de la Autoridad Portuaria, Corina Porro, para ganar espacios para usos portuarios. Las obras en el muelle de Duchess comenzaron en septiembre pasado y se han realizado sin permiso del Ayuntamiento de Redondela, al que correspondería otorgarlo, según la plataforma de San Simón, por pertenecer a su término la mitad del suelo hormigonado.
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, según la respuesta que da a la denuncia, "ha iniciado el examen de su petición y ha decidido a tal efecto solicitar a la Comisión Europea que inicie una investigación preliminar sobre los diferentes aspectos del problema". La plataforma espera desde hace un mes a que Corina Porro les conceda audiencia para hablar de éste y otros problemas análogos. "De momento sólo ha recibido a los interesados en más rellenos y ampliaciones", se queja Antonio Lores, su portavoz.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Vigo - 02/07/2009
Foto: Vigo, muelle puerto - galiciadigital.com
Valencia: Salvem el Cabanyal
La lucha contra la destrucción de un modelo de vida, unas relaciones sociales y humanas, una cultura pegada al mar
La Plataforma Salvem El Cabanyal os convoca a participar en la campaña que iniciaron los 21 grupos de músicos que actuaron en el concierto Rock contra el derribo.
RUIDO CON CULTURA
SOROLL AMB CULTURA
Sabéis que la última sentencia del Tribunal Supremo insta al Ministerio de Cultura que dictamine si en el Cabanyal se produce expolio con la destrucción de 1.651 viviendas
Tenemos una tarea solidaria que hacer y es muy importante para nosotros y para todos los que defendemos el patrimonio histórico y la justicia social
¿Qué hay que hacer?
1º Enviar un correo electrónico al Ministerio de Cultura.
clica en el siguiente enlace y entrarás directamente en la web del Ministerio.
En la página de contacto del ministerio hay un cuestionario y pondremos:
- Asunto: Denunciar expolio en El Cabanyal
- Tipo de mensaje: sugerencia
- Destinatario: Patrimonio Histórico
- Texto: el que se estime oportuno.Si lo deseais podeis copiar y pegar el siguiente:
Sra. Dña Ángeles González-Sinde
Ministra de Cultura
Señora Ministra,
Con esta carta quiero sumarme a todos los ciudadanos que desde hace años exigen que el barrio marinero del Cabanyal sea rehabilitado y no destruido. Se trata de nuestro patrimonio histórico y cultural, lo que lo hace importante. Además se trata de cumplir la Ley , y eso también es importante.
El Tribunal Supremo ha puesto en manos del Ministerio que usted dirige la oportunidad de detener la ejecución de un Plan municipal que salvo el gobierno valenciano, en manos del Partido Popular, nadie defiende.
El Gobierno del que usted forma parte tiene como principios el cumplimiento del Estado de Derecho, la defensa de los derechos de las personas y la protección de los más débiles: los vecinos del Cabanyal padecemos un acoso devastador provocado por los derribos efectuados por orden municipal; y todos los ciudadanos una merma de su patrimonio histórico.
Por ello le pido que desde el Ministerio de Cultura se elabore con urgencia el informe que ha solicitado el Tribunal Supremo y atendiendo a los amplios y exhaustivos informes técnicos aportados en el expediente, declare que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal supone expolio del Patrimonio Histórico Español.
Atentamente
2º Reenviar el mensaje a la vicepresidenta del gobierno español.
clica en el siguiente enlace y entrarás directamente en la web de la vicepresidencia primera
En la pagina de contacto del ministerio hay un cuestionario y pondremos:
- A quién se dirige: Otra unidad - Vicepresidenta Mª Teresa Fernández de la Vega
- Texto: el mismo que se ha enviado al Ministerio de Cultura)
3º Si has enviado los correos es importante comunicarlo a la Plataforma Salvem El Cabanyal: plataforma@cabanyal.com
Y por último:
4º Ser y estar activos y reenviar este mensaje y animar a todos-as, que nuestros amigos-as también lo reenvien!!
Construir la RED // Ruido con cultura
Construir la xarxa // Soroll amb cultura
Más información: http://www.cabanyal.com/homecastellano.html
* Rebelión - Salvem el Cabanyal - 2.07.09
El fiscal sostiene que el ex alcalde de Orihuela cometió cohecho
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ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción de Alicante mantiene su acusación contra el ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, por los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias, vinculados con la adjudicación de programas urbanísticos a promotores. El titular, Felipe Briones, sitúa el tráfico de influencias en recalificaciones ilegales de suelo no urbanizable para construir viviendas y el cohecho en el uso por parte del ex regidor de bienes de empresarios beneficiados con adjudicaciones municipales.
En este segundo apartado, Briones pone el acento en un Audi A-8 y un Rolls Royce, que Medina uso como propios, sin acreditar su titularidad.
Felipe Briones ha vertebrado en base a estas dos líneas el recurso de apelación que ha presentado ante la Audiencia de Alicante al auto de archivo provisional de la causa decretado por el titular del Juzgado número 4 de Orihuela, el magistrado Fernando Madrid Rodríguez. Al juez le bastó la declaración del ex alcalde para acordar el sobreseimiento provisional del sumario, el principal de los 16 en los que el fiscal desglosó su denuncia al Ayuntamiento por corrupción urbanística y contable.
Fernando Madrid Rodríguez archivó también provisionalmente otro sumario de esas 16 causas, el relacionado con las subvenciones del Ayuntamiento de Orihuela a la entidad Festera de Moros y Cristianos. No obstante, la Audiencia corrigió al juez por considerar "precipitado" el sobreseimiento. El tribunal provincial ha ordenado al instructor que reabra el sumario y practique las pruebas que solicitaba el fiscal.
En cuanto al Audi A-8, el fiscal mantiene que Medina lo pagó después de que se hiciera púbico que lo estaba usando como propio. "¿Qué lógica tiene el disfrute durante varios años de un coche sin abonarlo al concesionario? ¿Dónde está el documento de compraventa del vehículo y la cláusula que ampare el aplazamiento de su pago y hasta cuándo? Nada de ello se ha aportado a la causa", recoge el recurso del fiscal.
Y respecto al Rolls Royce, el fiscal rechaza la tesis de Medina de que se lo pedía ocasionalmente al propietario, un promotor local, para bodas. "Qué derecho ostentaba Medina a prestarlo para las bodas si no era suyo? ¿O más bien, Medina disponía del Rolls Royce como si fuera de su propiedad, mientras su amigo fue quien pagó el precio y pagaba los impuestos", se pregunta el fiscal.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 02/07/2009
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
Andratx: El fiscal acusa a Massot de asesorar a una empresa en un pleito contra el Govern
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DIARIODEMALLORCA* : Jaume Massot, ex director general d´Ordenació del Territori del Govern Matas, se sentó de nuevo ayer en el banquillo de los acusados. Se le acusa de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios. El fiscal anticorrupción Pedro Horrach y la abogada del Ayuntamiento de Andratx, Isabel Fluxà, solicitaron una condena de inhabilitación y una pena de multa.
El abogado defensor, Fernando Mateas, pide la absolución porque entiende que el delito ha prescrito.
A Massot se le acusa de haber constituido una empresa de asesoramiento urbanístico y de haber desarrollado trabajos técnicos cuando era jefe de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, lo que sería incompatible. Esta empresa, llamada Territorio Asesores, estaba domiciliada en la casa de la madre de Massot. Su mujer figura como administradora de la sociedad.
El ex director general, a diferencia de los otros dos juicios del denominado caso Andratx, por el que ya ha sido condenado a ocho años de prisión, ayer se negó a contestar a las preguntas de la acusación. Sólo quiso responder a su abogado, que no le planteó cuestiones sobre el juicio sino sobre su actual situación económica. El acusado aclaró que está suspendido y cobra unos 500 euros al mes. Con este dinero mantiene a su familia.
Las acusaciones sostienen que Massot firmó a través de esta sociedad un contrato con un empresario catalán, Mariano Vives, dueño de s´Almudaina, una sociedad que era propietaria de un terreno en Andratx que fue protegido por la Ley de Espacios Naturales de Balears, lo que impedía cualquier proyecto de urbanización. Vives planteó una demanda contra el Govern por daños y perjuicios, ya que al aprobarse la ley ya había iniciado la construcción del terreno. El empresario, cuyo abogado era Miquel Coll, ex presidente del Consell Consultiu, reclamó 30 millones de euros al Govern, aunque el pleito fue desestimado. El empresario catalán argumentó con un informe técnico realizado por Territorio Asesores, en que se valoraba el aprovechamiento urbanístico del solar de Andratx y se cuantificaban los daños económicos que le había supuesto su inclusión en la ley de protección medioambiental.
Massot nunca ha reconocido que la empresa Territorio Asesores fuera de su propiedad. Sin embargo, el empresario catalán que declaró ayer como testigo sostuvo que, aunque no conocía inicialmente la relación de Massot con esta empresa asesora, lo descubrió después. Explicó que el acusado se presentó en su oficina de Barcelona para cobrar una factura de dos millones de pesetas por la realización de este estudio que afectaba al solar de Andratx, pese a que en aquel momento era jefe de Urbanismo de este ayuntamiento. Después se abonaron otros cinco millones. Mariano Vives explicó que decidió contratar esta empresa porque Massot le había asegurado que también participaba un arquitecto técnico con el que tenía plena confianza. Este técnico, sin embargo, señaló que nunca intervino en el estudio que se incluyó en el pleito contra el Govern.
Las acusaciones sostienen que la relación entre Vives y la empresa de Massot se prolongó hasta 2006, lo que evitaría la prescripción del delito. Se cuenta con una carta enviada por el empresario dirigida a Massot, en la que le indica que había llegado momento en el que "debe intervenir la empresa que tú creaste".
* Diario de Mallorca - J.F. MESTRE - 2.07.09
Foto: Andratx (Mallorca) - wikimedia.org
El delegado de Ourense admitió en un pleno que certificó más obras falsas
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ELPAÍS* : Durante su etapa como alcalde de Arnoia y presidente de la agrupación Ceivam que distribuía fondos de la Unión Europea, el actual superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, no sólo subvencionó a sus empresas y certificó como planta de biomasa realizada con ese dinero un galpón abandonado que ya existía, hechos por los que fue condenado por la Audiencia Nacional. Martínez reconoció en un pleno que había certificado las obras de cinco talleres artesanales subvencionados también con ayudas europeas sin que estuvieran realizadas.
Así consta en las actas municipales. En el pleno de enero de 2001 Martínez avala, en nombre del Ayuntamiento, al grupo de artesanos Armiño, una operación de crédito por 91 millones de pesetas para que construyan cinco talleres. Martínez firmó ese mismo año la certificación de los pagos por las obras de los talleres finalizados, según figura en la documentación aportada por la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader). Pese a ello, en el pleno de enero de 2002, reconoció que las obras estaban sin finalizar.
Las diputadas del PSdeG orensano Laura Seara y María Quintas y el senador Miguel Fidalgo denunciaron ayer la "gravísima trama de corrupción" urdida por el actual delegado de la Xunta con fondos comunitarios. Según su documentación, Martínez no sacó a concurso la adjudicación de los cinco talleres, sino que "llamó a un amigo, el ex presidente de los artesanos de Ourense, Ramón Souto" y dejó que éste distribuyera los talleres entre "un hijo, un sobrino, una hija de un amigo y un inmigrante cubano que denuncia que estafa". "Ninguno tenía relación con la artesanía", sostiene el PSdeG.
Según testimonios recabados por los socialistas, e incorporados a la investigación judicial abierta contra el superdelegado, varios adjudicatarios de estos talleres los entregaron a empresarios para "saldar deudas que tenían con ellos". Así, el de panadería que gestionaba Ramón Souto "se entregó en pago a la empresa que hizo la electricidad de los cinco talleres". El de madera, de Adrián Souto, a Luis Veloso Promociones, SL "para pagar deudas pendientes". En los documentos consta una certificación del cambio de titularidad de julio de 2001 y un presupuesto de más de 22 millones de pesetas.
Pese a que el Ayuntamiento avaló a los integrantes de Armiño con 91 millones de pesetas y Martínez certificó y ordenó el pago, las obras de los talleres "nunca se pagaron" a las empresas constructoras, de electricidad, montaje mecánico y fontanería, según la documentación. "Alguien se quedó con el dinero", sostienen los socialistas. Excepto un taller, que funcionó cuatro meses, el resto "nunca tuvo actividad", aún cuando la UE concedía subvenciones con la exigencia de que estuvieran activos al menos cinco años.
Pero en la "trama de los talleres" de Arnoia no sólo está implicado el superdelegado de la Xunta e integrantes de su grupo de gobierno. El técnico Miguel Reza, también miembro de Ceivam, concedía a su empresa Arquitectura, Ingeniería y Urbanismo los proyectos de obra de los talleres que él mismo certificaba después desde Ceivam. Cobraba por ello, de esta misma compañía, cerca de un millón de pesetas por caso, según el PSdeG.
Mientras las obras públicas realizadas con fondos comunitarios "no llegaron a funcionar", las empresas familiares de Rogelio Martínez, a las que también subvencionó la UE, gestionadas desde Ceivam "van adelante". Los socialistas mostraron ayer fotografías del galpón descrito como planta de biomasa y, frente a ello, las empresas familiares de Martínez en Arnoia integradas en Cultivos Ribeiro, SL, que se benefició de esos fondos.
* ELPAIS.com - CRISTINA HUETE - Ourense - 02/07/2009
Foto: Arnoia (Ourense) - Luis Miguel Bugallo Sánchez, wikipedia.org
Madrid: Medio millón para la piqueta
ELPAÍS* : El Club de Campo, ese precioso lugar para practicar deporte situado en el mayor pulmón de la ciudad, pagado con dinero público pero de uso exclusivo (tiene unos 30.000 socios y una larga lista de espera de dimensiones similares), recibe anualmente cuantiosas subvenciones del Ayuntamiento de Madrid. En 2007, concretamente, obtuvo medio millón de euros para la construcción de una "sala polivalente" que iba a servir, según el certificado de la subvención, como nuevo gimnasio. Hasta ahí todo normal.
Pero el problema es que la infraestructura se hizo sin los oportunos permisos y ahora el propio Ayuntamiento ha ordenado que se derribe. Medio millón de euros, si la obra no se legaliza con algún tipo de plan especial, como es habitual en el Ayuntamiento, devorados por la piqueta municipal.
Según la orden emitida por la Concejalía de Urbanismo el pasado 19 de mayo, se requiere al Club de Campo que "proceda a la demolición de las obras abusivamente realizadas [...]". Así de tajante y asegurando que no cabe recurso administrativo.
Pero desde Urbanismo, los mismos que han ordenado la demolición del edificio, dicen ahora que puede ser posible "legalizar" la infracción. "Se podría hacer un plan especial para adecuar la situación a la legalidad y que luego pidan la licencia", explica un portavoz de la concejalía. Nadie del Club de Campo, sin embargo, atendió a este periódico para ofrecer su versión sobre por qué se hicieron esas obras sin el permiso correspondiente.
"Hay que ser mucho más cuidadoso con el uso del dinero público. Esto demuestra el descontrol que hay en el Ayuntamiento. Siendo benévolos, es como mínimo surrealista que paguen una cosa que, según sus normas, es ilegal", critica el portavoz de Izquierda Unida (IU), Ángel Pérez. "Además, con una dotación de la periferia, la subvención seguro que no se habría concedido con tanta agilidad", insiste.
El Club de Campo, con una extensión de 250 hectáreas, pistas de tenis, pádel, hípica, golf u hockey, tenía una concesión para la explotación privada de las instalaciones que terminó en 1984. El Ayuntamiento de Madrid hizo valer entonces los derechos que tenía con los terrenos y formó una empresa mixta que perdura hoy en la que posee el 51% de la sociedad y que posee 180 de las hectáreas de suelo sobre el que se erige el recinto deportivo.
La mayoría de sus socios provienen de la etapa privada del club. Son antiguos miembros de la Real Sociedad Española Hípica, a la que en 1941 el Ayuntamiento de Madrid cedió el Club de Campo con la condición de que en 1954 revirtiera al pueblo de Madrid. Llegado ese año, el Ayuntamiento de entonces revisó el acuerdo y se decidió que éste se prolongaría otros 30 años. Durante todo ese tiempo, hasta que el alcalde de Madrid en 1984, Enrique Tierno Galván, rescató la concesión, el acceso al recinto estaba completamente prohibido a las personas que no eran socios.
Hoy, los madrileños que quieren entrar en el recinto y no tienen la suerte de ser miembros de la institución han de hacerlo con un tique individual y que sirve sólo para una sesión del deporte que se elija. Los precios, además, no es que sean precisamente populares. Más bien siguen fomentando el carácter elitista de la institución. Para darse un baño un sábado, por ejemplo, se tiene que comprar primero la entrada al recinto, que cuesta 32,40 euros, y luego la de la piscina, que son otros 28,70. Es decir, el chapuzón sabatino sale por 61,10 euros.
Para ingresar en el club de la Casa de Campo tiene que darse de baja algún socio primero. Algo que no es frecuente si gozan de buena salud. Si un socio se casa, o tiene descendencia, tanto su cónyuge como los hijos (a partir de los 13 años) tienen derecho automático de entrada. Algo que según la institución se hace para que la familia esté unida.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 01/07/2009
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Sevilla: La plataforma contraria a la biblioteca critica los "hechos consumados" y lamenta los recursos
EUROPAPRESS* : La plataforma creada contra la construcción de la biblioteca central de la Universidad de Sevilla en el frente oriental de los jardines del Prado de San Sebastián lamentó hoy que tanto la Hispalense, como el Ayuntamiento, hayan anunciado oficialmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sus recursos de casación contra el fallo que anula el planeamiento urbano correspondiente a este proyecto, dado que tal extremo prueba "la política de hechos consumados" puesta en práctica en el caso de la biblioteca.
El portavoz del Centro de Estudios Históricos de Andalucía y miembro de la plataforma, Rafael Sanmartín, advirtió en declaraciones a Europa Press de que al materializar su intención de elevar el caso al Tribunal Supremo, la Universidad y el Ayuntamiento de Sevilla ponen de relieve que "entienden que las leyes rigen sólo para los demás", recordando que el Alto Tribunal andaluz ha anulado a través de una sentencia los aspectos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) correspondientes a la construcción de la nueva biblioteca central en los jardines del Prado de San Sebastián.
"Es una política de hechos consumados", dijo San Martín, quien criticó que las administraciones públicas estén siendo instrumentalizadas "en favor del capricho de los poderosos", sobre todo cuando la prolongación del procedimiento judicial se hace "a costa del dinero público". "Pagan sus recursos con nuestro dinero", dijo este miembro de la plataforma cívica creada para defender los jardines del Prado de San Sebastián de este proyecto.
Así, reclamó nuevamente la "paralización" de las obras, extremo ya descartado por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla y la propia Universidad, en función del contenido del fallo judicial, que será recurrido ante el TS.
* Europa Press - 1.07.09
Foto: Sevilla, nueva biblioteca - sevillaactualidad.com
Santa Eulària: Fiscalía insiste en que el ex alcalde prevaricó al dar permisos en ses Torres con un PDSU ilegal
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ÚLTIMAHORA/Ibiza* : La Fiscalía presentó ayer ante la Audiencia Provincial un recurso de apelación en el que solicita que se revoque la sentencia absolutoria del ex alcalde de Santa Eulària Vicent Guasch en el caso ses Torres. Según Fiscalía, todos los acusados «conocían» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en la que se declaraba como nulo el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU) en base al cual se aprobó la urbanización de ses Torres en Jesús.
El Ministerio Público recuerda que tanto el ex alcalde como el ex teniente de alcalde Vicent Riera, el ex asesor jurídico José Mª Roig Vich y el aparejador municipal Vicent Marí continuaron aplicando esa normativa urbanística «sobre la base de un informe a la carta» elaborado por Roig Vich, concediendo licencias y aprobando proyectos «sobre la base de una norma nula de pleno derecho». Y todo ello, «a sabiendas» de que esa norma era nula. «Esto es prevaricar», recuerda Fiscalía.
Desde el ministerio público consideran que no hay más vueltas que darle al tema a pesar de que la jueza entienda que haya dudas respecto a la interpretación de la sentencia. «No hay dudas, la propia juzgadora considera probado que la sentencia considera nulo de pleno derecho el PDSU», aseguran.
Otro dato clave, según Fiscalía, es que el Ayuntamiento se vio obligado a aprobar poco después un nuevo planeamiento urbanístico para sustituir el PDSU, lo que indica que era inservible e ilegal. Por ello, concluye que todas las actuaciones realizadas por los acusados son «ilegales».
Para el ministerio público, los actos de los acusados también son «injustos» y «no están fundados jurídicamente». En este punto recuerdan que el Consell instó al Ayuntamiento a que no aplicara el PDSU, además de que la oposición recurrió varias licencias aprobadas según el PDSU y se obtuvieron suspensiones cautelares. También recuerda los numerosos requerimientos que hizo la oposición y el Consell al equipo de gobierno, pero la única respuesta fue el «silencio». «¿Es esto una argumentación jurídicamente razonable tal y como afirma la juzgadora en la sentencia? No, pero un no rotundo, no hay ninguna justificación para actuar como lo hicieron», asegura el fiscal, que cree que no es «lógico» ni admisible que si tantas dudas había sobre el PDSU se siguieran dando licencias. «Se ha tratado de eludir la legalidad vigente».
El fiscal considera que los acusados no pueden alegar desconocimiento, tal y como refleja la jueza en su sentencia, donde dice que Vicent Guasch no sabía de derecho ni de urbanismo. «Todos los acusados conocían la ilegalidad del PDSU y así se desprende de sus declaraciones», dice Fiscalía. Por todo ello, los actos los realizaron «a sabiendas de su injusticia». También recuerda que Roig Vich aconsejó a Guasch no anular las licencias concedidas para evitar indemnizaciones. «¿Dónde está el desconocimiento alegado por la juzgadora?», se pregunta Fiscalía, que cree que el ex asesor jurídico es «sujeto activo del delito», así como el aparejador. Para el Ministerio Público, los únicos que provocaron «confusión y caos» tras la sentencia fueron los acusados, que «trataron de acomodar la normativa urbanística» a lo que «les interesaba». «No se puede pretender, como hace la juzgadora, hacer ver que no entendían de urbanismo».
Esquerra Unida, que actuaba en este caso como acusación popular, presentó ayer un recurso porque la jueza le condenó a pagar las costas por considerar que actuaron de «mala fe» al acusar a la ex arquitecta municipal y al promotor. Desde EU creen que la jueza aplicó «indebidamente» la ley porque el Código Penal no habla de condenar a costas a la acusación popular, sino sólo a los criminalmente responsables de un delito o falta.También indican que la doctrina del Supremo no aconseja este tipo de condenas y creen que la acusación de «temeridad y mala fe» es «radicalmente injusta» y «dolorosa» porque sólo intentaban «defender los intereses colectivos». Además, creen que esta sentencia abre un «precedente muy peligroso» porque «lanza el mensaje» de que «más vale dejar hacer a los gestores públicos o especuladores urbanísticos».
La Fiscalía también cree que es «desmesurado» que la jueza condenara a Esquerra Unida. Desde Fiscalía recuerdan que no acusaron a estas dos personas porque los indicios de criminalidad no eran suficientes, pero recuerdan que no era «temerario» porque el propio juez instructor los consideró como posibles autores del delito.
* Última Hora Digital - Ibiza - 1.07.09
Foto: Santa Eularia (Ibiza) - eivissaweb.com
El ´caso Arona´ se salda de momento con 34 imputados
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LAOPINIÓN/Tenerife* : La instrucción judicial del conocido como Caso Arona se salda de momento con al menos 34 imputados, entre los que figuran responsables políticos, funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Arona, un consejero del Cabildo de Tenerife, técnicos externos al consistorio, miembros de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, empresarios, un cabo de la Guardia Civil, un agente y una sargento de la Policía Local de Arona.
Y todos ellos se reparten imputaciones de más de 70 presuntos delitos que abarcan desde la prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho, hasta falsedad documental, omisión del deber de denunciar y cooperación necesaria en delitos como el cohecho.
En el auto firmado por el juez instructor de este caso que arrancó en marzo de 2007 y que ha permanecido el último año y medio bajo secreto de sumario, figuran como imputaciones novedosas que han sido acordadas durante la investigación policial y judicial realizada durante el último año y medio bajo secreto de sumario, las de Carlos Enrique Morales Plasencia, Vicente Dorta Antequera y Pedro González Santiago, todos ellos por presunto tráfico de influencias y prevaricación. Esos mismos delitos se imputan a Kemel Bagdad y María Bettina García Melo (responsables de una inmobiliaria de Los Cristianos), a Nizamara Domínguez Gómez (trabajadora del Patronato de Servicios Sociales) y a Milagros Suárez Martín.
También citados por esos delitos de prevaricación y tráfico de influencias aparecen la sargento de la Policía Local de Arona, Hortensia García, el agente local Sebastián Fuentes, el arquitecto municipal Francisco García Hernández y el encargado del servicio municipal de limpieza Ángel Artillo y Sandra Esther Correa Chinea.
Aurelio Alonso Fumero y Amalia González han sido acusados de tráfico de influencias y falsedad documental y el guardia civil José Manuel Rodríguez de tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos. También figuran como imputados Jorge Menéndez Díaz y Antonio Luis Pablo González Tolosa.
* La Opinión de Tenerife - BLANCA SALAZAR - 1.07.09
Foto: Arona (Tenerife), vista - D.Garuti, laopinion.es
Granada: El fiscal solicita once años de inhabilitación para Del Ojo
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LAOPINIÓN* : La Fiscalía de Granada acusa al ex diputado nacional del PP José Luis del Ojo de un delito continuado de prevaricación cometido durante su etapa como concejal de Urbanismo en los Ogíjares y solicita que sea condenado a 11 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El fiscal considera que Del Ojo intervino para favorecer a determinadas empresas constructoras adjudicándoles directamente obras durante su etapa como alcalde en funciones del municipio, en julio de 2005. José Luis del Ojo fue edil de Urbanismo desde 2003 hasta 2006.
En el escrito de acusación solicita además que se decrete la apertura de juicio oral, una vez que el juzgado de instrucción pasó el caso a procedimiento abreviado. Los cargos que le imputa el fiscal se centran exclusivamente en los "encargos verbales" a la empresa constructora García Mejías de la ejecución de obras en el Ayuntamiento, una plaza y varias calles del municipio, y a la empresa DH2G Reparación Estructurales S.L.U. los trabajos de reforma de otra vía de la ciudad, actuaciones que se llevaron a cabo entre el 8 de agosto el 19 de septiembre de 2005.
El fiscal detalla que dado que todos estas intervenciones tenían la condición de "contratos menores" ya que su cuantía era inferior a los 30.020,61 euros, tal y como establece ley, su tramitación sólo exigía la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de las facturas y el presupuesto.
En el escrito se afirma que Del ojo conocía perfectamente este procedimiento. Pese a ello adjudicó "directamente" los trabajos sin cumplir con "los trámites necesarios y sin que se emitiera informe alguno por parte de la Secretaría, del Servicio de Contratación y de la Intervención" del Ayuntamiento de los Ogíjares. El fiscal deja claro que el entonces edil de Urbanismo tenía la intención de "favorecer" a estas empresas y que por eso encargó las obras "sin cumplir los requisitos necesarios". El acusado "eludió" los requisitos de publicidad e imparcialidad en la contratación que garantizan la objetividad de la administración en la contratación pública, destaca el fiscal.
En el escrito se recuerda que José Luis del Ojo recurrió a los técnicos municipales para que emitieran "los informes necesarios para avalar el fraccionamiento" de los pagos a estas empresas. De esta forma se garantizaba, según el fiscal, esquivar los trámites de la contratación y pasar los pagos por cuantías inferiores a los 30.020,61 euros. Sobre la adjudicación a UCOP de la construcción de la Casa de la Cultura, el fiscal sostiene que Del Ojo diseñó un procedimiento "para evitar la presencia de cualquier otra empresa en la licitación". UCOP presentó una propuesta de 4,18 millones. El Ayuntamiento adjudicó el contrato a UCOP en 606.000 euros y cuatro meses más tarde aprobó otra adjudicación (nunca se habló de dos fases) por 3,58 millones, justamente la cantidad que restaba para alcanzar los 4,18 millones de la propuesta inicial.
* La Opinión de Granada - P.M. - 1.07.09
Foto: Ogíjares (Granada) - andalucia.org
El juez del 'caso Malaya' destapa un pelotazo en El Puerto del empresario Lores
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LAVOZ/Cádiz* : Los negocios inmobiliarios del empresario portuense Manuel Lores vuelven a estar bajo sospecha. El juez que instruye el caso Malaya por corrupción urbanística en Marbella ha elevado a los juzgados de El Puerto de Santa María la documentación sobre una operación de compraventa de terrenos realizada por Lores a la empresa municipal suelo y vivienda de la localidad, Suvipuerto, y de la que obtuvo un importante beneficio tras venderla de inmediato a otra sociedad inmobiliaria.
El juez del caso Malaya ha separado esta operación del resto de actuaciones que se siguen por los casos de corrupción en Marbella.
Manuel Lores, empresario de la construcción y ex presidente del Rácing Portuense,, se encuentra procesado en la tercera fase del caso Malaya y eludió la prisión tras pagar una fianza de 50.000 euros.
Ahora, serán los tribunales gaditanos los que estudien si hubo o no un delito de prevaricación administrativa en la compra de suelo para la construcción de pisos. Lores compró cinco fincas a la empresa municipal Suvipuerto en la zona conocida como Caja de Aguas, en la avenida de Diputación, por 10.621.654 euros y las vendió el mismo día de su adquisición, 8 de junio de 2007, según el auto del Ministerio Fiscal, a una inmobiliaria por 3,5 millones de euros más.
La construcción de viviendas en el paraje Caja de Aguas, a tiro de piedra del Carrefour de El Puerto, se remonta al 15 de septiembre de 2005 cuando el Ayuntamiento, presidido entronces por el independiente Hernán Díaz, compra a través de Suvipuerto dicho solar a los hermanos Ruiz Herrera por cuatro millones de euros. El Consistorio destinaba esta zona a la promoción de vivienda pública.
Sin embargo, tres meses después, el 19 de diciembre de 2005, el propio Hernán Díaz proponía en un Consejo de Administración de Suvipuerto la venta de esta parcela al empresario Manuel Lores para la promoción tambien viviendas de renta libre. De esta forma, Suvipuerto se encargaría de la urbanización y de la construcción de viviendas protegidas, mientras que Lores haría también VPO y pisos de renta libre. Esta iniciativa quedó sobre la mesa al pedir el resto de grupos políticos un concurso público para su adjudicación.
Dicho y hecho. Hernán Díaz convocó un nuevo Consejo de Administración de Suvipuerto para el 12 de enero de 2006, donde se presentaron cuatro empresas a la oferta. Se trataba de Promociones Lorcrimar, Décima Res SL, Chiclana 2000 y Hogar Sur. El concurso de venta se adjudicó a Promociones Lorcrimar por 8.778.225 euros más IVA, con la abstención de IU. Se trataba de cinco parcelas que suman una superficie de 20.000 m2. Según el Consistorio, Promociones Lorcrimar había persentado «la oferta más solvente» y se vendía a precio de mercado. Lores participaba en este concurso con otras dos empresas: Décima Res y Chiclana 2000.
El contrato establecía la construcción de 275 viviendas, de las que 157 levantaba Lores y el resto Suvipuerto para sortearlas como viviendas protegidas de priomoción pública. Suvipuerto se comprometía ademá a urbanizar la parcela, conocida como el Peri CC-17.
Esta operación creó polémica y fueron los concejales de IU quienes denunciaron el caso por falta de trasparencia. Por su parte, el ex concejal de Urbanismo de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez, declaró ayer que la operación se hizo por concurso público y «Suvipuerto puso precio de mercado y se actuó con legalidad».
El juez del juzgado de Instrución Número 5 de Marbella, Óscar Pérez, ha acordado abrir una pieza separada y desglosar de la causa de corrupción en Marbella esta actuación e incide, según el auto, en la venta de estos terrenos. Lores cristalizó la compra de los terrenos adjudicados un año después, justo cuando se aprobó la urbanización de Caja de Aguas, y consta en el auto judicial que el mismo día vendió la parcela a una sociedad inmobiliaria por 14.729.000 euros. La ganancia de Lores en un día fue de 3.533.056 euros, lo que supone, según el juez, una minusvaloración en el precio de venta por parte de Suvipuerto de 38,58%.
El juez decano de El Puerto tiene la documentación enviada desde Málaga para su investigación.
Hoy, en este suelo de Caja de Aguas, la empresa a la que vendió Lores la parcela sigue con la construcción de pisos y Suvipuerto ultima la urbanización del entorno.
* La Voz Digital - JAVIER RODRÍGUEZ / HUGO SIMÓN
| CÁDIZ / MÁLAGA - 30.06.09
Foto: Anuncios de Suvipuerto en el paraje Caja de Aguas en la parcela, objeto de la compraventa. / ANTONIO VÁZQUEZ, lavozdigital.es
Arona: El alcalde, acusado de tráfico de influencias y malversación
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LAOPINIÓN/Tenerife* : Malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación son los tres delitos imputados hasta ahora al alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, en el marco del conocido como Caso Arona, según trascendió ayer al hacerse pública la decisión del juez instructor de ese procedimiento, el aronero y chasnero Nelson Díaz Frías, de levantar el secreto de sumario de esta causa que se empezó a instruir en marzo de 2007...
... a raíz de la documentación que el portavoz del PSC aronero, Francisco García Santamaría, entregó a la Audiencia y que desencadenó que la fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo interpusiera la querella que derivó en la imputación de los ocho integrantes de la Junta de Gobierno aronera de la etapa 2003-2007 por delitos de prevaricación simple y continuada contra la ordenación del territorio.
Ese levantamiento de secreto también ha permitido confirmar que el que fuera edil de Urbanismo de Arona entre 1999 y 2003, actual consejero insular y edil de la oposición aronera, Félix Sierra Melo (PP), está imputado por presuntos delitos de cohecho, trafico de influencias y prevaricación.
Entre las novedades figura la imputación de nuevos ediles incorporados al gobierno aronero este mandato, entre ellos el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Antonio Sosa Carballo, que acumula sobre sí los mismos cargos que el alcalde (malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación).
En el bloque de nuevos imputados están también la edil de Servicios Sociales, Clara María Pérez Pérez, acusada de presuntos delitos prevaricación y tráfico de influencias, así como el edil de Personal y Policía Local, Manuel Reverón, y la concejal de Hacienda, María Candelaria Padrón González, quienes han sido imputados por prevaricación, tráfico de influencias y omisión del deber de denunciar. Además, ha sido imputada por esos mismos delitos Gladys Tacoronte Sánchez, jefa de Alcaldía, mano derecha y cuñada del alcalde.
Asimismo, están imputados varios trabajadores del Ayuntamiento (incluyendo tanto a técnicos como a encargados de concesionarios), técnicos externos, policías locales (incluso mandos) y empresarios. Se baraja también la imputación de personal de banca.
Este procedimiento arrancó poco antes de las elecciones de 2007 con la imputación de los ocho integrantes de la anterior junta de gobierno (CC, PP y CAN) por presuntos delitos de prevaricación. En diciembre de ese año un testigo relató al juez una supuesta trama de cobro de comisiones vinculada a la concesión de licencias urbanísticas, provocando (además de la declaración del secreto de sumario ahora levantado) el encarcelamiento del entonces arquitecto jefe de Urbanismo, Eliseo de la Rosa, del aparejador municipal, Roberto de Luis, del empresario Arsenio Zamora y del arquitecto Zenón Rodríguez (citados para volver a declarar el próximo 6 de julio).
Habrá que esperar a que trascienda el contenido de ese sumario para saber si permanecen imputados los ediles de la anterior junta de gobierno (Sebastián Martín, Juan José Alayón, Alfonso Barroso, Manuel Barrios, José Luis González, Daniel Martín) y para saber la lista completa de imputados hasta ahora en este proceso que deparará novedades a partir de la semana que viene, ya que arranca una ronda de citaciones judiciales que se prolonga hasta septiembre. El alcalde ha sido citado para el día siete, Sierra para el ocho, y los nuevos políticos imputados para los días sucesivos.
* La Opinión de Tenerife - BLANCA SALAZAR | ARONA - 30.06.09
Foto: Arona (Tenerife), ayuntamiento - coralia, picasaweb.google.com
España, a la cola de Europa en la lucha contra la corrupción
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LEVANTE* : España es uno de los peores países industrializados de la OCDE en las categorías de buen gobierno y lucha contra la corrupción, según un informe del Banco Mundial (BM) publicado hoy, que evalúa la situación en más de 200 países. La octava edición de "Los Indicadores Mundiales de Buen Gobierno" muestra que España no sólo no ha mejorado en la última década en los seis parámetros que evalúa el estudio, sino que ha empeorado en apartados como el de la "Efectividad gubernamental", que mide el funcionamiento de la burocracia estatal.
En general, en todas las dimensiones de gobernabilidad, España está por debajo de la media de la OCDE, aunque figura por encima de países como Italia, Grecia y Chipre.
Para Daniel Kaufmann, ex director anticorrupción del BM y coautor del informe junto con el economista del Banco Mundial Aart Kraay, el que un país haya logrado entrar en el club de los ricos de la OCDE "no garantiza que es un modelo de buen gobierno".
"Países como Italia, Grecia, España y EEUU, por nombrar sólo algunos, afrontan desafíos en varias dimensiones de gobernabilidad y no son siempre modelos a seguir como algunos de los países nórdicos o Nueva Zelanda, por ejemplo", dijo a Efe Kaufmann, en la actualidad analista del centro de estudios Brookings Institution.
Los autores del informe definen gobernabilidad como las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país, lo que incluye la forma en la que se seleccionan, controlan y reemplazan los gobiernos, así como la capacidad de estos para formular e implementar políticas sólidas.
A eso se suma el respeto de los ciudadanos y el estado por las instituciones que gobiernan las interacciones económicas sociales y económicas entre ellos.
El estudio, en el que participaron decenas de miles de personas de todo el mundo, desde ciudadanos de a pie, hasta expertos del sector privado, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y representantes del sector público, incluye seis grandes apartados.
El primero es el de "Voz y responsabilidad", que determina hasta qué punto los ciudadanos de un país son capaces de participar en la selección de sus gobiernos, así como de disfrutar de libertad de expresión, asociación y una prensa libre.
España ha tenido estabilidad en esa categoría durante la última década con un rango percentil de casi el 87 en el 2008, lo que implica que hay 25 países mejores, entre ellos Suecia, Noruega, Nueva Zelanda y Luxemburgo.
El segundo capítulo, que analiza la "Estabilidad política y ausencia de violencia-terrorismo", muestra a España con una puntuación baja debido al problema planteado por ETA.
Uno de los puntos más preocupantes para España es el de la "Efectividad gubernamental", en el que ha habido un deterioro significativo desde 1998, cuando el país estaba entre los 20 mejores del mundo y en línea con la media de la OCDE.
En la actualidad, no se encuentra ni siquiera entre los 40 mejores, con un rango percentil de 80 durante el pasado ejercicio, lo que lo coloca por debajo de países en desarrollo como Chile.
En "Calidad regulatoria", que determina la habilidad de los gobiernos para poner en marcha regulaciones que impulsen el sector privado, España se ha mantenido estable y está entre los 25 mejores países del mundo.
Otra categoría estable es la de la "Aplicación del derecho" que refleja la confianza en el sistema legal y el cumplimiento de las normas establecidas. España es el 30 de la clasificación.
La última categoría, el "Control de la corrupción", determina hasta qué punto el poder público actúa en beneficio del conjunto de la ciudadanía, al luchar contra la corrupción a pequeña y gran escala y contra la "captura" del estado por las elites económicas y los grupos de interés.
España mejoró gradualmente entre 1996 y el 2003, desde un rango percentil de 84 en 1996 a 90,3 en el 2003.
La situación se deterioró en el 2006, con un registro de 83,5 y mejoró ligeramente en el 2008, hasta 85, lo que deja a España prácticamente en el mismo lugar que hace 10 o 12 años, es decir en una buena posición pero no estelar, ya que hay 35 países mejores.
* Levante-EMV - EFE - 29.06.09
Viñeta: El Roto - corrupción (El País)
Palma: La alcaldesa deberá pagar 1.000 euros al mes de multa si no derriba unas obras ilegales
DIARIODEMALLORCA* : La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, dispone del plazo de dos meses para que dé las instrucciones oportunas a los servicios jurídicos y técnicos municipales para que éstos establezcan una "hoja de ruta" para la ejecución de una orden de demolición de unas obras ilegales que se realizaron hace más de 20 años.
Así lo establece la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) en un auto dictado a principios del presente mes de junio, aunque conocido ayer. La resolución judicial establece que, en caso de incumplimiento, la alcaldesa deberá hacer frente con "su patrimonio personal" a multas pecuniarias coercitivas, previa audiencia de la afectada, a razón de 1.000 euros mensuales durante los tres primeros meses, y de 600 euros semanales hasta el total cumplimiento de lo acordado.
La demolición afecta a unas obras de parcelación ilegal iniciadas en 1987 "en el ángulo obtuso" de la calle Tarragona, situada en la barriada de Son Anglada. Si bien inicialmente las obras consistían en la apertura de dos viales, la ejecución de una zanja y la supresión "de unos 15 almendros", ahora, tras más de 20 años, se levantan un total de 14 viviendas, todas ellas ilegales, y que cuentan también con expedientes de infracción urbanística abiertos.
La sentencia que el auto del TSJB obliga a la alcaldesa a ejecutar incluye expresamente "la demolición de las obras realizadas en dichos terrenos de parcelación ilegal", hecho que, en principio, afectaría también a las 14 viviendas. No obstante, desde el Ayuntamiento han solicitado una aclaración de la resolución en este sentido, por cuanto, si bien todas las casas cuentan con expedientes de infracción, ninguno de ellos ha llegado al punto de ordenar el derribo.
El Alto Tribunal es consciente de la "complejidad" de la ejecución de la demolición, aunque insiste en que "es preciso fijar pautas temporales para la completa ejecución de la sentencia dado que el Ayuntamiento ha mostrado hasta la fecha un absoluto abandono del deber de restitución de la legalidad que, por ley, le viene impuesto".
Por ello, "a efectos de ordenar esa compleja ejecución" se concede al Ayuntamiento el plazo de dos meses para que los servicios técnicos y jurídicos establezcan una "hoja de ruta" con las sucesivas etapas por las que la ejecución deba atravesar.
No obstante, la sala considera que la ejecución de la sentencia debe realizarse en el plazo máximo de 24 meses. En diez días Cort deberá identificar ante la Sala a los actuales propietarios de los terrenos afectados con sus correspondientes parcelas. La Sala establece también que el Ayuntamiento debe notificar a los propietarios afectados.
Las obras ilegales fueron denunciadas por la asociación de vecinos de Ses Cases de Son Anglada en 1987. Un informe del celador municipal que data de septiembre de este mismo año constata la ilegalidad de las obras. Con posterioridad, este mismo mes, la gerencia de Urbanismo ordena la paralización y, en junio de 1988, la demolición de las obras.
El alcalde Ramón Aguiló designó en junio de 1989 a la empresa para ejecutar la demolición. En 2001 se dicta un decreto para disponer la ejecución subsidiaria y, desde esta fecha hasta febrero de 2009, el expediente ha estado paralizado durante ocho años.
* Diario de Mallorca - JOSEP CAPÓ. PALMA - 30.06.09
Foto: Las obras ilegales están situadas en la calle Tarragona de Son Anglada Foto: B. Ramon, diariodemallorca.es
52 Detenidos por ocupar el Casino de Madrid para denunciar especulación
ADN* : La Policía Nacional ha detenido a 52 personas que han participado esta mañana en la ocupación del Casino de Madrid, a las que acusa de coacciones, allanamiento y desórdenes públicos durante una protesta para denunciar que "la crisis no la pagan quienes se benefician de la especulación".
Según ha confirmado un portavoz de la Jefatura Superior de Policía, las detenciones se han practicado durante la citada ocupación, que comenzó a las once de la mañana en el edificio del Casino, ubicado en la céntrica calle de Alcalá, por parte de un centenar de personas que entraron en el mismo y colgaron una pancarta con la leyenda "Por estas puertas no entra la crisis".
Media hora después la Policía Nacional ha intervenido y, aunque no se han registrado incidentes, ha detenido a 52 personas que han sido trasladadas a dependencias de la Brigada Provincial de Información.
El colectivo "Rompamos el Silencio", convocante de la ocupación, ha explicado que se ha tratado de un acto pacífico y que "no ha habido violencia ni sobre las cosas ni sobre las personas", por lo que creen que no hay motivos para las detenciones.
Esta protesta se enmarca en la semana de movilizaciones convocada por el citado colectivo para, entre otros objetivos, reivindicar la creación de espacios autogestionados y denunciar la privatización de servicios públicos como la enseñanza o la sanidad.
El primer acto tuvo lugar el pasado sábado, cuando una treintena de personas ocupó el edificio de los antiguos cines Luna de Madrid, en la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta.
* ADN - EFE - 29.06.09
Foto: Casino Madrid - centrodemedios.org
La Unesco pide parar la Torre Pelli
ELPAÍS/Sevilla* : El Comité Anual del Patrimonio Mundial de la Unesco aprobó ayer en su 33ª reunión una resolución en la que pide a España que "cesen todos los trabajos de construcción [de la Torre Pelli] hasta que el Estado haga una evaluación completa del impacto del proyecto de desarrollo sobre el valor universal de los bienes patrimonio mundial".
Es decir, la Unesco quiere que España detalle el impacto del edificio de 178 metros sobre la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias.
La resolución 33 COM 7B. 123 referente a Sevilla fue aprobada ayer por asentimiento. En cuatro puntos, el Comité de Patrimonio Mundial expresa "su preocupación en cuanto a la ausencia de información remitida por el Estado parte [España] respecto al proyecto de Cajasol". De este modo, el informe que previsiblemente encargue España, lo analizará el comité internacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), que dará su parecer al Comité de Patrimonio Mundial en su próxima edición que se celebrará en Brasilia en 2010.
"El paso dado ayer es como cuando un juez admite a trámite una querella. Tras la oposición de Icomos a la torre Cajasol, ahora se ha admitido a trámite y luego entraría en la lista del patrimonio en peligro, en caso de que ignoraran las resoluciones", subrayó uno de los expertos reunidos esta semana en Sevilla. La capital andaluza atesora esta distinción sobre su conjunto artístico desde 1987. Un ejemplo de que la Unesco cumple sus amenazas se dio el pasado sábado, cuando los 21 países que forman este órgano decidieron expulsar de la lista del Patrimonio Mundial al valle del Elba, en Dresde (Alemania) por la construcción de un puente.
Asimismo, en la resolución aprobada ayer la Unesco pide a España definir un entorno de protección para los bienes de Patrimonio Mundial, y que este informe se envíe antes del próximo 1 de febrero de 2010. También el acuerdo aclara que es el Estado parte "el que tiene que mandar a la Unesco cualquier proyecto que pueda afectar al Patrimonio Mundial". Ahora será, previsiblemente, el Ministerio de Cultura el que encargue "la evaluación completa del proyecto" y reclame la paralización cautelar de las obras.
* ELPAIS.com - J. M.-A. / M. P. - Sevilla - 29/06/2009
Foto: Sevilla, montaje torre Cajasol - diariodesevilla.es
Centenares de vecinos protestan contra las obras de la Brilat en los montes de Salcedo
FARODEVIGO* : “A veces parece que estamos gobernados por extraterrestres”, declaró un portavoz de la Organización Galega de Comunidades de Montes, al observar las obras que el Ministerio de Defensa realiza en los terrenos forestales de Salcedo. Unos setecientos vecinos de Pontevedra, Marín y Vilaboa le acompañaban en la manifestación convocada contra las obras de la Brilat.
El Ejército construye en estos montes comunales la recreación de una aldea afgana y un espacio urbano para el entrenamiento de los soldados. Las obras afectan a un yacimiento prehistórico, por lo que la Xunta de Galicia ha solicitado al ministerio que detenga los trabajos.
La movilización de ayer discurrió por las inmediaciones de la base militar General Morillo, sede de la Brilat, ante la vigilancia de la Policía Nacional y Militar. Los lemas de la protesta eran “Contra a franxa de seguridade”, “Contra as obras ilegais no monte”, “Contra a expansión da base militar”, “Contra o destrozo do medio ambiente e do patrimonio cultural”, “Pola defensa dos nosos montes comunais” y “Pola liberdade de vivir sin dependencia militar”. Acudieron, entre otros representantes públicos, el alcalde de Vilaboa, José Luis Poceiro, el parlamentario del BNG Bieito Lobeira, o los concejales de Pontevedra Demetrio Gómez y Luis Bará. También asistieron portavoces de colectivos como las comunidades de montes de Lourizán, San Xulián de Marín, Vilaboa, Figueirido, la Asociación pola Defensa da Ría, Briga, o el colectivo ecologista “Vaipolorío”, entre otros.
Los convocantes, vecinos y afectados de Salcedo, denuncian que el Ejército está “usurpando” el monte fuera de los límites del acuartelamiento de la Brilat, y que el Ministerio de Defensa está imponiendo una serie de normas preconstitucionales, como la franja de seguridad de 300 metros en torno al cuartel, que afectan a la calidad de vida de los residentes, al valor de sus propiedades y al desarrollo urbanístico en general de la parroquia y del municipio. Instaron por ello al Concello y a la Xunta de Galicia que “se deixen de cortesías entre institucións” y reclamen la devolución del monte comunal a sus “legítimos propietarios”.
La movilización discurrió ante la “aldea afgana” construida por el Ejército en el lugar de Muimenta y evitó adentrarse en el perímetro de seguridad del cuartel, cuyos accesos estaban custodiados por la Policía y los soldados de la base. Concluyó en el campo de fútbol do Casal, donde se había organizado una comida popular.
En la lectura del manifiesto final, los convocantes recordaron que son casi 29.000 hectáreas de terreno las afectadas por esta intervención del ministerio en los montes comunales y otras zonas incluidas en la franja de seguridad.
La “capitalidad”
El hasta ayer portavoz de la comisión de afectados, Fernando Pintos (deja el cargo para dedicarse a la presidencia de la Comunidad de Montes), apuntó que si el gobierno local y miles de pontevedreses se manifestaron el pasado 19 de junio “en defensa de la capital”, los terrenos “usurpados” por la base militar también forman parte de esa “capital”, y la afección que genera la base militar provocará que los jóvenes de la zona tengan que abandonar en el futuro las parroquias afectadas.
Recordaron una vez más que los montes vecinales en mano común son indivisibles, inalienables e inembargables, y que son propiedad de los vecinos y no de los concellos ni de las administraciones. “Son o exemplo máis puro de democracia que queda hoxe”, indicaron los manifestantes en la lectura del manifiesto final.
* Faro de Vigo - F. MARTÍNEZ - PONTEVEDRA
Foto: Una vista de la movilización vecinal que discurrió por los montes de Salcedo. Rafa Vázquez, farodevigo.es
La investigación a Bárcenas revela una red de facturas falsas de una constructora del AVE
ELPAÍS* : La investigación de la trama corrupta vinculada a administraciones gobernadas por el PP ha destapado una red de empresas pantalla que emitían facturas falsas para justificar supuestos pagos de Constructora Hispánica (una de las empresas adjudicatarias del AVE a Barcelona y a Valencia) a proveedores ficticios. Un alto directivo de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, está imputado por el supuesto pago de 1,6 millones de euros a la red que dirigía Francisco Correa.
Parte del dinero, según los documentos de contabilidad interna requisados por la policía en las sedes de las empresas de Correa (reproducidos en el gráfico adjunto), acabó en manos de Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular. La Agencia Tributaria considera que tanto Constructora Hispánica como las empresas pantalla con las que operaba han podido incurrir en un delito contra la Hacienda Pública.
La investigación arrancó de una conversación de Correa grabada sin que él lo supiera por quien entonces era su amigo, José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda (Madrid). "Le he llevado a Bárcenas 1.000 millones de pesetas. Se lo he llevado a Génova (sede del PP) y a su casa. Todo de adjudicación de obras de Fomento, cuando estaba Cascos, 1.000 kilos. Sé dónde los tiene, cómo los saca de España y el paraíso fiscal", se oye decir a Correa en esa grabación.
Tres testimonios
La Fiscalía Anticorrupción interpreta que los 1.000 millones de pesetas a los que se refiere "procederían de la labor de intermediación realizada por Francisco Correa con empresarios en las adjudicaciones de obras".
Otro ex edil de Majadahonda expulsado por el PP, Juan José Moreno Alonso, ratificó la versión: "Oí decir a Correa que había entregado dinero al señor Bárcenas". La Fiscalía suma un tercer testimonio sobre estos pagos al tesorero. Isabel Jordán, ex directiva de una de las empresas de Correa, declaró al juez: "Siempre hablaban mucho, estaban siempre hablando de los cabrones de Génova, y hablaban del señor Bárcenas. En algunas conversaciones sí salía el señor Bárcenas, del dinero que le habían dado, que era un cabrón, que no les estaban dando trabajo, que le cortaron el flujo de trabajo que tenían".
Los amigos del tesorero del PP siempre alegan en su defensa que fue él quien rompió con Francisco Correa en 2004, cuando supo que utilizaba su nombre para hacer negocios inmobiliarios en la sierra de Madrid.
Entre la documentación requisada durante la intervención policial contra la red corrupta hay unos folios, hallados dentro de una carpeta azul localizada en la casa del contable de la trama, José Luis Izquierdo, donde se registraban algunas operaciones de cobro de comisiones a constructores. Entre ellos figuraba García Pozuelo, directivo de Constructora Hispánica, quien entre 2002 y 2003 hizo dos desembolsos de casi 1,6 millones de euros a la trama corrupta, que a su vez lo distribuía entre varias personas. Una de ellas era L. B., al que la investigación identifica como Luis Bárcenas, que habría cobrado un primer pago de 270.000 euros en 2002 y un segundo de 330.000 euros en diciembre de 2003.
Constructora Hispánica consiguió adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento. Antes de ese momento y después de que el PP perdiera las elecciones, Constructora Hispánica también logró contratos del AVE. La investigación, que en realidad está en fase incipiente, según se destaca en varios documentos, aún no ha analizado esa vinculación de esta constructora con las obras del AVE.
El informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario señala que Constructora Hispánica justificaba pagos con facturas falsas que emitían empresas que carecían de personal, o de estructura suficiente para prestar servicios o, en algunos casos, resultaron ilocalizables para Hacienda.
Precisamente Álvarez-Cascos es, según diversas fuentes del PP, una de las personas cercanas a Bárcenas que más está empujándole a que resista y no dimita, y el que con más ahínco defiende internamente la inocencia del tesorero, mientras la mayoría de los dirigentes prefiere que dimita cuanto antes para no hacer más daño al partido.
* ELPAIS.com - J. M. ROMERO / C. E. CUÉ - Madrid - 29/06/2009
Foto: Tren AVE - cincodias.com
El Foro de Urbanismo Crítico rechaza el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Principado sobre la Fábrica de Gas
ELCOMERCIO/Oviedo* : El Foro de Urbanismo Crítico rechazó hoy la resolución de la Comisión de Patrimonio del Gobierno de Asturias sobre la antigua Fábrica de Gas de Oviedo, así como el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo autonómico por entender que "destruirá un patrimonio industrial de más de 150 años de historia".
Según indicó a Europa Press el concejal de Asamblea de Ciudadanos por la Izquierda (Asciz) en el Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, el Foro denuncia la "conjura" entre ambas administraciones por permitir "hacer viviendas millonarias pegadas a la Catedral cuyo objetivo es beneficiar a la empresa Hidrocantábrico en vez de preservar el terreno como espacio cultural para la ciudad".
El Foro también analizó y criticó la actitud de la empresa eléctrica que entiende que "lejos de favorecer a la ciudad pretende por segunda vez sacar rendimiento especulativo de unos terrenos como hizo hace diez años en Ciudad Naranco".
Por ello, desde el Foro de Urbanismo Crítico proponen al Ayuntamiento de Oviedo, al Gobierno del Principado y a la empresa que lleguen a un acuerdo para "devolver eses espacio como patrimonio cultural a los ciudadanos de Oviedo".
También acordaron hacer una asamblea y continuar con la recogida de firmas sin descartar llevar a cabo movilizaciones, entre otras actuaciones.
* El Comercio Digital - E.P. - 27.06.09
Foto: Oviedo, fábrica de Gas - rtpa.es
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