Ciudadanos contra la corrupción

Cada vez es más frecuente la pérdida del miedo de los ciudadanos ante la corrupción generalizada que atenaza las distintas administraciones públicas. Son bastantes los ejemplos de personas anónimas que se han arriesgado a sufrir las consecuencias de una denuncia ante la justicia contra los clanes mafiosos que existen tanto en las pequeñas o medianas poblaciones. Desde este mismo blog, que lleva ya 8 años denunciando la corrupción urbanística, podemos dar fe de las presiones existentes ante noticias y hechos que atentan contra la Ordenación del Territorio. Pero hay casos que se pierden en el tiempo ya que los propios medios no les dan la importancia debida (son interesados), o que la justicia es cómplice también retrasando oportunistamente las más que posibles sentencias condenatorias.
"LAMAREA*: Un asaltante entró por la fuerza en casa de Itziar González el 30 de abril 2009, la destrozó y robó sus ordenadores personales. El chico cumplió pena de cárcel, pero, por miedo, nunca llegó a reconocer quién le había contratado. Meses después, las amenazas de muerte llegaron al buzón de González. Antes de estos episodios, simplemente era una arquitecta de 39 años, reconocida por su mediación en conflictos entre vecinos y la administración barcelonesa por las polémicas obras de la Plaza Lesseps. Por su talante, el PSC la había incluido en la novena plaza, como independiente, de su lista en las municipales de 2007.

González cerró su estudio de arquitectura, indemnizó a los trabajadores y, tras las elecciones, fue nombrada concejala del distrito Ciutat Vella, donde prescindió de los altos cargos que los partidos tenían colocados y puso en su lugar a un equipo de técnicos. Sus denuncias contra las irregularidades y la corrupción que encontró –desde su cargo público participó activamente en la demanda del caso Palau, entre otras– le supusieron una seria factura personal: tuvo que pasar un año y medio con escolta y, tras dimitir en 2010, cuatro años sin trabajo ni paro. “Todavía siguen sin contratarme las administraciones públicas porque temen que les pueda dar problemas”, reflexiona la arquitecta, a la que algunos implicados en la trama de corrupción hacían referencia –según las grabaciones policiales– como “la puta concejal que nos para todas”.

Como ella, detrás de decenas de escándalos de corrupción hay ciudadanos que, desde administraciones públicas estatales, autonómicas o municipales, decidieron dar el paso y denunciar. “Pero están totalmente desprotegidos”, critica el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que recuerda que, aunque existe “un estatuto especial para las víctimas de los delitos, falta protección para los denunciantes de corrupción”.

González y Villarejo forman parte del elenco de ciudadanos y expertos que protagonizan el documental Corrupción: El organismo nocivo, que tiene como objetivo reconocer la labor de estos denunciantes. El filme narra las experiencias de diversos profesionales de la administración: desde interventores municipales como Fernando Urruticoechea o Maite Carol, hasta el inspector de cursos de formación Carlos Martínez o el ex director del Institut Municipal Promoció Econòmica Mataró Jaume Llansó. El director del documental, Albert Sanfeliu, destaca los puntos en común que tienen todos ellos: son personas con una “fortísima integridad moral” y que “conocen el sistema muy bien desde dentro”. Sin embargo, se sienten “solos” social y jurídicamente.

Incumplimientos del Gobierno

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en noviembre de 2012 un informe sobre anticorrupción, en el que recomendaba, entre otras medidas, “establecer una clara legislación y un eficaz marco institucional que proteja de actuación discriminatoria o disciplinaria a los empleados que revelan a las autoridades, de buena fe y sobre bases razonablemente ciertas, actos sospechosos de inmoralidad o corrupción”.

Tras su publicación, España se comprometió a adoptar medidas para proteger a los denunciantes en un plazo de dos años. Sin embargo, el Gobierno ha incumplido su promesa y todavía carecen de garantías. En Europa, apenas un puñado de países –Luxemburgo, Rumanía, Eslovenia y Reino Unido, a la cabeza– cuentan con estatutos de protección para denunciantes. A pesar de ello, los casos de corrupción judicializados tuvieron un repunte en España en 2014, que se cerró con más de 2.000 imputados, 150 casos abiertos y varias macrocausas a punto de llegar a juicio. Entre ellas destacan sobre todo parte de la trama Gürtel y los casos Nóos, Campeón y Pretoria.

En este último, las dos personas clave que advirtieron de las irregularidades del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) fueron el ex director gerente de planificación Albert Gadea y la interventora Maite Carol. Tras la denuncia, ambos perdieron su puesto de trabajo. El primero aportó al juez importante documentación relacionada con la financiación ilegal de partidos, que implicaba a reconocidos cargos institucionales y políticos. Debido a las presiones posteriores que recibió, Gadea llegó a presentar una querella criminal por mobbing, pero fue sobreseída tres años después. Aun así, el Ayuntamiento terminó readmitiendo a Gadea en agosto de 2014, aunque no en el mismo puesto de trabajo. Carol ve difícil su reincorporación a la función pública.

Las demandas por corrupción están ligadas frecuentemente a tramas urbanísticas en medianos y pequeños municipios. Pero no todas terminan en grandes escándalos. Fernando Urruticoechea es uno de los interventores que más casos ha denunciado, en los siete ayuntamientos en los que ha trabajado (Galdakao, Sestao, Laredo, Ermua, Leganés, Castro Urdiales y Crevillent). En Crevillent, donde vive ahora, la gente ve a Urruticoechea como una amenaza, alguien que puede desmontar el chiringuito, en lugar de velar por el dinero público de los ciudadanos. “Las presiones son fortísimas, pero es mi trabajo”, explica el funcionario. Además, Urruticoechea denuncia que, cuando sus informes de fiscalización son críticos, pueden terminar en la papelera del despacho del alcalde sin que ninguna instancia superior los llegue a conocer, debido a la falta de un mecanismo de denuncia eficaz. En el gremio, “o estamos comprados o a nuestros informes no se les hace ningún caso”.

Al igual que la arquitecta González, él también ha sufrido graves amenazas. De hecho, sus estancias en los ayuntamientos suelen oscilar entre los dos y los cuatro años. Transcurrido ese tiempo, ha tenido que hacer las maletas varias veces para evitar la visita de “sicarios”.

Los informativos de televisión batieron en 2014 el récord de horas de emisión de noticias sobre corrupción, el tema estrella, impulsados por el tirón mediático de casos que afectaban a la infanta Cristina, el ex president de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, la tonadillera Isabel Pantoja, los exministros Rodrigo Rato y Jaume Matas, los expresidentes de clubes de fútbol José María del Nido y Josep Lluís Núñez y el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, entre otros.

Lejos de poner el foco en los acusados, el director del documental, Albert Sanfeliu, reflexiona sobre cómo tratan los medios de comunicación la corrupción: “Echo en falta que se dé más voz a las personas que denuncian los casos”. Éste fue uno de los motivos que le llevó a rodar el filme: promover el ejemplo de quienes hacen posible la apertura de las investigaciones, a través de su narración. “Hablan de cara, para empatizar y que la ciudanía se sume. Queremos transmitir que sí puede”.

Por su osadía, Sanfeliu tiene asumido que no logrará ayudas públicas para su documental –el rodaje lo financiaron 451 mecenas a través de crowdfunding– y que, probablemente, encontrará problemas para proyectarlo en los cines. Por ello, busca ahora patrocinadores para los bolos y salas alternativas donde presentar el proyecto en todas las ciudades posibles.

Además de la falta de protección para los denunciantes, existen numerosos factores que lastran o bloquean los procesos contra la corrupción. El papel de los tribunales, por ejemplo, ha sido determinante para cubrir con el manto de la impunidad decenas de escándalos, desde el primer proceso que se abrió en España contra la delincuencia económica organizada –los llamados de cuello blanco–: la quiebra de Banca Catalana. A mediados de los años 80, Jiménez Villarejo fue quien dirigió la querella presentada por la Fiscalía General del Estado en 1984 contra 18 exconsejeros de Banca Catalana. El caso tomó un tinte político porque uno de ellos era Jordi Pujol, directivo de la entidad en los años 70 y president de la Generalitat cuando se destapó el escándalo.

Los fiscales Villarejo y José María Mena pidieron el procesamiento de los 18 por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar precios. Sin embargo, a pesar de la solidez de la acusación, el pleno de la Audiencia de Barcelona lo cerró en falso y no se procesó a los acusados de quebrar la banca. “El tribunal procedió con criterios conservadores. Muchos eran simpatizantes de la dictadura, otros tenían connivencia con el pujolismo y el conservadurismo, y otros actuaron con cobardía y falta de civismo”, denuncia Villarejo, que asegura que estas prácticas continúan en la actualidad.

Una justicia sin recursos

Además de la responsabilidad del Gobierno de proteger a los denunciantes anónimos, el ex fiscal anticorrupción sigue señalando en la actualidad a jueces y magistrados: “Están formados para robos y pequeños delitos, no para tramas complejas en las que influyen elementos económicos o políticos. Hace falta formación, recursos y esfuerzo. Falta capacidad, fuerza y voluntad”.

Los problemas siguen a día de hoy. Otro protagonista del documental, Carlos Martínez, también ha vivido la frustración de que sus denuncias no trascendieran tras llegar al tribunal. Era inspector de cursos de formación ocupacional desde 1986 y, en 2007, presentó una demanda ante la Fiscalía porque 10 centros tenían irregularidades en la distribución del dinero, lo que habría perjudicado notablemente al salario de los formadores. En algunos casos, la entidad habría recibido subvenciones de 50 euros por hora de clase para cada formador, pero estos habrían aceptado cobrar apenas 10 euros, aunque en su contrato figurasen, formalmente, los 50 euros. Los restantes, se los quedaba la empresa.

La demanda de Martínez fue archivada y reducido el incumplimiento a simples “errores administrativos”. No obstante, él sigue denunciando la corruptela a través de varias plataformas, con el objetivo de que la Fiscalía acepte una demanda colectiva. Para lograrlo, anima a los profesores afectados a unirse a su causa. ¿Cuál es el problema? El miedo a ser incluidos en una lista negra y a que la ley cargue después contra ellos por haber firmado un documento falso que, en realidad, beneficiaba a terceros.


_ La Marea - Daniel Ayllón - 23.2.15
Foto: Corrupción, viñeta

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'El urbanista del PP' sigue haciendo negocios con los ayuntamientos que controla Génova

La corrupción urbanística en los ayuntamientos 'populares' continúa, según se ve en esta noticia. En los alrededores de Madrid es tristemente famoso el arquitecto del PP, L.Arnáiz, vinculado a Gürtel y acusado en diferentes casos, que se ha hecho de oro a costa de especular con la Ordenación del Territorio en numerosos municipios donde ha dejado su nefasta impronta. Como siempre, los paganos de semejantes tropelías urbanas han sido los habitantes de esos lugares que han visto como se volatilizaba su dinero y su territorio de cara al futuro. La lista de ayuntamientos especuladores es larga y se debe sumar a ellos también el de Guadalix de la Sierra.
"PÚBLICO* : El urbanista preferido del Partido Popular, Leopoldo Arnaiz, sigue haciendo negocios con los ayuntamientos que gobierna el partido en la Comunidad de Madrid. A la larga lista de adjudicaciones recibidas por consistorios conservadores, que incluye municipios como Boadilla del Monte, Colmenar Viejo o Soto del Real, se suma ahora San Agustín de Guadalix.

Poco o nada importa que el empresario y arquitecto esté acusado de blanqueo de capitales en el juzgado número 35 de Madrid; que esté imputado por estafa e incumplimiento de contrato en el número 8 tras no saldar una deuda de 8,7 millones con una exsocia; y que un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía vinculara al empresario con la trama delictiva de Gürtel. Todo da igual. Es el urbanista de referencia.

Esta vez ha sido el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, gobernado por el Partido Popular con una holgada mayoría absoluta, el que ha concedido una adjudicación por valor de 6.179.861,78 euros para la construcción de un espacio deportivo de pádel, centro comercial incluido, y su posterior explotación. La empresa que se encargará de construir este complejo, según la documentación aportada al Pleno del Ayuntamiento para aprobar el contrato de concesión, es Terralia Construcciones, S.A., sociedad cuyo administrador único fue Juan Arnaiz (hermano de Leopoldo) y cuya sede está en el número 56 de la calle Méndez Álvaro, dirección de las oficinas centrales de Arnaiz Consultores, que contactados por este medio aseguran que Terralia es "sólo un partner" y rechazan realizar cualquier tipo de valoración sobre esta adjudicación aunque advierten de que la noticia, una vez publicada, será evaluada "por el equipo jurídico de la compañía".

De esta manera, la adjudicación de una proyecto de más de 6 millones de euros para el diseño y construcción de estas instalaciones deportivas en San Agustín de Guadalix puede repercutir en el entorno empresarial de Leopoldo Arnaiz, de quien fuentes políticas han llegado a señalar que "tiene más poder que el mismo Francisco Correa" y que "el tiempo lo demostrará". Prueba de ello, aseguran estas fuentes, es que Arnaiz es responsable del diseño de los desarrollos urbanísticos de más de 40 municipios de la Comunidad de Madrid y controla una amplia red de empresas y testaferros que han realizado negocios urbanísticos en esos ayuntamientos.

El negocio ha llegado a Terralia Construcciones, S.A. a través de la empresa adjudicataria Ocio y Deporte de San Agustín del Guadalix S.L, una empresa sin trabajadores que se constituyó el 30 de julio de 2014, justo un día después de que el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix presentara las condiciones del pliego para optar al concurso y un día antes de que las bases del concurso fueran publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.


A pesar de la reciente constitución de Ocio y Deporte de San Agustín del Guadalix y, por tanto, del incumplimiento de los pliegos del concurso que exigían "obras ejecutadas en los últimos cinco años", "trabajos realizados en servicios deportivos en los últimos tres años" o "técnicos o unidades técnicas de ejecución de obras", entre otros requisitos, el despacho de arquitectos Cervera y Pioz S.L. otorgó a la oferta presentada por Ocio y Deporte de San Agustín del Guadalix una calificación de 100 sobre 100 mientras que la otra empresa que competía, Aira Wellnes, se tuvo que conformar con una nota de 33.89 sobre 100.

"Lo único que puedo decir es que la oferta que presentamos aportaba la solvencia técnica de Aira Wellness y su experiencia en el sector, que es lo que exigía el concurso. Sin entrar en el fondo de la cuestión, parece que una empresa de reciente creación carece de los criterios necesarios para poder garantizar solvencia técnica", explica a Público Luis Muñoz, que ha sido el responsable de llevar la participación en el concurso de la empresa perdedora en este caso: Aira Wellness.

El informe técnico del despacho de arquitectos Cervera y Pioz S.L. levantó, de inmediato, sospechas entre los concejales del PSOE de San Agustín de Guadalix, que preguntaron si este informe había sido avalado por los técnicos arquitectos del Ayuntamiento. El Consistorio alegó, entonces, que el tema era demasiado complejo para la capacidad de valoración de los técnicos. Posteriormente, la oposición al completo pidió la anulación de la adjudicación ya que en el proceso se habían producido "gravísimas anomalías y errores" por lo que solicitaba la exclusión del concurso de las dos empresas concurrentes.

"No es concebible desde la sensatez y el sentido común que una empresa constituida un día después del anuncio en el BOCM de la licitación, sin personal contratado, sin administrativos que le pudieran preparar documentación ni para el concurso, sin capital, con apenas 4.000 euros, sin experiencia propia en el sector, pueda hacerse cargo de un proyecto de construcción de dos complejos deportivos, con parking, centro comercial, piscina cubierta-fitnes y centro de raqueta y padel y además de su explotación", asegura en declaraciones a Público Carmen Timon, concejal del PSOE en la localidad.

Sin avales

Las dudas sobre el proceso se incrementaron en la oposición cuando la empresa adjudicataria fue incapaz de presentar los avales necesarios para demostrar que tiene el suficiente músculo financiero para acometer un encargo que supera los 6 millones de euros. De hecho, fue Terralia S.A., la constructora cercana a Arnaiz, quien aportó en primera instancia los avales necesarios aunque, tras la negativa del Ayuntamiento a aceptarlo, Ocio y Deporte San Agustín S.L. consiguió un aval del Banco Popular.

La punta del iceberg

Fue la aparición de David Encinar como administrador único de la empresa adjudicataria el primer indicador que hizo saltar las alarmas de la oposición en este caso. El nombre de David Encinar apareció en la declaración judicial que realizó el expolicía implicado en el caso de los GAL José Amedo Fouce. Según su testimonio en sede judicial, Leopoldo Gómez Gutiérrez, ingeniero municipal de Pozuelo, con la ayuda de David Encinar, que facilitó los datos, intentaron utilizar a Amedo para cobrar una deuda de 1,8 millones de euros contraída por Alfonso García, dueño de Constructora Hispánica. De telón de fondo de esta historia se encontraba el 'caso Gürtel'.

El empresario Leopoldo Arnaiz comenzó a estar bajo los focos de la opinión pública en 2003 tras declarar durante cinco horas en la comisión de investigación del conocido como 'Tamayazo', que significó la espantada de dos diputados socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, impidiendo la investidura de Rafael Simancas en 2003, y a la postre, abriendo el camino a Esperanza Aguirre. Entonces, Arnaiz fue absuelto tras explicar sus vínculos con los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, quienes hospedaron a Tamayo y Sáez durante los días en que arruinaron la victoria de Simancas en las urnas.

Desde entonces, el nombre de Leopoldo Arnaiz ha saltado a la prensa de manera más o menos periódica sobre todo tras la denuncia presentada en 2010 ante la Justicia por una exsocia suya que en el texto remitido a la Justicia muestra con todo lujo de detalles una maraña de 33 empresas administradas por "testaferros y funcionando todas ellas con caja única", según refleja la denuncia.

El abogado de la denunciante explicó al juez que "Leopoldo Arnaiz es arquitecto y redactor de los planes urbanísticos de muchas de las localidades de los alrededores de Madrid" y como él mismo "no puede aparecer como socio por incompatibilidad legal busca testaferros que aparecen como socios constituyentes".


* Público - ALEJANDRO TORRÚS - 18.2.15
Foto: Leopoldo Arnáiz, arquitecto PP - A.Navarrete

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Un exconcejal de Palma revela al juez que el PP de Matas pedía un 3% de comisión con la connivencia de Génova

Es algo que ya conocía todo el mundo: que el PP, o CiU, exigían para otorgar su aprobación un 3% de comisión del presupuesto de las obras a realizar, lo único que esa era la mordida-base ya que normalmente se iban al 5% o más. Así que nada extraño en esta revelación del concejal de Palma, lo cual no quita que sea vergonzosa y que atente contra la ética y la transparencia que deben presidir las relaciones de las instituciones públicas. Es la confirmación de la elevada corrupción urbanística que ha sido permitida, lamentablemente, en en este país, gracias a una débil, o cómplice, justicia. Algo que deberá ser erradicado y perseguido con más ahínco del que actualmente se sigue teniendo con estos graves delitos generalizados.
"INFOLIBRE* : El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos ha señalado este martes, en su declaración como testigo ante el juez instructor del caso Palma Arena, que el PP balear, bajo el mandato de Jaume Matas (2003-2007) y con la connivencia del partido a nivel nacional, exigía un 3 por ciento en comisiones con cada adjudicación pública, tal y como han informado fuentes jurídicas.

El exregidor, cuya comparecencia se ha prolongado durante más de tres horas en el marco de la pieza 28 de la causa, centrada en la financiación presuntamente ilegal del PP, ha señalado además que la formación reclamó nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras para la construcción del hospital de referencia de Baleares, que recayó en manos de Dragados tras un proceso cuya tramitación se investiga.


* Info Libre - 24.2.15
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org

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Imputado el alcalde 'popular' de Aldea del Fresno por permitir construir en una zona destinada a un camping

Como se ve, el urbanismo madrileño sigue en la picota, no solo en la ciudad sino también en muchos pueblos de los alrededores. La permisividad y falta de control urbanístico de la Comunidad es alarmante, algo que hay que achacar al equipo 'popular' de I.González. En Aldea del Fresno hay más de 300 casas en suelo dedicado a un cámping, y eso no se puede realizar de la noche a la mañana, hace falta la complicidad municipal y también una escasa vigilancia de la Comunidad y del Seprona. Algo que, evidentemente, ocurre en este caso de delito grave.
"VOZPÓPULI* : Un juzgado de Móstoles ha imputado Guillermo Celeiro (PP), alcalde de Aldea del Fresno (Madrid), y a dos concejales, uno del PSOE y otro de un grupo independiente, por un delito de prevaricación pasiva tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente por las irregularidades existentes en la urbanización Caravan Garden. En ese terreno hay más de 300 casas en suelo destinado a un camping.

Hace algunos meses un ciudadano denunció al Ayuntamiento por permitir la situación que se viene produciendo en ese suelo que había sido propiedad del Marqués de Griñón. Intervinieron agentes del Seprona y posteriormente se produjeron denuncias de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Cientos de ciudadanos construyeron desde hace años chalets en parcelas en las que sólo estaba autorizado tener una tienda de campaña o una caravana. El Ayuntamiento de anteriores legislaturas parece que hizo la ‘vista gorda’ y se llegaron a construir cerca de trescientos chalets, piscinas, y barbacoas en una zona con gran protección medioambiental.

El alcalde declaró hace unos meses a Vozpópuli que desde su llegada a la corporación ha mantenido decenas de reuniones para intentar legalizar la situación. Guillermo Celeiro dijo a la revista A21 recientemente: “Que me caiga a mí un muerto que no es mío es alucinante”.

Ya hubo hace meses una primera sentencia contra un ciudadano que fue condenado por un juzgado a cuatro años de prisión y al pago de las costas por haber construido en un terreno calificado como no urbanizable y protegido. En la sentencia se decía que la zona donde se había levantado la construcción es un lugar de especial protección de aves, lugar de interés comunitario, espacio natural protegido… añadía que se habían destruido puntos de nidificación, cría y se ha producido impacto visual.

La amenaza de una sentencia similar se cierne sobre otras más de trescientas familias que construyeron a pesar de que era una zona solo de camping. El juez ha imputado ahora al alcalde actual, que es también concejal de Urbanismo, y a los otros dos ediles. El Ayuntamiento aprobó en un pleno que sea la Corporación la que asuma la defensa de los acusados que lo deseen.

Cambio en el Presupuesto

Pero para ello, se ha tenido que aprobar una modificación del presupuesto y se ha retirado una partida de alumbrado y otra de reparación de aguas y viales para poder hacer frente a los honorarios de los abogados con los 38.000 euros que se ahorran.

Iván Gutiérrez, representante de un grupo de la localidad llamado Centro Reformista Democrático, ha solicitado la dimisión del alcalde y del resto de los ediles imputados, así como la destitución de los dos técnicos municipales imputados.

Este grupo señala que los hechos tienen su origen en una querella de la Fiscalía de Medio Ambiente y añade que también estarían implicados otros altos cargos del Ayuntamiento desde el año 2004. Añade que el juzgado le ha solicitado un aval de 40.000 euros a cada uno de los imputados.


* VozPópuli - Pedro Blasco - 21.2.15
Foto: Aldea del Fresno, vivienda ilegal en cámping - vozpopuli

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La Justicia impide otra goleada de Florentino al urbanismo madrileño… de momento

El presidente del Real Madrid, F.Pérez, es un hábil negociador con las instituciones 'populares' madrileñas y, gracias al nombre del club deportivo, ha aprovechado para hacer sus negocios con la constructora ACS, dando sucesivos pelotazos urbanísticos (nunca mejor dicho). Ocurrió con la Ciudad Deportiva de la Castellana en la se fue trabajando al nefasto alcalde A. del Manzano, consiguiendo realizar la operación especulativa de las 4 Torres, todavía no finalizada. Con la ampliación del estadio Bernabeu ha intentado lo mismo, mediante una permuta de terrenos con el propio Ayuntamiento, pero la justicia se percató del pelotazo y, de momento, ha dicho no. Veremos lo que aguanta.
"JUAN C.ESCUDIER* : A veces los reyes del pelotazo tienen contratiempos, y eso es lo que le ha ocurrido a Florentino Pérez tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular la nueva ampliación del Bernabéu, una operación por la que el genio de ACS pensaba consumar otra goleada al urbanismo similar a la de la vieja Ciudad Deportiva del club, donde hoy se levantan las cuatro torres que sirvieron para sacar al club de la quiebra y financiar sus galácticos a costa de la ciudad.

Como en la mayoría de los grandes negocios de este inconmensurable vendedor de burras metido a constructor, siempre hay de por medio una o varias administraciones públicas, porque la especialidad de este ingeniero no son los caminos, los canales o los puertos sino los concejales de Urbanismo, los alcaldes, los presidentes y hasta los jefes de Estado. Al anterior, cuando divisaba la proa del ‘Fortuna’ surcando las aguas de la bahía de Palma, le llamaba por el móvil desde su barco, el ‘Pitina’, para ponerse a los pies de su señora. Que el actual monarca sea del Atlético es otro contratiempo salvable.

Como se ha dicho, para hacer negocios a la sombra del poder hay que estar bien relacionado y en eso Florentino no tiene rival. Para la recalificación de la Ciudad Deportiva se trabajó al alcalde de la época, Álvarez del Manzano -con quien compartía mantel y tertulia mensual en un castizo restaurante de Madrid junto a exconcejales de sus tiempos en la UCD- a los sindicatos, al movimiento vecinal y a IU. A quien no pudo seducir fue a Matilde Fernández, que dirigía el grupo municipal socialista y que por tres veces le dijo que no y hasta le llamó psicópata. Era difícil engatusar a la exministra, porque además de tenerlos bien puestos y resistirse a las presiones (“Zapatero está conmigo y no contigo”, llegó a decirle), ni tenía hijos arquitectos a los que dar promociones de viviendas, ni gestionaba cooperativas del marxismo-ladrillismo, y, por si fuera poco, pasaba olímpicamente de tener asiento reservado en el palco del Bernabéu.

Para la frustrada ampliación del estadio le bastaba poco más que su amistad íntima con Ruiz Gallardón, alcalde en aquel momento de la villa y corte, y, a su juicio, el político más brillante, listo, alto y guapo, el que él mismo habría querido ser si la aventura del Partido Reformista no hubiese terminado en un colosal fiasco. Tanto se fiaba de Gallardón que hasta hizo vicepresidente del club a Fernando Fernández Tapias, el naviero asiduo de las revistas del corazón que más de una vez ha presumido en privado y seguramente en broma de ser “el que le hace la hucha a Alberto”. La rivalidad entre Gallardón y Esperanza Aguirre, quien desde la Comunidad de Madrid debía rubricar también los acuerdos, nunca se ha interpuesto en los caminos del constructor.

Pues bien, el origen de lo que la Justicia echó por tierra este martes se remontaba a 1998, en concreto a una parcela de 70.000 metros cuadrados en una zona de la periferia de Madrid llamada Las Tablas, que el Ayuntamiento cedió al Real Madrid como parte del canje por unas de las cuatro torres de la ciudad deportiva. El patatal estaba valorado en casi medio millón de euros, pero no podía ser cedido porque tenía carácter deportivo básico y, por tanto, su titularidad era pública.

En 2011 el Ayuntamiento se dispuso a subsanar el error tras multiplicar casi por 50 el valor de los terrenos, revalorizados entre otras cosas por la especulación urbanística en la zona de la que el propio Florentino fue protagonista. Lo que valía 488.000 euros se estimó en casi 23 millones de euros. Gol por la escuadra. Para compensar a Madrid se dispuso un cambalache por el que se le cedieron varias parcelas para chalés, una al lado del aeropuerto y otra junto en el Bernabéu, donde el club ya tenía el derecho de superficie. Gol.

Cuatro meses después de este acuerdo, se firmó otro para modificar el Plan General de Urbanismo y permitir al Real Madrid ampliar el estadio, montar un centro comercial y hotelero del carajo de la vela y construir un aparcamiento de 600 plazas. Gol. A cambio, el club devolvía las parcelas para chalés, pagaba 6,6 millones y se comprometía a convertir el actual y pequeño centro comercial que bordea una esquina del campo de fútbol en un parque público. Idénticos metros cuadrados pero distinto valor. Y más gol.

¿Que cómo justificaba el Ayuntamiento el pelotazo? Pues diciendo que las obras crearían tres mil empleos, que habría más turismo y más ingresos por impuestos. Se sumaba además al viejo argumento florentiniano, según el cual todo lo que beneficie al Real Madrid es bueno para la ciudad y para España entera porque el club sí que es marca España y eso son palabras mayores.

Paralizado judicialmente el enjuague, Pérez el mago tiene varias alternativas. Una, que ya anunciado, es volver a negociar con el Ayuntamiento para encontrar una solución que le satisfaga. La otra sería impugnar el convenio de 1998 y obligar al Consistorio a devolver al Madrid suelo en la zona de las torres, con un coste de cerca de 40 millones de euros para los contribuyentes. O sea, como el Castor pero con rascacielos de por medio. El emperador del pelotazo saca brillo a su corona. ¡Qué arte tiene este tío!


* Público - Juan C.Escudier - 11.2.15
Foto: Madrid, estadio Bernabeu nuevo - contexto

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El responsable político de los inmuebles de Interior, a juicio por doble venta de viviendas

El exalcalde 'popular' de la Línea, A.Sánchez, debió ser ascendido al cargo de jefe de gabinete del 2º del ministro de Interior, según la norma surrealista del PP, tras su delito en el municipio gaditano. El que ahora es el máximo responsable político de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado, es decir, de los inmuebles de Interior, ha podido cometer fraude por la doble venta de un local comercial, y va a ser juzgado en breve. Resulta increíble que un cargo con tanta responsabilidad esté imputado y desde el Ministerio de Interior no hayan dicho 'esta boca es mía' ni hayan destituido antes a semejante personaje. Así ocurren las cosas en la corrupción urbanística.
"PÚBLICO* : Un zorro vigilando las gallinas. Con esa metáfora se podría equiparar el nuevo escándalo que ha salpicado al Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz. Alejandro Sánchez, jefe de gabinete de su número dos, se sentará en el banquillo por un delito de estafa cometido, presuntamente, durante su etapa como alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz). Quien ahora es el máximo responsable político de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (Giese), es decir, de los inmuebles de Interior, podría haber cometido fraude por la doble venta de un local comercial.

De hecho, Sánchez tendrá que sentarse en el banquillo y se enfrentará a cuatro años de cárcel. Y, pese a todo, sigue ocupando su alto cargo en el Ministerio. A día de hoy, ni él ha dimitido, ni Fernández Díaz le ha destituido.

El Giese, según lo define la propia web del Ministerio, es "el organismo autónomo encargado de la gestión y venta de inmuebles" de dicho departamento. Es decir, su función es administrar cualquier asunto relacionado con la planificación de edificios destinados a la seguridad.

En su organización interna, el máximo responsable es el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Alejandro Sánchez es su mano derecha, pero no sólo. También preside la Comisión Delegada del Giese, un órgano "clave" en la dirección del organismo, según fuentes del departamento.

¿Sus funciones? Aprobar enajenaciones y adquisiciones de bienes inmuebles hasta el límite de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros), aprobar contratos, autorizar la firma de todo tipo de convenios con entidades públicas y privadas, autorizar operaciones de crédito y endeudamiento o convocar subastas públicas para la enajenación de inmuebles, tal y como se especifica en el documento del BOE que recoge "la composición y competencias" de la citada Comisión Delegada del Giese.

Hombre de máxima confianza de Fernández Díaz, con quien comparte su pertenencia al Opus Dei, llegó a ese cargo en octubre de 2012, cuando Ignacio Ulloa era todavía secretario de Estado de Seguridad. Poco después fue sustituido por Francisco Martínez, sin que ello afectara a su puesto.

Antes de eso, Alejandro Sánchez era concejal en su pueblo (La Línea), presidente del PP local y vicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Cádiz. En 2009, además, fue investido alcalde después de que su antecesor, Juan Carlos Juárez (también del PP), fuera condenado a seis meses de inhabilitación.

Como regidor, Sánchez ocupaba también la presidencia de la empresa de vivienda pública de La Línea, Emusvil. En 2010, negoció con un empresario la venta de un local comercial. Finalmente, el empresario no compró el establecimiento, sino que se le cedió voluntariamente porque años atrás el Ayuntamiento le había cobrado 300.000 euros de alquiler por un recinto que nunca pudo utilizar. No obstante, sí se produjo la firma de un contrato en el que Sánchez, como responsable de Emusvil, adjudicaba el inmueble al empresario en cuestión.

Sin embargo, Emusvil había negociado, de forma paralela, el mismo local con otro empresario diferente. Un año después del primer contrato, otro de los responsables de la empresa pública, también procesado ahora, firmó la compraventa del segundo. Según el testimonio de otra imputada, Sánchez conocía todos los detalles de esa doble venta del local.

El alto cargo de Interior -que, de momento, continúa ocupando su cargo- negó haber tenido conocimiento de esa segunda venta. Pero la Audiencia Provincial de Cádiz ha desestimado su petición de no imputación y confirmado, por tanto, su procesamiento por un "delito de estafa en la modalidad de doble venta". Se le ha abierto juicio oral y se enfrenta a cuatro años de cárcel.

Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con Alejandro Sánchez. Fuentes del Ministerio del Interior se limitan a esgrimir que en el departamento "respetan las decisiones judiciales". Al cierre de esta edición, Sánchez no había sido cesado de su cargo ni había presentado su dimisión.


* Público - Paula Díaz - 20.2.15
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento - flickr.com

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Madrid.- "Campamento necesita residencias y centros públicos, no un pelotazo urbanístico"

La llamada 'Operación Campamento' en la barrio madrileño de Aluche-Batán ya se ha calificado como gran pelotazo urbanístico del empresario chino Wang Jialin, algo que ha puesto en contra a casi todos los vecinos, asociaciones y ecologistas por su magnitud exagerada y sus intereses ajenos a las necesidades de los barrios. De nuevo la falta de transparencia vuelve a aparecer en las negociaciones con la administración, por lo que los vecinos están dispuestos a la protesta social defendiendo infraestructuras públicas como residencias o centros de salud en lugar de nuevas zonas de ocio y hoteles que no son imprescindibles.
"20MINUTOS* : La versión oriental de la Operación Campamento levanta suspicacias en el distrito de Latina. Ante la falta de información oficial, vecinos, colectivos sociales y organizaciones ecologistas de los barrios de Batán, Aluche, Campamento y Las Águilas se están organizando para plantar cara al megaproyecto del magnate chino Wang Jialin, que pretende levantar un desarrollo con más de 10.000 viviendas, hoteles, centros comerciales y de ocio en los terrenos de los antiguos cuarteles de la autovía de Extremadura.

El primer paso ha sido escribir sendas cartas al Ayuntamiento de Madrid -responsable de la planificación urbanística-, a la Comunidad -que quiere dar facilidades a los inversores- y del Ministerio de Defensa -dueño de los terrenos-, para acabar con la opacidad. "Les pedimos información. Sabemos que no habrá casinos porque lo vemos en los medios de comunicación, pero nada más. Ninguno nos ha contestado", protesta Néstor Arontico, miembro de la plataforma Salvemos Campamento y del colectivo Entorno Meaques Retamares. La desconfianza, aseguran, está justificada. La inauguración de las líneas del Metro Ligero se llevó por delante el arbolado que rodeaba la colonia militar. Hoy, un aparcamiento ilegal invade el antiguo bosquecillo de moreras y parte de la Cañada Real de Madrid. "Llevan tomándonos el pelo hace 9 años. La Operación Campamento incluía el soterramiento de la A-5, que pasa a un metro de nuestras casas y provoca ruidos de 85 decibelios, pero no se ha hecho nada", denuncia Luis Segura, residente en Batán desde hace 50 años. "Lo que Campamento y el distrito de Latina necesitan son polideportivos, centros de salud y residencias para mayores, no un pelotazo urbanístico. Los terrenos deben seguir siendo públicos", añade Guillermo Martínez, de la asociación vecinal de Aluche.

La 'escoba' de la polución

Ecologistas en Acción, Arba y la asociación de padres y madres del colegio Gonzalo Fernández de Córdoba comparten la preocupación, y añaden otro factor: la posible destrucción del corredor verde que comunica la Casa de Campo con el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.

Y es que la Operación Campamento tiene dos fases. La primera incluye 2,1 millones de metros cuadrados a ambos lados de la A-5 entre la avenida de los Poblados y Cuatro Vientos. La segunda, con 6,8 millones, comprende una pastilla triangular delimitada por la propia A-5 al sur, la M-40 al este y la Ciudad de la Imagen al norte. Esta última es la zona más sensible. "Por aquí pasan el Arroyo de Valchico y el de Meaques, que surte de agua a la Casa de Campo y llega al Manzanares. Los vientos predominantes que llegan a Madrid para renovar el aire lo hacen desde esta vertiente. Si se construye, esa escoba natural desaparecerá", explican desde Arba. "Esto ha sido escombrera, zona de maniobras militares y, ahora, un espacio verde por el que la gente monta en bici o sale con sus hijos. Nosotros lo hemos señalizado y hemos hecho plantaciones de árboles. Apenas hace falta inversión. A poco que se cuide, sería un lugar muy bueno", insiste Néstor Arontico. Los vecinos ya tienen en mente la convocatoria de una marcha o manifestación para reivindicar las necesidades de los barrios afectados, aunque no han elegido fecha. Mientras tanto, esperan que la corporación Wanda presente su proyecto y que las administraciones públicas muevan ficha. "Tienen que contar con nosotros. No pueden llevarse todo por delante sin más", insisten.


* 20 Minutos - Angel Calleja - 9.2.15
Foto: Madrid, Campamento zona - sepes

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Pamplona.- ¿Y ahora qué hacemos con este pabellón de 60 millones?

Siguiendo con los despilfarros delictivos que han llenado este país de obras inútiles, llevándose, además, las arcas públicas con las que se deberían haber atendido otras necesidades sociales, llegamos a Navarra, que tiene casi terminado desde hace 20 meses un moderno recinto multiusos para acontecimientos deportivos y culturales pero no lo inaugura porque no lo ve viable. El gobierno de la Comunidad sigue a lo suyo, mientras se han dilapidado fraudulentamente casi 60 millones y nadie parece ser responsable ahora, ni siquiera la justicia lo encuentra.
"ELPAÍS* : Cada mañana, personal del Gobierno de Navarra acude de forma rutinaria al pabellón Reyno de Navarra Arena de Pamplona como el que va a su vieja casa familiar ya deshabitada para comprobar que todo sigue en orden y que nada ha dejado de funcionar por la falta de uso. Encienden y apagan todas las luces, recorren los enormes pasillos y pasan un rato en alguna de sus salas. A la espera de deportistas, ellos y los vigilantes de seguridad son los únicos ocupantes de un imponente recinto multiusos que aguarda a oscuras desde hace casi dos años su inauguración. Después de 58 millones gastados, la Administración foral no sabe qué hacer con él.

El proyecto, víctima ahora de la crisis, se aprobó en 2008 como una respuesta a las primeras dificultades económicas. “El viejo y anhelado deseo”, como lo definió la actual presidenta navarra de UPN Yolanda Barcina, entonces alcaldesa de Pamplona, se incluyó en un potente plan de obra pública de 4.500 millones para la Comunidad, siguiendo el modelo nacional del Plan E de Zapatero. Ningún grupo político se opuso a él en el Parlamento (solo la formación nacionalista NaBai e IU se abstuvieron) y aquella fue la ocasión para desempolvar la idea de un gran pabellón, aunque corregido y aumentado.

Un año antes el Ejecutivo foral había anunciado un recinto para unas 6.500 personas dirigido, principalmente, al San Antonio, que se había colado en la elite europea del balonmano bajo el patrocinio de cementos Portland en los años locos de la construcción. Pero a la Administración esa nueva infraestructura no le pareció suficiente y pocos meses después dobló su apuesta con más aforo (hasta 12.000), una pista auxiliar con frontón incorporado y palcos vips, con la intención de acoger también espectáculos culturales. "En todos los pabellones que visitamos en España y en Europa para coger ideas nos recomendaron que no nos quedáramos cortos, que esto era para 50 años", explica Nacho Arbeloa, máximo responsable de infraestructuras deportivas de Navarra. En total, 60 millones de presupuesto, de los que se han gastado 54 en levantar el edificio más cuatro en urbanizar la zona.

Sin embargo, el San Antonio desapareció por el camino. Pinchó la burbuja inmobiliaria, se quedó sin sponsor y murió en 2013 ahogado por las deudas, con la obra casi terminada. Su declive transcurrió en paralelo a la construcción del Reyno de Navarra Arena. El resto de clubes de la ciudad, lejos de la elite, no atraen a sus encuentros a más de 2.000 personas de media y los eventos culturales, el otro eje, tampoco ofrecen de momento garantías suficientes para impulsar su apertura.

“Queda por ejecutar el 10%, aunque hay partes a las que hemos renunciado. Creo que con 1,5 millones más lo podríamos abrir”, detalla Arbeloa. Pero no se abre y no hay señales de que eso vaya a ocurrir a corto plazo, sobre todo con las elecciones autonómicas de primavera en el horizonte. En septiembre de 2009 se puso la primera piedra y en mayo de 2013, con dos años de retraso, la obra quedó acabada al 90%. Desde entonces el recinto aguarda cerrado y vallado el último empujón. La vigilancia y mantenimiento cuestan 250.000 euros anuales.

El plan de gestión, entregado en 2009, ha quedado "obsoleto" y "arrollado" por las circunstancias económicas, reconoce IDOM, la empresa que lo realizó. ¿Cuando pase la crisis volvería a ser viable? "No lo sé, habría que repetir el estudio. Hoy, por ejemplo, ya no existe el San Antonio, y las demandas y costumbres de la gente también han podido cambiar", responde Ángel Vázquez, responsable de todo el proyecto de asesoría.

“Es una patata caliente y hay que tener valentía para abrirlo. Desde el punto de vista de la cuenta de explotación, no creo que sea viable, y si vamos a los gastos de amortización, mucho menos, pero una infraestructura pública también genera empleos indirectos en la hostelería y en otros sectores”, apunta Roberto Jiménez, parlamentario del PSN, grupo que dio su voto favorable al edificio. “Si pudiéramos volver a 2008, nadie tomaría esa decisión, pensábamos que la crisis tendría un recorrido menor”.

Lo que sí parece claro es que el Ejecutivo ha descartado la gestión pública, que era la idea original, y explora ahora la opción público-privada. “Hemos hablado con empresas y les parece un recinto interesante, pero tendrían que ver las condiciones exactas del concurso que saquemos”, cuenta Nacho Arbeloa. Un concurso que de momento no tiene fecha. ¿Era esta la máxima prioridad en infraestructuras deportivas en Navarra para gastarse 60 millones? "Bueno... [sonríe] Nuestro mapa de instalaciones es muy completo, aunque empieza a tener carencias de mantenimiento", responde sin querer entrar en más detalles. EL PAÍS se ha puesto en contacto con el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, encargado de encontrar una salida para el pabellón, pero ha rechazado hacer declaraciones.

Situado junto al estadio de Osasuna, su fachada blanca compuesta por 933 cubos que se iluminan destaca sobre el resto en una zona con poca vida en las calles más allá de los domingos de fútbol. Dentro, una pista central para 10.000 personas y otra auxiliar para 3.000 más un avanzado sistema de gradas, hoy cubiertas con plásticos negros, que se extienden, se repliegan, se giran y hasta se esconden bajo el suelo dan la opción de celebrar casi cualquier deporte bajo techo.

Ahora, los principales clubes de la ciudad disputan sus partidos en el Anaitasuna, un vetusto pabellón con unos 3.500 asientos que encaja en sus necesidades reales. Su propietario, el balonmano Anaitasuna, de la liga Asobal, descarta en cualquier caso irse de casa. "Nuestros socios no lo entenderían. Además, siempre nos pareció excesivo el Navarra Arena. Ni en el mejor momento del San Antonio hubo una demanda tan grande de aforo", asegura Ángel Azcona, su gerente.

El Planasa de baloncesto y el Xota de fútbol sala sí dan por hecho su traslado cuando llegue el momento. “La mayoría de clubes recibimos subvención y entendemos que el Gobierno nos invitará a jugar allí”, opina Javier Sobrino, presidente del Planasa. El gerente del Xota, Carmelo Villamarín, se lamenta, sin embargo, de la "pérdida de ambiente" que sufrirán con la mudanza a una infraestructura que triplica a la actual.

En conciertos, la capacidad alcanza los 12.000 espectadores. "Es un edificio con buena acústica y bien preparado, pero deberá competir con Bilbao, San Sebastián o Zaragoza. A los promotores nos surgen posibilidades y luego todo depende de qué lugar nos ofrezca mejores condiciones y de las ayudas públicas", comenta Jokin Zamarbide, responsable de IN & OUT, la principal empresa organizadora de conciertos con base en Pamplona. La crisis, añade, ha dejado al sector en horas bajas y deja una crítica sobre el pabellón: "Antes hubiera cubierto la plaza de toros, donde cabe más gente y solo se usa en Sanfermín".

Un buen ejemplo de esta obra hecha a lo grande es su frontón, ubicado en uno de los fondos. Solo está previsto que se use un día al año, en alguna de las tres finales importantes de la pelota vasca (Manomanista, por parejas y Cuatro y Medio) aprovechando su capacidad para 3.000 personas. Las dos empresas organizadoras de partidos, Aspe y Asegarce, se muestran encantadas, pero aclaran que "en ningún caso sustituiría en los partidos de cada fin de semana al Labrit", una de las catedrales de este deporte y situado en el centro de Pamplona. Un frontón para una tarde y un pabellón, de momento, para nadie.


* El País - LORENZO CALONGE - 8.2.15
Foto: Vista interior del pabellón Reyno de Navarra Arena, en Pamplona. / LUIS AZANZA

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Las obras de León originan una denuncia por prevaricación contra la presidenta de Paradores

Como ya se ha comentado aquí en numerosas ocasiones, la concesión de las obras en un concurso público es uno de los métodos más utilizados por las administraciones para caer en la corrupción urbanística. En el Parador de León ocurre lo mismo, no se valora la oferta más económica, generalmente la primera opción, sino que se tienen en cuenta otros valores subjetivos para su adjudicación. Con lo cual queda establecido el principio de que todo es válido si se quieren hacer trampas y que un determinado proyecto, amiguete, sea el ganador del concurso, además, sin tener que dar muchas explicaciones a nadie, incluyendo a la débil justicia.
"VOZPÓPULI* : La presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó, acaba de adjudicar la asistencia técnica para el acondicionamiento del Hostal de San Marcos al estudio de arquitectos Bringas Bellod por un importe cercano al medio millón de euros que supera en 100.000 a la oferta más económica presentada al concurso. Esta adjudicación entrará pronto en sede judicial.

El concurso convocado por Paradores tiene como objetivo remodelar la parte antigua del Hostal de San Marcos, catalogada como monumento histórico-artístico. Se han presentado cinco ofertas bajo un presupuesto base de licitación de 747.780 euros. La más económica ha sido la de la empresa Collarte Architecs Studio, que ofrece cubrir la asistencia técnica para estas obras por 392.500 euros. También han concurrido una unión temporal de empresas denominada Investigación y Control de Calidad, que oferta 415.180 euros, otra UTE llamada Estudio Villaroel, que se ofrece a hacerlo por 461.100 euros, el despacho Alinca Estudios y Proyectos, con una oferta de 498.000 euros y, por último, la firma Bringas Bellod Arquitectos, con una propuesta de 490.000 euros.

El pasado 29 de enero, Paradores se dirigió por correo electrónico a los perdedores, sin comunicarles que esta última firma había sido la elegida para asesorar el proyecto. Días después, solicitaron a la empresa que les remitiera las actas de las valoraciones utilizadas para la adjudicación del concurso. El pasado día 4 recibieron la respuesta y en ella se observa como la elegida ha sido la segunda oferta más cara, la de Bringas Bellod, que supera en casi 100.000 euros a la oferta más barata, la presentada por Collarte Architecs Studio, firma que está recabando estos días toda la documentación del proceso para denunciarla en el juzgado.

La opinión de un ministro

Recientemente, se le escuchaba decir en privado a un miembro del Consejo de Ministros: “Cuando se preside una mesa de contratación en la administración pública y se quieren hacer trampas, primero se tiene en cuenta la valoración técnica y luego la económica, todo lo contrario de lo que debe hacerse y tenemos que evitar”. Esto es justamente, en opinión de algunos despachos de arquitectos, lo que ha hecho Paradores en este concurso para no elegir la oferta económica más ventajosa.

“El truco utilizado es muy viejo, después de ver la oferta económica, se han aumentado las diferencias de puntuación de la oferta técnica hasta conseguir enjugar la distancia. De esta forma, nosotros que habíamos presentado el proyecto más barato y habíamos quedado los segundos en valoración técnica, hemos quedado fuera”, afirma Luis Collarte, propietario de Architecs Studio, con 15 años de experiencia trabajando para paradores y con varios premios nacionales, entre ellos el de la construcción del parador de Cádiz. Entre la oferta ganadora y la suya hay una diferencia cercana a los 100.000 euros. La primera ha obtenido en el concurso una calificación de 92,1 puntos y la segunda de 89,3.

Hay también, según las mismas fuentes, graves errores de procedimiento en esta adjudicación a la hora de fijar la valoración técnica. “Los criterios fijados en el pliego de condiciones no se corresponden con los que se detallan en el cuadro de valoraciones. Por un lado, se valoran nuevos aspectos, como las estructuras, las instalaciones, la sostenibilidad o los equipos, a los que se les otorga una puntuación significativa. Sin embargo, criterios valorables en el pliego a los que se les otorga gran importancia, como el nivel de presentación global de la propuesta arquitectónica o el desarrollo gráfico, no aparecen puntuados”, señala Collarte.

Sin firma de los técnicos y sin acta oficial

Otros aspectos que han sorprendido a los perjudicados es la ausencia de firma de los técnicos que han hecho la valoración de las ofertas y que ni siquiera se les haya facilitado un acta oficial. “Después hemos sabido que la valoración no la han hecho los técnicos de Paradores, sino asesores externos, la primera vez que esto ocurre en la empresa”, señala Collarte.

La demanda judicial que Architecs Studio está ultimando contra Paradores acusa a su presidenta, Ángeles Alarcó, de un delito de prevaricación, partiendo de “que ha hecho uso de su poder y de su cargo de forma arbitraria y caprichosa, perjudicando los intereses de la administración pública para la que presta servicios”.

La adjudicación se ha hecho cuando la responsable de la Dirección técnica de Paradores, Beatriz Pérez, estaba de baja y pocas semanas antes de que el director general, Juan José Zaballa, haya sido nombrado presidente de Enresa.

Un portavoz autorizado de Paradores informa que no siempre ha de prevalecer el criterio económico. "Los concursos tienen dos patas, la económica y la técnica. De la primera se ocupa el comité de compras y de la segunda el departamento de Inmuebles. Después de tener en cuenta ambos aspectos, se decide. Quizás la oferta más barata no es la mejor desde el punto de vista técnico, no solo buscamos lo más barato y, por lo tanto, no hay ninguna ilegalidad", refiere la fuente.


* VozPópuli - Federico Castaño - 16.2.15
Foto: León, parador de S.Marcos - vozpopuli

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La justicia paraliza el plan urbanístico del Ayuntamiento de Madrid para Torre Arias

Por fin la obsoleta justicia urbanística actúa adecuadamente en Madrid, paralizando 'cautelarmente' el Plan Especial de la finca Torre Arias que había aprobado el Ayuntamiento PP de la capital el pasado año, hasta que se resuelva la demanda presentada por diferentes entidades como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), Podemos, Ciudadanía y Patrimonio, etc, contra el Plan Especial municipal. Si hubiera hecho lo mismo con multitud de operaciones urbanísticas especulativas, otra cosa sería hoy el panorama de la Ordenación del Territorio. Pero la dejadez, y también a veces complicidad, de la apática justicia en estos asuntos, ha permitido llegar a una generalización de las tramas corruptas, sean institucionales o no.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha paralizado de forma cautelar el plan urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de la capital (Partido Popular) el pasado 30 de julio para reformar la finca de Torre Arias. Esta decisión judicial, adoptada a petición de una plataforma integrada por vecinos, partidos y sindicatos, deja el destino de esa quinta histórica en manos del próximo gobierno municipal, elegido en mayo.

Los magistrados no entran a valorar la legalidad del plan urbanístico, cuestionado por la citada plataforma, pero paralizan cualquier actuación hasta haber decidido sobre el recurso para evitar que, entre tanto, se destruyan elementos con valor histórico susceptibles de ser conservados.

El Ayuntamiento de Madrid heredó en 2012, tras la muerte de la condesa de Torre Arias, Tatiana Pérez, una finca de 130.000 metros cuadrados ubicada en el número 551 de la calle de Alcalá, con una casa solariega del siglo XVI y otras construcciones.

La quinta perteneció a la condesa hasta 1986, cuando se la entregó al Ayuntamiento mediante un convenio que le permitía explotar a cambio otros terrenos próximos. El gobierno local (entonces socialista) le dejó seguir usándola como residencia hasta su muerte (en 2012, a los 88 años) y la de su marido (en 2003).

Una vez heredada la finca, el Ayuntamiento se encontró con que carecía de presupuesto para rehabilitarla, de forma que inició la busca de una institución educativa o cultural que asumiera ese trabajo a cambio de instalarse en el edificio principal; los jardines serán públicos, y ya pueden ser visitados (en grupos reducidos).

Uno de los posibles interesados, la Universidad de Navarra (fundada por la organización católica Opus Dei) descartó en octubre instalarse allí tras una campaña política y vecinal en su contra.

En paralelo a la búsqueda de una institución interesada en la finca, el Ayuntamiento aprobó en julio un plan urbanístico para “establecer la protección de los edificios y elementos singulares, determinar las actuaciones que se podrán llevarse a cabo en el recinto, y regular el uso de equipamiento educativo en los edificios”. El plan fue recurrido ante la justicia por la Plataforma en Defensa de la Quinta de Torre Arias, formada, entre otros, por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, Comisiones Obreras, Izquierda Unida, Podemos, y la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. En su opinión, el plan “desprotege elementos edificados de valor y permite un uso privado en contra de los intereses generales de la ciudad”.

El tribunal decidió el 3 de febrero paralizar de forma cautelar el plan municipal. Los magistrados aseguran que el Ayuntamiento sólo ha otorgado el máximo blindaje a la casa solariega, las caballerizas y la caseta del guarda, “dejando sin protección al resto de edificaciones” para trasladar así su edificabilidad a un edificio que preste las labores educativas que se quieren dan a la finca “capaz de albergar una actividad docente para que se establece el uso alternativo privado”.

Así, según el auto judicial, se pretende demoler una vaquería, un matadero, una perrera, un pozo y un invernadero de inicios del siglo XX, entre otras edificaciones. El motivo, según el Ayuntamiento, es su “deficiente estado de conservación y su nulo valor histórico o artístico”. Sin entrar todavía en el fondo del asunto, el tribunal sí paraliza temporalmente cualquier actuación “porque el perjuicio sería irreparable” en el caso de que se tiraran abajo esos elementos y luego se dictaminase en sede judicial que forman parte del patrimonio de la ciudad.


* El País - Bruno García Gallo - 10.2.15
Foto: Madrid, Quinta de Torres Arias - dinastias



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La trama corrupta de Melilla salpica ya a cinco de las diez consejerías del Gobierno de Imbroda

Melilla hasta ahora se había salvado de la corrupción urbanística o, por lo menos, estaba más diluida con otras noticias fronterizas de más repercusión. Ahora la Guardia Civil investiga el amaño en los últimos años de contratos públicos en cinco de las diez carteras del Ejecutivo del PP en la ciudad autónoma bajo el mando de JJ.Imbroda. El sistema seguido es el de siempre: el amaño de concursos públicos para su adjudicación a empresas de servicios urbanos de la misma cuerda. Destacando el amplio calado de todo el sistema mafioso, que abarca a casi todo el gobierno 'popular' durante años.
"VOZPÓPULI* : Empresas privadas, pero también una pública. Y, sobre todo, muchas consejerías implicadas. La 'Operación Tosca' de la Guardia Civil que ha permitido desmantelar una trama de políticos, funcionarios y empresarios que presuntamente amañaban en Melilla contratos con la Administración ha destapado una red en la que supuestamente participan las mercantiles Eulen, Himosa e Hispanagua SAU (esta última filial del Canal de Isabel II, la empresa que gestiona el agua de Madrid), pero también una sociedad de capital público, Proyectos Melilla SA (Promesa). Todo ello con la supuesta implicación de cargos de cinco de las diez consejerías que forman el ejecutivo autonómico del 'popular' Juan José Imbroda.

Uno de los quince arrestados es el director general de Seguridad Ciudadana, Gregorio Castillo. Además, en los próximas días acudirán a declarar ante el juez otras 20 personas como imputadas, entre las cuales hay al menos dos consejeros, según confirmó anoche el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Las detenciones de este martes vienen precedidas de una larga investigación que se inició de modo casi accidental en 2012 (ver recuadro) y que desembocó en octubre de 2013 en la 'Operación Opera' en la que fueron imputados el entonces responsable de la Consejería de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, el anterior Consejero, Ramón Gavilán, y el Director general del área, José Pastor, así como el jefe del negociado de protección de ambiente urbano de la Consejería, Carlos López Rueda. Entonces se investigaba un fraude de varios cientos de miles de euros cometidos presuntamente por los arrestados para favorecer a un pequeño empresario local, para lo que fraccionaban las adjudicaciones y así evitar los concursos públicos.

Sin embargo, la abundante documentación intervenida entonces reveló que lo que parecía una corruptela a pequeña escala era, en realidad, algo mucho más extendido. Tanto, que los agentes de la Comandancia de Melilla pidieron la ayuda de los especialista de la Unidad Central Operativa (UCO), quienes se hicieron cargo de las pesquisas en febrero de 2014. Poco después, el Grupo de Delitos contra la Administración de la unidad del élite de la Guardia Civil abría la 'Operación Tosca' y ese mismo mes realizaba los primeros registros para intervenir nueva documentación. En concreto, entraron en tres consejerías y dos empresas privadas. Las primeras fueran la de Medio Ambiente, ya registrada durante las detenciones de octubre, la de Fomento y la de Hacienda. Además, los agentes de la UCO visitaron las oficinas de Hispanagua y Eulen, dos mercantiles que en los últimos años habían recibido numerosas adjudicaciones del gobierrno de la ciudad autónoma.

Adjudicaciones "jugosas"

Desde entonces hasta ahora, exactamente un año, la Guardia Civil ha analizado la documentación intervenida hasta detectar numerosas irregularidades, algunas de ellas no referidas a contratos menores, como los de la 'Operación Ópera', sino a adjudicaciones "mucho más jugosas", según apuntan fuentes cercanas a la investigación. Así, además del fraccionamiento para evitar convocar concursos públicos, los especialistas de la UCO han encontrado casos en los que funcionarios y altos cargos del Ejecutivo de Melila concertaban previamente los contratos con algunas de las empresas investigadas, llegándose a dar el caso de que algunas de éstas redactaban los pliegos 'a medida' para que las adjudicaciones recayeran sobre ellas. Una nota de prensa de la propia Guardia Civil destacaba ayer que los implicados acababan "viciando procesos de contratación y persiguiendo intereses personales o empresariales en lugar del interés general". Como pago por estas corruptelas, los investigadores no han localizado aún entregas de dinero ni regalos, pero sí favores a políticos como dar puestos de trabajo a familiares en las mercantiles de la trama.

Con todos estos datos sobre la mesa, la Guardia Civil inició este martes las detenciones. En total, han sido arrestadas quince personas, entre las que se encuentran miembros de las empresas investigadas, funcionarios y cargos públicos de segundo nivel de al menos cinco consejerías: Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana, Bienestar Social, Cultura y Fomento, además de la viceconsejería de Festejos. Los agentes también han entregado ya una veintena de citaciones a otras tantas personas para que los próximos días comparezcan ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla como imputados. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, entre estos últimos están "consejeros y técnicos de tres consejerías [...] a los que se relaciona con estos presuntos delitos de prevaricación, malversación fraude y cohecho".

Entre los quince detenidos hay dos miembros de la empresa pública Proyecto Melilla SA (Promesa), cuya sede en el polígono industrial Sepes de la localidad norteafricana fue registrada. Esta empresa, cuyo objeto social es "promover e impulsar el desarrollo socio económico" de la ciudad autónoma, tiene precisamente entre los integrantes de su Consejo de Administración a los dos consejeros de Medio Ambiente que fueron imputados en octubre de 2013: Ramón Gavilán y José Ángel Pérez Calabuig, aunque ninguna de ellos ha sido arrestado este martes. "Promesa es una pieza más de un entramado que se va extendiendo más y más según se avanza en las investigaciones", señalan fuentes conocedoras de las pesquisas, que añaden que, por ello, "aún es difícil cuantificar a cuánto asciende el fraude en el amaño de los contratos".

DEL NARCOTRÁFICO A LA CORRUPCIÓN

La 'Operación Tosca' es el resultado de otros dos dispositivos de la Guardia Civil anteriores, el primero de los cuales se remonta a 2009. Entonces, los agentes de la Comandancia de la ciudad autónoma abrieron la 'Operación Abyla' para desmantelar un trama de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. En el transcurso de aquellas pesquisas, el Instituto armado centró buena parte de las mismas en una mercantil y en una trabajadora autónoma casada "con uno de los principales testaferros del entremado criminal", según se lee en uno de los documentos policiales incorporados a la causa. Esa línea de investigación llevó a la Guardia Civil a registrar el 22 de marzo de 2012 una gestoría de Melilla en la que los agentes encontraron numerosa documentación relacionada con una empresa, Reformas y Construcciones el Porvenir SL, una pequeña mercantil sin trabajadores que pese a ello contrataba asiduamente con el Gobierno autónomo y, en concreto, con la Consejería de Medio Ambiente.

El análisis de todas las facturas intervenidas en la gestoría reveló "graves irregularidades" en dichos contratos. Nacía así la 'Operación Ópera' que meses después, en octubre de 2013, desembocaba en la detención de varios integrantes de dicha consejería. En febrero de 2014, se hacía cargo finalmente de las pesquisas la UCO que a partir de ese momento rebautizó las mismas como 'Operación Tosca'. En su primera fase, que no transcendió a la opinión pública, los agentes intervinieron gran cantidad de documentación en cinco registros, tres de ellos en consejerías del gobierno de la ciudad autónoma y dos más en empresas privadas. El análisis de la misma ha desembocado, un año después, en las quince detenciones y veinte imputaciones realizadas este martes.


* VozPópuli - OLF - 18.2.15
Foto: Melilla, ayuntamiento - ayuntamiento.es

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Urbanismo en Baleares: ¿Para qué?

'Más vale tarde que nunca', dice el dicho popular y, efectivamente, al fin un grupo de arquitectos en Baleares hace una crítica del Urbanismo en las islas durante los últimos años. Les ha costado demasiado tiempo hacerlo y eso que lo tenían bastante fácil al ser una de las Comunidades más castigadas por los ataques continuos contra la Ordenación Territorial. Ahora llega la explicación tardía del turismo salvaje, de la especulación urbanística descarada por parte de políticos y empresarios corruptos, de lo que se debía haber hecho, bla, bla, bla. El caso es que la planificación ordenada hace tiempo que dejó de ser una prioridad para los gobernantes de las islas (y detrás los técnicos) al caer en la tentación del dinero fácil y la falta de escrúpulos para arrasar con un territorio casi virgen de altos valores ambientales.
"GRUP D'OPINIÓ D'ARQUITECTES* : El urbanismo, entendido habitualmente como el conjunto de disciplinas y técnicas que se emplean para planificar y ordenar los territorios, tiene su razón de ser cuando persigue con ello la mayor calidad de vida, en todas sus vertientes, para la población que allí se asienta. Calidad de vida que optimice las relaciones entre sus habitantes y entre éstos y el medio en el que se ubican, dotándose de las infraestructuras, equipamientos y servicios necesarios, pero al mismo tiempo que también garantice la necesaria preservación de su hábitat, tanto el natural como el urbanizado.

En el siglo XXI ya no se entiende el urbanismo si no está basado en el principio de la sostenibilidad, esto es, en el resultado del necesario equilibrio entre los distintos factores sociales, económicos y medioambientales que en todo medio habitado se producen. El urbanismo resulta por tanto una disciplina básica y transversal para la definición, presente y futura, de todo territorio.

Pues bien, el urbanismo entendido así, tiene en nuestra comunidad balear los días contados. La esperanza depositada en dotarnos de una ley urbanística propia que contribuyera a encauzar tales aspectos en la singularidad de nuestras islas, ha sido una constante en estos últimos veinte años.

Esperanza frustrada en todas las distintas legislaturas porque los gobiernos alternados, conservadores o progresistas, nunca han querido entender que una ley básica debe ser una ley consensuada en el mayor de los ámbitos posibles. Tan es así, que ni siquiera fueron capaces de consensuarlas con sus propios socios de gobierno. Siguiendo en esa deficiente praxis política de hacer la ley del que gobierna, aunque ésta tenga el carácter básico que la caracteriza, y aprovechando la amplísima mayoría detentada actualmente, se aprobó el pasado mes de marzo la ley de ordenación y uso del suelo, que nos quitó el sambenito de ser la única comunidad autónoma española que no disponía de ley urbanística propia, lo que ha conllevado estar casi cuarenta años rigiéndonos por una legislación predemocrática.

Pero la ley ya nace herida de muerte, no solo por parte de su contenido, cuando convierte la legalidad urbanística en una mera transacción económica permitiendo la legitimación de las edificaciones rústicas ilegales por medio del pago de una multa, sino fundamentalmente por las actuaciones sectoriales externas que la van vaciando de su razón de ser. Las presiones de los distintos centros de poder, económicos como no podía ser otra manera, están minando su efectividad y lo que es peor, al urbanismo por su condición de materia transversal, al lograr que los aspectos sectoriales se sobrepongan a los generales.

El pistoletazo de salida lo dio el principal sector económico de las islas, el turístico. No olvidemos que éste es un territorio fundamentalmente turístico, en continua pugna entre la preservación de su paisaje, natural y urbano, como garantía de su valor y su ocupación como expresión de su rendimiento económico, la ley de turismo aprobada hace ya dos años, otorga, desde esa ley sectorial y al margen de la normativa urbanística y de cualquier otra consideración, mayores "posibilidades" edificatorias para todos los establecimientos turísticos existentes, lo que acaba primando a aquellos que dispongan de mayores proporciones de ilegalidad urbanística.

Pero no es eso lo más relevante, sino que esas actuaciones edificatorias, contrarias en muchos casos a la ordenación urbanística, deben ser incorporadas por las corporaciones municipales al planeamiento sin más, en una clara manifestación de que lo turístico, sectorial y particular, pasa por encima del interés general manifestado en el planeamiento urbanístico. Ahora ha sido el turno de otro sector económico importante, el de los propietarios de suelo, y no tanto el de los agricultores, que ha conseguido que le aprobaran una ley agraria, "profundizando" en lo indicado en la ley de ordenación y uso del suelo, en la misma línea de hacer prevalecer los intereses particulares y sectoriales por encima de cualquier planeamiento urbanístico.

Más aún, en el intervalo entra ambas leyes, el pasado mes de octubre, se aprobó otra ley sectorial, la de ordenación minera, que permite la legalización de unas industrias asentadas irregularmente en el suelo rústico, como son las tejeras, sin mayores consideraciones. Parece, pues que, una vez descubierto el filón de que a través de legislaciones sectoriales se pueda subvertir el ordenamiento urbanístico, se retomen otra leyes como las de los campos de golf, las de los puertos deportivos, etc., y otras de nuevo cuño correspondientes a otros sectores, para acabar definitivamente con el urbanismo como materia global y transversal que ordena el territorio en el que habitamos.

La vieja astucia de ir creando "amnistías" para ciertas irregularidades, alguna de ellas incluso con premio, lleva a desistir a muchos de caminar por la legalidad, esperando a resolver su "problema" cuando llegue la próxima. Al final puede resultar que la legislación urbanística quede para que solo la cumplan los ciudadanos ajenos a los grupos de poder. Para eso, urbanismo, ¿para qué?


* Diario De Mallorca - GOA - 15.2.15
Foto: Calvià (Mallorca), montaje costa Palmanova (antes-después) - diariodemallorca

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Madrid.- Campamento, una operación china

"Pan para hoy y hambre para mañana", esa es la consigna que desde las poltronas políticas se sigue al pie de la letra en la mayoría de actuaciones urbanísticas de cierta entidad. No hay debate, no hay confrontación de ideas ni participación ciudadana, todo se hace a la mayor gloria del faraón de turno, ya sea en los municipios o en la Comunidad autónoma de que se trate. Así ocurre con la llamada 'Operación Campamento' en Madrid, una oportunidad de oro en terrenos públicos para actuar con miras más amplias que la simple especulación urbanística en beneficio del oportunista magnate financiero, que promete dinero y trabajo para olvidarse poco tiempo después, destrozar el Territorio y quedarse con la mejor parte del pastel de la ciudad.
"EDUARDO MANGADA* : Se vende el patrimonio hoy y se arruina el mañana. Desgraciadamente el afán de privatizar lo público, suelos, edificios y servicios, es ya una siniestra tradición de nuestros gobiernos regional y municipal e incluso de los distintos ministerios con sedes e instalaciones en esta comunidad. No. No son unas administraciones que gestionan nuestros patrimonios públicos para mejor servir a los ciudadanos, para enriquecer física y culturalmente nuestras ciudades y el territorio madrileño. Son vulgares y serviles mercaderes que malvenden edificios, equipamientos y servicios públicos al peor postor, pero afín a la ideología neoliberal dominante y seguro cliente de las siglas del PP.

Una clase de mercaderes en la que no dudo en incluir a los Ministerios de Defensa y Fomento, al Gobierno de la CAM presidido por Ignacio González y al Ayuntamiento de Madrid con Ana Botella a la cabeza. Todos ellos conchabados en la irresponsable y perversa degradación de la Operación Campamento, para ponerla al servicio de magnates financieros e inmobiliarios, sean americanos, chinos o nacidos en la Puerta de Alcalá. Hay una larga lista de especuladores foráneos o nativos ávidos de hincar el diente en los ricos pasteles que les ofrecen en bandeja nuestros responsables políticos (lo de responsables es solo una muletilla al uso). Pasteles hechos con la harina y en el horno de los madrileños.

La denominada Operación Campamento abarca un territorio con una superficie de unas 798 hectáreas (incluida la Venta de la Rubia) situadas en el corazón de la metrópoli madrileña. Unos terrenos muy importantes y significativos para el futuro de Madrid, no solo por su tamaño y localización, sino porque gran parte de ellos son de titularidad pública: Ministerios de Defensa y Fomento. Una gran área de oportunidad que puede albergar una serie de instalaciones institucionales, un prudente porcentaje de viviendas públicas y garantizar la consolidación del Corredor Verde que enlace el Manzanares con el Parque Regional del Río Guadarrama. Engarzando en su recorrido un sistema de espacios verdes, de parques públicos: Casa de Campo, entorno de Meaques, Retamares, Venta de la Rubia, Alcorcón norte, Boadilla y Villaviciosa.

La nueva ordenación que se proponga sobre esta gran área podrá y deberá diseñar y construir una variante de la actual carretera de Extremadura, que se transformaría en una avenida urbana que de continuidad al paseo de Extremadura y una Madrid con Alcorcón y Móstoles. Desdoblamiento de la carretera nacional que haría innecesario el soterramiento de la traza actual, evitando costosas y despilfarradoras operaciones de ingeniería como ha ocurrido con la M30.

Madrid puede desarrollar en esta zona una operación estratégica que se constituya como la rótula física y funcional entre el núcleo capitalino y el arco urbano del suroeste metropolitano. Una gran intervención pública impulsada, promovida y controlada por un consorcio constituido por el Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno Regional y los ya citados Ministerios de Defensa y Fomento. Así se formuló en 1989 una propuesta muy meditada y enmarcada en un proyecto regional, que fue alabada en el París de Chirac, pero que no tuvo acogida propicia en esta tierra y acabó tirada a la basura por el alcalde Álvarez del Manzano.

La amenaza de venta a un promotor privado de una parte sustantiva de esta área de oportunidad para el desarrollo de un gran complejo lúdico residencial supone, incluso antes de concretarse, una gran irresponsabilidad de las administraciones públicas implicadas. Todas ellas amparadas y bendecidas directamente por la mano de Mariano Rajoy, tutor máximo de este atentado al territorio de la CAM. Sin duda un gran negocio para el Grupo Wanda, pero con negativas e irreversibles consecuencias para el futuro del territorio madrileño.

Tan importante operación merecería un gran debate político y cultural abierto a todos los madrileños en un ejercicio de docencia urbanística. Pero no es el momento para las exhibiciones de erudición, ni para los distingos de pequeños matices políticos. Es el momento para el grito de protesta, el grito de llamada a la movilización de los madrileños en defensa de este territorio, de su patrimonio actual y de un posible destino futuro que venga a construir una región más rica, más equilibrada, más sostenible, como ámbito habitable para unos ciudadanos más felices y más dignos.

Y una exigencia. Por lealtad y decencia democrática, debe paralizarse de forma inmediata toda negociación con el Grupo Wanda que afecte a este territorio. Más aún cuando se trata de una negociación opaca y clandestina.

Aunque solo sea por elegancia, esta exigencia está justificada si tenemos en cuenta que unas próximas elecciones están a la vista. Unas elecciones que con seguridad van a cambiar la ideología política que impregne a nuestros gobernantes y permitirá definir unos nuevos contenidos. Una nueva forma de construir la ciudad y el territorio.

Una vez más gritemos NO. Construyamos con nuestros votos unos nuevos gobiernos más cultos, más sensibles a las demandas sociales, más justos y transparentes. Más democráticos.


* Eduardo Mangada | Arquitecto y socio del Club de Debates Urbanos

* Nueva Tribuna - Eduardo Mangada - 1.2.15
Foto: Madrid, Campamento derribo cuarteles - EFE



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El fiscal solicita una pena ejemplar para la exalcaldesa de Jerez por el 'caso PTA'

Poco a poco se va desarrollando el juicio contra la exalcaldesa socialista, Pilar Sánchez, y sus movimientos urbanísticos corruptos para favorecer a la empresa 'amiga' TISA, saltándose las normativas y presionando a los técnicos hacia sus fines partidistas. El resultado del concurso del Parque Tecnológico, gracias a estos chanchullos urbanos, fue claramente contrario a los intereses del municipio, que dejó de percibir una importante fuente de ingresos, al reducir artificialmente el precio del suelo, aunque finalmente la bancarrota del ayuntamiento jerezano impidió llevarlo adelante.
"LAVOZDIGITAL* : Recta final del juicio que sienta en el banquillo por tercera vez a la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez (PSOE), por el presunto trato de favor a una empresa 'amiga' a la que el Ayuntamiento le concedió una subvención de más de 244.000 euros sin que reuniera los requisitos para su instalación en el fracasado Parque Tecnológico Agroalimentario de Jerez.

El delegado Anticorrupción del Ministerio Público ha defendido un duro informe final esta mañana durante dos horas. En él ha solicitado al tribunal de la Audiencia Provincial que imponga «una pena ejemplar» porque considera que a lo largo de tres semanas de vista oral ha quedado acreditado que las personas que gobernaban en el momento de ocurrir los hechos (2005-2009) «faltaron a las normas básicas, se saltaron la ley a la torera y presionaron a técnicos» para favorecer a la empresa TISA.

El menoscabo que habría generado esta actuación a las arcas públicas jerezanas, defiende el fiscal, está en que «dejaron de ingresar esa cantidad». Una cifra que fue el resultado de la reducción del precio del suelo que se le ofreció a TISA dentro del PTA.

El fiscal Anticorrupción ha recordado que este trato preferente a una empresa que finalmente no puso en marcha su proyecto en Jerez se produjo en un contexto «de bancarrota» del Ayuntamiento de Jerez, con graves problemas para pagar gastos corrientes y la nómina municipal.

Así, mantiene la petición de siete años de cárcel y 17 de inhabilitación para Pilar Sánchez; cuatro años y medio para el exdelegado de Fomento, Francisco Lebrero; cinco y medio para la exedil de Medio Rural, María del Carmen Martínez y penas inferiores de hasta dos años y tres meses para los responsables de TISA y un trabajador municipal.

Este último fue quien confesó a principio del juicio que firmó el informe de valoración de la empresa, que sirvió para concederle la mayor cantidad de subvención posible por indicaciones de la edil María del Carmen Martínez y pese a que su función en el PTA era la de un simple jardinero.

El jardinero y la peluquera

Durante la intervención del fiscal, la exedil María del Carmen Martínez no paraba de sollozar. "Ella era el brazo ejecutor de las órdenes dictadas de arriba, ¿y a quién se podían referir?" En varias ocasiones ha lanzado preguntas retóricas sobre quién podía ser esa persona, para concluir que "no podía ser otra" que Pilar Sánchez. "¿Qué interés podía tener una concejala y un jardinero en conceder una subvención a una empresa a espaldas de sus superiores?"

La concejala "prácticamente está condenada", dice el fiscal, desde que el capataz afirmó que siguió instrucciones de ellas para sustituir la firma de un técnico y falsear así el documento sobre el que se asentó la posterior concesión de ayuda.

La defensa de la concejala ha apelado en distintas sesiones a la falta de formación específica de su cliente para conocer el contenido de un estudio técnico de idoneidad empresarial, recordando que antes de dar el salto a la política, había sido peluquera. El fiscal ha rebatido de antemano ese argumento afirmando que "si estaba preparada para ser concejal, debe asumir sus responsabilidades y si no, que no hubiera aceptado ese puesto".

La prueba más contundente que ha manejado la acusación pública en este procedimiento ha sido el testimonio del director técnico que debió haber firmado el famoso informe, que reconoció presiones para que mejorara la valoración de TISA y que señaló directamente a la alcaldesa, cuando le llamó a su despacho, le entregó documentación sobre ese proyecto y los teléfonos de contacto. Una escena que describió ese testigo tanto en instrucción como en el juicio.

El Ministerio Público también ha recordado el correo electrónico que este empleado remitió al jefe de gabinete y marido de Pilar Sánchez, y al "hombre de confianza" de Francisco Lebrero. En él incluía un borrador con el informe que se negó a firmar. Para la acusación es un indicio solvente de que tanto la alcaldesa como su concejal de Fomento eran los destinatarios finales de ese material comprometedor.

Las defensas han atacado a la credibilidad de este técnico, afirmando que se movía por venganza al no ver colmadas sus aspiraciones de ser nombrado gerente del PTA y ha sido tachado a lo largo del juicio como una persona conflictiva y problemática, pero que sin embargo, nunca fue expedientado en el ejercicio de sus funciones.

Si el tribunal se inclina por los argumentos de la Fiscalía, la exalcaldesa de Jerez se vería abocada al ingreso en prisión al contar ya con una sentencia condenatoria de dos años.


* La Voz Digital - Silvia Tubio - 28.1.15
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu

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Santa Cruz.- El Rosarito: un grito para decir "existimos y estamos aquí"

Entre la carretera general del sur de Tenerife y un macrobarrio como el limítrofe Taco, ya en La Laguna, está encajonado un núcleo del Suroeste que apareció en el mapa con la riada del 31M de 2002. El barrio está casi abandonado desde entonces y faltan servicios e infraestructuras que nunca llegaron a construirse. Los vecinos lo denuncian ahora ante las carencias que siguen sufriendo como barrio marginal entre las dos grandes ciudades tinerfeñas.
"ELDÍA* : El Rosarito también existe. Y está en Santa Cruz. Es la declaración de principios de un barrio al que la riada del 31 de marzo de 2002 puso tristemente en el mapa. Sus vecinos superaron poco a poco aquel mal trago. Hoy en día buscan un camino de desarrollo y futuro. La tipología de toda la zona es la clásica de casas terreras de autoconstrucción porque "aquí no ha habido boom de la construcción". Lo asegura Javier Rivero, el joven presidente de la asociación de vecinos Acorán durante el recorrido.

"Hay miles de metros cuadrados de solares públicos abandonados, añade, que originan focos de suciedad e insalubridad. Están ahí, a la espera de que, una vez aprobado el PGO, llegue una urbanización que estaba en marcha justo antes de explotar la burbuja inmobiliaria. Hace falta trabajo y puede ser una posibilidad".

A Javier lo conoce todo el mundo en un barrio en el que la crisis ha agudizado el ingenio. "Este trabajo de pintura lo hacen dos vecinos a otro que lo necesita. Mejor que el dinero se quede aquí", apunta mientras saluda a alguien subido en una grúa y luego al dueño de la casa.

Rivero apunta que "infraestructuras y servicios están prácticamente igual que hace 40 años". Insiste en que el futuro "pasa por la edificación. Si el Suroeste es la zona de expansión de Santa Cruz, este barrio, exagerando un poco, puede ser la del distrito. Traería empleo y equipamientos como instalaciones deportivas, jardines o plazas. Aquí hay desarrollo urbanístico para 50 años".

Entre las carencias relaciona "la falta de marquesinas de guaguas por el problema de la estrechez de la carretera, la mejora pendiente del parque infantil, colocar badenes reductores para el tráfico en algunas calles o solucionar los malos olores de las alcantarillas".

"Siempre hay problemillas de competencias por lo del límite con La Laguna, pero se van solucionando", apunta Rivero, también miembro del tagoror por CC.

Cuatro son sus grandes retos a corto y medio plazo. En primer lugar, las dos salidas del barrio. Por un lado, conectar la calle Peregrinos con Prudencio Tadeo, ya en El Draguillo. Se han recogido 250 firmas y queda una expropiación. El otro ámbito expansivo es hacia la TF-2 con la paralizada Vía Ofra-El Chorrillo como eje. "El Gobierno de Canarias solo dota con 10.000 euros a la obra en 2015", critica.

La tercera gran línea de trabajo es "un plan de acción comunitaria a través de la Fundación La Caixa y el proyecto Juntos en la misma dirección del Cabildo, que propone rehabilitar zonas del barrio y establecer sinergias entre vecinos de Santa Cruz y La Laguna.

Por último, la preocupación más reciente: la aplicación de la ITE en viviendas con más de 50 años. "Hay que dar solución a los muchos vecinos sin recursos, mayores y carentes de formación. Están dentro de la ratio para que el informe lo haga Urbanismo a coste cero. Ha habido poca información. Después del Carnaval lo retomaremos. Tenemos preparados los listados y se ha contratado a un único arquitecto para todos".

Javier Rivero glosa su idea de El Rosarito: "Es un barrio pequeño con cosas grandes". Pero no quiso terminar sin enviar un mensaje algo enigmático de cara al futuro: "Después de seis años, tal vez sea el momento de dejar paso a otras personas y afrontar otro camino en lo personal y lo profesional".

Nombre y situación

Hasta que perteneció a El Rosario (1972), su nombre era el del municipio. Cuando lo recepcionó Santa Cruz para evitar la confusión -también con el Polígono (PROSA)- se "redujo". No fue bien aceptado al principio e, incluso, el dirigente vecinal de entonces, Manuel Hernández "el obispo", arrancó el cartel de la carretera. Pertenece al Distrito Suroeste y limita con las calles El Rosario (San Matías) y Maxorata, ambas de La Laguna, la carretera general del Sur, Tíncer y la TF-2 hacia El Draguillo.

Población

850 personas, una cifra estable.

Reseña histórica

Uno de los barrios más antiguos de la zona, conserva una casa de piedra y barro con techo de teja que tiene más de 300 años, alineada de tal manera que no se vieran luces desde la costa para evitar saqueos piratas. Flanqueado por los barrancos del Muerto y el que baja de La Esperanza, eran habituales las

casas-cuevas. La riada del 31 de marzo de 2002 marcó un barrio donde "hubo gente que lo perdió todo".

Servicios

Cartillas sanitarias, en Barranco Grande y Tíncer. Los niños van al colegio El Draguillo y luego al Bethencourt y Molina o al IES San Matías.

Fiestas

En agosto, en honor de la Virgen de El Rosario, cuya imagen donó un vecino, Eugenio Castilla. Antes procesionaba la virgen del Carmen.

Accesos

Todas las líneas que llegan a Taco, "intercambiador virtual", las 23...

Javier Rivero

"Mi recuerdo de la riada, con 13 años, es sacar fotos de las casas para mandarlas al ayuntamiento". A sus 26 años, Javier Rivero -vinculado a las Artes Gráficas y a punto de afrontar el acceso a la Universidad- lleva ya seis al frente de Acorán, donde sustituyó a un histórico, Pancho García, actualmente en Venezuela. Le viene de casta. Su abuelo era tesorero de la UD Rosario, club de fútbol antes y ahora de bolas. Y su padre, tesorero, pero de Acorán. "Nos conocemos por los apodos. Por ejemplo, el Calandria, que dio nombre a una calle, flaco y siempre nervioso. La primera fiesta fue allí, una vía sin salida, en 1972, con la Guardia Civil vigilando".


* El Día - JDM - 8.2.15
Foto: Santa Cruz de Tenerife, el Rosarito barrio - eldia

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