Así nos roban: técnicas de saqueo municipal

Entre los diferentes niveles de corrupción, está claro que el que más afecta a los ciudadanos es el originado por la acción delictiva del Gobierno nacional y la Comunidad Autónoma de que se trate. Solo un peldaño más abajo en números globales, aunque afectando más directamente, se encuentra la corrupción en Diputaciones y municipios. Un Ayuntamiento es posiblemente el actor económico más importante de su territorio. Su influencia como generador de riqueza en el tejido local no es comparable a ninguna otra empresa o entidad. Alrededor de un alcalde y su equipo de gobierno se genera toda una mafia de intermediarios locales que se alimentan de una trama organizada y, por tanto, son partidistas hasta la médula. Desde el pequeño tendero hasta las grandes empresas instaladas, hay modos y formas características en la corrupción municipal.
"JORGE ARMESTO* : De vez en cuando en televisión un rojillo afirma: “La corrupción es sistémica”. Entonces alguien, generalmente del PP, se cubre con la máscara de la indignación y, desde el pedestal ético construido por su partido, contesta: “¿Estás llamando corruptos a los 26.000 concejales de mi partido? ¿A esas miles de personas abnegadas que están en pueblos pequeños trabajando y desviviéndose por sus vecinos?”. El rojillo se la envaina y dice: “No, no, a esos claro que no”. Aunque en su fuero interno piensa: “Sí, a todos. Del primero al último”.

Lo primero que llama la atención es que parece que nadie se ha parado a pensar que cuando únicamente se ponen como ejemplo de abnegación y honradez los concejales “de los pueblos pequeños”, parece deducirse que nada bueno se puede decir de los “de los pueblos grandes”. No seré yo quien niegue esto. Si los propios adalides del PP dan por hecho que los concejales y alcaldes de ciudades y capitales son indefendibles y están enfangados hasta el tuétano, no es cosa de llevarles la contraria. Hablaré solo de “los pequeños”.

¿A quién se venden las cosas?

Un ayuntamiento es posiblemente el actor económico más importante de su territorio. Su influencia como generador de riqueza en el tejido local no es comparable a ninguna otra empresa o entidad. Por poner un ejemplo, un ayuntamiento de un pueblo de 20.000 habitantes puede recibir al cabo del año entre 5.000 y 6.000 facturas de todo tipo: productos de limpieza, herramientas, mobiliario, material de obras y oficina, repuestos mecánicos, ropa de trabajo, productos de ofimática, papelería, imprenta. Materiales de carpintería, construcción, fontanería, electricidad, trofeos, camisetas, gomas de borrar, carteles y trajes de rey mago.

Tal vez nosotros no imaginemos la enormidad de esta lista. Pero el alcalde la conoce muy bien. Sabe que uno de los pilares fundamentales de su reelección es el cuidado con que realice cada uno de estos gastos. Y ni uno solo se deja al azar: todos los jefes de servicio saben en qué comercios se deben adquirir estos objetos.

Hasta importes de 18.000 euros, estas facturas no necesitan de ningún procedimiento de fiscalización previa. Los ayuntamientos medianos, en sus bases de presupuesto, establecen una cantidad (suele ser una cercana a los 1.200 euros) a partir de la cual el gasto debería ser aprobado previamente. Pero este trámite se suele soslayar y, además, no implica control alguno. Es mero papeleo. En la práctica eso significa que el 100% del gasto corriente en suministros se hace de modo arbitrario. Todo desagua en los establecimientos de familiares, militantes o donantes del partido. Las facturas acostumbran a tener un sobrecoste. Algunos son razonables y otros disparatados. Nadie controla si lo que se adquiere está en los precios de mercado y ni siquiera que se suministren las cantidades u objetos que se facturan. ¿Quién va a mirar si había 20 sacos de cemento o 15? Eso sí, en la factura sí había 20. En algunos negocios, el peso del ayuntamiento como comprador es tan importante que no es extraño que un cambio de gobierno traiga aparejado un cambio de dueño en establecimientos tan estratégicos como imprentas, droguerías o ferreterías y éstas acaben en manos de familiares o amigos cercanos de los nuevos gestores. Alcaldes y concejales aleccionan a los funcionarios sobre dónde se puede adquirir cada cosa. Desde almacenes de materiales de construcción a tiendas de Todo a Cien. Todo suma. Todo vale.

Es habitual que se le pregunte al encargado de la compra: “¿Es para ti o para el ayuntamiento?”. Si es para este último el precio se eleva. Puede parecer banal que una grapadora le cueste a una institución pública el doble que a un particular. Pero cuando multiplicamos esa diferencia por las miles de facturas que se pagan al año, la cuestión deja de ser tan baladí. Por supuesto, alcaldes y concejales tienen un trato preferente. Habría que ser un mezquino para cobrarle un cambio de aceite a quien envía a tu taller toda la flota municipal de vehículos. Y como eso, todo. Reformas en su casa, muebles, ordenadores gratis. Cualquier cosa, hasta la más ínfima, se les regala. Se acostumbran a no pagar por nada, a comer de gorra en los restaurantes. Los comerciantes beneficiarios también son generosos donantes de las campañas. Tanto en metálico como en especie. Las imprentas, las empresas de megafonía, de alquiler de carpas, de organización de eventos, les hacen gratis la campaña electoral. Previamente ya habrán pasado alguna factura desorbitada por cualquier otra cosa.

La red mafiosa se extiende por todo el comercio y la industria local. De haber varios proveedores del mismo ramo a los que premiar, se reparte en función de lo que aportan a la causa. Hay muchas decenas de miles de euros que fluyen incesantemente, muchas familias, muchos empleados viviendo del dinero público. En los días previos a las elecciones se pronuncian veladas amenazas: “Si pierden estos, nos bajan los ingresos y tendré que despedir gente”. Comerciantes y empresarios reparten las papeletas de votación a sus empleados en sobre cerrado. Estos siempre tienen la sospecha de que “tienen un tono de color diferente” para que los apoderados del partido que vigilan las mesas las reconozcan el día de la votación. Las empresas señaladas como de la facción política contraria subsisten como pueden castigadas por una competencia desleal. Muchas se rinden y tienden puentes: aceptan el chantaje. También están dispuestas a pagar, a donar, a subvencionar. O eso, o la ruina.

Alcaldes y concejales buscan que hasta el último euro que gestionan recaiga en “el pueblo”. O al menos en el reducido círculo de beneficiarios que ellos consideran “pueblo”. Jamás se compra nada a una empresa foránea a menos que haya un comisionista local. No importa si esto encarece el presupuesto. Pongamos que hay que comprar unos focos para el teatro que sólo pueden surtir empresas especializadas. En ese caso, si se puede, mejor es que los compre la tienda de bombillas local, propiedad de algún amigote, y luego los revenda al ayuntamiento.

¿Cuánto valen las cosas?

Como en los supermercados, todo acaba en 9. Existen números mágicos que se repiten en las adjudicaciones de toda España.

Las obras y servicios valen por norma general 49.000 euros. La razón es que hasta 50.000 se dan a dedo a quien se quiera. Si sobrepasan esa cantidad entonces pasan a costar 199.000. Entre 50.000 y 200.000 euros la adjudicación se hace por el llamado procedimiento negociado sin publicidad. O lo que es lo mismo, es el ayuntamiento el que elige a tres empresas a las que le solicita presupuestos. En estos casos lo habitual es que sea la empresa a la que se va a favorecer la que aporta los otros dos presupuestos que obliga la ley. Pueden ser del mismo dueño, empresas pantalla u otras reales con las que se llegó a un acuerdo de reparto o de subcontratación. En otras ocasiones, la mesa de contratación municipal busca dos empresas que, ya sea por su pequeño tamaño, por su inexperiencia o por su falta de solvencia, sabe positivamente que presentarán la documentación incompleta o errónea.

En los ayuntamientos pequeños son raras las obras que sobrepasan los 200.000 euros. Cuando es así, deberían adjudicarse por el “procedimiento negociado con publicidad”. Es decir, que cualquiera podría optar a ellas. Para evitarlo, habitualmente se fraccionan las obras en fases de 199.000. Esto es ilegal y fraude de ley, pero nadie lo suele denunciar. Todo se puede hacer en fases: desde tejados hasta aceras. Las explicaciones rayan en lo cómico. Así, el concejal de obras de Málaga aportó esta nueva genialidad a la historia de la contratación pública: “No hay fraccionamiento porque lo que se ha dividido no es el contrato para construir un parque en el Benítez, si no el dinero del que se disponía”. Exacto, el papel del contrato seguía de una pieza. Ahí estaba el folio enterito para quien quisiera comprobarlo.

Existe otra modalidad: los contratos de servicio que cuestan 119.000. La razón es que a partir de 120.000 existe la “exigencia de clasificación” a las empresas. Por debajo de esa cifra, puede ser cualquiera.

Aprovecho para animar a quien esto lea a que busque las cantidades de las adjudicaciones en sus villas y pueblos. Se sorprenderá de la frecuencia con que aparecen estas cantidades.

¿Cuándo se gasta?

Las elecciones municipales son siempre en mayo. Ese año, en los primeros días de enero, los concejales peregrinan al Departamento de Intervención para que les apunten con una flechita las cantidades que se pueden gastar de las partidas de sus presupuestos. Desde entonces, en una carrera contrarreloj, tienen cuatro meses para vaciarlas todas. Es lo habitual verlos preguntándose: “¿Qué podemos pintar?”, ¿hay que comprar algo para el polideportivo?”. El qué se compra es lo de menos. Las partidas deben agotarse. El mayor flujo de dinero posible debe revertir en “el pueblo”. Puede ser la última oportunidad para las comisiones. Es la mejor época para los gastos absurdos o las ideas disparatadas. Ningún concejal es tan estúpido como para dejar dinero en el presupuesto que podría gastarse otro si ganase las elecciones. Incluso aunque su propio partido pudiese ganar, no siempre es seguro que fuese a ocuparse de la misma responsabilidad. Mejor no dejar nada.

Esto ocurre cada cuatro años. En un año no electoral, el mismo proceso se da en los meses de otoño, cuando se está a punto de cerrar el presupuesto. Tras el verano se produce la misma peregrinación y todos solicitan informes del estado de las partidas para vaciarlas a conciencia. El objetivo es llegar a 31 de diciembre a cero. O mejor aún, en negativo. En la lógica municipal, cuando un concejal deja un año una partida presupuestaria sin gastar, esta desaparece del presupuesto del año siguiente. Puesto que no se usó, no debe ser importante. Así se anima al gasto irreflexivo y al cortoplacismo: cuánto más se gasta, más puede crecer la partida presupuestaria el año siguiente.

¿Por qué todo esto es impune?

En primer lugar existe un pacto tácito de no agresión entre los partidos del régimen. Si tú no hurgas en mis cosas yo no hurgo en las tuyas. Pero es que, además, no es tan sencillo. Si la mayoría de las ilegalidades tiene como beneficiarios a vecinos de la localidad, ir contra la ilegalidad es ir, de facto, contra los vecinos. La acusación de que se ponen en peligro puestos de trabajo por “peleas políticas” está siempre en el aire. Para la oposición, en este terreno pantanoso hay mucho que perder y poco que ganar.

Interventores y secretarios carecen ya de capacidad para controlar todo este flujo enorme de malgasto y cohecho. Dirigen departamentos con escasez de medios y personal. En los ayuntamientos más pequeños ni siquiera se contrata a interventores, pues la ley no lo obliga, y es el secretario quien, en teoría, debería realizar ambas funciones. Puesto que carece de tiempo material para controlar todas y cada una de las decenas de facturas que entran cada día, sólo pide explicaciones cuando existen sobrecostes escandalosos. Aún así, siempre hay modo de justificarlos.

Secretarios, interventores, aparejadores, arquitectos municipales, estuvieron dotados en otro tiempo de autoritas. Bendita democracia, ahora ya son tan víctimas de mobbing y acoso como cualquiera. Empieza a ser común que se les aparte de sus funciones y se los someta al escarnio popular. La acusación de que “paralizan el funcionamiento del ayuntamiento” por la “excesiva burocracia” es frecuente. Los ciudadanos los ven como unos tiquismiquis que le ponen pegas a todo e impiden el flujo de inversiones. Lo cierto es que lo único que paralizan, de un modo muy limitado, es la adjudicación ilegal. Cuando “todo” se paraliza, simplemente es porque “todo” es ilegal. Secretarios e interventores, que son el único débil dique ante la corrupción, son demonizados entre los ciudadanos. Aprenden con el tiempo a pelear sólo las batallas que pueden ganar y a dejar pasar algunas cosas para poder discutir otras. Saben que su fiscalización es casi siempre inútil.

Cuando los ayuntamientos realizan gastos que no se ajustan a la ley, el interventor pone un “reparo”. El reparo se levanta por medio de un decreto que firma el alcalde. Habitualmente ni se molestan en motivarlos y son de copia y pega. En un ayuntamiento mediano el número de “reparos” que se levantan en una legislatura puede llegar a varios centenares. Estos “reparos” se comunican al Tribunal de Cuentas, donde llegan por decenas de miles. Nunca ocurre nada.

De todos modos, siempre es mejor que los informes estén a favor. Para eso se contrata como personal laboral a asesores externos. Si tu arquitecto o tu aparejador es demasiado escrupuloso con la legalidad, siempre habrá otro al que se contrate a dedo y al que no le importe decir que hay un pantano donde se eleva un monte. Los funcionarios con oposición están aislados en despachos a los que no llega ni un triste expediente, mientras los contratados informan positivamente todo lo que se les pone en las manos. Lo mismo ocurre con interventores y secretarios.

Es necesario hablar de las políticas de contratación de personal que son el verdadero soporte del sistema. El poder se encarga de quitarle importancia a estos asuntos. Se ven como algo disculpable, algo que está en la naturaleza humana. “¿Acaso tú no enchufarías a tu hermano si está en paro? ¿Quién no lo haría?”, vienen a decir. La realidad, desgraciadamente, es menos amable. Los puestos de trabajo valen dinero. El más cotizado es el de funcionario. Pongamos que enchufamos de auxiliar administrativo a un chaval de 27 años. Cobrará 21.000 euros al año durante 40 años hasta su jubilación. Eso, con aumentos y trienios, supone que a lo largo de su vida ganará cerca de un millón de euros. ¿Y alguien regala un millón de euros? Ese valor hay que compensarlo: tiene un precio. Por eso es tan habitual ver en los ayuntamientos a los hijos balas perdidas de los empresarios locales. Aquellos tarambanas que no fueron capaces de otra cosa encuentran su acomodo en la administración previo pago de las aportaciones que sean necesarias. También influye el tamaño de la unidad familiar. Enchufar a un chaval soltero garantiza un voto: el suyo. Enchufar a uno con pareja, con padres y hermanos ambos cónyuges garantiza más de una decena. Puede parecer banal, pero no lo es: todo se estudia, todo se cuida.

Se puede afirmar que no hay ni un solo puesto de trabajo que dependa de las administraciones locales pequeñas y medianas que no se dé de modo arbitrario. Ni uno. La inexistencia de control es total. Los exámenes o las preguntas se le proporcionan al premiado. Por si acaso aún así falla (no se trata precisamente de lumbreras) se deja para el final una entrevista en la que se le valora subjetivamente. Previamente se han adecuado los méritos a su perfil. Los puestos de trabajo se cuidan de igual modo que la compra de grapadoras. Todo debe recaer en alguien “del pueblo”. Desde un humilde contrato de dos meses para abrir la caseta de turismo, hasta un arquitecto contratado. Cada puesto tiene un precio y un coste. Por la caseta de turismo quizá solo se exija subordinación y fidelidad. Por ser arquitecto, bastante más. Cada ayuntamiento tiene a una cuadrilla de funcionarios, siempre los mismos, que se encargan de valorar todas las oposiciones del año. Este negociete apenas conocido puede reportar de 250 a 300 euros por cada examen. Al cabo del año la cifra no es desdeñable y supone un buen sobresueldo por colaborar con tus jefes corruptos.

En los últimos tiempos, con la caída de la oferta de plazas de funcionario, se ha generalizado otro modo de hacer fijos a los contratados laborales. Los ayuntamientos encadenan más de tres contrataciones parciales consecutivas para la misma función con lo que, si el trabajador denuncia, la ley obliga a hacerle un contrato fijo. Así, este empieza a ser el modo habitual de “contratación” y los ayuntamientos están en pleitos permanentes que pierden una y otra vez, pagando indemnizaciones a los enchufados que les han “denunciado” y sosteniendo, de paso, a los bufetes de abogados amigos que hacen su agosto por perder juicio tras juicio. En el colmo de la desfachatez el ayuntamiento encarga trabajos (por ejemplo, informes de arquitectura) a los mismos trabajadores que “ha despedido” y le “han denunciado” y con los que todavía está pleiteando. El trabajador temporal cobra sus informes mientras “está despedido”; recibirá más adelante la indemnización; será readmitido como fijo; y los abogados amigos pasarán sus minutas. Todo el mundo gana.

Con el tiempo, si una fuerza política es hegemónica, la diversidad ideológica de los funcionarios desaparece y el ayuntamiento se divide entre los directamente cómplices de la arbitrariedad y los que prefieren tomar un perfil plano, lo más invisible que se pueda para no meterse en líos. Los escasos héroes que se enfrentan al sistema padecen un acoso salvaje. Así se entiende por qué no hay controles sobre lo que surten los proveedores amigos. Los trabajadores que hacen de lacayos cada día informan favorablemente facturas falsas, otras desorbitadas u otras con conceptos falsos que ocultan el verdadero gasto. Si los suministros tienen calidades pésimas y se rompen, no importa, ya se comprarán más. Los funcionarios honrados se asombran de que los cartuchos de tinta de la fotocopiadora se agoten en dos días. Los que se encargan de su compra saben que la obsolescencia forma parte del negocio. Los trabajadores públicos colocados a dedo por el poder son el engranaje necesario para que el flujo del dinero corra. El enchufismo no es una solidaridad mal entendida. No: se trata de una organización en la que el nepotismo y la arbitrariedad en la contratación de personal son imprescindibles para el saqueo generalizado del dinero público.

¿Por qué pierden todos?

La población sabe esto. Los votantes, mal que bien, lo saben. Pero han aceptado la justificación del poder según la cual, al fin y al cabo, las irregularidades sirven para que hasta el último euro recale “en el pueblo”. De hacer las cosas legalmente, quién sabe, entrarían trabajadores de otros lugares o las obras las acometerían empresas foráneas. Piensan, al fin, que tal estado de cosas es necesario. Que sin él las cosas irían peor. Y si bien es cierto que algunos se benefician mucho más que otros, así es como el dinero fluye.

Sin embargo, las cosas no son así y ésta es únicamente la justificación que los corruptos han hecho crecer en una población resignada. Voy a poner un ejemplo muy gráfico: dos pueblos celebran los carnavales. En el primero, el concurso de disfraces es justo y gana el mejor. Grupos de todas partes, algunos multitudinarios, participan. Compiten charangas enormes y espectaculares. Las calles se atestan de visitantes y el comercio y la hostelería lo agradecen. En el segundo pueblo, el jurado cuida de que los premios recaigan en los grupos locales. Los foráneos dejan de acudir. El nivel cae y con los años el desfile se convierte en un paseo de algunos tipos con disfraces comprados en los chinos por calles semidesiertas.

Esto mismo puede aplicarse a todo: a la industria y al comercio. Los adalides de la libre competencia sostienen un sistema en el que algunos privilegiados no necesitan competir y juegan con cartas marcadas. Los nuevos proyectos no pueden enfrentarse exitosamente a empresas que reciben el flujo constante de las inversiones públicas por hacer un trabajo más caro y peor. El nivel general baja. La usurpación de todos los puestos de trabajo por parte de incapaces penetra en la subcultura dominante del lugar (el meme) acentuando la idea de que son sólo los mediocres los que prosperan. El talento huye. Las buenas ideas son incapaces de crecer. El hecho de que el mérito no sea un factor para contratar a las personas con responsabilidades hace que las personas de mérito emigren. Todo se contamina: si los profesores de las escuelas municipales son unos lerdos, ¿qué aprenderán los alumnos? ¿Qué cultura puede crearse en la base cuando la gestionan desde arriba los incultos? Las constantes vitales bajan. Se crean menos cosas y son peores. Hay menos músicos, menos actores, menos emprendedores de cualquier cosa. La sociedad civil se degrada, pierde vitalidad, el talento solo emerge fuera. Se crean distinciones para honrar a los exitosos exiliados y poder vivir durante un día en la ensoñación de que forman parte del cuerpo social que los exilió.

El lugar se anquilosa, se revela incapaz de ser polo de atracción por nada. Gobernado por una mafia que se rige únicamente por una lógica de comisiones cortoplacista mira como si fueran marcianos a otros lugares que innovan, ya en el urbanismo, en la energía o en los servicios. Si el concejal de medio rural escribe “violojía”, ¿promoverá la agricultura biológica? El comercio y la industria agonizan, la población decrece, los ingresos por impuestos menguan, el flujo de dinero disminuye, con lo que cada vez es menos lo que llega fuera del círculo de poder. La espiral de degradación se acentúa entonces, cada vez más y más.

Lector, ¿conoce algún lugar así?


* Diagonal - Jorge Armesto - 20.5.15
Foto: Plan E - Uribe Kosta

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Denuncian vínculos de Aznar Jr. con los fondos buitre que compraron pisos sociales en Madrid

Como se sabe, la Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid abonó 2,3 millones de euros de comisión en 2013 a un intermediario en la adjudicación de 1.890 casas protegidas a la gestora Fidere-Blackstone, para que ésta, a su vez, al final subiera irregularmente el alquiler un 40% a los inquilinos. Es decir, un pelotazo inmobiliario en toda regla. Pero ahora se conoce, además, que el hijo del expresidente Aznar y de la alcaldesa Botella es consejero de Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral, que mantiene "importantes vínculos" con empresas del fondo buitre Blackstone. Y no solo esto, sino que miembros del Consejo de Administración de las sociedades instrumentales del fondo Blackstone crearon un entramado de empresas que durante años fueron adjudicatarias de promociones de vivienda joven del Instituto de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid, con E.Aguirre al frente.
"PÚBLICO* : La Asociación de Afectados por la venta de viviendas de la EMVS y la Asociación de Lucha Contra la Corrupción 'Corruptil' han presentado ante la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional una laboriosa investigación en la que ponen en conocimiento de la unidad policial que la empresa de la que es consejero José María Aznar Botella, el hijo del expresidente y Ana Botella, y de la que fue presidente Juan Hoyos Martínez de Irujo, el íntimo amigo de infancia del expresidente, "está directamente relacionada" con el fondo buitre Blackstone y las sociedades instrumentales que compraron las 1.890 viviendas públicas que vendió Ana Botella como alcaldesa de Madrid a través de la EMVS por 128,5 millones de euros en noviembre de 2013.

Pero la investigación no se queda ahí. El mismo escrito presentado por las asociaciones ciudadanas asegura que los miembros del Consejo de Administración de las sociedades instrumentales del fondo Blackstone crearon un entramado de sociedades "que durante años fueron adjudicatarias de promociones de vivienda joven del Instituto de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid, siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre".

De esta manera, en caso de poder certificar la denuncia presentada por las asociaciones, existiría un más que complejo entramado empresarial que estaría siendo beneficiado tanto de la construcción de vivienda pública, como de su gestión y de su enajenación en la Comunidad de Madrid, que está gobernada por el Partido Popular desde 1995.

"Gesnova Gestión Inmobiliaria Integral Empresas, la empresa de la que es consejero el hijo de Aznar, ha mantenido vínculos con las sociedades vinculadas a los miembros del Consejo de Administración de Blackstone", denuncian en conversación telefónica con este medio desde la Asociación de Lucha Contra la Corrupción Corruptil.

Cabe destacar que la investigación realizada por estas dos asociaciones ciudadanas también podría salpicar a Esperanza Aguirre. Según apunta el escrito -aunque admiten que no está en condiciones de afirmarlo- la inmobiliaria Aguirre & Newman Madrid S.A., propiedad de Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre, podría estar relacionada y mantener vínculos con la empresa a la que el Ayuntamiento de Madrid pagó 2,2 millones de euros para "asesoramiento e intermediación inmobiliaria" durante la venta de las 1.890 viviendas.

Esta relación se establecería a través Patricia Sáinz Sanz, gerente única de esta empresa intermediaria, que sería socia, según diversas informaciones, del hermano de Esperanza Aguirre. No obstante, fuentes de la investigación aseguran que este extremo no ha podido ser confirmado, por lo que ruegan a la Udyco que investigue este punto.

Mentiras a los inquilinos

Cuando los fondos buitre compraron las viviendas públicas del Ayuntamiento, la alcaldesa Ana Botella no dudó en señalar que se garantizaría "los contratos y condiciones de los inquilinos actuales". "Lo único que cambiará en su recibo de alquiler es el emisor, en vez de la EMVS será el nuevo propietario de los inmuebles", aseguraba Botella.

La palabra de Botella, sin embargo, no tuvo ninguna validez. Los inquilinos han denunciado reiteradamente que los precios del alquiler se han incrementado un 41% y que están desahuciando a los vecinos que tienen problemas para pagar su recibido debido a la falta de ingresos en el domicilio.

Asimismo, otra diferencia importante entre los contratos que ofrecía el Ayuntamiento y el que ofrece ahora el fondo de inversión es que los primeros tenían una duración de dos años que se prorrogaba obligatoriamente, siempre y cuando persistieron las condiciones que hicieron al inquilino merecedor de la vivienda pública. Por contra, el contrato del fondo de inversión tiene una duración de un año que se renovará año a año con un máximo de "tres anualidades".


* Público - Alejandro Torrús - 19.5.15
Foto: Madrid, esquema sociedades fondo buitre - publico

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El Supremo confirma la nulidad de las 6.600 viviendas de las normas urbanísticas de Mucientes

La localidad de Mucientes tiene unos 700 habitantes y está situada a solo 13 km de Valladolid capital, esto ha hecho que los planes urbanísticos se hayan disparado exageradamente sin una justificación suficiente que lo avale. Así se pensaba dar un gran pelotazo urbanístico con más de 6.600 viviendas en las nuevas Normas Urbanísticas. Ya fueron detenidas hace 2 años por la justicia y, ahora, el Supremo lo ha ratificado al considerar los argumentos municipales desproporcionados, más propios de los tiempos pasados del 'ladrillazo' inmobiliario. Como en Valladolid y todo su área de influencia, la Junta de Castilla y León también debería tener otros criterios urbanísticos más avanzados y menos pensados exclusivamente para lucrarse.
"NORTECASTILLA* : El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad de las normas urbanísticas municipales de la localidad vallisoletana de Mucientes que contemplan nueve sectores de suelo urbanizable residencial con una superficie bruta de más de 240 hectáreas y una previsión de viviendas de más de 6.600, según ha informado este martes el colectivo Ecologistas en Acción que ha pedido a la Junta mayor rigor en la aprobación de los nuevos planes urbanísticos.

De este modo, el Supremo ha confirmado la sentencia previa de 15 de marzo de 2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León y desestima los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Mucientes y la inmobiliaria Desarrollos Urbanísticos Mucientes, S.L.

Según ha recordado el colectivo ecologista, la sentencia del TSJCyL consideraba que en el instrumento de planeamiento no se justificaba de manera mínimamente suficiente el incremento previsto «pues no vale la simple referencia que se hace al fomento de un crecimiento compacto o la mención a la existencia de propuestas realizadas por promotores con experiencia y solvencia, capaces de llevar a buen fin la urbanización, dato este que en si mismo nada informa sobre las necesidades del municipio y de su población, que es el objetivo al que ha de atender la ordenación urbanística».

Ecologistas ha recordado también que al igual que ha sucedido con las modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid en las Areas Homogéneas 5 y 11, donde se preveía la construcción de 7.300 viviendas y un gran centro comercial, el Supremo ratifica por tercera vez en dos meses la argumentación del TSJCyL cuando entendía en aplicación de la Ley estatal de Suelo y de la Ley de Urbanismo de Castilla y León la Sala que «la desproporcionada cantidad de suelo urbano y urbanizable» y «la previsión de crecimiento del suelo residencial en absoluto se justifica por las necesidades del municipio y sus circunstancias urbanísticas».

Según los datos de este colectivo, en Mucientes, localidad situada trece kilómetros al noreste de Valladolid, cuenta en la actualidad con 713 habitantes y 432 viviendas, a las que se pretendían añadir 6.781 nuevas viviendas con capacidad para más de 20.000 nuevos habitantes.

En su opinión, con la anulación definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales de Mucientes se desmorona «uno de los últimos exponentes del urbanismo del ladrillazo» en el entorno de la ciudad de Valladolid, «que durante la última década ha alimentado la burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a la actual crisis económica y a niveles insoportables de corrupción y deterioro ambiental».

Por ello, Ecologistas en Acción se ha felicitado de que las sentencias judiciales impidan el despropósito aprobado por el Ayuntamiento de Mucientes y la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, «al dictado de los intereses inmobiliarios».

Renedo

Al mismo tiempo, los ecologistas han advertido de que este miércoles, 29 de abril, el Ayuntamiento de Renedo de Esgueva lleva a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid un Plan General de Ordenación Urbana con capacidad para 1.700 nuevas viviendas y un gran centro comercial de más de 100.000 metros cuadrados de edificabilidad, similar a la del de IKEA en Arroyo de la Encomienda, «lo que no es óbice para que la Junta proponga su aprobación definitiva».

Para Ecologistas, se trata de unas previsiones disparatadas por lo que ha pedido a la Junta de Castilla y León mayor rigor en la aprobación de los nuevos planes urbanísticos «limitando los crecimientos a las viviendas y las actividades económicas que se justifiquen por las necesidades propias de cada municipio, tal y como establece la legislación de urbanismo y suelo, pasando página de la desastrosa política urbanística practicada en las últimas dos décadas».


* Norte Castilla - 28.4.15
Foto: Mucientes (Valladolid) - codigopostal

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La juez ve causa para juzgar a exalcalde de Yaiza por otro delito urbanístico

De nuevo es actualidad la localidad de Yaiza (Lanzarote), considerada la 'marbella' de Canarias, donde en los últimos años se han cometido toda serie de tropelías urbanísticas, casi siempre con el alcalde nacionalista, JF.Reyes, al frente del Ayuntamiento. Son ya famosas las ilegalidades con los grandes hoteles en la zona de Playa Blanca y ahora, también allí, se trata de la concesión municipal irregular de licencia para 66 viviendas. El asunto viene de 2005 nada menos y, como siempre, la tardanza judicial es exasperante, por no decir palabras mayores. La isla idílica de J.Manrique se ha convertido en un lodazal urbanístico de consecuencias lamentablemente conocidas.
"ELDIARIO* : El Juzgado nº5 de Arrecife (Lanzarote) considera que existen indicios suficientes para procesar al exalcalde de Yaiza José Francisco Reyes por un nuevo delito de prevaricación urbanística, en esta ocasión por la concesión de licencias para construir 66 viviendas en Playa Blanca. La juez Silvia Muñoz ha dictado hoy el auto por el que da por concluida la instrucción de esta causa iniciada en 2009, en la que también ve indicios de prevaricación, por acción u omisión, en el entonces secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la oficina técnica municipal, Antonio Lorenzo.

Los tres imputados supuestamente emitieron informes favorables a la concesión de la licencias urbanísticas en los expedientes 208/2005 y 277/2005, "de manera intencionada y con manifiesto incumplimiento de las obligaciones de sus cargos".

Todo ello, argumenta la juez, pese a tener "conocimiento de su clara confrontación con la normativa urbanística, ante la inexistencia absoluta de normativa que permitiera las construcciones que se autorizaron" en esa localidad turística del sur de la isla.

Así, detalla que no constaba informe previo sobre compatibilidad con el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote, que ni fue solicitado en el expediente de licencia urbanística 277 para la construcción de diez viviendas unifamiliares en la parcela R17A de Playa Blanca, ni fue emitido. Y ello, añade la instructora, fue silenciado en los informes emitidos por los tres imputados.

En el otro expediente denunciado, situado en la parcela R8C y consistente en la construcción de 56 viviendas, sí consta la solicitud de informe al Cabildo por parte del alcalde, así como la respuesta de la corporación insular en la que se señala que no era compatible con el Plan de Ordenación de Lanzarote ni con su revisión. Sin embargo, resalta el auto, Reyes firmó el decreto de concesión de la licencia antes de conocer el informe negativo.

En los hechos se expone que tampoco se recabó en ninguno de los dos expedientes el informe favorable y preceptivo de la administración pública canaria en materia de vivienda, ni se remitió a esta un ejemplar del proyecto ni la documentación pertinente.

La solicitud en ambos casos culminó con decreto del alcalde autorizando la nueva construcción, pese a que Reyes tenía pleno conocimiento de la falta de normativa urbanística que amparara su concesión, al ser el representante del Ayuntamiento en las juntas de compensación.

Según razona la juez, existen motivos suficientes para incoar el procedimiento abreviado, ante la denuncia presentada, las declaraciones de los imputados, el examen de la documentación y el informe aportado por la Agencia de Protección de Medio Urbano y Natura del Gobierno de Canarias.

La juez fija un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y el resto de las partes presenten sus escritos de acusación y defensa y soliciten la apertura de juicio o el sobreseimiento del caso.

La denuncia que dio origen a este procedimiento fue presentada en 2009 por el colectivo canario de Transparencia Urbanística, al advertir irregularidades en la concesión de estas licencias otorgadas a las sociedades Marivista y Villas Blancas, ambas relacionadas con el entonces concejal de PNL-NC en el Ayuntamiento de Arrecife Pedro de Armas.

Tanto Jose Francisco Reyes como Bartolomé Fuentes están imputados en los múltiples delitos que incluye el llamado "caso Stratvs" (la construcción presuntamente ilegal de la bodega del mismo nombre).

El exalcalde figura también como principal imputado en las dos piezas del "caso Yate" (concesión de licencias irregulares y pagos ilegales a un abogado) y en la autorización de varios hoteles en Playa Blanca que han sido declarados ilegales.

Reyes se declaró además hace unos meses culpable de dos delitos de prevaricación (urbanística y administrativa), por haber concedido de forma ilegal en 2006 las licencias que permitieron al arquitecto Carlos Morales construirse un chalet en el barranco del Agua.

En ese caso, el exacalde de Yaiza aceptó ser condenado a seis meses de cárcel y doce años de inhabilitación.


* El Día - EFE - 5.5.15
Foto: Yaiza (Lanzarote), Playa Blanca - panoramio.com

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Botella aprueba el convenio que permite el ‘pelotazo’ de Dragados en Tetuán (Madrid)

Como se ha visto hace pocos días, la alcaldesa de Madrid, A.Botella, no está dispuesta a dejar la poltrona sin ultimar un pelotazo urbanístico de grandes vuelos. En los años 80 se expropiaron unos terrenos para zona verde al norte del barrio de Tetuán, pero solo se hizo la mitad, y con Gallardón al frente del Ayuntamiento se urbanizó ilegalmente el resto (Dragados-ACS). El Ayuntamiento ha debido indemnizar a los propietarios originales con 30 millones por el cambio de uso de los terrenos y, ahora, poco antes de las elecciones ha aprobado el convenio, costoso para las arcas municipales (los ciudadanos) y favoreciendo a Florentino P. al frente de Dragados-ACS. Un auténtico escándalo urbanístico, muy propio de los corruptos gobiernos populares en el Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid.
"VOZPÓPULI* : Justo a tiempo, a escasos días de las elecciones autonómicas y municipales, el Ayuntamiento de Madrid da este jueves su visto bueno al convenio acordado con Dragados que establece las nuevas condiciones de la concesión para urbanizar la zona rodeada por el Paseo de la Dirección, uno de los extremos del populoso distrito de Tetuán. Se trata del último paso administrativo para consumar un rescate en toda regla de una concesión adjudicada en 2007 y cuyas condiciones se han modificado para que a la compañía le salieran los números.

En medio de la crisis, la constructora paralizó las obras en busca de un reequilibrio de la concesión que, finalmente, ha llegado aunque con graves consecuencias tanto para los vecinos de la zona como para las arcas municipales.

El rescate efectivo de la concesión ha necesitado también una modificación parcial del plan urbanístico, que el Ayuntamiento aprobó de forma definitiva a comienzos del presente año. Tras este trámite tan sólo restaba la firma de una nuevo convenio que sustituyera al que el Consistorio y Dragados acordaron en 2007, cuando se hizo efectiva la concesión.

Por entonces, Dragados, cabecera de construcción de ACS, recibiría algo más de 75.000 metros cuadrados de suelo para la promoción de vivienda libre en la zona a urbanizar, colindante con el Parque Rodríguez Sahagún, como contraprestación de las obras a realizar y de las correspondientes expropiaciones. El proyecto tendría que haber finalizado en 2013.

Sin embargo, la llegada de la crisis trastocó los planes de Dragados y convirtió una operación que parecía diseñada a medida de la compañía en una pesada trampa. El desplome de los precios de la vivienda y de la valoración de los terrenos hacía que los números no salieran por ningún lado.

La compañía decidió renegociar los términos de la concesión con el Ayuntamiento de Madrid a mediados de 2011, y las obras quedaron prácticamente paralizadas, así como los trámites para las expropiaciones.

Suelo libre por suelo protegido

Mientras, la filial constructora de ACS no fue penalizada con la correspondiente ejecución de los avales debido a los retrasos que acumulaba ni al incumplimiento de los plazos de entrega de las obras. La situación derivó en un escenario de abandono absoluto de la zona, que vienen padeciendo los vecinos mientras en los despachos se cocinaba la modificación de la concesión.

Las líneas fundamentales del nuevo convenio establecen que Dragados pasará a recibir una mayor cantidad de suelo, en torno a los 100.000 metros cuadrados y, además, para promover vivienda protegida. Con estas características será mucho más sencillo que la concesión resulte rentable para la compañía.

Las negociaciones entre las partes se extendieron hasta finales del pasado ejercicio, cuando ambas partes pactaron el contenido del convenio que será una realidad a partir de este jueves. Sin embargo, antes de proceder a su firma quedaban pendientes una serie de trámites que se han llevado a cabo con la mayor celeridad posible.

Más de dos años

“Tanto el Ayuntamiento como Dragados querían que el convenio quedara firmado antes de que se celebraran las elecciones; especialmente, la compañía no quería que después de todo el proceso de negociación todo quedara pendiente de una firma que pudiera echar atrás un nuevo equipo de Gobierno”, apunta una fuente próxima a las negociaciones.

A partir de la firma del convenio deberán iniciarse los trámites para los estudios de las modificaciones que incluye el documento, en las que se incluirán algunas de las demandas realizadas por los vecinos a Dragados.

También tendrán que reiniciarse los procesos expropiaciones. “Entre unas cosas y otras, la finalización de los trabajos se irá a más de dos años, en el mejor de los casos”, apuntan las fuentes.


* VozPópuli - Raúl Pozo - 14.5.15
Foto: Ana Botella, alcaldesa de Madrid, y Florentino Pérez, presidente de ACS - GTres

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El urbanismo chino está transformando las ciudades africanas

El paso de China a primera potencia económica del planeta también se está reflejando, lamentablemente, en su influencia en un urbanismo vulgar y exagerado. Cada vez más internacionalizado el país, está exportando su forma de construir, mediocre y barata, hasta el mismo corazón de África, un continente en expansión urbana que necesita que las obras se hagan rápidamente y a precios asequibles para la población. Esto va a originar a medio plazo una debacle en las nuevas macrociudades africanas que perderán sus señas de identidad sin contar además con una industria que apoye el crecimiento futuro. Si en Latinoamérica parece que fue EEUU el que marcó las pautas del caos en la ordenación urbanística, en África va a ser China quien ocupe este lugar.
"JUSTIN ZHUANG* : La fábrica del mundo tiene una nueva exportación: el urbanismo. Más y más edificios, infraestructuras y distritos ideados por compañías chinas brotan a través de África, cambiándole el rostro a las ciudades del continente.
O eso al menos asegura el estudio de investigación holandés Go West Project, el cual ha estado rastreando este fenómeno para su proyecto en curso sobre, precisamente, la exportación a África del modelo urbano de China. Desde 2012, el grupo integrado por el arquitecto Daan Roggeveen y el periodista holandés Michiel Hulshof, ha visitado seis ciudades africanas para investigar al respecto. Asimismo, Roggeveen y Hulshof recientemente lanzaron su reporte preliminar en una edición de Urban China, una revista que se enfoca en el desarrollo urbano del gigante asiático.

Según la investigación del dúo, el crecimiento económico y político de China lo ha convertido en un jugador relevante en el desarrollo del continente: no sólo es el socio económico más grande de África, sino que su inversión a través de la diplomacia (ofrecimiento de edificios, autopistas, trenes, plantas energéticas y otras infraestructuras) lo ha transformado en una poderosa alternativa a la ayuda occidental que se orienta hacia la reducción de la pobreza.

Esto ha permitido a las compañías chinas invertir y construir una gran cantidad de nuevos proyectos en ciudades africanas, desde las oficinas centrales de la Unión Africana en Addis Ababa (Etiopía) hasta la Zona de Libre Comercio de Lekki en Lagos, Nigeria.

Mientras que muchos africanos aprecian este desarrollo tan necesario, no está exenta de problemas, advierte Roggeven. Muchos proyectos fallan al relacionarse con el contexto local, tal como los Departamentos Gran Muralla ('Great Wall Apartments'), un proyecto ya en construcción ubicado en Nairobi (Kenia) que consta de bloques residenciales que lucen exactamente iguales que las viviendas que se encuentran en toda China. A través de entrevistas con los habitantes y periodistas de cada ciudad, el equipo considera también que el modelo del urbanismo chino presenta un paradoja para su gente.

"Por una parte, China es capaz de entregar proyectos a tiempo y dentro del presupuesto, e impulsa el desarrollo urbano. Y en la otra, las compañías chinas son capaces de socavar a todos los demás competidores, incluyendo a los locales", explica Roggeven. "Esto significa que las compañías africanas son incapaces de competir. Esto lleva a la pérdida de empresas y puestos de trabajo, no sólo en la construcción, sino también en empleos de bajo nivel, como vendedores ambulantes y trabajadores de la construcción locales".

Y el impacto del desarrollo chino en África se está volviendo aún más grande: mientras las compañías chinas solían originalmente estar involucradas en el rubro de la construcción, Go West descubrió que tienen una creciente importancia en las transformaciones reales de la ciudad contemporánea africana.

"Cada vez son más los chinos que se están involucrando en la cadena productiva, mientras también diseñan e incluso invierten en proyectos inmobiliarios. Muy a menudo, estas intervenciones no están alineadas con el contexto local, sino más bien planeadas desde arriba hacia abajo", dice Roggeven. "Construir un edificio es una cosa, pero el iniciar el edificio y su diseño es decisivo en cómo una ciudad se desarrolla".

Sin embargo, no hay un único sendero para el desarrollo chino en África: la segunda economía del mundo no sólo se enfrenta a la competencia de oficinas de otros países en fuerte desarrollo, como India, Brasil y Turquía, sino que su influencia también se frena por la fuerza política y económica de cada país africano. Roggeveen y Hulshof toman en cuenta que las inversiones chinas han sido capaces de llevarse a cabo principalmente en países menos democráticos y con mayor concentración del poder político.

Pero aún cuando la influencia china en las ciudades africanas crece, Roggeven está esperanzado en que tales desarrollos se volverán más sensibles a las necesidades del continente.

"Parece que la manera china de operación cambiará a través del tiempo para poder conectarse mejor a las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales del contexto local", dice. "Tenemos la conjetura que esto será esencial para que las intervenciones chinas puedan sobrevivir en África en el largo plazo", puntualiza.


* Plataforma Arquitectura - JZ - 14.5.15
Foto: La tercera fase de Apartamentos Gran Muralla está actualmente bajo construcción.- Go West Project

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Las grietas de la ciudad

Como ya se viene repitiendo desde hace tiempo, el fracaso de la ciudad postmoderna es evidente, a pesar de que en ciertos países en vía de expansión, como China o el Golfo, todavía no hayan recorrido el camino para llegar a esta conclusión más avanzada. En las ciudades con más tradición lo indispensable hoy día es la colaboración, la participación de la ciudadanía en la construcción de nuevos espacios, muchas veces considerados residuales en el global urbano. Hay múltiples experiencias de cómo introducirse a través de las grietas que permite el Urbanismo actual, mercantilista y definido por y para unas élites de la sociedad. Y esto también en Madrid y otras ciudades del país.
"EDUARDO MANGADA* : En la ciudad construida “los espacios infrautilizados son las grietas por donde se cuelan las ansias de libertad y la posibilidad de repensar la ciudad desde sus usos y gestión“ (David Estal). Construir sobre lo construido, hacer ciudad en la ciudad, puede ser el anuncio de un nuevo paradigma que venga a renovar el discurso urbanístico, pero que puede banalizarse a fuerza de repetirlo y tornarse vacuo si no somos capaces de plasmarlo en intervenciones concretas en el tejido urbano.

En un entendimiento de la ciudad como un espacio consolidado, hay que descubrir los vacíos, los espacios y edificios infrautilizados o abandonados, grandes o pequeños, intersticiales o de borde, asumiéndolos como una gran ocasión, como oportunidades para asentar en ellos nuevos usos y nuevas formas de gestión capaces de revitalizar y completar la ciudad existente, física y socialmente. Espacios y edificios sobre los que los colectivos ciudadanos de todo tipo proyectarán una nueva forma de ciudad, menos predeterminada por las normas urbanísticas al uso. Más espontánea, cambiante, aleatoria, efímera o permanente. La holandesa Eva de Klerk exhorta a los poderes públicos con las palabras siguientes: “Abranse a lo inesperado: provéanlos de espacios libres y zonas de experimentación, de lugares donde ellos mismos planten las semillas de nuevas formas de hacer, denles la oportunidad de pensar e improvisar modos diferentes de hacer la ciudad como ellos mismos la entienden, anímenlos a explorar alternativas y tengan el valor de confiar en ellos. Perder el miedo a dejar de lado normas y modelos superados, confiando en el valor de la libertad, abre una nueva perspectiva de futuro para nuestra ciudad”. La americana Danya Sherman los anima a dejar que los ciudadanos se tomen “el permiso para tener una visión propia de la ciudad, soñar a lo grande y aprender a comprometerse”.

No se trata de anular un proyecto de ciudad desde el planeamiento urbanístico formulado por los responsables políticos, con la real y eficaz participación ciudadana, sino de abrir nuevos caminos para la construcción y gestión de la ciudad. Transformar la repetida invocación de la participación en organismos de colaboración, en un partenariado público-ciudadano. Aprender en este proceso, mantenido en el tiempo y en distintas circunstancias, que “la planificación urbana no es tan importante como saber escuchar, facilitar y colaborar” con los ciudadanos. Será necesario dotar a los responsables públicos de un fonendoscopio para auscultar e interpretar con inteligencia y cariño los latidos del corazón de la ciudad.

Más allá de los equipamientos y de las actividades regladas, florecerán en nuestras ciudades nuevas formas de ocupar el espacio, nuevos usos, nuevas expresiones de vida colectiva nacidas de las demandas, las iniciativas y las aspiraciones ciudadanas. Iniciativas en gran medida autogestionadas de forma responsable que piden ser acogidas y apoyadas por el propio ayuntamiento. Una colaboración que exige una mutua lealtad. Superar la hipertrofia de la “ciudad oficial”.

En Madrid, como en otras muchas ciudades, ya existen experiencias exitosas sobre espacios y edificios okupados o cedidos. Abramos los ojos, destapemos los oídos y descubriremos en nuestras calles muchos espacios expectantes disponibles para albergar proyectos ciudadanos ilusionantes y factibles. Incorporémonos al “Paseo de Jane” para gozar de una mirada colectiva.

A la espera de nuevos descubrimientos y nuevas aventuras urbanas, existen ya muchas iniciativas que esperan la ocasión y complicidad del ayuntamiento para manifestarse y consolidarse. Como ejemplo, pensemos en la gran oportunidad que brinda el mercado de Legazpi. Un magnífico edificio de titularidad municipal, vacante casi en su totalidad y sin un proyecto institucional conocido, enclavado en Arganzuela. Un distrito en el que se ha consolidado en un acelerado proceso, un proyecto ciudadano en el que se han integrado asociaciones vecinales y otros colectivos y que ha venido a denominarse Espacio Vecinal Arganzuela (EVA). Una solvente entidad capaz de promover y gestionar múltiples actividades lúdicas, culturales, cívicas, etc. Capaz de formular cara al futuro un programa pormenorizado que necesita un espacio de acogida para hacerse realidad. Con esta base sólida EVA solicitó al Ayuntamiento hace unos meses la cesión parcial o total, temporal o permanente, del antiguo Mercado de Frutas y Verduras. Una solicitud despreciada por el ayuntamiento que, tras un largo y ominoso silencio, hizo público la tramitación de un convenio con un operador inmobiliario al que se pretende otorgar una concesión de uso para la instalación de un complejo turístico-gastronómico y supuestamente deportivo, ajeno a las demandas y aspiraciones de los vecinos pero rentable para los promotores privados. En todo caso, de dudosa rentabilidad para la ciudad. Una iniciativa comercial que viene a reforzar la triste tendencia, amparada por los actuales munícipes, para convertir Madrid en un parque temático turístico, hotelero y de compras.

La colaboración del ayuntamiento con los colectivos ciudadanos, aprovechando su capacidad de autogestión, puede facilitar la aparición de una red de nuevos equipamientos sociales, múltiples y diversos, que enriquezcan la ciudad y potencien la responsabilidad cívica de los vecinos de Madrid. Sintiéndolos suyos desde su gestación a su administración serán los propios ciudadanos quienes se responsabilicen de su propio mantenimiento y vitalidad.

Ahora que se abre en España un nuevo paisaje político e institucional, configurado en gran medida por unos ayuntamientos renovados, nacidos y sustentados por un potente y diverso movimiento ciudadano, hijos del ya mítico 15M, es posible esperar que este renacer civil se manifieste en una eclosión de nuevos espacios colectivos, espacios comunes.

* Eduardo Mangada | Arquitecto y socio del Club de Debates Urbanos

* Nueva Tribuna - EM - 10.5.15
Foto: Urbanismo, huertos - nuevatribuna

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Alicante retira el plan urbano de Castedo investigado por la justicia

Habrá que esperar para saber si la retirada del Plan General de Alicante, gestado hace 14 años, supone un punto y aparte en la corrupción urbanística o si, por el contrario solo pretende aparentar una huida temporal para salir del atolladero judicial en que se ha metido el ayuntamiento alicantino. Tras la nefasta gestión urbanística de la ciudad por parte del PP, primero con el exalcalde Alperi y luego con la impresentable S.Castedo, con su encausamiento en las tramas mafiosas de 'Brugal' y de 'Gürtel', favoreciendo al conocido empresario E.Ortiz (también imputado), es de esperar un cambio en el rumbo que ha tomado la política urbana y que los anteriores altos cargos paguen con la cárcel y su patrimonio la ruina municipal.
"ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Alicante ha decidido dar carpetazo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad impulsado en su momento por los alcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos del Partido Popular. La medida supone un punto final del Consistorio a la gestión urbanística de los dos políticos, imputados por la justicia en una pieza del caso Brugal que investiga si desde las dependencias municipales de Urbanismo se amañó el plan en favor del constructor Enrique Ortiz, también imputado en Brugal y en el caso Gürtel.

Miguel Valor estaba llamado a ser un alcalde de transición, con los apenas cinco meses de duración que le resta al mandato, pero ayer tomó una decisión capital para el futuro de la ciudad. Hace 14 años que se gestó el plan que ayer murió, considerado por muchos como el gran fracaso del PP en los 20 años que lleva gobernando Alicante, una ciudad cuyas grandes infraestructuras e hitos urbanísticos del momento han sido pagadas por Administraciones supralocales, como la Diputación de Alicante y la Generalitat.

Todo el plan general urbano está bajo sospecha. Desde su redactor hasta varios altos funcionarios están imputados en una investigación que se dirime en el juzgado de instrucción número cinco de Alicante.

El próximo viernes, en un pleno extraordinario, se pondrá fin al actual PGOU y el nuevo comenzará con la creación de talleres de participación pública. En un comunicado, Valor anunció que la ciudad se embarca en un modelo de crecimiento que será “inteligente y sostenible medioambiental y territorialmente”.

La ciudad mirará a modelos de crecimiento vanguardistas como los creados en Bilbao, Rotterdam (Holanda) o Leipzig (Alemania). Según lo anunciado, incorporará infraestructuras verdes y con vistas a la eficiencia energética, actuaciones que harán más propicio para los próximos equipos de gobierno acceder a ayudas europeas, algo positivo para una ciudad cuya tesorería está intervenida por el Gobierno central.

Las decisiones, a decir del alcalde, han sido tomadas en consonancia con la Generalitat, que desde hacía años tenía bloqueado un plan que la justicia lleva tiempo destripando. El nuevo PGOU se podrá tramitar de acuerdo con la nueva ley urbanística, en vigor desde el pasado 20 de agosto. Actualmente, el plan en validez data de 1987, con el socialista José Luis Lassaleta de alcalde.

El cambio de posición del Partido Popular en el Consistorio trata de superar la propuesta desfasada del planeamiento de Díaz Alperi y Castedo. Pero también ofrece sospechas de cálculo electoralista. En el pleno del pasado miércoles, los populares rechazaron dos mociones desde la oposición en las que solicitaban lo que ayer ocurrió. Lo que sí aparece diáfano es la voluntad por marcar diferencias con las trayectorias de Castedo y, previamente, Díaz Alperi. La gestión urbanística municipal está bajo sospecha desde que en 2011, recién elegida Castedo, comenzaran a conocerse las conversaciones intervenidas por la policía entre ambos políticos y el principal constructor de la provincia y la ciudad, Enrique Ortiz.

Pese a su decisión, Valor mantiene el proyecto del Plan Rabassa, también pendiente de aprobación en las Cortes e impulsado al margen del PGOU por Ortiz en el barrio de este nombre. Allí, el empresario pretendía construir 13.500 casas e instalar una tienda de Ikea. Este plan, también bloqueado en Valencia, está siendo investigado por la justicia al estar considerado por la policía como un pelotazo plagado de irregularidades.

“Si se confirma que se inicia de cero la revisión del plan debería suspenderse de inmediato el plan Rabassa”, consideró el regidor de Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón. La oposición al completo se ha felicitado por la decisión. El PSPV-PSOE, por boca de su portavoz, Gabriel Echávarri, pidió elaborar con rapidez un nuevo PGOU, “la desregularización anima a los especuladores”. Fernando Llopis, de UPyD, recalcó la necesidad de ser transparentes y participativos en el nuevo proyecto.


* El País - Rubén Esquitino - 2.2.15
Foto: Alicante, exalcaldes Castedo y Alperi - elpais

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Fomento permitirá construir pisos de precio libre en suelo reservado a vivienda protegida en Madrid

La entidad empresarial Sepes, dependiente de Fomento, saca a concurso 52.425 metros cuadrados de terreno para uso residencial en Madrid por 44,3 millones de euros, pero el pliego de condiciones dice que el adjudicatario "se compromete a destinar todas las parcelas a la construcción de vivienda protegida" en virtud de un convenio firmado en 2008 con Defensa, su anterior propietario. Sin embargo, la mayoría de la superficie que se va a enajenar, un 62% del total, será para pisos sin ningún tipo de protección; el comprador asume "cualquier responsabilidad" derivada del incumplimiento del acuerdo con Defensa. Es decir, otro gran pelotazo urbanístico cuando Fomento debería preocuparse por los que menos poseen y no tienen acceso a una vivienda si no es protegida.
"ELDIARIO* : El Ministerio de Fomento ha puesto a la venta más de tres hectáreas de suelo residencial en el distrito de Villaverde (Madrid) que, en principio, estaban destinadas a la construcción de pisos con algún tipo de protección oficial pero en las que el promotor podrá levantar sin problemas vivienda libre. La operación, valorada en total en más de 44 millones de euros, consiste en la venta de nueve parcelas, de las que seis tendrán como uso el de "vivienda libre" (sin restricción alguna en el precio final), a pesar de que el comprador "se compromete a destinar todas las parcelas a la construcción de vivienda protegida" en virtud de un convenio firmado en 2008.

Así se recoge en la cláusula decimotercera ("Obligaciones del Propietario") del pliego de condiciones del concurso que acaba de lanzar la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del ministerio. Sepes, cuyo presidente es el secretario de Estado de Infraestructuras y expresidente de Renfe, Julio Gómez-Pomar, va a enajenar nueve parcelas en el marco de la actuación "Parque Central de Ingenieros de Villaverde", en el barrio de la Ciudad de los Ángeles, junto a la Estación de Cercanías de Puente Alcocer. El precio de salida es de 44.316.679,68 euros y el plazo para recibir ofertas acaba el próximo 19 de junio.

Sepes venderá en total 52.425,88 metros cuadrados que tendrán una edificabilidad máxima de 120.425,76 metros y permitirán levantar unas 1.200 viviendas. La mayoría de ese suelo, el 62% (32.745 metros cuadrados correspondientes a seis de las nueve parcelas, las números 7.2, 8.1, 9, 10, 11 y 12) serán para promover "vivienda libre", según recoge el pliego de condiciones.

El mismo documento señala, sin embargo, que Sepes "se obliga" a destinar todas las parcelas a "la construcción de viviendas con algún tipo de protección pública en los siguientes porcentajes: 50% de vivienda de protección pública de precio limitado, 25% de vivienda de protección pública de precio básico y 25% de vivienda de protección pública en régimen de alquiler", en virtud de un convenio firmado el 20 de noviembre de 2008 por las entonces ministras de Defensa y Vivienda, Carme Chacón y Beatriz Corredor, por el que Sepes se hacía, entre otros activos, con los terrenos del antiguo cuartel militar de Ingenieros, que quedó en desuso en 1999.

Ese acuerdo establecía, en su página 9, que "las propiedades del presente convenio se destinarán en su totalidad a viviendas con algún tipo de protección pública, en aras a coadyuvar a la política de vivienda del gobierno". Una condición que ahora Fomento incumple y que también recogía la estipulación cuarta (página 42) de la escritura de compraventa de esos terrenos, con fecha 29 de julio de 2009 y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Cubrirse ante Defensa

En el pliego de condiciones que acaba de hacer público, Sepes insiste en que el adjudicatario "se compromete a destinar todas las parcelas adquiridas a la construcción de vivienda protegida en los términos expuestos a fin de dar cumplimiento al citado Convenio, asumiendo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de su incumplimiento, cualquiera fuera su naturaleza, incluso de las que le fueren exigidas a SEPES".

Fuentes al tanto del proceso creen que, con esta cláusula, Sepes busca cubrirse ante una eventual reclamación del Ministerio de Defensa por el incumplimiento del convenio de 2008, ya que el precio fue calculado entonces teniendo en cuenta que los terrenos irían destinados a parcelas para vivienda protegida, cuyo valor es inferior a la libre.

El anuncio de la venta sólo se ha publicitado en la web de Sepes, lo que, según esas fuentes, acrecienta la sospecha de que la entidad quiere darle la mínima visibilidad posible "porque ya tienen un comprador y están limitando la concurrencia".

Con el visto bueno de Pastor

El acuerdo del consejo de administración de Sepes por el que se dio luz verde a la operación señala que, dada su cuantía, su "validez y eficacia" están "supeditadas a la autorización previa de la titular del Ministerio de Fomento", Ana Pastor. Preguntado por este asunto, su departamento no ha querido hacer comentarios. Por su parte, Sepes tampoco ha contestado las preguntas de este diario y se remite a la presentación de la operación, la más importante de las que actualmente tiene en curso, que realizará la entidad que dirige Lucía Molares este jueves por la tarde en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA).

Al precio base de licitación, Sepes estima que los márgenes de la operación serían de 4.760.891,86 euros, según el acuerdo del consejo de administración, que señala que "la coyuntura actual del mercado inmobiliario refleja el interés que se ha detectado por parte de fondos de inversión" en la compra de suelo residencial para la promoción de viviendas. "Estos clientes suelen adquirir un gran volumen, por lo que se considera como criterio de oportunidad la comercialización en un solo lote de la totalidad de las parcelas disponibles", según el documento, que tiene fecha 25 de marzo y al que ha tenido acceso eldiario.es.


* El Diario - Antonio M. Vélez - 6.5.15
Foto: Ana Pastor, junto a la directora general de Sepes, Lucía Molares (a su izquierda), en el Salón Inmobiliario de Madrid de 2014.- Ministerio de Fomento

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Imputado el alcalde de Vejer por malversación

Estamos en víspera electorales y las causas de corrupción urbanística se acumulan en los juzgados. En el conflictivo municipio gaditano de Vejer, los alcaldes son imputados de dos en dos. El exalcalde y candidato socialista A.Verdú lo está por un desvío de subvenciones europeas sin aclarar; y el actual alcalde y candidato del PP, J.Ortiz, por malversación de fondos al contratar obras y servicios del Ayuntamiento. Como se ve el panorama político es desolador y la justicia, una vez más, debería actuar cuanto antes, ya que el asunto afecta de lleno a los habitantes de la localidad.
"ELPAÍS* : El alcalde de Vejer, José Ortiz, del PP, ha sido imputado junto con cinco concejales de su gobierno por una presunta malversación de fondos tras haber sido acusado por una trabajadora social despedida. También permanece imputado el exalcalde y candidato socialista a la alcaldía, Antonio Jesús Verdú, por otra investigación que trata de aclarar un desvío de subvenciones.

Verdú ya fue imputado el año pasado tras haber sido denunciado por el PP que le sucedió en las pasadas elecciones por haber incrementado injustificadamente el presupuesto de las obras del teatro del municipio. Un juzgado de Barbate mantiene abierta esta causa. La Guardia Civil y la fiscalía también investigan un desvío de un millón de euros de dinero municipal recibido de subvenciones estatales y europeas que no se pudieron justificar.

La trabajadora aseguró que algunos contratos de servicios, como el de guías turísticos, se hicieron sin concurso público. Y en algunas obras mayores también se saltaron la necesidad de informes del interventor porque se dividieron en pequeños proyectos que necesitaban de menos controles. La Guardia Civil ya les ha citado como imputados en una investigación que se extiende al anterior mandato socialista, de ahí que Verdú también haya aparecido en las diligencias. Pero el exalcalde de Vejer se defiende: “El único convenio que me achacan fue legal y hoy lo volvería a firmar”, señaló Verdú en un comunicado. El alcalde de Vejer también mostró su tranquilidad. “Estamos haciendo la vida normal. Lo importante de las cosas no es cómo empiezan sino cómo acaban”, aseguró Ortiz. Los dos cargos se presentan a los comicios del 24 de mayo.


* El País - Pedro Espinosa - 6.5.15
Foto: Vejer (Cádiz), ayuntamiento - panoramio

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El CSIC hace una remodelación total del Palacio de Doñana sin licencia

Al urbanismo salvaje que asfixia todo el país no escapa ni la joya del Patrimonio Natural, el Parque de Doñana. El Ministerio de Economía, a través del CSIC, está acometiendo unas obras ilegales en el mismo Palacio del Parque Nacional, un edificio del siglo XVI, altamente protegido, que carece, además, de licencia para esta remodelación sin sentido. Aquí hay que llamar la atención de la dejadez del Ayuntamiento PP de Almonte que no ha dicho nada hasta siete meses después, pero también del propio Ministerio que está infringiendo gravemente la normativa legal en un palacio y su entorno natural que forman parte del Patrimonio de la Humanidad. La justicia tiene, si quiere hacerlo, la última palabra.
"ELPAÍS* : El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y que se define como la mayor institución pública dedicada a la investigación en España y la tercera de Europa, lleva desde octubre del pasado año realizando obras sin licencia en el Palacio de Doñana, un edificio del siglo XVI con la máxima protección, sede de la Reserva Biológica del Parque Nacional (Patrimonio Mundial) y por la que han pasado presidentes y numerosos jefes de Estado.

Las obras están presupuestadas en siete millones de euros y están financiadas por el Ministerio de Economía y los Fondos Feder de la UE El Ayuntamiento de Almonte (Huelva), municipio al que pertenece esta zona de Doñana, gobernado por el PP, ha reconocido que carecen de permiso y ha comenzado ahora a abrir un expediente ahora, siete meses después. El máximo responsable de la Estación Biológica, Juan José Negro afirmó que “se está intentando arreglarlo”.

El concejal del PSOE José Villa dio la voz de alerta ante el volumen que adquirían los trabajos y la “dejación” del Ayuntamiento. “Conocen las obras y no las paran. El gobierno municipal no ha hecho nada y, encima, la irregularidad es de una institución del Ministerio”, lamentó Villa, quien alertó de la “falta de transparencia” de las administraciones gobernadas por el PP, que le han denegado de forma sistemática información sobre las obras.

Fuentes municipales confirmaron que la remodelación carece del permiso, aunque se solicitó el día 25 de febrero, cinco meses después del comienzo de los trabajos. Sin embargo, la documentación presentada contiene irregularidades que impiden conceder la licencia. De hecho, el municipio va a empezar ahora a abrir un expediente contra los promotores y la semana que viene tienen prevista una visita a las obras.

La licencia de obras se solicitó a nombre del CSIC y se adjuntó la adjudicación definitiva de los trabajos y el contrato de los mismos con Condisa.

El edificio es un cortijo andaluz de más de 400 años que fue durante generaciones pabellón de caza de las familias reales y de la aristocracia. Su protección es máxima, de grado uno, lo que impide realizar cualquier trabajo que no sea de mantenimiento.

Negro afirmó que los permisos son responsabilidad de la contrata y que se pagó incluso la tasa correspondiente. Pero el pago no implica la concesión del permiso definitivo de los trabajos.

El responsable de la reserva apuntó que las obras de Patrimonio del Estado están exoneradas, pero se pidió el permiso por “deferencia”. Técnicos de bienes culturales negaron esta circunstancia y afirmaron que en todos los bienes catalogados la licencia es necesaria, así como los permisos de las comisiones de Patrimonio.

Las obras, que cuentan con un presupuesto de siete millones de fondos públicos, suponen una remodelación completa del edificio para convertir las instalaciones de esta sede Científico Tecnológica Singular (ICTS) del CSIC en un centro de alta tecnología “para la protección, gestión y uso sostenible de la biodiversidad”, según el proyecto de la institución.

El edificio que está siendo remodelado se encuentra incluido en el catálogo de bienes y espacios protegidos y en el expediente consta que el estado de conservación es “bueno”. El inmueble está incluido en los planes de ordenación del territorio del ámbito de Doñana desde 2004 y en el rector de uso y gestión del parque de 1991. Su grado de protección, según el documento que consta en el PGOU de Almonte solo permite “obras de conservación y mantenimiento”.

De González y Gorbachov a centro tecnológico

Los vestigios más antiguos del edificio que remodela el CSIC pertenecen a un torreón que controlaba el paso entre Moguer (Huelva) y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Desde 1957, fue sede de las primeras expediciones científicas auspiciadas por José Antonio Valverde, ornitólogos europeos y los entonces propietarios, la familia bodeguera jerezana González Gordon.
Felipe González, cuando era presidente del Gobierno, pasó sus vacaciones de verano en este edificio, por el que pasaron también Mijail Gorbachov, François Mitterrand o Helmut Kohl. Es un uso que prevé el Plan General de Ordenamiento de Almonte (Huelva).
“Estamos montando una infraestructura de última generación para dar cobijo a la necesidad de mucha computación al mismo tiempo y adaptando este edificio, que tiene muchísimos años, a esa necesidad”, afirmó la vicedirectora técnica de la Estación Biológica de Doñana, Guyonne Janss, a la agencia Efe cuando presentó las obras el pasado mes de abril.
Las instalaciones contarán con centenares de sensores o equipos de seguimiento de especies desplegados por Doñana que podrán ser transmitidos al instante a través de un centro de proceso de datos con capacidad de un millón de gigabites.
La Reserva Biológica de Doñana está situada a 89 Km de la sede central de Sevilla. Se encuentra dentro del Parque Nacional de Doñana y consta de dos fincas. La Reserva Biológica de Doñana propiamente dicha, con 6.794 hectáreas, que pertenece y es gestionada por el CSIC y la Reserva Biológica del Guadiamar.


* El País - Raúl Limón - 30.4.15
Foto: Palacio de Doñana en obras en una imagen tomada el pasado mes. / RAÚL CARO (EFE)

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El macrojuicio por corrupción urbanística de Castro se cobra su primera víctima

La corrupción urbanística tiene en Castro (Cantabria) uno de sus focos más llamativos ya que, como si se tratara de una mafia municipal, en la llamada 'Malaya del Cantábrico' se han cometido ilegalidades innumerables y ya fueron detenidos por ello dos exalcaldes de hace pocos años. Ahora dimite el candidato del PSOE a la alcaldía del municipio, D.Rivas, después de que la Audiencia haya ratificado su imputación por el 'caso La Loma', en el que hay un total de 48 encausados, 23 de ellos políticos. Entre los años 2002 y 2004, el Pleno municipal modificó el Plan General de Ordenación Urbana para recalificar "fraudulentamente" más de 300.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable en esta nueva zona de expansión castreña.
"ELDIARIO* : A apenas 48 horas de comenzar la campaña electoral, el PSOE ha sufrido un fuerte revés en dos municipios en los que prevé ostentar tareas de gobierno a partir del próximo 24 de mayo. La Audiencia Provincial de Cantabria ha ratificado la imputación de sus candidatos a la Alcaldía de Castro Urdiales y de Laredo, Daniel Rivas y Juan Ramón López Revuelta, respectivamente.

El primero ya ha anunciado que se retira de la carrera electoral, con lo que el partido tendrá que nombrar un nuevo candidato -posiblemente Ainhoa Pérez San Miguel, número dos en la lista-, mientras que López Revuelta comparecerá este jueves ante los medios de comunicación para dar a conocer su decisión que, según ha podido saber este diario, será seguir siendo cabeza de cartel en las elecciones y dimitir una vez se abra juicio oral. Con ello, cumpliría "estrictamente" el Código Ético del PSOE, señalan fuentes del partido.

Ambos son las dos primeras víctimas del 'caso La Loma', en el que hay un total de 48 encausados -23 políticos, trece promotores y constructores, ocho funcionarios, tres técnicos y un notario- por el desarrollo urbanístico "irregular" de esta zona de Castro Urdiales. Entre los años 2002 y 2004, el Pleno municipal modificó el Plan General de Ordenación Urbana para recalificar "fraudulentamente" más de 300.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable, según recoge la instrucción del magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro, quien tras la confirmación de la Audiencia Provincial, tendrá que emitir un nuevo auto para iniciar el juicio oral.

Entre el casi medio centenar de imputados también figuran los exalcaldes Fernando Muguruza (tránsfuga del Partido Regionalista de Cantabria) y Rufino Díaz Helguera, que es candidato por Acuerdo por Castro. En conjunto, la Fiscalía pide penas que suman 200 años de prisión por haber incurrido en diez tipos de delitos, entre otros, prevaricación, estafa, cohecho, falsedad de documentos públicos y malversación.

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, Rivas ha explicado que su renuncia es "irrevocable", y que constituye una decisión "personal" y "meditada". Lo hace, ha dicho, "por el bien del partido", y por no contribuir a "la mala imagen" de Castro y sus vecinos, después de que la Audiencia haya rechazado el recurso que interpuso en 2012 contra su imputación por prevaricación tras votar en el Pleno municipal a favor del Plan Parcial. "Ésta ha sido la única implicación que yo he tenido en todo el procedimiento" de La Loma, ha subrayado Rivas. En el caso de López Revuelta está acusado de estafa continuada por su actuación como representante de una de las empresas constructoras.

Tras apuntar que el Plan Parcial no se ha desarrollado, es decir, que a día de hoy "está verde", y que venía acompañado por los "informes favorables" de los técnicos municipales, Rivas ha asegurado que no tiene "nada que ver" con el resto del caso La Loma, esto es, "con licencias concedidas en suelo rústico, casas sin abastecimiento de agua, presuntos cohechos, enriquecimientos personales y un largo etcétera". "Mi única participación -ha insistido- fue en un Pleno, siendo concejal de la oposición y con informes favorables de los técnicos".

Así, el socialista ha defendido su honorabilidad. "Creo firmemente en la decencia política. No tengo nada que ocultar, todo mi patrimonio está a disposición de los ciudadanos. La calidad de las personas se fija con los niveles de exigencia que uno se exige asimismo", ha argumentado Rivas.

Finalmente, Rivas, que durante los últimos cuatro años ha liderado la oposición de su partido en el municipio, ha remarcado que el proyecto del PSOE en Castro es de "trabajo y futuro", y "a parte de Daniel Rivas hay mucho más PSOE".

"Trama de corrución"

El 'caso La Loma' constituye el mayor procedimiento judicial contra la corrupción de Castro Urdiales. En un auto de más de 200 páginas, el juez Acayro concluyó que el desarrollo urbano de ese sector se gestionó con "el pelotazo, la fata de infraestructuras básicas y la falta de equipamientos" como "denominador común".

En la instrucción de la causa, que supera los 70.000 folios, Acayro asegura que existen indicios sólidos "como para apreciar una trama de corrupción" en la gestión urbanística del municipio, uno de los que mayor crecimiento inmobiliario ha experimentado en los últimos años en Cantabria.

La Audiencia Provincial ha ratificado esta semana el auto del magistrado, manteniendo la práctica totalidad de las imputaciones -salvo la de dos empleados municipales-. El Tribunal afirma que la Corporación concedió licencias de obra para la construcción de viviendas "pese a que no había infraestructuras para el abastecimiento de agua, ni era previsible que las hubiese a la finalización de la construcción".


* El Diario - Rubén Vivar - 6.5.15
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es

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Inmatriculada corrupción

Ya se ha comentado en este Blog la labor de rapiña que ha estado haciendo la Iglesia Católica con miles de bienes patrimoniales al inmatricularlos en el Registro como de su propiedad, cuando nada hay más lejos de esta circunstancia ya que se trata de bienes públicos del Estado cuyos dueños son todos los ciudadanos españoles. El asunto ha pasado de puntillas en los medios cómplices de comunicación y, por supuesto, ni la justicia ni el gobierno se han atrevido a decir nada, presos de su propia corrupción. Precisamente fue el católico gobierno de Aznar el que aprobó en 1998 el Reglamento hipotecario a fin de permitir a la Iglesia registrar a su nombre templos de culto y otros espacios públicos: el mayor expolio monumental realizado en el país hasta el momento.
"ANTONIO MANUEL* : No merece llamarse democracia el sistema político que no democratiza su sistema económico. Que no socializa toda su riqueza mediante una fiscalidad universal y progresiva. Que ampara exenciones injustas y paraísos fiscales dentro de su propio Estado. Todos somos ciudadanos porque todos estamos sujetos al deber de declarar y tributar, pagando más quien más tenga. Ése fue el grito de los revolucionarios norteamericanos contra los colonizadores británicos: “no taxation without representation”. Y por la misma razón murió el feudalismo en Francia, arrastrando su caída a media Europa, cuando las asambleas populares votaron la abolición de los privilegios de la nobleza y el clero. Desgraciadamente, esta revolución siempre fue abortada en España por quienes nos mantienen anclados en la eterna Edad Media de su escudo: la cruz y la corona.

En pleno siglo XXI, Iglesia y Estado siguen siendo dos hermanas siamesas cosidas por el bolsillo. Y a cada intento político de separación para incorporarnos a la modernidad, sobreviene una reacción visceral por puro instinto de supervivencia.

El pueblo siempre supo que esta dependencia parasitaria era culpable de sus males. Pero necesitaban de los ilustrados para elevar su voz y denunciar razonadamente lo obvio. En el Informe reservado de 1787, el conde de Floridablanca alertó del triple fraude a las arcas públicas ocasionado por los inmuebles en las “manos muertas” de la Iglesia: no pagan impuestos, privan de su aprovechamiento a quienes de verdad los necesitan, y su conservación corre de cuenta del Estado. A pesar de la estrategia moderada de Camponanes o Jovellanos respecto a los bienes eclesiásticos, el Rey rechazó sus informes y la Inquisición los condenó por diabólicos. Las sístoles y diástoles del siglo XIX trajeron dos grandes e insuficientes desamortizaciones. La vanguardista ley republicana intentó equipararnos al resto de Estados europeos, pero la Iglesia no tardó en pasear bajo palio al caudillo por la gracia de dios que le devolvió su régimen de privilegio. El Concilio Vaticano II consiguió que muchos cristianos rompieran con su jerarquía, compartiendo trinchera con las fuerzas democráticas en la transición. Lo que no podíamos imaginar, ni en la peor de nuestras pesadillas, es que precisamente ahora la Iglesia perpetrara el mayor expolio de la historia de España. Ilegítimo, inmoral, injusto, inconstitucional, antidemocrático. Y consentido.

No obedece a la casualidad que Aznar aprobara en 1998 dos reformas para desmantelar el patrimonio público: una, de la ley de suelo en favor de bancos y promotores; otra, del reglamento hipotecario a favor de la jerarquía católica. De la primera conocemos las consecuencias y los culpables. De la segunda, no nos dejan saber. La coartada fue abrir las puertas del Registro a los templos de culto, hasta entonces públicos como las calles o las plazas. Al carecer en la mayoría de los casos de títulos de propiedad, la Iglesia se sirvió para inscribirlos de dos normas franquistas e inconstitucionales que la equiparaban con una administración pública y a sus obispos con notarios. De esta forma, sin papeles ni rendir cuentas a nadie, la jerarquía católica comenzó a inmatricular bienes religiosos en buen estado de conservación o recién restaurados con el dinero de todos. Después se apropió de los que pertenecían a sus propias órdenes o hermandades. Y por último, con evidente abuso de derecho, de patrimonios mundiales, no religiosos o que jamás habían poseído: desde la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, hasta plazas públicas y locales comerciales, pasando por solares, viviendas, cocheras, quioscos… y cualquier finca que no estuviera a nombre de nadie. Todo menos las iglesias en ruinas, todavía públicas. Y sin declarar ni pagar impuestos por ellos, ni por los ingresos que generan: sólo la Mezquita de Córdoba, más 12 de millones de euros.

Nadie conoce la magnitud del escándalo y las secuelas que producirá en el futuro este empoderamiento sin precedentes de la jerarquía católica. El gobierno se niega a facilitar la lista de los miles de bienes usurpados, consciente de la crisis de Estado que le supondría abrir la caja de Pandora. La presión de las plataformas ha conseguido que el Partido Popular derogue el privilegio, pero sin efectos retroactivos. Las miles de inmatriculaciones siguen siendo tan inconstitucionales como antes. Sólo que no hay una fuerza política que esté a la altura de la Historia y se atreva a impugnarlas, dada la indefensión en las que nos deja a la ciudadanía.

No se trata de un debate religioso, sino patrimonial y de defensa de lo público. Mientras la crisis sirve de coartada para despedir a médicos y maestros, la Iglesia abre hospitales, colegios y universidades sobre el suelo que ha usurpado y por el que no tributa. Nadie cuestiona su labor asistencial, pero la garantía del Estado social no se encuentra en la caridad porque no es un derecho ni se invoca en tribunales. Como decía Eduardo Galeano, “la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”. Simplemente queremos que nos devuelvan lo que es nuestro y paguen por lo que es suyo. Que se sometan a la misma transparencia que la Corona, partidos y sindicatos. Que desparezca este paraíso fiscal, en palabras del Magistrado Manglano, cuantificado en miles de millones: “No entiendo qué tiene que ver la labor social y la libertad religiosa con que no paguen como en el resto de Europa”. En definitiva, que se investigue y condene esta “inmatriculada corrupción”. Porque como dice el propio Papa Francisco: “La corrupción es sucia y la sociedad corrupta apesta. Un ciudadano que deja que le invada la corrupción no es cristiano, ¡apesta!”


* La Marea - AM - 29.4.15
Foto: Sevilla, catedral - JMB

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Guardianes espaciales de los derechos humanos: cuando los satélites son los únicos testigos de la destrucción

La tecnología actual sigue avanzando y gracias a los satélites espaciales es posible un control exhaustivo de la Ordenación Territorial, con las enormes aplicaciones que puede tener para localizar las agresiones al medio ambiente y al urbanismo delictivo. Además tienen otras funciones, cuando ni siquiera periodistas y defensores de los derechos humanos pueden acceder a territorios en conflicto, la indefensión de quienes viven en esos lugares es máxima. Por eso muchas organizaciones utilizan satélites para obtener imágenes. A cientos de kilómetros de altitud, estos vigilantes tecnológicos se convierten en testigos de masacres, bombardeos y destrucción.
"LUCÍA EL ASRI* : Están a cientos de kilómetros de altitud y son capaces de ver que ayer, anteayer o hace un mes, los bombardeos indiscriminados de Bashar Al Assad destruyeron varias regiones de Siria. También que miles de seres humanos que hace días abandonaban sus casas huyendo de la guerra se encuentran ahora en territorio seguro. Son satélites que en los últimos tiempos se están convirtiendo, casi, en los únicos testigos de la destrucción que se cierne sobre algunos rincones del planeta.

A principios de enero, Amnistía Internacional recibió información sobre ataques masivos de Boko Haram en la ciudad de Baga, al noreste de Nigeria. Según explica a HojaDeRouter.com Christopher Olof, uno de sus activistas, no hay ni periodistas ni investigadores de derechos humanos capaces de acceder a la zona y algunas de las infraestructuras de telecomunicaciones han sido destruidas.

“Los medios de comunicación apenas publicaron información porque era escasa”, dice. La ONG, sin embargo, fue capaz de despejar las dudas gracias a dos imágenes satélite de los momentos inmediatamente anterior y posterior al ataque. Con ellas pudieron comprobar que cerca de 3.700 estructuras habían sido dañadas o destruidas. Su posterior análisis “ arrojó luz sobre un crimen que, de otra forma, habría pasado inadvertido”.

No es la única organización que utilizan las imágenes. Son numerosas las que necesitan observarlas y analizarlas para obtener acceso, aunque sea visual y en la distancia, a aquellos lugares donde sus trabajadores no pueden estar físicamente por cuestiones de seguridad, como suele ocurrir con las regiones en conflicto.

Explica Olof que también sirven para realizar evaluaciones detalladas y sistemáticas de un área específica donde encontrar, por ejemplo, centros de detención secretos, demoliciones generalizadas de viviendas o desplazamientos forzados.

Human Rights Watch también ha utilizado la información de estas herramientas para, entre otras cosas, calcular el uso indiscriminado de bombas que el régimen sirio ha utilizado en Alepo y Daraa (Siria), ver las decenas de miles de casas que han sido destruidas en el país, localizar fosas comunes y el lugar de ejecución de cientos de soldados iraquíes asesinados por el Estado Islámico el pasado junio en Tikrit, documentar la destrucción de pueblos en Sudán o en Burma e incluso en Turquía o identificar a los sirios atrapados en un campo de minas cercano a la ciudad de Kobane.

Esta organización realiza investigaciones en más de noventa países de todo el mundo entrevistando a activistas locales, autoridades, supervivientes y testigos de importantes violaciones de los derechos humanos, y apoya su trabajo con los datos proporcionados por estos satélites. Con ellos no solo certifican masacres perpetradas en un determinado lugar, sino que también pueden, por ejemplo, planificar nuevas misiones comprobando si sus investigadores tendrán acceso a trabajar sobre el terreno.

“Fue así como conseguimos identificar más de treinta pueblos en República Centroafricana donde la mayoría de los hogares habían sido quemados durante 2013. Era una situación que hasta el momento no había sido documentada por los medios de comunicación y que tanto la ONU como Cruz Roja desconocían”, explica Josh Lyons, uno de los investigadores de HRW. Gracias a los satélites, la organización pudo confeccionar mapas y algunos de sus activistas viajaron hasta los pueblos para encontrar supervivientes, documentar los ataques e investigar a los responsables.

Habitualmente, dice Lyons, las imágenes obtenidas por satélite ayudan a encontrar evidencias que apoyan lo que un testigo ha dicho sobre un incidente en particular. “Buscamos pistas en esas imágenes que coincidan con los testimonios”, y que a veces también sirven para demostrar qué imágenes – de todas las que consiguen llegar por las redes sociales desde zonas de conflicto y que han sido tomadas con ‘smartphones’ - son reales.

Capaces de superar obstáculos

Los satélites que toman estas imágenes suelen ópticos o de radar, y son capaces de rastrear millones de kilómetros cuadrados por día. Por ejemplo, el GeoEye-1 de DigitalGlobe, uno de los mayores proveedores de imágenes satelitales, que actualmente tiene cuatro en funcionamiento, recoge información de más de 350.000 kilómetros cuadrados cada jornada, con un margen de error de menos de cinco metros. Mientras tanto, el WorldView-1, también de DigitalGlobe, recoge hasta 1,3 millones de kilómetros cuadrados diarios.

Los satélites ópticos tienen incorporadas cámaras bastante potentes, con mucho 'zoom', y a diferencia de las cámaras normales, “no sólo captan la radiación del color rojo, verde y azul, sino que también recogen aspectos que no son del espectro visible, como pueden ser las frecuencias de infrarrojos”, explica Mateo Burgos, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.

Algunos de esos infrarrojos son sensibles a la vegetación y pueden utilizarse para ver cómo los bosques crecen, o cómo han variado las cosechas. Otros pueden medir el calor y captan zonas brillantes donde hay focos como consecuencia de incendios o explosiones.

Este tipo de satélites necesitan la luz del día para poder tomar sus imágenes. Sin embargo, los satélites con radar son capaces de tomar imágenes de noche y de día, y pueden ver incluso superando obstáculos como la niebla o las nubes. “Son capaces de atravesar esos obstáculos e incluso pueden ver cosas enterradas en el suelo, a escasa distancia de la superficie”, explica Burgos. De ahí que se haya estudiado su aplicación para la detección de minas antipersona.

Barreras en el camino

Las imágenes que toman estos satélites tienen que ser interpretadas por analistas humanos. En este sentido, los ópticos juegan con ventaja, ya que las imánges que obtienen son muy similares a las que nuestros ojos están acostumbrados. Las que se toman con radar son más díficiles de analizar, no tienen color y si lo tienen no suele corresponderse con el real.

Por eso necesitan de un proceso muy complejo para ser entendidas e interpretadas, y aunque las imágenes son realmente de ayuda en muchas ocasiones, “es difícil confirmar una masacre utilizando sólo imágenes satélite”. Eso hace que, en la medida de lo posible, intenten contrastarlas con datos recogidos desde el terreno, nos explica Micah Farfour, analista en DigitalGlobe.

Por otra parte, estos satélites circulan de un polo a otro, dando vueltas, y siguiendo habitualmente una órbita concreta. En ese camino van tomando las fotos, y a cada vuelta que dan se desplazan un poco en la órbita para no pasar siempre por el mismo sitio. Por eso el tiempo que tarda en visitar de nuevo los lugares por los que pasó ayer es más o menos largo (puede tardar varios días), lo que hace difícil conseguir información detallada y al minuto de cada lugar.

Aunque hoy no podamos saber que acaban de bombardear una ciudad en Iraq, sí podremos saberlo mañana. Al fin y al cabo, “ si han masacrado un lugar, cuando el satélite vuelva a pasar verá las casas destruidas, verá que algo ha cambiado, verá el recorrido que ha hecho un grupo de personas que huye de sus países en guerra”, afirma Burgos.

España también controla, a través del Ministerio de Defensa, dos satélites de este tipo: el Paz (radar) y el Ingenio (óptico). El primero tiene un tiempo de revisita de un día, es bastante rápido y puede colaborar con otros satélites para que esa visita se realice, por ejemplo, cada 12 horas.

Prueba ante un tribunal

Este tipo de información visual se ha utilizado en varias ocasiones como prueba en tribunales, en la Corte Penal Internacional y hasta en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY). “Por ejemplo, la aplicación en 2008 de una orden de arresto contra Omar Al-Bashir, presidente de Sudán, se hizo gracias al uso de imágenes de satélite que demostraban la destrucción de aldeas en Darfur”, explica Olof.

También son utilizadas en investigaciones independientes que, a menudo, influyen en procesos judiciales. Así se han utilizado para investigar el conflicto entre Rusia y Georgia o las violaciones de derechos humanos en las cárceles secretas de Corea del Norte.

Desgraciadamente, la tecnología aún plantea muchas limitaciones. El principal reto a la hora de utilizar estas imágenes en un contexto legal es el análisis e interpretación exahustivos que requieren. Un tribunal podría no aceptarlas como prueba si lo que muestran no es muy evidente.

Al fin y al cabo, como explica Burgos, son imágenes digitales tomadas a cientos de kilómetros de distancia (por ejemplo, el GeoEye-1 está a 681 kilómetros de altitud). "El tamaño del píxel es muy gordo, y físicamente hablamos del orden de dos por dos metros cada uno”. Por eso ver cosas pequeñas, como personas, es realmente difícil. Para hacer frente a este problema, se está empezando a investigar con aviones no tripulados equipados con sensores que actúan de forma similar a los satélites.

En cualquier caso, estas imágenes satelitales proporcionan “una evidencia irrefutable y casi de carácter científico” de que se está produciendo una violación de los derechos humanos, afirma Olof. Las imágenes son poderosas y ayudan, añade, a movilizar a los ciudadanos. Lyons recuerda que esta debe ser una herramienta más para la denuncia, no la única, e insiste en que los defensores de los derechos humanos deben volver, siempre que sea posible, a andar sobre el terreno. La defensa de esos derechos ni puede ni debe reducirse a la tecnología.


* El Diario - Lucía El Asri - 21.4.15
Foto: No hay periodistas ni investigadores de derechos humanos capaces de acceder a una zona como Baga (Nigeria)- digitalglobe

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