Un informe de la UDEF desvela la dependencia de varias constructoras de las adjudicaciones del PP

El caso 'Bárcenas' sigue desvelando noticias de gran calado político-empresarial, sin que la justicia se digne a 'tirar de la manta' y acusar directamente a la plana mayor del partido que ha estado cometiendo durante años graves ilegalidades de trasfondo urbanístico para conseguir elevadas comisiones. Así se sabe que algunas de las empresas que figuran como donantes en los papeles de Bárcenas recibían hasta un 80% de sus contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP, hecho éste de una gravedad tal que haría actuar de inmediato a cualquier justicia no politizada como ésta. Pero aquí parece ser que los grandes delincuentes, los llamados de cuello blanco, siguen libres en la calle, mientras a los pequeños se les castiga sin más miramientos. Y a este estado de cosas 'algunos' lo llaman democracia.
"ELDIARIO* : Varias de las 15 empresas que figuran como donantes en la supuesta contabilidad B del Partido Popular elaborada por Luis Bárcenas recibieron más de la mitad de sus contratos públicos en el periodo 2002-2009 de administraciones gobernadas por el PP. En algunos casos la cifra llegó a alcanzar el 80% de las adjudicaciones procedentes de la Administración central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Así se desprende de un informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que se cruzan las adjudicaciones realizadas por el conjunto de las administraciones públicas y las gobernadas por el PP a estas 15 compañías, esencialmente constructoras, con las anotaciones manuscritas del extesorero del Partido Popular.

El documento, de 496 páginas y al que ha tenido acceso eldiario.es, fue remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el viernes.

La Udef, que confirma que todas las empresas que presuntamente entregaron fondos al PP recibieron adjudicaciones de administraciones públicas gobernadas por ese partido –algo prohibido por la ley–, divide las 15 constructoras en cuatro grupos en función del porcentaje de los contratos públicos adjudicados por el PP en los años transcurridos entre 2002 y 2009.

Según el informe, dos sociedades, Aldesa y Licuas, recibieron el 80% de sus contratos públicos de gobiernos (ayuntamientos, ejecutivos autonómicos o administración central) del PP. En el caso de Assignia (Constructora Hispánica) y Asedes, las adjudicaciones de gobiernos populares superan el 50%. La cifra es de más del 30% en los casos de Bruesa, FCC, OHL y Sacyr y de menos de ese porcentaje para Azvi, Cyopsa, Degremont, Romero Polo, Rubau, Sando y Sorigué.

Cabe señalar que durante la mayor parte del periodo analizado por la UDEF la Administración central estaba en manos del PSOE y que el Partido Popular sólo mantuvo el poder en la totalidad de los ocho años analizados en la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Murcia y La Rioja.

Dependencia del PP

Aunque la UDEF indica que "la cuantía e importe" de las adjudicaciones públicas recibidas por los presuntos donantes del Partido Popular "sigue con carácter general la tendencia de la evolución de la licitación pública en este periodo" (evolución creciente hasta la llegada de la crisis en los dos últimos años de la serie), los datos recogidos por la UDEF revelan una importante dependencia de algunas constructoras de las administraciones del PP. Una relación que lleva a que su compartamiento durante el tiempo analizado sea muy distinto al de otras empresas de su sector.
El caso más llamativo es el de Aldesa. Según recoge el informe, esta constructora pasó de recibir adjudicaciones públicas por valor de 703 y 491 millones de euros en los años 2002 y 2003 a 75 millones de euros coincidiendo con la salida del PP de Moncloa en el año 2004. Desde ese momento, el volumen facturado a la administración por esta sociedad no vuelve a superar los 201 millones de euros en todo el periodo analizado. Se da la circunstancia de que en 2002, el año de mayor número de adjudicaciones públicas a esta compañía, todas proceden de gobiernos del PP.
El origen de las adjudicaciones a esta empresa varía también de forma notable tras la derrota electoral de Rajoy en marzo de 2004. Si con Aznar en el Gobierno la mayor parte de las adjudicaciones públicas procedían de la Administración central, a partir de ese momento sus principales clientes pasan a ser gobiernos autonómicos y ayuntamientos, habitualmente en manos del PP.

Según señala el informe, las anotaciones manuscritas de Luis Bárcenas incluyen entregas de fondos con los conceptos Aldesa y J.M. Rubio (que la UDEF identifica como Juan Manuel Fernández Rubio, exvicepresidente de la compañía) en los años 2002, 2003 y 2004.

Información insuficiente para vincular donaciones y adjudicaciones

En el resumen que encabeza el informe, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal señala las dificultades para establecer vínculos entre las supuestas donaciones al PP anotadas por Bárcenas con las adjudicaciones de administraciones gobernadas por el Partido Popular a las empresas donantes.

"Para establecer una correlación entre dichas donaciones de dinero y los procesos de adjudicación pública en los que las empresas, con las que se encuentran relacionadas las personas que figuran como aportantes de fondos, tienen intereses, sería preciso disponer de información adicional que permita realizar unas inferencias lógicas a partir de un conjunto de elementos cuantitativos, temporales y subjetivos de los que en estos momentos no se dispone", indica la Udef.


* El Diario - Ander Iñaki Oliden - 17.4.13
Foto: Bárcenas con policía - eldiario



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El TSJA declara firme una sentencia que da a la Junta el suelo del Algarrobico

El caso del hotel ilegal de 'El Algarrobico' no tiene fin a la vista. Las sentencias judiciales siguen y siguen cayendo, normalmente contrarias a la empresa constructora y al Ayuntamiento de Carboneras, pero no hacen más que liar la madeja de una situación encallada y confusa, salvo que alguien con más autoridad y decisión se proponga finalmente la urgente demolición. Ahora parece ser que la Junta de Andalucía es la propietaria legal de los terrenos donde se asienta el 'mamotreto', en contra de la que afirmaba la empresa privada, pero, en realidad, no se sabe si esta es la misma Junta que permitió su construcción por omisión de control y vigilancia. Así que todo queda flotando en el aire, una vez más.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado la firmeza de una de las tres sentencias que dan a la Junta andaluza la propiedad del suelo sobre el que se levanta el hotel de Azata en la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), por un importe de 2,3 millones de euros. La resolución, que desestimó el recurso de apelación del Ayuntamiento de Carboneras contra el derecho de retracto que ejerció el Gobierno que presidía Manuel Chaves en 2006, es firme en virtud de un auto de 13 de enero, aunque no ha entrado aún en ejecución, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Por otro lado, la Junta no ha solicitado la ejecución, en este caso provisional, de las otras dos sentencias dictadas en diciembre que validaron el citado derecho de retracto y que han sido recurridas en casación ante el Tribunal Supremo (TS) por la promotora Azata y la constructora Azata del Sol.

Azata formalizó el recurso el 11 de febrero mientras que Azata del Sol lo hizo a principios de abril, según han precisado las mismas fuentes, que ha indicado que en ambos procedimientos ninguna de las partes personadas, en este caso Junta y propietarias del establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones, han interesado la ejecución de forma provisional.

La sentencia de la Sección Primera del Alto Tribunal que ya es firme, dictada en octubre de 2013, considera conforme a derecho el retracto ejercido por la Junta sobre cinco fincas propiedad de Azata y establece que el suelo es, por tanto, de titularidad pública.

En esta línea, designa al delegado de Medio Ambiente para que, en nombre de la Junta, formalice las escrituras de compraventa o, en su defecto, actas de pago y ocupación, así como la demás documentación necesaria para la "total inscripción" de las cinco fincas que componen los sectores ST-1 y ST-2 de El Algarrobico en "los registros pertinentes".

Apunta, con respecto a la posibilidad o imposibilidad de restaurar los terrenos a su estado primitivo, que el destino que haya de darse a los terrenos objetos de litigio "es una cuestión que se suscitará con posterioridad y a resultas del derecho de retracto".

Notorio interés medioambiental

La Junta de Andalucía adquirió por 2,3 millones de euros a la promotora en septiembre de 2006 el suelo con el objetivo, según indicó el entonces presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves, de restaurar la zona para devolverla al estado anterior a su construcción y de hacer "desaparecer" el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones.

El TSJA subrayó en su sentencia que el interés medioambiental del paraje "resulta notorio" por estar bajo hasta seis figuras conservacionistas europeas y aludió a la sentencia que dictó la misma sala en junio de 2012, en la que se revocaba el PORN que entró en vigor en 2008 al entender que había rebajado el nivel de protección con respecto a 1994 y que este podía "hacer factible la realización de nuevas edificaciones o rehabilitación de las ya existentes".

En este punto, entraba de lleno en la controversia que ha marcado todos los procedimientos en torno al hotel y que se centra en la "más que cuestionable calificación de urbanizable de los terrenos" y hacía referencia a los planos modificados en 1997 por la Junta y en la que se basó el Ayuntamiento para dar vía libre a la construcción del hotel ya que la zona "debatida" aparecía como D2 o urbanizable ordenada.

Recordaba que el Alto Tribunal ya calificó esta sustitución de planos como "un mecanismo burdo para pasar el suelo de especial protección a no urbanizable" y consideró que "había sido una triquiñuela para hacer jugar a la inversa la jerarquización de los planteamientos urbanísticos y medioambientales, adaptando el PORN a la normativa municipal, lo que está vedado".

De hecho, poco después el mismo tribunal emitía un auto en el que se declaraba el paraje "espacio protegido no urbanizable" y obligaba a su publicación en BOJA, un pronuncionamiento que entra en contradicción con el dictado por la Sección Tercera el pasado mes de marzo en el que cataloga los sectores ST-1 y ST-2 como "urbanizables" y que ha llevado a los colectivos ecologistas y a la propia Junta a recurrirla en casación ante el TS.


* El País - EP - 22.4.14
Foto: Miembros de la plataforma Desmontando El Algarrobico, durante una protesta el pasado día 16 a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. / MIGUEL ÁNGEL MOLINA (EFE)

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El exalcalde de Las Rozas, imputado por prevaricación y desobediencia

En este caso de Las Rozas (Madrid) se solapan dos actividades ilegales con el mismo fin delictivo de la utilización indebida de fondos públicos. Por un lado hay un municipio rico del extrarradio de la capital, cuyos sucesivos gobiernos 'populares' han sido varias veces imputados y condenados por delitos urbanísticos (por ej. con el Plan de Ordenación Urbana); y por otro, una utilización de terrenos públicos para un 'deporte' tan conflictivo urbanísticamente como es el fútbol. Así, en la ya tristemente famosa Ciudad del Fútbol, la justicia vuelve a imputar el exalcalde de la localidad y a numerosos concejales del anterior gobierno municipal, algunos todavía en activo.
"ELPAÍS* : Bonifacio de Santiago Prieto, diputado regional del Partido Popular y exalcalde de Las Rozas, ha sido imputado por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación por las reiteradas decisiones adoptadas para no ejecutar una sentencia que obliga a la Federación Española de Fútbol (RFEF) a devolver al Ayuntamiento el espacio de casi 115.000 metros cuadrados que ocupa la actual sede de la Ciudad del Fútbol.

También han sido imputados siete concejales del PP del anterior Gobierno municipal, de los que tres continúan en el gabinete del regidor actual, José Ignacio Fernández Rubio: Antonio Garde Fernández-Fontecha, concejal de Deportes; José Luis Álvarez de Francisco, edil de Hacienda; y Francisco Javier Espadas López-Terradas, actual responsable de Innovación y Administración electrónica, protección civil, ferias y fiestas. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) les citó a declarar a principios de mayo.

La decisión judicial (firme desde 2007) anula el acuerdo de pleno de 1998 por el que se cedieron los más de 100.000 metros cuadrados a la RFEF, que preside Ángel María Villar, terrenos en los que se edificó un complejo deportivo. Los imputados deberán responder sobre las razones por las que donaron a la Federación de Fútbol, y a coste cero, unos terrenos que eran de dominio público. Al tratarse de bienes demaniales, no patrimoniales, no se podían donar salvo a entidades de derecho público sin ánimo de lucro. Tras sucesivos incumplimientos y los consiguientes parches municipales, el Consistorio aprobó el pasado septiembre el pliego de condiciones para la adjudicación de la concesión de la Ciudad del Fútbol.

“Llevamos esperando siete años a que se cumpla la ley... ¿Acaso la ley no es igual para todos? Sobre todo cuando los desahucios de domicilios, por ejemplo, se ejecutan de manera implacable y estos señores permanecen usurpando un dominio y sin pagar un solo euro al ayuntamiento”, critica el portavoz local del PSOE, Miguel Ángel Ferrero. El responsable socialista es favorable a que la Federación Española continúe en la localidad, y cree que los fallos judiciales así lo harán posible, ya que la sede de la selección “permanecerá en Las Rozas de una manera legal al evitarse precisamente el pelotazo urbanístico”. “Lo único que pedimos es que la Federación pague al municipio lo que le corresponde. Y resulta que debe al municipio 75 millones de euros por el aprovechamiento del espacio de la Ciudad del Fútbol”.

“Es inconcebible que el PP haya consentido que la Federación haya estado lucrándose durante diez años de unos contratos ilegales y nulos en virtud de las sentencias judiciales, que suponen una media de 7,5 millones de euros anuales”, reflexiona Ferrero.

El PP cuenta con 16 concejales en Las Rozas, por cuatro del PSOE, tres de UPyD y dos de IU.


* El País - JOSÉ MARCOS - 22.4.14
Foto: La Ciudad del Fútbol de Las Rozas. / ULY MARTÍN

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Autopistas: las constructoras siempre ganan

La estafa de las autopistas de peaje continúa su carrera de fondo en este país, tras 30 años de las primeras quiebras que hizo que el Estado acudiera con prontitud a su rescate. El asunto de fondo es una pésima planificación de las infraestructuras de transporte que, además, se ha politizado vergonzosamente, permitiendo que cada nuevo gobierno o partido en el poder tratara de ejecutar su propio Plan, muchas veces opuesto al anterior. Y esto, en algo especializado para durar en el tiempo, ha sido un desastre absoluto, cuando no un grave delito contra la hacienda pública. Se han realizado, sobre todo en los años pasados del 'boom' constructivo, autopistas de peaje despilfarradoras, con intereses partidistas para las empresas encargadas de su construcción y explotación, que han hecho que 'absurdamente' España esté a la cabeza mundial en su kilometraje. Algo claramente delictivo, sin pies ni cabeza.
"DIAGONAL* : “Ya no somos el viejo país atrasado que se queja, sino un país moderno y próspero”, clamaba José María Aznar en 2003 durante la inauguración de la Radial 2, una de las cuatro autopistas de peaje que rodean Ma­drid y una de las nueve que hoy se encuentran en quiebra o al borde de la misma, con deudas de 4.600 millones de euros. 2003 fue también el año en que la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), nacida de la nacionalización de tres autopistas de peaje de Galicia, Asturias y Na­varra, rescatadas en 1984 después de su quiebra, volvió, una vez sanea­das las cuentas, a manos privadas. Hoy, 30 años después de la primera quiebra, once después de la privatización de ENA, la historia se repite. Como ya ocurrió en 1984, el Gobierno rescatará las autopistas en bancarrota, esta vez tras hacerles una quita del 50% de la deuda.

El resto, unos 2.400 millones de euros que las empresas concesionarias aún deben a los bancos tras la quita, serán asumidos por el Estado a través de un ‘banco malo’ de autopistas, una nueva ENA, que pagará a las entidades financieras a través de bonos a 30 años. Lo que, según el Gobierno, no supondrá ningún gasto para las arcas públicas es, según el economista José Manuel Naredo, “pan para hoy y hambre para mañana”, ya que, “en vez de poner ya el dinero del presupuesto, precisamente por las exigencias de recortar el déficit, lo que se hace es endeudarse hacia el futuro a base de avalar deudas por parte del Estado”. Y esto sin contar con los sobrecostes de las expropiaciones, que se estimaron en 400 millones de euros y alcanzan ya los 2.300 millones.

En esta ocasión, las autopistas están concentradas en la Comunidad de Madrid y en la zona de Murcia y Alicante, nuevas vías de peaje que formaron parte de la gran segunda tanda de construcción de carreteras, según explica el ingeniero de caminos y experto en planificación y gestión de infraestructuras José Manuel Vasallo. Son las radiales 2, 3, 4 y 5, la autopista Eje Aeropuerto, la AP-41, que une Ma­drid y Toledo, la AP-36, entre Ocaña y La Roda, o la AP-7, desde su inicio en Alicante hasta Vera, pasando por Cartagena, además de la circunvalación de Alicante.

Todas ellas, adjudicadas entre 1998 y 2004, forman parte del boom de las autopistas. Al calor del boom inmobiliario, cuando en España se estaban construyendo más viviendas que en Francia y Alemania juntas, los kilómetros de autopistas se multiplicaban a un ritmo que parecía guardar poca relación con la demanda de uso de las mismas, y el Plan Estratégico de Infraes­truc­tu­ras y Transporte 2005-2020 anunciaba la creación de otros 6.000 kilómetros que se sumarían a los 9.000 ya existentes, convirtiendo al Estado español en el país europeo con mayor número de vías rápidas. Estas autopistas están marcadas por una de las grandes deficiencias de la Admi­nis­tración a la hora de planear infraestructuras: la previsión del tráfico.

“En general, las sobreestimaciones han existido siempre, sobre todo en los primeros años”, explica Vasallo. “Pero, a diferencia de las primeras, que tenían una escasa competencia, en el caso de las últimas, como las radiales a Madrid, las vías principales estaban ya construidas”. Y así, de los cien mil vehículos al día que Álvarez-Cascos vaticinaba que la Radial 2 iba a tener de media, esta vía, en su mejor momento, allá por 2007, superó por poco la décima parte para seguir bajando hasta los poco más de 4.500 coches diarios actuales. Cifras parecidas han tenido el resto de vías de pago que se han construido en Madrid; la de Madrid-Toledo, que ya en su primer año registraba un tráfico un 80% menor del esperado; o la de Ocaña-La Roda, que en 2013 apenas superaba los 2.800 vehículos al día. A partir de 2013, el Gobierno aumentó una de sus líneas de ayuda a las autopistas, las cuentas de compensación, que pasaron de garantizar un 49% a un 80% de los ingresos previstos pero no alcanzados por las concesionarias.

Una legislación a medida

“El modelo español [de concesión de obra pública] es un modelo donde ha primado mucho el reequilibrio económico financiero”, explica Vasallo. Desde que en 1972 se aprobó la Ley 8/1972, de ‘Construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión’, en la que se recogían varios reales decretos por los que se hicieron las primeras concesiones de autopistas en el Esta­do español, la legislación ha ido encaminada a minimizar el riesgo para las empresas.

En el año 2003 se aprobó la Ley 13/2003, del 23 de mayo, reguladora del conrtato de concesión de obras públicas, para adaptar la legislación a la normativa de la Unión Europea, una normativa, según señala Vasallo, “más orientada a que haya una adecuada transferencia de riesgos, a preservar mucho la competencia y limitar la renegociación”.

El concepto de ‘riesgo’ por parte de la empresa concensionaria era uno de los más repetidos en la normativa europea, riesgo a no sacar los beneficios esperados que la empresa concesionaria tendría que asumir. En la traducción al sistema español, ese concepto de ‘riesgo’ se vería suavizado con el de ‘equilibrio económico’, por el que el Estado compensa a la empresa concesionaria cuando no saca el rendimiento esperado de la explotación de la infraestructura. “En muchos casos, esa compensación económica viene a través de un incremento de plazos, de un cambio en las tarifas, etc. Eso, así, parece razonable, el problema es cuando no hay transparencia sobre lo que ocurre”, comenta Vasallo a DIAGONAL. Según aparece citado en su estudio La intervención de la Administración ante las dificultades financieras de las sociedades concesionarias de autopistas de peaje, publicado en 2011 por el Instituto de Estudios Fiscales, en 14 autopistas se han producido renegociaciones de plazos, en algunas de ellas, como la de Valencia-Ali­cante, hasta en tres ocasiones, ampliando el plazo de concesión de los 27 años iniciales hasta los 47 años.

A este principio de ‘equilibro económico’, en la legislación española se le une otro concepto, el de ‘responsabilidad patrimonial’, que en muchos casos alcanza casi la totalidad de la inversión realizada por las concesionarias en la infraestructura. Según el texto original de las distintas concesiones, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, la responsabilidad patrimonial de la Administración de las nueve vías que a día de hoy se pretenden rescatar alcanzaba los 3.502 millones de euros, y en la mayoría de los casos ya se preveía que una parte de esta responsabilidad patrimonial fuera destinada al pago de expropiaciones de terrenos destinados a la construcción de estas carreteras. Fue el caso de la Circunvalación de Alicante, en cuya construcción la concesionaria, Ciralsa, formada en un 50% por ACS y la mitad restante repartida entre Abertis y Global Vía, empresa resultante de la fusión de las concesionarias de Fomento Cons­truc­ciones y Contratas (FCC) y Bankia, invirtió 445 millones de euros, respaldados, según dictó el Real Decreto 282/2004, de 13 de febrero, con una responsabilidad patrimonial de la Administración que ascendía a 398,6 millones de euros si la concesionaria quebraba y, por lo tanto, no podía explotar la infraestructura durante los 36 años de plazo de la concesión. Incluidos en ese monto, ya se contemplaban casi 89 millones de euros destinados al pago de expropiaciones de terrenos.

Menos riesgo aún corría la aventura en el sector de las autopistas de Ferrovial y Sacyr cuando se lanzaron a construir la Radial 4, adjudicada en el año 2000 por el entonces ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos. La infraestructura, en la que la concesionaria, Autopistas Madrid Sur, invirtió 553 millones de euros, estaba también bien respaldada, en su caso por una responsabilidad patrimonial de la Administración que iba más allá del importe de la construcción, 559,6 millones de euros, por si le iban mal los negocios antes de que pasaran los 65 años de plazo de concesión de la vía.

En los papeles de Bárcenas

“Las familias de poder en este país son las mismas desde hace años. Y esas familias van buscando nuevos nichos de negocio, construyeron vivienda, luego presas, luego vivienda de nuevo, luego otra vez infraestructuras, compraron empresas energéticas… El capital español ha quedado en muy pocas manos y va mutando ligado al poder”, explica un miembro de Basurama, colectivo que, a través del proyecto 6000km.org documenta desde 2006 el consumo de territorio.

Por eso quizá no sorprende volver a encontrar a estas familias en las anotaciones de los papeles de Bárcenas. Como el pago que realizó Manuel Contreras, de 120.000 euros, el mismo día que el Consejo de Ministros adjudicaba la obra de la AP-41 a la concesión de la que formaba parte su empresa, Azvi. O el realizado, según los apuntes, por José Luis Sánchez Domínguez, presidente de Sando, otra de las adjudicatarias de la AP-41, dos días después de la concesión, según la querella presentada por Ecologistas en Acción, la Asociación Libre de Abogados e Izquierda Unida.

No son las únicas. Los presidentes de las macroempresas de infraestructuras Sacyr, OHL, FCC y Ploder, concesionarias de varias de las autopistas ahora en quiebra, también aparecen, a partir de 2004, como donantes del PP según los papeles del extesorero. El propio Luis Bárcenas tiene cierta experiencia con las autopistas. En el año 2002, el extesorero del Partido Popular pasó a estar en nómina de Auto­pistas del Atlántico, una de las vías gestionadas por ENA, poco antes de que dejara de ser una empresa pública para pasar a formar parte de los activos de Sacyr a cambio de 1.586 millones de euros.

“Según hemos podido ver ahora en sede judicial, en todos los supuestos las autopistas tenían informes técnicos desfavorables por parte de los técnicos de los ministerios porque entendían que no había demanda suficiente. A pesar de eso, todas se contrataron, obviamente para seguir manteniendo este sistema de financiación irregular del Partido Popular”, explica Enrique Santiago, abogado de IU en la querella Bárcenas. La concesión de la Autopista Madrid-Toledo forma parte de la querella popular. El resto, al haber pasado diez o más años, habrían prescrito. Por lo pronto, según confirma Santiago, la concesión de la autopista no está siendo una vía prioritaria de investigación.



40 AÑOS LEGISLANDO DEL LADO DE LAS EMPRESAS

Ley 8/1972, de 10 de mayo // La ley de conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión reunía en una normativa los reales decretos aprobados, desde 1967, para la aprobación de concesiones de autopistas de peaje.

Ley 13/2003, de 23 de mayo // La adaptación a la normativa europea se aprovechó para cambiar algunos detalles en la normativa de concesiones de autopistas, como la derogación del artículo 26 b., sobre la responsabilidad con los expropiados, o el límite en 75 años.

Ley 17/2012, de 27 de diciembre // Como respuesta a la campaña #novullpagar, el Gobierno añadió un nuevo artículo a la ley de concesiones, el 29, con el que se endurecen y facilitan las sanciones a los que no paguen los peajes de las autopistas.

Ley 1/2014, de 24 de enero // Como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2013, en la que se confirma la responsabilidad de la Administración en el pago de las expropiaciones, se añade el artículo 17 para incluir esta disposición, señalando que este monte se descontará de la responsabilidad patrimonial de la Administración.


* Diagonal - Ter García, Gladys Martínez - 15.4.14
Foto:  Autopistas de peaje vacías - elpais.com



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La lucha vecinal se intensifica en Madrid con un centenar de protestas activas en los barrios

A raíz de la gran protesta del 15 de mayo de 2011, parece que la ciudadanía se ha vuelto más reivindicativa ante los numerosos ejemplos de corrupción y recortes político-financieros de todo tipo. Tras las importantes 'Mareas' especializadas, la lucha se ha diversificado por todos los barrios de Madrid, a través de los propios vecinos y Plataformas creadas al efecto, sobre todo tras la desaparición y/o complicidad política de los sindicatos 'oficialistas'. Es importante conocer que estas protestas en la mayoría de las ocasiones van dirigidas contra el urbanismo depredador que acosa a los habitantes de una zona, acrecentado por los recortes sin límite de las administraciones implicadas. A continuación se hace un desglose pormenorizado, barrio por barrio, de estos casos de indignación madrileña.
"20MINUTOS* : El movimiento vecinal está más vivo que nunca. Las asociaciones de los barrios y municipios madrileños están intensificado en los últimos meses las protestas contra los recortes que sufren en sus vecindarios y para reclamar la construcción de nuevos equipamientos públicos. Actualmente, los vecinos madrileños mantienen activas más de un centenar de reivindicaciones sobre problemas concretos de sus barrios, según la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (Fravm). De hecho, prevén una primavera caliente con acciones y manifestaciones en diferentes barrios y municipios.

"Ha habido un repunte de la movilización como respuesta a los recortes. Este es uno de los momentos en que más se está expresando la lucha vecinal porque se ha demostrado que organizándose y saliendo a la calle se pueden transformar las cosas", asegura Ignacio Murgui, presidente de la Fravm. La Federación se ha marcado el objetivo de "impulsar la recuperación del espacio urbano para realizar asambleas abiertas regulares y salir a la calle", según un documento interno de la entidad, que marca su hoja de ruta para los próximos meses. Se plantean la posibilidad de "realizar plenos alternativos coordinados entre los distritos" y de ampliar el movimiento vecinal a "pueblos de más de mil habitantes que carecen de asociación".

Entre los motivos de estas reivindicaciones se encuentran la lucha para evitar el cierre de institutos, la petición de remodelación de colonias degradadas, la construcción de centros sanitarios en barrios con déficit de ambulatorios, la instalación de ejes viarios para favorecer la movilidad en los barrios o el desarrollo de mejoras en el transporte público. En los últimos días estas protestas se han traducido en manifestaciones con centenares de vecinos, como las realizadas para pedir la construcción de institutos en Butarque o el PAU de Vallecas, la reapertura de las bocas del metro en Valdebernardo y Nueva Numancia, o el uso público de la finca Torre Arias, en San Blas.
"La ciudadanía está dando un paso adelante. Hay tres motivos para este aumento de las movilizaciones. Principalmente, el desencanto hacia la clase política hace que se unan para buscar una solución a los problemas. Además, se perciben los recortes sociales y los ciudadanos luchan para mantener los servicios. Y por último, los vecinos están motivados porque ven que cuando se organizan tienen éxito en sus peticiones", explica Ramón de Marcos, sociólogo experto en movimientos ciudadanos. Además de esas protestas de barrio, los colectivos vecinales también tienen cada vez más participación en plataformas "contra los desahucios, la privatización de la sanidad pública o el deterioro del transporte público", destacan fuentes de la Fravm. Incluso, estos días han vuelto a resurgir los colectivos antiparquímetros para exigir la retirada del SER en zonas periféricas.

Las principales protestas, distrito a distrito

Arganzuela: Los vecinos reivindican la construcción de un instituto para el entorno de Legazpi y Delicias e incluso proponen ubicarlo en los solares existentes entre la antigua estación y el parque Enrique Tierno Galván, que están catalogados como suelo dotacional. Sin embargo, temen que el nuevo Plan General Urbanístico convierta esos terrenos en uso residencial o lucrativo. Por otro lado, están recogiendo firmas para que se eliminen las antiguas vías de mercancías Delicias-Abroñigal, que forman una barrera entre dos barrios. Proponen sustituirlas por una vía verde.
Barajas: Una década después de anunciarse la remodelación del Barrio del Aeropuerto, los vecinos avanzan más movilizaciones para que se lleve a cabo. Los antiguos y degradados edificios se iban a rehabilitar para dejar paso a modernas construcciones, con nuevas zonas verdes, pero el plan sigue en el aire y los residentes exigen su ejecución.
Carabanchel: Los residentes piden que la finca de Vista Alegre, un vergel en el centro del distrito, se abra como jardín público para disfrute de los ciudadanos. El Ayuntamiento no se decide a habilitar este jardín, pese a las constantes manifestaciones, fiestas reivindicativas y acciones que llevan a cabo los vecinos. Los vecinos tampoco abandonan sus protestas contra el Ivima por la cantidad de pisos públicos vacíos, abandonados por falta de mantenimiento y con impagos a las comunidades de propietarios.
Centro: El ruido es el principal caballo de batalla de todas las agrupaciones vecinales de Centro: la proliferación de terrazas y locales de ocio nocturno sigue sin freno, lo que ha llevado a los vecinos a acudir a la Defensora del Pueblo e incluso a amenazar con demandas ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Otra petición insatisfecha es la de construir un polideportivo junto al antiguo mercado de la Cebada. El Ayuntamiento demolió las anteriores instalaciones deportivas con la promesa de levantar un centro nuevo, pero aún no se ha realizado.
Chamartín: Los vecinos se volcaron contra la conversión del hospital de La Princesa en un geriátrico. Consiguieron su objetivo mediante marchas y firmas, pero todavía siguen alerta. Además, exigen a la Consejería de Sanidad que construya un nuevo centro de especialidades médicas, ante la carencia de equipamientos sanitarios.
Chamberí: El gran objetivo de los vecinos es la construcción de un parque público en los terrenos que ocupa el campo de golf del Canal de Isabel II. Consiguieron que un juez lo declarara ilegal y ahora siguen luchando para que el jardín sea de entrada libre para los ciudadanos. También son parte activa en la reivindicación de un plan para rehabilitar el edificio histórico del Beti Jai y convertirlo en equipamiento público.
Ciudad Lineal: Dos protestas siguen abiertas en el distrito, después de muchos años de reivindicaciones: una es la construcción de un centro de salud en La Elipa, un barrio con carencias sanitarias; la otra exige el desmantelamiento de las torres y cables de electricidad que son considerados como peligrosos por los vecinos, sobre todo en la zona de Quintana.
Fuencarral-El Pardo: La Comunidad cerró el centro de especialidades del distrito, obligando a los vecinos a desplazarse hasta el hospital de La Paz. Intentaron evitar el cierre y no lo consiguieron, pero todavía no se han dado por vencidos y siguen pidiendo su reapertura. Además, son constantes las marchas vecinales para exigir la habilitación de equipamientos educativos, sanitarios y deportivos en los PAU de Montecarmelo y Las Tablas.
Hortaleza: Los vecinos se están movilizando para impedir que el instituto Rosa Chacel pierda su ciclo de Educación Secundaria. También siguen en pie las acciones vecinales para que se terminen de remodelar los edificios de la UVA y del poblado de Canillas, dos barrios deteriorados pendientes de una rehabilitación.
Latina: En Batán llevan años tocando a la puerta del Ayuntamiento para pedir el soterramiento de la A-5. Es la solución que proponen contra el elevado nivel de ruido que sufren por el tráfico de la vía a su paso por el barrio. Incluso han llevado al Ayuntamiento a tribunales por los daños que ese ruido provoca en la salud de los vecinos. Otro foco de protestas está en la Colonia de los Olivos, una zona conflictiva del distrito que sigue a la espera de un proyecto de remodelación.
Moncloa: Los residentes del entorno de Ciudad Universitaria exigen el desmantelamiento del Ciemat, un centro de almacenaje de residuos nucleares, al considerar que es nocivo para su salud. Su lucha les ha llevado a pedir estudios epidemiológicos y a constantes manifestaciones que continúan vivas hoy en día. Se han hecho trabajos de descontaminación, pero los vecinos piden que continúen hasta que haya "reactividad cero". También realizan con frecuencia fiestas reivindicativas y actos simbólicos para solicitar una mayor protección para la Dehesa de la Villa.
Moratalaz: La asociación vecinal reivindica la reforma de áreas degradadas del distrito, como los polígonos A, C y G, así como los barrios 1 y 2 de Pavones. Además reclaman que se finalice el ámbito de la Cuña Verde y que se mantengan en condiciones las áreas de este parque que ya están construidas.
Puente de Vallecas: La vivienda centra las protestas de los vallecanos. Por una parte, reclaman activamente el cobro de las subvenciones para la rehabilitación prometidas por la Comunidad. También solicitan que se finalice la construcción del Ecobarrio en el Ensanche, un ambicioso plan urbanístico que permanece paralizado con aspecto de barrio fantasma.
Retiro: El barrio reclama la construcción de un centro de especialidades médicas para cubrir la carencia de equipamientos sanitarios y exigen que se ponga ya en servicio el teatro proyectado en los antiguos cuarteles de Daoiz y Velarde.
Salamanca: Los vecinos están manteniendo diálogos con las administraciones para que habiliten equipamientos públicos en los terrenos de las cocheras de Metro de Ventas. La intención de la Comunidad es construir allí un centro comercial.
San Blas: Hace dos semanas, los vecinos se manifestaron en las puertas de la finca Torre Arias para que el Ayuntamiento abra los jardines y destine todo el recinto a dotaciones públicas. También se movilizan por la construcción de centros sanitarios (como un nuevo ambulatorio en Gran San Blas) y por el mantenimiento de centros educativos (como el instituto Barrio de Bilbao).
Tetuán: Una reivindicación histórica que sigue en marcha es la petición de equipamientos públicos (escuela infantil y biblioteca, entre otros) en las cocheras de Metro de Cuatro Caminos. La Comunidad planea construir allí viviendas y una zona verde. Además, el Ayuntamiento ha aprobado un plan para urbanizar las cocheras cercanas de Bravo Murillo, con pisos y equipamientos. Por otro lado, los vecinos se oponen a la venta de viviendas públicas por parte del Ivima en La Ventilla.
Usera: Los vecinos reclaman la construcción de una biblioteca en San Fermín y la remodelación de otra en Orcasur, mediante recogidas de firmas y reuniones con el Ayuntamiento. Otra de sus prioridades es la reforma integral y la reactivación del mercado de Orcasur, para potenciar el tejido económico del barrio.
Vicálvaro: Cientos de vecinos marcharon la semana pasada por la calle Pinillas para exigir la apertura de la boca de Metro de Valdebernardo, que fue cerrada dentro del plan de ahorro de la Comunidad. También hay protestas por cierres de vestíbulos en Nueva Numancia (Vallecas) y en El Capricho (Barajas).
Villa de Vallecas: Los malos olores procedentes de la incineradora de Valdemingómez centran las reivindicaciones vecinales, que piden su cierre definitivo. Los vecinos del PAU se han manifestado recientemente para pedir la habilitación de un instituto y un colegio, dada la falta de estos centros en el barrio. Además, se movilizan por la construcción de una conexión viaria entre el barrio y el hospital Infanta Leonor.
Villaverde: Los vecinos de Butarque se muestran entre los más activos de la capital. Salen a la calle con frecuencia para pedir un instituto, la retirada de una gasolinera o la regeneración del parque Lineal del Manzanares. En otras zonas del distrito exigen la rehabilitación de sus barrios, como en San Cristóbal de los Ángeles, Los Rosales o Villaverde Bajo.

Vecinos activos en toda la región

En el resto de municipios madrileños, también hay destacadas luchas vecinales. En Alcalá se oponen a la eliminación de Secundaria en el instituto Avellaneda y en Coslada piden que permanezca el bachillerato tecnológico del centro Luis Braille y la Secundaria en el de La Cañada. También en Coslada rechazan las derivaciones del hospital del Henares. Mientras, en Alcorcón hay protestas activas por el servicio de recogida de vidrio, por la falta de limpieza viaria y contra los recortes en las escuelas de adultos, danza y música. Los vecinos de Fuenlabrada reclaman que Coca Cola mantenga su planta en el municipio y que el edificio clasusurado del colegio Julio Verne se reconvierta en centro multifuncional. En Morata mantienen una lucha vecinal contra la incineración de residuos en la fábrica de cementos Portland y los residentes de Villaviciosa se oponen a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana que prevé urbanizar gran parte del municipio. Los ciudadanos de Leganés protestan por los recortes en las becas escolares de comedor y por la cesión de parcelas públicas a empresas privadas. Por su parte, en Majadahonda rechazan la eliminación de pistas deportivas y la tala de árboles en el parque de Colón. Además, en varios municipios, como Alcobendas y Majadahonda, denuncian la venta de viviendas públicas (de empresas municipales o del Ivima) a entidades privadas.


* 20 Minutos - MARIO TOLEDO - 14.4.14
Foto: Madrid, concentración vecinal en Vallecas para exigir instituto- J.Paris

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El fiscal imputa al alcalde de Porriño centenares de contratos fraudulentos

Otro caso más de corrupción urbanística en Galicia. Esta vez es en el municipio pontevedrés de Porriño, cuyo alcalde 'popular' otorgaba a dedo la contratación de obras a allegados empresariales, a pesar de los informes contrarios de la arquitecta y el secretario municipal. Es fácil imaginar que si algunos casos salen a la luz, debe haber una cantidad enorme de municipios en situación parecida, sobre todo cuando se utilizan subterfugios poco claros para que el delito no sea reconocible. Muchas veces hay hasta terceras personas que asesoran en la oscuridad para tratar de dar legalidad a la corrupción político-empresarial (recordemos Marbella por ejemplo). Hay que contar en casi todos los casos con el visto bueno o el 'pasotismo' de otras formaciones políticas y de los técnicos municipales para tratar de ocultar estos habituales delitos urbanísticos.
"ELPAÍS* : Prevaricación continuada, cohecho, malversación de fondos, tráfico de influencias y vulneración del derecho de los trabajadores por supuestas contrataciones irregulares. La titular del juzgado de instrucción nº3 de Porriño, C.Martínez, que acaba de levantar el secreto del sumario de dos causas abiertas contra el alcalde de este municipio, Nelson Santos, del PP, lo imputa por la contratación a dedo de empresas afines a cargos de su formación política y a familiares y por haber autorizado pagos por cuatro millones de euros —ignorando los reparos constantes del secretario y del interventor— por obras que, según consta en la denuncia de la fiscalía de Vigo, en algunos casos no llegaron a ejecutarse. A los reparos de los funcionarios, que el alcalde obvió sistemáticamente, se sumaban los informes de la arquitecta municipal en los que certificaba, tras personarse en algunas de las obras facturadas, que “no estaban ejecutadas”.

Santos entró en 2010, —en cuanto accedió a la alcaldía a través de la moción de censura que la formación política que presidía antes de pasarse al PP, Ciudadanos por Porriño (CxP), planteó al BNG— en una espiral contratadora. La práctica habitual del alcalde consistía, según denuncia el fiscal, en contratar “indiscriminadamente” servicios para el Ayuntamiento omitiendo “de manera absoluta” los procedimientos legales. “Hasta el punto”, dice el fiscal en su denuncia, de que “no existe por escrito ninguno de los contratos relativos a centenares de prestaciones”.

La fiscalía especifica que este supuesto delito de prevaricación del regidor se evidencia en que se presentaban al cobro al Ayuntamiento facturas sin que constara la previa contratación de las empresas. Nelson Santos autorizaba los pagos levantando, uno tras otros, los reparos de los informes del interventor y del secretario que advertían “de lo ilegal de la contratación”, a dedo, “por no tratarse de obras menores”. En la documentación judicial a la que ha tenido acceso este diario, consta que el alcalde autorizaba por decreto cada una de esas facturas “sin regularizar en ningún momento la situación de dichas contrataciones”. Lo hacía “mediante designación directa, sin publicidad ni libre concurrencia” y ordenaba los pagos durante meses “sin proceder a la contratación legal de los servicios que remuneraba”, precisa el informe del ministerio público.

Lo hizo, según se desprende de la documentación incluida en el sumario, con buena parte de los servicios básicos de mantenimiento del Ayuntamiento. La mayoría de ellos recayeron en empresas vinculadas a CxP, escisión del PP que retornó al partido una vez alcanzada la alcaldía mediante la moción de censura. Las obras adjudicadas supuestamente de forma ilegal van desde un arreglo de tuberías por las que el Ayuntamiento pagó más de 7.000 euros, sin contrato ni licitación y levantando los reparos de los técnicos municipales, hasta los 198.000 abonados —procedentes de fondos municipales y de la Xunta— por obras en el cauce del río Louro que la arquitecta municipal comprobó que no estaban culminadas, según detalló en un informe. Entre las adjudicaciones a dedo contraviniendo los informes llenos de reparos de los dos funcionarios figura la del servicio de mantenimiento del alumbrado público a la empresa Abelmar, de la que es presidente un destacado militante del PP de O Porriño, Abelardo Otero Tourón. El sumario incluye una carpeta específica sobre contrataciones municipales a esta sociedad a la que ya en 2010 el alcalde ordenaba, con reparos del inteventor, el pago de facturas por 379.000 euros correspondientes al mantenimiento completo del alumbrado público que hasta antes de la moción de censura asumía el Ayuntamiento con su personal. Paralelamente, la empresa realizaba montajes y distribución de propaganda para la campaña electoral del PP. En el informe judicial consta la declaración de un funcionario que sostiene que un concejal del grupo de gobierno le indicaba que copiara literalmente en las prescripciones técnicas de los informes las características de Abelmar. El secretario y el interventor alertaron de que la voluntad de la empresa se imponía a los intereses vecinales.


* El País - CRISTINA HUETE - 16.4.14
Foto: Porriño (Pontevedra), ayuntamiento - flickr




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Historia de un despilfarro: descarrila el AVE Sevilla-Málaga

Dentro de las barbaridades 'sin pies ni cabeza' que se han hecho en infraestructuras de transporte en los últimos años, destaca la línea directa de AVE entre Sevilla y Málaga. Como ya se ha dicho, en los recientes años dorados del despilfarro público cualquier capital de provincia o ciudad mediana pretendía que el costosísimo tren de alta velocidad parara allí y tuviera su gran estación, aunque cualquier estudio técnico 'normalito' demostrara la inutilidad de tal línea. Pero debido al 'interés' político-empresarial, y a unos medios cómplices, las acabaron realizando, con lo que han quedado para la posteridad como una prueba delictiva de la avaricia y la estupidez de 'personajillos' infames. Además, en todos los casos ocurridos, ninguno de los culpables de ese delito de despilfarro desmedido ha sido imputado judicialmente, con la gravedad que ha supuesto para el país dicha estafa pública.
"ELCONFIDENCIAL* : En la historia de los despilfarros de infraestructuras españolas merece una capítulo especial el (frustrado) AVE Sevilla-Málaga. La Junta ha dilapidado 280 millones de euros ya invertidos para la línea de transporte que comunicaría las dos principales ciudades andaluzas (la capital andaluza -y su poblada área metropolitana- y la segunda metrópoli de la comunidad autónoma y la pujante Costa del Sol) en apenas 55 minutos. Actualmente hay dos líneas: un tren regional que la conecta en dos horas y media horas y un Avant en 2 horas. El problema no es sólo esos 280 millones en una plataforma de 77 kilómetros entre Marchena y Antequera, sino las miles de hectáreas de cultivo expropiadas sin producir.

El 60% del AVE lo estaba construyendo la Junta. El resto, correspondía al Gobierno central, aunque en el diseño inicial del proyecto (de 2004) el Ejecutivo del entonces presidente Manuel Chaves se comprometió a financiarlo al 100%.
¿Qué pasó entonces? La ambición desmedida, respaldada por una burbuja económica galopante donde no se miraba el gasto en los presupuesto de la Junta de Andalucía, quiso que el Gobierno de Chaves ideara una conexión de la estación de Santa Justa con el aeropuerto de San Pablo, además de la construcción de túneles en los accesos a Sevilla. El resultado fue una obra que pasaba a costar 1.300 millones de euros.

Obras paradas desde 2011

Hasta la llegada de José Antonio Griñán al Ejecutivo de la Junta en abril de 2009, las obras del AVE circulaban a todo tren. Incluso Griñán anunció para 2013 la conexión de todas las capitales de provincia mediante alta velocidad en un eje ferroviario transversal, que uniría Huelva con Almería. Las obras del AVE entre Sevilla y Málaga se pararon en 2011 y así se han quedado hasta principios de este año.
La Junta ha optado por cancelar anticipadamente el préstamo del Banco Europeo de Inversiones de 180 millones de euros que pilota la exministra de Fomento Magdalena Álvarez para evitar el pago de una compensación por incumplir los plazos de ejecución que rondaría 210.000 euros. Devolverá el dinero con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica sin que tenga impacto en el presupuesto ni en el déficit tras acordarlo la Junta con el Ministerio de Hacienda.

El PP andaluz ha sido el partido político más activo en reivindicar esta infraestructura. A través del hashtag #AVEaNingunaParte, que se llegó a convertir en trending topic, ha mantenido una campaña activa en redes sociales. El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, y el del PP sevillano, Juan Bueno, se reunieron en Antequera, situada en el centro de Andalucía, para recordar que no habría que ser “un lince para comprender que la unión a través del AVE de Sevilla y Málaga, desde el punto de vista turístico y económico, es algo importantísimo", según Bueno.

“Elemento vertebrador en una Andalucía tan centralista”

Joaquín Aurioles, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga y expresidente del Observatorio Económico de Andalucía, tacha como “despilfarro”, “deficiente gestión” e “imprudencia financiera” el proyecto cancelado del AVE entre las dos ciudades. “El problema no es tanto la línea Sevilla-Málaga, sino saber si se desmonta el resto de líneas andaluzas. Me preocupa que se descarte para siempre el proyecto. Sería un gran elemento vertebrador en una Andalucía tan centralista, aunque también es verdad que tampoco es excesivamente doloroso: la comunidad tiene muchos más problemas”.

Hay otras líneas AVE proyectadas en Andalucía que sí han corrido con más suerte que la cancelada por la Junta de Andalucía. Es el caso de la Alta Velocidad entre Antequera y Granada, con el 80% de su recorrido en obras. Está previsto que se inaugure a finales de 2015. Siguen en el aire las infraestructuras de AVE Sevilla-Huelva y Granada-Almería. Mientras tanto, trabajar a diario en Sevilla y vivir en Málaga –o viceversa– continúa siendo difícil con dos horas de viaje entre las dos ciudades.


* El Confidencial - Agustín Rivera - 19.4.14
Foto: Obras entre Antequera y Marchena en una foto de archivo.- (Efe)

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Privatización de viviendas protegidas: “O pagas o a la calle”

Ya se ha advertido repetidamente de la especulación inmobiliaria que se está produciendo con el enorme parque de viviendas que, gracias a la acción irresponsable del Gobierno, está en manos del artificial 'banco malo', o Sareb, con venta de activos a bajo precio a fondos buitres internacionales. Algo que, debido a la falta de transparencia del propio banco, se está produciendo en unas condiciones fraudulentas, cuando no delictivas. Igualmente, el Ivima de la Comunidad madrileña lo está haciendo pero con mayor gravedad si cabe, ya que se trata de viviendas protegidas las que ha puesto en manos de estos fondos especulativos que, lógicamente, carecen de escrúpulos sociales. Un asunto irregular de enorme importancia y que, salvo a los afectados directamente, está pasando desapercibido para los grandes medios y la sociedad en general.
"DIAGONAL* : “O pagas o a la calle. No somos una ONG. Somos inversores. Hemos invertido millones y queremos ganar dinero”. Fue la respuesta que los inquilinos de viviendas sociales jóvenes del Ivima recibieron de Encasa Cibeles, la sociedad pantalla que esconde a Goldman Sachs y a Azora a la que la Comunidad de Madrid ha malvendido casi 3.000 VPO por 201 millones de euros. “No somos una ONG”, dicen. Sin embargo, los contribuyentes han subvencionado a estos causantes de la crisis financiera, global y doméstica, la adquisición de unas viviendas protegidas por 201 millones que se tasaron en 300 millones.

Les ha costado cada piso unos 67.000 euros, mientras que a sus adjudicatarios, si quieren ejercer el derecho a compra, les exigen unos 150.000 euros. Cabe destacar que más de la mitad de estos inquilinos cobran la renta mínima. Son parados de larga duración, mujeres solteras con hijos, familias numerosas, inmigrantes, discapacitados… “Estas casas son de protección pública, están hechas con el dinero de todos los madrileños”, defienden los vecinos.

Desde que la Comunidad de Ma­drid del heredero de Esperanza Aguirre, Ignacio González, entregara a los buitres estas viviendas sociales, Encasa Cibeles, o sea, Azora y Goldman Sachs, no han parado de cometer irregularidades. La primera fue un error tipográfico por el que figuraba que habían adquirido las 2.935 viviendas, repartidas en 32 promociones, con sus 42 locales comerciales, ¡por 201.000 euros! Di­cho error obligó a modificar la resolución, lo que concedió a los inquilinos el tiempo suficiente para presentar un recurso ante los tribunales, con la ayuda de movimientos por el derecho a la vivienda como la PAH. Más del 80% de los afectados se pudieron acoger a la justicia gratuita. Pero sus situaciones son tan precarias, que muchos no tenían dinero ni para pagar el transporte para ir a poner el recurso.

Más irregularidades

Según los afectados de la venta, “Encasa Cibeles compró las 3.000 viviendas sociales con un capital inicial de 3.000 euros, ¿te lo puedes creer?”. Su sorpresa no se queda ahí: “Si por contrato hay que ejercer el derecho a compra en 2014, ¿cómo pueden vender nuestras viviendas en 2013?”, “¿y por qué nos exigen que paguemos todo o compremos cuando se acabe la subvención, si tenemos derecho hasta a ocho años?”, se preguntan. Ade­más, inciden en que “poco antes de la venta, cambiaron la ley para que se pudiera vender el conjunto de los edificios para no tener que dar el derecho al tanteo, pero la legislación dice que tienen que preguntarme”.

En los últimos meses, los medios han ido sacando a la luz más malas prácticas –cuando no supuestos delitos– de Goldman Sachs y Azora. Han puesto las viviendas a la venta por internet con los inquilinos (con opción a compra por contrato) dentro y por unos precios superiores al precio tasado del Ivima. En algunos casos, piden más del doble de lo que les costó adquirírselas a la Comuni­dad de Madrid. Todo un negocio privado con dinero público con tintes de presunta ilegalidad. Además, los afectados señalan que los anuncios ofertan cosas inexistentes y con fotografías que no se corresponden con la realidad.

Estimad@ Inquilin@, paga el IBI

Recientemente, los afectados han recibido cartas encabezadas con un “estimad@ inquilin@” para exigirles que pagen el Impuesto de Bie­nes Inmuebles (IBI) y la Tasa de Resi­duos Urbanos por adelantado. Les piden de una tacada 600 o 900 euros, e incluso les ofrecen la posibilidad de fraccionarlo. Ante esto, los vecinos se han informado en sus respectivos ayuntamientos, donde les han dicho que ni siquiera se conoce aún el valor catastral de las viviendas. El IBI es un impuesto que pagan los propietarios, no los inquilinos. De hecho, el Ivima nunca se lo exigió.

En todo caso, según el artículo 20.1 LAU, arrendador y arrendatario tenían que haber pactado y haber hecho constar por escrito a la fecha del contrato el importe anual del IBI. Cosa que no se ha hecho, por lo que no es exigible, defienden los vecinos. Además, Encasa Cibe­les está pidiendo por adelantado fraccionar y repercutir unos pagos (de IBI y de residuos) que hasta el momento no ha abonado. Es más, ni siquiera sabe si procede que los inquilinos los paguen, ni su cuantía exacta. “Están intentando recaudar dinero de cualquier forma”, lamentan los afectados.

Por si todo esto fuera poco, los caseros están pidiendo a sus inquilinos maltratados que les ayuden a echar a los ocupas que están utilizando estas viviendas sociales. En el Ensanche de Vallecas, donde más afectados hay, aproximadamente el 30% de los pisos está ocupado por familias en su mayoría gitanas. Pero los arrendatarios no les han seguido el juego: “No es fácil la convivencia, pero mi problema no son los ocupas. Mi problema es cómo puedo llegar a fin de mes con la renta que tengo”, aseguran.

A los vecinos que sí pagan, les están intentando separar: “Cada vez que se acaba una subvención, nos dicen que hay que pagar el alquiler entero, o comprar el piso, o si no, a la calle. También nos están intentando separar. Nos ofrecen otro contrato, otro piso, otra zona…”.

¿Cómo viven esta situación los afectados? “Me está enfermando. No veo lógica. No tenemos recursos. Están jugando con nuestro futuro. Casi no duermo pensando en que me pueden echar. Nos dicen que nos enfrentamos contra los poderosos: la Comunidad de Madrid y Goldman Sachs, que no sólo tiene peso económico, sino también peso político”, se lamenta una madre de tres hijos cuyo trabajo consiste en “buscar trabajo”.

Negocios privados con dinero público

Las causas contra la operación se acumulan. Además del recurso presentado por los vecinos, ha sido admitida a trámite la querella criminal presentada por el Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Madrid contra la Comunidad de Madrid de Ignacio González por malversación de fondos y prevaricación por la venta “a precio de regalo” de las viviendas públicas a una empresa privada.


* Diagonal - F.Fafatale - 17.4.14
Foto: Azora. Manifestación en diciembre de 2013 en el barrio de la Ventilla por la venta de viviendas sociales del IVIMA. / DAVID FERNÁNDEZ


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Monterrei declara la guerra al plan hotelero de Feijóo para su castillo

Monterrei es un pueblecito orensano, muy cercano a Verín, dominado por su gran castillo y acrópolis, algo único en Galicia por su excelente conservación y dimensiones. Ese atractivo patrimonial es la causa de su desgracia también, ya que la Xunta 'popular' de Feijoo pretende convertirlo en hotel de lujo, con lo que el acceso a la mayor parte del conjunto quedaría restringido. Lógicamente, diversos grupos sociales y vecinos han protestado por semejante medida discriminatoria para el uso público. Los alcaldes del PP de la zona apoyan a la Xunta, y el Gobierno central, propietario original, deberá decidir también ya que hizo una cesión bajo ciertas condiciones de uso. De nuevo un tema urbanístico es escenario de las protestas ciudadanas, bastante más sensibilizada tras acontecimientos similares: Cabanyal, Gamonal, etc.
"ELPAÍS* : El pueblo de Monterrei (Ourense) se ha levantado en armas para defender su castillo. Los rumores y el malestar vecinal fueron creciendo a la par durante varios meses hasta que al fin en febrero, en pleno arranque del Entroido, el Xoves de Compadres, Alberto Núñez Feijóo se presentó en el Parador de Verín, a unos 500 metros del Castelo de Monterrei, y anunció el traslado de las instalaciones hoteleras a la acrópolis más grande y mejor conservada de Galicia. En ese mismo acto, Feijóo llegó a confirmar lo que ya muchos podían imaginar: que el Parador de Verín, abierto en la década de los sesenta en el límite entre los dos citados municipios ourensanos, es el más deficitario del Estado.

De ahí que la sociedad anónima que preside Ángeles Alarcó, que acompañaba al presidente de la Xunta aquel día, tomase la decisión de cerrar temporalmente las instalaciones, por falta de clientela.

Diversos grupos sociales intentan organizar su lucha, desde entonces, en torno a una plataforma cívica para impedir la pérdida del uso público en pro de uno lucrativo de su emblema cultural, centro geográfico de la comarca bañada por el río Támega. Denuncian que tras la conversión en hotel, la fortaleza pasará de ser visitable casi al completo a poderse acceder únicamente al 10% de las instalaciones (probablemente la capilla y alguna de las torres). Creen, además, que es una obra inútil, porque si algún turismo es viable en esta zona es el rural, no el que demanda un hotel de lujo que, según la información de la que disponen, ofrecerá “menos de 15 habitaciones”. No obstante, y pese a que a finales de 2013 se llegaron a mostrar críticos con la posibilidad de trasladar el parador al castillo, los alcaldes de Monterrei y Verín, ambos del PP, respaldan ahora el plan de Feijóo. Los colectivos que vertebran la plataforma creen que el nuevo uso podría ser ilegal mientras Xunta y Gobierno central, propietario del conjunto que fue de los Alba, no pacten un cambio en la redacción del documento de cesión por el que en 2010 el Ministerio de Hacienda puso en manos del Gobierno gallego esta joya, que fue declarada Monumento Nacional en 1931 y ahora es BIC con grado máximo de protección. Los vecinos recuerdan que existe una orden ministerial de julio de 2009 que estipula que la cesión del recinto amurallado se lleva a cabo para fomentar en el enclave un “centro de divulgación, innovación y promoción de la moda, el vino y las aguas medicinales”. A continuación se habla de la “restauración y musealización de los edificios” y de impulsar un “archivo de las tradiciones de la frontera”.

Medio año después, la Xunta publicaba el decreto por el que aceptaba este bien patrimonial, y todos los planes directores que ha habido para él “desde tiempos de Albor”, antes y después de la cesión, “fueron hasta ahora en la misma línea de uso público y cultural”, “también de promoción turística, pero no hotelera”, explica Alberte Blanco, director general del Montes por el BNG en tiempos del bipartito y miembro del Foro Monterrei, un colectivo que también secunda las iniciativas de la plataforma. Para el próximo día 19 los vecinos preparan una manifestación al tiempo que cosechan firmas a través de Change.org dirigidas al presidente de la Xunta. Le piden que dé marcha atrás a una transformación hotelera para la que la Axencia de Turismo de Galicia ya encargó un proyecto. Este organismo de la Xunta que dirige Nava Castro ha asegurado, sin embargo, a este diario que en el decreto de 2009 por el que se acepta la cesión del castillo y recinto amurallado de Monterrei, “así como en la resolución de 2010 de la Dirección General de Patrimonio del Estado”, figura ya “el uso lucrativo en lo que respecta a la promoción de la moda, el vino, las aguas medicinales, la restauración, la conservación y las visitas culturales, entre otros usos”. “Tanto a través de la Dirección Xeral de Patrimonio como de Turismo de Galicia, la Xunta ha respetado en todo momento el uso cultural y ha sido muy estricta con el mantenimiento de la condición de BIC”, defiende un portavoz oficial. “La apertura al uso como Parador de Turismo blinda tres prioridades”, prosigue, “que siga siendo público en su totalidad, que se mantengan los usos culturales y que se protejan al 100% los puestos de trabajo [del parador de Verín] actuales”.

Turismo va todavía más lejos en su respuesta y llega a contradecir a los vecinos que han buscado información sobre el proyecto: “Todo el conjunto será visitable, salvo el espacio concreto destinado a dependencias y habitaciones para los huéspedes”. Esto, según la Xunta, significa que el público general podrá acceder al “83% de la superficie”. “El resto del conjunto histórico y los espacios exteriores podrán ser visitados por todos los ciudadanos, como corresponde a un bien de interés cultural”, recalca el portavoz. Además, afirma que la explotación turística tendrá lugar “sin que deje en ningún momento de ser público”. La historia reciente del Castelo de Monterrei es un “cúmulo de despropósitos”, comenta Blanco, “nos tememos, por los datos que tenemos y la situación que atraviesa Paradores de Turismo, que hay negociaciones para una privatización posterior”. “Durante estos meses se movieron con todo tipo de secretismos, los alcaldes [José Luis Suárez, Monterrei; Juan Manuel Jiménez Morán, Verín] estaban alerta, y después llegó el desconcierto porque son del mismo partido y los convencieron, aunque nada fue consensuado”, sigue. “Desde los años sesenta, en el castillo se llevan gastado en rehabilitaciones y reformas más de cuatro millones de euros de dinero público, unos tres y medio desde los noventa, y un millón y pico en las últimas obras que todavía se están llevando a cabo” y que además fueron criticadas por causar algunos destrozos en el monumento. “Pero estas obras, que están siendo costeadas con fondos europeos, no son las del parador, para eso todavía no sabemos qué dinero va a usar la Xunta”, concluye Blanco. La plataforma recuerda que los fondos Feder no se conceden para reformar unas instalaciones que inmediatamente van a dejar de tener un uso público, y duda de que “la cesión original que hizo la Casa de Alba se esté cumpliendo con esta conversión en hotel”. Los vecinos hubiesen preferido cualquiera de las opciones que recogía la orden ministerial: para la fortaleza que fundó sobre el castro de Baronceli Afonso Henríquez en el siglo XII, un enclave que exportó su nombre a América y Australia y que presenció la primera impresión de un incunable en Galicia, en Misal Auriense o de Monterrei (1494), muchos soñaban con otro proyecto.


* El País - SILVIA R. PONTEVEDRA - 14.4.14
Foto: Castillo de Monterrei - elpais

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Agente urbanizador 2.0. ‘El retorno’

Como ya habíamos adelantado, el Consell valenciano ha aprobado recientemente una polémica Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, que supone dar un nuevo paso para consolidar la especulación urbanística y tratar de legalizar lo ilegalizable hasta sus últimas consecuencias. Aparece con fervor en la nueva Ley la tristemente famosa figura del agente urbanizador, ahora renovado, que produjo tantos desmanes territoriales en el pasado y que fue ampliamente criticado por su carácter privatizador y que fuera el 'mercado' el que controlara y regulara la acción urbanística. Es decir, a estas alturas del desastre en la Comunidad valenciana, vuelve la especulación pura y dura. Parece que no aprenderán jamás.
"ANDRÉS BOIX * : El pasado viernes el pleno del Consell aprobó la remisión del proyecto de Llei d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valencia (LOTUP) a les Corts a efectos de que se inicie su tramitación parlamentaria. Dada la amplia mayoría del PP en el parlamento valenciano y sus usos tradicionales es de suponer que las orientaciones de proyecto, sustancialmente, se convertirán en los principios y directrices de la futura ley. Una ley que, a la manera del anillo único, se convierte en instrumento para controlarlos a todos, fruto de la refundición de las distintas normas en la materia, pero que, sobre todo, puede analizarse como Carta de los Promotores a los Reyes de Oriente… asumida en su integridad por la Administración.

El Gobierno valenciano parece tener totalmente interiorizado que sólo cabe fiar nuestro futuro al ladrillo. De manera que, como advertimos aquí hace ya un tiempo, vuelve la gallina de los huevos de cemento (El País CV, 6/01/2013) con todos los problemas que ello significa. Minimizar exigencias ambientales, que desaparezcan instrumentos que encarecían la transformación de suelo y la supeditaban a la cesión a la Generalitat de suelo protegido o “dar seguridad jurídica” en forma de facilitar la legalización de viviendas ilegales son malas noticias para quienes pensamos que el modelo económico de futuro del País Valenciano no puede pasar por la depredación cortoplacista del territorio. Porque estamos dando luz verde para matar a la gallina en vez de comernos sus huevos, si es que no hemos empezado a hacerlo ya.

En este sentido, es muy reveladora la resurrección del agente urbanizador, modelo 2.0 renovado y ampliado, que deja claro que ya estamos en fase de rosegar ossos, a falta de molla suficiente. El proyecto de LOTUP prevé que, a partir de ahora, los agentes urbanizadores puedan no sólo realizar las funciones públicas de transformación de suelo —para lo cual, y bajo el control de la Administración, pueden afectar a los derechos de propiedad de los ciudadanos e imponerles su actuación— sino también de edificación en suelo urbano (solares que lleven un tiempo sin uso) o de rehabilitación (para inmuebles que administrativamente se determine que han de serlo). A nadie se le escapa, supongo, la de problemas que este retorno de un agente urbanizador que nunca se fue legalmente pero al que la crisis había dejado aletargado está llamado a plantear. Y ya no afectarán sólo a propietarios (aunque sean humildes) de suelo, sino también a familias que han heredado el viejo piso de su abuela en el centro de las ciudades y situaciones de esa índole.

La Administración, con la figura del agente urbanizador, abre la puerta a que sea el mercado quien se encargue de "dinamizar" la parte económicamente susceptible de rentabilización de las labores públicas de ordenación del territorio. Esta decisión da entrada al negocio, pero armado con potestades públicas —que se ejercen en teoría para la mejor consecución de ciertos intereses generales—. Ello obliga a muchos y cuidadosos controles, así como aconseja cierta prudencia. Pero la crisis ahoga, como sabemos, y por eso cada vez ampliamos más, tras las desgarradoras súplicas de los amigos del cemento, los ámbitos a los que este sistema se aplica. Hay que intentar aprovechar todo, al precio que sea.

*@Andres_Boix blog en http://blogs.elpais.com/no-se-trata-de-hacer-leer/

* El País - Opinión - 6.4.14
Foto: Valencia, cortes valencianas - tourist



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La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Llíria en busca de informes urbanísticos

¿Quién había dicho que el tiempo de la grave corrupción urbanística había pasado ya? En Llíria (Valencia) ha vuelto a suceder un registro del ayuntamiento por parte de la guardia civil y la policía judicial. El ocultamiento de pruebas e informes sigue siendo un problema para muchos municipios que tratan así de evitar el descubrimiento de delitos urbanísticos. Finalmente tienen que intervenir las fuerzas de orden público, bajo mandato judicial, naturalmente. El asunto aquí se debe a contrataciones ilegales de diversas empresas privadas dedicadas al desarrollo de programas de actuación integrada (PAI). Los agentes permanecieron en el interior del edificio consistorial por espacio de más de cinco horas y se interesaron especialmente por aquellos procesos de adjudicación de obras de urbanización que se han llevado a cabo durante los últimos años en el municipio.
"LEVANTE* : Agentes del equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Valencia se personaron ayer en las dependencias del Ayuntamiento de Llíria para registrar los departamentos de Urbanismo y Contratación del consistorio, entre otros. Al menos cuatro investigadores movilizaron a la mitad de los funcionarios para hacer acopio de documentos relacionados con la gestión indirecta de Planes de Actuación Urbanística (PAI) y con la Agencia Municipal de Información y Asesoramiento para la Gestión Urbanística (Amigu), una oficina del consistorio edetano que dejó de funcionar en agosto de 2011.

Esta actuación policial, que se inició a primera hora de la mañana y se prolongó hasta las 18 horas, se enmarca en la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción a partir de la denuncia interpuesta ante el ministerio fiscal por MOVE „Movimiento Vecinal„ hace más de un año. Los especialistas en delitos económicos de la Benemérita se llevaron cuantiosa documentación de las dependencias municipales con el objetivo de determinar si se ha cometido un presunto delito de prevaricación en la gestión y adjudicación indirecta de una serie de PAI y en la propia Amigu. «No se investigan a personas „señalaron fuentes de toda solvencia„, se investiga la gestión indirecta de los PAI» para determinar si ha podido existir alguna conducta delictiva cotra la administración.

Los agentes de la Guardia Civil interrogaron a varios funcionarios a lo largo de todo el día y se llevaron diversos expedientes municipales. El alcalde de Llíria, el popular Manuel Izquierdo, señaló ayer a Levante-EMV que no tenía conocimiento de quién ha presentado la denuncia contra el equipo de gobierno del PP. «Sabemos que existe una denuncia en Fiscalía „contestó a este diario„ pero se ha decretado secreto de sumario y no puedo hacer más declaraciones». Izquierdo delegó ayer en el secretario de la corporación para que entregase a los representantes de la autoridad todos los papeles que le solicitaran. Por su parte, este periódico trató sin éxito de localizar a la concejala de Urbanismo y teniente de alcalde, Reme Mazzolari, sin que esta devolviese las llamadas. Mazzolari es la máxima responsable de la gestión urbanística de Llíria, que ha motivado multitud de quejas de vecinos y afectados por PAI, como ha ido publicando este rotativo. Además, hace un año, este diario ya publicó que la entonces concejala de MOVE, Elena Jiménez, había presentado junto a otros compañeros de partido un dossier de presuntas irregularidades en la Fiscalía Anticorrupción. Entre las supuestas prácticas irregulares, MOVE y Elena Jiménez en un comunicado remitido a la prensa, destacaban una serie de «preadjudicaciones a agentes urbanizadores» en un conjunto de PAI, que se tramitaron en Amigu y en los que los vecinos «recibían cartas de adhesión gestionadas desde esta oficina municipal».

Por su parte, Mazzolari respondió entonces con otro comunicado a Jiménez que se querellaría contra ella por injurias y resaltó que todos los PAI que se tramitan, «se someten a la aprobación de unas bases particulares, que no son otra cosa que el pliego de condiciones del concurso de licitación pública, que se publica en el BOP y se remite al Diario Oficial de la Unión Europea, con el fin de que se presente quien quiera». Por lo tanto, «es un concurso público con sus normas y controles.


* Levante - J.M.VIGARA/ T.DOMÍNGUEZ - 16.4.14
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es



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La lucha por el oro azul

Se ha advertido que la próxima guerra que va a llegar al planeta va a ser la del agua; hoy en día ya lo es en amplias zonas de África y de Asia, pero además, debido al cambio climático y el aumento de la temperatura global, pronto llegará también al sur de Europa. Las grandes empresas constructoras, de energía, financieras y otros grupos de presión ya se están posicionando al respecto, tratando de controlar un mercado que se antoja ávido para estos buitres especuladores. El tema es grave y aquí en este país está ya sucediendo con la privatización paulatina de los servicios de gestión del agua. Recientemente ha habido movilizaciones y protestas vecinales en El Puerto de Sta.María (Cádiz) o en Alcázar de S.Juan (Ciudad Real), lo que demuestra su importancia creciente.
"LAMAREA* : ¿Dejaríamos un fármaco indispensable para la vida de todos los seres humanos en manos de empresas privadas? Eso es precisamente lo que está ocurriendo, pero no con un fár­maco, sino con algo mucho más importante: el agua. Controlar el agua supone controlar las volunta­des de los seres humanos. Por el agua pasa todo: la ali­mentación, la energía, la industria… Las grandes corpo­raciones saben que quien sea dueño del grifo será dueño de todo lo demás. La sociedad civil está reaccionando y cada vez surgen más voces reclamando que el acceso al agua potable sea considerado un derecho humano.

“El agua ha sido un recurso público, bajo dominio público, durante más de 2.000 años. Cedérselo a entidades pri­vadas es peligroso y moralmente equivocado”, señaló en 2011 a la revista Newsweek el abogado especializa­do en agua James Olson. España, Grecia e Italia, tres de los países europeos más afectados por la crisis finan­ciera y debilitados por las llamadas ‘políticas de auste­ridad’, se han convertido en un nuevo campo de batalla en esta guerra global por el control del agua, una guerra en la que se mezclan los intereses de grandes grupos de presión, constructoras, bancos, eléctricas e industria agroalimentaria, ávidos por obtener liquidez inmediata y, también, por tomar posiciones de cara a un mercado clave para el futuro inmediato.

Pero para hacerse una idea de la magnitud de lo que está en juego cuando los vecinos de un pueblo como el Puerto de Santa María (Cádiz) o Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se movilizan contra la privatización de la gestión del agua, hay que dar un paso atrás y ver la foto desde la distancia. Hoy, casi 800 millones de personas carecen de acceso a agua potable en el mundo. La po­blación mundial en 2050 pasará de los más de 7.000 mi­llones de la actualidad a 9.000 millones y, según el últi­mo Informe sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo, publicado por Naciones Unidas en 2009, ese rápido incremento ha causado que las extracciones de agua se hayan triplicado en los últimos 50 años. Las estimaciones hablan de que para 2050 serán 2.000 mi­llones de personas las que no tengan acceso a agua po­table, mientras la demanda de alimentos se disparará un 70%. A esto hay que añadir las consecuencias del ca­lentamiento global provocado por la actividad humana: las predicciones hablan de que las zonas con escasez de agua (en la jerga, estrés hídrico) se incrementarán en el centro y sur de Europa y que el número de habitantes afectados en esta zona pasará de 28 a 44 millones ha­cia el año 2070.

El agua, además, es pieza clave en la geopolítica mun­dial. Existen 276 ríos transfronterizos en el mundo. En 2009 el Ministerio de Defensa de Canadá publicó el in­forme El futuro de la seguridad medioambiental 2008- 2030 en el que advertía que, si bien la lucha por recur­sos tales como agua y alimentos “no parece que vaya a causar conflictos entre Estados”, sí pueden estallar “disputas internas o interregionales entre personas que traten de asegurarse estos recursos para su supervi­vencia”. En África, el fenómeno conocido como hidroco­lonialismo está a la orden del día. “La presión sobre los países es enorme, y tres de los principales territorios de la cuenca del Nilo (Etiopía, Sudán y Sudán del Sur) ya han cedido vastas extensiones de tierra. En Sudán y Sudán del Sur se han entregado 4,9 millones de hec­táreas (una superficie superior a la de los Países Bajos) desde 2006 a firmas extranjeras. En Gam­bela (Etiopia), en la frontera con Sudán del Sur, multi­nacionales como Karuturi Global (India) o Saudi Star (Arabia Saudí), capitaneadas por los multimillonarios Ramakrisha Karuturi y Sheikh Al-Amoudi, están cons­truyendo canales de riego para extraer agua del Nilo desde Etiopía”, publicaba en El País el periodista Miguel Ángel García Vega en diciembre de 2012.

“Se puede hablar con absoluta propiedad de la exis­tencia, a veces larvada, de una guerra del agua tanto en­tre naciones como entre grupos sociales antagónicos con intereses contrapuestos. Se establece de hecho una pugna entre quienes piensan que el agua debe ser con­siderada un bien comercializable (como el trigo, la soja, el café o la carne) y quienes sostienen que se trata de un bien social relacionado con el derecho a la vida”, apunta José Antonio Segrelles Serrano, catedrático de Geogra­fía Humana de la Universidad de Alicante, en su estudio Geopolítica actual del agua en el mundo.

Los nuevos dueños del agua

Mientras que en 2000 el 5% de la población mundial recibía en alguna medida el servicio de agua a través de empresas privadas, esa proporción se ha elevado al 14% en 2011, hasta los 962 millones de personas. El por­centaje llega al 27% si hablamos de población urbana (los cálculos de Naciones Unidas estiman que en 2030 el 60% de la población mundial vivirá en ciudades). Sólo en 2011, 53 millo­nes de personas han pasado a de­pender de empresas privadas para el consumo cotidiano de agua, se­gún datos del último Libro del Agua de Pinsents Masons (Pinsents Masons Water Book 2012-2013).

Esta tendencia se ha visto ace­lerada en los países emergentes por las políticas del Banco Mun­dial. Esta organización dependien­te de Naciones Unidas ofrece líneas de crédito a países en desarrollo a cambio de que privaticen total o parcialmente la gestión del agua. En su informe de 2003 Los barones del agua, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en sus siglas inglesas) analizó 276 préstamos ofre­cidos entre 1990 y 2002 por el Banco Mundial y etique­tados como ‘suministro de agua’. Al menos 84 de esos préstamos estaban condicionados a la privatización. “Las compañías han trabajado junto al Banco Mundial y otras entidades financieras internacionales para ganar terreno en todos los continentes. Ejercen una presión agresiva para lograr un marco legal y unas condiciones de mercado que fuerce a las ciudades a privatizar su agua”, apuntan desde el ICIJ.

La privatización supone en muchos casos un aumen­to de las tarifas que pagan los ciudadanos por el agua. El caso quizá más célebre se dio en el año 2000 en la ciu­dad boliviana de Cochabamba. La

La privatización auspi­ciada por el Banco Mundial, de la mano de un consorcio de empresas (entre otras la estadounidense Bechtel y la española Abengoa) fue frenada por las protestas ciuda­danas, algo que ya empieza a ser frecuente en España.

Los dos gigantes empresariales en la privatización del agua, que operan en decenas de países (entre ellos España) a través de filiales, son franceses. Se trata de Suez Environnement (que sirve a más de 117 millones de personas) y Veolia Environnement (con más de 131 mi­llones de clientes). Entre las 15 grandes compañías mun­diales, se cuela una española, Fomento de Construccio­nes y Contratas (FCC), propiedad de Esther Koplowitz. A través de su filial Aqualia, FCC sirve a 28,3 millones de personas en todo el mundo.

España en el punto de mira

A diferencia de otros países, en España el agua (las aguas continentales, superficiales y subterráneas) son de dominio público, es decir, propiedad de todos. Así lo establece la Ley de Aguas, de 1985. La clave está en la gestión de ese recurso. El Gobierno del PP acaba de mo­dificar esa Ley de Aguas mediante disposiciones adicio­nales a la Ley de Evaluación Ambiental. “Se han relajado y acortado todos los plazos para realizar declaraciones de impacto ambiental con la intención de facilitar pro­yectos de todo tipo a empresas de todo tipo”, indica Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpea­ce y miembro del Consejo Nacional del Agua.

El endeudamiento y la falta de liquidez de los ayun­tamientos que causó el estallido de la burbuja inmobi­liaria y la quiebra del sistema de cajas de ahorros ha ori­ginado que la privatización de la gestión del agua haya pasado a ser vista como una fuente de ingresos para las arcas públicas. El agua se suma a las presiones privati­zadoras en la Sanidad, la Educación, etcétera: las joyas de la corona del Estado de bienestar. “El dinero del res­cate a los bancos se va a pagar con el agua de Grecia, Ita­lia y España”, señala Pilar Esquinas, abogada especializada en aguas que asesora a 12 comunidades de regan­tes y a vecinos de 23 pueblos. Los municipios están usando sus em­presas de agua para financiar la deuda que arrastran, en muchos ca­sos repercutiendo en la factura que pasan a los ciudadanos costes que no son reales, sólo para obtener li­quidez. “No nos parece ético que el dinero obtenido por dar un ser­vicio esencial, como es el agua de beber, se use para pagar los fuegos

La privatización auspi­ciada por el Banco Mundial, de la mano de un consorcio de empresas (entre otras la estadounidense Bechtel y la española Abengoa) fue frenada por las protestas ciuda­danas, algo que ya empieza a ser frecuente en España.

Los dos gigantes empresariales en la privatización del agua, que operan en decenas de países (entre ellos España) a través de filiales, son franceses. Se trata de Suez Environnement (que sirve a más de 117 millones de personas) y Veolia Environnement (con más de 131 mi­llones de clientes). Entre las 15 grandes compañías mun­diales, se cuela una española, Fomento de Construccio­nes y Contratas (FCC), propiedad de Esther Koplowitz. A través de su filial Aqualia, FCC sirve a 28,3 millones de personas en todo el mundo.

ESPAÑA EN EL PUNTO DE MIRA

A diferencia de otros países, en España el agua (las aguas continentales, superficiales y subterráneas) son de dominio público, es decir, propiedad de todos. Así lo establece la Ley de Aguas, de 1985. La clave está en la gestión de ese recurso. El Gobierno del PP acaba de mo­dificar esa Ley de Aguas mediante disposiciones adicio­nales a la Ley de Evaluación Ambiental. “Se han relajado y acortado todos los plazos para realizar declaraciones de impacto ambiental con la intención de facilitar pro­yectos de todo tipo a empresas de todo tipo”, indica Julio Barea, responsable de la campaña de agua de Greenpea­ce y miembro del Consejo Nacional del Agua.

El endeudamiento y la falta de liquidez de los ayun­tamientos que causó el estallido de la burbuja inmobi­liaria y la quiebra del sistema de cajas de ahorros ha ori­ginado que la privatización de la gestión del agua haya pasado a ser vista como una fuente de ingresos para las arcas públicas. El agua se suma a las presiones privati­zadoras en la Sanidad, la Educación, etcétera: las joyas de la corona del Estado de bienestar. “El dinero del res­cate a los bancos se va a pagar con el agua de Grecia, Ita­lia y España”, señala Pilar Esquinas, abogada especializada en aguas que asesora a 12 comunidades de regan­tes y a vecinos de 23 pueblos. Los municipios están usando sus em­presas de agua para financiar la deuda que arrastran, en muchos ca­sos repercutiendo en la factura que pasan a los ciudadanos costes que no son reales, sólo para obtener li­quidez. “No nos parece ético que el dinero obtenido por dar un ser­vicio esencial, como es el agua de beber, se use para pagar los fuegos artificiales del pueblo o un audito­rio… Un bien de primera necesidad como es el agua no puede utilizarse como una fuente de recaudación de impuestos”, afirma Santiago Mar­tín Barajas, responsable de agua de Ecologistas en Acción.

Cerca del 50% de la gestión del agua en España está en manos pri­vadas, ese porcentaje llegará al 69% en 2025, según estimaciones del Li­bro del Agua de Pinsents Masons. La privatización avanza pese a que las dudas sobre la eficiencia de la ges­tión privada son bastante concluyentes. El caso de An­dalucía es notorio: “Desde finales de los 80 muchos mu­nicipios andaluces han optado por la privatización de la gestión del servicio de aguas. Una de las razones ex­puestas por la literatura para explicar la decisión es que el gestor privado es más eficiente que el público. (…) Contrariamente a las tesis que mantienen que la gestión privada es más eficiente que la pública, los resultados muestran que la empresa pública es más eficiente que la privada”. Estas son las conclusiones del estudio La ges­tión del servicio de abastecimiento de agua en las ciuda­des: ¿empresa pública o privada?, realizado por investi­gadores de la Universidad Granada y publicado en 2009.

Al igual que ocurrió con la Sanidad, otro argumen­to para justificar la privatización pasa por la ‘austeri­dad’. Pedro Arrojo, Profesor Titular del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, utiliza un símil inmobiliario para explicar así la situa­ción en un vídeo publicado por la asociación Attac: “Nos van a comprar nuestra propia casa con el dinero público que está cediendo el Banco Central Europeo (ese billón de euros al 1% y a tres años) para la banca privada, que es la que en última instancia actúa a través de Agbar y de las grandes multinacionales del agua. De manera que nos compran nuestra casa con nuestro propio dine­ro y encima nos cobran un 5% o un 6% de beneficio por la transacción. Es un escándalo que se esté empleando dinero público europeo en privatizar las instituciones públicas de gestión del agua”.

Un ‘holding’ mixto

La mayor parte del pastel en España se lo lleva precisa­mente Agbar (Aguas de Barcelona), que actúa a través de numerosas filiales, Hidraqua, Aquagest, Aquadom… y también con el nombre comercial de Aqualogy. Agbar es un holding que pertenece en un 75% a la francesa Suez Environnement y en un 24% a La Caixa. Ofrece servicio a más de 1.200 ayuntamientos y 12,6 millones de perso­nas. “El 50% del agua que circula por España está bajo un régimen de gestión privada. Y de este 50%, el 51% es de Aguas de Barcelona. Lo gestiona Aguas de Barcelona. El agua es un derecho público y el agua es pública. Lo que hace Aguas de Barcelona es distribuirla y tratarla para que llegue en cantidad y calidad suficiente”, señaló en febrero el presidente de Agbar, Ángel Simón, en el pro­grama El Matí de Catalunya Radio. En 2012 Agbar factu­ró más de 1.900 millones de euros.

A través de la marca comercial Aqualia, FCC opera en 800 municipios españoles y da servicio a 13 millones de personas. La compañía de Esther Koplowitz también cuenta entre sus accionistas con una caja de ahorros (Caja España Duero, con el 2,4%) y el rescatado Royal Bank of Scotland (con un 3,4%). En 2013 facturó más de 6.700 millones de euros, pero su deuda financiera roza los 6.000 millones de euros. En ene­ro, Aqualia cortó el agua a 200 fa­milias de Jerez que no podían hacer frente a las tarifas. “No creo que de­jando sin agua a 200 familias, la em­presa vaya a estabilizar sus cuentas de resultados”, dijo entonces el vice­presidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas (IU).

La tercera gran compañía espa­ñola que opera en España es Accio­na, formada a partir de la construc­tora Entrecanales, da servicio a 180 poblaciones y 7,5 millones de habi­tantes. En 2012 su cifra de ventas alcanzó los 506 mi­llones de euros. Acciona es precisamente la compañía que ha encargado a la consultora PriceWaterhouseCoo­pers (PwC) un informe que justifique la necesidad de “una reforma profunda del actual modelo de gestión del agua en España”. En el documento se defiende el “nue­vo modelo de colaboración pública-privada” y se exige el desarrollo de “un marco regulatorio estable y predeci­ble que atraiga inversión de operadores especializados”. PwC asegura que si se aplicaran sus recomendaciones se generaría un incremento de las inversiones de 15.700 millones de euros, con un impacto en el PIB de 12.600 millones, la creación de 23.700 nuevos empleos (no es­pecifica en qué condiciones laborales) y un incremento de la recaudación tributaria de 6.900 millones de euros.

Desde Ecologistas en Acción lo ven de otra mane­ra: “No hace falta una nueva legislación en materia de aguas en España. Lo que han hecho con la Ley de Eva­luación Ambiental es una chapuza antidemocrática to­tal y lo han hecho para evitarse la discusión del tema. La gran asignatura pendiente en España son las depurado­ras, mejorar la eficiencia de la red (que no haya fugas) y, sobre todo el establecimiento de los caudales ecológicos de todos los ríos”. Julio Barea, de Greenpeace, apostilla: “España tiene más de 1.200 grandes presas. Todos los ríos compartimentados, machacados, si no muertos. Y, a pesar de eso, cuando tenemos un estornudo de sequía estamos todos temblando”.

Agbar, FCC y Acciona son las compañías que han co­laborado en el gran evento celebrado en Madrid con mo­tivo del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo. El acto lo organizaba una de las joyas, todavía pública, más codi­ciadas por estas empresas: el Canal de Isabel II (CYII). La Comunidad de Madrid, presidida por Ignacio González (PP), busca privatizar el Canal pese a que en 2013 obtuvo unos beneficios de casi 200 millones de euros y pese a la resistencia que oponen organizaciones sociales y ciu­dadanas agrupadas en torno a la Plataforma contra la privatización del CYII.

Controlar la tierra para controlar el agua

Hacerse con el control del suministro en ciudades es apetecible porque si al usuario no le gusta el servicio, no puede cambiar de compañía. Pero el grueso del pro­blema del agua en España no está en las ciudades (el consumo urbano es el 15% del total), sino en el campo, que consume cerca del 80% del agua. “Hay un sobre­consumo insostenible. De las 3,6 millones de hectáreas de regadío que hay en España deberíamos quedarnos en 3 millones. Se cubriría la demanda presente y futu­ra y quedaría producción para la exportación”, indican desde Ecologistas en Acción. En 2005, WWF ya denun­ció que sólo cuatro cultivos de regadío (maíz, algodón, arroz y alfalfa) usan casi 1.000 hectómetros cúbicos al año para producir excedentes: “Su consumo equivale a una cantidad de agua que podría abastecer a 16 mi­llones de habitantes en un año. En los cultivos del fre­són y tomate, se producen retiradas del producto para mantener los precios del mercado, tirándose miles de toneladas”.

La abogada Pilar Esquinas asegura que, con la excusa del plan para modernización de regadíos, grandes em­presas en sintonía con comunidades de regantes frau­dulentas están acaparando tierras con la intención de controlar el agua: “Las grandes constructoras que aho­ra mismo no pueden construir carreteras ni grandes infraestructuras, supuestamente modernizan los rega­díos con unos presupuestos llenos de trampas. Son cré­ditos sobredimensionados y son las tierras las que se ponen como garantía de pago. Los agricultores las aca­barán perdiendo. Cuando un pueblo entra en la cartera de FCC, de Agbar o de Acciona, pasa a ser un cheque de cambio en un futuro gran mercado de derechos de agua, a nivel mundial. Por eso China está comprando en Ar­gentina la soja, aunque en realidad está comprando los derechos del agua. Se va a poder especular con el agua igual que con el gas y la luz”.

Para poder mover el agua y llevarla allá donde la re­clame el cliente, hacen falta grandes canalizaciones. La Ley de Evaluación Ambiental consagra la ‘conexión intercuencas’, aunque desde el Ministerio de Agricul­tura niegan que haya obras previstas: “Establece nor­mas en relación a los desembalses que se aplicarán con carácter general a las transferencias ya existen­tes. Pero en ningún caso prevé la construcción de nin­guna infraestructura”. Los ecologistas denuncian que la nueva norma contempla trasvases “automáticos” y elimina la capacidad de decisión de administraciones locales y regionales. Por eso el Parlamento de Aragón ha recurrido la ley ante el Constitucional. El Ministerio no ceja y ya ha anunciado un nuevo Plan Hidrológico Nacional y reformas de la Ley de Aguas. De momento, no hay dinero para esas grandes obras que serían rea­lizadas y explotadas por la iniciativa privada, pero – como bien saben los agricultores– todo es cuestión de ir preparando el terreno.

*Este artículo está incluido en el informe especial sobre El negocio del agua’ número 15 de la revista en papel de La Marea

* La Marea - 10.4.14
Foto: Delta del Ebro - elpais




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