Manifiesto abierto por los espacios urbanos de Madrid

A raíz de los movimientos antiglobalización se han venido desarrollando en España y en otros países multitud de espacios urbanos autogestionados, con distintas formas de actuación comunitaria. En Madrid, junto con otras ciudades del país, se llegó en 2011 a la confluencia del llamado Movimiento ciudadano 15M, y después se han multiplicado estos espacios sociales que han llenado los barrios de distintas inquietudes cívicas, siendo el Urbanismo y la mejora de la vida cotidiana uno de los más significativos. La importancia de estos movimientos tiene como ejemplo destacado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha tenido una actuación estelar de amplia repercusión en los últimos tiempos.
"BASURAMA* : Una de las situaciones más fructíferas que ha dado nuestra época ha sido la multiplicación de espacio urbanos autogestionados, que han venido aparejados a una enorme toma de conciencia de la importancia que debe tener la ciudadanía en la gestión de la ciudad y del territorio. Espacios urbanos autogestionados de todo tipo: espacios públicos, espacios sociales, espacios culturales, espacios centrales y periféricos, espacios ciudadanos, vecinales o como lo quieras llamar.

Hay espacios espectaculares y recoletos, los hay de gestión híbrida, municipal o independiente, están ocupados, okupados, cedidos, alquilados… Espacios que han devuelto a la ciudad y a la calle su función imprescindible de escenario, entorno y ambiente de la vida en común. Han sido los espacios que han propuesto ciudades españolas vivibles para todos y todas, y en concreto, los lugares que han hecho de Madrid la ciudad viva y en marcha que es hoy en día, en lugar de la ciudad gris que le deparaba comerse los despojos de la crisis. Son los laboratorios donde se diseña el futuro, donde diseña la posibilidad de las vidas felices del futuro.

> Los miles de personas que han participado en Stop Desahucios, y en los movimientos de resistencia por puro sentido común, como son todos los barrios amenazados por la gentrificación, la casa de Ofelia Nieto 29, en Madrid, el barrio del Cabanyal de Valencia o la fábrica Averly en Zaragoza.

> La posibilidad real de otra gestión de la crisis habitacional que ha propuesto la PAH, y que suponen Las Corralas de Sevilla, los bloques de la PAH Sabadell y la Cava, la Leona, la Manuela y Cadete en Madrid, así como el gran cambio mental que la PAH ha ofrecido a una sociedad inmobiliariamente enferma como la nuestra.

> Los prototipos necesarios para pensar el futuro del espacio público como bien común que ponen en marcha cada día, entre otros, El Forat de la Vergonya y Recreant Cruïlles en Barcelona, El solar Corona de Valencia, El Campo de Cebada, Esta es una plaza, y el Solar de Grilo en Madrid, así como todos los huertos urbanos que han proliferado en todo el estado, y también en todo Madrid, de Tetuán al pueblo de Vallecas, donde se reconstruye el lazo social entre grupos muy diversos que cultivan su sociedad mientras cultivan verduras.

> Lugares tan distintos entre sí como el Espacio Vecinal Montamarta de San Blas, El CSA La Tabacalera de Lavapiés, La Morada en Chamberí, el centro social Seco y la Villana en Vallecas, o el puente de colores de San Cristóbal de los Ángeles, han permitido que la gestión urbana “desde abajo” se extienda por toda la ciudad de Madrid, gestionando cada vez más realidad. Sin olvidarnos de los varios lugares que ha ido recuperando la gente de Moratalaz, la última una oficina de Caja Madrid abandonada, (poco antes de que muchos de sus activistas fueran detenidos,la semana pasada, de la manera más escalofriante por sacar una pancarta en un pleno municipal).

> Nota aparte merecen las trayectorias de las veteranas La Casika de Móstoles, La Casa Invisible de Málaga, y el Patio Maravillas de Malasaña, que tras muchos años y después de haber superado muchos procesos de agresión, tienen que seguir luchando por sus espacios tanto como el primer día. Como si no hubiéramos aprendido nada en ellas, con ellas, de ellas.

> Los inestables éxitos mutantes de Astra, en Gernika y de Can Batlló en Barcelona, siempre prototipando caminos y soluciones que eran impensables antes de que ocurrieran, incluso en medio de agresiones tan brutales como el derribo de Can Vies. La relativa estabilidad de el Ateneu candela de Terrasa, La Harinera de Zaragoza o los HirikiLabs de Tabakalera de Donostia, o la capacidad de escucha hacia Medialab Prado e Intermediae en Madrid demuestran que estos espacios son posibles, que no sólo pueden ser flor de un día; flores de olor exquisito y de muerte temprana.

Además de la amenaza constante de desalojos criminales para miles de familias, muchos de estos espacios están amenazados en estos días. Desde el cierre de La Invisible en Málaga, esta Navidad, hasta el desalojo preventivo anunciado para El Patio Maravillas este viernes, nos jugamos mucho de cómo gestionar nuestras ciudades; nos jugamos mucho de nuestras vidas.

El Campo de Cebada anunció su hartazgo la semana pasada, hartos de violencia y falta de cuidados por parte de los miles de usuarios de ese espacio. Esta es una plaza está esperando desde diciembre la respuesta del Ayuntamiento para sacar adelante un nuevo acuerdo de cesión del espacio que ofrecen al barrio desde hace más de seis años. El Solar de Grilo, por su parte, ha recibido una amenaza de desalojo recientemente, justo en el momento en el que consolida su dimensión más pública.

Aún tenemos frescos el desalojo a traición del bloque de la Obra Social de La PAH La Cava, donde vivían 13 menores, Los derribos de Ofelia Nieto 29, de Can Vies en Sants, Barcelona y de El Centro Social Okupado La Traba, que condujo a la reclamación del mercado de frutas y verduras de Legazpi para los vecinos, que se reúnen cada martes en Intermediae Matadero amparados por muchos amigos, entre ellos la FRAVM. Haciendo oídos sordos, el ayuntamiento ha sacado ese edificio a concurso; para instalar usos tan necesarios en el barrio como una biblioteca gastronómica y un Spa. A pocos metros de allí se anuncia la construcción de un centro comercial que atenta contra toda lógica urbanística y social.

En toda Europa y en el resto del mundo hay propuestas y experiencias similares, pero el caso español supone siempre entre todas ellas motivo de estudio y admiración. Siempre se resalta la inteligencia colectiva que ha supuesto y que, a su vez, genera para la gestión de la crisis en la que todos estamos inmersos. Debería suponer, también, motivo de orgullo para los que los tenemos más cerca, y además de disfrutar de ellos, debemos cuidarlos, construirlos y defenderlos ahora, porque defenderlos es defender nuestra(s) vida(s). Unas vidas posibles más dignas y felices para todos. Defendámoslos ahora, antes de que desaparezcan y los echemos tanto en falta que no sepamos vivir sin ellos.

Nos jugamos, en realidad, cómo vamos a vivir, a gestionar, diseñar y construir nuestras ciudades. Mañana será demasiado tarde. Sabemos que la primavera de 2015, con su acelerado ciclo electoral, será movida, pero ningún político que piensen que la política consiste en votar cada cuatro años podrá destruir nuestras vidas ni nuestras ciudades.

Por todo ello, exigimos el derecho a la ciudad. Exigimos el cuidado y la responsabilidad de las ciudadanas e instituciones de Madrid, para continuar creciendo y ayudando a que estos espacios puedan continuar existiendo, puedan seguir haciendo-en-común. Como medida inmediata demandamos el realojo de El Patio Maravillas en un espacio municipal, y la suspensión de su desalojo hasta que ese espacio no esté cedido con todas las garantías.

Llamamos también desde aquí a seguir a defendiendo y cuidando todos aquellos espacios que nos han permitido ser y hacer en común.

#StopDesahucios #ElPatioseQueda.


* Diagonal - Basurama - 17.3.15
Foto: Madrid, protesta desalojo Patio Maravillas - diagonal

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Investigan por prevaricación a la cúpula de Urbanismo de Alicante

Las irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Alicante ya se cuentan por dos cifras al menos. Pendientes numerosos juicios relativos a los casos del Plan General, Brugal, etc, con los alcaldes 'populares' Alperi y Castedo imputados por favorecer al constructor amiguete Ortiz; ahora sale una noticia sobre una licencia ilegal concedida a un chalé hace 14 años nada menos. Casi es de risa comparándolo con los asuntos anteriormente comentados, pero también que no se haya ejecutado una sentencia práctica tantos años después, lo que vuelve a demostrar la lentitud exasperante de la justicia urbanística que, lejos de implantar la ley rápidamente, dando ejemplo, al final termina beneficiando a los propios infractores.
"GEMA PEÑALOSA* : La cúpula de la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante está bajo la lupa de un juez por una licencia urbanística que no se ajusta a la Ley. En síntesis, las pesquisas pivotan en que el consistorio autorizó en su día, hace 14 años, la construcción de un chalé que invade una zona verde. Lo llevan diciendo desde 2001 varios juzgados de lo contencioso e incluso el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), quienes acreditan que, efectivamente, hay una invasión, al tiempo que aprecian un error en la concesión de la licencia.

La querella a la que ha tenido acceso este periódico pone el acento en una conducta municipal «arbitraria» y habla de «trato de favor» hacia la constructora que levantó el chalé, Urbana Juárez SL. El magistrado ha abierto una investigación tras admitir el escrito por un presunto delito de prevaricación por omisión. El escrito se sustenta en el permiso de obra de una casa situada en la zona del Cabo de las Huertas que los denunciantes consideran ilegal; en el hecho de que el consistorio, pese a reconocerlo en numerosos escritos, todavía no haya ejecutado la demolición de la parte que está fuera de ordenación y en la tramitación de una nueva solicitud de licencia de ocupación sobre un «plano falso».

La querella señala a la actual concejal de Urbanismo, Marta García-Romeu (pese a que no fue elegida en ese cargo hasta 2011), a quien fuera gerente de Urbanismo, Enrique Sanus -imputado en el caso Rabasa-, un técnico, José María Navarro Lifante, y el letrado del Ayuntamiento Pablo Núñez de Cela. Por el momento, el juez no les ha llamado a declarar.

La denuncia se presentó a finales del pasado mes de octubre en un juzgado alicantino. Tras estudiarla, el magistrado la admitió a trámite y abrió diligencias de investigación. El delito: prevaricación por omisión. El trasfondo es tremendamente técnico y está trufado de resoluciones, escritos y cambios de criterio aunque podría resumirse en que todas las partes -Ayuntamiento y querellantes- están de acuerdo en que hay un exceso de obra pero el órgano competente para derribarla (el Ayuntamiento) no termina de ejecutarlo ni de instar a un desalojo para hacerlo. Además, según la querella, hay otro contratiempo: que el consistorio, dice, ha comenzado un nuevo trámite para legalizar el chalé con un plano «falso» y con el criterio de otra topógrafa, ya que el anterior, recuerda, siempre concluyó que el muro de cerramiento invadía una parte de zona verde. «Se tramita la nueva solicitud de licencia de ocupación con un plano falso».

El asunto arranca en el año 2001. La anomalía se detectó en el muro de cerramiento que al parecer invadía una zona verde, tal como consta en el escrito. El chalé quedaba «fuera de alineación exterior de cerramiento así como de las distancias de retranqueo marcadas por la ley». A juicio de los querellantes, la parcela quedó mal delimitada y la vivienda no se ubica en el lugar que le corresponde. Al parecer, y según indican, el topógrafo municipal les dio la razón. Sin embargo, continúan, la incorporación de un nuevo topógrafo ha variado el criterio y hay una nueva tramitación en curso.

Por su parte, García-Romeu rechazó cualquier atisbo de ilegalidad. «Se trata de un expediente en el que yo nunca he intervenido desde que tomé posesión, únicamente firmé la denegación de la licencia de primera ocupación como puede verse en todos los papeles». «Por eso, he solicitado el sobreseimiento de la causa y, por supuesto, la Justicia puede contar con mi total colaboración», concluyó.

'UNA NUEVA LICENCIA SOBRE UN PLANO FALSO'

Este asunto es una 'herencia' de Sonia Castedo. Cuando era edil de Urbanismo, la querellante ya denunció estos hechos. Desde el Ayuntamiento se reconoció que había un error, que se invadía un viario de zona verde y en ese segmento de tiempo Castedo modificó la licencia. En ese momento, un juez tuvo que archivar la causa pero dejó la puerta abierta a futuras investigaciones. Se sobreseyó, dijo, «con independencia de que en un futuro pueda haber responsabilidad respecto a la licencia de ocupación». Desde entonces, las demandas en los tribunales han sido constantes. El Ayuntamiento siempre ha reconocido que había un error en la licencia pero, sin embargo, nunca lo ha solventado. Lo más llamativo se produjo después de que en enero de 2014, la querellante advirtiera al Ayuntamiento de que emprendería acciones penales por el «reiterado y consciente incumplimiento de los acuerdos municipales». Después se produjo una reunión, que es el foco de la polémica. El escrito asegura que la querellante se reunió con José María Navarro y que éste le informó de que estaba tramitando «de nuevo» la licencia de primera ocupación» y que «se había de conceder porque el proyecto cumplía la legalidad urbanística». La querellante solicitó entonces una addenda del arquitecto municipal. «A continuación se produjo una reunión con el arquitecto, con Navarro y la jefa del departamento de Cartografía y los técnicos municipales mostraron el plano del que partía la documentación de la licencia de primera ocupación, que nada tenía que ver con el autorizado por la licencia de obras. Es decir se tramita la nueva solicitud de licencia con un plano falso». El asunto ahora está en manos del magistrado que será quien decida qué curso tomará.


* El Mundo - GP - 16.3.15
Foto: El polémico cerramiento del chalé ubicado en el Cabo de las HuertaS. M. LORENZO

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La alcaldesa de Madrid revende en vísperas de las elecciones proyectos estancados durante años

Llegan las elecciones municipales y autonómicas y los políticos de turno se aprestan a dejar 'atado y bien atado' su negocio urbanístico. En Madrid al menos 12 magnos proyectos (ver a continuación) han sido rescatados ahora por A.Botella, que los vende como de su propia cosecha, cuando todos vienen de muchos años atrás y ya en su día fueron descartados por despilfarradores o de irregular realización. La herencia del faraón A.Gallardón se deja sentir demasiado en una ciudad con el récord absoluto de deuda pública y que todavía no ha encontrado su correcto lugar urbanístico, perdida entre pelotazos y obras sin sentido que no han contribuido para nada al bienestar básico ciudadano, mientras suponen arrastrar mayores pérdidas económicas.
"ÁNGEL CALLEJA* : Ana Botella se fotografió este lunes en la nave Boëtticher para presentar Madrid Campus de la Innovación, el proyecto con implicación de agentes privados (Microsoft, Ferrovial, Telefónica...) que dará contenido a una infraestructura remodelada con dinero público (40 millones de euros), pero sin actividad desde los años 90. Antes que ella, Alberto Ruiz-Gallardón ya se dejó retratar en estas instalaciones en un puñado de ocasiones.

Sin embargo, la antigua fábrica industrial de Villaverde no es el único proyecto que el Ayuntamiento de Madrid ha vendido en más de una ocasión sin que los madrileños hayan podido disfrutar de ellos. La propia Botella ha emprendido en los últimos meses una carrera de reinauguraciones, presentaciones y cambios urbanísticos a fin de aportar a su legado algo más que la austeridad impuesta por la deuda que le dejó su predecesor, la huelga de limpieza o la venta de viviendas sociales a fondos buitre. La alcaldesa ha llegado a ofrecer bajadas de impuestos para cuando ya no esté.

Doce proyectos nada nuevos

Reforma de la Plaza de España.
Gallardón la anunció en mayo de 2011 como su gran baza electoral para mantener la Alcaldía, pero no dio ni un paso para su ejecución. Su sucesora recogió el testigo y anunció la recuperación del plan en agosto de 2014. El proyecto, para el que el magnate chino Wang Jialin (propietario del Edificio España) aportará 30 millones de euros, supone la eliminación de 12.500 metros cuadrados de asfalto y el soterramiento del paso elevado entre Ferraz y Bailén. Las obras empezarían este año, pero no se ha firmado ningún documento con los inversores privados que financiarían la operación. Las propuestas de los ciudadanos, que incluyen situar en este enclave la estatua del dios Neptuno, se presentaron el viernes 13 de marzo.

Mercado de frutas de Legazpi.
En 2008 iba a acoger las nuevas oficinas de la Gerencia de Urbanismo, pero la crisis desbarató la propuesta de reformar de Pesquera y Ulargui Arquitectos, que ascendía a 78,4 millones de euros. En 2012 se planteó en él un intercambiador, un aparcamiento y un mercado de abastos. El proyecto definitivo del Ayuntamiento, divulgado el 20 de febrero, pasa por construir un espacio 'gourmet', una zona comercial, un polideportivo y una biblioteca. Los vecinos de Arganzuela han reclamado -sin éxito- la cesión de estos 34.500 metros cuadrados para fines culturales y sociales, como ha hecho con El Campo de la Cebada o La Tabacalera, pero el Ayuntamiento prefiere adjudicar la rehabilitación (que asciende a 54 millones) y gestión a un promotor privado durante 40 años.

Nave Boëtticher.
La primera piedra para su rehabilitación se colocó en 2009. El exalcalde Gallardón anunció la apertura de la 'Catedral de las nuevas tecnologías' media docena de veces, pero nunca cumplió. En marzo de 2014, Botella aseguró que el edificio estaba "en la fase final de su rehabilitación". El portavoz de IU en la Junta de Villaverde, Javier Muñoz, denuncia "la desvergüenza de vender unas instalaciones que ya han anunciado, prometido y presentado cada vez que se acercan unas elecciones". "Hoy por hoy, la Boëtticher sólo es un carísimo decorado para que se hagan selfies los cargos del PP", según Prado de la Mata, coordinadora de la formación en el distrito.

Casa de la Carnicería.
La empresa pública Paradores rechazó en 2007 la oferta consistorial para instalar un hotel con vistas a la Plaza Mayor en las antiguas dependencias de la Junta Municipal de Centro. En 2012, UPyD denunció la degradación del inmueble mediante unas fotografías publicadas por 20minutos. El Ayuntamiento no publicó el anuncio de la licitación de la concesión hasta el pasado 3 de marzo.

Faro de Moncloa.
José María Álvarez del Manzano lo inauguró en 1992 como punto de interés turístico y torre de comunicaciones, aunque también se pensó como centro de control de tráfico. Se presupuestó en 2,2 millones, pero acabó disparándose hasta los 3,8. Cerró por problemas de seguridad tras el incendio de la torre Windsor en 2005. Gallardón gastó 5,6 millones del Plan E en adecuarlo a la normativa de edificios, pero nunca fue reabierto ni tuvo restaurante, como llegó a barajarse. Botella se subió a su terraza en febrero para anunciar las obras de renovación, que lo convertirán en mirador y oficina de turismo. En el futuro, podría albergar una cafetería y una terraza.

Centro Internacional de Convenciones.
Más conocido como "el agujero de la Castellana". Gallardón lanzó la idea de dotar a Madrid de un palacio de congresos singular en 2004. El concurso de ideas fue convocado en 2006, pero el diseño de Emilio Tuñón, Luis Moreno Mansilla y Matilde Peralta del Amo, que emulaba a un sol naciente, vio la luz en 2007. Las obras se detuvieron en 2010. Botella anunció el desbloqueo de los trabajos en diciembre de 2014. La cesión de la parcela a un privado durante 75 años permitirá aprovechar los casi 100 millones invertidos en cimientos para una dotación pública municipal y usos recreativos y de ocio con pequeño y mediano comercio.

Operación Chamartín.
Sin desarrollo desde 1997. El consorcio urbanístico 'Prolongación de la Castellana', creado en 1997, implica al Ayuntamiento, la Comunidad, el Ministerio de Fomento, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), y la empresa DUCH, liderada por el BBVA. La firma del convenio que relanzaría el plan estaba prevista para 2008, pero no fue hasta el pasado 30 de enero cuando las partes implicadas, incluida Botella, rubricaron el soterramiento de las vías de tren, la prolongación de la Castellana y la creación de un área residencial con 17.000 pisos.

Operación Calderón.
Incluye la demolición de la fábrica de Mahou (ya ejecutada) y del Vicente Calderón, el traslado del Atlético de Madrid al estadio de La Peineta, el soterramiento de la M-30 a su paso por Arganzuela y la construcción de ocho bloques de viviendas, dos rascacielos de 36 pisos (un total de 2.000 viviendas) y un parque. El Ayuntamiento aprobó el plan urbanístico en 2009. En 2012, el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) lo paralizó por incumplir las alturas máximas previstas en la normativa del suelo. La Comunidad de Madrid cambió la ley para sacarlo adelante. Por el camino, el Supremo tumbó la sentencia del TSJM. El pleno del Ayuntamiento aprobó el plan definitivo en 26 de noviembre de 2014. La nueva fecha para la conclusión de las obras es el año 2022.

Teatro Daoíz y Velarde. El 28 de diciembre de 2006, Día de los Inocentes, los madrileños se despertaron con la sorpresa de que el antiguo cuartel militar, de 7.000 metros cuadrados, se transformaría en teatro infantil y centro cultural. Hoy, permanece sin butacas ni escenario. Botella realizó una 'inauguración fantasma' en febrero, pero la exposición temporal a la que asistió dejará paso de nuevo al polvo, ya que no existe proyecto de gestión.

Bajada de impuestos.
La alcaldesa prometió en septiembre de 2013 una rebaja del IBI para 2016, a pesar de que abandonará la política activa tras las elecciones municipales y autonómicas de este año. El 10 de febrero de este año repitió su mensaje, añadiendo que el recibo descenderá hasta un 20%. El 12 de marzo aprobó un Plan Presupuestario a Medio Plazo (sic) que incluye estas medidas y que servirá de "marco" para el próximo alcalde.

Parque Olímpico.

Las candidaturas de Madrid para organizar los Juegos de 2012, 2016 y 2020 fracasaron una tras otra, por lo que el Parque Olímpico situado en San Blas quedó sin sentido. El Ayuntamiento reordenó la parcela en octubre para convertirla en un corredor verde con un estadio y parking disuasorio, 300.000 metros cuadrados de zonas verdes y nuevos paseos y viales.

Paseo de la Dirección.
El Pleno municipal sacó adelante el definitivo Plan Parcial de Reforma Interior del Paseo de la Dirección en febrero. En diciembre ya había vendido la ampliación de las zonas verdes y la mejora de las conexiones. Su rehabilitación lleva prevista desde antes de los años 80. El nuevo proyecto, que se iniciará "en unos días", según el Ayuntamiento, prevé 500 viviendas libres y 1.500 protegidas o de precio limitado.


* 20 Minutos - AC - 17.3.15
Foto: Madrid, Botella en la nave Boetticher - ayuntamiento

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Un derribo inapelable en Alcanar

El llamado 'caso Turov' sobre la construcción ilegal de 32 apartamentos en Alcanar (Tarragona) ha llegado al fin de los recursos planteados. La lentísima justicia ha tardado 12 años (doce) en dictar sentencia de derribo para un asunto que parecía de libro. Al transcurrir tanto tiempo, en realidad es ahora cuando van a empezar los problemas para su ejecución, ya que los propietarios están dispuestos a defender hasta el final su ilegalidad y, además, son apoyados por el cómplice gobierno municipal de ERC, con lo que la situación puede demorarse eternamente si no se ponen los medios adecuados. Esto es lo que ocurre con la 'injusta' justicia urbanística en este país: se tarda demasiado en sentenciar, cuando se logra hacerlo, y luego es tarde para encontrar una buena solución para todos. Aquí lo hemos denunciado desde hace años, pero lejos de mejorar, las cosas empeoran en la mayoría de los casos para los imprescindibles derribos de restitución de la Ordenación Territorial.
"ELPAÍS* : A primera vista nada hace presagiar que el bloque tenga los días contados. La hierba del jardín está cortada y peinada. La alfombra verde aparenta recibir un minucioso cuidado como el agua de la piscina, cristalina y sin bichos ni hojas, pulcritud nada fácil en una tierra ventosa como el Montsià. Las apariencias engañan. El carpetazo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al caso Turov de la urbanización Serramar en Alcanar ordena el derribo de 32 apartamentos construidos bajo una licencia urbanística contraria a la ley.

Es el principio del fin de un asunto que colea desde hace 12 años. Para disipar titubeos, la sentencia concluye indicando que el veredicto no es “susceptible de recursos”.

En dos meses habría que derribar el bloque, pero en Alcanar no son pocos los que dudan de que se actúe con presteza. “Todavía será lento. Falta un informe técnico para decidir cómo lo tumbamos, luego habrá que aprobar la partida presupuestaria y, por último, un concurso público para adjudicar los trabajos”. Manel Martí, concejal de Urbanismo, advierte de que cumplir la sentencia “será complicado. Se ha optado por la solución más traumática. Si algún vecino no se quiere ir tendrán que mandar a los Mossos d’Esquadra”.

Verónica reside en Amposta. De vez en cuando echa una ojeada al apartamento que su amiga Lina, de Zaragoza, tiene en Serramar. “Ella está segura de que no lo derribarán, porque hay mucha gente afectada”. Lo mismo piensan en la inmobiliaria Nurgem, que durante años ha gestionado alquileres y compraventas en el bloque. “Se arreglará, el Ayuntamiento se pondrá de por medio y no los tumbarán”, pronostica una responsable de la agencia.

“¿Cómo lo solucionará el Ayuntamiento? ¡No tenemos margen de actuación!”, exclama el concejal. Es más, lamenta que demasiado en medio está el equipo actual en un asunto en el que “no tuvimos ninguna responsabilidad”. Martí señala a Batiste Beltrán, antiguo alcalde ya fallecido, y lo acusa de desencadenar los desmanes urbanísticos. “Se dedicaba al asunto inmobiliario y tenía su oficina al lado del Ayuntamiento”, dice.

Pero el caso Serramar se empezó a torcer con el sucesor de Beltrán, el socialista Ricard Bort. El equipo actual (ERC) piensa llevarle a él y a su junta de gobierno al juzgado si Alcanar es condenado a pagar indemnizaciones. “Quizá ya les llegó el caso envenenado del anterior alcalde, pero si el pueblo termina pagando, los responsables deben responder por daños y perjuicios”. Ellos, dice Martí, aprobaron en julio de 2003 una licencia de obras que contravenía la normativa municipal. Las responsabilidades se ampliarán a los técnicos que no frenaron la concesión de una licencia que permitió 32 apartamentos en una zona planificada como ciudad jardín y donde, como máximo, se podían levantar nueve casas unifamiliares. Secretaria y arquitecto municipal y el jurista de Urbanismo (“jamás emetió ningún informe”) serán exigidos judicialmente, “porque si el Ayuntamiento sufre un daño tiene que intentar resarcirse”. Ninguno de los supuestos responsables sigue en el Ayuntamiento.

La sentencia del TSJC critica duramente la manga ancha con que actuó el Consistorio y añade que “no es cierto que el único parámetro vulnerado fuera la densidad máxima. La licencia también infringía el parámetro relativo a las distancias”.

En la misma calle, la propietaria de una espaciosa casa observa el bloque condenado. Es la única vecina que ha resistido la batalla judicial. Tenía un motivo poderoso: “Me instalé aquí en febrero de 2003 y en julio empezaron las obras”. Y la panorámica sobre la montaña quedó eclipsada. Otros atribuyen su persistencia al desacuerdo con la indemnización ofrecida por la promotora de la obra, Turov, de Badalona.

Desde el Ayuntamiento no esconden las dificultades con la vecina, pero también recuerdan que cuando estalló el asunto y ella pedía explicaciones, alguien la despachó con un “si tienes tantas quejas no vengas al Ayuntamiento, vete a los tribunales”.


* El País - Marc Rovira - 15.3.15
Foto: Alcanar (Tarragona), viviendas ilegales - elpais

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España, el país donde hay más AVE y donde menos se utiliza

El despilfarro del AVE español es famoso ya en el mundo entero, que contempla con estupor como un país endeudado hasta las cejas y con unas carencias sociales evidentes, es capaz de tener una línea de Alta Velocidad de 3.000 km (solo superada por China), cuando, además, el promedio de viajeros es insuficiente y solo genera más perdidas en todo su trazado. Solo hay que hacer la cuenta de 18 millones de media por km construido. Para más inri se ha arruinado el ferrocarril tradicional para cortas o medias distancias que era el más utilizado por la población en general e, incluso, las nuevas líneas no permiten por su configuración el transporte de mercancías, con lo que la inutilidad y el abuso estaba garantizado de antemano. Hecho ya este despropósito irracional, los altos cargos políticos no han sido siquiera juzgados por el mayor delito público ocurrido en el país y, según parece, van a irse 'de rositas' tras las enormes pérdidas dejadas para la ciudadanía.
"EXPANSIÓN* : España se ha convertido en un gigante global en el tren de alta velocidad. Algo más de veinte años después de que se pusiera en marcha la primera línea de AVE -la que une Madrid y Sevilla y que arrancó en 1992-, el país ha escalado hasta la cima de las potencias mundiales en este tipo de transporte. España no fue el primero (Japón inauguró su primera ruta en 1964, y Francia en 1981), pero sí es uno de los países que más ha acelerado.

España cuenta actualmente con +2.500 kilómetros de vías de ferrocarril de alta velocidad, lo que nos convierte en el segundo país del mundo con una red más extensa en términos absolutos (sólo por detrás de los 11.000 kilómetros con que cuenta China, el país de las magnitudes siempre desproporcionadas), según los datos de la Unión Internacional del Ferrocarril (UIC).

Sin embargo, en términos relativos, poniendo en relación la extensión de la red y la población del país (una ponderación comúnmente utilizada por los expertos en la materia para calibrar mejor las magnitudes), España es líder global indiscutible con 54 kilómetros de vías de alta velocidad por cada millón de habitantes. Francia, con 31 kilómetros por millón de ciudadanos; Bélgica, con 19; y Japón, con 16, nos siguen... de lejos. Y la tan populosa China, con sus más de 1.300 millones de habitantes, se hunde hasta la parte baja de este ranking, con sólo 8 kilómetros de alta velocidad por cada millón de personas.

Contabilizando los kilómetros de red ahora en construcción, el liderazgo de España en términos relativos se refuerza. Está previsto que la red de alta velocidad española sume en los próximos años unos 1.200 kilómetros más, hasta un total de 3.700 kilómetros (la red china escalará hasta los 14.600 kilómetros, por otro lado). Con la nueva dotación, la ratio española crecerá hasta 79 kilómetros por millón de habitantes de España, abriendo una mayor brecha con Francia (43), Japón (23), Bélgica (19) o Alemania (18).

Mucho AVE, poco uso

"España destaca por su liderazgo en dotación de infraestructura una vez corregida por población, lo que contrasta con el escaso uso de la misma, muy por debajo del resto de redes de alta velocidad" internacionales, según destacan Daniel Albalate y Germà Bel, profesores de la Universidad de Barcelona, en un estudio para la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) sobre el desarrollo de la alta velocidad en el mundo y sus efectos. "La implantación de una infraestructura no implica necesariamente su uso, por lo que los países con mayor dotación pueden no ser los que tienen un mayor número de pasajeros". Y ése es precisamente el caso de España.

El AVE español transportó el año pasado algo más de 29 millones de pasajeros, un 14% más que en el ejercicio anterior. Un registro que le coloca a años luz de los más de 420 millones de usuarios de la alta velocidad china o los 330 millones de pasajeros de Japón (en ambos casos, con datos de 2012). Los datos de España son pobres en términos absolutos, pero también en términos relativos. El AVE de España cuenta con poco más de 11.500 pasajeros por cada kilómetro de vía operativo. Muy por detrás de los 158.121 pasajeros por kilómetro de Japón, los 132.000 de Corea del Sur, los 106.000 de Taiwán o los 61.400 de Francia.

Rentabilidad

Con estos datos, la alta velocidad española está, claro, lejos de la rentabilidad. Algo que no es exclusivo del AVE nacional, ya que según los expertos de Fedea en todo el mundo sólo han conseguido ser claramente rentables las líneas entre Tokio y Osaka, y entre París y Lyon. Y más recientemente, pero de manera mucho más modesta, también la ruta china entre Jian y Quingdao.

"La tecnología de alta velocidad ferroviaria es extremadamente exigente en costes, lo que exige unas densidades de demanda muy elevadas para que esta inversión genere beneficios sociales. Aún más, si tenemos en cuenta su escaso impacto sobre la actividad económica agregada, sus efectos centralizadores en el sector servicios, el potencial de degradación de la oferta convencional de ferrocarril, y los efectos perjudiciales en el ámbito de la cohesión territorial y la equidad personal", sentencian los profesores Albalate y Bel.

Según los expertos, la inversión en alta velocidad puede llegar a ser rentable en corredores de media distancia entre áreas metropolitanas muy pobladas, que sufren un problema de congestión en sus comunicaciones, y con una demanda potencial realmente elevada. Sin embargo, "en la práctica se ha tendido a extender las redes mucho más allá de lo que hubiese sido razonable, con resultados económicos y sociales precarios, que están muy lejos de ser compensados por beneficios extraeconómicos de los que no existe evidencia".

Y en este contexto, "el caso español es especialmente extremo, constituyendo un modelo de política equivocada, puesto que ha dado lugar a la red de alta velocidad más extensa del mundo en términos relativos (y la segunda en términos absolutos, con los niveles de demanda más bajos entre todos los países en que se ha implantado".

No obstante, los expertos de Fedea apuntan que España se encuentra entre los países en que la construcción de las líneas soportan costes más bajos, con una inversión media necesaria de 18 millones de euros por cada kilómetro de vía. Sin embargo, en el informa se subraya que en esta cifra no se incluye los costes de construir las estaciones del trayecto ni las indemnizaciones por expropiaciones.

Sólo China presenta un importe más ajustado que el español (con entre 6 y 17 millones de euros por kilómetro, según las líneas). Muy lejos se sitúan los países que se encuentran entre los que afrontan costes más elevados, como Italia, con 61 millones de euros por kilómetro; Japón, con 53 millones; o Corea, con 42 millones.


* ExPansión - David Page - 9.3.15
Foto: AVE no, Tren sí - ecologistasenaccion.org



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La falta de medios lastra los grandes macrocasos de corrupción de la Costa del Sol

Se viene diciendo desde hace tiempo: la justicia urbanística es incapaz de resolver correctamente los innumerables casos de corrupción habidos durante los últimos años en el país, bien sea por falta de medios o bien por 'tancredismo'. En la Costa del Sol, donde hay sobreabundancia de tramas especulativas, la gravedad por inacción judicial ha llegado a ser alarmante. El supercaso Malaya de Marbella aun no está cerrado definitivamente y a la cola están Astapa (Estepona), Arcos (Alhaurín) y un largo etcétera. Además de la tardanza insostenible, otro tema que salta a la vista es la benevolencia 'injusta' de la justicia con los capos más importantes que, habiendo defraudado miles de millones a las arcas públicas, terminan con penas insignificantes para el daño realizado a los ciudadanos y al Territorio.
"LAOPINIÓN" : Málaga siempre lidera las listas nacionales en cuanto a corrupción y presencia de mafias internacionales. Varios datos ilustran esa afirmación: la Fiscalía insistió en su memoria de 2014 en retratar a la Costa del Sol como centro de actividad del crimen internacional –se recibieron 164 peticiones de cooperación judicial internacional en 2014, un 29% más que en 2013–; y los delitos relacionados con la corrupción crecieron entre 2012 y 2013 un 109%, después del incremento del 200% el ejercicio anterior.

Con ese caldo de cultivo, no es de extrañar que los juzgados estén al borde del colapso y que las unidades policiales no avancen en los grandes sumarios de corrupción del litoral. Frente a Malaya, que contó con todos los medios, los nuevos casos nacen lastrados por los escasos apoyos humanos y materiales.

Para Ballena Blanca y Malaya las autoridades consintieron en la creación de salas bis, es decir, tres magistrados y una oficina de funcionarios al completo para tramitar esos procesos al margen de las secciones originales, en este caso la Segunda y la Primera, que siguieron funcionando con otros tantos togados y empleados públicos y enjuiciando los casos normales. Los nuevos macroprocesos que llegan ahora a su fase de enjuiciamiento se están señalando para dentro de muchos meses: el caso El Pinillo –convenio urbanístico con los protagonistas marbellíes de ayer y hoy– se ha fechado para febrero de 2016; Fergocon, con un papel destacado de los hermanos Del Nido, se celebrará en septiembre de 2015; Goldfinger –otra vez marbella, y, aunque no está acusado, la sombra del actor escocés Sean Connery– se fija en enero de 2016 y Arcos, la mayor trama de todas con medio centenar de acusados por corrupción en Alcaucín, se celebrará el 7 de noviembre de 2016.

Sección Tercera

En el caso de la Sección Tercera (Arcos y El Pinillo) llegará un magistrado extra a la sala –habrá cuatro– de forma que siempre haya uno libre y los otros tres puedan formar tribunal. Sólo para Arcos se han señalado setenta días diferentes, pero además hay que sacar abusos, asesinatos, homicidios, apropiaciones indebidas, estafas, juicios igualmente importantes, al menos para los afectados y los jueces, que los casos de corrupción. Además, hay ya una funcionaria trabajando con el sumario y las citaciones. El sumario asciende a decenas de miles de folios. Antes, en la época de Malaya y Ballena Blanca –2006/2012–, lo normal hubiera sido que se crearan salas bis, pero ahora las cosas han cambiado.

Fuentes judiciales indicaron que para los jueces tan importante como estos procesos son los casos que afectan al que le han estafado en la compra de un piso o a una víctima de abusos. Un macroproceso puede hundir una sección y no sólo hay asuntos de corrupción: las cinco secciones penales malagueñas están curtidas en el enjuiciamiento de tramas de narcotráfico de veinte o treinta acusados, con delitos económicos asociados.

Cada una de las Salas tendrá un cuarto magistrado de apoyo pero está menos claro que, como ocurría en el pasado, los ponentes –los redactores de la sentencia– puedan dedicarse únicamente a darle forma al fallo mientras dure el macroproceso –como pasó con Malaya, por ejemplo–.

Caso Astapa

En cuanto a Astapa, la gran causa de corrupción que roza el centenar y medio de imputados, la situación es similar, aunque en este asunto aún se está en la fase de instrucción –las detenciones se produjeron en junio de 2008–. Las dos unidades de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que tiran del hilo en Estepona están desbordadas. «La unidad de Madrid lleva otros casos de corrupción de todo el país y no dan abasto», indicaron las fuentes, que insistieron en la profesionalidad de los policiales judiciales pero que reseñaron el ingente trabajo que tienen y las dificultades para hacer los informes finales y entregarlos en Estepona 1, el juzgado en el que el juez Jesús Torres intenta cerrar el asunto. Hay evidente preocupación en las altas esferas judiciales por el futuro de este asunto.

Lo mismo ocurre con los peritos de Hacienda que deben dibujar el esqueleto económico de la trama, ya que tienen que hilar también fino –al menos uno de ellos– en los ERE que investiga Mercedes Alaya, agregaron esas fuentes consultadas por este periódico.

Hay un miedo evidente de que el gigante que es Astapa, al que se llegó a llamar el hermano pobre de Malaya, se quede en nada tras siete años de investigación, aunque lo cierto es que la falta de medios ha lastrado este proceso desde su génesis.


* La Opinión Málaga - José Antonio Sau - 8.3.15
Foto: Marbella, juicio Malaya - EP

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Operación Chamartín: el último 'pelotazo' de González y Botella

Ya se ha comentado en este Blog el enorme pelotazo urbanístico que va a suponer la llamada Operación Chamartín que, además, añadirá más de 2.000 millones a la gran deuda del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Los culpables de tal desaguisado, los 'populares' I.González y A.Botella, están dispuestos a llevarla a cabo antes de las próximas elecciones de Mayo y así dejar su impronta especuladora hasta el último día de su mandato. Incluso, no tiene sentido esta prisa ya que hasta 2018 no se ha previsto el comienzo de las obras. Pero el desastre urbanístico para la parte norte de la ciudad de Madrid está asegurado con el desequilibrio generado por este obsoleto Plan, sin sentido práctico ni funcional.
"FÉLIX ARIAS* : Promotores y dirigentes del PP en Madrid se han embarcado en una carrera desbocada para que el expediente se apruebe antes de las elecciones del 22 de mayo. ¿Por qué tanta prisa? Pretenden dar hechos “consumados” a un nuevo gobierno municipal. El 24 de mayo hay elecciones municipales y regionales, que darán paso a nuevos gobiernos en Madrid. El último pleno municipal sería el 7 de mayo, y para que un asunto figure en ese orden del día tiene que introducirse en la Comisión de pleno el 29 de abril a más tardar.

El documento de plan parcial de esta operación se publicó el 20 en el BOCAM. Los 45 días de información al público, que son el mínimo legal, cumplen el 17 de abril (aunque debe añadirse una semana hasta el 24 de abril para las que puedan llegar por correo o a través de diversos registros).

Los promotores y el Ayuntamiento, se han embarcado en una carrera desbocada para que el expediente se apruebe por el actual Ayuntamiento. Y para ello pretenden que en 11 días (del 18 al 29 de abril) se reciban y analicen los 47 informes sectoriales (que pueden requerir modificaciones en la documentación del plan parecial), se informen las alegaciones (que pueden ser miles), se prepare el documento corregido a aprobar definitivamente, y se envíe a la Comunidad para que emita la Declaración de Evaluación Ambiental (que suele tardar meses), devolviéndola al Ayuntamiento. Una misión absurda.

Aunque fueran posibles los plazos, se evidencia que se pretende hurtar al nuevo Ayuntamiento la posibilidad de tratar el asunto en el Pleno municipal. Al igual que se hurta el debate público limitando la información al mínimo legal de 45 días, claramente insuficiente para que la ciudadanía comprenda y debata las implicaciones de esta operación inmobiliaria, como veremos a continuación.

La prisa no está justificada por el posible inicio de la operación, ya que han anunciado que hasta 2018 no es previsible que empiece el desarrollo de la primera Unidad de Ejecución. ¿No pueden esperar unos meses a hacer las cosas correctamente sin torear la democracia?

El “Distrito Castellana Norte” provocaría mas desequilibrio funcional y social de la ciudad.

La Castellana y el distrito de Chamartín tienen una concentración de oficinas y viviendas de alto precio, que suponen un fuerte desequilibrio en la ciudad, perjudicando la aparición de centralidades en otros distritos y favoreciendo la expulsión de Chamartín de las economías más débiles, tanto hogares como actividades económicas.

La operación Chamartín exacerbara estos desequilibrios, perjudicando a la ciudad y al distrito. Es necesario diversificar los tipos de vivienda y de espacios para actividad económica, para lograr barrios más equilibrados y complejos.

¿Porque el nuevo nombre “Distrito Castellana Norte? Llamar así a esta operación es reflejo del paroxismo de exclusión que plantean los promotores apoyados por el Ayuntamiento del PP.

No se trata de mejorar el norte de la ciudad y potenciar sus barrios dotando las carencias e impulsando actividades complementarias. Se trata en realidad de generar un nuevo Distrito, que aproveche el tirón de la Marca “Castellana” que tiene más valor inmobiliario. Esta es la clave de esta operación de especulación inmobiliaria.

Este nuevo distrito tendría:

Un gran Centro de Negocios (800.000 de m2 edificables) con torres de hasta 320 m. Como comparación las 4 torres tienen cada una 230-250 m de altura y unos 70.000 m2 sobre rasante.
17.700 viviendas (15.800 de precio libre) como mínimo, ya que si el negocio de oficinas no funcionara bien se permite pasar a vivienda parte de la edificabilidad de oficinas. Las viviendas de protección se reducen de 3.000 a 1.900, como si nada, cuando lo que hace falta en Chamartín es vivienda protegida de alquiler.
Otros casi 600.000 m2 de oficinas, comercios, etc., incluida un área tecnológica de 180.000 m2.
La razón de ser de la ordenación, propuesta en el nuevo plan parcial, es maximizar el negocio, y no el interés general del vecindario. Así, la modificación del plan parcial concentra las oficinas en un conjunto de torres en la Castellana entre la estación y el nudo norte, próximos a las 4 torres del Real Madrid, que es la zona que permite hacer una oferta de oficinas Prime (las más caras del mercado).

Se trata de una operación financiera más que una actuación urbana

Lo que importa al promotor (el 75,5% es del BBVA) es mantener la valoración de los activos en el balance del banco. Porque eso es lo que es Chamartín para el BBVA, un activo financiero, no una actuación urbana para el interés general de los ciudadanos.

Todo es una ficción contable, se trata de presentar un balance de ingresos (valor de los inmuebles a construir) que simule que se pueden cubrir los gastos de urbanización (que año tras año se reducen) con el fin de afianzar la operación como activo financiero en el balance contable de la entidad promotora. Y si luego no funciona ese equilibrio financiero, pues se vuelven a pedir nuevos cambios para generar nuevos ingresos (más edificabilidad o nuevos cambios de uso), o para reducir inversiones en urbanización. Como llevan haciendo 20 años, en los que se ha multiplicado por tres la edificabilidad desde el inicio.

Y ahora además se reducen los costes de las infraestructuras en 800 M € y se cambian calificaciones para usos “más rentables”, porque según especifica la memoria “han variado sensiblemente las condiciones económicas tenidas en cuenta por el Plan Parcial aprobado en 2011, a consecuencia de las circunstancias sobrevenidas en los últimos años, en torno al mercado del suelo y la vivienda. Estas ponen de manifiesto la necesidad de verificar la viabilidad económica” de la operación.

¡Lo dice un banco que desahucia a hogares que no pueden pagar sus hipotecas por condiciones económicas sobrevenidas!

Si la operación se inicia vamos a ver como el rescate bancario, que pagamos entre todos los ciudadanos, para inyectar liquidez a los bancos, se utiliza para la especulación inmobiliaria, cuando se está demandando socialmente la dotación de créditos a hogares y empresas.

Las prisas por aprobar esta sinrazón se deben a que los promotores quieren afianzar su posicionamiento en el tablero de juego inmobiliario de Madrid (como cuando en el juego del Monopoly compras las calles más caras). Pero en este momento tienen cierta inseguridad jurídica porque dos sentencias de noviembre de 2013 declararon la nulidad de varias determinaciones del plan parcial, y quieren resolverlo ya, no vaya a ser que un nuevo Ayuntamiento cuestione las cosas y el BBVA pierda su oportunidad, sus activos en el balance. Hay que tener en cuenta que los promotores solo tienen una opción de compra de suelos públicos, y solo para cuando se ponga en marcha materialmente la actuación.

Notas finales: algunas (sin)razones de una ordenación urbana al servicio de un negocio inmobiliario.

Finalmente enunciemos algunas preguntas que ponen en cuestión la necesidad de esta operación, como actuación urbana para los ciudadanos:

¿Por qué una operación de 311 Has y 3,3 M de m2 edificables, pasando por encima de ferrocarriles y autopistas, en vez de operaciones urbanas equilibradas con los barrios del entorno? Porque desde su su origen se ha concebido como un negocio, no como servicio a los ciudadanos.

¿Por qué emplear 252 M € (que serán mas) en soterrar 22 has de vías, bajo inmensas losas de hormigón? Losas que se consideran zona verde (¿?), para que generen edificabilidad que se acumula en el resto de la operación.
¿Por qué desplazar instalaciones del Canal de Ysabel II por valor de 81 M € (que serán mas), si solo es necesario para generar solares “Prime” (1ª categoría inmobiliaria) frente al hospital de La Paz.
¿Por qué emplear 214 M € en remodelar los enlaces de la M30 (que serán mas) en los nudos norte (M30) y de Fuencarral (M40)? Para dar acceso a la nueva Castellano norte, en Fuencarral, y crear las nuevas fachadas en las que localizar una enorme edificabilidad.

¿Por qué estos costes de estás infraestructuras (547 N €), se consideran los topes a financiar por los promotores, y las deviaciones presupuestarias que supere este coste previsto recaerá en el Ayuntamiento, cuando tenemos la experiencia de los sobrecostes de las obras en la M30?

¿Por qué alargar la Castellana 3,7 km que aumentarán el tráfico en la almendra central, y en zonas congestionadas de la M30 y M40, si solo sirve para generar “fachadas” con mayor valor inmobiliario para los promotores?
¿Por qué un centro de negocios que desequilibra la ciudad y mas que duplica las 4 Torres? Torres hasta 100 m más altas que las del Real Madrid.

¿Por qué una concentración de 15 a 25.000 viv. (si transforman edificabilidad de terciario en vivienda como permite el plan), de alto precio cuando lo que hace falta en el norte es vivienda barata y de alquiler? Y sin embargo reducen las viviendas protegidas de 3.000 a 1.900 VPP.



* Nueva Tribuna - FA - 9.3.15
Foto: Madrid, culpables Operación Chamartin: presidente BBVA, presidente Comunidad, ministra de Fomento y alcaldesa de Madrid - nuevatribuna

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Greenwich exige 92,8 millones a la Generalitat por el puerto de Altea

La corrupción urbanística ha afectado también a numerosos puertos deportivos que se han construido al calor de la permisividad ilegal de las administraciones públicas en los últimos años. En Altea (Alicante) el proyecto de ampliación de su puerto contó con el visto bueno de la Generalitat valenciana, gracias a una Declaración de Impacto Ambiental (2004) que, tras la protesta razonada de la ciudadanía, fue echada abajo por los Tribunales. Ahora la empresa adjudicataria de la obra, Marina Greenwich, reclama a la Comunidad casi 100 millones por el 'lucro cesante' de su actividad. Como se ve, se trataba de otro pelotazo urbanístico propio de años pasados y que va suponer una nueva deuda para todos los ciudadanos, sin que los culpables políticos de la ilegal decisión hayan pagado por ello.
"ELPAÍS* : La mercantil Marina Greenwich, responsable del fenecido proyecto de ampliación y gestión del puerto deportivo de Altea, reclama 92,8 millones de euros a la Generalitat por el lucro cesante y el perjuicio ocasionados tras las sentencias judiciales que declararon nula la adjudicación de esta iniciativa urbanística. La promotora vio cómo se iba al traste su ambicioso proyecto en la costa norte alicantina después de haber conseguido todos los permisos administrativos y una polémica declaración de impacto medioambiental.

La representación legal de la sociedad pidió el pasado 17 de febrero la ejecución de sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano en 2010, confirmada por el Supremo en 2013. La anulación del proyecto era imputable a la propia Administración. La sentencia condena a la Generalitat a liquidar la concesión tras dar alas a la empresa para doblar el número de amarres, de 542 a 1.089, con un informe medioambiental que no se correspondía además con el proyecto presentado, sino con uno similar que fue sometido a información pública al principio.

Marina Greenwich lleva cerca de un año reclamando a la Generalitat los daños y perjuicios en la fracasada ampliación del conocido antiguamente como Puerto de Campomanes. De acuerdo con un estudio económico de la empresa Deloitte Advisory, el lucro cesante supera los 73 millones de euros. A esta cantidad habría que añadir distintas partidas, entre ellas los 8,9 millones en obras que ya no podrá recuperar la empresa o el casi millón de euros gastados en avales durante la tramitación. De igual modo, reclama los 360.000 euros al Gobierno español por el aval para garantizar la estabilidad de las playas de esta ciudad de la Marina Baixa.

El Gobierno valenciano concedió en el año 2004 la gestión por 30 años de 240.058 metros cuadrados de este enclave, de los cuales 35.526 metros correspondían a 542 amarres y 21.000 a locales comerciales. La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte (hoy Infraestructuras, Medioambiente y Territorio) había homologado un año antes una polémica declaración de impacto medioambiental para un proyecto que desde sus inicios en 1999 ya fue combatido por asociaciones conservacionistas como Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF/Adena y grupos locales. El proyecto fue polémico incluso entre la ciudadanía y los ecologistas llegaron a recoger en una sola tarde 1.000 firmas en el paseo de esta pequeña y emblemática localidad alicantina de casas blancas.

Los ecologistas llevaron el asunto a los tribunales. Las nuevas escolleras previstas afectaban no solo a playas, también a más de 40 hectáreas de una de las praderas mejor conservadas en la costa española de posidonia oceánica, una planta protegida por la normativa autonómica y europea: conforma una suerte de bosque marino donde se desarrolla la vida acuática.

Ante semejante obstáculo ecológico, la Generalitat permitió el proyecto al amparar una declaración de impacto medioambiental nunca vista hasta entonces en el Mediterráneo para una extensión tan enorme. Aceptaba el daño que iba a producirse y pretendía imponer como medida compensatoria, el trasplante de las matas marinas a otra localización, lo que se probó inviable un año después.

El sector de la naútica observaba con atención esta experiencia en la costa de Altea ante las posibilidades que podía representar el trasplante de semejante área de bosque marino para futuras iniciativas privadas. El área comprendida entre Dénia y Alicante es la que concentra más puertos deportivos en la Comunidad Valenciana, según Ecologistas en Acción.

La iniciativa de Marina Greenwich se coció al calor de una supuesta demanda de amarres en un contexto económico boyante que con el estallido de la crisis se volvió ilusoria. Como ejemplo, una sentencia judicial de 2010 permitió a la Marina Deportiva de Alicante retirar 40 yates por el impago de amarres.

El puerto de Luis Campomanes, a tres kilómetros de la villa costera, se rebautizó con su actual nombre al ser la única marina en el mundo atravesada por el meridiano de Greenwich. En un enclave delimitado por la sierra de Bernia, la Punta del Albir y el morro de Toix, accidentes que conforman la bahía, la Marina Greenwich se anuncia como un lugar exclusivo. En su página web se promociona como un espacio de “lujo y distinción”, cercano a campos de golf y con tiendas, restaurantes y servicios de inmobiliaria a unos metros de los pantalanes donde pueden atracar embarcaciones con esloras de hasta 30 metros.

El anuncio recuerda la exuberancia de otros tiempos: el campo de golf cercano apenas se regó este verano por la sequía y porque las urbanizaciones de lujo, entre otros factores, agotaron los acuíferos de la zona. Y el escenario que ofrece hoy el espacio donde se iba a ampliar el club náutico es el de una obra inacabada. La ampliación del puerto de Altea la paralizó la Dirección General de Costas en 2006 y las sentencias, tanto del TSJ como del Tribunal Supremo, no reclamaron la restauración.


* El País - Rubén Esquitino - 1.3.15
Foto: Obras en el puerto de Campomanes de Altea - elpais

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El TSXG manda tirar en Sanxenxo parte de un edificio de Construcuatro

La corrupción urbanística en la localidad pontevedresa de Sanxenxo es, y ha sido, de las más agresivas de toda Galicia. El exalcalde 'popular' Telmo Martín, amigo de Rajoy y de los jefes de la Xunta, estuvo largos años haciendo del lugar un feudo donde todo se permitía si cumplías con las reglas de servilismo. El propio alcalde tenía su empresa, Construcuatro, y ello le permitía actuar al margen de la ley, con el apoyo de la Xunta, claro. Ahora, casi 12 años más tarde, la 'diligente' justicia le insta a derribar parte de un edificio suyo por no cumplir la anterior Ley de Costas. Es vergonzoso y lamentable que, una vez más, se pueda tardar tanto tiempo en ejecutar la justicia urbanística, pero, además, tampoco se aclaran las responsabilidades políticas del asunto.
"ELPAÍS* : La Ley de Costas marca 20 metros de distancia mínima entre las construcciones y la playa. El edificio de seis plantas de Construcuatro en pleno paseo de Silgar, en Sanxenxo, supera ese límite. Este es un “dato incontrovertible”, según ha vuelto a constatar en una sentencia el Tribunal Superior de Xustiza (TSXG), 11 años y cinco meses después de la primera denuncia de la asociación ecologista Salvemos Pontevedra contra la empresa de la que hasta 2011 era consejero delegado Telmo Martín —ahora lo es su esposa— a la sazón también alcalde por el PP y ahora, de nuevo, aspirante.

El Tribunal enmienda a la Xunta y a la Demarcación de Costas, sistemáticamente favorables a la empresa, y manda tirar la parte de la fachada que invade la servidumbre. Y aunque ve extraño que el alcalde y promotor no se enterara de la irregularidad, considera los indicios insuficientes para multarlo, por lo que levanta la sanción de tres millones de euros propuesta inicialmente. “Por encima de los planos está la realidad física”, concluye la sentencia, que enmienda la decisión del Consello de la Xunta en 2011 de ratificar el archivo del expediente decretado en 2005, sin tener competencia para ello, por el conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga. Este había encargado a la Demarcación Provincial de Costas del Estado un informe complementario, cuando ya la multa parecía inminente, en el que se decía que el error era de organismo por enviar un plano mal grafiado al Ayuntamiento que incomprensiblemente fijaba la línea de protección en 19 metros.

La redactora del informe fue Cristina Paz-Curbera, cuya casa en Sanxenxo también estaba en una zona no urbanizable, junto a un acantilado, hasta que el plan general aprobado por el gobierno de Martín en 2003 la autorizó. Sobre la sanción a la empresa del “pobre Telmo”, dijo en 2012 que era un “canallada”.

En esta colección de pifias más o menos interesadas la sentencia ve “errores de bulto” y “actuaciones que no son de la diligencia esperada o ponen en entredicho la coordinación entre administraciones”. Y critica que la Xunta, “no percibió la necesidad de hacer comprobaciones hasta que se presentó una denuncia”. El tribunal admite, pese a tener sospechas, que no hay pruebas de que la empresa fuese consciente de que infringía la ley, por lo que retira la multa.


* El País - Victor Honorato - 10.3.15
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), edificio ilegal exalcalde en Playa_Silgar - elpais

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Carrera de obstáculos en el juicio del ‘caso Gürtel’

La trama de corrupción en el Partido Popular denominada Gürtel tiene su comienzo en el gobierno de Aznar y ya en 2007 fue investigada por la Fiscalía, pasando luego por diversos jueces que solo encontraron trabas en su cometido, por ejemplo B.Garzón. El asunto básico era el habitual de 'mordidas' por el encargo de proyectos públicos para las empresas de F.Correa, pero su difusión fue espectacular, abarcando las Comunidades de Madrid, Galicia, Valencia, etc. En realidad es una de las mafias más enrevesadas del panorama político ya que hasta el caso Bárcenas se considera una ramificación del conjunto. Ahora se quiere empezar una parte del juicio, pero también hay obstáculos en las cuentas opacas en Suiza de los procesados del PP. Ya veremos si no llega a prescribir todo dadas las 'circunstancias' de los que detentan el poder.
"ELPAÍS* : El juicio a una larga época de pillaje institucional en administraciones públicas gobernadas por el PP está plagado de obstáculos. Pese a los seis años de exhaustiva investigación judicial y pese a las innumerables pruebas acumuladas durante ese tiempo, aún respiran en la causa algunas incertidumbres que mantienen en vilo el desenlace final de la vista oral.

En función de cómo se resuelvan esas incertidumbres, las acusaciones pueden presentarse en el juicio con una mano atada a la espalda o con toda la carga de la prueba en su poder. En la misma medida, los principales acusados pueden respirar aliviados al quitarse varios pesos de encima o acudir al banquillo con la grave pesadumbre de una dura condena.

El juicio de la primera etapa del caso Gürtel mostrará una imagen de España que pone en cuestión la honorabilidad del partido que ahora gobierna en la mayoría de las instituciones. En 40 sillas y dos butacas supletorias se juntarán empresarios —acusados del pago de mordidas a cambio de contratos millonarios— diputados, alcaldes y concejales del PP —enriquecidos a costa de regalar negocios pagados con dinero público a cambio de comisiones ilegales—y un partido político, el hegemónico en el país, que se benefició de estas prácticas durante años.

Lo que sigue intenta resumir las sombras que desdibujan el escenario de una vista oral histórica.

Lo que Suiza muestra, pero esconde. Las autoridades suizas han colaborado intensamente en la investigación judicial. Las 40 comisiones rogatorias que tres jueces españoles (Garzón, Pedreira y Ruz) cursaron a Suiza en busca del dinero robado han permitido recabar información bancaria suficiente para acreditar las prácticas corruptas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su lugarteniente, Pablo Crespo; para probar el enriquecimiento ilícito de Luis Bárcenas, amo del corazón financiero del PP durante 20 años; o para documentar el blanqueo de capitales de Alberto López Viejo, hombre de confianza de Esperanza Aguirre que durante cuatro años se lucró a base de mordidas cobradas de la red Gürtel a cambio de adjudicar ilegalmente cientos de actos de propaganda pagados con dinero público de la Comunidad de Madrid, según la investigación.

Suiza ha secuestrado ahora toda esa información y prohíbe su uso con la excusa de que la investigación judicial española no ha ofrecido “explicaciones suficientes acerca de cómo, en función de los hechos que describe, se podría haber generado un fraude fiscal”. El juez Pablo Ruz ha vuelto a reunir diversa documentación que obra en la causa para convencer a las autoridades suizas de su error y conseguir que permitan utilizar la información bancaria durante el juicio. De cómo se resuelva este contencioso depende en parte el castigo final a los corruptos. La mitad de las penas y multas que solicita la Fiscalía para Correa, Crespo, Bárcenas o López Viejo dependen de la información suiza.

Testimonios clave pendientes de las cuestiones previas. Álvaro Lapuerta, tesorero del PP durante la etapa en que la trama corrupta colonizó este partido, sufre una enfermedad que debilita sus facultades mentales. Los intentos del juez Ruz para que Lapuerta declare han sido infructuosos. El tribunal que juzgará el caso, formado por tres magistrados, deberá decidir al comienzo de la vista oral si Lapuerta debe declarar o, como pide su abogado, no lo hace debido a sus impedimentos físicos. Otro imputado, el empresario Rafael Naranjo, sufre parecidos problemas. Su relato podría ayudar a esclarecer algunos episodios de contratos multimillonarios amañados por distintos administradores para beneficiar a su empresa a cambio del pago de comisiones ilegales.

Además, algunas acusaciones han pedido que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare en el juicio como testigo dada su condición de secretario general y presidente del partido durante los años en que la red Gürtel hizo parte de sus negocios sucios con la connivencia de dirigentes populares. Rajoy es el único secretario general del PP que no ha sido citado por el juez Pablo Ruz durante la instrucción de la pieza separada abierta por supuesta financiación ilegal de la formación conservadora.

Las pruebas del delito. En las conversaciones grabadas en la cárcel por orden judicial, el cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa, admitió ante sus abogados que el contenido almacenado en el pen drive hallado en uno de los registros de sus empresas es definitivo para probar los delitos cometidos y la participación de cargos del PP. Pero esas conversaciones fueron anuladas por ilegales. El juez que las ordenó, Baltasar Garzón, fue condenado por prevaricación y expulsado de la carrera judicial. Los abogados de los supuestos corruptos han intentando a través de diversos recursos que se anulara toda la causa como consecuencia de esas grabaciones ilegales. Pero la Audiencia Nacional ha mantenido que hay toneladas de pruebas no contaminadas por esas grabaciones, entre ellas el pen drive hallado en uno de los registros, una evidencia que se incorporó al sumario antes de que Correa admitiera ante su abogada la importancia de la misma.

Tribunal sentenciador bajo sospecha de parcialidad. La presidenta del tribunal encargado de juzgar el caso se llama Concepción Espejel. Antes de llegar a la Audiencia Nacional, Espejel fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Y antes, como presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, tomó decisiones que permitieron imputar a altos cargos socialistas en relación con un incendio que acabó con la vida de 11 retenes en Cogolludo. El final de aquel procedimiento acabó con la absolución de los socialistas y la condena de la persona cuya negligencia desató el incendio.

Algunas acusaciones populares entienden que Espejel ha dado muestras en su vida profesional de defender los intereses del PP y, por tanto, no estaría legitimada para presidir un juicio donde la formación conservadora está acusada como “partícipe a título lucrativo” de los delitos cometidos por la trama Gürtel. Durante la entrega de una condecoración a la juez, la actual secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, glosó así su figura: “Es el acto de reconocimiento y de homenaje a una gran mujer —se ha dicho aquí, pero yo lo quiero reiterar—, pero también a una gran jurista que ha acumulado importantes méritos en su carrera. No sólo ha velado siempre por el correcto ejercicio de sus funciones que como juez le corresponden, sino que además, Concepción Espejel, que para todos es Concha y lo va a ser siempre, ha tenido un compromiso firme y una vocación profunda con la dimensión más social de la administración de Justicia”.


* El País - José M.Romero - 6.3.15
Foto: Gürtel, jefe Correa - 20minutos



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La Operación Chamartín obligará a la inversión pública de 2.100 millones

El megalómano proyecto de la Operación Chamartín, en el norte de la ciudad de Madrid, viene desde hace 20 años en que se diseñó y, lejos de reconvertirse en una zona menos densa, parece que el gobierno 'popular' está dispuesto a llevarlo a cabo, contra casi todos, antes de las elecciones de Mayo. El pelotazo urbanístico va a ser colosal, como las dimensiones de la actuación, y los principales beneficiados serán el BBVA y la constructora S.José, propietarios actuales de los terrenos tras el convenio firmado. Aún así las administraciones públicas deberán poner más de 2.000 millones para su realización, lo que teniendo en cuenta la enorme deuda madrileña cuestiona bastante el proyecto propuesto. Habrá que ver qué va ocurrir con ese conglomerado de gigantescos edificios en altura y cuál es la respuesta ciudadana ante esta nueva agresión urbana.
"BRUNO GARCÍA GALLO* : Tras más de un año de negociaciones secretas, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y las empresas estatales Renfe y Adif firmaron el 22 de enero un convenio con la promotora Distrito Castellana Norte (conocida antes como Duch; el BBVA posee el 75,5%, y la constructora San José el 24,5%) para extender el paseo de la Castellana 3,7 kilómetros al norte y redibujar un área de 3.114.336 metros cuadrados (similar a la superficie de Sol, Malasaña, Chueca, Ópera y Cortes).


El plan, ideado hace 20 años como Operación Chamartín, prevé hacer 17.699 viviendas, 56 hectáreas de zonas verdes (la mitad del Retiro) y un área financiera con rascacielos tan altos como el edificio Chrysler de Nueva York.

Pero el convenio urbanístico, al que ha tenido acceso EL PAÍS, modifica además autopistas y estaciones de tren y metro, obliga a reubicar manzanas enteras de edificios (algunos protegidos), altera las tuberías que alimentan de agua potable la capital...

Las cifras del proyecto, reveladas a este periódico por fuentes del proyecto, estiman que el BBVA y San José invertirán 4.245 millones (incluidos 1.200 para comprar suelo). Las Administraciones aportarán 2.066 millones. El valor patrimonial del ámbito una vez acabado rondará los 5.900 millones, de los que 1.208 corresponden a suelo en manos públicas.

¿De quién es el suelo? El nuevo convenio sustituye al de noviembre de 2011, de igual forma que el Plan Parcial de Reforma Interior aprobado hace una semana por el Ayuntamiento (que confía en concluir su tramitación antes de las elecciones de mayo) reemplaza el ordenamiento de febrero de 2011, anulado por dos sentencias judiciales en 2013.

Renfe y Adif poseen 1.963.515 metros, pero han firmado un contrato con el BBVA y San José para venderles 1.919.017 metros cuadrados una vez finalice la tramitación del plan urbanístico por 1.200 millones de euros. Serán dueños así del 61,6% del suelo.

Otros 557.205 metros cuadrados (el 17,9%) corresponde a pequeños propietarios. Por tanto, el 79,5% del suelo está en manos privadas, y el 20,5% se lo dividen las tres Administraciones de esta manera: el Ayuntamiento, 319.418 metros cuadrados (10,3%); el Ministerio de Fomento, 148.814 (4,8%); el Canal de Isabel II, 118.250 (3,8%); y la Comunidad, 51.589 (1,7%).

¿Quién pagará las obras? La inversión total prevista asciende a 5.974 millones de euros. En primer lugar, son necesarios 1.204 millones para urbanizar el área y construir infraestructuras (estaciones de tren, canalizaciones de agua, carreteras, etcétera). Ese dinero lo aportan los propietarios del suelo: 964 millones de inversores privados y 240 millones de dinero público. Además, el BBVA y San José deberán pagar, aparte, 138 millones para el metro. Ninguna de estas cifras incluye IVA o el efecto de la inflación.

Una vez el terreno esté listo para construir, la norma urbanística obliga a entregar parte al Ayuntamiento para equipamientos públicos (colegios, polideportivos, hospitales, etcétera). Serán 286.059 metros cuadrados (el 9,4%), sobre los que las Administraciones se comprometen a invertir 1.103 millones en equipamientos a lo largo de 20 años, al ritmo y de la forma que crean oportunos.

El resto del suelo con uso lucrativo albergará 17.699 viviendas y 1.386.175 metros cuadrados de oficinas, tiendas y hoteles.

Construir esos edificios costará 3.529 millones, de los que 2.173 corresponderán al BBVA y San José, 632 millones al resto de propietarios privados, y 723 millones a las Administraciones.

¿Quién gana dinero? El BBVA y San José gastarán 1.200 millones en comprar el suelo de Adif y Renfe, 872 millones en urbanización e infraestructuras, y 2.173 millones en edificios. En total, 4.245 millones. El resto de propietarios privados gastarán 216 millones en urbanización e infraestructuras y 632 millones en edificios; en total, 848 millones. Las Administraciones aportarán 240 millones para urbanización e infraestructuras, 723 para edificios y otros 1.103 millones para equipamientos; en total, 2.066 millones.

El posible beneficio de una operación de 20 años es difícil de cuantificar, pero se calcula que el valor patrimonial final del suelo rondará los 5.900 millones de euros, de los que 1.208 corresponderían a suelo en manos públicas y 3.630 millones a la parte del BBVA y San José (“no sé si será rentable para el banco”, dijo en enero el presidente del BBVA, Francisco González). Aparte, las Administraciones prevén ingresar 3.363 millones por tributos (IBI, ICIO, IAE...) durante todo el desarrollo.

Las obras de urbanización. Prolongar 3,7 kilómetros el paseo de la Castellana (un trecho equivalente al que media de Atocha al museo de Ciencias Naturales) implica demoler viario, mover tierras, pavimentar calles, poner señales, distribuir redes de saneamiento, agua, gas, telecomunicaciones y electricidad, adaptar las zonas verdes... A los costes de urbanización se suman cuatro calles transversales sobre las vías de tren que no se entierren: al final de la calle de Mauricio Legendre; entre la avenida de Llano Castellano y la avenida de Fuencarral a Hortaleza; como continuación de la avenida de Herrera Oria hacia Las Tablas; y en el eje de la calle de Monasterio de Arlanza y la avenida de Santo Domingo de la Calzada (en las cercanías habrá una pasarela peatonal). El coste total asciende a 451 millones, más 26 millones por la afección a servicios ya existentes.

Demolición de edificios. Gran parte de las edificaciones del ámbito serán demolidas. Hay tres inmuebles protegidos por su valor histórico, de los que se conservarán la ermita de Nuestra Señora de Lourdes (en la avenida de Nuestra Señora de Valverde) y los antiguos laboratorios Profiden (en la calle isla de Java). La ermita de San Roque se trasladará prácticamente piedra a piedra.

En cuanto al resto de inmuebles, se verán afectadas la calle de Rodríguez Jaén (“con una alta densidad de uso residencial”), el polígono industrial de Malmea y sus estribaciones hasta el extremo norte del ámbito. También se verán afectadas las instalaciones de Renfe y Adif, el edificio de Correos en Chamartín (que se tirará), la estación de metro de Begoña y las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (el Ayuntamiento recibirá 30 millones para su traslado). Todo ello conlleva un gasto de 179 millones.

El nudo norte. El nuevo paseo de la Castellana se construirá sobre el nudo norte, uno de los tramos con mayor intensidad de tráfico del país (conecta M-30, A-1, M-607 y M-11) y siempre atascado en hora punta, según reconoce el propio convenio. El tráfico se reordenará, duplicando y separando las calzadas para que los vehículos se encarrilen desde la Castellana hacia las autovías antes de llegar a la salida correspondiente. Se construirán vías de servicio a ambos lados de la M-30 y la M-11. En superficie sólo coincidirá, en una glorieta de cuatro carriles, el tráfico de M-30 y Castellana. Se permitirán todos los giros excepto el que va desde la M-30 Este hacia Castellana Sur. El coste previsto asciende a 146 millones, sin incluir expropiaciones de suelo.

El nudo Fuencarral. La Castellana terminará en el cruce con la M-40, M-603 y M-607. Debido a la escasez de espacio, se construirán cuatro estructuras superpuestas sobre la M-607, ampliando los carriles existentes y permitiendo todos los giros actuales excepto el que va de la M-603 a la M-607 o la M-40 (se considera inseguro y se sustituye por una glorieta en la nueva Castellana). La pasarela sobre la M-607 se trasladará 100 metros, y con ella las paradas de autobús. El coste, excluyendo expropiaciones, asciende a 68 millones.

Canal de Isabel II. Se verán afectadas infraestructuras que canalizan el 80% del caudal de agua consumida por la capital. El depósito del Olivar se trasladará a Valdelatas, ampliándolo, y se cambiará el trazado del Canal Alto y el Canal del Atazar, que discurrirán bajo el nuevo paseo de la Castellana. En total, estas actuaciones costarán 81 millones de euros.

Vías de tren bajo tierra y tres nuevas estaciones de metro

Alrededor de la estación de Chamartín se construirá una cubierta sostenida con pilotes sobre un área de 222.700 metros cuadrados de vías, de forma que el tráfico ferroviario transcurra en la cota de 723 metros de altitud, y 10 metros por encima se levanten zonas verdes, calles y parcelas dotacionales.

Se cubrirán tres zonas: un tramo de 12.700 metros cuadrados al sur de Chamartín, entre la estación y la boca de los túneles que llevan a Atocha; un área de casi 200.000 metros cuadrados desde donde terminan los andenes al cruce de las vías con la M-30, llegando hasta el barrio de Begoña; y una zona de 10.000 metros cuadrados de las dos vías que provienen del este. El coste total asciende a 252 millones de euros.

En cuanto al metro, se construirá un tramo subterráneo de tres kilómetros con cuatro estaciones: la de Chamartín, ya existente (líneas 1 y 10), y otras tres nuevas a lo largo de la prolongación de la Castellana. Dos estarán en la continuación del eje de Agustín Foxá, y la última en el extremo norte del ámbito (esta dispondrá de una vía adicional hacia el oeste para unirla algún día con la línea 10). El coste total se estima en 138 millones de euros, que no pagarían en este caso los propietarios del suelo, sino el BBVA y San José, para soslayar así uno de los motivos del veto judicial al plan anterior.


* El País - BGG - 26.2.15
Foto: Proyección sobre cómo sería la nueva Operación Chamartín ya desarrollada.

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Galicia.- La corrupción ahoga los juzgados

La corrupción en Galicia ha llegado a cotas inimaginables, lo que ha hecho desbordarse todos los juzgados de la Comunidad. Sobre todo el caso Pokémon, que abarca varias provincias y decenas de imputados, por la financiación ilegal política gracias a comisiones en obras públicas y también en la llamada Operación Zeta por fraude en subvenciones. Pero lejos de resolverse la urgente situación, la Consellería de Presidencia, con el 'popular' A.Rueda al frente, está recortando medios humanos y materiales en una acción que se podría calificar de prevaricadora ya que la mayoría de imputados pertenecen a su propio partido. En algunos juzgados de Arousa la situación llega a ser caótica, con humedades, basura y hasta ratas, lo que demuestra el lamentable abandono judicial.
"ELPAÍS* : Los dos juzgados gallegos que asumen las mayores causas contra la corrupción no logran ver, de momento, en qué se traduce esa recia voluntad que proclaman los gobernantes en combatir la podredumbre en la política. Lejos de reforzar los medios de los que disponen sus respectivas instructoras, la Consellería de Presidencia, responsable de los funcionarios judiciales, ha negado ampliar el horario de los trabajadores que sacan adelante, a duras penas, el caso Zeta, y hace una semana anunció al juzgado de la Pokémon que le retiraba dos empleadas de refuerzo.

El departamento que dirige el conselleiro Alfonso Rueda no podía imaginar la rebelión que iba a suscitar este recorte tanto dentro de la propia plantilla como entre los sindicatos con representación en los juzgados. Siete días después, reculó, dijo que mantenía el personal, y anunció incluso la posible llegada de un nuevo juez para dar salida a las causas ordinarias mientras la titular, Pilar de Lara, se centra en la Pokémon, que ya va por los 145 tomos, el centenar de imputados y otras 57 piezas derivadas del tronco principal. El amago de recorte ha tenido lugar justo cuando la operación, que ya hizo saltar por los aires el gobierno popular de Santiago, asesta un duro golpe al PP de Ourense, con su supuesta trama de financiación ilegal. Los funcionarios del juzgado, el 1 de Instrucción de Lugo, hicieron llegar el lunes pasado a Rueda sus sospechas de que la retirada del personal de refuerzo podía tener algo que ver con la proximidad de las elecciones. Fue precisamente hace cuatro años, en las anteriores municipales, cuando los agentes de Aduanas captaron las conversaciones telefónicas entre empresarios y políticos que destaparon los presuntos delitos.

La Operación Zeta, en A Coruña, sobre un supuesto fraude multimillonario de subvenciones públicas para cursos de formación y empleo se abrió en 2011 y suma una treintena de tomos y otros tantos imputados. Pero las obligadas comparecencias ante el Juzgado de Instrucción número 6 de las 70 personas señaladas por la Policía Judicial (como sospechosas de haber orquestado o participado en esta trama en la que están implicados destacados militantes del PP coruñés y altos funcionarios de la Xunta) no comenzaron hasta el pasado mes, cuando ya habían transcurrido más de tres años desde la apertura del sumario y las detenciones que se sucedieron en otoño de 2012.

La toma de declaraciones transcurre a cuenta gotas sin refuerzo de ningún tipo. La Xunta rechazó la petición del secretario del juzgado para que se adoptara algún tipo de ayuda, como prolongar la jornada del personal, que ya realiza, por culpa de este sumario, muchas horas extra sin compensación alguna a cambio.

Tras citar en su despacho entre el miércoles y el jueves pasados a otra tanda de ocho imputados (en total superan la treintena), la juez al mando, María Jesús García García, tuvo que suspender las comparecencias y actuaciones sobre esta causa hasta el 17 de marzo. Su juzgado, el tercero en A Coruña con más sobrecarga de trabajo y casos pendientes, entra en turno de guardia. Y no hay tiempo ni posibilidad de dedicar más a la Zeta. Ya son enormes las jornadas y esfuerzos que despliegan para ese sumario la magistrada, el secretario y los ocho funcionarios del juzgado. Y son varias las tardes que tuvieron que quedarse desde que comenzaron, el 2 de febrero, a desfilar los imputados. “Está desbordado, saturado, la Operación Zeta es un atestado de investigación policial con más de 13.000 folios y si sale adelante la instrucción en el juzgado es por el buen hacer de juez y funcionarios que echan el resto, sin mirar horarios ni conciliación de vida familiar”, denuncia Sergio Riveiros, delegado sindical por UGT en los tribunales coruñeses.

María Jesús García no solicitó por ahora un juez de refuerzo para atender los demás casos que debe tramitar su sala. Procedente del Penal 2 de Ferrol, aterrizó en esa plaza en agosto del año pasado. Y tuvo que sumergirse en la macroinstrucción de una causa que estaba entonces aún bajo secreto y que avanzaba muy lenta y con parones. “Es muy profesional, llama la atención lo bien que conoce ahora la causa”, confiesa uno de los abogados defensores. Pero las comparecencias en su despacho van para largo. Los dos principales implicados, los empresarios coruñeses y militantes del PP Gerardo Crespo y Eliseo Calviño, aún no declararon. El primero porque dice que solo lo hará cuando llegue el informe de Hacienda que especifique los delitos fiscales que se le imputan. Un documento esencial que inexplicablemente lleva más de dos años pendiente, en fase de elaboración. La de Calviño, por su parte, está prevista para mayo, en plena campaña de las municipales. Antes en abril están llamados a declarar cinco altos cargos de la Xunta que dimitieron tras su imputación.

“Si hay visos de implicación de altos funcionarios del Gobierno gallego y militantes del PP, con más razón Presidencia debe dar soporte a este juzgado para que llegue hasta el fondo del asunto”, apuntala Riveiros. Era también este representante de UGT quien el lunes pasado, y a la vez que el sindicato CSIF, clamaba contra los recortes en la Pokémon. Hablaba de “mezquindad” y de “intencionalidad política descarada”: “Nada le convendría más a la clase política”, decía, que el “retraso de estos macroprocesos”, o que “por dilaciones indebidas pudieran terminar siendo nulos”.

Además del sumario de la Pokémon, Pilar de Lara continúa todavía trabajando en el caso Carioca, el mayor sumario sobre prostitución en Galicia. La causa principal acumula 269 tomos, 85 imputados (buena parte, agentes y mandos de todos los cuerpos del seguridad) y 367 declaraciones ante la juez. Pero la Carioca, además, ha dado lugar a 79 piezas separadas. Y a todo esto, junto a otros 5.000 asuntos que entran de media cada año y muchas causas civiles heredadas de otros tiempos por el sobrecargado juzgado más antiguo de Lugo, debe hacer frente un equipo compuesto por una juez, un secretario y siete funcionarios.

El problema del caso Pokémon, el Zeta o el del Prestige (que en 2005 también pasó por las manos de María Jesús García en Corcubión) es que caen en juzgados sin medios. Según Riveiros, la cicatería de la Xunta puede llegar a dar al traste con las macrocausas. “Están personados penalistas de prestigio, vigilantes al más mínimo fallo”.

Ratas y cuchillos en Arousa

En el informe anual que presentó el jueves la Oficina del Defensor del Pueblo, se describe el desolador panorama de los juzgados de Vilagarcía y Cambados, desbordados por expedientes que ya no hay dónde almacenar, pruebas de delitos, filtraciones de agua que amenazan archivos, estanterías que se desploman, “caos”, “montañas de basura” y hasta ratas (en el caso del juzgado 1 de Cambados).
“Las piezas de convicción ocupan parte de los pasillos del archivo”, recoge la memoria, remitiéndose a un informe sobre el juzgado 1 de Vilagarcía al que tuvo acceso este año: “Hay montones de cajas llenas de objetos como navajas y cuchillos”. En el número 2, “hay asuntos penales y civiles que datan de los años cuarenta”, y partidas de nacimiento y defunción también desde esas fechas. “No hay más espacio para expedientes ni material decomisado”, sigue. Hace cinco años, la Dirección Xeral de Xustiza (Presidencia) aprobó un plan de expurgo para limpiar los juzgados del papel que los colapsa. Según el Defensor, se aplicó “solo como experiencia piloto en la Audiencia de Pontevedra y el Superior”.


* El País - PAOLA OBELLEIRO / SILVIA R. PONTEVEDRA - 27.2.15
Foto: Juzgados - elpais

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Madrid.- Granados hizo dimitir a un alcalde por "cortar el flujo de dinero" a los jefes del PP

El lugarteniente de la 'popular' E.Aguirre cuando estaba de presidenta en la Comunidad de Madrid, F.Granados, era el jefe de una amplia organización de corrupción urbanística que controlaba las alcaldías de los alrededores de la capital, la llamada Operación Púnica. Ya desde los tiempos de alcalde de Valdemoro fue tejiendo la trama corrupta y cuando fue Consejero de Presidencia ordenaba y mandaba las comisiones a percibir de los empresarios, bien para su propio equipo o bien para el partido. Ahora, tarde como siempre, la justicia está investigando esta enorme trama delictiva, aunque no es de recibo que la propia presidenta Aguirre haya quedado al margen de las imputaciones. Algo huele mal en todo esto.
"ELCONFIDENCIAL* : El exconsejero madrileño Francisco Granados obtuvo cerca de tres millones de euros en ventas de varios inmuebles realizadas el mismo día. El exalcalde de Valdemoro llevó a cabo varias operaciones inmobiliarias sospechosas para la Agencia Tributaria que ascienden a casi tres millones de euros. De los datos aportados por la AEAT y que constan en el sumario que se acaba de levantar se desprende que Granados vendió un inmueble por 672.000 euros que ocho años antes había comprado por 62.000 euros.

Otro pelotazo urbanístico que dio fue la venta por 558.000 euros de una vivienda que compró siete años antes por 53.000 euros. No sólo eso, el mismo día que vendió estas viviendas también firmó un acta notarial de venta de diversos terrenos en Valdemoro, localidad de la que era alcalde, por valor de 1.440.000 euros a la empresas Servicios Logísticos Inmobiliarias. Ese mismo día hay otra operación por la que obtuvo otros 240.000 euros. En el momento de esos pelotazos, Granados era diputado por la Asamblea de Madrid, con una retribución de 106.000 euros en 2007.

Tres años después fue Granados quien compró a esa sociedad un chalet en Marbella por valor de 300.000 euros a nombre de su mujer y dos años después otra vivienda unifamiliar en la misma urbanización a nombre del matrimonio.
Estos son los datos que iniciaron la investigación a Granados y que desembocó en la Operación Púnica, que le ha llevado a la cárcel, donde se encuentra desde el pasado mes de octubre. El informe de la Agencia Tributaria entregado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco recoge que “la renta disponible anual del matrimonio formado por Granados y Nieves Alarcón resulta ser de muy escasa cuantía o incluso negativa, lo cual es un indicio de que el matrimonio dispone de otras fuentes de ingresos que resultan por ahora desconocidas”.

Así, explica de los años 2009 a siguientes “se observa una disminución en los saldos de sus cuentas bancarias que es una fuente de ingresos u origen de fondos utilizados durante dichos años y tal circunstancia debe darse en años anteriores”.
La investigación a Granados se inició a raíz de una nota remitida por las autoridades suizas que alertaron de que un político español, en ese momento senador del PP, tenía una cuenta en uno de sus bancos con un dinero de origen desconocido. Al desarrollar la investigación, la AEAT aseguró en un documento que Granados no había declarado ninguna cuenta en el extranjero.


El Confidencial - CARLOTA GUINDAL - 03.03.2015
Foto: Madrid, Granados y Aguirre (archivo) - elconfidencial



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La Audiencia envía al vicealcalde de Valencia al banquillo de los acusados

A pesar de que el anterior juez le había excluido del 'caso Noos', la Audiencia considera ahora al vicealcalde 'popular' de Valencia imputado en dicha trama corrupta de malversación y fraude a la administración. Más vale tarde que nunca. Como se sabe, el delito en el que también está implicado el monárquico Urdangarín ocurrió entre 2004 y 2005 con los convenios fraudulentos Valencia Summit por los que el instituto Noos percibió 3,6 millones, siendo el vicealcalde uno de los mayores impulsores. Lo extraño del asunto es que la repetidora alcaldesa, R.Barberá, no haya sido imputada también, algo debería haber sabido de motivo tan grave.
"INFOLIBRE* : La Audiencia Provincial de Baleares ha acordado enviar a juicio al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, tras estimar el recurso de apelación que interpusieron los concejales socialistas en el ayuntamiento contra el auto con el que el juez José Castro excluyó al alto cargo del PP de entre los acusados que se sentarán en el banquillo por el caso Nóos.

El tribunal de la Sección Segunda revoca por tanto la resolución de Castro e incluye a Grau entre los procesados, al considerarle autor de presuntos delitos de malversación, fraude a la administración, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial. La Audiencia insta a Castro a que dé un plazo de 20 días hábiles al encausado para que presente su escrito de defensa.

En un auto de nueve páginas, la Sala se muestra tajante con la actuación de Grau en relación con el papel que habría desplegado en las negociaciones de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los denominados Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.

De hecho, apunta al vicealcalde como el "impulsor de la concertación" entre la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) y Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) –entidades que rubricaron los acuerdos–, y "participó en la misma tanto de modo activo como por omisión, pese a ostentar una posición de garante de los fondos públicos que manejaba la FVCB".

La Audiencia rebate asimismo los argumentos esgrimidos por Castro cuando el pasado 22 de diciembre excluyó a Grau del auto de apertura de juicio oral, con los que aseveraba que la fundación que presidía el imputado "había venido funcionando, siempre, como entidad privada, sin oposición de ninguno de los grupos municipales", y que la iniciativa de la gestión de los Valencia Summit "la ostentó Cacsa".

Frente a esto, el tribunal señala que el hecho de que materialmente la FTVCB como otras entidades similares funcionaran como entidad privada y que así lo haya manifestado a su vez el Tribunal de Cuentas, "no otorga carta de naturaleza a que las contrataciones realizadas sin sometimiento a las normas de contratación de la Administración estuvieran bien realizadas, ni que suponga una causa de exculpación"-

"Esta situación no torna en válidas tales contrataciones", incide la Sala, que recalca además que "no constituye argumento jurídico suficiente y excluyente que ningún grupo municipal se opusiera o no a tal proceder, máximo cuando constan mociones posteriores a 2005 requiriendo que la FTVCB actuara como ente público".

Los magistrados afirman asimismo no encontrar datos que apuntan a que la iniciativa del proyecto deportivo lo llevara Cacsa –como defendía el propio Grau–, sino "más al contrario", como tampoco, añade, se puede concluir que, "de cualquier manera, los acuerdos eran adoptados por la Junta de Patronos de la FTVCB con libertad de criterio".

Al respecto, abundan en que "no parece que el funcionamiento de la Junta de Patronos otorgara una real y efectiva libertad de criterio, ni para conocer el contenido último del convenio que se pretendía alcanzar, ni para decidir su procedencia y mecanismo de actuación". Es más, aluden a una actuación dolosa y recalcan que las decisiones del patronato "venían ya determinadas por las propuestas de los representantes del ayuntamiento".

La Audiencia profundiza en este sentido y relata que la participación de Grau en los hechos parte tanto del compromiso económico del consistorio como del hecho de que, para llevar a cabo la iniciativa, era necesaria la participación del ayuntamiento y "ésta estaba ya comprometida desde el momento en que [la alcaldesa] Rita Barberá remite" a Iñaki Urdangarin y a su exsocio Diego Torres "a la FTVCB y a Cacsa, y luego el secretario de Eventos pide al señor Grau que se sume al proyecto, cosa que hace".

Finalmente, el tribunal recrimina que Castro basara la decisión no enviar al banquillo a Grau en un auto exculpatorio anterior, que el tribunal también revocó posteriormente. "Se realiza una motivación de un razonamiento declarado no válido y que, en esencia jurídica, no existe", precisa.

De acuerdo a un auto anterior de la Audiencia, en el marco de las contrataciones para los Valencia Summit se realizaron se orilló el interés general, se prescindió de los cauces administrativos de contratación, no se llevó a cabo ningún estudio previo de viabilidad ni de ajuste a los precios de mercado así como tampoco se fiscalizó el desarrollo del convenio ni se pidió al Instituto Nóos que justificara el destino de los fondos recibidos.

Según un informe de la Agencia Tributaria, sólo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos.

Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan sólo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento. Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana por las tres ediciones del evento deportivo.


* InfoLibre - 2.3.15
Foto: Valencia, ayuntamiento - .wikimedia.org

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