Alicante.- Resaca de cemento en La Vega Baja

La Vega Baja alicantina continúa siendo una comarca récord en cuanto a edificación irregular y transacción de viviendas en los últimos años. La explosión constructora ha sido de tal importancia que el territorio ha quedado irreconocible bajo una selva continua de hormigón y ladrillo. Lógicamente, en gran parte de los casos se ha realizado ilegalmente, saltándose todas las normativas urbanísticas que aconsejan un desarrollo sostenible y armónico. A ello han contribuido el ansia especulativo de promotores desalmados y unos políticos 'populares' delictivos, poniendo el cazo en cuanto veían un negocio fácil, cayera quien cayera. Hoy en día, tras la crisis/estafa, el paisaje es semejante al que acontece tras una devastadora guerra: edificios abandonados y llenos de porquería, calles desoladas y sin vida, terrenos repletos de escombros, etc... una sensación de un paisaje derruido tras un bombardeo auténtico. La muerte del urbanismo en manos de la especulación más criminal.
"ELPAÍS* : Adosados sin estrenar, bloques de pisos enteros, incluso un hotel spa de cuatro estrellas… Decenas de viviendas sin ocupar e inmuebles abandonados a su suerte son saqueados en la comarca de La Vega Baja (Alicante). “Cobre, puertas, hierro”, se lo han llevado todo, asegura Moisés Cruz, miembro de la Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta. La plataforma lleva un año fotografiando los restos del “afán especulativo”, cuenta Cruz. Comenzó como una pequeña iniciativa de unos ciudadanos que fotografiaban edificios vacíos para concienciar sobre cómo se había especulado con los terrenos de huerta durante el boom inmobiliario.

El trabajo va camino de convertirse en un catálogo del frenesí vivido por la construcción en el sur de la Comunidad Valenciana y del sinsentido en una comarca donde casas abandonadas y sin estrenar son desvalijadas mientras persisten los desahucios de ciudadanos.

Entrando en Almoradí, un edificio de pisos es pasto de drogadictos y grafiteros. A las puertas de Callosa de Segura, lo que era una “oportunidad única” de dúplex entre los 100.000 y los 200.000 euros no tiene ni baños. Ocurre también en Benferri, donde a bungalós acabados les entra el viento por los techos ya sin cableado. Son viviendas que han quedado en manos de bancos, en algunas hasta dejaron la grúa. Los ejemplos se multiplican en siete municipios, mientras el colectivo lamenta la pérdida de “la oportunidad de usar estas viviendas en beneficio de la gente sin casa”. Muchos no fueron ni estrenados; otros, simplemente abandonados, como el caso del Hotel Spa Villa de Catral, un cuatro estrellas cerrado en 2010 cuyas termas son hoy escombreras.

“Son edificios que parecen bombardeados en alguna guerra, productos de planes generales desmesurados”, contextualiza Cruz en una comarca cuya capital, Orihuela, tiene más de 15.000 casas ilegales.

El sentido común no ha estado presente en el urbanismo de algunos pueblos vegabajenses. En Orihuela, precisamente, la semana pasada el PP y el partido liberal CLR —con mayoría plenaria— votaron en contra de la exposición pública del plan cuando la pretensión inicial era que estuviera expuesto durante tres meses y no uno, como recomienda la ley, para que participara la mayor parte de la ciudadanía.

A principios de 2014, la Generalitat no permitió a Almoradí recalificar suelo para 11.000 viviendas en las que acoger a 50.000 habitantes más (el pueblo tiene unos 20.000). Por las mismas fechas, el Tribunal Superior anuló el plan de San Miguel de Salinas por no falta de evaluación ambiental. La idea original era edificar 40.000 viviendas para 100.000 nuevos vecinos que acudirían a vivir a este pueblo de unos 7.000 habitantes.

La comarca, líder en venta de casas

Las compras internacionales en La Vega Baja prácticamente han situado a la Costa Blanca a la cabeza de toda España en transacciones de viviendas de segunda mano. Su parque inmobiliario es probablemente el más grande de la Comunidad Valenciana, que durante los primeros seis meses de 2014 fue la autonomía donde más pisos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la reestructuración Bancaria (SAREB) se vendieron.
Según los datos de la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT), Torrevieja y Orihuela aparecen como los lugares con más ventas de casas de la Comunidad. La Vega Baja es casi una obsesión para los británicos, que compraron unas 1.200 casas durante el primer semestre de 2014. Durante ese periodo, solo los rusos compraron más de 100 al mes en Torrevieja; los suecos, igual.
Sin exceptuar entre extranjeros y españoles, de las tres provincias, Alicante es donde más viviendas se han vendido, 16.492, por una cuantía media de 114.632 euros. Le sigue la provincia de Valencia, con 13.098 casas y una cuantía total media de 102.200 euros. En Castellón se han vendido 3.337 viviendas por una media de 93.164 euros.
Los datos corresponden a todas las escrituras de inmuebles de la Comunidad Valenciana; es decir, todas las viviendas vendidas ya fueran compradas en Madrid, Alicante o Sevilla.


* El País - RUBÉN ESQUITINO - 18.8.14
Foto: Casas en Callosa de Segura que hace meses se vendían por más de 100.000 euros - elpais

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Aragón.- Ecologistas advierten de que el reglamento de Consejos Provinciales de Urbanismo "sale sin consenso"

Las Comisiones Provinciales de Urbanismo son las teóricamente encargadas de velar por la legalidad urbanística en su territorio. Por encima solo poseen la Comisión Autónoma de Urbanismo que está regulada por la Comunidad de que se trate. Sus atribuciones, pues, son fundamentales para la Ordenación Territorial, pero solo si son manejadas correctamente y con profesionalidad. Muchas veces hemos resaltado en este blog la inoperancia de estas Comisiones debido a su excesiva politización. Aunque haya buenos profesionales del Urbanismo en ellas, la mayoría de las veces están condicionados por las decisiones políticas del partido que gobierna que, lógicamente, arrima 'el ascua a su sardina'. En este caso concreto de Aragón, vemos, una vez más, la misma situación que ha sido culpable del Urbanismo salvaje que ha asolado nuestro país en los últimos años. Parece que todavía no se aprendido nada de los errores pasados.
"EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción y la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR) han advertido de que el nuevo reglamento de los Consejos Provinciales de Urbanismo ha salido "sin consenso" y han criticado que "no incluye medidas para evitar lo ocurrido en los años de la especulación urbanística y la corrupción". Además, "no introduce medidas de transparencia y participación social reclamadas por los grupos ecologistas" y todas las alegaciones presentadas por estos grupos han sido desestimadas, según han informado en una nota de prensa.

En ella, han explicado que "nuestra pretensión ha sido únicamente hacer más transparentes los acuerdos que se toman en las Consejos Provinciales de Urbanismo pidiendo más tiempo y medios para estudiar los expedientes, más facilidades para el acceso del público en general y de los medios de comunicación".

Asimismo, solicitaban "la inclusión en los expedientes de las actas de todas las reuniones mantenidas durante la tramitación del mismo --con alcaldes, promotores, empresas, funcionarios--" ya que estas medidas "podrían ayudar a evitar la corrupción en materia urbanística y no suponen ninguna obstrucción al normal funcionamiento administrativo".

Han agregado que la experiencia de participación desde hace más de diez años en estos Consejos "nos ha permitido conocer a fondo las deficiencias de su funcionamiento", algo que han criticado "sistemáticamente en los plenos y en las reuniones mantenidas con distintos responsables de varios de los gobiernos que se han sucedido en la Diputación General de Aragón".

Ecologistas en Acción y la Asociación Naturalista de Aragón han recordado que según el Convenio de Aarhus, suscrito por el España, se contempla el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en materias ambientales. Este documento "tiene rango de ley y está amparado en el artículo 96 de la Constitución".

Este convenio "reconoce el papel esencial de las ONG ambientales y la obligación del Estado de reconocerles, apoyarles para que sus miembros no se vean penalizados y tengan amplio acceso a la información".

Ambas organizaciones han indicado que los Consejos Provinciales de Urbanismo de Zaragoza, Huesca y Teruel tienen entre sus competencias la aprobación definitiva y las modificaciones a los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios de Aragón, incluidas ahora las capitales de provincia.

"De ahí la importancia de sus acuerdos en materias urbanísticas y por tanto con importantes repercusiones ambientales", ha argumentado. Están formados por representantes de los distintos Departamentos del Gobierno autonómico y de municipios y comarcas, diputaciones, Administración del Estado y Confederación Hidrográfica del Ebro, un representante de organizaciones empresariales, otro de los sindicatos más representativos y uno de organizaciones de defensa ambiental.

La periodicidad de las reuniones es mensual, en horario de mañana. En unas dos horas se pueden ver más de un centenar de asuntos importantes, han sostenido desde Ecologistas en Acción y ANSAR.


* Europa Press - 15.8.14
Foto: Aragón - EP

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Palma.- Construir un puerto para destruir un barrio

En la isla de Mallorca continúa la especulación urbanística decretada por el gobierno 'popular' desde los tiempos del corrupto exministro Matas. Ahora en Palma se pretende la construcción de un nuevo macro Puerto Deportivo en el barrio de Es Molinar, que ya tenía un pequeño puerto. Lógicamente, la alteración urbanística y social que esto supone para el barrio de pescadores es inmensa y ya se han opuesto los vecinos desde distintas asociaciones y la creación de una Plataforma específica contraria. Los promotores del proyecto defienden mientras tanto el 'desarrollismo' especulador de toda la vida y la creación de puestos de trabajo (falsos), sin aportar ninguna justificación explícita, por lo que la guerra en este barrio está abierta, como ha ocurrido en casos semejantes de El Cabanyal, Gamonal, etc. Difícil consensuar ahora cuando la inversión está encima de la mesa y los 'populares' no parecen dispuestos a ceder ni un ápice en las consabidas comisiones por corrupción urbanística.
"PÚBLICO* : En el centro del paseo litoral de Es Molinar y como acurrucado en una dentellada del mar sobre la costa (la pequeña ensenada de Es Caló d'en Rigo), se encuentra el Club Marítim Molinar de Llevant (para los vecinos, Es Club), un pequeño puerto con capacidad para 130 embarcaciones, cuyo modesto calado solo permite el amarre de lanchas, pequeños veleros y los tradicionales llaüts mallorquines, en cualquier caso no superiores a los ocho metros de eslora. Se trata del decano de los puertos deportivos de Baleares, fundado en 1917. En octubre de 2013, la junta directiva de Es Club dio a conocer un proyecto de ampliación de las instalaciones portuarias: una obra necesaria, según la misma fuente, para mantener la concesión administrativa del puerto, que finaliza en 2017 y cuya renovación exige la realización de obras de mejora estructural.

El plan preveía la creación sobre el mar de un recinto portuario entre espigones, con 290 m de longitud por 300 m de anchura, que excedía sobremanera los límites actuales del puerto, tanto en su frente costero como por su penetración marítima. Si las nuevas instalaciones de ribera pasarían de los 5.000 m2 actuales a 37.000 m2, la lámina de agua interior ocuparía un 715 % más del espacio actual, con un calado apto para embarcaciones de hasta 20 m de eslora. El número de amarres sería de 315. Se contemplaba también la demolición de la sede del Club, un edificio que en 2017 cumplirá cien años, y la construcción de tres nuevos inmuebles acristalados, con una amplia zona deportiva adjunta sobre la cala hormigonada, aparte de la amenaza de fin de concesión, los defensores del proyecto recurrieron al consabido argumento desarrollista, atribuyendo a la nueva infraestructura la virtud segura de atraer negocios y puestos de trabajo para el barrio.

Pronto se articuló un amplio frente cívico de rechazo a la obra, con la creación de la plataforma Al Molinar, Port Petit (literalmente: En El Molinar, Puerto Pequeño), que cuenta con la participación activa de la plataforma Salvem Es Molinar (Salvemos El Molinar), el Grup d'Ornitologia Balear (GOB), la Associació per a la Revitalització dels Centres Antics (ARCA), Amics de la Terra, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, la Asociación de Vecinos Vogar i Ciar y la organización conservacionista Greenpeace. Convocado el período de consulta a entidades y empresas sobre el estudio de impacto ambiental, el GOB, organización emblemática del ecologismo insular, presentó alegaciones contra el proyecto ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

En las mismas se cuestionaba la necesidad de crear un nuevo puerto deportivo en una línea costera de 13 km de longitud, la del municipio de Palma, donde ya existen siete instalaciones de estas características, con más de 2.600 amarres disponibles. Los promotores de la ampliación no aportaron ninguna justificación relativa a la necesidad de incrementar el número de amarres de Es Club, una pretensión cuando menos dudosa, si se tiene en cuenta que los puertos deportivos cercanos a Es Molinar no están, ni de lejos, saturados en su oferta. Además, el GOB denunció la falsedad del propósito declarado de "mejora y remodelación", pues se trataba de construir una nueva infraestructura, por completo ajena a la previa.

En cuanto a los problemas del puerto actual, sí reconocidos por la organización ecologista (aterramiento de sedimentos arenosos, problemas en el dique de protección del puerto, inundación de muelles y pantalanes con temporales fuertes), se solicitó la realización de obras de remodelación adecuadas, pero en ningún caso de ampliación.

El segundo proyecto
El primer proyecto de pretendida remodelación del Club Molinar no halló respaldo ni en el Ayuntamiento palmesano ni ante el Consell Insular de Mallorca, cuyos respectivos plenos se posicionaron en contra. El alcalde de Palma, Mateu Isern, consideró en público que el plan era "desproporcionado". Ante la mala acogida de su propuesta, la directiva del club se comprometió a presentar correcciones al proyecto original... Pero lo realizado no fue sino un segundo plan de ampliación, tan independiente del primero que este no quedó anulado y siguió su curso administrativo ante las autoridades portuarias estatales. El segundo plan de remodelación, presentado ante la opinión pública el 3 de agosto de 2014, reducía en un 40 % las dimensiones de su precedente: la superficie proyectada pasaba de 70.000 a 40.000 m2; el número de amarres descendía de 315 a 220; y la eslora máxima prevista de las embarcaciones se quedaba en 15 m.

Los nuevos espigones, recortada su longitud en una veintena de metros, curvarían sus perfiles a modo de cazuela. Y persistía la dirección del club en la intención de derribar su actual sede social, aunque solo se construyeran ahora dos nuevos edificios, en lugar de tres, y se renunciara a la zona de instalaciones deportivas. A la vista de lo anterior, el caballo de batalla de las protestas vecinales seguía vivo y coleando: las nuevas instalaciones ocuparían una superficie cuatro veces superior a la actual, con la desaparición de la ensenada natural del caló. En el acto de presentación ante la prensa del segundo proyecto, la dirección del Club Molinar evaluó la cuantía de las obras en unos nueve millones de euros "autofinanciables" mediante la venta de los nuevos amarres.

El presidente de las entidades, Luis Vallespir, aseguró que no se perseguía la creación de un club rentable, "sino un club sostenible". También autoalabó los esfuerzos de la directiva para armonizar las necesidades de la entidad con las demandas vecinales. La respuesta de Al Molinar, Port Petit no se hizo esperar. En nota de prensa, la plataforma manifestó su indignación ante este segundo proyecto, igualmente desproporcionado a su entender; sin variación de su impacto ambiental, urbano y social con respecto a la propuesta original, puesto que "desfiguraría la fisonomía del barrio y del litoral", y provocaría la alteración de las playas urbanas y los caladeros de pesca cercanos. Además, la asociación vecinal insistió en que el incremento de amarres y calado "no responde a una demanda real". En conclusión, se acusaba a la directiva de Es Club de mantener una postura "nada dialogante" con respecto al "consenso que le reclaman ciudadanos e instituciones".

Construir un puerto para destruir un barrio
¿Qué consecuencias puede traer para Es Molinar la ampliación de su club marítimo? No son pocas las quejas que los vecinos esgrimen cual memorial de agravios, y las hay de todo tipo. Para empezar, de orden paisajístico. Ya se ha dicho que la obra supondría la destrucción del asentamiento natural del puerto, Es Caló d'en Rigo, que desaparecería bajo una plataforma de hormigón. El frente costero del barrio, uno de los más apreciados de la bahía de Palma a tenor de sus valores estéticos, quedaría roto por la excrecencia de las instalaciones portuarias (a diferencia de las actuales, que se integran armónicamente en la pareja faz del litoral).

Por otra parte, los espigones a construir truncarían las panorámicas de la línea costera palmesana (catedral, Paseo Marítimo, dique del Oeste) que hoy se disfrutan desde Es Molinar. El medio ambiente también quedaría afectado. No es desatinado pensar que los dragados enturbiarán las aguas, sobre todo si consideramos que el fondo marino de la zona es muy rocoso. Se teme igualmente a la contaminación generada por la afluencia de un número mayor de barcos. Todos estos factores amenazan la calidad de las aguas para el baño, y pueden suponer una merma de las especies de pesca (riesgo denunciado por la Cofradía de Pescadores de Palma).En cuanto a la seguridad de las personas, el nuevo puerto creará una zona de tráfico marítimo intenso a pocos metros de una costa salpicada de playas, donde se concentra un número importante de bañistas en los meses estivales.

No resultan menos graves los problemas relativos a infraestructuras. Las vías de acceso al Molinar, que apenas se han ampliado desde la década de 1980, se colapsan con frecuencia debido al creciente número de residentes y visitantes, sobre todo los fines de semana. Con el nuevo puerto en funcionamiento, los vecinos temen que el barrio quede por completo colapsado. Las propias obras portuarias constituyen el principal riesgo de colapso. La dirección del club no ha explicado cómo cree posible que la retícula de estrechas calles de Es Molinar asimile el tráfico de camiones y maquinaria, ni dónde piensa estacionar todo el material necesario para la preparación y desarrollo de la obra, en un lugar donde apenas median diez metros de distancia entre la puerta de acceso al club y la primera casa del otro lado de la calzada.

Las obras -y su producto final- supondrían la eliminación física de la continuidad urbanística hoy presente en la fachada litoral del barrio. Para concluir, no debe olvidarse que el desarrollo económico experimentado por Es Molinar en las dos últimas décadas, estrechamente ligado al sector de servicios (sustituto de las desaparecidas fábricas y de una actividad pesquera ya testimonial), ha sido posible gracias a los encantos tradicionales del barrio: emplazamiento, paisaje urbano y, ante todo, tranquilidad (nada que ver con las macrourbanizaciones de S'Arenal o Magalluf, refugio de las hordas del balconing y la happy hour). Estas condiciones fueron expresamente reconocidas con la calificación de Es Molinar como zona de Especial Protección Urbanística y Patrimonial (pleno del 19 de diciembre de 2013 del Ayuntamiento de Palma).

Este diario intentó contactar con la dirección del Club Marítim Molinar de Llevant, para conocer de primera mano los argumentos de sus responsables, en tanto que valedores del proyecto de construcción del nuevo puerto deportivo. A tal efecto se les envió por correo electrónico un cuestionario sobre el asunto, al cual nunca contestaron, pese a las buenas palabras de la persona encargada de las relaciones públicas de la entidad.


* Público - IGNACIO GONZÁLEZ OROZCO - 17.8.14
Foto: Palma de Mallorca, nuevo puerto Es Molinar - publico

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Carboneras.- Aznar subvencionó ‘El Algarrobico’ con casi tres millones de euros

Un nuevo giro de tuerca en el escandaloso asunto de la construcción del ilegal hotel El Algarrobico en una playa virgen almeriense. A la concesión de la licencia municipal por parte del gobierno de Carboneras, la autorización de la socialista Junta de Andalucía y la complicidad judicial con sentencias contradictorias, se une ahora el conocimiento de la concesión de una subvención del Gobierno 'popular' de Aznar a la empresa promotora 'Azata del Sol' para edificar el mamotreto ilegal; se reúne así una conjunción de hechos difícilmente superable, que demuestra claramente la actuación delictiva de las administraciones implicadas. El símbolo por antonomasia del Urbanismo salvaje en España se convierte así en el símbolo también de las distintas administraciones y poderes corruptos. Imposible superar el listón, es la vergüenza absoluta nacional. Pura 'Marca España' con denominación de origen.
"ELPLURAL* : La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, María Jesús Serrano, ha afirmado que, según los datos facilitados por Hacienda y por las agencias públicas, “no nos consta que Azata del Sol SL, ni Azata Patrimonio SL ni Parque Club El Algarrobico hayan recibido subvención alguna por parte de la Junta de Andalucía”. En relación a esta cuestión, Serrano ha sostenido que fue el Gobierno presidido por José María Aznar en 2002, en una orden del Ministerio de Economía, a través de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, quien aprobó subvencionar la edificación del Hotel de El Algarrobico. Por tanto queda demostrado que fue el Gobierno del PP con José María Aznar como presidente y Rodrigo Rato como ministro de Economía quienes dieron ayudas públicas al hotel ilegal.

El BOE delata al PP
Serrano ha aclarado que puede comprobarse a través del BOE del día 6 de mayo de 2002, que publica una orden por la que se hace público el acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para la resolución de incentivos regionales, que afectó a casi un centenar de empresas. “Entre ellas, la sociedad limitada Azata del Sol, a la que se le aprobaba una subvención de 2,8 millones de euros tras presentar una inversión presupuestada en más de 28 millones”.

Contradicciones en el PP
Para la consejera de Medio Ambiente ello demuestra que el PP tiene “doble vara de medir” así como se ve el cinismo de este partido al acusar a la Junta de dar subvenciones a un proyecto que fue subvencionado por el PP”. Serrano ha subrayado las “contradicciones” de los dirigentes del PP como el presidente provincial en Almería que pide que se abra el hotel mientras que la ministra “está esperando que concluya la maraña judicial para derribar el edificio”.

La ministra Narbona elevó su protección ambiental
La consejera ha afirmado que “ésta es la única realidad, la de los documentos oficiales. Precisamente el BOE nos recuerda que fue la ministra Narbona, ya con los socialistas en el Gobierno, quien acometió el deslinde de esta playa en 2005 para elevar su protección ambiental”. De ahí que Serrano haya sostenido que “fue aquella decisión la que dio un giro radical al tema, abriendo paso a la paralización de la construcción de una mole subvencionada dos años antes por el Gobierno del Partido Popular”.

El acuerdo Junta-Ministerio para demoler el hotel sigue vigente
En cuanto al complejo proceso judicial en el que se encuentra el caso con sentencias contradictorias, la consejera ha insistido en que “respetamos las decisiones judiciales, pero no las compartimos”. Además, Serrano ha recordado que en el terreno institucional tanto la Administración autonómica como la Administración General del Estado han manifestado su intención de regenerar medioambientalmente la zona. “No sólo han sido los ministros socialistas los que han apoyado la demolición, también lo hizo Arias Cañete y la actual titular del Ministerio”, ha apostillado. Según la titular de Medio Ambiente de la Junta, “la propia García Tejerina me ha ratificado la voluntad del Gobierno central de cumplir el acuerdo de colaboración suscrito para hacer realidad la demolición cuando haya seguridad jurídica”.

La Junta quiere demoler El Algarrobico
Por último, la consejera de la Junta ha ratificado cuál es la postura del Gobierno andaluz ante este tema. Así, ha recordado que el próximo 12 de septiembre se formalizará el derecho de retracto por el que las parcelas del paraje del Algarrobico pasarán a ser patrimonio público andaluz mediante los 2,3 millones de euros depositados en 2006. “A continuación, esperaremos a que los procesos judiciales que estén abiertos se resuelvan”, ha asegurado. Serrano ha reiterado la intención de la Junta de Andalucía de demoler El Algarrobico “en cuanto tengamos seguridad jurídica” para proceder a la recuperación ambiental de la playa


* El Plural - 21.8.14
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal Punto Negro - Greenpeace



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Madrid.- Nuevo PGOU, más especulación en Urbanismo

El actual gobierno 'popular' de A.Botella en Madrid pretende aprobar el nuevo Plan General municipal antes de que termine su legislatura, es decir de Mayo de 2015, y para ello está acelerando su proceso sin utilizar para nada el consenso y con la oposición declarada de todos los demás partidos políticos, asociaciones de vecinos y colectivos implicados. Las prisas suelen ser malas consejeras y más aún cuando lo que se pretende son nuevas privatizaciones de actuales dotaciones públicas para obtener beneficios que lucren a los amiguetes de turno. Así, ha sido denunciado ya el avance de este nuevo PGOU que pretende el expolio de edificios públicos, a la vez que promociona un nuevo desarrollismo imposible para la actual ciudad de Madrid. La mejor prueba del rechazo ciudadano es la creación de la Pla­taforma 'No a Este Plan Urbanístico' que se opone radicalmente a este nuevo pelotazo del PP en la capital.
"DIAGONAL* : La frenética carrera del equipo de Ana Botella para aprobar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sigue ocasionando muestras de rechazo de la mayoría de colectivos y asociaciones vecinales. La insistencia del Consistorio en modificar el actual planeamiento urbanístico de la capital, vigente desde 1997, para declarar urbanizable zonas que alcanzarían hasta los límites territoriales marcados por los distritos, se ha encontrado con la oposición de varios grupos, que ven la medida como un mero intento de continuar la especulación urbanística en favor de grupos de poder y grandes propietarios y en detrimento del patrimonio urbano, cultural y de zonas verdes que disfrutan los madrileños.

El Ayuntamiento desea aprobarlo antes del final de su mandato, en mayo de 2015, pero apenas tiene consenso. Entre varios cambios, prevé dar a 146 unidades urbanísticas (desde parcelas, edificios y manzanas) que ahora son dotaciones públicas (equipamientos deportivos, educativos, sanitarios o administrativos) un nuevo uso económico y lucrativo (oficinas, hoteles, comercio, etc.), según alertan diferentes asociaciones, como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), que desconfía, por ejemplo, de que la situación económica permita cubrir las 200.000 nuevas viviendas que el Plan prevé construir en los siguientes años, cuando la población española se está reduciendo progresivamente.

Expolio de edificios públicos

La ofensiva del Ayuntamiento comenzó en noviembre pasado, cuando su Junta de Gobierno entregaba el Preavance del nuevo PGOU (actualmente en fase de discusión pública) y calificaba un nuevo tipo de suelo como ‘actividad económica’, que sustituía los actuales usos industrial y terciario. Entonces, el Consistorio defendía el proyecto alegando que el antiguo Plan potenció la llamada ‘burbuja inmobiliaria’ y que ahora era necesario un modelo que flexibilice la tramitación urbanística que “retrae la inversión por la dilatación de los plazos administrativos”, señalaba en su momento la concejala de Urbanismo, María Paz González. Pero a esta tesis le han salido varios críticos.

Uno de ellos es la Pla­taforma No a Este Plan Urbanístico, que nacía el pasado junio para “impedir el expolio de suelos y edificios públicos al servicio de intereses privados”. Formada por diferentes asociaciones vecinales, ecologistas, de defensa del patrimonio, sindicatos y partidos políticos, se creó para rechazar un PGOU que “camina en contra de los intereses ciudadanos”, al desregular los usos y permitir que los edificios puedan albergar cualquier tipo de actividad.

El colectivo denuncia que el Plan provocaría un crecimiento “insostenible e innecesario” del desarrollo inmobiliario y segregaría barrios ricos de pobres, al decidir los usos en parcelas por criterios de rentabilidad y, por contra, descuidar la movilidad y la intervención pública en materia de vivienda y suelo en zonas ya existentes.

Los analistas estiman que un indeterminado número de inmuebles públicos de Madrid pasaría a tener uso especulativo. El Plan contempla modificar a uso privado desde los Juzga­dos de Plaza de Castilla y las instalaciones de RTVE en Torrespaña, pasando por la Consejería de Presiden­cia de Pontejos, hasta el edificio de Registro Civil de Padrillo o el antiguo Hospital del Aire de San Cipriano, por poner sólo algunos ejemplos. Igualmente, afectará a casi medio centenar de edificios de Telefónica, como su sede en la Gran Vía. Que la estrategia va en serio lo demuestra la ‘Operación Canalejas’, iniciativa privada promovida por el Grupo Vi­llar Mir y aprobada por el Ayun­ta­miento para trans­formar esta céntrica manzana de 50.000 metros cuadrados en un hotel de lujo y un centro comercial.

Plazos cortos
El documento de Preavance presentado en noviembre por el Gobierno regional consta de 19 tomos y más de 6.000 páginas y se dio hasta el pasado 31 de enero para presentar sugerencias y alegaciones. Para la FRAVM, el plazo era “demasiado corto” para que los madrileños y organizaciones examinasen la documentación. Por ello, exige que se aplace su discusión hasta después de las elecciones. Vicente Pérez Quin­tana, responsable de Urbanis­mo y Vivienda de FRAVM, lamenta que “no se ha contado con la participación ciudadana en un tema tan serio como la modificación de su propia ciudad. Madrid corre el riesgo de quedarse sin terreno no urbanizable y zonas verdes”, al tiempo que no descarta una estrategia política: “Si el PP no gana las elecciones, dejará la patata caliente al que venga detrás. Hay que centrarse en mejorar los barrios que ya existen”, resume Pérez Quintana.

El Plan contempla que los propietarios de los inmuebles cedan al Ayuntamiento una superficie equivalente para uso dotacional, que se ubicarían en zonas periféricas más baratas. Sin embargo, la FRAVM habla de “desamortización” en detrimento de los ciudadanos. Los críticos al Plan alertan de que el cambio de uso permitirá a sus gestores ­desprenderse de inmuebles emblemáticos aprovechando el mercado inmobiliario, medida aplicada desde el inicio de la crisis por las Adminis­tracio­nes públicas para aliviar su deuda. Un dato, el Gobierno regional subastó en 2013 varios inmuebles por los que calculaba obtener 742 millones de euros, pero sólo logró 240.

Arrasar con todo

Mariano Lapuente, asesor técnico del grupo municipal de IU, exige la retirada del Preavance por “disconformidad con el contenido y por ser inoportuno al estar a menos de un año de las elecciones”. El técnico de urbanismo alerta de que el Plan amenaza con extender la ciudad urbanizable hasta aquellos límites que alcanzan el término municipal, como Rivas-Vacia­ma­drid, Getafe o la Ca­ña­da Real. “Se intenta arrasar con todo y urbanizar aquello que no esté protegido por ley”, comenta el asesor, que añade que “el Plan pasa de puntillas por diferentes puntos, entre ellos el déficit de equipamiento de los distritos periféricos o la protección del patrimonio”. Por su parte, desde Ciuda­danía y Patrimonio se asegura que la intención del Ayun­tamiento es “tener carta blanca para regular cualquier proyecto inmobiliario. Muchos usos públicos se mudarán a terciarios con el peligro de privatización, como el mercado de la Cebada, el Palacio de la Música o el Teatro Albéniz, estos últimos propiedad de la banca”.

Varios expertos se preguntan por qué se lanza ahora este PGOU, especialmente cuando quedan todavía pendientes desarrollos en el sureste de Madrid, donde se prevén más de 300.000 viviendas para casi 1,3 millones de habitantes. Muchos aseguran que el Preavance es una simple manta de seguridad para salvar el vacío legal de desarrollos ya iniciados con el PGOU de 1997, como el de Valde­bebas, y para que se eviten futuros recursos judiciales en contra. Los expertos coinciden en que los grupos de poder y determinadas entidades financieras adquirieron en su momento muchos terrenos no urbanizables, que ahora quieren proteger con una cobertura jurídica.

Parte de la Ley de Patrimonio, inconstitucional

El 24 de julio, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos ocho artículos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. La ley, aprobada unilateralmente por el PP en octubre de 2013, fue denunciada por desproteger el patrimonio y por supeditarlo a intereses económicos. Tres días después de su aprobación, diez de sus artículos fueron recurridos ante el Tribunal Constitucional a través de 57 senadores del PSOE y del Grupo Mixto. Uno de los artículos declarados inconstitucionales podría afectar directamente a la ‘Operación Canalejas’, por la que se pretende construir un hotel de lujo, un párking y un centro comercial en una manzana que incluía varios bienes de interés cultural.

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, afirmó poco antes de la aprobación de la ley que “la única manera de conservar el amplísimo patrimonio histórico que tenemos es dando la posibilidad de que tenga aprovechamiento económico” y defendía aprobar la ley para “hacer compatible la preservación de nuestro patrimonio histórico con la explotación económica, comercial, turística, de ocio, etc., para hacerlo sostenible”.


* Diagonal - Ricardo Vallano - 11.8.14
Foto: La 'operación Canalejas' podría paralizarse por decisión del Tribunal Constitucional. / DAVID FERNÁNDEZ

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La 'Marbella de Extremadura' corta el acceso a las zonas públicas de una isla protegida

La corrupción urbanística llegó también a Extremadura, como no podía ser menos. El complejo turístico de lujo edificado ilegalmente en la isla del embalse de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, sigue dando que hablar. A pesar de ser anulada por el Supremo, la macro urbanización continúa en su sitio sin que el gobierno del presidente de la Junta 'popular', JA.Monago, haya movido un dedo a favor de su demolición, sino más bien poniendo nuevas pegas. Como ya se ha dicho otras veces, se trata de unos terrenos protegidos y con un decreto que consagra el acceso público de los visitantes. Pero en este lugar apartado sigue dominando el caciquismo ancestral y unos vigilantes de seguridad privados impiden el acceso a la isla, bajo excusas inadmisibles en un estado de derecho. Es decir, se practica la ley de la selva, a pesar de las decisiones judiciales contrarias. Inadmisible y delictivo.
"ELDIARIO* : Es terreno protegido, público y con un decreto que consagra el acceso de la población. Pero también es una urbanización de lujo y un campo de golf declarados ilegales por el Tribunal Supremo. Sin embargo, es el complejo privado Marina Isla de Valdecañas (Cáceres) el que decide –y deniega– el paso a las zonas públicas de este suelo de alto valor medioambiental. Mientras, es el Gobierno extremeño de José Antonio Monago (PP) el que defiende al complejo ante los jueces para salvarlo de su demolición.

Unos reporteros de eldiario.es acudieron a la zona. Una barrera impide la entrada. A la derecha, desde una garita, el vigilante pregunta con la mirada.

-Venimos a tomar un café al hotel.

-No se puede, necesitáis una invitación o tener una cita con alguien.

Entrar a la antigua isla de Valdecañas en el noreste de la provincia de Cáceres ya no es posible. Lo que otrora era un terreno municipal creado al antojo del embalse del mismo nombre, hoy es un exclusivo resort con la puerta cerrada para quien no tenga una propiedad o un trabajo en el interior, o al menos una invitación. Este ‘Complejo Turístico, de Salud, Paisajístico, y de Servicios’ (su título oficial) busca trasladar el modelo de golf y lujo desde el litoral hasta el interior. Ya desde la fase de obras, iniciadas en 2007, ha existido una valla que impide el acceso público a dicha urbanización, a su playa fluvial, a las riberas del embalse, al hotel y a las zonas verdes, así como a los aparcamientos y viales públicos. Así lo denuncia la asociación ecologista Adenex que junto a Ecologistas en Acción ha llevado a los tribunales unas irregularidades que ya nadie niega.

El presidente de Adenex, Ismael Sánchez, envió el pasado 30 de julio tres cartas a los alcaldes de El Gordo y Berrocalejo, localidades cacereñas en cuyo término municipal se ha construido el complejo, así como a la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura, solicitando que se elimine la barrera para facilitar el acceso a los espacios públicos de la isla, ahora convertida en istmo.

Pero nadie se da por aludido. Mientras la empresa declina hacer declaraciones, la Dirección General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo “está procediendo a su análisis para ofrecer la correspondiente respuesta”, explican desde el Ejecutivo regional.

El Decreto de la Junta de Extremadura 55/2007, que aprueba el Proyecto de Interés Regional promovido por la empresa gestora, menciona claramente itinerarios urbanos y plazas de aparcamiento “de uso público”, así como parcelas en la zona de espacios libres “que se considerarán de uso dominio público”. Dicho marco legal afirma incluso que “la zona donde se pretende realizar la playa artificial no perderá el carácter de dominio y uso público”. Nada de eso se ha cumplido.

Urbanismo segregacionista

En julio, el Ejecutivo de Extremadura patrocinó un curso sobre Gestión de recursos hídricos y aprovechamientos turísticos apoyado por la misma promotora del resort con el empresario José María Gea a la cabeza. “Socialmente, el complejo es un ejemplo de urbanismo segregacionista que ha privatizado un suelo público al que ya no se permite entrar. Es una muestra de lo que se denomina ‘ciudades de muros’, que privatizan su uso para una minoría, excluyendo el contacto con el resto de la población”, apuntan desde Adenex.

El dominio sobre el terreno llega hasta el punto de que las jornadas incluían una visita para los alumnos a Marina de Valdecañas de la que eldiario.es fue testigo e, incluso, los que disponían de una beca pudieron alojarse en algunos de los apartamentos del complejo.

“Se vendió como de máximo interés general y público, pero no hubo información. El interés es el del promotor”, apuntó en el curso Ángeles Lópex Lax, la abogada que ha llevado el caso desde Adenex y que calificó este modelo de turismo de obsoleto.

Una zona protegida

La promotora se escuda ahora en que no había protección ambiental al lanzar su proyecto: “Cuando empezamos las gestiones no había Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA). Apareció no sabemos cómo. De repente dijeron que allí no podíamos construir”, argumenta Gea. También que hay invertidos más de 140 millones de euros en Marina Isla de Valdecañas y criticó la falta de seguridad jurídica de la región: “Se está haciendo una interpretación bárbara de la ley”.

Que los terrenos sean una ZEPA es la clave de la ilegalidad del resort: las 133 hectáreas del complejo pertenecen a la Red Natura 2000 y por eso no se pueden hacer desarrollos urbanísticos, según han corroborado los tribunales. ¿Conocían los promotores la protección ambiental de esta parte del embalse de Valdecañas? Según los documentos a los que ha tenido acceso eldario.es, sí. En una notificación que la Junta de Extremadura envía en noviembre de 2005 a la promotora, recuerda que es una Zona Especial de Protección de Aves y que, por ley, está por tanto sujeto a la justificación de un “interés público de primer orden”.

A pesar de ello, la promotora sostiene que no tuvo constancia de ninguna declaración oficial al respecto. Y lo cierto es que, más allá de aquellos documentos internos, la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente había comenzado, dos años antes, un proceso de elaboración de nuevas ZEPA que aún estaba pendiente de publicación. El clavo ardiendo de la empresa es por tanto que, mientras no exista un documento oficial, no existe zona protegida alguna. La abogada López Lax echa por tierra este argumento, “como evidencian la Directiva Aves y la Directiva HÁBITAT. Bajo esa mentira Marina admite la incompatibilidad urbanística entre este proyecto y la Red Natura 2000”.

De hecho, el Tribunal Supremo ratificó el pasado mes de febrero la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura: el complejo Marina Isla de Valdecañas es ilegal. Los magistrados han ordenado desmantelar la conocida como ‘Marbella de Extremadura’ y reponer los terrenos a la situación previa a las obras pues son terrenos no urbanizables. El Ejecutivo popular extremeño, con apoyo del PSOE, que autorizó las obras mientras gobernaba, aduce ahora “imposibilidad de ejecución” de la sentencia. El tema está de nuevo en manos de los juzgados. Mientras, la barrera de acceso sigue filtrando las entradas.


* El Diario - Mª Ángeles Fernández / J. Marcos - 11.8.14
Foto: Vista de la urbanización de Valdecañas el 17 de julio de 2014 /M.A.F.

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Contra la corrupción urbanística: ¿cambio urbanístico o cambio político?

Interesante artículo sobre la lacra social de la corrupción urbanística que lleva azotando, lamentablemente, este país (y otros) desde hace años. El autor sigue mi propia tesis de que el Urbanismo, como ciencia y actividad social, debe estar regulada públicamente por unas medidas mínimas, pero respetuosas con los valores de la sociedad donde se desarrolla. Aquello del 'todo vale' de la época de 'interesados' políticos, como Aznar y Cascos, ha causado tanto daño en la Ordenación Territorial que todavía son apreciables sus consecuencias más de 15 años después. La actividad urbanística, desde los comienzos de la civilización, fue considerada primordial para el beneficio de toda una comunidad, no solo de los grandes gerifaltes de la historia. Un buen gobernante debe atender, no solo su palacete privado, sino las condiciones vitales de su población y, para ello, hace falta una acción pública por limitada que se pretenda. Parece mentira tener que repetir estas 'obviedades' en pleno siglo XXI.
"VÍCTOR SORIANO* : Hace unos días mantenía un debate con un amigo acerca de la corrupción urbanística. Ambos coincidimos en que el urbanismo es una fuente incesable de casos de corrupción en España. Y comprendemos bien el motivo. El urbanismo se ha entendido -lejos de lo que realmente es, no sólo durante la burbuja inmobiliaria sino durante toda nuestra historia reciente-, principalmente como la técnica de convertir el suelo rústico en urbano. Hacer urbanizable lo que antes no lo era supone incrementar automáticamente el valor de un bien sin que este haya mutado. Es la alquimia moderna y está en las manos exclusivas de la Administración, que con su varita mágica, puede hacer rico a algunos sólo aprobando una modificación del planeamiento. Y todo ello a pesar de que la comunidad -dice la Constitución- debe participar de esas plusvalías.

Él me decía que es "la tentación la que hace el pecado" y que había que separar al máximo posible la política -y por tanto, las Administraciones Públicas-, del urbanismo. De esta forma se evitaría que el poder que posee la Administración de clasificar y calificar suelo se convirtiese en mercancía de cambio en manos de políticos vencidos ante las prebendas prometidas por propietarios o constructores. Según mi amigo, la solución al problema de la corrupción urbanística pasa por liberalizar el suelo (de lo que ya hablé extendidamente en otro artículo): si todo es urbanizable se acabaron las dádivas por reclasificar.

No puedo estar más en desacuerdo con tal afirmación, y como le prometí a mi amigo, lo explico aquí. No voy a repetir lo que ya dije sobre las nefastas consecuencias sociales, económicas y ambientales de la liberalización del suelo -repetitivamente exigida por algunos-, que son por todos conocidas. Además, he escrito en no pocas ocasiones sobre la necesidad de la ordenación del territorio como acción pública en el sentido más amplio del término, por lo que sería meramente redundante volver a incidir en la irrenunciabilidad de una planificación territorial y urbanística fuerte, concertada y coordinada.

Mi principal motivo de oposición al argumento esgrimido por mi amigo no es, por tanto, técnico-urbanístico (que también, y he sido prolijo en explicarlo en otros artículos ya mencionados), sino político. El apriorismo de que todos los cargos públicos serían seguramente corruptibles me desagrada profundamente. ¿Acaso no hay nadie honrado, formado y capacitado -tres condiciones, en mi opinión, indispensables, para ejercer una responsabilidad pública- entre los casi 46,5 millones de españoles?

Sin caer en populismos peligrosísimos -de los que están cobrando tanta fuerza en España y en el resto de Europa-, creo sinceramente que la corrupción urbanística -quizás la más evidente y perniciosa de todas las formas de corrupción- no se puede atajar mediante cambios en la técnica urbanística. No es un problema de gestión del suelo, sino de elección de gestores. Lo que necesitamos para acabar con la corrupción no es ni liberalizaciones de suelo, ni más transparencia -tantas veces repetida que ya ha perdido su significado-, ni ningún cambio normativo; sino un cambio drástico entre quienes ejercen la política, que se aparte definitivamente a los corruptos y a los corruptibles, librando a los partidos moderados tradicionales, que son los que más sensatamente pueden gobernar, de los profesionales de la política sin profesión que sólo estuvieron o están en política para aprovecharse de sus estructuras y hacer caja. Y dejar paso a los que, honradamente, tienen mucho que aportar. Entre 48 millones de españoles, a alguno encontraremos.

* Víctor Soriano i Piqueras - Geógrafo

* El Huffington Post - 7.8.14
Foto: Urbanismo, imagen



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Carta abierta al pueblo de Carboneras

En un momento en que el asunto del hotel ilegal de 'El Algarrobico', en Carboneras (Almería), se ha vuelto a paralizar por la injusta decisión de un Tribunal andaluz, incompetente y mediatizado, desde la Plataforma ciudadana 'Salvemos Mojácar' (municipio lindante) se ha hecho pública una carta muy expresiva acerca de la situación sin salida a la que políticos de tercera y promotores especuladores han llevado, engañando descaradamente, a la población de Carboneras. Cuando se está tratando de graves asuntos que afectan a todo un territorio (parque natural) y a la costa común (según la ley), no se puede ni se debe hacer demagogia barata, como pretenden, una vez más, los políticos oportunistas del municipio almeriense. Es ridículo tratar de enfrentar a la gente por algo tan obvio, aunque a algunos les duela oírlo, y es vergonzosa la actitud judicial de complicidad con el delincuente, así como el pasotismo de la propia Junta de Andalucía, a la que el tema se le ha ido de las manos por su inoperancia y tancredismo.
"SALVEMOSMOJÁCAR* : Muchas personas y organizaciones de Almería y del mundo contemplamos con consternación como un grupo de empresarios y políticos sin escrúpulos llevan años manipulado al pueblo de Carboneras. No os dejeis engañar, porque no veréis nunca nada de lo que prometen. Analizad fríamente la realidad: Hoteles como el Algarrobico son guetos del “todo incluido” en los que los turistas consumen sin impacto alguno en la economía local. Utilizan mano de obra barata, importando trabajadores dispuestos a trabajar a precios miserables.

En Mallorca, Tenerife e incluso en Roquetas existen plataformas que han declarado la guerra al todo incluido. Salvemos Mojácar considera intolerable que los políticos engañen a su pueblo aprovechándose de la crisis con el argumento del trabajo.

No matéis la gallina de los huevos de oro, que es el conjunto de valores medioambientales y paisajísticos del municipio como base para una alternativa original y sostenible. Si los ciudadanos de Carboneras no queréis convertiros en una Marbella de segunda, no queréis ver desaparecer su comercio local, no quereis veros inmersos en redes crecientes de corrupción y especulación, no quereis ver destruidas las playas vírgenes que son el reclamo internacional del municipio, salid a la calle pidiendo la demolición del hotel.

Proponemos un gran pacto a todas las administraciones, así como la promotora y las asociaciones vecinales, para emprender con financiación de la UE y de UNESCO un proyecto piloto de desarrollo sostenible.

El proyecto contemplaría un plan pionero a nivel internacional para la restauración del entorno del Algarrobico así como la puesta en marcha de una red de turismo alternativo basada en casas rurales existentes y en la puesta en valor del comercio local, la artesanía, el patrimonio natural, paisajístico, geológico y arqueológico de Carboneras.

El proyecto implicaría a la población local a largo plazo en un plan de desarrollo y trabajo sostenible realmente viable frente a las mentiras y la manipulación de los políticos que derrumban las economías locales subsumiéndolas en intereses corruptos de especuladores globales. En vez de una Marbella de segunda, de corrupción, hormigón y especulación, Carboneras sería un pueblo pionero en el mundo en la defensa de su patrimonio paisajístico, natural, geológico, y arqueológico.

Las obras no deben retomarse: hay 5 sentencias firmes contra el hotel y otras muchas están en camino. El hotel no es legal aun cuando el TSJA haya dicho que la licencia lo sea.

Los especuladores han ganado 2 sentencias en los 4 últimos meses, los ciudadanos y ecologistas llevamos ganadas 20 sentencias a lo largo de 8 años, 5 de ellas firmes y del Tribunal Supremo.

No seáis megáfono de los especuladores, hablad con vuestra propia voz y convertid Carboneras en un referente singular en el panorama internacional, en vez de marbellizarlo como otro nido más de especulación, corrupción y turismo destructivo globalizado.

Os proponemos ser un pueblo valiente que no cede al chantaje y el engaño. Hagamos en el paraje recuperado del Algarrobico un mirador que sirva de testimonio internacional a las barbaries urbanísticas que nunca debieron ocurrir y un ejemplo pionero de lo que ha de hacerse en todos los lugares donde han sucedido holocaustos como éste. El futuro ecológico es el verdadero futuro que permitirá al pueblo trabajar en algo que cree sostenibilidad a largo plazo y no destrucción a corto.

No seais un pueblo más a merced de los especuladores. Encended la chispa de una revolución en defensa de una tierra que aun no ha sido totalmente arrasada por la ola destructora de la especulación.


* la Voz de Almería - Salvemos Mojácar - 19.8.14
Foto: El Algarrobico, hotel - CR

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Madrid.- #PelotazoBernabeu: No es fútbol, es especulación inmobiliaria

En el mes de febrero de este año, la Comisión Europea ya planteó sus serias dudas sobre el proyecto de remodelación urbanística del estadio S.Bernabeu en Madrid, ya que sospechaba de ayudas públicas importantes para su lucrativo negocio. La relación del fútbol con la política viene de antaño y da lo mismo en un lugar o autonomía que en otra. Lógicamente las ayudas públicas son mayores cuanto mayor sea la importancia real del club de fútbol. Y en esto parece que el Real Madrid es uno de los más agraciados tras el pelotazo de su Ciudad Deportiva de la Castellana (hoy las 4 torres). De nuevo estamos ante cesiones de suelo público delictivas y precios desorbitados, en la misma línea que se manejan los emolumentos de las estrellas de ese llamado 'deporte'. Pues bien, desde febrero hasta casi agosto, la vergonzosa justicia de este país ha sido incapaz de mover un dedo y, finalmente, lo ha hecho gracias a la acción de Ecologistas y otros ciudadanos escandalizados ante la grave situación.
"TERCERA* : En un auto dictado el 31 de julio y notificado esa misma noche a la organización, el Tribunal considera que la investigación abierta por la Comisión Europea por las posibles ayudas públicas recibidas por el club de fútbol Real Madrid, está íntimamente relacionada con la modificación puntual del plan general de Madrid que permite la ampliación del estadio. Por ello suspende el acuerdo que habilita esta ampliación, en tanto se dicte resolución por la Comisión. Esta ampliación supone pérdida de patrimonio público en beneficio del club.

El pasado mes de marzo, la Comisión Europea hizo pública sus dudas sobre algunas cesiones de suelo y la desmesurada revalorización de los terrenos implicados en operaciones urbanísticas realizadas entre el Ayuntamiento de Madrid y el club de fútbol. Estas actuaciones podrían haber supuesto ventaja económica para el Real Madrid. Según la Comisión este intercambio de parcelas se consideraría ayuda estatal de apoyo al club. Es decir el Real Madrid, gracias a esa operación obtendría un beneficio selectivo que afectaría a la competencia y al comercio entre estados miembros. Por ello abrió un proceso de investigación que está pendiente de resolución.

En junio, Ecologistas en Acción solicitó al TSJM que suspendiera el acuerdo por el cual la Comunidad de Madrid aprobó la modificación puntual del plan general de Madrid que permite la ampliación del estadio Santiago Bernabeu. El recurso pudo ser presentado gracias a los donativos recaudados en una existosa campaña bajo el nombre #PelotazoBernabéu.

La organización entiende que existe una íntima relación entre los hechos investigados por la Comisión Europea y este acuerdo. La sucesión de acontecimientos lo confirma:

En 1998 el Ayuntamiento de Madrid y el club de fútbol establecieron un intercambio por el cual el Real Madrid cedía al Consistorio 30.000 metros cuadrados en su ciudad deportiva y recibía en contrapartida dos parcelas, una de ellas en Las Tablas.

En 2003, el Ayuntamiento estimó que no podía transferir a una entidad privada esos terrenos, por lo que debía indemnizar al Real Madrid.

En 2011, ambas partes firmaron un convenio por el cual el Consistorio asumía una deuda con el club deportivo de 19.772.357 euros, derivada en buena medida del supuesto valor de la parcela. Eso suponía una revalorización del 3700% con respecto al precio de los terrenos de Las Tablas once años antes.

Para pagar la deuda, el Ayuntamiento cedió al Real Madrid cuatro parcelas en el distrito de Carabanchel y los terrenos de dominio público (zonas verdes y zona peatonal) situados frente al estadio Santiago Bernabéu, en el Paseo de la Castellana. Sobre estos terrenos, el club de fútbol planeó la ampliación del estadio y la construcción de un hotel y un centro comercial. Esta ampliación se posibilitaba con una modificación puntual del plan general que propuso el Ayuntamiento de Madrid y aprobó definitivamente la Comunidad de Madrid en noviembre de 2012. Fue este acuerdo el que recurrió Ecologistas en Acción ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

En un auto de fecha 31 de julio, el TSJM asume los argumentos esgrimidos por Ecologistas en Acción y acuerda suspender el acuerdo de la Comunidad de Madrid por el cual se permite la ampliación del estadio madridista, al considerarlo relacionado con la modificación puntual recurrida.

De esta forma el TSJM quiere evitar “cautelarmente cualquier actuación que no solo pudiera hacer imposible la restitución de la posible ayuda sino también impidiendo que la ejecución del acto pudiera producir perjuicios que hicieran aún más gravosa la restitución como sería la demolición de lo construido al amparo de la Modificación si no se quiere evitar la consolidación de la supuesta ilegalidad habida cuenta que la ayuda se ha traducido en bienes inmuebles sobre los que se sustenta dicho acto de planeamiento”. Todo ello, en tanto la Comisión Europea se pronuncie.

Ecologistas en Acción valora muy positivamente el auto de suspensión y recuerda que no se trata de una decisión contra la actividad deportiva del Real Madrid, si no contra los negocios inmobiliarios, ajenos al deporte, que desarrolla el club y que no benefician en nada a la ciudad ni a sus habitantes.

La organización, además agradece la colaboración de los ciudadanos, ya que el recurso se ha podido costear gracias a las numerosas donaciones recibidas durante la campaña de recogida de fondos que finalizó el pasado mes de junio.


* Tercera Info - 4.8.14
Foto: Madrid, pelotazo nuevo Bernabeu - madrilonia

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El fiscal halla indicios de precios inflados en obras públicas de Verín

La misma especulación urbanística, ahora en el municipio orensano de Verín, con precios inflados en facturas y concursos amañados para los amiguetes de turno. Todo convenientemente sazonado por la corrupción de otro alcalde 'popular' en la provincia, que se está destacando por el alto nivel de actividades delictivas relacionadas con el urbanismo. Bien desde la Diputación del cacique condenado del PP, Baltar, o desde los principales municipios, los ejemplos de atentados contra la Ordenación del Territorio son numerosos y graves, como para decretar el estado de excepción en la provincia y que casi todos los altos cargos, jefes o caciques 'populares' fueran desterrados inmediatamente y cumplieran unas penas judiciales más elevadas, devolviendo previamente lo afanado irregularmente a la ciudadanía. Así está de penosa la situación en la Galicia interior, dejando de momento la costa para otro día.
"ELPAÍS* : Facturas presumiblemente infladas y un concurso con indicios de haber sido amañado. El juez de Verín ha abierto diligencias para investigar una posible prevaricación del alcalde de esta localidad ourensana y senador del Partido Popular, Juan Manuel Jiménez Morán, en la adjudicación a la empresa constructora Vipeca Obras y Servicios, SL —receptora de buena parte de las obras de ese Ayuntamiento—- de la urbanización de dos calles financiadas con las ayudas del Plan E. La investigación judicial también ha puesto bajo sospecha las certificaciones de esas mismas infraestructuras que fueron rubricadas por una funcionaria del Ayuntamiento de Ourense.

La apertura de diligencias se produce tras un periplo de reclamaciones iniciado en 2012 por un vecino del municipio que, al percatarse de algunas irregularidades en la ejecución de proyecto, alertó al Ayuntamiento de Verín y a la constructora.

Según consta en la denuncia, el alcalde hizo oídos sordos a la reclamación después de haber adjudicado los trabajos ahora investigados por la justicia a Vipeca Obras y Servicios, SL, mediante un procedimiento negociado sin publicidad. El regidor cumplió el trámite legal de invitar a participar a tres empresas —la mencionada Vipeca, Orvi Verín, SL, y Agemat, SL— pero las tres resultaron ser solo una: Agemat, que no declara ningún empleado en su inscripción en el Registro Mercantil, se encuentra en proceso de liquidación, mientras que Vipeca y Orvi están vinculadas a través de Josefa Silva Martínez, que en la primera figura como administradora con su marido y en la otra con su hijo.

A esas anomalías se une el hecho de que la directora de obra, María Dolores Arteche —ingeniera en el departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento de Ourense— retocó la memoria inicial tras recibir un burofax del particular alertando de la irregularidad pero, según detallaba el vecino en su denuncia, mantuvo, sin embargo, el mismo “coste inflado” y certificó, junto con el arquitecto municipal, la devolución del aval a la empresa. En la denuncia inicial presentada en la fiscalía, que ahora investiga ahora el juez de instrucción de Verín, consta que Arteche certificó 26 acometidas de saneamiento y 19 de abastecimiento para una pequeña calle con nueve familias residentes cuando en la memoria se especificaba que se repondrían solo 16. Tras recibir la notificación del particular avisando de que los números “no cuadraban”, la directora de obra rebajó a 15 las acometidas de saneamiento y a nueve las de abastecimiento pero mantuvo el mismo precio final. “Aumentó el número de metros cuadrados de la actuación para justificar el precio”, sostiene el denunciante.

Las irregularidades que el vecino documentó fueron confirmadas por el perito designado por la fiscalía ourensana. El particular sostiene que el sobrecoste fue de al menos 35.000 euros en las obras de una de las calles, presupuestada en 200.000, y de 20.000 euros en la otra, presupuestada en 140.000, aunque el particular afirma que la cantidad es considerablemente más elevada teniendo en cuenta que el informe pericial confirma que se utilizaron materiales distintos de los presupuestados.

Alertada ya en 2012 por la denuncia del vecino, la concesionaria del servicio municipal de aguas, Espina y Delfín, realizó una inspección de la red de saneamiento. El denunciante sostiene que, pese a que el gerente de la empresa concesionaria —casado con la secretaria municipal— entregó el informe en el Ayuntamiento, el documento “jamás apareció”. Cuando, en el verano de 2012, los sumideros se desbordaron e inundaron una de estas calles, el vecino acudió a la Fiscalía, que encargó el peritaje.

El juez de Verín comenzó a investigar una denuncia por amenazas que presentó el particular aportando grabaciones para probar las presiones a las que fue sometido cuando comenzó a alertar de las irregularidades detectadas en las obras. Finalmente, el juez instructor reclamó a la fiscalía el informe pericial y abrió las diligencias que ahora está practicando, a las que se incorporó el sindicato CIG como acusación popular el pasado febrero.



Amenazas de muerte

Desde que comenzó a alertar de las supuestas irregularidades de las obras municipales, comenzó un calvario para el vecino de Verín que denunció los hechos a las autoridades. Un año después de acudir con la documentación de las obras a la fiscalía, se personó en el cuartel de la Guardia Civil para presentar una nueva denuncia penal. En este caso, por amenazas de muerte relacionadas con los mismos hechos.
El particular aseguró —y documentó con grabaciones de sonido— haber recibido llamadas telefónicas en la que “una voz distorsionada” le anunciaba que “sería liquidado” si no retiraba la denuncia por supuestos sobrecostes en la remodelación de las calles. El juzgado de Verín corroboró la veracidad de la amenaza recibida por el vecino aunque ante la imposibilidad de identificar al autor (se comprobó que las llamadas habían sido realizadas desde una cabina telefónica), acabó sobreseyendo provisionalmente esa denuncia mientras continuó investigando la relacionada con la supuesta prevaricación del alcalde y senador.
Juan Manuel Jiménez Morán es hombre de la estrecha confianza del presidente de la Xunta. A él recurrió Feijóo para postularlo como candidato al congreso provincial del PP de 2010 en un intento fallido de frenar la sucesión dinástica del baltarismo. Después lo premió designándolo senador en representación de la comunidad autónoma.


* El País - CRISTINA HUETE - 8.8.14
Foto: Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde PP de Verín / NACHO GÓMEZ

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El abandono de las instalaciones olímpicas de Atenas 2004

Como se suele decir: "en todas partes cuecen habas"; en Grecia sucede el mismo fenómeno que aquí en España y las instalaciones para las Olimpiadas de 2004 están en gran parte abandonadas, tras el efecto devastador de la crisis/estafa que ha ocurrido en ambos países. En Atenas se las prometían muy felices con las nuevas instalaciones olímpicas y urbanísticas, que suponían una renovación del país y de su capital en el nuevo siglo, pero llegó también la especulación y acabó con todos los sueños helenos. Tras la gran inversión realizada, muchos de los recintos construidos para el evento deportivo no tienen ningún uso actualmente y duermen abandonados entre la indignación ciudadana que ve cómo se han dilapidado, con insólita alegría, muchos recursos económicos imprescindibles para el desarrollo de una ciudad y su habitual actividad humana.
"PÚBLICO* : Fue alabado como la oportunidad para transformar la imagen de Grecia en el exterior e impulsar el crecimiento, pero 10 años después de que el país acogiera el mayor acontecimiento deportivo del mundo, hay poco que celebrar en el lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Muchas de las entonces brillantes instalaciones olímpicas, que tuvieron una actividad frenética, han sido abandonadas, mientras que otras se utilizan ocasionalmente para actos no deportivos como conferencias o bodas.

En el antiguo centro olímpico de remo, en la localidad de Maratón, que dio su nombre a la prueba de resistencia, perros vagabundos juegan entre las algas crecidas mientras decenas de jóvenes entrenan en el agua. Al otro lado de la ciudad, la antigua sede de las pruebas de canoa y kayak se han secado, y se han arrancado filas enteras de asientos para los espectadores.

A pocos días del aniversario de los Juegos, que se disputaron del 13 al 29 de agosto de 2004, y mientras Brasil se prepara para los Juegos de Río 2016, muchos dudan de si Grecia, uno de los países más pequeños en organizar los Juegos, se benefició del acontecimiento multimillonario.

Para los griegos, que entonces se mostraron orgullosos, ahora los Juegos son un motivo de indignación mientras el país pasa por su sexto año de depresión, desempleo récord, falta de viviendas y pobreza. Grecia ha tenido muchos problemas para generar ingresos con las instalaciones.

"¿Celebrar qué?" preguntó Eleni Goliou, que tiene un ultramarinos en la capital. "Se gastaron dinero que no tenían -nuestro dinero, el dinero de los contribuyentes- en una gran fiesta. ¿Veis que quede dinero para una celebración?".

Después de fracasar en su intento de organizar los Juegos del centenario en 1996, Grecia, fundadora de los Juegos de la Antigüedad y de la modernidad fue elegida organizadora de la edición de 2004 tras derrotar a Roma, la ciudad favorita.

Cuando el presidente del Comité Olímpico Internacional Juan Antonio Samaranch hizo el anuncio, la delegación griega, incluyendo al ex primer ministro Giorgios Papandreu, estalló de júbilo, ondeó las banderas y se abrazaron.

Sin embargo, la euforia inicial se fue desvaneciendo, y Atenas desperdició los tres primeros de los siete años de preparación, lo que llevó a que recibiera una advertencia del COI en 2000 de que acelerara los preparativos o podría perder los Juegos. El país se embarcó en una fiebre constructora que llevó a completar los proyectos a pocas semanas de los JJOO, pagando generosos salarios para conseguir tres turnos al día y asegurar la finalización de las instalaciones.

Nuevos tranvías y esplendorosos recintos crecieron junto a antiguas infraestructuras en la soleada capital de cuatro millones de habitantes, con una factura estimada de 8.220 millones de euros, el doble de las proyecciones iniciales. "Fue dinero desperdiciado, y todo para hacer un espectáculo. Costó mucho", dijo Dimitris Mardas, profesor de economía en la Universidad Aristóteles de Tesalónica, entonces secretario general de comercio.

La empresa griega de propiedades públicas ETAD, que se hizo con la gestión de varias instalaciones olímpicas en 2011, rechaza las críticas y que estén en mal estado. En un comunicado, afirma que "están siendo mantenidas por equipos especializados (...) mientras que las propiedades están vigiladas por empresas de seguridad".

Un estudio de la Universidad de Oxford sobre los JJOO de 1960 a 2012 halló que su coste se dobla siempre. En Grecia fue de un 97 por ciento, añadió.

No todas las instalaciones están abandonadas. El Centro para los Medios es un atareado centro comercial, la sede de badminton es un teatro y recintos cerca del aeropuerto en el antiguo aeropuerto de la capital se han vendido.

Pero incluso los defensores de los Juegos dicen que los gobiernos fallaron a la hora de aprovechar el legado olímpico y utilizarlo para impulsar el turismo, su principal industria. Solo un año después de los JJOO, hoteles construidos por espectadores tuvieron que cerrar.

"Si lo pones en una balanza, los aspectos positivos superan a los negativos, pero desgraciadamente, no hemos sabido comunicarlo", dijo el presidente del Comité Olímpico Griego y antiguo jugador de waterpolo Spyros Kapralos. "La cara de la ciudad cambió".


* Público - Reuters - 10.8.14
Foto: Imagen actual del estadio que albergó la competición de voleibol playa en Atenas 2004. REUTERS

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El presidente del comedor social de Benalmádena denuncia a la alcaldesa y al interventor

Lo que ocurre en el municipio 'costasoleño' de Benalmádena es un ejemplo de desgobierno desquiciado y caótico. Tras la desaparición hace pocos años del cacique E.Bolín que fue alcalde durante décadas, con el PP e independientes, el gobierno del ayuntamiento ha pasado por casi todos los partidos, coaliciones, mociones de censura, cambios inexplicables, rencillas particulares, etc. De la actividad urbanística excesiva e ilegal la mayoría de las veces del capo Bolín, se ha pasado al descontrol por batallitas políticas personalistas. Ahora hay acusaciones por despilfarro y acciones ilícitas en el comedor social del municipio. Habrá que esperar que nuevos personajes o partidos aparezcan y pongan fin al monstruo urbanístico desquiciado en que se ha convertido Benalmádena hoy día.
"INFOLIBRE* : El escándalo del comedor social de Benalmádena crece. Tras conocerse el informe provisional del interventor del Ayuntamiento, que denunció que la asociación que gestiona el comedor social de la localidad malagueña no había justificado 250.000 euros de los 324.000 recibidos en subvenciones desde 2011, ahora ha sido el presidente de la propia asociación, José Lara, quien ha denunciado tanto a la alcaldesa como al interventor por dos supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.

La asociación ha criticado en un comunicado la "información injuriosa que se está trasladando a la opinión pública a través de los medios de comunicación" y ha desmentido, contra la opinión del interventor, que exista "cantidad alguna sin justificar".

El proyecto del comedor social depende del teniente de alcalde, Francisco Salido, de Unión Centro Benalmádena (UCB). Su cuñado es el secretario de la asociación del comedor social y su hermano se encarga de las compras de comida. Tres concejales de UCB apoyaron la moción de censura que convirtió en alcaldesa a Paloma García (PP).

El Ayuntamiento, ya ha respondido asegurando que no piensa "consentir ningún tipo de presión o ejercicio de intimidación" y se compromete a "defender el dinero de los contribuyentes y velar por las familias más necesitadas". En un comunicado, ha apoyado explícitamente la labor del interventor. Asimismo, el consistorio ha adelantado que, en caso de que se confirme que existen facturas sin justificar, "iniciará todos los procedimientos legales existentes para recuperar dichos fondos".

Por su parte, el Partido X –que apoyó a la concejal Encarnación Cortés en la investigación de las supuestas irregularidades en el comedor– denuncia que los implicados, "en lugar de dar las explicaciones pertinentes y tratar de aclarar algo, siguen haciendo lo mismo de siempre", algo que a su juicio se resume en "amenazas de denuncias a diestro y siniestro abusando de su posición y su dinero como si eso siguiera funcionando para frenar a una ciudadanía que ya no les tiene miedo".

"Ahora sabemos que es simplemente otra acción desesperada que acelera la descomposición de su gobierno caciquil, que no sirve ni como lavado de cara y que muy probablemente no llegue a nada dado que los hechos que describe la nota de prensa emitida por la asociación responsable del comedor social no constituyen ilícito penal alguno", señala la formación, que explica que "ni hay prevaricación –porque no hay resolución administrativa ni propuesta de resolución– ni malversación –porque no se está dando al dinero público un destino distinto al fijado legalmente–".

"Un informe provisional plagado de errores"

La Asociación Comedor Social ha criticado este jueves duramente el informe provisional del interventor y la actuación del Ayuntamiento, del que el comedor ha recibido 3.000 euros semanales hasta el 27 de junio pasado, cuando según la propia organización el consistorio cortó cautelarmente la subvención. La asociación afirma que la decisión se basa "en un informe provisional plagado de errores" y apunta directamente al interventor como el responsable de que se suspendiesen las transferencias.

"Para suspender el abono de la subvención semanal, que se viene pagando desde enero de 2012, el director de Bienestar Social debe dirigir una petición en tal sentido al concejal de Hacienda, al tesorero y al interventor, [...] y tal comunicación o petición no se realizó en ningún momento", señala la asociación, que denuncia que esa suspensión se llevó a cabo "sin acuerdo alguno expreso y oficial". "Es más, en ese informe provisional del interventor, al final del mismo, como conclusión 'se sugiere que se suspenda el pago en tanto se justifica el destino de la subvención', y la pregunta de esta parte es ¿cómo se puede sugerir que se suspenda algo que parece ser que él mismo, el Interventor, suspendió hace mes y medio?", remacha el comunicado.

Los gestores del comedor social también critican que el informe provisional del interventor carece de "número de expediente, lo cual es incomprensible y nunca visto en cualquier procedimiento administrativo o de cualquier índole", así como que la investigación se inició "por una simple notificación de la Alcaldía al interventor, cuando las bases de ejecución del Presupuesto Municipal [...] establecen un procedimiento específico”.

El consistorio se defiende

Sin embargo, el Ayuntamiento ha rechazado estas acusaciones y ha asegurado, a tenor de la fiscalización, que "cumple los requisitos legales que establece la normativa en este tipo de actuaciones". "La fiscalización de una asociación como el comedor social tiene como único objeto el garantizar que dichas familias no sufran ningún perjuicio y constatar que el dinero de los contribuyentes de Benalmádena se utilice, cumpliendo escrupulosamente con la legalidad vigente, para prestar un servicio solidario de ayuda a los vecinos que en la actualidad sufren una situación de precariedad económica", señala.

La alcaldesa de Benalmádena, Paloma García, ha rechazado a través de su gabinete de prensa realizar declaraciones a este diario y ha argumentado que prefiere esperar a que se publique el informe definitivo del interventor para no interferir en el proceso.

La retirada de la documentación

Quien sí ha hablado para infoLibre ha sido Antonio Pérez Relinque, tesorero de la Asociación Comedor Social, quien ha asegurado que el interventor tiene "toda la documentación" que justifica los 250.000 euros de gastos.

Preguntado por el motivo por el cual el primer teniente de alcalde, Francisco Salido, y varios responsables de la asociación retiraron irregularmente documentación que había solicitado el interventor, Pérez Relinque reconoce que no se siguieron los cauces legales, pero se defiende afirmando que el responsable de analizar las cuentas tampoco respetó la legalidad para realizar su petición, sino que lo hizo "verbalmente". "A mi me la pidió verbalmente, no oficialmente, el jefe de asuntos sociales para el interventor, y yo con la fe más buena del mundo pedí que me dieran todas las facturas, la copia y el original". ¿El fin? "Traérlas metidas en sus carpetas", una explicación similar a la que ofreció Salido, que aseguró que retiró la documentación para presentarla "bien foliada".


* InfoLibre - DANIEL RÍOS - 14.8.14
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)



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Vall d'Alba.- El penúltimo cacique de Castellón

La mano del capo C.Fabra es alargada en Castellón y, lógicamente, no se acaba en su familia sino que abarca a toda una legión de seguidores o discípulos aventajados que han aprendido las maneras y códigos de este siniestro personaje 'popular'. Entre ellos destaca el actual alcalde de Vall d'Alba, F.Martínez, que durante años ha ido acumulando un patrimonio importante, a veces en la misma población de origen. Así se puede hablar de unas dotaciones urbanísticas fuera de lo normal para la propia capacidad del municipio, como el paseo marítimo desarrollado a 20 km de distancia de la población que termina en una espectacular plaza de toros. Obras desproporcionadas que podrían ser un valor futuro si no vinieran acompañadas del tráfico de influencias y la mafia en urbanismo característica del modo de hacer del PP en la Comunidad Valenciana. Todo ese 'imperio de naipes' se ha desarrollado mediante la concurrencia de la Diputación provincial, verdadero nido de ilegalidades y concesiones arbitrarias. Otro caso  más del evidente caciquismo imperante en la zona.
"ELPAÍS* : En Vall d’Alba corre una expresión que define la relación de la población con su alcalde: contra mayores no vayas. O, lo que es lo mismo, no lleves la contraria a Francisco Martínez, el político que gobierna este municipio desde 1991. Es el gran artífice de la Vall d’Alba actual, un municipio de 3.000 habitantes con dotaciones sobredimensionadas y obras tan llamativas como el paseo marítimo (pese a estar a veinte kilómetros de la playa) que arranca casi en la puerta de su casa y termina en una imponente plaza de toros.

Martínez es uno de los últimos máximos representantes del fabrismo en la provincia. El todopoderoso Carlos Fabra le llamó a ocupar un puesto de diputado provincial cuatro años después de acceder a la alcaldía. Desde la Diputación ha ejercido como mano derecha de Fabra y se ha ocupado de coordinar las inversiones de obras y servicios de la provincia. Y Vall d’Alba ha tenido siempre un puesto prioritario en el reparto. Los nombres de Fabra y Martínez van unido en las innumerables placas conmemorativas de las inauguraciones en todo el pueblo. El regidor ha heredado además el gusto por dejar huella. Su rostro aparece (junto al de Carlos Fabra) en un cuadro que preside el altar de la ermita que mandó construir en lo alto de un monte. Cada año los vecinos van allí en romería en una tradición que inventó.

El aumento de dotaciones ha ido en sintonía al incremento de apoyos en la población. Pocos son los que le critican gracias a ello. “Son obras que benefician al municipio pero da la casualidad de que también le benefician a él”, explica Fernando Grande, portavoz del PSPV en la localidad. Una de ellas, explica, es la creación de una coqueta plaza en la zona de masías cercana llamada Mas de Roures. “Al mismo tiempo que, con inversión pública, comenzaba esta remodelación, la familia Martínez comenzó por su cuenta la construcción de una serie de apartamentos rurales que recaen en esta plaza”, denunció el coportavoz de Compromís en Castellón, Carles Mulet. “Lo que iba a ser una construcción de apartamentos en una zona sin ningún encanto es ahora una urbanización rodeada de una bucólica plaza (de aspecto privado)”, criticó. Estos seis apartamentos forman parte de Franvaltur, la empresa que el alcalde comparte con sus hijos y que ha estado involucrada en el escándalo de la depuradora de Borriol.

Pero en un pueblo plagado de adeptos queda espacio para el reducto de los pocos que le plantaron cara. Manolo es uno de ellos y fue testigo de la forma de actuar de Martínez, que describe rotundamente como “caciquil”. A finales de los años 90, en Vall d’Alba circularon rumores de que se estaba proyectando un polígono industrial. “Yo tenía la experiencia de Vilafamés, donde el Ayuntamiento llamó a los afectados y a la empresa y los sentó a hablar entre ellos, aquí se actuó de una forma muy distinta, no hubo esa reunión y el Ayuntamiento aprobó un precio de 500 pesetas el metro cuadrado cuando en Vilafamés era el doble”, explica este vecino. Un día le llegó la carta del consistorio para que fuera a la notaría. Allí tenía preparado el cheque por la compra del suelo a 500 pesetas el metro menos un 5% que había que ceder al consistorio. El procedimiento lo confirma otro vecino que prefiere ocultar su nombre. “No quiero que me ponga en la lista negra”, se excusa.

Los dos se opusieron y acudieron a los tribunales. “Me decían, contra mayores no vayas, no acudas a los abogados”, cuenta Manolo. Fue el primero en ganar. El TSJ fijó en 3.000 pesetas el precio. Grande habla del “poder de intimidación” de Martínez para obrar sin que nadie le rechiste. El miedo se extiende incluso a los concejales socialistas que, pese a saber de sus cacicadas, no las denuncian públicamente por miedo a represalias.

La querella de la fiscalía de Castellón contra Martínez por presuntos delitos relacionados con la corrupción por la depuradora de Borriol (proyectada sobre terrenos familiares y que le iba a granjear importantes beneficios) ha generado esperanzas entre sus contrarios. El fiscal ha instado también a abrir una investigación sobre su patrimonio y el urbanismo de Vall d’Alba.

No son pocos los recelos. Martínez ha pasado de regentar una tienda de ultramarinos a poseer un patrimonio declarado de 1,5 millones. Ya en su día extrañó que varios vecinos le donaran hasta trece fincas y otros se las dejaran en herencia. Algunas han sido recalificadas.

El alcalde está ahora en horas bajas. Fue destituido fulminantemente como vicepresidente de la diputación por la depuradora de Borriol y Javier Moliner ya ha anunciado que le reclamará su acta de diputado cuando resulte imputado por la querella de fiscalía. Mientras, en Vall d’Alba parece haber nacido el germen de una nueva oposición. La semana pasada, varios vecinos se reunieron para hablar de futuro. Un vecino irrumpió para anotar en una libreta el nombre de todos los asistentes.


* El País - LORENA ORTEGA - 27.7.14
Foto: Carlos Fabra y Francisco Martínez en una imagen de archivo. / ÀNGEL SÁNCHEZ

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La factura del hotel 'El Algarrobico'

El culebrón del ilegal hotel de 'El Algarrobico', situado en una playa virgen del municipio almeriense de Carboneras, parece que no va a terminar nunca. Si alguien tiene interés en conocer todos los pasos que se han dado desde que el ayuntamiento socialista concediera la licencia municipal para su construcción, que mire en el buscador de este blog, donde hemos seguido punto por punto todas las acciones realizadas desde entonces. Han pasado más de 11 largos años (once) en los que ha habido de todo, pero destaca siempre el empeño de unos ciudadanos y asociaciones altruistas en su lucha contra la especulación urbanística más salvaje y desmesurada de toda la costa española. A pesar de ello, la confusión 'interesada' político - empresarial - judicial todavía continúa, lamentablemente, y la demolición se sigue demorando, sin visos de fechas concretas, hasta el punto de ser ya el 'hazmerreir' de media Europa que contempla asombrada cómo este símbolo del Urbanismo ilegal y depredador del país sigue todavía en pie.
"ELPAÍS* : La imagen hubiera sido demoledora, como reconocen en la Junta de Andalucía. Ocho años después, las cuatro enormes grúas amarillas otra vez en funcionamiento. El penúltimo día de julio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló que la licencia de obras que la promotora Azata recibió en 2003 para levantar un complejo turístico en el paraje almeriense de El Algarrobico era legal. Y el Gobierno andaluz temía que, gracias a esa sentencia, en cualquier momento la promotora pudiera volver entrar en esos terrenos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar para rematar la construcción.

Cuando un juzgado de Almería paralizó los trabajos en febrero de 2006, las obras estaban ejecutadas al 94%, según una tasación presentada por Azata. Pero aquella medida cautelar teóricamente ha quedado anulada tras el fallo que valida la licencia de obras, apuntan desde la Abogacía del Estado.

Esta interpretación la comparte la Consejería de Medio Ambiente, que esta semana movió ficha y decidió formalizar el derecho de retracto que le convierte en propietaria de los suelos. La promotora recibiría —en el caso de aceptar el trato— 2,3 millones de euros, que desde 2006 están depositados en una entidad financiera. Pero la factura del despropósito de El Algarrobico puede ser mucho mayor si se cumplen las aspiraciones de los propietarios, a los que las últimas decisiones judiciales están cargando de argumentación.

Azata presentó en septiembre de 2013 tres recursos ante el Ayuntamiento de Carboneras (que le concedió la licencia), el Gobierno y la Junta en los que se solicitaba una indemnización de 70 millones de euros por el “anormal funcionamiento” de las Administraciones, que en un principio no pusieron reparos al hotel. Estas tres instituciones no han contestado y la promotora llevó hace unas semanas su reclamación patrimonial a la Audiencia Nacional. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente avanzan que la Junta archivará por la vía administrativa esa reclamación, aunque para que la decisión sea firme hace falta esperar a un informe del Consejo Consultivo de Andalucía.

Los propietarios del complejo turístico ya han intentando en alguna ocasión anterior que la justicia le reconozca el derecho a ser indemnizados. El Tribunal Supremo taponó en 2012 esa vía a Azata, que reclamaba ser resarcida por el Estado. Fue en el marco de una de las muchas causas que este caso tiene abiertas y dispersas por varias instancias: la del incumplimiento de los 100 metros de servidumbre. El Supremo resolvió que en la zona en la que se levanta el hotel están vigentes esos 100 metros de protección y que la construcción, por lo tanto, invade en parte la zona de servidumbre. Cuando la empresa presentó un incidente de nulidad contra ese fallo, el mismo tribunal estableció que Azata no tiene derecho a indemnización en caso de derribo, algo que parecía que se podría producir en cualquier momento hace dos años.

Pero aquellos pronunciamientos se produjeron en un contexto en el que la mayoría de decisiones judiciales parecían conducir a la ilegalidad del hotel y, por lo tanto, a su demolición. El retrato ha variado por completo en sólo cuatro meses, cuando han cambiado los magistrados del TSJA que se han puesto a analizar este desgajado caso.

La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA ha dado alas a la promotora. Primero, en marzo de este año, al establecer que el hotel estaba en un área del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar donde se puede construir. Este fallo decía justo lo contrario que uno anterior de otra sección de la misma sala de este tribunal. La sección primera estableció en junio de 2012 que el hotel estaba en la zona del parque donde no se puede construir.

Sin embargo, el respaldo más importante que ha recibido Azata es el de la validez de la licencia. El Gobierno y la Junta estudian ahora la posibilidad de recurrir contra esa sentencia en el Supremo, según apuntan fuentes de ambas Administraciones. Pero no está asegurado que esos recursos sean admitidos. Tampoco, que la justicia fuera a aceptar que cautelarmente se impidiera a la constructora entrar en los terrenos para rematar las obras.

De ahí que la consejería andaluza haya decidido formalizar el derecho de retracto, que supone un desembolso de 2,4 millones, lo que cobraría la promotora por esta especie de expropiación de los suelos en los que se levantó el hotel. Pero tampoco está claro que este retracto se vaya a concretar en breve. La Junta ha citado a la promotora en una notaría de Almería el 12 de septiembre a las 12.00. Allí se tendría que ratificar por ambas partes la operación. Luego, con la escritura de compra, la consejería inscribiría en el registro los terrenos de El Algarrobico como propiedad de la Administración.

Puede que la promotora no acuda en septiembre a la notaría. Y un nuevo caso se abriría en los tribunales, ya que fuentes de la consejería sostienen que tendrían que hacerle un requerimiento judicial a Azata.

El retracto que quiere formalizar ahora la Junta ya fue respaldado por el TSJA. Pero la promotora lo ha recurrido ante el Supremo, que aún no se ha pronunciado. Por lo tanto, también cabe la posibilidad de que esa compra de los suelos sea anulada por la justicia, con lo que se enredaría más este complicado caso. De hecho, ese fue el argumento que la Administración habría empleado hasta ahora para rechazar la formalización del retracto que esta semana ha anunciado.


* El País - MANUEL PLANELLES - 11.8.14
Foto: Un grupo de bañistas en la playa de El Algarrobico (archivo) / FRANCISCO BONILLA

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El fiscal presenta otra denuncia contra el alcalde de Porriño

Continúa la corrupción en Galicia y en la provincia de Pontevedra, feudo del presidente Rajoy, se acumulan los casos, como ocurre en el municipio 'popular' de Porriño. El ministerio público acusa, una vez más, al alcalde N.Santos por permitir una construcción ilegal a una empresa afín. Parece mentira que este alcalde continúe en la poltrona del ayuntamiento dada la avalancha de casos urbanísticos ilegales que existen contra él y su equipo de gobierno. De nuevo la justicia actúa con lentitud y a cuentagotas, cuando este personaje del PP debería haber pasado hace tiempo por los tribunales y 'pagado' por sus continuas fechorías urbanísticas. Es un atraso, reconocido por todos, que la justicia intente detener de esta lamentable forma la enorme corrupción existente.
"ELPAÍS* : Al alcalde de Porriño, Nelson Santos, del Partido Popular, se le acumulan las denuncias y las acusaciones de corrupción. La justicia comienza a tejer un cerco sobre el regidor del municipio pontevedrés, a un paso ya de sentarse en el banquillo para responder por los supuestos delitos de prevaricación continuada, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, falsificación y vulneración de los derechos de los trabajadores, relacionados todos ellos con el supuesto favoritismo a empresas afines creadas desde su llegada a la alcaldía.

Mientras la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Porriño, Olalla Díaz, abre una pieza separada para agilizar la causa contra Santos en el marco de la llamada Operación Multiusos, la fiscalía atribuye un nuevo delito al alcalde. Lo acusa de favorecer presuntamente a la empresa Narom —implicada igualmente en la Operación Multiusos y a la que ahora la fiscalía atribuye un supuesto delito de desobediencia— por haberle permitido levantar una nave en el municipio pese a que el planeamiento urbanístico estaba sin desarrollar y a que la compañía no presentó el preceptivo aval bancario. Sostiene el ministerio fiscal que supuestamente Santos permitió la obra contraviniendo además un decreto del propio Ayuntamiento que ordenaba su paralización.

La empresa Narom, SL fue —junto con Impi y Mecánica Rocha, ambas vinculadas al teniente de alcalde de Porriño, el también popular José Manuel Jacobo— una de las beneficiadas con la adjudicación de obras municipales desde la llegada de Santos a la alcaldía. Su propietario, Manuel Fernández, esquivó en 2013 una condena de cárcel, a cambio de pagar una multa de 260.000 euros, por no haber declarado a Hacienda ingresos relacionados con obras realizadas para Marcial Dorado en la Quinta do Feital, una gran explotación vinícola que el condenado por narcotráfico posee en Portugal. Santos le adjudicó a Narom obras municipales levantando para ello reparos de la Intervención Municipal.

La fiscalía ha remitido ahora a los juzgados, para que abran la correspondiente investigación, la nueva denuncia contra Santos basada, de nuevo, en la documentación aportada por un particular que reclama la reposición de la legalidad urbanística (la demolición de lo construido) en el enclave en el que se levantó la nave de Narom “incumpliendo manifiestamente lo ordenado por el alcalde en Decreto de 9 de enero de 2014”. El denunciante sostiene que “resulta manifiestamente imposible” que el gobierno municipal no tuviera constancia de la continuación de la obra “dada la envergadura de la misma”. Para continuar la construcción en contra del decreto de la alcaldía, Narom hubo de “quebrantar el precintado de las instalaciones” aun cuando la policía local “llevaba a cabo una inspección cada tres días”, sostiene la denuncia en la que se apoya la fiscalía.

El alcalde, que ha reconocido públicamente el enchufismo y que manifestó ante la juez que existe una trama organizada y pagada para apearlo de la alcaldía, intenta mientras tanto aferrarse al cargo. En una reciente entrevista en una cadena local de televisión viguesa, recogida por Faro de Vigo, amenazó con resucitar el partido independiente Ciudadanos por Porriño —le permitió acceder a la alcaldía de antes de desembarcar en el PP— si el presidente Feijóo no lo respalda en su aspiración de repetir candidatura en 2015 pese a estar imputado. El líder del PP gallego ha esquivado hasta el momento pronunciarse abiertamente sobre esta cuestión y mantiene a Santos al frente del gobierno municipal.


* El País - CRISTINA HUETE - 4.8.14
Foto: Porriño (Pontevedra), alcalde del PP, N.Santos - EP

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