El derroche de las viviendas vacías

Mucho se está hablando estos días de las viviendas vacías en España, y del proyecto de ley del gobierno catalán que permitirá expropiarlas cuando lleven más de dos años vacías y ponerlas en el mercado de alquiler por un máximo de seis años.
Todos los analistas y comentaristas políticos se hacen eco de esta polémica iniciativa. La mayoría para criticarla por intervencionista y atentar contra la propiedad privada. Otros por considerarla de difícil aplicación, ya que el concepto de "vivienda vacía" es ambiguo y no fácil de delimitar (por ej. el Ayuntamiento de Madrid ya lo intentó hace un tiempo y luego se volvió atrás).
Incluso, desde el Ministerio de la Vivienda se han desmarcado de esta drástica opción y apuestan por la Sociedad Pública de alquiler (bastante inoperante por otra parte, en el tiempo que lleva en funcionamiento).
Pero lo que está claro es que los datos no mienten. Y en España hay cerca de tres millones y medio (3.500.000) de viviendas vacías (según la misma Sociedad Pública), es decir casi un 15% del parque total de viviendas. Unas cifras escalofriantes, con una subida en diez años de más del 25%. Y que sitúan a España, que es el país con más viviendas por habitante de la UE (528 de cada 1000), también a la cabeza en proporción de viviendas vacías.
Se ha repetido muchas veces en distintos foros e, incluso, hace poco hasta una delegación especial de la ONU avisó sobre tan preocupante asunto, ya que deja fuera del acceso a la vivienda a un 25% de la población, sobre todo jóvenes.
Soluciones hay bastantes, empezando por una mejora en la ley de arrendamientos urbanos que potencie el alquiler de viviendas, en sintonía con lo que sucede en otros países de Europa, y la aplicación inmediata de una nueva fiscalidad pública que penalice este tipo de especulación inmobiliaria. Porque lo que está en el fondo del asunto, lo que la mayoría de comentaristas no se da cuenta, es del enorme despilfarro territorial que supone esta actividad. El tremendo gasto energético y "espacial" que lleva consigo el considerar a la vivienda (y los múltiples servicios asociados) como un recurso exclusívamente económico, como un refugio para los ahorros personales o, en su caso, para el dinero negro.
Aquí es donde choca este primitivo pensamiento economicista con la realidad territorial, con la complejidad del entorno urbano; porque el suelo donde se construye es un bien limitado... y escaso. Y hay que administrarlo con cuidado y sabiduría. Sobre todo en determinadas zonas geográficas que, curiosamente, es donde se produce la mayor presión edificatoria.