*YouTube - carloscapote - 07/04/2011
Juventud sin futuro - manifestación 7 abril 2011 en Madrid
La corrupción se presenta a las elecciones
Algunos son de gran dimensión, como la red Gürtel; otros tienen que ver con cuestiones aparentemente menores. Pero todos afectan al ejercicio público del poder.
Aunque las listas del PP valenciano fueron confirmadas el pasado viernes con 11 implicados en causas de corrupción, las listas electorales aún no son definitivas, así que esta situación podría cambiar antes de los comicios. En los de 2007, la conclusión fue que el electorado no castiga la corrupción: muchos de los políticos imputados no solo no perdieron votos sino que los ganaron.
COMUNIDAD VALENCIANA Gürtel en pleno
La rama política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana concurre en pleno el 22-M en las listas del PP. La candidatura autonómica la encabezará Francisco Camps, imputado por recibir presuntamente trajes gratis de un empresario -Álvaro Pérez, El Bigotes- al que el Gobierno valenciano adjudicó decenas de contratos a dedo. Mariano Rajoy ha confirmado esta semana que aunque Camps vaya a juicio durante la campaña seguirá siendo el cabeza de lista.
Y con Camps irán otros implicados -no todos imputados- en el caso (en el que se investiga también la presunta financiación ilegal del PP): Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano; Vicente Rambla, vicepresidente primero del Gobierno; Milagrosa Martínez, presidenta del Parlamento regional; el diputado David Serra, y la tesorera del partido, Yolanda García. También aspiran a repetir como diputados del PP el ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi -señalado por el fiscal en el caso Brugal (trato de favor a un promotor en Alicante)- y Pedro Ángel Hernández, imputado por tráfico de influencias.
A las municipales concurren 11 candidatos del PP implicados en distintas causas; siete de ellos en la provincia de Alicante, escenario del caso Brugal -que salpica al actual presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y a las alcaldesas de Orihuela y Alicante-. Hay también cuatro candidatos del PSOE señalados por la justicia, incluido el cabeza de lista en Benidorm, Agustín Navarro, que fue expulsado del partido por tránsfuga pero ahora vuelve a liderar la candidatura, con la aquiescencia de la dirección federal del PSOE. Navarro está imputado por una querella del PP al quitar una concesión a una empresa por incumplir supuestamente el contrato. Y hay también un ex alcalde del PP que ya no está en el partido.
ANDALUCÍA De mociones de censura y licencias ilegales
Es, con la valenciana, la comunidad con más investigados en las listas: 26 en total -11 del PSOE, nueve del PP, dos de IU y cuatro de otros partidos-. Todos en candidaturas municipales. Solo una capital de provincia: Granada, donde el aspirante socialista a alcalde, Francisco Cuenca, está imputado por cohecho por su presunta participación en una moción de censura en Morelábor. Otros políticos del PSOE y del PP están también bajo la lupa del juzgado por esa moción de censura.
En Quesada (Jaén) concurre un socialista -el actual alcalde, Manuel Vallejo- que no es que esté imputado, es que fue condenado en octubre a seis años de inhabilitación por omisión del deber de perseguir delitos urbanísticos; tiene recurrida la sentencia, y entretanto se presenta. Y hay, por ejemplo, un pueblo de Granada, Gójar, donde están imputados por delitos contra la ordenación del territorio los dos aspirantes, el del PSOE y el del PP.
De mayor gravedad es el caso de Alhaurín el Grande (Málaga): la fiscalía pide cuatro años de cárcel para el alcalde, Juan Martín Serón (PP), por cobrar presuntamente de promotores a cambio de licencias urbanísticas. En Córdoba, un imputado en el caso Malaya, el joyero y constructor Rafael Gómez Sandokán, ha creado su propio partido y espera conseguir sillón en el Ayuntamiento.
A IU, las imputaciones le han sorprendido en Sevilla -donde el pasado jueves fue imputado el aspirante a alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, por el caso Mercasevilla- y en Manilva (Málaga). Allí, el Ayuntamiento, que es la principal empresa del pueblo, ha contratado a los 17 miembros de la lista de IU y a 57 familiares de estos; incluidos presuntamente varios familiares de la propia alcaldesa, Antonia Muñoz (IU), que está imputada.
MADRID Sin rastro de la red
El PP madrileño ha sacado de sus listas a todos los implicados en el caso Gürtel, que en esta legislatura habían sido alcaldes o diputados (todos dimitieron a raíz del escándalo). Y el PSOE no llevará en su candidatura a Trinidad Rollán, número dos de Tomás Gómez y condenada por prevaricación. Pero, al margen de esos dos casos sonados, hay otros que sí se han colado en las listas municipales. El PP de Esperanza Aguirre lleva a seis candidatos a alcalde imputados: en Coslada, Pinto, Guadarrama, Las Rozas, Torres de la Alameda y Alcobendas (estos dos últimos candidatos son, además, los actuales alcaldes). Juntos suman una población de 350.000 habitantes.
En Getafe, el segundo municipio en población de Madrid, el PSOE lleva de número seis a Cristina González, concejal de Obras e imputada por prevaricación.
GALICIA Comisiones ilegales en la Costa da Morte
Tres alcaldes -que aspiran a la reelección- en la provincia de A Coruña están imputados por cobrar presuntamente comisiones ilegales a cambio de adjudicar contratos en la Costa da Morte: son los regidores de Fisterra, José Manuel Traba (PP); Mazaricos, José Manuel Santos (PP) y Cee, Ramón Vigo (independiente). Al ex alcalde de Ares y candidato del PP allí, José Manuel Cendán, el juez le imputa un delito electoral por inflar presuntamente el censo para las elecciones de 2003. Y también en A Coruña está imputado por prevaricación el alcalde y candidato del PP en O Pino, Manuel Taboada, que autorizó un polígono industrial paralizado por la Xunta.
En Pontevedra hay un alcalde del PSOE imputado que también repite: el de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, acusado de desobediencia por no derribar un edificio ilegal. Otro regidor de la provincia, el de Bayona, Jesús Vázquez (PP), que concurre a los comicios, está imputado por prevaricación.
El regidor de Castro de Rei (Lugo), el socialista Juan José Díaz Valiño, está imputado por supuesto trato de favor en la adjudicación de obras. Y en Barreiros (Lugo) el fiscal sostiene que Alfonso Puente, alcalde y candidato del PP, cometió prevaricación al conceder las licencias para 3.000 pisos con los informes técnicos negativos.
BALEARES El PP después de Matas hace limpieza total
Cuando el ex presidente de Baleares Jaume Matas (PP) dejó la política en 2007 y se fue a EE UU a trabajar para la empresa privada, dejó en las islas un reguero de causas judiciales por presunta corrupción que le afectan a él -está imputado por siete delitos- y a otros 40 ex cargos populares. Ninguno va ya en las listas electorales este año.
El PSOE sí lleva en sus candidaturas a dos imputados: el presidente del Consell de Ibiza, Xico Tarrés -secretario general de los socialistas ibicencos- está imputado en el caso Ibiza Centre (el presunto cobro de comisiones por la adjudicación del proyecto de remodelación del centro de la ciudad). Por el mismo caso está imputado el alcalde de Sant Josep, Josep Mari Agustinet, que fue gerente de la empresa pública Itusa.
CANARIAS La corrupción urbanística atasca los juzgados
Solo en 2010, un total de 200 personas entre políticos, empresarios y funcionarios fueron imputadas por delitos relacionados con la corrupción urbanística en Canarias. Y las imputaciones políticas son de todo signo.
En Tenerife, el actual alcalde de Arona y candidato por Coalición Canaria, José Alberto González Reverón, está imputado por la presunta concesión de licencias urbanísticas con informes técnicos en contra. También por prevaricación y por atentar contra el medio ambiente está imputado el candidato socialista en Icod de los Vinos, Juan José Dorta, quien presuntamente concedió licencias a varias empresas de extracción de áridos y desguaces de vehículos en la zona costera de El Riquel, protegida por su valor medioambiental. Y, en el municipio de El Rosario, el cabeza de lista del PSOE y actual alcalde, Macario Benítez, fue imputado tras aprobar el Plan Parcial de Varadero, también zona protegida.
Gran Canaria no es ajena a las candidaturas bajo sospecha. María del Carmen Castellano (PP), implicada en el caso Faycán, se presenta a la alcaldía de Telde. Igual que Francisco González (PP), imputado por prevaricación en el caso Góndola y cabeza de lista en Mogán.
CATALUÑA Pocos imputados
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badalona, Ferran Falcó (CiU), está imputado por presunta malversación de fondos públicos durante su etapa como presidente de la empresa pública Adigsa, bajo gobierno de Jordi Pujol. Un juzgado investiga un presunto cobro de comisiones por la adjudicación de obras. Falcó volverá a ser candidato a la alcaldía de Badalona por CiU.
Miguel Uroz, alcalde de Querol, un pueblo de 570 habitantes de Tarragona, volverá a encabezar como independiente la lista del PSC en la localidad pese a estar imputado en caso de corrupción urbanística, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El caso se remonta al 2003 y se centra en la revalorización de un terreno en el que se construía una urbanización: la finca, que se compró por 66.632 euros, acabó revendida mientras se aprobaban los planes de ordenación urbanística por 3,8 millones. Uroz era en ese momento concejal de Urbanismo y espera ahora conseguir mayoría absoluta en estos comicios. En los anteriores obtuvo el 43% de los votos.
¿Código ético o estético?
Ni PP ni PSOE, que se han dotado de códigos éticos internos para garantizar un ejercicio transparente del poder público, se comprometen tajantemente a no llevar imputados en sus listas. Los socialistas aseguran que están vetados aquellos candidatos señalados por un juez por haberse enriquecido "personalmente" en el ejercicio del cargo, pero son flexibles si la imputación es por otra cosa. Por ejemplo, si la prevaricación o el tráfico de influencias no han beneficiado directamente al cargo público aunque sí a un promotor privado. "No hay corrupción si no se mete la mano en la caja para llevarse el dinero al bolsillo", ha explicado Antonio Hernando, responsable de Política Municipal del PSOE, aunque promete analizar "cada caso".
El PP actualizó su código ético en 2009, tras estallar el escándalo Gürtel, y prohíbe "cualquier conducta, aun plenamente legal, que pueda dañar la imagen del partido". También insta a sus candidatos a "comunicar" al partido la apertura de cualquier proceso judicial que les afecte, para que el partido decida qué ocurre entonces.
IU presentó el pasado viernes su nuevo código ético, que exige la regulación por ley de los salarios de los concejales, declaraciones de intereses de los cargos implicados en cualquier adjudicación y la prohibición de recibir regalos. El acto de firma solemne del texto coincidió con la inesperada imputación del candidato de IU en Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, por el caso Mercasevilla. El código dice que en caso de "imputación y procesamiento" los candidatos deben dimitir; Cayo Lara, coordinador de IU, afirmó que esperaría a ver qué dice el auto para saber hasta dónde llega la imputación.
* Información de Santiago Navarro, Joaquín Ferrandis, María Fabra, Valme Cortés, Ginés Donaire, Marta Soler, Fernando J. Pérez, Manuel J. Albert, Pedro Espinosa, Guiomar del Ser, Jesús Sérvulo González, Sonia Vizoso, Andreu Manresa, Pedro Murillo, Miquel Noguer y Mercè Pérez.
* El País - 10.04.11
Foto: especulacion ladrón dinero, viñeta
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Castellón.- Internet se cachondea del aeropuerto de Fabra
Con otra dosis de humor, la semana pasada se convocó en la red social Facebook una 'rave inaugural' del aeropuerto que suscribieron miles de ciudadanos y la policía prohibió temiendo que se convirtiese en realidad... (Miles de personas han confirmado su asistencia a la 'Gran fiesta rave inaugural y pública del aeropuerto de Castellón' convocada a través de la red social Facebook. El grupo llama a "aprovechar la oportunidad que brindan" el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al inaugurar un aeródromo "sin aviones ni permiso de navegación").
* Público - 8.04.11
Foto: Castellón, cachondeo aeropuerto de Fabra - publico
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Barcelona, Madrid, Sevilla y Granada, las ciudades con más retenciones de tráfico
Por detrás de Madrid, las ciudades españolas con más retenciones son Sevilla -15% de sus calles- y Granada -10,4%-, mientras en la parte opuesta del ranking se sitúan Jaén, Logroño y Burgos, la capital de provincia con menos problemas de tráfico, con menos del 1%.
* El Mundo - EP - 10.04.11
Foto: Una céntrica calle de Madrid, atestada de coches en hora punta - elmundo
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La Comisión y el Parlamento europeos abren una investigación por el vertedero de Toledo
La Comisión Europea ha abierto un expediente de investigación (pilot) y ya ha pedido explicaciones al Gobierno Español. Asimismo el Parlamento Europeo, a través de la Comisión de Peticiones, ha instado a la investigación de este caso que compromete la recuperación de una de las especies más emblemáticas de la fauna europea.
La investigación europea puede dar lugar a una importante sanción económica a España, aparte de facilitar argumentos de cara al contencioso administrativo que dilucida la ilegalidad del proyecto.
Ecologistas en Acción reitera a la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y a la Diputación de Toledo la solicitud de paralización inmediata de las obras tanto por la ilegalidad del proyecto como por la falta de respeto de la parada biológica a la que obliga la evaluación ambiental. Y advierte de las graves responsabilidades en las que están incurriendo y que pueden ir mucho más allá de las meramente administrativas.
* Ecologistas en Acción - 8.04.11
Foto: Toledo, vertedero ilegal - blogverde
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Un tribunal navarro rechaza el recurso del BBVA contra la dación
Asimismo, defiende que el auto recurrido por el banco está "fundado en derecho" y recuerda que se han dictado resoluciones judiciales en el mismo sentido por otros órganos judiciales, y apunta que incluso un Juzgado de Sabadell ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad.
En este sentido, reconoce que su resolución "ha abierto un intenso debate social y doctrinal, ciertamente para nuestra sorpresa, con posturas a favor y en contra, pero que no cabe tildar, ni unas ni otros, de irrazonables o arbitrarias".
* Diagonal - EP. - 8.04.11
Foto: Hipotecas, protesta - diagonalperiodico.net
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Cinco imputados y seis implicados por corrupción en las listas del PP valenciano
Bellver, un hombre del equipo de Rita Barberá, que aprobó un aparcamiento junto a un jardín declarado bien cultural sin el informe preceptivo de Patrimonio, podrá hacer valer su nueva condición de aforado para trasladar el caso al Tribunal Superior.
Además, en las candidaturas que lidera Camps repiten cuatro implicados en el caso Gürtel: el vicepresidente Vicente Rambla, por Castellón, y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, y los diputados David Serra y Yolanda García, por Alicante. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que sean imputados. Y entra la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, mientras repite el anterior alcalde, Luis Díaz Alperi, ambos implicados en el caso Brugal, otro sonado escándalo de corrupción.
El Comité Electoral Nacional, órgano que preside el exministro Miguel Arias Cañete, dio esta noche el visto bueno a las candidaturas de 11 comunidades autónomas, de Ceuta y Melilla, a las Juntas Generales vascas y a los cabildos canarios, aunque durante gran parte del día se barajó la posibilidad de aplazar las papeletas de la Comunidad Valenciana hasta la próxima semana. También se aprobaron las listas municipales de 38 capitales y otras 5 ciudades.
El exsecretario regional del PP, Ricardo Costa, ha sido incluido en el número siete de la lista autonómica del PP de Castellón, que encabeza el actual alcalde, Alberto Fabra. Costa fue dado de baja del partido tras su imputación en el caso Gürtel por recibir regalos de la trama corrupta. No obstante, fue rehabilitado un año después.
Las candidaturas del PP valenciano ofrecen otras novedades llamativas. Uno de los tres presidentes de diputación, el de Valencia, Alfonso Rus -el único que no se ha visto salpicado por algún caso de corrupción-, se incorpora a la lista autonómica. Carlos Fabra va de retirada en Castellón y José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal, entra en la lista municipal de Alicante como número dos, candidatura que encabeza Sonia Castedo, para volver a la Corporación provincial. Queda excluida la hasta ahora diputada Gema Amor, que fue consejera y es el referente más claro que queda del zaplanismo.
* El País - 9.-04-11
Foto: Valencia, alcaldesa Rita Barberá y presidente Camps Abril2010 - elpais
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Las Palmas.- Fiscalía tramita una decena de denuncias urbanísticas en el primer trimestre
Ródenas ha hecho estas declaraciones con motivo de su participación en el III Congreso Canario de Derecho Urbanístico, que se celebra los próximos 14 y 15 de abril en el Auditorio de La Oliva, Corralejo (Fuerteventura), y que está organizado por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico.
En este congreso se debatirá también sobre la supresión de los convenios urbanísticos. El fiscal provincial de Medio Ambiente y Urbanismo apunta a este respecto que "no siempre se justifica adecuadamente la necesidad e interés público/social que se persigue con el convenio; es decir, en qué se beneficia la sociedad con la actuación convenida".
Una veintena de ponentes de prestigio, entre magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fiscales, catedráticos de Arquitectura y Derecho Administrativo, técnicos, profesores y abogados urbanistas, entre otros, se darán cita la próxima semana en un congreso de gran interés.
* La Provincia - 10.04.11
Foto: Corralejo (Fuerteventura) - visitarcanarias.com
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Las viviendas irregulares provocan un nuevo enfrentamiento político en Mijas
El colectivo de afectados, que dio la rueda de prensa en la sede del PP local, destaca que ni el documento íntegro ni su revisión se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) en tiempo y forma, «de manera que se está aplicando un texto urbanístico que legalmente no se puede aplicar». Así, el abogado del colectivo, Ricardo Santandreu anunció que estudian presentar una demanda por prevaricación a todos los representantes municipales cuya responsabilidad no haya prescrito.
Para el mandatario las acusaciones son «una locura», e insiste en que «no va a tolerar que se siga jugando políticamente con un tema tan sensible para muchas familias». Junto a ello, recordó la labor que la concejalía de Urbanismo realiza con la Junta en aras de encontrar una solución «que ya está cerca», anunció.
Además, el colegiado aseguró que el colectivo va a pedir la anulación «de todos los procedimientos que no cuenten con sentencia firme y la devolución de las multas, sin descartar que incluso se establezcan reclamaciones por daños y perjuicios». Por ello, recomiendan a los afectados que tengan alguna operación urbanística en trámite - excepto quienes tengan sentencias firmes, porque la situación no les afecta- a que busquen «un diagnóstico específico».
Por parte de la administración municipal se quiere recordar que la creación del catálogo de construcciones irregulares en el término municipal lo han realizado por encima del 90% y la cifra de casos afectados ronda los 3.000 expedientes «y en ningún caso la cifra que el colectivo anuncia».
Por otro lado, el PP anunció que la Junta Electoral de Zona ordena al PSOE la retirada de las vallas publicitarias y prohibiéndolas «incluso para anunciar mítines». También pide a la policía que verifique la retirada de la revista del partido.
* Sur - 9.04.11
Foto: Mijas (Málaga), zona fuera ordenación - sur
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Duro golpe al Ayuntamiento de Vinarós en las evaluaciones del proyecto de Soterranyes
Desde Ecologistas en Acción consideramos estas opiniones del promotor, "el Magnífico Ayuntamiento de Vinaròs", como un ejercicio de auténtica demagogia y perversión de la realidad, con fines electoralistas y de presión hacia propietarios y asociaciones que luchan contra el proyecto. El Documento de Referencia ya deja muy claro que falta muchísima información (informes, justificaciones, alternativas, estudios, etc.) sobre la zona, el proyecto y sus futuras actuaciones. Destaquemos:
En su página 5, el Servicio de Paisaje de la Dirección General de Territorio y Paisaje, ya advierte sobre la normativa a seguir, así como de la necesidad de trabajar mejor las infraestructuras verdes, evitar crecimientos dispersos del sistema de ciudades (como es el caso del proyecto planteado), respetar topografía y vegetación del lugar, preservar el paisaje, etc.
En su página 6, la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, puntualiza sobre la necesidad de hacer estudios de inundabilidad y respetar las zonas de dominio público hidráulico y servidumbres de los barrancos afectados.
En sus páginas 6 y 7, la Entidad de Saneamiento de Aguas EPSAR, concluye que la depuradora de Vinaròs no tiene capacidad suficiente para tratar todo el agua que saldrá del futuro polígono, con lo cual, o se construye una depuradora propia (con los gastos a cargo de los urbanizadores) o se tendrá que ampliar la depuradora municipal.
En sus páginas 7 y 8, el Servicio de Biodiversidad de la Conselleria de Medio Ambiente, reconoce la existencia de especies protegidas y su necesidad de conservación. Se deberán, por tanto, justificar que no hay otro remedio que afectar a las orquídeas y los robledales existentes, así como demostrar que no van a causar un perjuicio a sus poblaciones.
En su página 8, la Unidad de Carreteras de Castellón, ya avisa de la afección en la zona oeste debido a otras infraestructuras viarias programadas, como la autovía A-7 o la duplicación de la N-232.
En sus páginas 8 y 9, el Servicio de Ordenación Territorial de la Dirección General de Territorio y Vivienda, dejan claro que existen zonas hidráulicas (barranco de la Barana) incluidas como futuro suelo industrial, contraviniendo la legislación de ordenación del territorio y protección del paisaje, que obliga a dichos suelos, al ser inundables, deben formar parte de la infraestructura verdel del territorio.
En su página 9, la Unidad de Sanidad Ambiental de la Dirección general de Salud Pública, obliga a que el sector tenga una infraestructura e instalaciones adecuadas de agua potable, con una dotación mínima de 100 litros/ha/día, así como cumplir con todos los requisitos químicos y microbiológicos de potabilidad.
En su página 9, el Ayuntamiento de Ulldecona, señala con acierto, que ésta infraestructura crearía un núcleo industrial aislado mayor que todo el suelo urbano de la ciudad de Vinaròs, así como no aportar justificaciones suficientes de tal proyecto ni viabilidad económica; no estudiar las necesidades reales de suelo industrial en el municipio y no aportar informes energéticos e hídricos que hagan el proyecto sostenible. Creen que las afecciones paisajísticas serán graves y existe una desproporción en la creación de suelo industrial.
En sus páginas 9 y 10, el Área de Infraestructuras Industriales de SEPIVA, denuncia la ausencia de estudio de alternativas que justifiquen la reserva de suelo en esta zona de Soterranyes Baixes.
En su página 10, el Servicio territorial de Industria, recuerda que se debe prever cumplir con la normativa de accesibilidad, proximidad de edificios y riesgo de incendios, tanto industriales como forestales.
En su página 10, la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, indica que deben tomarse las medidas necesarias para identificar, valorar y proteger el valioso patrimonio cultural valenciano existente, realizando auténticos estudio patrimoniales y obligando a ser integrados dentro del Catalogo de Bienes de interés cultural y Bienes de relevancia local.
En sus páginas 10 y 11, la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, cataloga la zona en estudio como con riesgo de incendios forestales, de acuerdo con la cartografía consultada y por consiguiente deberán establecerse todas las medidas establecidas por la legislación vigente para minimizar esta circunstancia y luchar antes posibles incendios.
Si a estas obligaciones/recomendaciones/sugerencias le unimos la inexistencia de estudios acústicos (página 11, de acuerdo con el dictamen del Servicio de Protección del Ambiente Atmosférico); la obligatoriedad del análisis de las masas arbóreas, arbustivas y formaciones vegetales de interés; los informes de justificación sobre el origen del agua; la planificación y futura gestión de los residuos; la falta de estudios sobre todos los impactos de las nuevas infraestructuras (carreteras, líneas eléctricas, nueva depuradora o conducciones a la depuradora existente, etc.), y hasta la ausencia de justificación sobre la demanda de suelo industrial (explicando qué suelo existe actualmente, qué porcentaje se ha utilizado y cuánto queda disponible)...
Ecologistas en Acción considera que los estudios realizados hasta el momento, por parte del promotor, son un mero "avance" y que no sirven delante de las administraciones competentes para dar luz verde al proyecto.
Fallan, por tanto, los intentos municipales por acelerar, por todos los medios, la tramitación de los expedientes relativos a este proyecto industrial y se demuestran, nuevamente, las falsedades a las que nos tiene acostumbrados la actual Junta de Gobierno Municipal, en cuya interpretación del "documento de referencia" tan sólo decían que el único organismo que había informado negativamente era el Ayuntamiento de Ulldecona. ¡Curioso!
* Diario del Henares - 7.04.11
Foto: Vinaròs (Castelló), playa - cityoos
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¿Hay 2 millones de pisos sin vender?
La enorme bolsa de pisos sin vender no impide reconocer que la situación del mercado es tremendamente desigual, y junto con zonas del Levante que pueden tardar una década en absorber las viviendas sin vender hay otras, como el centro de Madrid y Barcelona, donde ya no hay stock de vivienda nueva en venta.
Según el estudio de Josep Oliver en el Barcelonès, por ejemplo, no sólo no hay exceso de oferta sino escasez, con sólo el 0,9% del parque de vivienda en venta, menos del 1,5% que se considera adecuado en un mercado normalizado, una situación similar a la que vive el Baix Llobregat, donde las viviendas sin vender son sólo el 2,5%: allí los promotores están empezando ya nuevas obras. En el otro extremo, la costa concentra la mayoría del stock de vivienda sin vender (el 60% de las que hay en España), así como las localidades pequeñas (en Catalunya las de menos de 50.000 habitantes tienen el 73% del stock).
* La Vanguardia - Ya Encontré - 8.04.11
Foto: Mapa - Catalunya Caixa
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Urbanismo y derechos básicos: el caso de O Piricoto
JAIME CONCHEIRO DEL RÍO* : La ejecución de las sentencias constituye desde siempre una de las zonas grises de nuestro sistema contencioso-administrativo. La ley ha fracasado en la ejecución de sentencias urbanísticas, ya que generalmente la Administración se niega a ejecutarlas y los jueces y tribunales no lo logran o lo hacen demasiado tarde, frustrando así las expectativas de los ciudadanos que ven negada una solución equitativa a los muchas veces dramáticos abusos que se ven obligados a soportar. En el año 1994, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló una licencia otorgada por el Ayuntamiento de Vigo en 1991, ajustada al planeamiento vigente, que autorizaba una edificación conocida como O Piricoto, en la que se ubican 106 viviendas. La anulación se basó en su proximidad al pazo y los jardines de Castrelos, declarados bienes de interés cultural, lo que infringe un norma de carácter estatal (artículo 73, Ley del Suelo de 1976) que defiende el entorno paisajístico del patrimonio histórico. Dicha sentencia omitió toda referencia a la forma de ejecución del fallo. Tras una serie de varios incidentes procesales, se llegó a la conclusión jurisprudencial de que lo procedente era la demolición total o parcial del edificio. Como culminación de todo este proceso, diecisiete años más tarde, el TSXG ha dado un mes al Concello para presentar el proyecto de demolición.
A la duración de este proceso ha contribuido decisivamente la desorientación de los tribunales acerca de un concepto, el paisaje (que surgió del arte de la pintura, entendiéndose como la sensación de disfrute de la imagen de un territorio), jurídicamente indeterminado, dado que fue contemplado normativamente a partir de la Convención de Florencia del año 2000. De dicha imprecisión se han aprovechado algunas partes afectadas para utilizar recursos dilatorios que podían ser estimados como un supuesto de abuso procesal.
A nuestro juicio, a los propietarios, una vez haya sido aprobada la forma de ejecución, no les queda otra solución que incoar un incidente de ejecución, impugnando en su caso la solución aprobada e instando además que se determine la cuantía de la indemnización procedente por la demolición, y que se les indemnice de forma simultánea a la misma. La equidad o la justicia de esta solución que propugnamos se basa en que, a pesar de su condición de terceros adquirentes de buena fe protegidos por la fe pública registral, que convierte (según el artículo 34 de la Ley Hipotecaria) su posición jurídica en inatacable, esta protección no es reconocida en materia urbanística por la aplicación del principio de subrogación real, en virtud del cual el adquirente se coloca en la posición jurídica del transmitente, el cual no goza de tal protección.
Esta doctrina seguida por la jurisprudencia la consideramos errónea; deberían prevalecer las normas hipotecarias de protección, que darían lugar a una imposibilidad legal de ejecución. Avalan nuestra postura favorable a la indemnización simultánea todas aquellas disposiciones constitucionales que protegen la vivienda, la seguridad jurídica y la confianza legítima, así como las internacionales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que presta una especial protección a los valores medioambientales, entre los que se encuentra el paisaje, considerados como valores superiores, que equiparan la privación de la propiedad por estos motivos a un supuesto expropiatorio que exige la previa indemnización.
De no aplicarse esta doctrina, los sufridos propietarios, aparte de la privación de sus viviendas, tendrían que recurrir a la normativa general aplicable en estos casos: el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial solidariamente contra el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia, y la espera de varios años hasta que se dictase una sentencia. La aplicación en este caso de la normativa general viene a contradecir los fines que persigue el principio de la tutela judicial efectiva. Parodiando a Somerset Maugham, se podría afirmar que es tan difícil hallar una solución equitativa en materia urbanística como caminar por el filo de una navaja.
* La Voz de Galicia - Opinión - 9.04.11
Las casas ilegales son un complicado reto para los ayuntamientos
Según el COAMB, es un problema ambiental que se intuye pero no se valora en la medida real hasta que los problemas para los ayuntamientos empiezan a aflorar de formas diversas, como la demanda de servicios, conflictividad administrativa o dificultad de control sobre la población. A esto se añaden una serie de impactos colaterales, como son la distorsión del mercado del precio de la tierra, la inseguridad o los vertidos incontrolados de escombros y de aguas residuales.
El objetivo de la jornada era poner de relieve la problemática y la normativa existente, además de mostrar el caso del Consorcio para la protección de la legalidad urbanística de Menorca, que desde el 2006 ha abierto 380 expedientes y ha conseguido frenar e incluso revertir este fenómeno en la zona.
Queralt, uno de los conferenciantes de la jornada, señaló al respecto que, aunque este fenómeno viene de antiguo, “se va incrementando si no se pone freno”.
* La Mañana - 9.04.11
Foto: Alcarràs (Lleida), aérea - turismorural
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Fuente Palmera .- El Pleno inicia la regularización de suelo desarrollado "al margen de la legalidad"
El texto añade que estos suelos se han desarrollado "al margen de la legalidad urbanística, encontrándose las edificaciones plenamente consolidadas". En otro de los párrafos, los redactores se refieren a estos terrenos que faltan como "suelos dotacionales usurpados".
En cuanto a la solución propuesta, consiste en agrupar todos esos terrenos que deberían haber sido dotacionales -3.208 metros cuadrados- y reubicarlas en otro sector, "restableciendo el equilibrio dotacional perdido".
El grupo que más ha alzado la voz con este asunto ha sido el de Izquierda Unida, cuyo portavoz, Manuel Ruda, ha señalado a El Día que "nuestra visión es que ese informe recoge hechos gravísimos, que ratifican la política que en aquellos años desarrolló en el plano urbanístico y contable el PSOE y su alcalde en aquel tiempo, Antonio Guisado". Ruda recordó que Guisado está relacionado con varias causas por asuntos urbanísticos y reiteró que "hechos como los que recogen este informe, que lo ha solicitado el propio Ayuntamiento, no se pueden olvidar, por lo que la Fiscalía tiene que conocer estos hechos y que luego decida qué hacer". Ruda apuntó que su voto afirmativo estaba condicionado precisamente a que se remita al fiscal toda la documentación de este informe. El edil dijo que en caso de que el Pleno no actúe en este sentido "estudiaremos si lo remitimos nosotros, aunque la Corporación no puede mirar para otro lado".
En cuanto a la posición del alcalde de Fuente Palmera, Juan Antonio Fernández (PSOE), dijo que "está siendo miedoso" con este asunto y aventuró que "da la sensación de que está recibiendo presiones de su propio partido para que esto no se airee en exceso". En cuanto a los trámites a seguir a partir de ahora, el portavoz de la coalición de izquierdas explicó que tras un periodo de exposición al público, el asunto volverá de nuevo al Pleno, que deberá elevar la modificación de las Normas Subsidiarias a la Comisión Provincial de Ordenación de Ordenación del Territorio y al Consejo Consultivo, ambos dependientes de la Junta.
Al margen de las actuaciones judiciales, el portavoz de la coalición recordó que "para nosotros tiene gran valor el hecho de que se pueda solucionar este asunto" y recordó que esos terrenos "usurpados" se recuperarán en la zona Oeste del casco urbano de Fuente Palmera, en el entorno de la carretera de Palma del Río.
Mientras, Juan Antonio Fernández precisó que "no voy a entrar a valorar lo que dice el informe, porque la realidad es la que es; lo que está claro que estamos intentando buscar soluciones y que con esta aprobación inicial casi cerramos el círculo de los problemas urbanísticos de Fuente Palmera". El alcalde no quiso referirse a la gestión de otros regidores colonos e insistió en que "nosotros no miramos al pasado, sino al futuro". También recordó que el PGOU de la localidad "ya recoge la reubicación de estos terrenos, un dato muy importante" y comentó que "llevamos más de un año trabajando" para solucionar esta problemática.
* El Día Córdoba - 9.04.11
Foto: Fuente Palmera (Córdoba) - vegaguadalquivir
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Ceuta.- El borrador del PGOU quiere urbanizar la zona ‘inundada’ en el simulacro
En concreto, respecto a la intención que tiene la Ciudad Autónoma de, a través del nuevo PGOU, declarar urbanizable una amplia superficie aledaña a los pantanos del Infierno y del Renegado, justo bajo ellos (zona coloreada en marrón del mapa). Precisamente, una presa que por un fallo se desbordaba el jueves inundando las viviendas bajo el pantano. “Cómo puede ser que quieran hacer chalets bajo el pantano del Infierno y en un simulacro en el que piensan en las peores emergencias pongan como ejemplo un desbordamiento de la presa”, expresó Juan Redondo, de Los Verdes. Por su parte, el presidente de Septem Nostra, José Manuel Pérez Rivera, comentó que se trata de una “incongruencia”.
“Queremos llamar la atención de que es incongruente que mientras montas un dispositivo catastrófico y asumes el reiesgo de los pantanos y después quieres urbanizar la cabecera de ambos embalses”, aseguró Pérez Rivera.
De hecho, esta asociación en defensa del patrimonio medio ambiental e histórico hizo alegaciones al respecto cuando se presentó el borrador del próximo PGOU. Esto fue lo que dijeron: “El segundo de los aspectos relacionados con la clasificación como suelo urbanizable el denominado ‘sector noroeste’, situado en las inmediaciones de los embalses del Renegado y el Infierno, tiene que ver con la consideración de ambas zonas como dominio público hidráulico. Tal consideración no entraña ningún tipo de duda si nos atenemos a la definición de dominio público hidráulico que hace el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de Aguas”.
Además, en esas alegaciones se especifican otras normas. “La pretendida construcción de más de 700 viviendas en el entorno de los embalses del Renegado y el Infierno tiene difícil encaje legal a tenor de lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 9/2008 [...]. Esta modificación supone restringir, aún más si cabe, las construcciones en las zonas de servidumbre del Dominio Público Hidráulico, al declarar que “con carácter general no se podrá realizar ningún tipo de construcción en esta zona salvo que resulte conveniente o necesaria para el uso del dominio público hidráulico o para su conservación y restauración. Sólo podrán autorizarse edificaciones en zonas de servidumbre en casos muy justificados”, explicaba Septem Nostra.
El ejercicio al que se refiere Septem Nostra fue el primero de todos, una avería en el sistema hidráulico de la presa del pantano del Infierno que inundaba edificios. De hecho, el propio simulacro ensayaba con la búsqueda de víctimas atrapadas entre escombros y entre un coche volcado, presumiblemente a causa del efecto de las aguas. “Tanto la Delegación como la Ciudad deberían explicar su incoherencia en un asunto tan delicado como la seguridad de las personas”, asegura Pérez Rivera, presidente de Septem Nostra. Y si menciona a Delegación es porque las competencias en materia de Urbanismo no están transferidas a la Ciudad Autónoma, sino que actualmente pertenecen al Ministerio de Fomento. Además, en sus alegaciones al borrador del PGOU, Septem Nostra explicaba que se podría incurrir en una ilegalidad si se urbanizan los aledaños de ambos pantanos. Esto sucedería si el Reglamento del Dominio Público Hidráulico catalogara estos pantanos en la categoría ‘A’ (“cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueden afectar gravemente a núcleos urbanos o a servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales muy importantes”). Según Septem Nostra, es “evidente” que una rotura afectaría, ya de por sí, a barriadas como “Benítez o Postigo”.
* El Faro - 9.04.11
Foto: Ceuta, panorámica desde G.Aldave - google
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Alhaurín.- La Audiencia fija en septiembre el juicio del «caso Troya» contra la corrupción
La Sección Octava de la Audiencia Provincial, la misma que ha rechazado recientemente un macrocaso enviado por la Audiencia Nacional, estima que el proceso durará tres meses y las sesiones se celebrarán los jueves y viernes de cada semana para no coincidir con «Malaya», que tiene lugar de lunes a miércoles. En cualquier caso, está por ver qué sala albergará el caso: la del Jurado, donde se celebra la trama de corrupción, estará libre entonces los dos últimos días de la semana. La que ha acogido «Ballena Blanca» hasta ahora, también.
El supuesto cabecilla en el caso
El titular de Urbanismo, a quien el fiscal considera el cabecilla de la trama, se enfrenta a siete años y medio de cárcel, a una multa de 1,6 millones de euros y a 21 años de inhabilitación por once delitos de cohecho pasivo y catorce contra la ordenación del territorio.
Al asesor jurídico que más informes supuestamente falsos rubricó se le piden 18 meses de cárcel y nueve años de inhabilitación por doce delitos contra la ordenación del territorio, mientras que para su compañero se propone un año de cárcel.
Cómo era la trama, según el fiscal
Los dieciséis constructores que pagaron los supuestos sobornos se enfrentan a dos años cada uno por cohecho, amén de al pago de multas que oscilan entre los 15.000 y los 180.000 euros, a lo que habría que sumar otro ejercicio de privación de libertad por ilícitos contra la ordenación del territorio. En total, se piden 63 años de privación de libertad y multas por más de 2,8 millones de euros.
El acusador público considera que en el Consistorio de Alhaurín el Grande, al menos desde 2002, ha venido funcionando «una trama cuyo objeto no era otro que obtener el enriquecimiento personal ilícito de ciertas autoridades municipales, y que consistía en ofrecer a los constructores y promotores inmobiliarios que estuviesen interesados la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad respecto de la legalmente prevista en la norma de planeamiento, a cambio de la oportuna retribución económica».
Al frente de la trama estaría José Gregorio Guerra, «quien se encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obra y las contrapartidas a abonar a los empresarios, recaudando los fondos procedentes de tales pagos». Los sobornos aparecen recogidos en las anotaciones manuscritas y en los archivos informáticos intervenidos en el registro del despacho municipal del edil popular, efectuado en enero de 2007.
El acusado había tasado el precio a pagar por el incremento de edificabilidad y el número de viviendas respecto de lo legalmente establecido para esos parámetros, sostiene el acusador, «de modo que el metro cuadrado de techo de más se cifraba en 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se aplicaba la suma de 60.000 euros».
«Por fin podremos defendernos»
El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande afirma que «por fin» podrán defenderse «ante un tribunal más profesional y más garantista que el juzgado de instrucción de Coín», que se encargó de la investigación del «caso Troya».
«Hemos sido víctimas de una instrucción que ha parecido estar dirigida por la Udyco y la Fiscalía de Málaga, ambas en este caso al servicio del gobierno socialista», señalaron desde el Consistorio a través de un comunicado.
«Así se demostrará que nuestra detención fue ilegal, así como los registros y que se nos ha mantenido acusados con intereses puramente políticos y electorales», indicaron en la nota, en la que precisaron que este caso «será una vergüenza para las instituciones que injustamente están haciendo tanto daño a personas honradas, que tanto progreso y bienestar han conseguido para Alhaurín el Grande». «Somos totalmente inocentes, está más que demostrado que la Fiscalía no debía haber mantenido sus acusaciones», dijeron.
* La Opinión Málaga - 8.04.11
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - EFE
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Tenerife.- El teatro del Puerto de Granadilla y sus actores
AGAPITO DE CRUZ FRANCO* : Los poderosos intereses económicos que consideran la naturaleza un recurso a destruir en beneficio de un mal llamado progreso, una izquierda extraparlamentaria que vio en la oposición a aquellos una causa por la que luchar y, a la vez, una tabla de salvación ante su desaparición de la escena electoral, y el ecologismo como nuevo movimiento social -el único capaz actualmente en Canarias de unir en torno a sus reivindicaciones a toda una sociedad plural- conforman el drama sobre el que se ha desarrollado el conflicto de construcción de un nuevo puerto industrial y comercial en Granadilla de Abona (Tenerife). Drama, en el que ha sido de vital importancia la eclosión de una sociedad concienciada con el medio ambiente, en la que las nuevas tecnologías han sido un elemento aglutinador de voluntades, y heredera, en el fondo, pero no en la forma, del Movimiento Ciudadano “Toda la Isla es Vilaflor”. Un drama, con una triple paradoja: A la sombra de la lucha contra el Puerto de Granadilla se han desarrollado proyectos de extrema gravedad hacia los ecosistemas del Archipiélago, el ecologismo –elemento clave en el conflicto- ha terminado perdiendo su independencia, y los poderes conservadores –que no conservacionistas-, han crecido a medida que lo hacía el rechazo social hacia esta gran infraestructura.
En este contexto, y a medida que avanzaba el proceso ciudadano, la oposición a dicho puerto, dejó de tener a la ecología como guión, pasando esta a ser un elemento más, entre otros, del mismo. Y aunque los argumentos han tenido en parte que ver con ella, su espacio comenzó a ser ocupado por los contenidos conceptuales de la izquierda del siglo XX. Si estructuramos las organizaciones políticas, claro está, en izquierdas y derechas. Porque estas coordenadas electorales surgidas a finales del siglo XVIII, es posible que ya no respondan a la realidad de una sociedad global inundada por las aguas del cambio climático, con la polis –ciudadanía- como punto de encuentro de múltiples identidades, y la economía sustituyendo al Estado-nación.
De hecho, el movimiento ecologista –con su bagaje social acumulado in crescendo desde la década de los 70 hasta el Movimiento Toda la isla es Vilaflor el 23-N de 2002-, era el último de los territorios de los nuevos movimientos sociales surgidos del 68 que la vieja izquierda trashumante aún no había conseguido fagocitar.
Así, a medida que crecía la oposición al Puerto de Granadilla, la acción medioambiental pasaba en Canarias a oxigenar el arco electoral extraparlamentario y a tratarse desde la óptica de los partidos de izquierda. El ecosistema como paradigma, era sustituido por los valores tradicionales de estos, que ponían de nuevo en escena conceptos ya superados como eco-socialismo o desarrollo sostenible –junto a otros tardíamente asumidos- en unas islas que sobrepasaron los límites de tal desarrollo hace más de 50 años.
En este drama, la lucha contra la destrucción del mar y de la tierra, junto a la prioridad de las políticas sociales frente a los intereses urbanísticos y de infraestructuras, son, sin embargo, unos conceptos que –entre otros valores-, el ecologismo consiguió introducir a lo largo de tres décadas en las agendas de diferentes grupos sociales y electorales, tanto de un arco como de otro, que otra cosa es la práctica política de cada cual. De hecho, hasta la llegada de este acontecimiento, el ecologismo vivía un empuje del que una de sus consecuencias fue precisamente la oposición a este macro-puerto.
Sin embargo, desde su puesta en escena, se ha vuelto cada vez más difícil situar en el proceso los argumentos ecologistas (rechazados parte de ellos por algunos ámbitos de la oposición a esta obra), o poner en marcha en el caso de la isla de Tenerife, otras dedicaciones que no sean las relativas al Puerto de Granadilla y por ende, a las diferentes infraestructuras insulares. La causa habría que buscarla en esa deriva partidaria que ha aprovechado el empuje del ecologismo para sus propios fines y que tras manipularlo, lo ha convertido en un departamento de sus programas, al tiempo que barnizaba su burocracia electoral de cierta coloraina ambiental. Lo que, dicho sea de paso, ha demostrado la confusión entre movimiento político electoral y no electoral.
Este carnaval verde de algunos partidos ha resultado así un reality-show, donde el protagonismo que han ido adquiriendo ha sido, paradójicamente y cara a sus intereses tradicionales de anhelo de poder, irrelevante y virtual. Incluso favorecedor de todo lo contrario, aupando al poder a sectores más conservadores. Dentro de esta óptica, han tratado hipócritamente de atraerse un voto verde que nada tiene que ver con ellos, y de lo que, en parte, tienen la culpa Los Verdes –verdadero referente de la ecología política electoral- por no separar con claridad su proyecto del de la izquierda, aparecer a menudo dividido en las elecciones o diluirse en plataformas de partidos donde quedan desactivados.
Un análisis ecológico de la situación dice que el Puerto, aún con la gravedad que conlleva, y como estandarte de los poderes económicos más destructivos con el medio ambiente, tiene una importancia menor frente a otros del ecosistema como: la población, la energía (cuya lucha por una Canarias 100% limpia duerme el sueño de los justos), el agua y el acceso a los recursos (de una gravedad extrema en Canarias) el territorio y la destrucción del suelo, el urbanismo y la propia industria turística (en la raíz de todos los problemas ambientales en Canarias), la agricultura, los espacios naturales, los incendios forestales, los problemas migratorios, la desestructuración social y laboral de uno de los componentes del ecosistema, la cuestión de Canarias como plataforma neo-colonial hacia África, la identidad cultural, la alimentación, los derechos de los animales desde las ballenas piloto hasta los perenquenes, la extinción de diferentes especies vegetales y animales o la contaminación, por no hablar de la propia vida y de todo lo que supone una dimensión ecológica profunda y la reducción del ser humano a su lugar no central en el ecosistema.
Esta es la razón de que, ante varias manifestaciones ecologistas (la oposición al Puerto de Granadilla, los derechos de los inmigrantes, o el rechazo al gas natural, por ejemplo), a la primera hayan acudido 30 mil personas y a las otras 30, si llega, y si se convocan, cuando estas últimas, tienen como ecología, una importancia mucho mayor que la primera, que de por sí ya es grave. Lo que lleva también a la conclusión de lo decisivo del elemento mediático como condicionante en la formación de la conciencia colectiva.
* Canarias Actual - Opinión - 9.04.11
La manifestación de 'Juventud Sin Futuro' acaba en bronca
Al término de la concentración, varios cientos de jóvenes, fuera de control, han invadido la rotonda de Atocha y han interrumpido el tráfico utilizando vallas de obra. Después se han dirigido hacia el Paseo del Prado cortando la circulación del carril de bajada. Se han vivido momentos de tensión con los conductores que no podían pasar. Los manifestantes descontrolados han golpeado el mobiliario urbano, pintado las paredes y arrastrado las vallas. La Policía Nacional ha cargado contra ellos y les ha dispersado.
Se percibe la indignación, no cesan los gritos y los silbidos. "En un país en crisis, con todos los retrocesos sociales, lo que es impensable es que no se haya hecho nada hasta ahora", se queja Laura, estudiante de 18 años de Relaciones Internacionales en la universidad Complutense de Madrid. Acompañada de dos compañeros, recuerda las movilizaciones de los jóvenes europeos. "Ya era hora. En Francia, en Italia, en Grecia se han manifestado y nosotros íbamos con retraso. Había que reaccionar ya", reclama.
La iniciativa ha nacido en el mundo universitario, aunque se ha extendido hasta contar con el apoyo de asociaciones de la sociedad civil, apuntan desde la organización. En la facultad de filosofía nada más entrar se ve un gran cartel en el que se lee "Juventud Sin futuro" y el lema de la convocatoria. "Han conectado con la gente", apuntaba ayer un profesor de la universidad Complutense que ha estado apoyando la iniciativa. La convocatoria nació en Madrid, pero ya hay otras ciudades que se han sumado y han convocado actos o concentraciones en otras ciudades de forma más o menos espontánea. En Barcelona, la propuesta ha surgido en las redes sociales y convocan en la plaza Universitat.
Cuando se les pregunta a los organizadores por los líderes, por los cabecillas de la protesta,aseguran que no tienen. Hablan de una plataforma que se ha organizado con reuniones yse ha gestionado a través de distintas comisiones. Muchos de ellos son estudiantes de la Complutense, pero vienen también de otras universidades y aseguran que también agrupan a estudiantes de bachillerato, becarios y algún investigador.
Siguen la estela de otros países donde los recortes y las reformas económicas ya han llevado a la calle a los jóvenes. En Portugal, miles de ellos jóvenes salieron a la calle para protestar contra la crisis y la falta de oportunidades. En Inglaterra, los estudiantes protestaron por los recortes del Estado y en Italia se preparan para manifestarse contra la precariedad en la que viven. El anuncio ha llegado , como ocurre en estos tiempos, a través de Facebook, Twitter y de su página web, donde han colgado un manifiesto, al que ya se han adherido más de 4.000 personas.
Las redes sociales se convierten en el altavoz para estos movimientos, como antes fueron los pasquines o después los mensajes de móvil. En Portugal, la llamada Geracao a rasca (generación en apuros) colgó su manifiesto el 5 de Febrero para convocar su manifestación. Cinco semanas más tarde, el 13 de marzo, 300.000 manifestantes, según la organización, acudieron a la protesta convocada en Lisboa. Juventud sin futuro, ha doblado su número de seguidores a su página de Facebook desde el martes hasta hoy. Más de 4.000 han firmado el manifiesto de su página web.
Entre los firmantes del manifiesto se encuentran además de los propios estudiantes, profesores como Jorge Riechmann, titular de filosofía moral de la UAM o Félix Ovejero, titular de ciencias económicas Universidad de Barcelona. Además, hay poetas como Marcos Ana o Luis García Montero, escritores como Almudena Grandes Hernández o Nacho Murgui, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
La plataforma española quiere reivindicar que no es verdad que esta generación se conforme con todo, que existe un estado de disconformidad. Y es que como decía un joven portugués en la manifestación de Portugal, quieren mostrar, que "este no es país para jóvenes".
* El País - 7.04.11
Foto: Más de dos mil jóvenes se manifiestan con pancartas la precariedad, el paro y la privatización de la educación - elpais
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Alternativas verdes al ladrillo de toda la vida
La Universidad de Jaén (UJA), por ejemplo, ha querido estar presente en Ecohabitat a través de tres proyectos de investigación relacionados con la edificación sostenible y el ahorro energético.
El profesor Fernando Cruz Peragón, del Departamento de Ingeniería Mecánica y Minera, ha presentado una investigación relacionada con la mejora energética en viviendas que contempla, entre otras cosas, un análisis sobre el uso de fuentes renovables para la climatización, que supone la utilización de biomasa y energía solar como energía final a consumir en una máquina frigorífica de absorción, sustituyendo ésta a las máquinas convencionales.
Por su parte, el doctor de Historia Antigua Alejandro Jiménez, junto a los arquitectos Martínez Hermoso, ha presentando el anteproyecto de un edificio de residencia y para investigación que se construirá en la necrópolis Qubbet El-Hawa en Asuán, en Egipto, donde la UJA cuenta con un programa de excavación, uno de los cinco españoles que hay ahora mismo en el país del Nilo.
Por último, el comisionado para el Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente de la UJA, Gabino Almonacid Puche, junto al profesor Juan de la Casa Higueras, del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática, han presentado el proyecto Universol, primer paso para convertir el Campus de las Lagunillas en un gran espacio público donde se compatibilicen a gran escala los usos propios de recinto universitario (docencia e investigación) con la generación de energía eléctrica limpia y respetuosa con el medio ambiente.
Este primer Salón de la Arquitectura, Urbanismo y Climatización Sostenibles nace con una finalidad clara: mostrar a la sociedad en general, y especialmente a los profesionales del sector, los materiales, los sistemas, los proyectos, las iniciativas, las líneas y los criterios a seguir para conseguir un hábitat más sostenible.
* El Mundo - 8.04.11
Foto: Una de las novedades presentadas en la muestra.- elmundo
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Valencia.- Barberá dice que llevar a un imputado en su lista no contradice el código ético
Barberá ha defendido que su decisión de incluir a Bellver en la lista cuenta con el pleno apoyo de la dirección regional del partido y de la "estructura" nacional del PP. Además, ha calificado la imputación de su concejal, avala por cuatro jueces y por la que el fiscal pide ocho años de inhabilitación para el concejal, como "una barbaridad". La alcaldesa ha insistido en que el expediente contaba con el beneplácito de los técnicos municipales y ha considerado que el caso debía haberse seguido por la vía contencioso-administrativa y no por la penal.
Barberá, que actualmente cuenta con 21 de los 33 concejales del Ayuntamiento, ha expresado su esperanza de ampliar su mayoría absoluta. "Mi horizonte no tiene límites", ha sentenciado. Todos los concejales del PP optarán a la reelección en las elecciones municipales del 22 de mayo, excepto María José Alcón, quien no repetirá por motivos de salud, y será sustituida por la alcaldesa de la pedanía de Poble Nou, Ana Albert.
* El País - 7.04.11
Foto: Valencia, jardines de Monforte con la ampliación a la derecha - aytovalencia
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